Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
En acción de grupo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermudez Bermudez
4 de diciembre de 2018
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / REVISIÓN EVENTUAL
EN ACCIÓN DE GRUPO / NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTENIDO GENERAL – Tesis en cuanto a sus efectos
Dos principales tesis han acompañado a esta discusión, la primera que aboga por
los efectos hacia el pasado de la sentencia de nulidad, los llamados efectos ex
tunc, y los que consideran que dicha decisión sólo afecta al porvenir, pues sólo
puede predicarse hacia el futuro, es decir, sus efectos son ex nunc. La aparente
divergencia de estas tesis, más allá de la imperante que se inclina por los efectos
ex tunc, se debe a la forma cómo se aborde el asunto, en tanto los efectos hacia el
pasado se miran desde el acto mismo nulo ab initio, mientras los efectos hacia el
futuro se miran desde la seguridad jurídica que se deriva de la existencia de una
situación jurídica individual o concreta consolidada que debe protegerse
PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL – Consolidación
La manera como los tributos comienzan a regir está determinada en la
Constitución Política. Prevé en el artículo 338 que las contribuciones sólo pueden
aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo y aunque la carga tributaria es un deber
necesario para la sociedad, constitucionalmente la competencia para su creación
recae en el Congreso en forma principal, y en las asambleas departamentales y en
los concejos (distritales o municipales) en el nivel territorial pero sometidos a la
ley, como lo denota el artículo 338 de la Constitución Política
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 338
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de los fallos de inexequibilidad y
nulidad ver Sentencia de 6 de diciembre de 1996. Sección Cuarta. Expediente
7945 y Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación: 66001-23-31-000-2004-
00832-01(AG). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez
PAGO DE TRIBUTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN ACTO GENERAL
DECLARADO NULO – Inexistencia de daño antijurídico / DAÑO
INDEMNIZABLE – Característica
[P]ara determinar la existencia del daño antijurídico, devenido de la declaratoria de
nulidad del acto general, conforme a las voces del artículo 90 constitucional se
debe determinar si el daño que dice padeció el demandante puede ser calificado
de antijurídico y superado este predicado, el operador debe determinar si es
imputable o no a la autoridad accionada. De tal suerte que conforme a la
naturaleza resarcitoria de la acción de grupo es el daño antijurídico probado su
fuente de prosperidad. De antaño y a partir de la Constitución Política de 1991, al
consagrar el artículo 90, la jurisprudencia se ha dado a la tarea de determinar el
concepto y sus alcances, al punto de que al no contar con una definición
positivizada, apeló incluso a las normativas de otros países, encontrándose que en
la Constitución Española sí se consagra un significado, consistente en “la lesión
de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la
obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también
se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el
ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es
decir, que el daño carece de ´causales de justificación´”. Una primera
característica que debe tenerse en cuenta es que esa cualificación tradicional del
daño puro y simple, cierto y personal, matizado con el predicamento de antijurídico
implica entonces que aquél que se soporta, excusa o justifica en la ley o en el
derecho es jurídico y, por ende, no es de aquellos indemnizables por vía del
artículo 90 superior. Tampoco lo serán los que se encuentran dentro de la licitud
sino “el deber de reparación patrimonial [solo lo originan] aquellos daños que
exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones
exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve,
entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no
solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y
efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino también
confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad,
que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 1º y
13 de la Carta). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta
especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al
ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en
tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas
restricciones que “’superan la normal tolerancia” o que impiden el goce normal y
adecuado del derecho’”. La segunda característica para que el daño sea
indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan
antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas
que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos
mismos. No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de
exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa
exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar
los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en
tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe
que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo
83 de la Constitución). En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende
pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser
indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u
omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente
protege las actuaciones legales y legítimas de los particulares. (…) Siendo el
argumento de mayor calado e importancia el de la inexistencia de daño
antijurídico, toda vez que no todo daño es indemnizable y este caso lo es menos,
por cuanto, la antijuridicidad que debía aparejarlo no se advierte, en tanto no solo
el cobro, el pago y el recaudo gozaron de la presunción de legalidad mientras tuvo
existencia y validez el acto de creación por parte del Gobierno Nacional, sino que
es innegable que al tratarse de pagos parafiscales, las accionantes, por regla
general, gozaron de beneficios como los servicios educacionales y de aprendizaje
que presta el SENA.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228
PRINCIPIO DE ROGACIÓN – Carga para activar derecho de ser reembolsado
/ PAGO POR NULIDAD DEL ACTO CREADOR DE LA CARGA – No es
indebido
En nuestro derecho tributario, la regla general y la tendencia generalizada es la
imposición del principio de rogación como carga para efectos de activar el derecho
de ser reembolsado, de ahí que cuando se está frente al pago de lo no debido -en
el entendido que no se debían cuando fueron efectuados- se requiere solicitar a la
administración la devolución quien responderá mediante acto administrativo, pero
es innegable, como bien lo refiere Cassagne que éste no cobija la situación del
reembolso del pago por nulidad del acto creador de la carga fiscal, porque en este
caso, éstos pagos no son indebidos, porque responden al cumplimiento de un
deber, así que para obtener la devolución será necesaria la impugnación del acto,
la protesta o la reclamación del acto, en tanto entre administración y contribuyente
nace una relación jurídico-administrativa
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 850 / LEY 1437 DE
2011 – ARTÍCULO 145 / LEY 472 DE 1998
VOCACIÓN RESARCITORIA DE LA ACCIÓN DE GRUPO – Relación con
imputabilidad del daño antijurídico
[L]a vocación resarcitoria de la acción de grupo descansa en la imputabilidad
material y jurídica del daño antijurídico y es que como bien lo argumentaron el
SENA y el ICBF, tan solo cumplieron la función accesoria de recaudo y
destinación específica que la autoridad administrativa jerárquica le impuso, es
decir, que actuaron en cumplimiento de sus deberes y competencias legales, sin
que esa conducta sea antijurídica y menos resultaba imputable a las accionadas,
con el actuar de las actoras porque siendo la contribución un asunto tributario
omitieron incoar la decisión previa ante la administración, en tanto contaban, como
quedó visto con el mecanismo o el procedimiento administrativo previsto en el
artículo 850 del Estatuto Tributario para reclamar la devolución de las sumas
pagadas sin que existiera fundamento jurídico para ello, circunstancia que impedía
tener certeza sobre la consolidación del daño, requisito indispensable para
“efectuar el estudio de la responsabilidad y su fuente -la ley o el acto
administrativo-, de lo cual se derivaría la correspondiente legitimación en la causa
por pasiva”. Ahora bien, en dicha providencia se sostuvo que “las anteriores
consideraciones no excluyen la posibilidad de establecer la responsabilidad del
Estado por el hecho del legislador, comoquiera que la misma debe ser valorada
frente a cada caso concreto”. Por ello se requiere para predicar la responsabilidad
patrimonial del Estado de la imputabilidad del daño antijurídico. (…) La sola
declaratoria de ilegalidad como causación material del daño antijurídico llevaría a
obviar la circunstancia sine qua non de que sea jurídicamente atribuible a la
administración y a ingresar al tema de la responsabilidad eminentemente objetiva
y no al de la falla. (…) En conclusión, los daños que pudieron padecer los
demandantes con la vigencia del aporte parafiscal no resultan antijurídicos, y
como es este elemento el que estructura la vocación indemnizatoria y resarcitoria
de la administración, se impone la improsperidad de las pretensiones devenidas
de la acción de grupo
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 850 / LEY 1437 DE
2011 – ARTÍCULO 145 / LEY 472 DE 1998
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG)REV-SU
Actor: CONTRIBUIR EMPRESARIAL CTA Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS
REVISIÓN EVENTUAL EN ACCIÓN DE GRUPO
FALLO
Decide la Sala la solicitud de Revisión Eventual (art. 11 Ley 1285 de
2009) presentada por el MINISTERIO PÚBLICO, el INSTITUTO DE
BIENESTAR FAMILIAR (en adelante ICBF) y el SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE (en adelante SENA) contra la
sentencia de 29 de abril de 2009, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro del proceso de Acción de Grupo
que interpusieron varias Cooperativas de Trabajo Asociado, contra el
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, el SENA y el ICBF.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE GRUPO
1.1. La demanda
Las siguientes Cooperativas de Trabajo Asociado: Gestionando,
Contribuir Empresarial, Servicios Técnicos Sertec Ltda, Managro,
Trabajadores Asociados Independientes, Multiplicadora de Servicios
Multriser, Cooptextil, Gestioncoop, Ofercoop, Profesionales de la
Salud Medicoop, Cootraviterbo, Agrocorte, Serviya, Cootravir Ltda.,
Procaña, Matecaña, Coomnes Empresarial, Familia Coo,
Serviempaque y Emprendedores, presentaron demanda en ejercicio
de la acción de grupo contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL, el SENA y el ICBF para que se les declarara
administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios
causados por “la falla en el servicio de la función pública en que
incurrió y/o el daño antijurídico causado” reflejado en el detrimento
patrimonial que les produjo el pago de aportes parafiscales entre el 1
de enero de 2005 y el 12 de octubre de 2006, en tanto la norma
sustento de la imposición, esto es, el aparte “y contribuciones
especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación”, contenida en el
artículo 1 del Decreto 2996 de 2004 “por el cual señalan algunos
requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado” fue
declarado nulo mediante sentencia del Consejo de Estado de 12 de
octubre de 2006. Como consecuencia de la nulidad de este aparte
solicitan que se ordene a las entidades demandadas reintegrarles, a
título de daño emergente, los valores que pagaron por concepto de
contribuciones especiales entre el 1 de enero de 2005 al 12 de octubre
de 2006, junto con los intereses comerciales y moratorios; y que
asimismo, se condene a las demandadas al pago de las costas y de
las agencias en derecho (fls. 244 a 275 Cd. 1-1).
1.2. Hechos
1.2.1. El Decreto 2879 de 7 de septiembre de 2004, derogado por el
Decreto 2996 de 16 de septiembre de 2004 que entró en vigencia el 1
de enero de 2005, dispuso para las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado la obligación de pagar contribuciones especiales al
SENA e ICBF.
1.2.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia
de 12 de octubre de 20061, declaró la nulidad de la expresión “…y
contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar” contenida en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004.
1.2.3. Por lo tanto, al carecer la carga impositiva de sustento normativo
que le otorgue validez, el pago que realizaron de esa contribución
generó enriquecimiento injustificado a favor del SENA y del ICBF.
1.2.4. El trámite y decisión de primera instancia estuvo a cargo del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, quien vinculó
al Ministerio de la Protección Social y a las entidades demandadas.
Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2008 declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto
al Ministerio de la Protección Social; declaró administrativamente
responsable al SENA y al ICBF por el daño antijurídico sufrido por las
cooperativas y precooperativas demandantes en razón del pago de lo
no debido de los aportes parafiscales ordenados por el Decreto 2996
de 2004, efectuados entre el 1 de enero de 2005 -fecha de la entrada
en vigencia del decreto anulado- y el 12 de octubre de 2006 -fecha en
que se profirió la sentencia de nulidad-. Ordenó a las entidades SENA
e ICBF indemnizarlas con el pago de $23.495’889.763,53 y de
$35.243’834.645,30, respectivamente. Previno, por un lado, a las
cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado ausentes en el
1
Expediente No. 11001-03-25-000-2004-00187-01, Actor: Ximena Rojas Rodríguez, M.P. Ligia
López Díaz.
proceso, pero que se hallen en igual situación que las demandantes,
para que se acojan a la sentencia dentro de los 20 días siguientes a su
publicación; y por otro lado, a las entidades condenadas, para que
envíen la relación de pagos efectuados por cooperativas y pre-
cooperativas que no ameriten devolución y solicitar la exclusión o
rebaja de la indemnización. Condenó a las demandadas al pago de la
indexación de las sumas debidas mediante el ajuste al IPC y al de las
costas (fls. 574 a 645 Cd. 1-3).
El fallo del juez a quo indicó que ante la declaratoria de nulidad parcial
del artículo 1 del Decreto 2996 de 20042, recobró vigencia el Decreto
2879 de 20043 que dispuso los eventos en los cuales las cooperativas
y pre -cooperativas deben hacer aportes parafiscales.
Además, explicó que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado
ha sostenido que son ex tunc los efectos del fallo de nulidad, es decir,
retroactivos, lo que significa que al desaparecer el acto administrativo
del ordenamiento jurídico, las cosas vuelven al estado anterior, como
si dicho acto nunca hubiera existido, y por ende, en el caso que se
discute conllevaría la devolución a los contribuyentes de lo cancelado
o pagado en forma indebida.
1.2.5. La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo
de Risaralda, quien resolvió los recursos de apelación presentados
por la parte actora y por las dos entidades condenadas (SENA e
ICBF). Mediante sentencia de 29 de abril de 2009, entre otras
decisiones que adoptó, confirmó el fallo de primera instancia y corrigió
el error mecanográfico del numeral segundo de la parte resolutiva en
cuanto al período de vigencia de la contribución parafiscal, pues el
juzgado a quo se refirió al año “1005”, en vez del año 2005.
Explicó los eventos en los cuales procede la acción de grupo, así
como los efectos indemnizatorios que se causan con la declaratoria de
nulidad parcial del acto administrativo general Decreto 2996 de 2004,
de la cual a su vez se predican efectos hacia el pasado.
2
“Por el cual señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado”.
3
“Por el cual se adoptan medidas para controlar la evasión y elusión de aportes parafiscales y se
dictan disposiciones en materia de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado,
Empresas Asociativas de Trabajo”.
El tribunal ad quem determinó que la fuente de la obligación se derivó
de la declaratoria de nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004
contenida en la sentencia de 12 de octubre de 2006 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así que los pagos
efectuados con base en ese decreto anulado perdieron el amparo
legal del cual gozaba antes, por lo cual devienen en pagos de lo no
debido. Por tanto, la pretensión es resarcitoria únicamente frente al
acto administrativo ilegal declarado nulo, que fue el directo generador
de daño antijurídico. Consideró que la acción de grupo al ser una
acción principal, no puede ser excluida ante la existencia de una
acción ordinaria, que las condiciones uniformes del grupo fueron
acreditadas a partir de la causa originaria del daño y consiste en el
pago de los aportes parafiscales que se les impuso a las
demandantes.
Criticó al juez a quo por haber considerado que recobraba vigencia el
Decreto 2789 de 2004, pues este no guarda relación con la materia
objeto de debate, toda vez que el reclamo indemnizatorio se
circunscribe exclusivamente a lo que tiene que ver con las
contribuciones parafiscales previstas en el Decreto 2996 de 2004,
razón por la cual la vigencia que recobra el Decreto 2789 de 2004 es
una consideración impertinente para analizar.
En sintonía con el fallo de primera instancia sostuvo que la
declaratoria de nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004
implica, según la regla general, que por los efectos ex tunc, el acto
anulado desapareció desde cuando surgió a la vida, siendo excepción
a esta regla que únicamente las situaciones consolidadas al momento
de la anulación del acto administrativo, es decir, aquellas que fueron
debatidas y decididas por la jurisdicción e hicieron tránsito a cosa
juzgada, quedan a salvo.
Afirmó que el caso en cuestión, encaja en la regla general, de los
efectos ex tunc, porque los pagos hechos en cumplimiento a la
normativa anulada carecen de sustento legal y al no poderse acoger la
tesis de que el pago de las contribuciones pueda entenderse como
una situación consolidada, se genera para quien pagó la contribución,
un daño antijurídico que debe ser indemnizado mediante la condena a
reintegrar el valor, por incurrirse en pago de lo no debido. Invocó la
sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro del radicado No.
2500023270002000115601 (13336), M.P. Ligia López Díaz, y
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que no identificó.
Confirmó la cuantificación de la indemnización de perjuicios que
hiciera el juez a quo, en tanto consideró que está soportada en la
relación que anexó al proceso el SENA, sobre los montos de los
aportes parafiscales que efectuaron las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado durante la vigencia del artículo 1
del Decreto 2996 de 2004, cuantificación esta que igualmente sirve
para la condena contra el ICBF por cuanto tienen origen en la misma
norma y toda vez que el ICBF, a pesar de ser requerido por el juez, no
aportó relación de pagos (fls. 777 a 814 Cd. 8).
La Magistrada del Tribunal de Risaralda Durfay Carvajal Castañeda
salvó parcialmente el voto al no estar de acuerdo con la decisión de
indemnizar a la parte del grupo que concurra luego de fallado el caso,
porque frente a los últimos ha operado la caducidad de la respectiva
acción indemnizatoria. Además, porque tal posibilidad viola el principio
de consolidación jurídica en materia tributaria y desconoce “la
certidumbre jurídica de dicha consolidación en favor de la entidad…
demandada” (fls. 815 a 817 Cd. 8).
II. Solicitudes de revisión
2.1. La petición del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó se seleccionara para revisión esta
sentencia “…ante la importancia jurídica del tema, la defensa del
patrimonio público dada su enorme cuantía y el no compartir las
decisiones adoptadas…” (fl. 819 Cd. 8).
2.2. La petición del ICBF
El ICBF, mediante apoderada, solicitó la revisión de la sentencia para
que esta sea revocada por considerarla contraria a la ley y violatoria
de los intereses institucionales. Como soporte a la solicitud, en
síntesis, indicó lo siguiente:
2.2.1 La obligación de aporte de contribuciones implica que el gravado
parafiscalmente no pueda eximirse del pago. Además, según las
voces del artículo 29 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del
Presupuesto, el aporte parafiscal es manejado, administrado y
ejecutado exclusivamente en la forma dispuesta en la ley de su
creación. Así, los aportes parafiscales al ICBF están a cargo de los
empleadores cuando ocupen uno o más trabajadores permanentes,
como lo consagra el art. 2 de la Ley 27 de 1994, los artículos 39-4 y 40
de la Ley 7 de 1979, el Decreto Reglamentario 2388 de 1979 y el
artículo 1 de la Ley 89 de 1988. El Decreto 2996 de 2004 reiteró la
obligación del pago los aportes al SENA, ICBF y a las Cajas de
Compensación Familiar por parte de la cooperativas y pre-
cooperativas de trabajo asociado, en cumplimiento del principio de
solidaridad.
2.2.2. El Decreto 2996 de 2004 como acto general que es, gozó de
plena vigencia y aplicación desde su expedición y publicación, gracias
a la presunción de legalidad que lo cobijaba y fue obligatorio, en el
aparte que interesa a este proceso, hasta el día que fue anulado por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el
artículo 66 del C.C.A.
Citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 23 de
agosto de 2005 (radicado 1.672) en el que se explicó que el examen
de legalidad o constitucionalidad del acto administrativo es
determinado con fundamento en el cumplimiento de las exigencias que
debieron observarse al momento de su expedición, así que cuando se
declara la nulidad, esta se produce desde el momento en que la
sentencia queda ejecutoriada, sin que afecte situaciones consolidadas
o los derechos reconocidos bajo el amparo de la disposición anulada.
Ello por cuanto debe distinguirse entre el juzgamiento de la legalidad
del acto administrativo general y el juzgamiento de los actos
individuales o particulares producidos con apoyo en el acto general y
durante su vigencia que son intangibles, al ser situaciones jurídicas
consolidadas o derechos adquiridos que han de ser garantizados y
que gozan de presunción de legalidad y, frente a los cuales, debe
primar la concesión de seguridad jurídica. Sobre este último punto
mencionó la sentencia T-284 de 1999 de la Corte Constitucional.
También invocó sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado de 16 de junio de 2005 (sin referencia) y de 19 de enero de
2000 (Radicado 10581-01), en las que se especificó que la sentencia
que declara la nulidad del acto general afecta las situaciones
particulares que no se encuentren consolidadas, es decir, que al
momento de producirse el fallo de nulidad se debatían o eran
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sobre las cuales no
ha operado la cosa juzgada prevista en el artículo 175 de la
Constitución Política.
2.2.3. Concluyó que los efectos causados en vigencia del Decreto
2996 de 2004 son irreversibles y, por tanto, la sentencia proferida es
contraria a las disposiciones legales y a la jurisprudencia “ya que por
regla general los efectos de la declaratoria de nulidad son futuros y
sobre situaciones no consolidadas” (fol. 758 cdno. 8). Además,
concluyó que las solicitudes de devolución de los aportes pagados
durante la vigencia del decreto anulado no resultan procedentes,
porque deben respetarse las situaciones consolidadas.
