Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2026-00136-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 66001-23-33-000-2026-00136-01
Accionante: MARIO ALBERTO RESTREPO ZAPATA
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
PEREIRA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCIDENTE DE
DESACATO EN ACCIÓN POPULAR – Carencia actual de objeto por acaecimiento de una
situación sobreviniente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se revocará la sentencia del 3 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que declaró improcedente la presente acción de tutela
y, en su lugar, se declarará carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
2. La acción de tutela perdió su propósito como mecanismo de protección judicial
en el caso específico.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 25 de mayo de 2026, el señor Mario Alberto Restrepo Zapata, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela para la protección del derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Sexto
Administrativo de Pereira al abstenerse de iniciar incidente de desacato para
obtener el pago de agencias en derecho que fueron reconocidas dentro de la acción
popular con radicado No. 66001-33-33-006-2023-00047-00.
4. Manifestó carecer de vínculo laboral y de los recursos necesarios para asumir su
defensa, razón por la cual solicitó el amparo de pobreza y la designación de un
defensor público que lo representara en el trámite de la tutela. Sostuvo que el
presunto incumplimiento del fallo judicial lo ha colocado en una situación de
indefensión, por lo que considera necesaria la intervención de la Defensoría del
Pueblo para la protección efectiva de sus derechos.
Hechos relevantes
5. El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó el
numeral 5 del fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Pereira en el
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proceso de acción Popular que inició el hoy accionante y condenó en costas por
agencias en derecho, por partes iguales, al Municipio de Santa Rosa de Cabal y a
la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC equivalente a un (1) salario
mínimo mensual vigente, esto es $1.423.500, en su favor.
6. Se promovió incidente de desacato, sin embargo, por auto del 7 de mayo de 2026,
el Juzgado Sexto Administrativo de Pereira se abstuvo de abrir dicho trámite al no
haber transcurrido el término dispuesto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA.
El recurso de reposición interpuesto por el actor contra esa decisión fue resuelto de
manera desfavorable.
Pretensiones
7. Conceder amparo de pobreza y el pago de las agencias en derecho que le fueron
reconocidas en instancia judicial.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. El accionante no indicó una causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela, sin embargo, su inconformidad se refiere a la interpretación y aplicación de
normas legales sobre el cumplimiento de sentencias y desacato.
Trámite en primera instancia
9. Por auto del 25 de mayo de 20261, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió
la acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo de Pereira.
Intervenciones
10. El Juzgado Sexto Administrativo de Pereira sostuvo que no vulneró el
derecho al debido proceso del señor Mario Alberto Restrepo Zapata, pues ha
realizado todas las actuaciones necesarias para hacer efectivo el pago de las
agencias en derecho reconocidas dentro de la acción popular.
11. Informó que tanto el Municipio de Santa Rosa de Cabal como la CHEC
manifestaron su voluntad de cumplir la condena. Destacó que el Municipio ya
consignó su parte correspondiente ($711.750) mediante depósito judicial, cuyo pago
fue autorizado por el juzgado.
12. Que no abrió el incidente de desacato porque el artículo 192 del CPACA
concede a las entidades públicas un plazo de hasta diez meses para cumplir
condenas dinerarias, término que aún no ha vencido.
13. Afirmó que todas las decisiones adoptadas se han ajustado a la ley y a la
jurisprudencia aplicable, por lo que la tutela pretende controvertir actuaciones
judiciales legítimas y no corregir una verdadera vulneración de derechos
fundamentales. Solicitó negar el amparo.
1 Plataforma Samai, índice 4 expediente de primera instancia.
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Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata
14. La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., informó que el 27 de mayo
de 2026 realizó el pago de su obligación mediante depósito judicial a órdenes del
Juzgado Sexto Administrativo dentro del proceso correspondiente.
15. Sostuvo que no vulneró ningún derecho fundamental del accionante, pues
cumplió la condena judicial y la controversia planteada en la tutela estaba dirigida
contra las decisiones del juzgado. Solicitó desvinculación y declarar la existencia de
carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el pago ya había sido
realizado y la obligación reclamada por el accionante había sido satisfecha.
16. El vinculado Municipio de Santa Rosa de Cabal informó que dio cumplimiento
al fallo popular y constituyó título judicial a favor del demandante y a órdenes del
despacho judicial. Solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones al no
vulnerar derecho alguno.
