Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 66001-23-33-000-2026-00127-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2026-00127-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 66001-23-33-000-2026-00127-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 66001-23-33-000-2026-00127-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 66001-23-33-000-2026-00127-01
Demandante: HERMAN DARÍO LOAIZA CALLE
Demandados: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE PEREIRA Y OTRO
Temas: Tutela por presunta mora judicial y contra acto administrativo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 26 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión, que negó la solicitud de amparo frente al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y declaró la improcedencia en lo
relativo al Instituto de Movilidad de Pereira.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 12 de mayo de 20261, el señor Herman Darío Loaiza
Calle, a través de apoderado judicial2, ejerció acción de tutela contra el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Instituto de Movilidad de
Pereira, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad de locomoción, al trabajo, al mínimo vital, a la propiedad
privada y de acceso a la administración de justicia.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de: i) la presunta mora judicial por parte de la autoridad judicial accionada
al no fijar fecha para la audiencia inicial, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado 66001-33-33-006-2024-
1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
Índice 2 de Samai. Poder debidamente otorgado al abogado Germán Alberto Velásquez Ospina,
con presentación personal.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
00137-00 y ii) las irregularidades sucedidas en el proceso administrativo adelantado
por el Instituto de Movilidad de Pereira.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA. Ordenar la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones
sancionatorias, mientras se decide de fondo el proceso contencioso administrativo.
TERCERA. Ordenar al Instituto de Movilidad de Pereira:
1. Eliminar la alerta sobre el vehículo
2. Levantar la suspensión de la licencia
CUARTA. Ordenar al Juzgado Sexto Administrativo de Pereira:
Impulsar de manera inmediata el proceso
Fijar fecha para audiencia inicial en término perentorio
QUINTA. Como medida provisional, se ordene de forma urgente la habilitación
temporal de la licencia de conducción
MEDIDA PROVISIONAL
Solicito, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la suspensión inmediata
de los efectos de las sanciones, dada la urgencia y el perjuicio irremediable
acreditado3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 4 de mayo de 2022, se expidió orden de comparendo4 a nombre señor Herman
Darío Loaiza Calle como propietario del vehículo automotor con placas FIO 593, a
pesar de que este no se encontraba conduciendo al momento del incidente de
tránsito que ocasionó la medida.
El Instituto de Movilidad de Pereira sancionó al señor Loaiza Calle mediante la
Resolución 180 del 3 de abril de 2023, en la que le impuso una multa de 720 SMDLV
y suspensión de licencia de conducción. Contra la decisión se interpuso recurso de
apelación, sin embargo, fue resuelto de manera desfavorable en la Resolución 024
3
Transcripción literal con posibles errores.
4
Identificado con el número: 66001000000032000492.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
del 23 de octubre de 2023.
En consecuencia, el 26 de abril de 2024, el tutelante presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento contra el Instituto de Movilidad
de Pereira, con el fin de que se estudiara la legalidad de los actos administrativos
en mención, así como que se reactivara su licencia de conducción en el sistema de
información RUNT y se eliminara la correspondiente sanción de la plataforma SIMIT.
A su vez, el actor solicitó el decreto de una medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de las sanciones impuestas por la entidad a través de los
actos administrativos, así como del cobro de intereses sobre la multa.
Por medio de auto del 17 de octubre de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira dictó auto inadmisorio, por medio del cual solicitó que: i)
se aportara copia de los actos acusados con la constancia de comunicación,
publicación, notificación o ejecución; ii) se acreditara la calidad del apoderado
judicial y, iii) se determinara razonadamente la cuantía.
Subsanados los yerros identificados previamente, el 23 de enero de 2025 el juzgado
admitió la demanda y ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar.
En providencia del 24 de julio de 2025, la autoridad judicial negó la solicitud de
medida cautelar de suspensión provisional al no hacerse evidente el perjuicio
alegado.
El 14 de mayo de 2026, el juzgado fijó fecha para audiencia inicial prevista en el
artículo 180 del CPACA, para el 6 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m.
Dicha decisión fue notificada por estado y comunicada electrónicamente al día
siguiente.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que habían transcurrido más de cuatro años desde que se
impuso el comparendo de tránsito y alrededor de 16 meses de la presentación de
la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin que se hubiera fijado
fecha de la audiencia inicial, configurándose una mora judicial injustificada y una
vulneración a sus garantías fundamentales.