Para apoyar este razonamiento citó sentencia de la Sección Tercera
de 5 de julio de 2006 (sin otra referencia) en la que se consideró que
la nulidad del acto general no restablece automáticamente el derecho
del particular “por cuanto cada determinación de alcance particular que
haya adoptado la Administración mantiene su presunción de legalidad,
la cual solo puede ser desvirtuada por sentencia judicial y a través de
las acciones creadas al efecto” (fol. 761 cdno. 8). En la sentencia de
10 de febrero de 2005 de la Sección Tercera, en acción de
cumplimiento (Radicado 2004-0464), dijo el actor que se trató de
situación similar en la que unas EPS pretendían el reintegro de unos
impuestos pagados durante la vigencia de una ley que luego fue
declarada inexequible. En esa oportunidad se resaltó la obligatoriedad
de la norma sin importar su jerarquía porque se presumió que la
norma puesta en vigor por el funcionario competente se ajusta a la
Constitución.
2.2.4. De conformidad con el artículo 64 del C.C.A. los actos
administrativos en firme son ejecutables inmediatamente. Por otra
parte, el artículo 66 ibídem establece que los actos administrativos
pierden su fuerza ejecutoria, entre otros eventos, cuando desaparecen
los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan, así que
la declaratoria de inexequibilidad o de nulidad conllevan la pérdida de
fuerza ejecutoria del acto. Ocurrido el decaimiento, esta circunstancia
impide que el acto siga produciendo efectos hacia el futuro, pero en
nada afecta los que válidamente se hayan producido con anterioridad.
Trae como base el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de
12 de junio de 2003 (radicado 1491) en el que se dijo “el decaimiento
del acto administrativo significa que éste deviene en inejecutable por
cuanto los factores de hecho o las normas que existían al momento de
su expedición y por ende le sirvieron de fundamento, ya no subsisten”.
Advirtió que la pérdida de fuerza ejecutoria opera de pleno derecho
por disposición del artículo 66 del C.C.A., pero como hay procesos
coactivos en curso que tienen de título base los actos administrativos
inejecutables, se requiere un pronunciamiento por la administración a
fin de cesar la ejecución. Pero esta situación no se configuró cuando
las cooperativas efectuaron los pagos del aporte basadas en la
obligación legal.
Citó la sentencia de la Sección Tercera de 27 de septiembre de 2006
(sin otra referencia) que consideró que la pérdida de fuerza ejecutoria
por la desaparición, por inexequibilidad, de su fundamento legal no
conlleva la nulidad de los actos administrativos que la desarrollen, sino
únicamente el decaimiento a futuro “por lo tanto, tales actos, aunque
sin posibilidad de continuar siendo ejecutados, aún hacen parte del
ordenamiento jurídico y solo podrán ser expulsados del mismo
mediando la declaratoria de su nulidad, a través de sentencia
judicial… la jurisdicción contencioso administrativa puede revisar la
legalidad de un acto administrativo cuando su fundamento normativo
ha sido objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad, en atención
a que dicho acto nació a la vida jurídica cobijado por la presunción de
legalidad y a que los efectos de su decaimiento son ex nunc o a
futuro”.
Para el caso concreto, los efectos del decaimiento del acto
administrativo (Decreto 2996 de 2004) son a futuro a menos que la
sentencia que declara la nulidad hubiera modulado en el tiempo los
efectos del fallo.
2.2.5. Concluyó de los precedentes jurisprudenciales lo siguiente:
• Es imposible la devolución de los aportes pagados con anterioridad a
la declaratoria de nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004, por cuanto
este gozó de la presunción de legalidad, por ende, acceder a las
devoluciones vulneraría el principio de seguridad jurídica.
• Las entidades gravadas no estaban exentas del pago de aportes
parafiscales, el cual tuvo como sustento la expedición y entrada en
vigencia del Decreto 2996 de 2004, concretamente su artículo 1 y
hasta tanto estuvo vigente, es decir, hasta 30 de octubre de 2006,
fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de nulidad del Consejo
de Estado. Sólo es viable la devolución de aportes pagados con
posterioridad al 30 de octubre de 2006.
• Los efectos del fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad
parcial del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004 son ex nunc o a futuro,
así que no es posible hacer la devolución de los aportes con
retroactividad a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia.
2.2.6. Criticó el fallo de primera instancia y la actuación procesal
surtida con anterioridad, en cuanto al ICBF no se le solicitó certificar
en forma discriminada el monto de los aportes parafiscales recibidos
por cada cooperativa demandante, como sí se requirió del SENA (fols.
754 a 768 cdno. 8.).
2.3. La solicitud del SENA
El SENA, mediante apoderado solicitó la revisión eventual de la
sentencia. Sustentó la solicitud en los argumentos que a continuación
se sintetizan:
2.3.1. Los aportes parafiscales al SENA obedecieron al cumplimiento
de un deber legal, contenido en la Ley 21 de 1982 y en el Decreto
2996 de 2004. Esta última normativa en su artículo 1 tuvo plena
vigencia y legalidad hasta su declaratoria de nulidad parcial mediante
la sentencia referida, así que no es de recibo la solicitud de devolución
retroactiva de los aportes parafiscales realizados entre el 1 de enero
de 2005 y el 12 de octubre de 2006 como lo ordenó la sentencia objeto
de revisión dictada dentro de la acción de grupo incoaron las
cooperativas de trabajo asociado.
2.3.2. Las cooperativas de trabajo asociado nunca han estado exentas
del pago de aportes parafiscales porque incluso antes de la expedición
del Decreto 2996 de 2004 la carga fiscal era imponible con respecto a
quien tuviera trabajadores vinculados por contrato laboral. Solo que
con el Decreto 2996 de 2004 se incluyó la carga o deber legal con
respecto al sujeto activo cooperativas de trabajo asociado.
2.3.3. El deber legal del pago parafiscal hace imposible la devolución
de pagos realizados con anterioridad a la declaratoria de nulidad
parcial del Decreto 2996 de 2004, ya que éste acto impositivo se
presumía legal. Lo contrario vulneraría la seguridad jurídica, más aún
cuando el fallo de nulidad tiene efectos ex nunc o a futuro (fls. 769 a
772 cdno. 8).
III. De la selección del caso concreto
Con auto de 28 de julio de 2011, la Sección Quinta escogió para
revisión la sentencia proferida el 29 de abril de 2009 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro de la acción de grupo referida, por
reunir los presupuestos para su selección4 (fls. 939 a 966 cdno. 8).
Las consideraciones que llevaron a seleccionar para revisión la
sentencia referida se sustentan en lo siguiente:
a) los efectos en el tiempo de los fallos de nulidad sobre actos
administrativos de contenido general; b) la inexistencia de nulidad
consecuencial o ex oficio de los actos de contenido particular
expedidos con base en aquél; c) la inmutabilidad de las situaciones
consolidadas, pues el tema se ha tornado confuso en aspectos como
el presente en que la obligación tributaria fue impuesta mediante
decreto reglamentario y el aparte que fijaba la exacción para las
cooperativas y precooperativas de Trabajo Asociado fue anulado por
la Sección Cuarta mediante sentencia de 12 de octubre de 2006; d) el
tema de la consolidación del pago de la contribución parafiscal, toda
vez que es un pago por instalamentos o períodos mensuales por estar
ligado al pago de la “nómina” y frente al cual no se advierte precedente
jurisprudencial; e) Otro asunto a ser dilucidado alude a la existencia o
inexistencia de puntos en común entre los efectos de los fallos de
nulidad dictados por el Consejo de Estado y los fallos de
inexequibilidad dictados por la Corte Constitucional; f) Así mismo debe
establecerse la causa del daño antijurídico en aquellos casos en que
la norma sustento de su causación y recaudo es declarada nula y la
determinación del momento a partir del cual se contaría el término de
caducidad de la acción respectiva. Por último se debe definir el título
4
Los presupuestos de viabilidad de la selección de una sentencia para una eventual revisión
consisten en que: (i) la solicitud de revisión se formule oportunamente, (ii) la petición provenga de
alguna de las partes o del Ministerio Público, (iii) la solicitud se sustente, (iv) la providencia que se
pretende revisar ponga fin al proceso, (v) la providencia haya sido dictada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, y (vi) la finalidad de la selección sea unificar la jurisprudencia.
jurídico de imputación y sus presupuestos, en tanto el caso que ocupa
la atención de la Sala es inusual porque el Gobierno Nacional, por
medio de acto administrativo, implementó cargas fiscales,
competencia que constitucional y legalmente reside en el Congreso,
en las Asambleas Departamentales y en los Concejos Municipales.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Decide la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de la
Sala Cuarta Especial de Decisión, la revisión eventual frente a la
sentencia de 29 de abril de 2009, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro de la Acción de Grupo interpuesta
por varias Cooperativas de Trabajo Asociado contra el Ministerio de la
Protección Social, el SENA y el ICBF.
El Consejo de Estado en su Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en cabeza de la Sala Cuarta Especial de Decisión, es
competente para decidir la revisión eventual contra las sentencias de
los Tribunales Administrativos, de conformidad con lo estipulado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 (modificatorio del artículo 36A de la
Ley 270 de 1998) y con el Acuerdo 0117 de 12 de octubre de 2010,
que adicionó el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado
contenido en el Acuerdo No. 58 de 1999 (modificado, entre otros, por
el Acuerdo 321 de 2014) y modificado por el Acuerdo 078 de 24 de
abril de 2018, que en su artículo primero indicó: “Adiciónase el artículo
2º del Acuerdo 321 de 2014, con un numeral 4, el cual quedará así: ‘4.
Las revisiones eventuales en materia de acciones populares y de
grupo que a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo
estén pendientes de decisión por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, las cuales quedarán asignadas a la respectiva Sala
Especial de Decisión a la que pertenezca el ponente, en los términos
de este Acuerdo’”.
4.2. Límites de la revisión eventual
Los puntos a tratar en esta revisión fueron determinados en el auto
que dispuso la selección y fueron: a) los efectos, en el tiempo, de los
fallos de nulidad sobre actos administrativos de contenido general, la
inexistencia de nulidad consecuencial o ex oficio de los actos de
contenido particular expedidos con base en aquel y la inmutabilidad de
las situaciones consolidadas; b) la consolidación del pago de la
contribución parafiscal, debido a que su pago por instalamentos o
períodos mensuales; c) los efectos de los fallos de nulidad dictados
por el Consejo de Estado frente a los fallos de inexequibilidad dictados
por la Corte Constitucional; d) la causa del daño antijurídico en
aquellos casos en que la norma sustento de su causación y recaudo
es declarada nula y a partir de qué momento operaría el término de
caducidad de la acción respectiva, para así dejar claro el título jurídico
de imputación y sus presupuestos.
Previamente a pronunciarse sobre los temas objetos de revisión, la
Sala Especial de Decisión hará unos breves comentarios al
mecanismo de revisión eventual.
4.3. Precisiones sobre el Mecanismo Eventual de Revisión
Al cobrar pleno vigor la competencia para conocer y decidir las
acciones de grupo conforme lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley
472 del 5 de agosto de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de
la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”,
cuando comenzaron a operar los juzgados administrativos, el Consejo
de Estado cesó en su competencia transitoria como juez de segunda
instancia de esta clase de procesos, la cual quedó radicada en el
Tribunal Administrativo.
Tal situación motivó que se impulsara la aprobación por el Congreso
de la República, del proyecto de ley estatutaria No. 023/06 Senado y
No. 286/07 Cámara, “Por medio del cual se reforma la Ley 270 de
1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”, que luego se
convirtió en la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, entre cuyos
propósitos principales estuvo implementar un mecanismo judicial para
que el Consejo de Estado conservara competencia vía revisión para
5
Este precepto dispone: “Artículo 51. Competencia. De las acciones de grupo conocerán en
primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la
competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la
Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia.
Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o
demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes,
conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
PARÁGRAFO. Hasta tanto entren en funcionamiento, los Juzgados Administrativos, de las
acciones de grupo interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa conocerán en
primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el Consejo de
Estado.”. (Subraya la Sala Plena)
sentar criterios unificadores sobre el alcance de los derechos
colectivos y en las acciones de grupo.
Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1285 del 22 de enero de
2009 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria
de la Administración de Justicia”, se implementó el novedoso
Mecanismo de Revisión Eventual de acciones populares y de grupo.
Su consagración figura, más exactamente, en el artículo 11, mediante
el cual se adicionó a la Ley 270 de 1996 el artículo 36A, que dispone:
“Artículo 11.- Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el
artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente
texto:
‘Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones
populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.
En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo,
a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a
través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las
acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual
revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la
finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los
Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.
La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro
de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o
providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los
Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8)
días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir,
con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del
Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la
respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del
proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a
partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso
Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales
providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no
escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o
el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para
eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de aquella. (…)’”.
Este mecanismo, en el texto que finalmente aprobó el Congreso tenía
por fin (a) unificar la jurisprudencia, (b) asegurar la protección de los
derechos constitucionales fundamentales y (c) ejercer el control de
legalidad respecto de los fallos correspondientes. No obstante, quedó
reducido al primero de ellos, por así haberlo dispuesto la Corte
Constitucional en su sentencia C-713 del 15 de julio de 20086.
Reconoció que el Consejo de Estado, en “su condición de Tribunal
Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden
sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne
a dicha jurisdicción, en el marco de la Constitución y la ley”, a través
de lo cual se procura, también, garantizar la seguridad jurídica y el
principio de igualdad, de modo que sentadas las respectivas
directrices jurisprudenciales, los demás operadores jurídicos, en
especial los adscritos a esta especialidad de la Rama Jurisdiccional,
sigan tales precisiones, lo que desde una óptica práctica resulta
bastante útil porque ha hecho carrera entre los actores populares la
formulación de un número importante de acciones populares y de
grupo basadas en una misma temática, pero presentadas ante
distintos despachos judiciales.
Pues bien, como el propósito del nuevo Mecanismo de Revisión
Eventual es la unificación de la jurisprudencia, el Consejo de Estado
en una aproximación al manejo de la nueva figura jurídica consideró7
que los temas objeto de análisis debían ser aquellos fundamentales en
la adopción de la decisión y enunció, sin ánimo restrictivo, algunas
hipótesis habilitantes que posibilitan la escogencia de una decisión
para revisión: a) tratamiento diverso por las secciones del Consejo de
Estado de un mismo tema por la jurisprudencia del Consejo de Estado;
b) cuando existan diferentes formas de aplicar e interpretar un tema,
bien por falta de claridad o vacío normativo; c) cuando la materia
carezca de posición jurisprudencial consolidada y d) ante la
inexistencia de desarrollo jurisprudencial del tema.
Siguiendo la filosofía que llevó a la creación de la figura: unificar
jurisprudencia, es claro que la revisión eventual no es una instancia
6
En lo pertinente dispuso el fallo de la Corte Constitucional: “Décimo segundo: Declarar
INEXEQUIBLE las expresiones “de oficio o”, “de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o”,
“o Subsecciones, con sujeción a los criterios que establezca el reglamento de la Corporación”,
“asegurar la protección de los derechos constitucionales fundamentales o ejercer control de
legalidad respecto de los fallos correspondientes. Al efectuar la revisión se decidirá sin las
limitaciones propias de los recursos.” del inciso1° del artículo 11 del proyecto de ley estatutaria No.
023 de 2006 Senado y No. 286 de 2007 Cámara, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia”, y EXEQUIBLE el resto del mismo inciso en el
entendido de que es una competencia adicional y que en ningún caso impide interponer la acción
de tutela contra la sentencia objeto de revisión, la decisión de no selección o la decisión que
resuelva definitivamente la revisión. (…)”
7
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de julio de 2009. Expediente:
20001-23-31-000-2007-00244-01 (IJ) AG. Actor: Gladys Alvarado Acosta y otros. Demandado:
Municipio de Chiriguaná. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
dentro de las acciones populares y de grupo. Adicionalmente, la
competencia del juez de la revisión eventual está entonces limitada a
la finalidad de unificar y consolidar la tesis jurisprudencial que
constituya la directriz o parámetro bajo el cual ha de asumirse la
interpretación y el alcance ya del derecho colectivo que se pide
proteger ante determinada situación fáctica, ya cuando existe daño
antijurídico indemnizable.
Pueden suceder dos hipótesis luego de haberse seleccionado para
revisión la providencia, la primera, que al conocer la motivación de la
providencia revisada no se encuentre contradicción con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo necesario declarar
impróspera la solicitud de revisión eventual. La segunda, que en efecto
la sentencia de Tribunal no se haya allanado a los parámetros
jurisprudenciales del Consejo de Estado; o bien, que los
pronunciamientos del Consejo de Estado, a pesar de recaer sobre el
mismo tema, hayan sido disímiles; o que el Consejo de Estado nunca
se haya pronunciado sobre el tema.
En esta segunda hipótesis, el Consejo de Estado a fin de mantener la
univocidad de la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo
analizará los temas que deben ser objeto de unificación y
consolidación a partir de su propia jurisprudencia y si concluye que
esos temas unificados afectan gravemente al fallo del Tribunal,
tornándolo en injusto, procederá a dejarlo sin efectos, reabre el
proceso ya concluido, vuelve a considerar el litigio, elimina los errores
contra jurisprudencia en los que incurrió el fallo revisado y profiere una
nueva decisión.
Por eso en una primera etapa, el Consejo de Estado como operador
de la revisión eventual ausculta el motivo de revisión en estricta
comparación con su jurisprudencia y su relación de causalidad con la
decisión objeto de revisión, para así determinar si el pronunciamiento
hubiera sido diferente; pero ha de tenerse claro que en esta etapa
nunca puede ni debe abordar el estudio sobre toda la materia litigiosa
de la instancia porque está en la llamada fase iudicium rescindens, en
la cual está limitado por un análisis objetivo en el que solo concurren:
la contrariedad con la jurisprudencia del Alto Tribunal y, la
comprobación de si el pronunciamiento es injusto. Si esta etapa no es
favorable al revisionista, al Consejo de Estado está vedado entrar a la
segunda etapa (iudicium rescissorium) en la cual su competencia
como juez de la revisión se abre para volver sobre la materia litigiosa
con todos sus elementos: hechos, derecho, pruebas y alegaciones.
4.4. Del caso concreto
Las cooperativas y pre-cooperativas que demandaron en acción de
grupo, salieron avante tanto en primera como en segunda instancia en
su pretensión indemnizatoria de recuperar las sumas que pagaron por
concepto de aportes parafiscales al SENA y al ICBF, una vez fue
declarado nulo el Decreto 2996 de 2004 “por el cual señalan algunos
requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado” en el aparte que
les impuso tal carga. Por su parte las entidades condenadas a tal
reintegro: el SENA y el ICBF reclaman vía revisión eventual del fallo
del Tribunal de Risaralda, que se verifique la jurisprudencia en torno a
determinar si existe daño antijurídico respecto de cargas impositivas
pagadas por los sujetos pasivos de estas, atendiendo a disposición
normativa que en su momento era plenamente aplicable y obligaba.
El Decreto 2996 de 2004 es un acto administrativo de carácter general
y ciertamente acerca del tema de la incidencia de su anulación en
relación con su acatamiento por los sujetos obligados, durante la
época en que rigió, no existe tesis jurisprudencial unificada por parte
del Consejo de Estado que defina si padecieron daño antijurídico y por
ende indemnizable.
La conclusión que adoptará el Consejo de Estado tendrá como
referente la posición mayoritaria de su jurisprudencia sobre los efectos
ex tunc de la sentencia de nulidad que recae sobre el acto general,
avalada de antaño por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo;
aunque sin desconocer que, excepcionalmente, al interior de algunas
de sus secciones ha habido pronunciamientos en pro de los efectos ex
nunc, no necesariamente contrarios, porque están válidamente
motivados en la necesidad de proteger la situación jurídica concreta,
como se explicará a lo largo de este análisis.
Desarrollarla impone el examen de las siguientes materias:
4.4.1. Efectos de la nulidad de actos administrativos de contenido
general
Aparejado al tema de los efectos del fallo que anula el acto general se
verán en forma concurrente los aspectos de la inexistencia de nulidad
consecuencial de los actos de contenido particular expedidos con
base en acto general y la inmutabilidad de las situaciones
consolidadas.