Sentencia impugnada
17. El 3 de junio de 20262, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó el amparo
de pobreza solicitado porque dicha figura no es procedente en la acción de tutela
ya que este es un mecanismo gratuito, informal y que no requiere abogado, en el
que cualquier persona puede presentarla directamente sin asumir gastos
procesales ni necesitar representación judicial obligatoria.
18. Declaró improcedente la pretensión respecto a la apertura del trámite incidental
para obtener el pago de las agencias en derecho reconocidas por sentencia judicial,
teniendo en cuenta que ese asunto corresponde al juez natural y no al juez
constitucional, pues se trata de una interpretación y aplicación de normas legales.
La tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para revisar decisiones
judiciales con las que una parte simplemente no está de acuerdo.
19. Resaltó que el juzgado respondió las solicitudes del actor con fundamento en la
ley, las entidades adelantaron actuaciones para pagar las agencias en derecho y no
se acreditó afectación grave al debido proceso ni los requisitos excepcionales para
proceder contra providencias judiciales.
Impugnación
20. En la impugnación3, el accionante alega que se vulneró su derecho al debido
proceso al negársele el amparo de pobreza. Reiteró encontrarse en situación de
indefensión y requerir el apoyo jurídico de la Defensoría del Pueblo.
21. Insiste en que las decisiones del Juzgado Sexto Administrativo le han impedido
cobrar oportunamente las agencias en derecho reconocidas a su favor, pues se
negó a abrir incidente de desacato y a librar mandamiento de pago. Cuestiona la
exigencia de esperar diez meses para el pago de la condena, considera que existe
2 Plataforma Samai, índice 13.
3 Plataforma Samai, índice 17.
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Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata
un trato desigual frente a las obligaciones de los ciudadanos con el Estado y afirma
que la demora en resolver su situación vulnera su derecho al debido proceso y lo
mantiene en estado de indefensión.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del
reglamento interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Problema jurídico
23. La Sala determinará si se configura la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente en el presente caso.
24. Para abordar la resolución del tema se analizará: i) Concepto de carencia actual
de objeto por situación sobreviniente y; ii) Análisis del caso concreto.
i) Concepto de carencia actual de objeto
25. La carencia actual de objeto ocurre cuando, durante el trámite de una acción de
tutela, desaparecen o cambian las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, de modo que la tutela pierde su
finalidad práctica como mecanismo de protección. En ese escenario, una orden
judicial podría resultar innecesaria porque ya no existe una situación que corregir4.
26. La jurisprudencia constitucional ha agrupado tres modalidades principales y en
Sentencia SU-522 de 2019 sintetizó las categorías a partir de las cuales puede
configurarse una carencia actual de objeto a saber: a) daño consumado, b) hecho
superado y c) situación sobreviniente.
a) Daño consumado: Se presenta cuando el perjuicio que se pretendía evitar ya
ocurrió de manera definitiva antes de que el juez pueda intervenir. La vulneración
del derecho ya no puede ser remediada mediante una orden de tutela 5.
b) Hecho superado: Ocurre cuando la situación que originó la tutela desaparece
porque la entidad accionada satisface completamente la pretensión del accionante
de forma voluntaria. El derecho deja de estar amenazado o vulnerado, por lo que
una orden judicial pierde sentido6.
4 Al respecto, ver las sentencias: T-519 de 1992, T-535 de 1992, T-570 de 1992, T-033 de 1994,
entre otras.
5 Sentencia T-382 de 2018.
6 Sentencia T-311 de 2011.
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c) Situación o hecho sobreviniente: Surge cuando un acontecimiento posterior
hace inútil cualquier decisión del juez7. Puede ocurrir porque el actor resolvió el
problema por su cuenta, un tercero satisfizo la pretensión, resulta imposible impartir
una orden efectiva o el accionante perdió interés en el proceso8.
Deber de pronunciamiento del juez de tutela
27. La Corte Constitucional ha señalado que, aun cuando exista carencia actual de
objeto, los jueces de tutela deben pronunciarse de fondo cuando las circunstancias
del caso lo exijan, ya que el Decreto 2591 de 1991 prohíbe los fallos inhibitorios9.
28. Daño consumado: si el perjuicio se materializa durante el trámite de la tutela,
el juez debe determinar si existió o no vulneración de derechos fundamentales.