Adujo que a medida que corría el tiempo continuaban produciendo efecto las
sanciones, generando un perjuicio grave y continuo, por cuanto la suspensión de la
licencia era de aproximadamente 4 años, lo cual le imposibilitaba ejercer su
actividad laboral, afectaba su mínimo vital y sostenimiento familiar, incurría en
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
gastos de transporte permanentes y le era nula la posibilidad de vender el vehículo
por alerta administrativa.
Finalmente, dirigió sus inconformidades frente al Instituto de Movilidad de Pereira
en el sentido de cuestionar el debido proceso administrativo y la ausencia de
tipicidad en la conducta por la cual se le juzgó y fue objeto de sanción.
1.5. Trámite de la acción de tutela
En auto del 13 de mayo de 2026, la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo
de Risaralda, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante5
y, como parte demandada, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira6 y al Instituto de Movilidad de Pereira7.
Asimismo, negó la medida provisional solicitada, en atención a que las resoluciones
cuestionadas conservaban hasta el momento su presunción de legalidad y, en tal
sentido, no se apreciaba una afectación grave e impostergable de derechos
fundamentales.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
En documento allegado el 15 de mayo de 2026, la titular del Despacho explicó que
a partir de la modificación de los asuntos que debían conocer los jueces
administrativos efectuada por la Ley 2080 de 2021, se había incrementado el
número de procesos que ingresaban de manera anual, pasando de 273 el año 2021,
a 406 procesos en el año 2022, 408 en el año 2023 y 424 en el año 2024.
Luego de relatar todo el trámite surtido al interior del medio de control, argumentó
que el proceso se había surtido dentro de términos razonables de acuerdo con la
carga laboral de la sede judicial. En cuanto a la demora para fijar la fecha de la
audiencia inicial, indicó que conforme el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, los
procesos debían decidirse observando el turno en que se encontraban,
evidenciándose que tenían 172 procesos al Despacho en la misma etapa procesal,
5
Índice 6 de Samai de primera instancia. Se realizó la notificación al buzón web:
abogadogermanvelasquez@hotmail.com.
6
Índice 6 de Samai. El mensaje de datos fue remitido a: adm06per@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7
Índice 6 de Samai de primera instancia. El correo electrónico fue remitido a:
notificacionesjudiciales@movilidadpereira.gov.co.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
los cuales se estaban evacuando de acuerdo con la fecha de ingreso, sin que
existiera un criterio que permitiera aplicar prelación legal.
En consecuencia, resaltó que no podía alegarse una mora judicial injustificada, pues
el posible retraso que pudiere existir para fijar fecha de audiencia inicial, era
atribuible a la carga laboral del Despacho y las demás circunstancias descritas.
Así recordó que el incumplimiento de los términos procesales no constituía por sí
mismo violación al debido proceso, ya que se entendía justificado el retraso cuando
el funcionario que administraba justicia, a pesar de obrar con diligencia y celeridad,
se encontraba ante situaciones «imprevisibles e ineludibles», como el exceso de
trabajo, que le impedían cumplir con los plazos fijados en la ley para tal efecto.
No obstante lo referido, manifestó que el auto informando fecha y hora para llevar a
cabo la audiencia inicial, había sido comunicado el día 14 de mayo de 2026. Por
consiguiente, sostuvo que no había existido vulneración alguna a los principios de
celeridad, eficacia o debido proceso en el trámite de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Ahora bien, en lo referente al Instituto de Movilidad de Pereira, señaló que no se
encontraba superado el requisito de subsidiariedad por cuanto, lo perseguido por el
accionante había sido decidido por el Despacho mediante el auto que negó las
medidas cautelares, frente al cual no interpuso recurso alguno.
1.6.2. Instituto de Movilidad de Pereira
Por medio de memorial del 20 de mayo de 2026, el director de la entidad adujo que
la acción de tutela resultaba improcedente por no superar el requisito de
subsidiariedad, en atención a que el actor planteaba las mismas inconformidades
en el medio de control como en el mecanismo constitucional, por lo que pretendía
utilizarlo para revivir términos y reabrir un debate judicial ya decidido por el juez
contencioso-administrativo.
1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión en sentencia del
26 de mayo de 2026, negó la solicitud de amparo en lo referente al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y declaró la improcedencia frente al
Instituto de Movilidad de Pereira.