Dos principales tesis han acompañado a esta discusión, la primera
que aboga por los efectos hacia el pasado de la sentencia de nulidad,
los llamados efectos ex tunc, y los que consideran que dicha decisión
sólo afecta al porvenir, pues sólo puede predicarse hacia el futuro, es
decir, sus efectos son ex nunc.
La aparente divergencia de estas tesis, más allá de la imperante que
se inclina por los efectos ex tunc, se debe a la forma cómo se aborde
el asunto, en tanto los efectos hacia el pasado se miran desde el acto
mismo nulo ab initio, mientras los efectos hacia el futuro se miran
desde la seguridad jurídica que se deriva de la existencia de una
situación jurídica individual o concreta consolidada que debe
protegerse.
Ambas tesis en su teleología son razonables, sólo que se insiste en
que parten de puntos diferentes, pero complementarios como se verá
a lo largo de este análisis.
La tesis de los efectos ex tunc ha sido sostenida tanto por la Sección
Cuarta8, aunque con algunos excepcionales pronunciamiento de
efectos ex nunc, como por la Sala Plena del Consejo de Estado9 que
ha sido unívoca en su pensamiento.
En esas condiciones, se considera que la unificación más adecuada,
de cara a lo expuesto, es indicar que ambas tesis son
complementarias, como lo ha esbozado la Sección Cuarta desde la
siguiente consideración: “El fallo de nulidad de un acto de carácter
general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus
efectos ex nunc, pero sí afecta las no consolidadas, lo que significa
que en este caso sus efectos son ex tunc, por ello la sentencia de
8
Véanse sentencias de 16 de junio de 2005, exp, 14311, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; sentencia
de 9 de marzo de 2006, exp. AC-01458 C.P. Ligia López Díaz; de 25 de septiembre de 2006, exp.
15304, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 21 de noviembre de 2007, exp. 16294, C.P. Ligia López
Díaz; de 7 de febrero de 2008, exp 15443 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 26 de junio de 2008,
exp, 16405 C.P. Ligia López Díaz.
9
Entre otras, véanse sentencia de 4 de marzo de 2003, exp IJ-030 C.P. Manuel Santiago Urueta
Ayola y sentencia de 14 de agosto de 2006, Sala Especial Transitoria de Decisión 2C, exp. 2000-
00537-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
nulidad en relación con estos últimos actos produce efectos
retroactivos”10.
El alcance de dicho predicado jurisprudencial no es otro que los
efectos de un fallo de nulidad del acto general son ex nunc, respecto
de las situaciones jurídicas consolidadas debido a su connotación de
certeza, firmeza y de imposibilidad de ser discutidas. En contraste, las
situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que se
debaten ante las autoridades administrativas o ante la autoridad
jurisdiccional, que son sub júdice y, por ende, pasibles de ser
judicializadas, debatidas, analizadas y decididas, el efecto de la
nulidad es inmediato, lo que quiere decir que para el momento en que
se define la situación particular debe tenerse en cuenta que el juez ya
no puede aplicar la norma o el acto administrativo anulado dada su
inexistencia derivada de la declaratoria de nulidad con efectos ab
initio.
A juicio de la Sala Cuarta Especial de Revisión, todo el problema
jurídico a resolver sobre los efectos al pasado o al porvenir de la
nulidad del acto administrativo debe partir de la validez del mismo, la
cual está atada a las condiciones temporo espaciales del acto, como lo
dice magistralmente Legaz y Lacambra: “todo precepto jurídico dura
mientras él mismo no tiene fijados los límites temporales de su validez.
Esto se puede aplicar a todo precepto, a toda norma, a todo acto
jurídico en general; lo mismo a la ley que al Reglamento, la
disposición administrativa, la sentencia judicial o el contrato”11.
Ha de recordarse que el vocablo ex traduce lugar de origen o de
donde proviene. Ahora bien, ex nunc traduce etimológicamente “desde
ahora”, “a partir de hoy”, y se usa para determinar el momento en que
empiezan o terminan los efectos jurídicos de la sentencia o de una
disposición legal o de un negocio que se dará a partir del momento en
que se perfeccione la relación jurídica o la disposición o el negocio o
quede en firme el acto o la decisión judicial. En cambio ex tunc
significa “desde entonces” o “desde siempre”, es decir, hace referencia
a un momento anterior al que se produjo el hecho, el actuar, la
convención o la decisión administrativa o jurisdiccional.
10
Sentencia del 3 de marzo de 2011. Exp. 17741. M.P. William Giraldo Giraldo.
11
Introducción a la Ciencia del Derecho. Ed. Bosch. Barcelona. 1943.
La Sala Cuarta Especial de Decisión dirá para resolver en forma
unificada que las sentencias de nulidad que recaen sobre el acto
administrativo general extienden sus efectos hacia el pasado, sobre
las situaciones jurídicas no consolidadas, inclinándose por los
llamados efectos ex tunc, a fin de que las cosas vuelvan al estado
anterior en que se encontraban antes de expedirse el acto general
anulado, en tanto la argumentación acorde con el ordenamiento
jurídico es que la declaratoria judicial de nulidad contra el acto general
afecta la validez del acto, sus condiciones de existencia y sus
elementos estructurales, pues todos estos se afectan ab initio con
dicha declaratoria de nulidad, pues no podría decirse que el acto
general inválido, fue “válido” en sus efectos mientras no había sido
anulado.
En materia del acto general que nace viciado el paso del tiempo no
sanea su irregularidad cuando es sustancial. Su control judicial por la
vía de la acción de nulidad no tiene caducidad, precisamente porque
su finalidad es defender el ordenamiento jurídico lesionado en
abstracto, de manera que cualquier persona, sin exigencia de
legitimación puede ejercer ese medio de control.
La presunción de legalidad que lo ampara, como atributo del acto
administrativo, subsiste mientras no haya sido anulado o suspendido.
Así que se mantiene mientras el operador jurídico no diga lo contrario
mediante la declaratorias respectivas, en tanto los presupuestos
ínsitos del acto se han visto desvirtuados por: carencia de requisitos
sustanciales o de la esencia -anteceden en el tiempo a los requisitos
de eficacia-, por ello el acto administrativo demandado en nulidad es
analizado en el momento en que se dicta. Su examen de
constitucionalidad y/o legalidad se lleva a cabo conforme a los
reproches que se les endilgan en la demanda, que conciernan a
circunstancias de hecho y de derecho presentes al momento de su
expedición, así que las alteraciones o cambios posteriores a su
génesis no se predican como situaciones invalidantes del acto, sino
como hechos que afectan su oponibilidad.
De lo anterior, debe tenerse claro que un aspecto lo constituye el acto
como tal y otro, sus efectos, asuntos correlacionados íntimamente,
pero claramente diferenciables, como dan cuenta las varias
disposiciones que por un lado determinan qué y cuáles son las clases
de actos administrativos, quién los expide, cómo los expide, qué
deben contener; mientras que también existen normas autónomas
sobre la vigencia del acto, la pérdida de fuerza ejecutoria, la
derogatoria, entre otras figuras, a las que claramente y sin dudarlo se
les ha dado un tratamiento de aspectos “a futuro” porque son
situaciones post acto administrativo de ineficacia, subsiguientes del
nacimiento del acto, que ya no versan sobre la validez ni sobre la
existencia misma del acto.
Por otra parte, concebir los efectos del acto administrativo general en
forma independiente al acto mismo, permite dar una explicación
pragmática del hecho de que los actos administrativos particulares
expedidos con fundamento en ese acto administrativo general anulado
(actos derivados) o subsisten por sí mismos con todos sus atributos -
validez, presunción de legalidad, presunción de buen servicio- sin que
se vean afectados por la anulación del acto en que se sustentaron,
pues no existe la figura de la nulidad consecuencial o por
consecuencia o nulidad ex oficio. Por tal razón, con buen criterio se ha
dicho que la anulación del acto de naturaleza general no conlleva per
se la nulidad de los actos administrativos particulares o concretos
expedidos con base en ese acto general anulado, pues es
indispensable que sean demandados en sus propias acciones
jurisdiccionales si la pretensión del interesado es que también
desaparezcan del orden jurídico.
Lo innegable e indiscutible es que el acto declarado nulo, sea este
general o particular, principal o derivado, desaparece como tal del
ordenamiento y cesa en sus efectos a futuro -ex nunc- porque padece
la sanción máxima de la inexistencia desde el momento de su
anulación judicial, en tanto pierde su validez y su vigencia, salvo
excepcionalmente, si se está bajo la reciente figura de la modulación
de los efectos de la decisión judicial. Así que los efectos hacia el
porvenir no tienen mayor disyuntiva para la jurisprudencia.
Otro aspecto a explicar dentro del capítulo general de los efectos de la
declaratoria de nulidad es el de los derechos adquiridos o las
situaciones jurídicas concretas.
4.4.2. Las situaciones jurídicas consolidadas
Como se mencionó con anterioridad la tesis de los efectos ex nunc de
la declaratoria de nulidad del acto general se fundamenta en el
principio de seguridad jurídica que se predica de esa clase de
derechos o situaciones consolidadas, por eso no merece ser
descalificada sino entendida desde la óptica en que se asume y que
constituye complemento perfecto para la tesis de los efectos ex tunc,
precisamente teniendo como derrotero y parámetro las situaciones
jurídicas consolidadas y las no consolidadas, como se explicó con
antelación.
Tanto la consolidación del estado determinado como el derecho
adquirido son efectos jurídicos que se incorporan legalmente al
patrimonio, al haber, de la persona, pues se originaron o surgieron
amparados en disposición normativa que regulaba para entonces la
situación y que, o no se sometieron a control judicial en la oportunidad
prevista para el efecto, o que habiéndose impugnado en esta vía,
salieron avante en su legitimidad que no logró ser desvirtuada.
En forma similar a lo que acontece con los efectos de la sentencia de
nulidad frente al acto general, la aplicación de los efectos de la ley en
el tiempo ayuda a entender el manejo en concreto de los efectos de la
decisión judicial. Cuando la aplicación de las leyes en el tiempo se ata
a las condiciones de constitución o extinción de una situación
jurídica la nueva ley no puede modificar los hechos pasados. Las
situaciones jurídicas constituidas o extinguidas bajo el imperio de la ley
anterior no pueden ser objeto de modificación por la ley nueva, pues
son hechos pasados (facta praeterita). En cambio, serán gobernadas
por la nueva ley, las situaciones jurídicas en vía de constitución (facta
pendentia) o que se constituyan en un futuro bajo la nueva ley (facta
futura)12.
La nueva ley no puede regular aquellos hechos jurídicos -entendidos
como los que tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir
derechos- realizados bajo el imperio de una ley anterior o precedente.
En contraste, las simples expectativas de derecho o simples
posibilidades se rigen por la ley nueva. Ese hecho jurídico concreto del
cual se espera predicar como situación jurídica consolidada además
debe ser consumado, así que aquellos hechos progresivos por estar
en desarrollo al momento de entrar a regir la nueva ley y que se
consuman bajo la vigencia de ésta deben ser gobernados por esta
nueva ley.
12
Ibidem (11). Págs. 322 a 324.
Es claro que tanto desde el punto de vista de la aplicación de la ley en
el tiempo como de los efectos de la sentencia, la determinación de los
efectos al pasado o al futuro y el manejo de los derechos adquiridos
no constituyen dogmas o principios fundantes sino mecanismos para
resolver y ante todo para facilitar el manejo de las situaciones jurídicas
pre y post al cambio legislativo y pre y post declaratoria jurisdiccional
de nulidad.
4.4.3. La consolidación del pago de la contribución parafiscal,
debido a que su pago en instalamentos o períodos mensuales.
La manera como los tributos comienzan a regir está determinada en la
Constitución Política. Prevé en el artículo 338 que las contribuciones
sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo y aunque
la carga tributaria es un deber necesario para la sociedad,
constitucionalmente la competencia para su creación recae en el
Congreso en forma principal, y en las asambleas departamentales y
en los concejos (distritales o municipales) en el nivel territorial pero
sometidos a la ley, como lo denota el artículo 338 de la Constitución
Política que en su último inciso dispone:
"Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
El alcance de la facultad tributaria de las Asambleas y de los Concejos
fue explicada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de 8 de febrero de 200013: “Distinta de esa potestad para
reglamentar la ley es la facultad de las asambleas departamentales
para administrar recursos y para establecer tributos que les atribuyen
el numeral 3 del artículo 287 y el artículo 338 constitucionales. Se trata
no de la potestad de reglamentar la ley para hacer posible su
adecuado cumplimiento, que eso es reglamentar la ley, sino de cumplir
una función propia, la de administrar recursos y establecer tributos, y
ello mediante actos de carácter general”.
En pronunciamiento reciente, cuyas generalidades normativas y
disertaciones apegadas al margen general normativo superior resultan
ilustrativas al caso que se analiza, sobre la mentada facultad
13
Exp. S-761. Actor: Departamento de Risaralda.
impositiva de los entes territoriales, de cara a la labor legislativa del
Congreso, la Sección Cuarta del Consejo de Estado siguiendo la línea
jurisprudencial, sobre el tema, indicó:
“Facultad impositiva de las entidades territoriales
De acuerdo con los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política,
las entidades territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses,
dentro de los límites de la Constitución y la ley y, en virtud de esa autonomía,
tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales
pueden decretar tributos y gastos locales.
Esta Sección, en sentencia del 9 de julio del 200914, consideró que bajo la
vigencia de la Constitución de 1886, la facultad impositiva de los municipios
era derivada, en cuanto se supeditaba a las leyes expedidas por el
Congreso, pero que tal directriz sufrió una variante en el año 1991, cuando el
constituyente dispuso que la ley, las ordenanzas y los acuerdos podían
determinar los «elementos del tributo», en concordancia con los principios de
descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en
los artículos 1°, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política, que
confirieron a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la
potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.
En dicha decisión se concluyó que la facultad para determinar los
presupuestos objetivos de los gravámenes no es exclusiva del
Congreso, pues ello haría nugatoria la autorización que la Constitución
confirió expresamente a los departamentos y municipios sobre tales
aspectos, a través del artículo 338 CP.
La Sala también precisó que la competencia municipal en materia impositiva
no es ilimitada ni puede excederse al punto de establecer tributos ex novo,
pues la facultad creadora está atribuida al Congreso de la República,
motivo por el cual, sólo a partir del establecimiento legal del impuesto
los entes territoriales pueden fijar los elementos de la obligación
tributaria cuando la ley creadora no los ha fijado directamente.
Esta sentencia retomó el criterio expuesto en el fallo del 15 de octubre de
199915 según el cual, «[…] creado el tributo o autorizada su implantación por
parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos
los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los
elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde
directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar
las previsiones sobre el particular […]»
De acuerdo con lo anterior, el Congreso de la República es el órgano
soberano en materia impositiva, quien a través de una ley crea los
tributos nacionales y territoriales, para lo cual, bien puede agotar todos
los elementos de la obligación tributaria o establecer los parámetros a
partir de los cuales las asambleas departamentales y los concejos
municipales y distritales pueden establecer el tributo en sus
14
Exp. 16544. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
15
Exp. 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo.
jurisdicciones, siempre con arreglo a la Constitución y a la ley
correspondiente.
Así, es claro para la Sala que para efectos de establecer la facultad de los
concejos municipales o distritales en materia tributaria, ajustada a la
Constitución Política y a la ley, no se puede hacer distinciones entre impuestos,
tasas o contribuciones, pues el principio de legalidad se mantiene intacto
cualquiera que sea la especie del tributo.”16.
Ahora bien, el artículo 29 del Decreto 111 de 1996 define las
contribuciones parafiscales como “los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector.
El manejo, administración y ejecución de éstos recursos se hará
exclusivamente en forma dispuesta por la ley que los crea y se
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del
ejercicio contable."
En relación con los aportes parafiscales el Decreto 2879 reglamentario
de 7 de septiembre de 2004 “por el cual se adoptan medidas para
controlar la evasión y elusión de aportes parafiscales y se dictan
disposiciones en materia de Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado, Empresas Asociativas de Trabajo”, (derogado por el
decreto reglamentario 2996 de 2004), en el parágrafo del artículo 5
determinaba la obligación para estas cooperativas de pagar los
aportes parafiscales al Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar
y de cancelar intereses moratorios causados a partir del momento en
que debió efectuarse el pago del respectivo aporte.
El punto de partida de cualquier cobro tributario y su exigibilidad es el
de su causación en el tiempo, pues a partir de ésta se cuentan los
términos prescriptivos, así por ejemplo, para las contribuciones
parafiscales para la seguridad social, el término de prescripción está
dado por el Estatuto Tributario, por disposición expresa del artículo 54
de la Ley 383 de 1997, en armonía con el artículo 817 del Estatuto
Tributario, en el que el término de prescripción actual para la acción de
cobro es de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se
16
Sentencia de 2 de febrero de 2017. Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00093-
02(20007). Actor: Raúl Atilano Amaya Cárdenas. Demandado: Municipio de San Sebastián de
Mariquita. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Sobre el eje temático de la facultad potestad impositiva de las entidades territoriales también puede
verse fallo de 9 de julio de 2009, radicado 17001-23-31-000-2006-00404-02(16544), M.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
hicieron exigibles. Y esa exigibilidad depende del plazo establecido en
las normas para tal efecto.
Ahora bien, en el caso concreto de las contribuciones parafiscales a
favor del SENA y del ICBF, en las normas anteriores a la actual Ley
1233 de 2008, se advierte que son de causación trimestral, en cambio
con la Ley 1233 son exigibles mes a mes porque ese es el plazo
determinado en la norma y a partir de ese vencimiento empieza a
correr la facultad de cobro por parte del recaudador o la operatividad
de la prescripción a favor del sujeto pasivo de la carga tributaria.
Ha de tenerse claro que cuando no se tienen plazos exactos en la
normativa que regenten el término de prescripción de la obligación
fiscal o de la caducidad del cobro por parte de la administración, para
efectos tributarios, son aplicables las disposiciones que sobre el punto
consagra el Código Civil y que está contenida en el artículo 2.536, por
remisión expresa que hacen los Decretos aplicables a los asuntos
tributarios, como más adelante se menciona (Decretos 1000 de 1997 y
su derogatorio 2277 de 2012) que estipulaba en su texto original: “La
acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. //
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años,
y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”, cuyo texto varió
diametralmente con la modificación que introdujera la Ley 791 de 2002
(art. 8), que consagra: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5)
años. Y la ordinaria por diez (10).// La acción ejecutiva se convierte en
ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5).// Una vez interrumpida o renunciada
una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
término.”.
Otro de los temas a estudiar es la diferencia en el tratamiento de los
efectos de los fallos cuando son producidos dentro de las demandas
de inexequibilidad y de nulidad, en tanto en las primeras se ha
abogado por los efectos ex nunc como generalidad, mientras que para
la segunda, la tendencia han sido los efectos ex tunc.
4.4.4. Los efectos de los fallos de inexequibilidad y los fallos de
nulidad
La Sala Cuarta Especial de Decisión aborda este análisis con el
siguiente aparte jurisprudencial que explica la razón por la cual a la
inexequibilidad se le predican, por regla general, efectos hacia el
porvenir o a futuro, a partir de la explicación etimológica de dicho
vocablo: “…la configuración etimológica del vocablo In-Exequible
explica que es lo que no puede ser ejecutado o como dice el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua […] ‘No exequible, que
no puede hacer, conseguir o llevar a efecto’, es decir que es la
existencia de la inexequibilidad la que produce la decisión de que la
norma encontrada inconstitucional no pueda ser ejecutada, no puede
producir efectos, y que los que se produzcan carecen de causa”17.
De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección
Primera de esta Corporación consideró que una de las diferencias
abismales entre la inexequibilidad y la nulidad partía de sus efectos en
el tiempo, para aquella ex nunc y para ésta ex tunc:
“La diferencia de efectos entre la declaración de nulidad, y la de
inexequibilidad, resulta clara, porque aquella parte del supuesto de que la
norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe ser
retrotraído al estado anterior a su vigencia. En cambio la declaratoria de
inexequibilidad no desconoce la realidad de la vigencia anterior de la norma
inexequible, dado el presupuesto fundamental de la unidad del orden jurídico
conforme al cual, la norma superior permite la vigencia condicional de la
norma ‘antinormativa’, de donde se deriva que la sentencia de
inexequibilidad no implique el desconocimiento de las situaciones jurídicas
constituidas con anterioridad.