Además, puede adoptar medidas para prevenir nuevas afectaciones, advertir a los
responsables, orientar a los afectados sobre mecanismos de reparación y remitir
copias a las autoridades competentes10.
29. Hecho superado o situación sobreviniente: por regla general, no se requiere
un pronunciamiento de fondo porque la controversia ya fue resuelta. Sin embargo,
la Corte Constitucional en sede de revisión, puede pronunciarse para corregir
decisiones judiciales, prevenir la repetición de conductas contrarias a la
Constitución, advertir sobre posibles sanciones o desarrollar la interpretación de los
derechos fundamentales11.
30. En conclusión, la carencia actual de objeto implica que la acción de tutela pierde
su propósito como mecanismo de protección judicial en el caso específico. Sin
embargo, esto no implica que cualquier pronunciamiento del juez sea
automáticamente irrelevante, sino que es necesario considerar las particularidades
de cada caso.
ii) Análisis del caso concreto
31. El accionante consideró que la decisión de no dar apertura al incidente de
desacato para obtener el pago de las agencias en derecho reconocidas por
sentencia judicial vulnera el derecho al debido proceso, por lo que interpuso acción
de tutela.
32. Para la sala en el presente caso se presentó carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente teniendo en cuenta que, la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.
E.S.P. y el Municipio de Santa Rosa de Cabal, entidades vinculadas al trámite
constitucional, informaron que realizaron el pago de la obligación mediante depósito
judicial a órdenes del Juzgado Sexto Administrativo como cumplimiento al fallo en
la acción popular.
7 Sentencia SU-225 de 2013.
8 Al respecto ver sentencias T-481 de 2016, T- 152 de 2019, T-038 de 2019 y T319 de 2017
9 Sentencias SU-540 de 2007, T-205A de 2018 y SU-522 de 2019.
10 Al respecto, ver las sentencias: T-804 de 2005, T-576 de 2008, T-495 de 2010, entre otras.
11 Al respecto, ver las sentencias: T-387 de 2018, T-236 de 2018, T-038 de 2019, T-152 de 2019, entre otras.
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33. Revisado el trámite del proceso especial radicado 66001333300620230004700
en la plataforma Samai, obra en el índice 96 el auto de sustanciación No. 208 del
26 de marzo de 2026 que ordenó la entrega del título judicial No. 457030000982846
constituido por el Municipio de Santa Rosa de Cabal por valor de $711.750 pesos.
34. A folio 100 obra la orden de pago del referido título, expedida por el Banco
Agrario al beneficiario Mario Alberto Restrepo Zapata.
35. En el índice 124 reposa el auto de sustanciación No. 376 del 12 de junio de 2026
que ordenó la entrega del título judicial No. 457030000982769 constituido por la
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. por valor de $711.750 pesos,
providencia notificada el 16 del mismo mes.
36. El 18 de junio de 2026, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira
para dar respuesta a un requerimiento elevado por el accionante le informó: “2. Los
títulos judiciales constituidos en el proceso 66001333300620230004700 ya fueron
autorizados para su pago en efectivo en el Banco Agrario, de los cuales uno ya fue
pagado a su beneficiario y el otro se encuentra pendiente de ser reclamado por su
beneficiario (…)”. El título judicial fue cobrado por su beneficiario, según el soporte
que obra en el índice 135 del expediente del proceso de acción popular.
37. Así, la acción de tutela perdió su propósito como mecanismo de protección
judicial en el caso específico. Lo pretendido por el accionante se satisfizo por parte
de un tercero, por lo que resulta innecesario realizar un pronunciamiento sobre el
caso concreto en tanto no se advierte un proceder arbitrario de parte del juzgado
accionado, respecto de la providencia cuestionada.
38. Como ya se explicó cuando se configura la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente, el juez de tutela no está obligado a realizar un pronunciamiento
adicional; salvo que sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber
sido decidida de una forma diferente o para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela con el marco
constitucional. Ello no ocurre en la tutela interpuesta por el señor Restrepo Zapata,
por lo que así se declarará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que declaró improcedente la presente acción de tutela,
y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
conforme con lo expuesto en este proveído.
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Radicado: 66001-23-33-000-2026-00136-01
Accionante: Mario Alberto Restrepo Zapata
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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