Acerca de la autoridad judicial indicó que se configuraba un «hecho superado», en
la medida en que el juzgado ya había adoptado las decisiones necesarias para la
continuación del trámite, particularmente la fijación de la audiencia inicial, lo que
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
desvirtuaba la vulneración alegada y tornaba «improcedente» cualquier
pronunciamiento adicional sobre el particular.
En lo referente al Instituto de Movilidad de Pereira explicó que las pretensiones
elevadas por la parte actora dirigidas a obtener la suspensión de los efectos de las
resoluciones sancionatorias y la habilitación transitoria de la licencia de conducción
mientras se profería decisión de fondo dentro del proceso contencioso
administrativo, no resultaban «amparables» a través de la acción de tutela.
Lo anterior, se sustentó en que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa
judicial idóneo para controvertir los actos administrativos cuestionados, ya se había
iniciado por la parte accionante. Asimismo, se resaltó que dentro de dicho trámite
se solicitó la adopción de una medida cautelar, la cual fue negada, sin que frente a
esa decisión se hubieren interpuesto los recursos legales procedentes.
Finalmente, revisó que el actor no se encontraba en una situación de debilidad
manifiesta que permitiera flexibilizar el análisis de procedencia de la acción.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 27 de mayo de 20268, la parte actora impugnó la sentencia
de primera instancia. Para el efecto, sostuvo que se realizó un estudio insuficiente
del perjuicio irremediable alegado, puesto que el tribunal se limitó a indicar que
existía un medio de control en curso, sin revisar la eficacia material del mecanismo
constitucional.
En consecuencia, reiteró los perjuicios señalados en el escrito tutelar, referentes a
la suspensión efectiva de la licencia de conducción, la imposibilidad de ejercer
actividades laborales asociadas a la conducción y la afectación de su mínimo vital,
entre otros.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Herman Darío Loaiza Calle contra la sentencia del 26 de mayo de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
8
La sentencia de primera instancia fue notificada el 26 de mayo de 2026.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 del 12 de marzo de 20199.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26
de mayo de 2026 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión. Para ello, se deberá decidir si:
• ¿El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira incurrió en
mora judicial al no fijar fecha para la audiencia inicial en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 66001-
33-33-006-2024-00137-00?
• ¿La acción de tutela es el mecanismo idóneo para cuestionar el proceso
administrativo llevado a cabo por el Instituto de Movilidad de Pereira y
solicitar el levantamiento de las sanciones impuestas en aquel trámite?
Para dilucidar los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i)
las generalidades de la acción de tutela; ii) la mora judicial, iii) carencia actual de
objeto por hecho superado y, iv) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.
2.4. La mora judicial injustificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
9
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
10
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes11.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales
no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»12.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial13, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.5. Carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones14 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
11
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
12
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-
23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-
000-2023-06923-01.
14
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción15.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
15
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente16”.
Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:
El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales17.
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal18.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados19.
2.6. Caso concreto
En virtud de que la parte actora atribuyó sus inconformidades frente a dos
autoridades distintas, se revisarán los alegatos formulados frente a cada una, para
mejor comprensión del caso, como pasa a exponerse:
16
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
17
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
2.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
El señor Herman Darío Loaiza Calle alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad de locomoción, al trabajo, al mínimo
vital, a la propiedad privada y de acceso a la administración de justicia por parte del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, con ocasión de la falta
de fijación de fecha para la realización de la audiencia inicial al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
66001-33-33-006-2024-00137-00.
La Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por: i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar la actuación por parte del funcionario
competente; ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los
procesos a cargo de la autoridad judicial y, iii) la falta de motivo razonable y prueba
de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.
De las actuaciones obrantes en Samai, se evidencia que la autoridad judicial
accionada en auto del 14 de mayo de 2026 fijó fecha y hora de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del CPACA, para el 6 de agosto del presente año, a las
9:00 a.m.
Dicha providencia fue notificada por estado y comunicada el 15 de mayo de 2026,
como se observa a continuación:
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
En consecuencia, esta Sala de Decisión considera que en el curso del mecanismo
constitucional fue superado el hecho que dio inicio al mismo, puesto que el tribunal
dio trámite a la etapa procesal sobre la cual se formuló la presunta mora judicial.