Los partidarios de la equiparación de efectos de entre estas figuras jurídicas
atemperan el rigor lógico de los efectos de la nulidad, dejando a salvo las
situaciones consolidadas y la intangibilidad de la cosa juzgada; pero de
todas suertes y dejando de lado la inconsistencia lógica de la salvedad,
relativa a las situaciones jurídicas consolidadas, por la contradicción
intrínseca que ella encierra, lo cierto es que el principio general entraña el
desconocimiento de la unidad del ordenamiento jurídico porque pudo darse
la coetaneidad de dos preceptos que ‘ab initio’ se consideran
contradictorios”.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la Ley 270 de 1996, en el
artículo 45 determinó expresamente, como regla general, los efectos
hacia el futuro o ex nunc de las sentencias de inexequibilidad, pero a
su vez le otorgó a la Corte un amplio margen en el ejercicio de su
función al permitirle que ella disponga lo contrario.
17
Sentencia de 6 de diciembre de 1996. Sección Cuarta. Expediente 7945.
4.4.5. ¿Hay daño antijurídico si se ha pagado uno tributo
desarrollado por un acto administrativo particular expedido con
fundamento en un acto general, cuando este último es anulado?
Lo primero que debe determinarse en los casos en que se pretende
devolución de dinero en tanto el pago se ha considerado por el
administrado como indebido es determinar cuál ha sido la causa
generadora del daño antijurídico, por cuanto no siempre encuentra
origen en un hecho, pero tampoco se puede afirmar que siempre está
conectada a una decisión de la administración.
Huelga recordar que el conocimiento del asunto que ocupa la atención
de la Sala se finca en el recurso de revisión eventual, lo cual no obsta
para tener el enfoque claro de que la acción de grupo –subyacente- es
un medio de control reparatorio, que parte de tener por probado el
daño antijurídico generado a un grupo de personas que si bien ha
sufrido perjuicios individuales, giran alrededor de una uniformidad y
cohesión que se predica de las llamados condiciones uniformes, sobre
todo y en forma preponderante, frente a la causa común que originó el
daño y, por ende, al perjuicio, entendido éste como la materialización
económica y/o pecuniaria del daño, es decir, la indemnización. Como
se dejó plasmado expresamente en sentencia de 16 de agosto de
200718:
“La acción de grupo, consagrada en el artículo 88 de la Constitución, puede
ser interpuesta por el número de personas señaladas en la ley, con el objeto
de obtener la reparación de los daños que han padecido todas ellas,
cuyo origen tiene causa común, y está reglamentada en los artículos 3, 46
a 67 y demás normas concordantes de la ley 472 de 1998. Se trata de una
acción eminentemente reparatoria que propende por la economía procesal
y la agilidad en la administración de justicia, en los eventos en que los
afectados reúnen condiciones especiales que los identifican como un
grupo. Busca que un grupo de personas que ha padecido perjuicios
individuales demande conjuntamente la indemnización
correspondiente, siempre que reúnan condiciones uniformes respecto de la
causa común que originó dichos perjuicios…”.
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-869 de 13 de
noviembre de 210419 consideró frente al objetivo y el alcance general
de la acción de grupo que: “…se vislumbra en la lectura de la normativa
18
Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación: 66001-23-31-000-2004-00832-01(AG). C.P.
(E): Mauricio Fajardo Gómez.
19
Referencia: expediente T- 4.442.069. Acción de tutela. Actora: Nelly Camargo Farias.
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
que la desarrolla así: la reparación de los perjuicios ocasionados a un
número plural de personas con ocasión de una misma causa…, la
normativa no exige que el grupo preexista, no limita el tipo de derechos
vulnerados cuya reparación puede perseguirse por medio de las
acciones de grupo, ni tampoco restringe el tipo de medidas de
reparación que puede adoptar el juez. En otras palabras, el juez de la
acción de grupo puede disponer la reparación de cualquier daño
originado en la lesión de cualquier tipo de derecho, y debe adoptar
todas las medidas necesarias para la reparación…. debe afirmarse que
la acción de grupo es principalmente de naturaleza resarcitoria.”.
Indicó además, en esa providencia, que constitucional y legalmente
tiene entre sus finalidades las siguientes: i) facilitar el acceso a la
administración de justicia a personas que sufren un daño derivado de
una misma causa o unos mismos hechos, y ii) promover, por una
parte, la celeridad en la decisión de estos casos; por otra, la economía
procesal –en la medida que los miembros del grupo pueden compartir
los costos del proceso y el juez aprovecha la misma actividad procesal
para resolver todos los casos en una sola sentencias- y, finalmente, la
descongestión de la administración de justicia –pues al acumularse los
casos en una sola causa, se evita que cada actor acuda de forma
separada a la jurisdicción- y iii) permitir resarcir el daño producido
por conductas lesivas que no se judicializa dada su leve magnitud.
Ahora bien, la decisión de la Corte Constitucional atinente a la
declaratoria parcial de inexequiblidad del artículo 55 de la Ley 472 de
1998, en la oración “y siempre y cuando su acción no haya prescrito
y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes”
dispositivo que consagra el tema de la integración del grupo, en los
siguientes términos: “Cuando la demanda se haya originado en daños
ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u
omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la
vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren
sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de
la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el
cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el
deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos
que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra
al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o
caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá
acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero
no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener
una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en
costas.// La integración de nuevos miembros al grupo, con
posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la
indemnización contenida en ella. // Las acciones individuales relativas
a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a
solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al
grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a
los resultados de la acción de grupo”, esa Alta Corte dio parámetros
para determinar qué entender por causa uniforme:
“Dentro de esta perspectiva, la Constitución en su artículo 88 ordenó al
legislador regular ‘las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares’. De la lectura de este texto superior se desprende entonces que
la existencia y procedibilidad de la acción de grupo supone, para cada una
de las personas afectadas por el hecho dañoso, el ofrecimiento de una
vía procesal alternativa, especialmente clara y expedita, a través de la
cual pueden buscar el reconocimiento y efectividad de la
responsabilidad que la ley establece en cabeza del autor de dicho
hecho jurídico generador del daño, en circunstancias presumiblemente
más ventajosas que aquellas que rodearían el ejercicio de la acción
individual. Sin embargo es claro, puesto que así lo quiso el mismo
Constituyente, que la sola existencia de la acción de grupo y su procedencia
frente al caso concreto, están llamadas a facilitar el acceso a la
administración de justicia en comparación a las posibilidades existentes en
ausencia de esta acción, y en ningún caso a entrabarlo o dificultarlo”.
(Negrilla en el texto).
Y advirtió que es sin distinción de la naturaleza de la causa, pero si y solo
si sea la misma: “(…) la interpretación que la Sala viene sosteniendo es
acorde con la finalidad de la acción de grupo de permitir la reparación de
daños ocasionados a un número plural de personas, sin distinción de la
naturaleza de la causa, siempre y cuando sea la misma”.
Finalmente, la Corte declaró la inexequibilidad parcial ante el predicamento
lesivo del principio de igualdad del mandato superior del artículo 13,
concretamente al considerar que “presentándose originalmente identidad
de circunstancias entre todas las personas afectadas por un mismo
hecho dañoso, y existiendo también en cabeza de todos ellos el
derecho a beneficiarse del ejercicio de la acción de grupo iniciado por
uno cualquiera de ellos, algunos de ellos podrán ver cercenado su
derecho a la correspondiente indemnización como resultado del no
ejercicio de las acciones individuales procedentes, requisito que
dentro del contexto de la acción de grupo, no estarían obligados a
agotar” (Destacados fuera de texto).
Pues bien, ese daño antijurídico es entendido como aquel que el
administrado, en este caso, conforme lo indica la imputación de la
parte actora plural, el sujeto pasivo de la contribución parafiscal, no
está obligado a soportar ante la carencia de justificación legal o de
derecho devenida de la declaratoria de nulidad judicial del acto general
que le dio génesis.
Pero la Sala encuentra que en la generalidad, lo cierto es que “la
anormalidad del perjuicio no surge de la ilegalidad de la conducta que
lo causa; bien puede existir un daño antijurídico producido por una
actuación cumplida conforme a derecho, o un daño no antijurídico
producido por una actuación ilegal”20 (Subrayados y negrillas fuera de
texto).
Y es que el daño cualificado como antijurídico no es igual al perjuicio,
en tanto ambos conceptos tienden a equipararse, igualarse e incluso
subsumirse, lo cual es errado y quedó claro en sentencia de 18 de
octubre de 200721, cuando para dar facilidad en el tema del conteo de
la caducidad, se disertó sobre la diferencia entre ambos conceptos:
“(…) vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y
perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede identificar
un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga
constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios
que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el
tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede
producir en los pobladores ribereños.22.
20
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 27 de septiembre de 2000. Exp. 11601.
Actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros. C.P. Alier Hernández Enríquez.
21
Acción de Grupo. Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG). Actor: Gloria
Patricia Segura Quintero y otros. Demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros. C.P. Enrique Gil
Botero.
22
En este último caso, el daño se constata con la contaminación; lo que se proyecta en el tiempo,
son los perjuicios que sufren los pobladores cercanos al sitio contaminado. Sobre la diferencia
entre daño y perjuicio, en un sentido general, JUAN CARLOS HENAO señala: “En esencia dos
consecuencias (de la diferencia entre daño y perjuicio) merecen entonces ser tenidas en cuenta
desde la perspectiva que aquí interesa. “ “La primera (...) permite concluir que el patrimonio
individual, es el que sufre el perjuicio proveniente del daño. El patrimonio no sufre daño sino
perjuicio causado por aquel. Lo anterior es de utilidad en la medida en que se plantea con claridad
una relación de causalidad entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una cosa,
como lesión- y el perjuicio –menoscabo patrimonial que resulta del daño, consecuencia del daño
sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza solo el perjuicio que
proviene del daño.” (...) “La segunda consecuencia, (...) consiste en afirmar que existen perjuicios
que no necesariamente se causan al patrimonio de quien reclama indemnización. Desde este
punto de vista se afronta uno de los problemas importantes de la materia, cual es el de la
legitimación para obrar. La distinción así concebida permite dar un “giro” a la responsabilidad civil,
no tanto por su concepción que viene desde el derecho romano, como por su práctica. Estudiados
así los conceptos se observa que la distinción tiene importancia cuando se trata de explicar que la
posibilidad de obtener indemnizaciones no radica solo en cabeza del propietario (...), sino también
del ser humano como titular de derechos colectivos. La acción de responsabilidad civil, bajo esta
óptica, no estará entonces exclusivamente permitida a un ser humano concebido de manera
egocéntrica sino también a un ser humano socializado. Se trata de resaltar, dentro de la
responsabilidad civil, el tema de las acciones populares, del título de ciudadano legitimado en la
causa para actuar en un proceso, de los intereses colectivos o, para traer otro ejemplo, de la
función de las ONG”. Cit. p.p. 78 y 79.
Por contera, se habla de cualificaciones del daño, como instantáneo o
continuado, inmediato o de tracto sucesivo, más no de perjuicio para
quien se reserva cualificaciones como “perjuicio por daño material”,
“perjuicio por daño moral” o similares, en tanto éste es la cuantificación
del daño, su materialización económica y/o monetaria.
En efecto, el perjuicio se asume en su estudio, luego de verificado el
daño, en su antijuridicidad y su imputabilidad material y jurídica, pues
es el daño el parámetro sustancial o sustantivo que da viabilidad a la
existencia de la posibilidad de cuantificación indemnizatoria,
reparatoria o resarcitoria.
Es claro entonces que el perjuicio es posterior en su génesis al daño,
por ser éste el soporte para evaluar su cuantificación, por eso ante la
inexistencia del daño no se puede afirmar que sí existió perjuicio. A
contrario sensu puede existir daño, más no perjuicio que indemnizar.
En la misma línea, de cara a la responsabilidad del Estado, puede
haber daño, pero si no es antijurídico no puede atribuírsele al Estado
y, por ende, menos podría endilgársele el perjuicio como
materialización de un daño, conforme a las voces del artículo 90
superior.
Sobre la distinción entre daño y perjuicio, la doctrina23 ha indicado:
“En esencia dos consecuencias (de la diferencia entre daño y perjuicio)
merecen entonces ser tenidas en cuenta desde la perspectiva que aquí
interesa.
La primera (...) permite concluir que el patrimonio individual, es el que sufre
el perjuicio proveniente del daño.
El patrimonio no sufre daño sino perjuicio causado por aquel.
Lo anterior es de utilidad en la medida en que se plantea con claridad una
relación de causalidad entre el daño –como hecho, como atentado
material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo
patrimonial que resulta del daño, consecuencia del daño sobre la
víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza solo el
perjuicio que proviene del daño.” (...).
La segunda consecuencia, (...) consiste en afirmar que existen perjuicios que
no necesariamente se causan al patrimonio de quien reclama indemnización.
Desde este punto de vista se afronta uno de los problemas importantes de la
materia, cual es el de la legitimación para obrar.
23
HENAO. Juan Carlos. El Daño. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998.
La distinción así concebida permite dar un “giro” a la responsabilidad civil, no
tanto por su concepción que viene desde el derecho romano, como por su
práctica.
Estudiados así los conceptos se observa que la distinción tiene importancia
cuando se trata de explicar que la posibilidad de obtener
indemnizaciones no radica solo en cabeza del propietario (...), sino
también del ser humano como titular de derechos colectivos.
La acción de responsabilidad civil, bajo esta óptica, no estará entonces
exclusivamente permitida a un ser humano concebido de manera egocéntrica
sino también a un ser humano socializado.
Se trata de resaltar, dentro de la responsabilidad civil, el tema de las
acciones populares, del título de ciudadano legitimado en la causa para
actuar en un proceso, de los intereses colectivos…”. Cit. p.p. 78 y 79.”
Así pues, se logra un mejor entendimiento de lo que acontece en
aquellos casos en que la pretensión resarcitoria se sustenta en el
argumento del pago de lo no debido, que cuando se trata de tributos y
de atribuir el daño antijurídico a la entidad recaudadora o a la entidad
que no creó el tributo, presupone la existencia de decisión
administrativa o acto administrativo en que se le haya negado al
petente su solicitud de devolución o haya guardado silencio.
En efecto, el Estatuto Tributario consagra los trámites para la
devolución de los saldos a favor o recuperación del pago de lo no
debido. Gravitan alrededor del acto administrativo y, por ende, son
objeto de impugnación judicial mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. A título de ejemplo, están los artículos
850 y siguientes del Estatuto Tributario en los que se prevé las
devoluciones de saldo a favor e imponen a la DIAN el deber de
devolver oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o el
pago de lo no debido, que hayan efectuado por concepto de
obligaciones tributarias (venta, renta y complementarios) y aduaneras,
para lo cual el contribuyente tiene un plazo máximo para solicitarla de
dos años contados a partir de la fecha de vencimiento del término para
declarar, mientras que la administración cuenta con cincuenta (50)
días contados desde la presentación oportuna y en debida forma de la
solicitud de devolución (arts. 854 y 855 del E.T) para efectuarla. Este
término también opera para la devolución de impuestos pagados y no
causados o pagados en exceso. De tal suerte que la inoportuna o
extemporánea presentación de las solicitudes de devolución o
compensación es causal de rechazo definitivo y de preclusión
administrativa y jurisdiccional para acudir en reclamo de su pretensión
de devolución.
En la misma línea relacional, la Sala ha de precisar que para pagos en
exceso y pagos de lo no debido, si bien el trámite es el mismo referido,
el término para solicitar la devolución es diferente, de conformidad con
el Decreto 1000 de 1997 –derogado por el Decreto 2277 de 6 de
noviembre de 2012- que establecía que para dichos eventos el término
de la prescripción de la acción ejecutiva consagrada en el artículo
2.536 del Código Civil, cuya literalidad indica: “Artículo 11. Término
para solicitar la devolución por pagos en exceso. Las solicitudes
de devolución o compensación por pagos en exceso, deberán
presentarse dentro del término de la prescripción de la acción
ejecutiva, establecido en el artículo 2.356 del Código Civil. // Para
el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados
especialmente, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la
devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones
tributarias. En todo caso, el término para resolver la solicitud, será el
establecido en el artículo 855 del Estatuto Tributario.”.
Por su parte, el artículo 21 ibidem, regula lo relativo a los pagos de lo
no debido: “Término para solicitar y efectuar la devolución de
pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación
de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su
cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la
Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago,
dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto.
La Administración para resolver la solicitud contará con el término
establecido en el mismo artículo.”.
Y el Decreto 2277 de 2012 “por el cual se reglamenta parcialmente el
procedimiento de gestión de las devoluciones y compensaciones y se
dictan otras disposiciones” y derogatorio del Decreto 1000 de 1997,
estableció:
“Artículo 11. Término para solicitar la devolución por pagos en
exceso. Las solicitudes devolución y/o compensación por pagos en exceso,
deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción
ejecutiva, establecido en el artículo 2536 del Código Civil.
Para el trámite de estas solicitudes, en los aspectos no regulados
especialmente, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la
devolución de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias.
En todo caso, el término para resolver la solicitud, será el establecido en el
artículo 855 del Estatuto Tributario.”
“Artículo 16. Término para solicitar y efectuar la devolución por pagos
de lo no debido. Habrá lugar a la devolución y/o compensación de los pagos
efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin
que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual
deberá presentarse solicitud ante la Dirección Seccional de Impuestos o de
Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término
establecido en el artículo 11 del presente decreto.
La Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas para
resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo.
Parágrafo. Para la procedencia de las devoluciones y/o compensaciones a
que se refiere el presente artículo, además de los requisitos generales
pertinentes, en la solicitud deberá indicarse número y fecha de los recibos de
pago correspondientes.”.
Aunque alguna parte de la doctrina califica de abusivo y de excesivo
privilegio para la administración enervar la reclamación judicial a partir
del paso del tiempo en un trámite administrativo24, lo cierto es que es
conforme a derecho y por demás, con soporte en los principios de
seguridad jurídica y de legalidad de las actuaciones administrativas, es
posible imponer ese tipo de cargas, a similitud de lo que ocurre con la
operatividad de la caducidad en las acciones jurisdiccionales o el
deber de agotar requisitos de procedibilidad para ingresar a la
jurisdicción, sin que ello vulnere derecho alguno.
Por consiguiente, ante la existencia de esa carga legal de reclamación
fiscal si el administrado dejó de vencer los términos legales para
deprecar por vía administrativa la solicitud de devolución o inconforme
con la decisión administrativa indefectiblemente operó la caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o si el juez de la
24
“El fundamento de esta exclusión [de reclamación del acto confirmado o consentido] se ha
querido encontrar en el principio general del consentimiento o en la inderogabilidad de los plazos
procesales, mientras que para García-Trevijano sería el principio constitucional de la seguridad
jurídica. En cambio, otros autores critican duramente este precepto, destacaremos a González
Pérez24 y a García de Enterría y Fernández Rodríguez. Estos dos últimos autores… entienden que
carece de justificación material, ya que no es justo que se puedan perder derechos sustantivos por
el simple transcurso de unos pocos días, especialmente si éstos tienen plazos de prescripción más
amplios. También carecería de justificación técnica, porque hay una confusión entre la cuestiones
de procedimiento y las de fondo al haberse trasladado al Derecho administrativo material el efecto
formal de la ‘preclusión’ procesal. Pero ésta ‘se trata de una técnica ligada, con toda evidencia, a
facultades procedimentales, no a acciones materiales, y a facultades a desenvolver en un
procedimiento previamente abierto y en el cual ciertos sujetos tienen la condición formal de
‘partes’… Pero promover la acción de nulidad contra un acto no es ejercitar una facultad de
procedimiento, ni dejar de promoverla omitir el ejercicio de una carga cuyo cierre imponga la
necesidad de no paralizar un procedimiento en curso”. Califican esta transposición de la técnica
procesal como un manifiesto abuso y de importante privilegio de la Administración que se
encuentra imperiosamente necesitada de una reforma legal o perfeccionamiento jurisprudencial”
MOCHÓN, López Luis. Actos Reclamables en el Procedimiento Económico – Administrativo.
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A. Madrid. 1995, pág. 109.
nulidad y restablecimiento del derecho ya decidió con efectos de cosa
juzgada, estaremos en todos estos casos ante una situación jurídica
consolidada inmutable que no podrá ser permeada por los efectos ex
tunc de la sentencia de nulidad del acto general.
Es más la situación de algunas Cooperativas que demandaron en
reparación directa –en acción individual- conocieron de la posición de
la Sección Tercera en cuanto a la acción adecuada, pues en sentencia
de 19 de julio de 2018 de la Sección Tercera25, Subsección A, revocó
la denegatoria de pretensiones de reparación directa proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar declararse
INHIBIDA para conocer la causa de la devolución del pago de lo no
debido por concepto de contribuciones especiales impuestas por el
artículo 1º del Decreto Nº 2996 de 2004, precisamente por la
declaratoria parcial de nulidad del referido decreto y que se basó en el
antecedente de la misma Sala de 26 de abril de 2017, radicación
25000232600020080025901 (41.211)26, en razón a la existencia de
acto administrativo que negó la devolución de los dineros, razón por la
cual se consideró que la acción adecuada era la de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Ese estrecho límite entre las acciones adecuadas, la sentencia de
reciente proferimiento de 21 de marzo de 201827, dentro de la acción
indemnizatoria propiamente dicha, esto es, la reparación directa, que
converge con la de grupo en su característica de resarcitoria y cuyo
proceso lo conoció el Consejo de Estado, en su Sala Plena, por causa
de haber sido calificado de interés jurídico, indicó que muchas de las
consideraciones eran aplicables a la declaratoria de nulidad del acto
administrativo de estirpe general y que existe una coincidencia
material en el propósito de ambas acciones, en referencia, de una
parte, a la actividad en vía administrativa que podía incoarse ante el
recaudador y la nulidad y restablecimiento del derecho y, de otra parte,
la de reparación directa, siendo diferente la postulación demandatoria
que cabría si lo que se pretende es la devolución del impuesto que se
25
Expediente 25000232600020080025301 (39298). Actor: Cooperativa de Trabajo Asociado
Sistemas Productivos SIPRO C.T.A. Demandado: ICBF. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
Demanda interpuesta en acción de grupo el 3 de junio de 2008, con sentencia denegatoria de
pretensiones de 2 de junio de 2010.
26
Actor: Cooperativa de Trabajadores de Colombia, Coodesco. Demandado: ICBF. C.P. Carlos
Alberto Zambrano. Demanda en acción de grupo incoada en 2008, con decisión denegatoria en
primera instancia de 26 de enero de 2011.
27
Expediente 25000232600020030020601 (29352). Actor: Glaxosmith Colombia S.A. Demandado:
Nación – Congreso de la República, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
C.P. Danilo Rojas Betancur.
considera indebidamente pagado o pagado en exceso, como se
trascribe en la siguiente literalidad que se plasmó en un caso análogo
al referido, en el fallo de 13 de marzo de 201828:
“…el objeto del mecanismo consagrado por el Estatuto Tributario para la
devolución de tributos se circunscribe al análisis sobre si los mismos
eran debidos o no o si fueron pagados en exceso o no, asunto que
aunque puede tener puntos de encuentro con el objeto litigioso planteado en
la acción de reparación directa, no coincide plenamente con él, (…) [en tanto]
29, este última concierne a un juicio de responsabilidad en el que debe
analizarse además de la existencia de un daño antijurídico, su imputabilidad
a la entidad demandada, de allí que no puede afirmarse que lo pretendido
por la sociedad actora en la presente demanda de reparación directa, a
saber, la declaratoria de responsabilidad de la Nación (Congreso de la
República) por la supuesta causación del daño antijurídico consistente
en el pago de la TESA hubiera podido ser analizada en los mismos
términos en el procedimiento administrativo establecido para obtener
que la DIAN devolviera lo cancelado por ese concepto o en la eventual
acción de nulidad y restablecimiento del derecho al que el agotamiento
de aquel habría dado lugar” (subrayas y negrillas fuera de texto).
En la decisión de marras se pronunció sobre la relación entre los
juicios en los que se analiza la legalidad del acto y los juicios de
responsabilidad del Estado por “por daños causados por normas y
actos administrativos, en el cual se indicó:…No hacen falta mayores
elucubraciones para poner en evidencia que los juicios de legalidad
entendidos en sentido amplio, esto es, comprendiendo por tales los de
la constitucionalidad de la ley, como los de la legalidad de actos
administrativos, tienen objetos distintos a los juicios de
responsabilidad estatal. En efecto, mientras en los primeros se busca
una decisión judicial en torno a la adecuación de una norma o acto al
ordenamiento jurídico, pronunciamiento que tendrá efectos sobre la
validez y eficacia, en los juicios de responsabilidad se pretende, en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, la reparación de un
daño antijurídico imputable a una autoridad pública; diferenciación que
es cierta aun para las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho pues en estos eventos el restablecimiento o reparación
solicitado está supeditado a la constatación de la ilegalidad del acto y
a la consecuente declaratoria de nulidad, de modo que, sin esta, aquél
resulta improcedente”.
28
Expediente 250002326000200300208-01 (28769) IJ. Actor Mercedes Benz. Demandado: Nación
– Congreso de la República. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
29
[NOTA AL PIE DEL ORIGINAL: “Se refiere al acápite desarrollado sobre la relación entre los
juicios de legalidad y los de responsabilidad del Estado].
Dicente resultó el fallo en referencia, por cuanto en la demanda, la
actora reclamó ante la DIAN la devolución de lo pagado, a lo cual la
administración de impuestos se negó indicando que el cobro
recaudado para el momento de recibirlo estaba protegido sobre la
legalidad y la constitucionalidad de la norma y que incluso la Sección
Primera del Consejo de Estado había confirmado la denegatoria de
pretensiones tendientes a la devolución de lo pagado que había sido
retirado del ordenamiento, bajo el derrotero de que el cobro o
recaudo de la DIAN estaba cobijado por norma superior vigente,
sin que se haya observado la incursión en vicio de nulidad del
acto administrativo demandado que negó la solicitud de
devolución.
Por eso, la decisión indicó que los análisis que hace la autoridad
aduanera en sede administrativa y los propios de la autoridad
jurisdiccional en nulidad y restablecimiento del derecho sobre si el
pago es debido o no, “no agotan el estudio que debe adelantar el
juez [de las acciones resarcitorias, en ese caso el] de la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador sobre si
dicho pago es antijurídico o no”, en tanto en los casos de una ley,
declarada inexequible, o de un acto administrativo general, declarado
nulo, es menester determinar la antijuridicidad a partir de si lo
retirado del ordenamiento fue una carga que el particular no tenía
la obligación jurídica de asumir o de soportar.
Pues bien, para determinar la existencia del daño antijurídico,
devenido de la declaratoria de nulidad del acto general, conforme a las
voces del artículo 90 constitucional se debe determinar si el daño que
dice padeció el demandante puede ser calificado de antijurídico y
superado este predicado, el operador debe determinar si es
imputable o no a la autoridad accionada.
De tal suerte que conforme a la naturaleza resarcitoria de la acción de
grupo es el daño antijurídico probado su fuente de prosperidad. De
antaño y a partir de la Constitución Política de 1991, al consagrar el
artículo 90, la jurisprudencia se ha dado a la tarea de determinar el
concepto y sus alcances, al punto de que al no contar con una
definición positivizada, apeló incluso a las normativas de otros países,
encontrándose que en la Constitución Española sí se consagra un
significado, consistente en “la lesión de un interés legítimo, patrimonial
o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar,
que no está justificado por la ley o el derecho”30; o también se ha
entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que
“el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de
soportarlo, es decir, que el daño carece de ´causales de
justificación´”31.
Una primera característica que debe tenerse en cuenta es que esa
cualificación tradicional del daño puro y simple, cierto y personal,
matizado con el predicamento de antijurídico implica entonces que
aquél que se soporta, excusa o justifica en la ley o en el derecho es
jurídico y, por ende, no es de aquellos indemnizables por vía del
artículo 90 superior. Tampoco lo serán los que se encuentran dentro
de la licitud sino “el deber de reparación patrimonial [solo lo originan]
aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los
derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que
viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción
del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta
acorde con los principios de eficiencia de la función pública y
efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino
también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas
públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado
Social de Derecho (artículos 1º y 13 de la Carta). Ahora bien, esta
característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en
aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los
derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en
tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial
aquellas restricciones que “’superan la normal tolerancia” o que
impiden el goce normal y adecuado del derecho’”.
La segunda característica para que el daño sea indemnizable se
encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan
antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las
personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son
propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de
daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que
rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se
trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya
fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto
30
Sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente 11945, entre muchas otras.
31
Sentencias del 11 de noviembre de 1999, expediente 11499 y del 27 de enero de 2000,
expediente 10867
que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de
buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y
del Estado (artículo 83 de la Constitución). En otras palabras, así el
daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera
directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue
propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión
de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente
protege las actuaciones legales y legítimas de los particulares.
Y es que los pronunciamientos jurisprudenciales32 que decantaban el
tema, tuvieron como fundamento basilar que no todo ni cualquier daño
es indemnizable, pues sólo aquel al que el derecho le dé relevancia
para ser considerado una lesión y dando una explicación
ejemplarizante que ilustrara el entendimiento, el antecedente
jurisprudencial indicó: “el cambio de lugar de una parada de los
autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la fila de la
32
Sentencia de 31 de octubre de 1991. Expediente 6515. Actor: Fabio Ruiz Ospina y otros. C.P.
Julio César Uribe Acosta, se indicó: “Para Leguina, “(…) un daño será antijurídico cuando la víctima
del mismo no esté obligada por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un
interés patrimonial garantizado por la norma jurídica [Cita de J.M. de la Cuetara, La actividad de la
administración, Madrid, Tecnos, pág. 554]. Dentro del anterior perfil, la responsabilidad se torna
objetiva, pues como lo enseña este último tratadista ‘no se trata de ningún perjuicio causado
antijurídicamente, sino de un perjuicio antijurídico en sí mismo; por otra parte se desvincula de la
licitud o ilicitud de la actuación de la que se deriva la lesión, con lo que se hace capaz de abarcar la
totalidad de supuestos de responsabilidad posibles (…). La jurisprudencia, por su parte, ha acogido
ampliamente los términos en que está formulada la teoría, insistiendo especialmente en la idea de
que la responsabilidad surge cuando un particular no está obligado a soportar el detrimento
patrimonial. Al construir la institución de la responsabilidad de la administración al margen de toda
idea de ilicitud o culpa, el fundamento de aquella se desplaza desde la perspectiva tradicional de la
acción del sujeto responsable (que parte de la concepción primitiva de ver en la responsabilidad
patrimonial la sanción de una conducta culpable) a la del patrimonio de la persona lesionada. La
responsabilidad pasa a reposar de este modo sobre un principio abstracto de garantía de los
patrimonios, dejando de ser una sanción personal por un comportamiento inadecuado para
convertirse en un mecanismo objetivo de reparación, que se pone en funcionamiento sólo si, en la
medida en que, se ha producido una lesión patrimonial. El concepto de lesión patrimonial se
convierte de este modo en el basamento mismo del sistema, lo cual hace especialmente necesario
caracterizarlo con toda precisión desde el punto de vista técnico-jurídico; nada perjudicaría tanto al
progresivo sistema establecido en nuestro Derecho que interpretarlo como una fórmula
inespecífica, que o bien remitirse a valoraciones de equidad según libres estimaciones de los
aplicadores del Derecho en cada caso. Nuestro sistema positivo, por el contrario, reposa sobre
profundo rigor técnico, que solo precisa de una explicación coherente. A estos efectos conviene
comenzar por distinguir el concepto jurídico del concepto vulgar de perjuicio. En este último
sentido, puramente económico o material, por perjuicio se entiende un detrimento patrimonial
cualquiera. Para que exista lesión resarcible se requiere, sin embargo que ese detrimento
patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a Derecho
(antijuridicidad subjetiva), sino, más simplemente porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber
jurídico de soportarlo (antijuridicidad objetiva),… Este nuevo enfoque de la responsabilidad
administrativa en el derecho colombiano se consignó en sentencia de 27 de junio de 1991, exp.
6454 y se reitera ahora. Fácilmente se comprende que los ciudadanos que transitan por las vías
públicas no tienen porqué soportar ningún detrimento patrimonial por el hecho de hacerlo. La sola
circunstancia de que una piedra se desprenda de las alturas, como ocurrió en el sub lite, y cause
un daño al peregrino que pasa, permite afirmar que se ha registrado una antijuridicidad objetiva,
dentro [del predicado] en que discurre el profesor García de Enterría en el aparte de su obra ya
transcrito”.
ventanilla de una oficina pública”33 no alcanzan el calificativo ni de
lesión ni de daño antijurídico.
Otros fallos, se decantaron por indicar en forma contundente que el
perjuicio –confundiéndolo con el daño- “que da origen a la
responsabilidad es el antijurídico, y esta nota hay que buscarla en el
hecho en sí mismo, no en la conducta que lo causa. Por ello no
existe antijuridicidad cuando el particular está obligado a soportar el
perjuicio”34.
En una explicación, de cara a la imputabilidad del daño a la
administración, se indicó que otra forma de analizar la responsabilidad
indemnizatoria del Estado era el daño antijurídico, esbozando su
completitud a los títulos jurídicos de imputación tradicionales, como se
lee en la siguiente disertación: “La Corporación desea dejar en claro
que tanto la falla del servicio, como el daño especial, son modalidades
del daño antijurídico pues este último concepto resulta, en puridad de
verdad, omnicomprensivo. Es posible, sin embargo, que al valorar la
realidad fáctica ella no se deja manejar ora a la luz de la falla del
servicio, ora dentro de la perspectiva doctrinaria del daño especial.
Pero si como daño antijurídico. Que no tiene por qué soportar el
afectado. Y que, por lo mismo, da lugar a la indemnización del
perjuicio causado. La antijuridicidad no puede manejarse con
perspectivas de subjetividad u objetividad… Ella se da por la sola
circunstancia de que se cause un daño que el perjudicado no tiene por
qué soportar. Tal antijuridicidad se predica del resultado y no de la
conducta generada”35.
En forma precisa, dentro de esta misma consideración se indicó: “la
responsabilidad patrimonial exigía y exige el averiguamiento cabal de
la existencia y configuración del daño antijurídico, el cual muchas
veces existe incluso al margen de la culpa o la falla, pues éste aspecto
subjetivo juega un papel reducido y, en veces ninguno, a la luz del
canon constitucional. Solamente puede tener aplicación en
determinadas especies o tipos de responsabilidad”36.
33
Sentencia de 19 de julio de 1991. Expediente 6334. Actor: Sociedad Phidia Investment Anstal.
C.P. Daniel Suárez Hernández.
34
Sentencia de 26 de noviembre de 1992. Expediente 7130. C.P. Julio César Uribe Acosta.
35
Sentencia de 13 de diciembre de 1993. Exp. 7380. Actor: Pedro Antonio Restrepo. C.P. Julio
César Uribe Acosta.
36
Sentencia de 8 de junio de 1999. Expediente 13540. Actor: Luis Cruz Delgado y otros. C.P.
Daniel Suárez Hernández.
Profundizando en el estudio de la figura del daño antijurídico, en esa
oportunidad se dijo: “El artículo 90 de la Constitución establece
claramente que la responsabilidad de la administración no deviene de
la culpa personal del agente que produce el daño, sino de la
antijuridicidad del perjuicio sufrido, esto es, el ‘detrimento patrimonial
que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las
cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social’.
En otros términos, la norma constitucional ‘desplaza el soporte de la
responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la
antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la
antijuridicidad del daño producido con ella’…”37.
Por ello en la línea argumentativa y jurisprudencial que sobre el tema
se ha revisado, emerge que decantarse por el daño antijurídico implica
ni más ni menos que un estudio de estirpe objetivo de la imputabilidad
resarcitoria, como se lee en varios pronunciamientos en el que se
indica que la accionada al no probar causal eximente de
responsabilidad, en las modalidades de fuerza mayor, culpa exclusiva
de la víctima o hecho de un tercero, impone que conforme al artículo
90 superior, la administración debe responder por los daños causados
y proceder a indemnizar aquél38.
En época más reciente y superada la tesis de abordar ab initio la
responsabilidad únicamente desde el daño antijurídico, al integrarlo a
los demás elementos de la responsabilidad y a los títulos de
imputación que tradicionalmente se venían empleando, se hizo la
siguiente consideración: “El daño antijurídico, a efectos de que sea
indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal
motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes
aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se
reclama: i) que se lesione un derecho, bien o interés, protegido
legalmente por el ordenamiento; ii) debe ser antijurídico, esto es, que
la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; iii) que sea cierto,
es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no
puede limitarse a una mera conjetura”39.
37
Sentencia de 22 de abril de 2004. Expediente 13820. Actor: Pedro Ignacio Perilla Álvarez. C.P.
Ricardo Hoyos Duque.
38
Sentencia de 2 de marzo de 1995. Expediente 9979. Actor: Lucio Alfonso Correa. C.P. Julio
César Uribe Acosta.
39
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Expediente 18352. Actor: José María Ramírez Mattar y otros.
C.P. Enrique Gil Botero.
Sin perjuicio de lo anterior, de interés resulta la disidencia de la
entonces Consejera Ruth Stella Correa, quien por vía de aclaración de
voto, manifestó su inconformidad por el manejo del daño antijurídico
como único derrotero en los temas del análisis de la responsabilidad
del Estado y de la obligación resarcitoria, al indicar:
“El solo hecho de la verificación de la ocurrencia de un daño antijurídico, no
es suficiente para derivar de allí automáticamente responsabilidad del
Estado, en un determinado caso concreto; se requiere, por lo tanto, de la
acreditación de un segundo elemento, consistente en la imputación de ese
daño o detrimento en cabeza del Estado. En esa perspectiva, mi
discernimiento va orientado a criticar el sustrato jurídico, a partir del cual se
estructura la imputación del daño en cabeza de la administración pública. Lo
anterior, por cuanto, la argumentación de la cual me aparto pareciera
retornar a las primeras interpretaciones que realizó la Sección Tercera del
Consejo de Estado, una vez promulgada la Constitución de 1991, momento
en el que se pensó que el único requisito para deducir responsabilidad de la
administración pública, era la verificación del acaecimiento de un daño
antijurídico, es decir, un detrimento que la persona no estaba en la obligación
de soportar. Ahora bien, ‘que la falla en la prestación del servicio se confunde
con el daño mismo’, genera un dislocamiento no sólo lógico, sino jurídico, de
estruendosa repercusión ya que equivale a asimilar la conducta con el
resultado de la misma, en otras palabras a confundir causa y efecto, y si bien
allí descansa una relación predominantemente ontológica, como lo
advirtieron los filósofos griegos y medievales, son elementos de una
sucesión objetiva fenoménica; y es que la falla del servicio en el plano
jurídico es el quebrantamiento de una obligación administrativa, mientras que
el daño es el resultado o fruto de esa transgresión al ordenamiento, que se
materializa en la afectación de un bien o interés legítimamente protegido. Por
estas razones que son suficientes y por otras que se podrían exponer in
extenso, es que no comparto la postular señalada ut supra. Según lo
anterior, la Sala pareciera efectuar un giro jurisprudencial regresivo, por
cuanto se podría llegar a una declaración de responsabilidad patrimonial de
la administración, únicamente con la acreditación del daño antijurídico,
situación que, a todas luces, es peligrosa, por cuanto implica que el juez
efectúe tal juicio, sin la operación básica de atribuibilidad fáctica y jurídica,
segundo presupuesto que,…, es imprescindible para configurar la
responsabilidad del Estado”.
Visto todo lo anterior, la Sala considera que, para efectos del recurso
eventual en estudio, el Tribunal a quo, al condenar a las accionadas al
pago de las sumas canceladas por concepto de la parafiscalidad, no
tuvo en cuenta el manejo y estudio del daño antijurídico, que marcaba
el derrotero de la prosperidad o no de la acción de grupo, aunado a
que pasó por alto el análisis del procedimiento que se debe incoar
cuando se trata de reclamar a las entidades recaudadoras la
devolución de dineros indebidamente pagados por concepto de
tributos.