De conformidad con lo expuesto, no es necesaria la intervención de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, como juez constitucional, pues el asunto que
presuntamente vulneraba los derechos fundamentales del señor Loaiza Calle
respecto del juzgado accionado dejó de existir durante el presente trámite.
En ese orden, para la Sala están presentes los elementos necesarios para revocar
la negativa resuelta por el a quo, para en su lugar, declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado frente a la acción de amparo deprecada, comoquiera
que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira satisfizo la
pretensión del actor, luego de haberse interpuesto la acción de tutela de la
referencia.
2.6.2. Instituto de Movilidad de Pereira
La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1. º del artículo
6. º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
En el presente caso, el señor Herman Darío Loaiza Calle adujo que habían sucedido
irregularidades en el proceso administrativo adelantado por la entidad, que culminó
con la imposición de sanciones como la multa por 720 SMDLV y la suspensión de
su licencia de conducir por más de 4 años.
En consecuencia, solicitó que: i) se detuvieran los efectos de los actos
administrativos sancionatorios y, iii) se levantara la alerta sobre el vehículo y la
suspensión de la licencia de conducción.
Sobre el primer punto, se debe recordar que la misma pretensión fue formulada por
el actor en el escrito tutelar como medida provisional, aspecto que fue resuelto por
el a quo constitucional en auto del 13 de mayo de 2026, en el que el Tribunal
Administrativo de Risaralda negó la petición, por considerar que las decisiones
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
administrativas conservaba hasta ese momento la presunción de legalidad y no se
apreciaba una afectación grave e impostergable de los derechos fundamentales.
Aunado a ello, en el medio de control, el extremo activo solicitó igualmente la
suspensión provisional de las resoluciones como medida cautelar, cuestión definida
en providencia del 24 de julio de 2025, en la que el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira negó lo pedido, tras manifestar que no se hacía
evidente el perjuicio alegado.
Pese a que contra el referido proveído procedían los recursos de reposición y
apelación de acuerdo con los artículos 242 y 243 del CPACA, estos no fueron
incoados por el actor. Por consiguiente, no agotó los medios judiciales idóneos que
tenía a su disposición para defender sus derechos fundamentales y exponer los
argumentos que esgrimió en la acción de tutela.
En relación con lo anterior, esta Sección considera pertinente recordar que, en
la sentencia de unificación SU-103 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la
tutela resulta improcedente cuando el presunto perjuicio deriva de la propia inacción
procesal de la parte actora o de su renuencia a hacer uso adecuado de los recursos
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Así, cuando el solicitante omite
exponer oportunamente sus fundamentos o subsanar deficiencias dentro del
proceso reprochado, no puede luego pretender resolver tales omisiones a través del
amparo constitucional.
Además, si bien el actor refirió la configuración de un presunto perjuicio irremediable
con ocasión de los hechos que dieron origen a su reclamación ante los jueces
constitucionales, la falta de utilización de los mecanismos a su disposición aparta a
esta Sala de poder conocer de fondo sus cuestionamientos.
Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los errores en
los que incurrió la parte actora o su apoderado, pues la incuria en el ejercicio del
mecanismo que tenía a su disposición excluye la posibilidad de que la acción
tutelar pueda operar.
Asimismo, frente a la segunda pretensión formulada por el señor Loaiza Calle en lo
que respecta al Instituto de Movilidad de Pereira, se observa que los mismos
pedimentos fueron solicitados en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que resulta evidente que el mecanismo idóneo para lograr el estudio
de la legalidad del contenido de los actos administrativos es el medio de control ya
iniciado.
En ese orden de ideas, al encontrarse el contencioso en trámite, debe ser este el
escenario donde se resuelvan las inconformidades del actor. Por lo tanto, el juez
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso
y proferir algún pronunciamiento sobre un tema que solamente le compete al otro,
pues se estaría utilizando la acción de tutela en reemplazo de los medios de
defensa pertinentes establecidos en la ley.
Así las cosas, se confirmará la improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad, decidida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera
de Decisión en sentencia del 26 de mayo de 2026.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del fallo del 26 de mayo de 2026, en el
que se denegó la solicitud de amparo respecto del Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira, para en su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado de la acción de tutela interpuesta por el señor Herman
Darío Loaiza Calle.
SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en la que se declaró
la improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad en lo que respecta al
Instituto de Movilidad de Pereira.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Herman Darío Loaiza Calle
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Pereira y otro
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00127-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.