Siendo el argumento de mayor calado e importancia el de la
inexistencia de daño antijurídico, toda vez que no todo daño es
indemnizable y este caso lo es menos, por cuanto, la antijuridicidad
que debía aparejarlo no se advierte, en tanto no solo el cobro, el pago
y el recaudo gozaron de la presunción de legalidad mientras tuvo
existencia y validez el acto de creación por parte del Gobierno
Nacional, sino que es innegable que al tratarse de pagos parafiscales,
las accionantes, por regla general, gozaron de beneficios como los
servicios educacionales y de aprendizaje que presta el SENA.
Ha de tenerse presente de lo visto con anterioridad que al analizar el
daño antijurídico como elemento para determinar si lo demandado en
acción de grupo era indemnizable o no, pues se itera de lo visto al
analizar el recurso eventual, que el concepto de pago de lo no debido
contiene ínsito el que haya habido error en el pago e incluso se
extiende al error de derecho que acontece cuando se paga una
obligación carente de fundamento y ello, en principio, facultaría a
quien no lo debía pagar a ejercer su derecho de exigir la devolución,
pero tal posibilidad en cabeza del interesado debe estar sustentada en
la debida acreditación de la existencia de un daño antijurídico y, en
forma específica y puntual, por tratarse de materia tributaria, que es el
thema dedidendum que convoca a esta Sala, que conforme a las
previsiones de los Decretos 1000 de 1997 y su derogatorio 2277 de
2012, existen procedimientos previos para recuperar tanto el pago de
lo no debido como el pago en exceso.
En efecto, el artículo 850 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 49 de la Ley 223 de 1995, prevé que: “Los contribuyentes o
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones
tributarias podrán solicitar su devolución. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos
hayan efectuado por concepto de obligaciones tributaria y
aduaneras.” (Negrillas fuera de texto).
La Corte Constitucional algunas veces y no obstante los efectos ex
nunc o al futuro de sus sentencias, al declarar la inexequibilidad de la
norma fundamento de la carga fiscal, ha ordenado la devolución de
tributos a los administrados. En efecto en sentencia C-038 de 2006
consideró:
“…si bien no corresponde a la Corte Constitucional la reparación de los
daños antijurídicos causados por la actividad del Legislador,
excepcionalmente, en algunas ocasiones, mediante la técnica de modular
los efectos temporales de sus decisiones ha permitido el resarcimiento de
algunos de los perjuicios patrimoniales causados por leyes
inconstitucionales, de manera específica al darle eficacia retroactiva a sus
sentencias.
Sin duda el caso más conocido es el de la sentencia C-149 de 1993 [bonos
para el Desarrollo Social y la Seguridad Interna de inversión forzosa para
personas, naturales y jurídicas, con patrimonio superior al previsto en la Ley
6 de 1992], en el cual se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 16,
17 y 18 de la Ley 6 de 1992 y se ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de las
disposiciones inconstitucionales. En esa oportunidad la Corte Constitucional
encontró que al momento de proferir el fallo la mayor parte del tributo
declarado inconstitucional había sido recaudado, por lo tanto la única
manera de realizar la ‘justicia querida por el Constituyente’ era mediante la
devolución de las sumas legítimamente percibidas por el Fisco”.
Es más, en posterior pronunciamiento la Corte Constitucional ha
hallado coincidencia con los efectos ex tunc al afirmar que deben serlo
cada vez que se trate de la invalidez de la ley, como se advierte de la
sentencia C-441 de 25 de mayo de 2011:
“De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, las sentencias de esta Corporación sobre actos sujetos a su control
tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte Constitucional
resuelva lo contrario. La facultad de señalar los efectos de sus propios
fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional
de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la
‘integridad y supremacía de la Constitución’, porque para cumplirla, el paso
previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que
debe señalar sus propios efectos.
No hay que olvidar que, según el artículo 5 de la Constitución, el Estado
reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona,
reconocimiento obligatorio para la Corte Constitucional, como para todas las
autoridades pero con mayor fuerza. La inexequibilidad de una norma no
es otra cosa que la imposibilidad de aplicarla por ser contraria a la
Constitución.
No obstante, como es altamente probable que una norma haya tenido
consecuencias en el tráfico jurídico antes de ser declarada inexequible, a
pesar de los vicios que la acompañaban de tiempo atrás, siempre se suscita
la controversia sobre cuál debe ser el alcance de la decisión proferida por el
juez constitucional, particularmente en cuanto a los efectos temporales de su
decisión.
De un lado, los efectos ex nunc -desde entonces- de la declaratoria de
inexequibilidad encuentra razón de ser ante la necesidad de proteger
principios como la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento
la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo
asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la
validez de aquella.
Pero de otro lado, los efectos retroactivos de la sentencia de
inexequibilidad encuentran un sólido respaldo en el principio de
supremacía constitucional y la realización de otros valores o principios
contenidos en ella no menos importantes. Bajo esta óptica se afirma
que cuando se trate de un vicio que afecte la validez de la norma, sus
efectos deben ser ex tunc -desde siempre- cual si se tratara de una
nulidad, para deshacer las consecuencias nocivas derivadas de la
aplicación de normas espurias siempre y cuando las condiciones
fácticas y jurídicas así lo permitan.
En el escenario descrito, la Corte Constitucional tiene no sólo la potestad
sino el deber de modular los efectos temporales de sus providencias, pues a
ella se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política.
Sobre el particular, como ha sido explicado en otras oportunidades, ‘el juez
constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una
determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor
permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede
modular los efectos de sus sentencias ya sea desde el punto de vista del
contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos
temporales’. Ahora bien, además de la misión encomendada por el artículo
241 Superior, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia señala que las sentencias que profiera la Corte sobre los actos
sujetos a su control ‘tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario’.
Conforme a la disposición citada, declarada exequible mediante sentencia C-
037/96, si bien es cierto que por regla general las decisiones de esta Corte
tienen efectos hacia el futuro, también lo es que esos efectos pueden ser
definidos en otro sentido por la propia Corporación” (Exp. D-8350.
Demandante: Yadira Alarcón Rojas. Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 628 (parcial) de la Ley 1407 de 2010. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez). Subrayas y sombreado fuera de texto.
Y es que existen situaciones en los asuntos tributarios (impuestos,
tasas, contribuciones etc) que se derivan del desarrollo de la actividad
administrativa como catalizador del surgimiento de relaciones jurídicas
entre la administración y los particulares y que implican la exigibilidad
de una prestación o la imposición del deber o la tolerancia de alguna
situación y que a su vez generan relaciones de poder con deberes y
derechos recíprocos40.
Así pues, el particular en su capacidad de obrar toma para él la
titularidad de una serie de relaciones jurídicas con la administración
que en palabras de García Enterría “suelen agruparse en dos grandes
categorías, según comporten una ampliación de su esfera jurídica, o
bien una limitación o minoración de la misma. Se habla así de
40
POLO FIGUEROA. Juan Alberto. Elementos del Derecho Administrativo. U. Sergio Arboleda.
Bogotá. 2001. Págs. 226 y siguientes.
situaciones jurídicas de ventaja o activas” [como las potestades, los
derechos subjetivos y los intereses legítimos] “y de situaciones
jurídicas de desventaja, de gravamen o pasivas” [a saber: la sujeción,
el deber y la obligación]. Pero dentro de estas dos grandes categorías
existen otras no menos importantes, como acontece con la carga que
responde al interés propio del sujeto “siendo en consecuencia
voluntario para éste, que, de omitirlo, no incurrirá en responsabilidad
alguna, si bien se verá privado del beneficio o la ventaja de los que
dicho comportamiento es presupuesto”. Las cargas en el derecho
administrativo son de frecuente ocurrencia, por cuanto el principio de
rogación articula la actividad administrativa y la relación entre
administración y particulares, por ende, para la obtención de
beneficios inherentes a ésta requiere previa petición del interesado41.
La carga “implica la necesidad de que el titular de un determinado
poder lo ejercite cuando quiere obtener un efecto a favor suyo42”, y es
plenamente distinguible de la obligación porque la carga se impone en
interés propio mientras que la obligación responde al interés ajeno; el
incumplimiento o la inobservancia de la carga es lícito, sólo que su
efecto es que el interesado no pueda obtener el resultado previsto, así
que no es exigible coercitivamente. En cambio, el incumplimiento de la
obligación conlleva la violación de la ley o del contrato, por ende, es
susceptible de ejecución forzada. Ha de recordarse, a título de
ejemplo, que en el sistema estadounidense tienen establecido como
principio general que ante la falta de ley que disponga lo contrario, los
impuestos ilegalmente cobrados no pueden ser recuperados, a menos
que hayan sido pagados previa protesta43
En nuestro derecho tributario, la regla general y la tendencia
generalizada es la imposición del principio de rogación como carga
para efectos de activar el derecho de ser reembolsado, de ahí que
cuando se está frente al pago de lo no debido -en el entendido que no
se debían cuando fueron efectuados- se requiere solicitar a la
administración la devolución quien responderá mediante acto
administrativo, pero es innegable, como bien lo refiere Cassagne44 que
éste no cobija la situación del reembolso del pago por nulidad del acto
41
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo II. Thomson Civitas. 10ª ed. Reimpresión 2009. Págs. 27 y 28.
42
Ibídem Nota al pie 39.
43
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo II. Thomson Civitas. 10ª ed. Reimpresión 2009. Pág. 427.
44
MOCHÓN LÓPEZ, Luis. Actos Reclamables en el Procedimiento Económico-Administrativo.
Madrid 1995. Págs. 211 y siguientes.
creador de la carga fiscal, porque en este caso, éstos pagos no son
indebidos, porque responden al cumplimiento de un deber, así que
para obtener la devolución será necesaria la impugnación del acto, la
protesta o la reclamación del acto, en tanto entre administración y
contribuyente nace una relación jurídico-administrativa.
No obstante, aún tratándose de un pago que en su inicio no fue
indebido quedando su ilegalidad al descubierto con la decisión del juez
de la nulidad, la carga del contribuyente no se desnaturaliza ni
desaparece, precisamente porque responde a los deberes y derechos
surgidos de la relación jurídica fiscal que le imponían acudir en
rogación o reclamación administrativa solicitando el reembolso del
dinero pagado por concepto de contribución. Esto en cuanto a su
carga de reclamación previa, que en todo caso, requerirá además en
caso de incoar el resarcimiento por parte de la administración la
demostración del daño antijurídico.
4.4.6. Conclusiones
4.4.6.1. Las sentencias que anulan el acto administrativo general
producen efectos ex tunc porque afectan el acto en sus presupuestos
esenciales y ab initio.
4.4.6.2. La nulidad del acto general no afecta las situaciones jurídicas
concretas y particulares que se consolidaron al amparo de tal acto
mientras rigió, es decir, que frente a estos eventos concretos los
efectos son ex nunc.
4.4.6.3. Las situaciones jurídicas particulares se consolidan cuando ya
no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa ni en vía
jurisdiccional, pues se sometieron a ellas y fueron resueltas con
efectos de cosa juzgada que hace inmutable la decisión, o debido a
que el interesado dejó precluir la oportunidad de someterlas a examen
administrativo previo y luego judicial, razón por la cual el acto
particular cobró firmeza.
4.4.6.4. La declaratoria de nulidad del acto general no afecta per se la
legalidad de los actos administrativos particulares y concretos
expedidos con fundamento en ese acto general (actos derivados), en
tanto gozan de todos los atributos propios del acto administrativo,
entre ellos, están cobijados por la presunción de legalidad. Si el
interesado que se considera afectado pretende su anulación debe
demandarlo mediante las correspondientes acciones legales.
4.4.6.5. La declaratoria de nulidad del acto general pone en evidencia
y al descubierto por la declaratoria expresa jurisdiccional el actuar
irregular de la administración, pero no implica per se la ocurrencia
de daño antijurídico y menos permite presumir el nexo de causalidad
y, por ende, tampoco es vía para concluir a priori la responsabilidad
patrimonial del Estado.
4.4.6.6. La vocación resarcitoria en la acción de grupo obedece a la
acreditación debida de un daño antijurídico, es decir, aquel que no
tenía la obligación de padecer o soportar y que le es imputable
material y jurídicamente a la administración.
4.4.6.7. Para que el daño antijurídico sea indemnizable
patrimonialmente en los casos en que tenga su causa directa en el
acto administrativo declarado nulo, independientemente de la
irregularidad declarada mediante la sentencia de nulidad, debe
demostrarse precisamente que sí fue antijurídico, porque legalmente
no estaba en el deber de soportarlo y el nexo de causalidad.
4.4.6.8. Conforme al artículo 90 constitucional solo es indemnizable el
daño antijurídico, por lo que no todo daño es indemnizable. Debe
quedar demostrado entonces que esa antijuridicidad se deriva de
haber padecido una lesión antijurídica, que no puede confundirse con
el perjuicio que es el valorativo o lo cuantificable del daño.
4.4.6.8. No es jurídicamente posible reclamar indemnización por el
presunto daño antijurídico ante la declaratoria de nulidad del acto
general cuando existe regulación legalmente expresa que le impone al
afectado reclamar por solicitud expresa la devolución de la suma que
pagó y que luego se estableció que tal imposición carecía de sustento
legal, y hacerlo dentro de la oportunidad legal.
4.4.6.9. En caso de que el interesado (devolución de tributos
indebidamente pagados) solicite a la entidad recaudadora el
resarcimiento por vía administrativa porque así lo impone la regulación
o se deriva de la relación jurídica y la decisión administrativa no le sea
favorable, para efectos de reclamar el resarcimiento del perjuicio
causado por el daño antijurídico, deberá acudir a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que cuestionará la decisión
expresa o presunta y puede solicitar los perjuicios causados por el
acto administrativo demandado, siempre que haya padecido un daño
antijurídico.
4.4.6.10. La vía indemnizatoria directa cuando se está frente a la
nulidad del acto general, debe analizarse cuidadosamente según las
circunstancias de cada caso, pues la reparación directa o la acción de
grupo no puede constituir mecanismo judicial adecuado, si el
interesado legalmente tenía la carga de agotar un trámite previo ante
la entidad o generar una decisión administrativa particular expresa o
presunta, aunado a la demostrativa de haber padecido un daño, pero
no cualquiera, sino aquel de alcance y estirpe antijurídico.
4.6.6.11. Superado el análisis de si existe o debió existir trámite
administrativo previo de rogación o reclamación o acto administrativo
particular y comprobando que ello no aconteció en el presente caso, el
afectado con la ilegalidad del acto administrativo general dejó de
agotarlo, pero más allá de ello no determinó el daño antijurídico y la
Sala no lo encuentra probado.
4.6.6.12. Finalmente, otro aspecto que no puede dejarse pasar de
largo y es el referente a la imposibilidad de una condena en abstracto,
pues valga recordar que el Consejo de Estado como juez de la
revisión eventual debe dejar claro la aplicación de sus máximos
derroteros y, es que ello se hace necesario por cuanto al observar la
decisión condenatoria del juez ad quem de la acción de grupo, pasó
por alto pronunciamientos de esta Corporación de vieja data, en
atención a que no liquidó en forma concreta la indemnización frente a
aquellos que concurrieran en forma posterior a engrosar el grupo,
siendo que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha indicado que
no es de recibo la condena en abstracto.
Es así como en sentencia de 19 de mayo de 200545, se hizo la
específica consideración de la necesaria determinación y probanza del
daño individual de todos los integrantes determinados y aquellos que
concurren a formar el grupo, como se lee a continuación: “…por
determinación legal, alegar y probar el daño individual de cada
uno de los miembros del grupo demandante y de quienes se
integraron posteriormente, teniendo en cuenta ‘las circunstancias
45
Sección Tercera. Exp. AG. 15001233100020010154103. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
propias de cada caso’, como lo exige el artículo 65, literal a) de la Ley
472 de 1998, para que el juez pueda establecer, si hay lugar a
declarar la responsabilidad del demandado o de los demandados, el
porcentaje y fijar los parámetros que debe seguir el Defensor del
Pueblo para el posterior pago de la indemnización. Por lo tanto, si no
se demuestra el daño individualmente considerado, es decir con las
cualidades de cierto, particular y que corresponda a una situación
jurídicamente protegida es imposible concluir la responsabilidad”
(negrillas y subrayas de Sala).
Por ello, en sentencia reciente de 14 de agosto de 201846, que bajó a
secretaría el 28 de septiembre siguiente y fue notificada el 1º de
octubre de 2018, retomó toda la línea jurisprudencial que distinguió
entre el grupo demandante y quienes no lo hicieron, pero que
acrecentarán el conglomerado afectado, se indicó lo siguiente:
“…resulta claro que en la sentencia que resuelva la acción de grupo y
en la que desde luego acoja las pretensiones de la demanda, el juez
de la causa deberá distinguir a las personas que formaron parte
del grupo actor desde el inicio de la litis de aquellas que
probablemente lo harán más adelante, pues, se reitera, estas
personas asumieron las contingencias, los riesgos, las
erogaciones, los esfuerzos y, en sí, muchas de las cargas que el
ejercicio de su derecho de acción les generó, de suerte que ese
mérito debe resultar reflejado en una decisión distinta frente a
ellos, consistente en una indemnización concreta que resarza el
daño que se les irrogó.// Por consiguiente, el juez de la acción de
grupo deberá establecer, naturalmente con el acopio probatorio
allegado al proceso, cuánto será el monto de la indemnización de cada
demandante –que formó parte del proceso- deberá recibir, es decir,
que en este caso el grupo quedará definido frente a las
indemnizaciones de quienes se hicieron parte en el proceso y no
después de dictada la sentencia estimatoria de las pretensiones.// Lo
anterior, en modo alguno comporta que el juez de la causa, en la
sentencia, pueda o deba omitir el análisis y la determinación respecto
de la indemnización a favor de quienes acudirán como beneficiarios de
46
Sala 25 Especial de Decisión. Radicado AG 20001233100020070024401 (Revisión Eventual).
Actor: Gladys Alvarado Acosta y otros. Demandado: Municipio de Chiriguaná y otros. C.P. Martha
Nubia Velásquez Rico. Con aclaración de voto del Consejero Carlos Moreno Rubio quien consideró
que el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 no exige al juez que tome cada caso particular una
indemnización concreta sino una indemnización colectiva que contenga la suma “ponderada” de
indemnizaciones individuales.
la sentencia, pues así lo consagra, en forma mandatoria47, el referido
artículo 65 de la Ley 472 de 1998….// Ante la eventualidad de que
personas que no intervinieron expresamente en el litigio, el artículo 65-
1 de la Ley 472 de 1998 prevé que la sentencia, en tanto sea
estimatoria de las pretensiones habrá de disponer ‘el pago de una
indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales…”.
Todo el recorrido jurisprudencial que se denota pacífico en cuanto a la
imposibilidad de condenar en abstracto, el cual iteró, y conllevó que a
título conclusivo indicara que al juez de la acción de grupo se le
impone el deber de determinar la indemnización “individual respecto
de quienes acudieron al proceso desde su inicio y también frente
a quienes lo harán con posterioridad a la sentencia; solo en el
evento de que no se pueda establecer el número de beneficiarios
que acudirán ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, se permitirá que éste último determine la
suma total que deberá depositarle la entidad condenada para
atender todas las solicitudes, pero siempre el juez deberá, en la
sentencia, cuantificar la indemnización o monto individual a
reconocer a cada miembro del grupo actor”.
4.4.7. Del caso concreto
Aplicado todo lo anterior al caso que ocupa la atención de la Sala de
Decisión y bajo la exigente limitante del objeto de la revisión eventual
cual es la definición del criterio jurídico específico, unificado y
consolidado aplicable a casos que se asimilen y no el de ser una
tercera instancia.
Sea lo primero tener en cuenta que el Tribunal Administrativo de
Risaralda evaluó que el pago fiscal de contribuciones parafiscales a
cargo de la cooperativas y precooperativas de trabajo asociado devino
en indebido ante la expresa nulidad jurisdiccional del Decreto general
base de su causación, nulidad que se declaró por considerarse que el
Gobierno Nacional carecía de competencia para fijar contribuciones.
Otorgó a ese pago el tratamiento de situación jurídica no consolidada
respecto de las entidades condenadas en la sentencia de acción de
grupo.
47
Información obtenida del software de gestión del Consejo de Estado.
Para esta Sala es claro que el pago de la contribución de aportes
parafiscales es un asunto sub-judice, es decir, que para el momento
en que quedó ejecutoriada la sentencia de 12 de octubre de 2006 que
anuló el Decreto 2996 de 2004 -fundamento normativo general de la
contribución parafiscal- no era una situación jurídica de aquellas
consolidadas y en firme, por tanto, era discutible y viable de análisis y
juzgamiento, en atención a que aunque si bien los dineros recaudados
habían entrado al patrimonio del ICBF y del SENA, la discusión sobre
todo por vía judicial era posible, dado que la Ley 472 de 1998 prevé
que la caducidad para incoar la acción de grupo con la finalidad de
obtener la indemnización es de dos años siguientes a la fecha en
que se causó el daño y como ya se vio la anormalidad quedó al
descubierto a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 2996 de
2004 mediante la sentencia de 12 de octubre de 2006 y la demanda
en acción de grupo fue presentada el 18 de marzo de 2007 (ver fl. 275
cdno. 1-1), es decir, en oportunidad.
Ha de recordarse que los derechos consolidados son aquellos que ya
no admiten discusión porque no la tenían o porque habiéndola tenido,
se dejaron superar los términos prescriptivos o de caducidad o porque
fueron discutidos y resueltos en decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada material.
Pues bien, es importante tener en cuenta que el Tribunal tampoco
encontró que la situación de las demandantes hubiera tenido un acto
administrativo particular derivado o consecuencial del acto general que
implicara para aquellas, la carga o el deber de judicializar el acto
administrativo particular y no acudir a la jurisdicción en reclamación
indemnizatoria en forma directa con respecto al acto administrativo
general declarado nulo, en tanto la nulidad de este acto impersonal y
abstracto no tiene el poder de restablecer automáticamente los
derechos de los particulares contenidos en un acto administrativo
particular, e hiciera obligatorio para el operador judicial atender la
decisión administrativa singular y concreta, con las implicaciones que
ello acarrea como es el análisis de figuras como la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y las exigencias de
argumentación de la jurisdicción rogada.
El Tribunal encontró que la discusión giró en torno a la obtención de la
indemnización de un daño generado por un acto administrativo que
fue anulado por violación del ordenamiento jurídico; que las
condiciones uniformes están dadas porque el grupo fue conformado
por la Cooperativas y Pre-cooperativas de Trabajo Asociado que
cancelaron aportes parafiscales al SENA y al ICBF, en cumplimiento
del artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, siendo ésta la causa
originaria del daño.
Es en este punto, en el que el Consejo de Estado como juez de la
revisión encuentra divergencia con el pronunciamiento del Tribunal,
así que anticipa que la solicitud de revisión eventual es próspera, en
tanto la sentencia del Tribunal ad quem al abordar el tema de los
efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del acto general y el respeto
de las situaciones jurídicas consolidadas y la afectación de aquellas
subjudice, abandonó el análisis del elemento basilar de esta acción
resarcitoria como es el daño antijurídico.
Limitarse a predicar la responsabilidad resarcitoria a partir de los
efectos de la sentencia de nulidad del Decreto apartó al Tribunal ad
quem del estudio que dentro del contexto teórico y luego aplicado a la
práctica, se imponía respecto al daño antijurídico, por lo que adoptó la
decisión con aplicación de un título de orden objetivo indirecto, pues
anulado el acto administrativo general dictado por el Gobierno
Nacional dedujo la responsabilidad de las demandadas SENA e ICBF
por el sólo hecho del recaudo de los aportes, se itera, sin analizar la
antijuridicidad que derivó per se tan solo de la declaratoria de nulidad
judicial.
Si bien es deber-compromiso proteger en su vida, honra y bienes a los
administrados -contribuyentes-, no siendo viable mantener una
aparente legalidad del acto administrativo general cuando presenta
vicios en su creación, no por ello se hace evidente la responsabilidad
patrimonial y resarcitoria del Estado, porque existiendo fundamento
legal para tal parafiscalidad, no son las entidades públicas las
llamadas a contravenir las disposiciones que las regentan, porque ante
todo la razón de ser y la finalidad primigenia de aquéllas es la
protección de los administrados dentro del marco de la legalidad, por
ello es más alto el nivel de exigencia y de respeto al ordenamiento
constitucional y legal porque son ellas quienes, antes que ningún otro,
deben propender por el respeto a la legalidad y, lo cierto es que para
aquéllas recaudadoras los dineros en cuestión sí contaban con
soporte legal para el momento en que atesoraron el pago respectivo.
Considerar lo contrario, esto es, la restitución de la situación anterior
por el efecto retroactivo de la sentencia de nulidad contra el acto
general como posibilidad directa e inmediata de indemnización del
daño implica subsumir la actividad del Estado en la proscrita
presunción de responsabilidad que abriría en la práctica las puertas de
la arbitrariedad contra la administración, para quien también son
aplicables principios constitucionales de legalidad, buena fe,
presunción de inocencia y que en la mayoría de las veces, en forma
errada, se entiende sólo predicables a favor de las personas
residentes en el país. De todo esto se evidencia la trascendencia de
contar en el proceso de la acción de grupo de la demostración de la
antijuridicidad del daño.
En el caso concreto, la providencia objeto de revisión debió tener en
cuenta que la imputación fáctica y jurídica, en principio, basó la
pretensión indemnizatoria de la acción de grupo recaía sobre el autor
o creador del acto administrativo general (Nación - Ministerio de la
Protección Social), a quien el Tribunal declaró falto de legitimación en
la causa por pasiva, sin que nadie hubiera cuestionado tal decisión
cobrando así firmeza, lo que implicó que la causa petendi quedara
circunscrita a las entidades recaudadoras de la contribución, a saber el
SENA y el ICBF, esto es, al ejercicio de la atribución accesoria a la
función fiscal, como en efecto, lo es la recolección de los tributos, en
este caso de la contribución parafiscal, competencia a la cual no se
podían abstraer, al estar obligadas a cumplir con las normas que las
rigen como en efecto lo fue, mientras estuvo vigente, el Decreto 2996
de 2004.
Dicente resultan los pronunciamientos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en su labor de Tribunal Supremo, quien
unificó la jurisprudencia en virtud del interés jurídico que se predicó de
dos asuntos que conocía en principio la Sección Tercera, devenidos
de pretensiones dentro del medio de control de reparación directa, y
que a título pedagógico resultan ilustrativos en sus generalidades,
pues definieron varios aspectos que se tratan en el sub lite y que
aportan claridad al caso que se juzga, ello con el fin de armonizar las
consideraciones que responden a memoriales de los sujetos
procesales atinentes a la acción adecuada (reparación directa o
nulidad y restablecimiento del derecho), a saber, por parte del ICBF
quien trajo a colación la sentencia de la Sección Tercera de 5 de mayo
de 2016, expediente: 2500-23-26-000-01452-01 (38820), C.P. Danilo
Rojas Betancourt, (véase memorial fls. 1.245 a 1.250 cdno. 7) y la
sentencia de 13 de octubre de 2016 y sentencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado de 13 de octubre de 2016, expediente
81001233300020140002101, C.P. Hugo Fernando Bastidas (véase
memorial fls. 1.282 y ss cdno. 7) y sobre los efectos de la sentencia de
nulidad (ex tunc y ex nunc), de la Sección Segunda, expediente
11001032500020130108700, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (véase
memorial obrante a fls. 1.304 y ss, cdno. 7).
Y si bien, aunque esos pronunciamientos fueron proferidos en el
marco de procesos contencioso administrativo ordinarios (reparación
directa y nulidad y restablecimiento del derecho) distintos de los
derivados propiamente de la acción de grupo, ello no impide que las
generalidades sean predicables y se trasladen en su argumento, al
entorno de la condición resarcitoria e indemnizatoria.
Se hace referencia a la sentencia de 13 de marzo de 2018, radicado
25000232600020030020801, actor: Mercedes Benz Colombia S.A., y
de 21 siguiente, radicado 250002326000200300206-01, actor:
Glaxosmithkline Colombia S.A., en ambos demandado: Congreso de
la República, con ponencia del entonces Consejero Danilo Rojas
Betancourt, por cuanto en dichos pronunciamientos se definió que la
causa de reparación directa de quienes habían pagado la TESA, en
los eventos en que se reclama la devolución de esos dineros, ante la
declaratoria de inexequibilidad de la norma fundamento de su
causación declarada por la Corte Constitucional, se centró para el
análisis de los efectos indemnizatorios y resarcitorios –carácter común
que contiene la acción de grupo- en lo antijurídico del daño, como se
lee a continuación:
“(…) corresponde al juez de la responsabilidad aprehender, en clave de
antijuridicidad, lo decidido por el juez de la legalidad, de modo que esta
última decisión constituye un insumo que aquél no puede desconocer,
al margen de la posición que adopte en relación con lo que en ese
pronunciamiento sería determinante para establecer la antijuridicidad
del daño cuya reparación se reclama: la mera constatación de la
incompatibilidad normativa o, más bien, los efectos atribuidos a dicha
constatación.
15.2.2. Ahora bien, la existencia de esta opción también evidencia que el
análisis de juridicidad/antijuridicidad de un daño no es idéntico al de la
legalidad/ilegalidad de la norma o acto que lo causaría pues, en
realidad, el primero supone un paso lógico adicional, a saber, la
adopción del criterio de antijuridicidad a partir del cual se aprehenden o
califican las conclusiones del segundo. Así pues, aunque materialmente
los dos juicios pueden ser coincidentes, dicha coincidencia es resultado de la
decisión adoptada por el juez de la reparación directa sobre la manera de
calificar, en términos de antijuridicidad, un juicio de legalidad que, si bien
no puede ignorar o eludir, no lo determina completamente.
15.3. Realizadas estas precisiones la Sala procede a pronunciarse sobre la
aptitud de la demanda presentada por la sociedad actora y, posteriormente,
sobre el primer elemento del juicio de responsabilidad, esto es, el daño
antijurídico.
IV.3. La aptitud de la presente demanda de reparación directa
16. Aunque es cierto que, como lo pusieron de presente varias de las
decisiones judiciales proferidas en el marco de los denominados casos
TESA, el ordenamiento jurídico consagra una vía procesal para solicitar
la devolución de lo pagado en exceso y lo indebidamente pagado por
concepto de obligaciones aduaneras o tributarias -artículos 850 a 865
del Estatuto Tributario, reglamentados por el Decreto 1000 de 1997-, el
hecho de que la sociedad actora no haya demostrado el haber acudido a ese
mecanismo con el fin de obtener que la DIAN le devolviera lo pagado por
concepto de la TESA no desvirtúa la aptitud sustantiva de la presente
demanda de reparación directa interpuesta contra la Nación-Congreso de la
República para obtener la indemnización del supuesto daño consistente en
el pago de dicha tasa.
16.1. En efecto, al margen de la coincidencia material que puede darse
sobre lo perseguido en uno y otro caso, lo cierto es que en el marco de la
presente acción de reparación directa lo que se pretende no es, en
estricto sentido, la devolución del impuesto que se considera pagado
indebidamente, sino la indemnización de un supuesto daño antijurídico
que, aunque se hace consistir en dicho pago, no se imputa a la entidad
que lo recaudó, esto es, a la DIAN, que es aquélla ante quien habría
podido hacer la reclamación tendiente a obtener su devolución, sino a
la Nación-Congreso de la República, persona jurídica diferente48 cuya
declaratoria de responsabilidad bien puede perseguirse a través de la
acción de reparación directa, al margen de su vocación de prosperidad.
16.2. En este sentido vale la pena recordar que, como lo indicó la Corte
Constitucional al examinar la exequibilidad del artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo, la interpretación de esta norma que es
compatible con el artículo 90 superior es la que ha sido adoptada por el
Consejo de Estado, a saber, aquélla según la cual “dentro de los supuestos
de procedencia de la acción de reparación directa se encuentran los hechos
u omisiones imputables al Legislador”49, de modo que, si estimaba que el
daño cuya reparación pretendía era imputable a este último, la sociedad
actora estaba perfectamente legitimada para hacer valer dicha pretensión a
través de la acción de reparación directa, medio de control que, como su
48
Se recuerda que, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1071 de 1999, la DIAN es una
entidad del orden nacional con personería jurídica: “La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del
orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público”.
49
Sentencia C-038 de 2006, op. cit.
nombre lo indica, puede incoarse sin necesidad de provocar el
pronunciamiento previo de la administración.
16.3. Es necesario insistir en que, en observancia del principio de
decisión previa, los particulares, en el marco de sus relaciones con el
Estado, tienen el deber de acudir a la vía administrativa consagrada
específicamente para obtener el reconocimiento de los derechos o
prestaciones de los cuales se reputan titulares o beneficiarios, de modo
que, si no lo hacen, la demanda que presenten ante la jurisdicción carecerá
de aptitud sustantiva para ser tramitada, pues en estos casos el
ordenamiento jurídico otorga a la administración el privilegio o la potestad de
pronunciarse sobre el asunto antes de ser objeto de censura en un proceso
judicial. Al respecto se ha dicho:
‘(…) ante la ausencia de pronunciamiento de la entidad administrativa,
se impone el respeto por el privilegio de la decisión previa, según el
cual, por regla general, la administración pública, a diferencia de los
particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente
no se le ha solicitado por el administrado un pronunciamiento sobre la
pretensión que se propone someter al juez. Así, la reclamación previa,
que se opone al derecho de citación directa que tienen los
demandantes en los procesos civiles, constituye un privilegio por
cuanto le permite a la autoridad reconsiderar la decisión que se
impugna; cuestión que también puede resultar ventajosa para el
administrado, ya que es posible que mediante su gestión convenza a la
administración y evite así un pleito50.51
16.4. No obstante, el objeto del mecanismo consagrado por el Estatuto
Tributario para la devolución de tributos se circunscribe al análisis
sobre si los mismos eran debidos o no o si fueron pagados en exceso
o no, asunto que, aunque puede tener puntos de encuentro con el
objeto litigioso planteado en la acción de reparación directa, no
coincide plenamente con él, en tanto que, como se explicó en el acápite
anterior, esta última concierne un juicio de responsabilidad en el que
debe analizarse además de la existencia de un daño antijurídico, su
imputabilidad a la entidad demandada, de allí que no puede afirmarse
que lo pretendido por la sociedad actora en la presente demanda de
reparación directa, a saber, la declaratoria de responsabilidad de la
Nación-Congreso de la República por la supuesta causación del daño
antijurídico consistente en el pago de la TESA, hubiera podido ser
analizada, en los mismos términos, en el procedimiento administrativo
establecido para obtener que la DIAN devolviera lo cancelado por ese
concepto o en la eventual acción de nulidad y restablecimiento del
derecho al que el agotamiento de aquél habría dado lugar.
16.5. Ahora bien, lo dicho hasta aquí no es óbice para que en el análisis de la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, el juez de la
reparación directa tenga en cuenta la existencia de este mecanismo
administrativo, pues bien podría ocurrir que en un caso en particular se
50
[2] BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Quinta
edición, Medellín, 2000, página 170.
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 12 de junio de 2012, rad. 25000-23-24-000-
2012-00401-01(AC), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. En el mismo sentido, véase Sección
Segunda, sentencia de 15 de septiembre de 2011, rad. 50001-23-31-000-2005-40528-01(0097-10),
C.P. Gustavo Gómez Aranguren.
encuentre que su ejercicio permitía revertir efectivamente el daño cuya
reparación se pretende52, hipótesis en la cual, estando abierta la posibilidad
de acudir con éxito a dicha vía, el daño invocado no podría tenerse por
cierto, o teniéndosele por tal, el mismo sería imputable no al hecho del
legislador sino al de la misma víctima quien, a falta de haberlo agotado,
determinó la perennidad de aquél….”.
Es claro que en ambas decisiones, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo no invoca mayor diferencia entre la declaratoria de
inexequibilidad de la ley y la declaratoria de nulidad del acto
administrativo general, lo que conlleva a como ya se anunció en
precedencia, que prospera la solicitud eventual de revisión propuesta
por las entidades condenadas ICBF y SENA, tendiente a revocar el
fallo del Tribunal Administrativo de Risaralda de 29 de abril de 2009,
dictado dentro de la acción de grupo de la referencia, por cuanto el
juez ad quem de la acción de grupo al centrar su análisis solo en los
efectos de la sentencia, omitió abordar el estudio en dos aspectos
basilares ineluctables, a saber, la probanza del daño antijurídico y la
necesidad de que las demandantes agotaran la decisión previa, por
tratarse de tema tributario.
Así que la infirmación de la sentencia del Tribunal ad quem ante la
prosperidad de la revisión eventual, que implica el retiro de esa
decisión e implica que consecuencialmente el Consejo de Estado
asuma el análisis de la instancia respectiva, mediante el estudio del
recurso de apelación propuesto por la parte demandante y por las
entidades demandadas ICBF y SENA contra la sentencia de 19 de
diciembre de 2008 que accedió a las pretensiones de la demanda
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, a partir
de los siguientes extremos:
I. ANTECEDENTES:
Valga recordar que en el capítulo titulado I. ANTECEDENTES DE LA
ACCIÓN DE GRUPO, integrado por los subcapítulos 1.1. La demanda
y 1.2. Los hechos, se encuentra sintetizado grosso modo los
antecedentes que cursaron ante los jueces de instancia de la acción
52
Circunstancia que no siempre se presenta pues en los casos en los que no hay razones para
considerar que el pago fue indebido o en exceso y, sin embargo, se alega que constituyó un daño
antijurídico, el mecanismo administrativo no tendría la virtualidad de permitir su reversión -piénsese
en la hipótesis en la que se demande la responsabilidad del Estado por daño especial o en aquélla
en la que, dados los efectos hacia futuro de la sentencia de inexequibilidad y lo consolidado de la
situación de los demandantes, en los términos de la jurisprudencia de las Secciones Primera y
Cuarta, tanto la vía administrativa como la eventual acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que le sucedería estarían avocadas al fracaso y, en consecuencia, serían inanes-.
de grupo, por lo que se hace innecesario repetirlos, sin perjuicio de
que se vuelva sobre ellos y sus especificidades a fin de dar claridad al
análisis subsiguiente.
1. La sentencia de primera instancia
El juez a quo Segundo Administrativo del Circuito de Pereira adoptó,
entre otras decisiones, las siguientes: declaró probada la excepción de
falta de legitimación por pasiva propuesta por el Ministerio de la
Protección Social; declaró administrativamente responsable al SENA y
al ICBF por el daño sufrido por las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado con el pago de aportes parafiscales ordenados
mediante el decreto 2996 de 2004 efectuados entre el 1 de enero de
2005 y el 12 de octubre de 2006; las condenó a pagar a título de
indemnización determinadas sumas de dinero ajustadas conforme al
IPC; asignó a la apoderada de la parte demandante a título de
honorarios el 10% sobre la indemnización que obtuviera cada una de
las demandantes que conforman el grupo y las condenó en costas.
El problema jurídico de la acción de grupo determinado por el
juzgado a quo se decantó por indicar que se trataba de zanjar la
discrepancia entre la partes, por cuanto las demandantes aseguran
que tienen derecho a la devolución de los aportes pagados con en la
nulidad del acto administrativo creador de la contribución, mientras
que las demandadas afirman que la devolución es improcedente
porque los efectos cumplidos con la aplicación de la norma guardan su
integridad, por lo que su tesis era que deben examinarse los efectos
de la nulidad parcial del Decreto 2996 de 2004.
La tesis de fondo y fundamento del juzgado para acceder a las
pretensiones de la demanda incoada en ejercicio de la acción de
grupo partió de la aplicación de los efectos ex tunc de la declaración
de nulidad53 de la expresión “y contribuciones especiales al SENA,
53
La declaratoria de nulidad del acto general Decreto 2996 de 2004 está contenida en la sentencia
de 12 de octubre de 2006, dentro del radicado 11001032500020040018701, tuvo como
fundamentó la violación del principio de legalidad por cuanto normativamente la obligación de
efectuar los aportes al SENA y al ICBF surge del vínculo laboral existente entre empleador y
trabajador, aunado a que es el salario la base sobre la cual debe calcularse el respectivo aporte,
pero tal estado del arte no es aplicable a las cooperativas de trabajo asociado y entidades
similares, por cuanto: (i) los asociados no tienen el carácter de trabajadores asalariados; (ii) la
cooperativa actúa como patrón o empleador de aquellos; (iii) la retribución que reciben los
asociados por su trabajo es una compensación y no es salario. Esa compensación se fija teniendo
en cuenta la función que cumple el asociado, su especialidad, rendimiento, cantidad y calidad del
trabajo aportado.
ICBF y Cajas de Compensación” contenida en el artículo 1º del acto
administrativo general (Decreto 2996 de 2004) para afirmar que ésta
conllevaba indiscutiblemente la devolución de lo pagado
indebidamente.
Desestimó entonces el argumento de las demandadas alusivo a
centrarse o partir tan solo de los efectos a futuro del fallo de nulidad,
desde la consideración de que cuando los aportantes pagaron, la
norma estaba vigente y asimismo la amparaba la presunción de
legalidad y, en dado caso, no estaban impedidas de reclamar los
perjuicios (capital pagado más intereses) mediante la solicitud de la
devolución de los dineros a los entes recaudadores.
Explicó que la entrega de aportes parafiscales se hizo exclusivamente
con fundamento en el decreto anulado, sin que mediara acto
administrativo de inferior jerarquía o actos particulares y
concretos para demandar, por lo que sí podían acudir en forma
directa a la acción resarcitoria.
Consideró el juez que con la declaratoria de nulidad del artículo 1º del
Decreto 2699 de 2004 recobró vigencia el Decreto 2879 de 2004 que
obligaba a las Cooperativas de Trabajo Asociado a pagar aportes
parafiscales en casos determinados como la realización de actividades
prohibidas, como por ejemplo: el suministro de mano de obra temporal
a usuarios o a terceros beneficiarios, la remisión de trabajadores para
que atiendan labores propias del usuario del servicio, la recepción por
parte de los cooperados o asociados de instrucciones u órdenes del
usuario –a manera de empleador- y la prestación de servicios para las
Empresas de Servicios Temporales, pero que no obstante las
demandadas hicieron referencia exclusiva a la causación de los
aportes a partir del Decreto 2996 de 2004.
En consecuencia no se cumplen los presupuestos previstos en la ley, para que emergiera la
obligación impuesta en el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004, de aportar al SENA y al ICBF, pues
no se puede pretender que el régimen de compensación de los socios de estas cooperativas sea
igual al de los trabajadores asalariados, dado que ello equivaldría a desconocer la naturaleza
jurídica de tales organizaciones.
Los aportes al SENA y al ICBF son contribuciones parafiscales obligatorias, devenidas de la
facultad impositiva del Estado y sometidas al principio de legalidad; son de naturaleza excepcional,
en tanto no afectan genéricamente a todas las personas con igual capacidad de pago, sino que la
ley obliga sólo a un grupo de personas a efectuar los aportes.
De lo anterior, grosso modo, concluyó e que el decreto acusado es violatorio del principio de
legalidad de los tributos que impone la reserva del legislador ordinario a la facultad impositiva.
Declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto al Ministerio de la Protección Social, por cuanto el SENA y el
ICBF son entidades con personería jurídica y por tanto aquel no tenía
la obligación de devolver un dinero que no recaudó.
2. Los recursos de apelación
Inconformes con la decisión, tanto la PARTE ACTORA como las
ENTIDADES ACCIONADAS SENA e ICBF apelaron la sentencia,
manifestaron en sendos recursos, lo siguiente:
2.1. Recurso de la parte demandante
La parte actora (Cooperativas y Precooperativas) acusó la carencia
de soporte jurídico para declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de la
Protección Social, por cuanto si bien éste no puede devolver dinero
que no recaudó, su responsabilidad deviene de la autoría material y
jurídica del acto administrativo general que ocasionó a las
Cooperativas demandantes detrimento patrimonial al convertirse en un
pago de lo no debido.
Criticó la sentencia al declarar la falta de legitimación de la parte
pasiva a favor del Ministerio de la Protección Social porque no se
pronunció sobre la responsabilidad de la Nación como titular de la
función pública de autoría del Decreto 2996 de 2004, de la norma que
luego fue anulada parcialmente, pero que durante su vigencia causó
daño antijurídico al patrimonio de quienes pagaron los aportes por
contribución parafiscal, así que el daño antijurídico causado y la falla
en la prestación del servicio de la función pública permiten endilgarle
responsabilidad.
Sobre la indemnización fijada a su favor por el a quo, resaltó que
revisado el listado de las sumas asignadas a cada Cooperativa, el fallo
impugnado no les reconoció el monto total pagado y probado, debido a
que solamente tuvo en cuenta los reportes de recaudo del SENA,
dejando de lado que no todas las Cooperativas realizaron el pago de
sus aportes de forma directa, sino por intermedio de las Cajas de
Compensación Familiar. Además, en dicho listado, afirmó, figuran
fondos de empleados y entidades cuya naturaleza no se asimila a las
organizaciones de trabajo asociado, de las cuales no hay prueba de
que se encuentren activas o que hayan demandado directamente; por
tanto, es necesario incrementar el monto de la condena a favor de las
organizaciones demandantes. Así mismo, los honorarios de la
apoderada deben establecerse con base en lo probado y ordenado por
el Juzgado y no sobre lo efectivamente cobrado por las demandantes,
dado que tributariamente puede operar la figura de la compensación
fiscal o del descuento frente a lo adeudado a las accionantes con una
obligación tributaria a cargo de ellas e incluso con respecto a la
contribución parafiscal especial que a las Cooperativas de Trabajo
Asociado impuso la Ley 1233 de 2008 (fls. 661 a 668 Cd. 1-3).
2.2. Recursos de la parte demandada
2.2.1. El ICBF señaló que la sentencia de primera instancia es
contraria a la normativa y lesiva a sus intereses, ante la aplicación
retroactiva de los efectos de la declaratoria de nulidad parcial del
Decreto 2996 de 2004 y ante el desconocimiento de la obligatoriedad
de la carga impositiva que implica, para el sujeto gravado, la
imposibilidad de eximirse del pago del aporte y de la destinación
sectorial que hace que el pago se revierta al sector del cual se extrajo.
Además, indicó que conforme al artículo 66 del C.C.A. los actos
administrativos son obligatorios mientras no sean suspendidos o
anulados por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mientras
tanto gozan de toda la fuerza vinculante que les es propia y que de
acuerdo con el artículo 64 ibídem, salvo norma expresa en contrario,
los actos que queden en firme al concluir el procedimiento
administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la
administración pueda ejecutar de inmediato su cumplimiento. Por todo
lo anterior, los efectos causados en vigencia del Decreto 2996 de 2004
son irreversibles, concretamente, los pagos que se hicieron por los
obligados, en tanto los efectos de la declaratoria de nulidad son
futuros y sobre situaciones no consolidadas.
Explicó el recurrente que el acto administrativo tiene carácter
ejecutorio y produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los
requisitos de publicación o notificación y su ejecutividad depende de
dos aspectos fundamentales: de una parte, la presunción de legalidad
del acto administrativo siempre que no haya sido desvirtuada y, de
otra, la firmeza, la cual se perfecciona por el artículo 62 del C.C.A.
Indicó que no se causó daño antijurídico porque las Cooperativas de
Trabajo Asociado efectuaron sus pagos en cumplimiento del Decreto
2996 de 2004. Por otra parte, la imputación del daño que dicen las
demandantes padecieron no fue causado por el ICBF porque el
recaudo de los aportes tuvo fundamento en el Decreto referido, esto
es, tuvo su causa en el cumplimiento de un deber legal.
Concluyó que no es posible la devolución de los aportes realizados
con anterioridad a la declaratoria de nulidad parcial del Decreto 2996
de 2004 porque éste se presumió legal durante el tiempo que estuvo
vigente, por ende, acceder a las devoluciones vulneraría el principio de
seguridad jurídica y porque los efectos del fallo de nulidad del acto
general frente a las situaciones jurídicas consolidadas son ex nunc.
Expuso que los pagos efectuados constituyen situaciones
consolidadas por cuanto las accionantes, conscientes de la imposición
legal, efectuaron los pagos de manera voluntaria, lo que hace
equívoca la apreciación del Juzgado cuando señaló que se trata de
situaciones no consolidadas por el simple hecho de que se ejerció la
acción de grupo. Agregó que, a su juicio, no están dados los
presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual de esa
entidad y menos para ordenar la devolución de los aportes
parafiscales.
Afirmó que nunca se le ofició para que certificara el monto real de lo
aportado y captado por concepto de contribuciones parafiscales.
Finalmente, reiteró los argumentos manifestados en el escrito de
contestación de la demanda54 (fls. 647 a 660 cdno. 1-3).
2.2.2. El SENA precisó en idénticos términos a los del ICBF la
imposibilidad de dar aplicación retroactiva a la declaratoria de nulidad
parcial del Decreto 2996 de 2004, en tanto la sentencia no moduló los
efectos hacia el pasado. Agregó que a partir de la Ley 21 de 198255 las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tenían la
obligación de realizar el pago de los aportes parafiscales a esa
entidad, siempre y cuando hubieran vinculado trabajadores con
54
Referentes a que cumplió con el deber legal que le impuso el Decreto 2996 de 2004, por
consiguiente actuó dentro de los causes señalados en la ley, aunado a que carece de facultad
legislativa y a que resulta imposible la devolución de los aportes realizados con anterioridad a la
declaratoria de nulidad parcial de dicho Decreto porque gozaba de presunción de legalidad y
reembolsarlos vulneraría el principio de seguridad jurídica y desconocería que actuó conforme al
principio de legalidad que se estructura en el cumplimiento íntegro de las normas vigentes.
55
"Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones"
relación laboral así que no hay lugar a la devolución de los aportes
cancelados, pues la carga parafiscal prevista en el Decreto 2996 de
2004 era obligación adicional a la descrita, cuyos pagos respondían al
deber legal y al principio de solidaridad y con fundamento en las
compensaciones percibidas por los trabajadores que gozaban de la
calidad de asociados; por tanto, es improcedente la devolución de los
aportes cancelados, por cuanto las accionantes estaban obligadas a
pagarlos “…durante el periodo de tiempo, comprendido entre
noviembre de 2004 y octubre de 2006, en relación con los
trabajadores vinculados por contrato laboral…”.
La devolución de los aportes pagados con anterioridad a la
declaratoria de nulidad parcial del Decreto 2699 de 2004 vulnera el
principio de seguridad jurídica y reiteró que actuó en cumplimiento de
un deber legal impuesto por el Decreto 2996 de 2004, por cuanto no
fue ella quien expidió el decreto pues carece de facultad reglamentaria
para hacerlo, el acto general provino del Gobierno Nacional a través
del Ministerio de la Protección Social, así las cosas consideró que
actuó dentro de los límites legales en la labor de recaudo, lo que
permite concluir que no es posible endilgarle responsabilidad.
Solicitó se revoque la sentencia del Juzgado debido a que es contraria
a la ley y violatoria de sus intereses y, en consecuencia, se absuelva
al SENA de las condenas allí impuestas (fls. 670 a 683 Cd. 1-3).
3) Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Judicial No. 38 solicitó revocar la sentencia
apelada, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda,
pues es evidente que el grupo de Cooperativas demandantes no
guardan uniformidad respecto a la causa generadora del daño, ya que
los pagos realizados por cada una de ellas no son por el mismo
monto, el cual dependía del número de afiliados; lo anterior hace que
el daño antijurídico alegado se origine en una causa diferente para
cada accionante, incumpliéndose así uno de los presupuestos para la
procedencia de esta acción.
Añadió que la acción de grupo no es el mecanismo para crear efectos
jurídicos de las sentencias que declaran la nulidad de actos
administrativos, pues un juez de inferior categoría no puede crear
condiciones de restablecimiento de derechos a negocios que como la
nulidad simple no le es posible determinar, lo anterior porque no se
observa que la sentencia que anuló el Decreto 2996 de 2004 haya
ordenado la devolución de aportes; además, si las Cooperativas
demandantes consideraron que el pago de los aportes parafiscales en
vigencia de la referida normativa les ocasionó un daño antijurídico,
debieron solicitar su devolución a las receptoras y en caso de ser
negada ésta, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir dicha negativa (fls. 698 a 705 Cd. 1-3).
II. CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE
REEMPLAZO
Responsabilidad patrimonial del Estado
Previamente a determinar si existe o no daño antijurídico que conlleve
el resarcimiento por parte de las demandadas a favor de la pluralidad
de la parte actora es necesario detenerse en las pretensiones y las
imputaciones en las que la demanda se sustenta.
La demanda de acción de grupo solicitó como pretensiones las
siguientes:
“1. Que se declare administrativamente responsable a la nación colombiana
– Ministerio de la Protección Social, al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por el daño
material consistente en el detrimento patrimonial que ocasionó a las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que cancelaron
contribuciones especiales al ICBF y SENA entre el 1 de enero de 2005 y el
12 de octubre de 2006, por la falla en el servicio de la función pública en que
incurrió y/o el daño antijurídico causado.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la nación
– Ministerio de la Protección Social, al SENA e ICBF reintegrar los valores
recibidos de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que se
vieron obligadas a pagar contribuciones especiales a estos organismos,
entre el 1 de enero de 2005 y el 12 de octubre de 2006, a título de daño
emergente.
3. Que estas entidades deben cancelar intereses comerciales sobre el dinero
recaudado, con fundamento en la declaratoria de nulidad de esas
contribuciones especiales, por el valor que mes a mes recibieron, así como
intereses moratorios por cada día que transcurra hasta la devolución del
dinero, desde el 12 de octubre de 2006, fecha en que cesó la causa
vulnerante.
4. Que se condene en costas a las demandadas.
5. Que se reconozca a favor de los apoderados la liquidación de los
honorarios previstos en el numeral 6 del artículo 65 de la ley 472 de 1998.
6. Que se cumpla la sentencia conforme a lo ordenado por los artículos 176,
177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.” (fl. 270 Cd. 1-1).
La demanda a lo largo de su texto hace las subsiguientes
imputaciones frente a las accionadas, con ello la Sala descarta los
argumentos con los que la parte actora pretende cuestionar la
legalidad del Decreto 2996 de 2004 ya anulado al dedicarse in extenso
a explicar las relaciones entre sus cooperados, la inexistencia de
relación laboral, la relación cooperativa –aportantes- trabajadores y
gestores, la naturaleza jurídica de las cooperativas, disquisiciones que
se alejan de la naturaleza de la acción resarcitoria y, más aún cuando
el estudio de legalidad del acto ya fue hecho por la autoridad
jurisdiccional competente, determinando su contradicción con el
ordenamiento superior, lo que llevó la declaratoria de nulidad y al retiro
del campo jurídico, que como se relató en nota al pie se fundamentó
en la violación del principio de legalidad al abrogarse la competencia
impositiva reservada al legislador, toda vez que las condiciones de las
actoras no se adecúan a los parámetros de imposición previstos para
esa clase de contribución, por cuanto normativamente la obligación de
efectuar los aportes al SENA y al ICBF surge del vínculo laboral
existente entre empleador y trabajador que no es predicable entre la
cooperativa y sus cooperados, además que no existe el parámetro
salarial que permite liquidar la referida contribución, pues se trata de
una compensación.
Esas imputaciones en el libelo demandatorio son:
a) Durante el tiempo en que estuvo vigente el Decreto 2996 de 2004, y
por su acción impositiva a la que no era posible resistirse
legítimamente debido a la presunción de legalidad que lo protegía y al
poder de coacción del Estado, las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, debieron pagar tales contribuciones especiales al
SENA y al ICBF, pero surgida de la declaratoria de ilegalidad de
ese acto general, los organismos beneficiados directamente con el
monto de los recursos recaudados deben resarcir al grupo de
personas jurídicas lesionadas - cooperativas y precooperativas
de trabajo asociado legalmente- por la acción antijurídica del
Estado, la cual se encuentra identificada con total precisión por el
binomio conformado entre decreto mismo ilegal y la sentencia de
nulidad parcial proferida por el Consejo de Estado del Decreto 2996 de
2004 (fol. 255 cdno. 1-1).
b) La declaratoria de ilegalidad o antijuridicidad con que se afectara la
decisión del Gobierno Nacional de ordenar a las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado contribuciones especiales a favor
del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar generó un
enriquecimiento injusto al SENA y al ICBF, organismos que
recaudaron siempre, coactivamente en ocasiones, los dineros del
tributo ordenado, por lo que le salen a deber a estas organizaciones el
mayor valor con que se enriquecieron injustamente, y las hace
administrativamente responsables junto con la Nación, Ministerio de la
Protección Social, conforme a la ley (art. 49 de la Ley 446 de 1998).
Por demás, estas entidades son responsables del daño antijurídico
causado a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, y
posterior enriquecimiento injusto de los haberes recaudados (fol. 256
cdno. 1-1).
c) La causa legítima de la acción de grupo se contrae a la
configuración de la responsabilidad por la declaratoria de nulidad
parcial que recayó sobre el Decreto 2996 de 2004, por cuenta de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, cuyos efectos cobijan,
por igual, a las personas jurídicas a que se refiere. También los
elementos que configuran la responsabilidad tienen condiciones
uniformes, debido a que ella tiene su origen en la declaratoria de
antijuridicidad de la norma (fol. 262 cdno. 1-1).
d) La contribución del Decreto 2996 de 2004 no era solo antijurídica
sino ilegítima porque en su propósito vedado parecía pretender
purgar, contener, disminuir o reorientar la proliferación de cooperativas
de trabajo asociado y recuperar unos recursos parafiscales que
disminuían en la medida que se incrementaba el número de estas
organizaciones solidarias exentas del pago de parafiscales y, por
ende, se veía afectada la prestación de servicios con terceros,
apocando correlativamente el número de trabajadores dependientes
que sí daban origen al pago de parafiscales a cargo de las empresas.
También era antijurídico o ilegítimo, cuando frente al retorcido camino
elegido por el gobierno, se encontraba otro, este sí jurídico y legítimo,
consistente en ejercer adecuada vigilancia y control sobre las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado por intermedio
tanto del Ministerio de la Protección Social como de la
Superintendencia de Economía Solidaria, entidades que disponen de
precisas y contundentes facultades para ejercer el control concurrente
sobre las vigiladas e imponer las sanciones administrativas a que
hubiere lugar. (fol. 267 cdno. 1-1).
e) El Estado desconoció el artículo 58 de la Carta sobre la protección y
promoción de las formas asociativas y solidarias de propiedad. Insistió
en que la ilegitimidad y antijuridicidad se deriva de la declaratoria de
nulidad (fol. 267 cdno. 1-1).
Sobre el daño, la demanda aseveró:
Una vez decretada la nulidad, sólo cabe a los demandantes, por medio
de la acción de grupo o demanda individual, solicitar el reconocimiento
y pago de los perjuicios causados. El daño emergente, considerado
como el valor que efectivamente salió del patrimonio de las
demandantes mes a mes e ingresó al patrimonio del ICBF y del SENA,
sumas que incrementaron las arcas de estas entidades. El lucro
cesante en que incurrieron las demandantes afectadas por la norma
antijurídica, debido a la disminución de su patrimonio y de sus
ingresos, los cuales ocasionaron un efecto directo sobre la
disminución de excedentes (fol. 269 cdno. 1-1).
Visto el contexto anterior, la Sala Cuarta Especial de Decisión observa
lo siguiente:
Frente a la Nación Ministerio de la Protección Social no existe
imputación fáctica diferente al hecho de la declaratoria de nulidad del
Decreto 2996 de 2004 por cuanto el mayor reproche recae sobre las
otras dos demandadas SENA e ICBF, por lo que si bien resultaría de
recibo el argumento del recurso de apelación de la parte actora al
cuestionar la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva declarada por el juzgado a quo, en tanto la imputación hecha al
Ministerio sí existe y daba lugar a la concurrencia al proceso de dicha
cartera, lo cierto es que para la Sala la sola declaratoria de ilegalidad
del Decreto general no puede ni debe soportar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, pues se ingresaría a la antigua
y proscrita figura objetiva de la “presunción de responsabilidad” y a la
ilegalidad como expresión concluyente de responsabilidad.
La Sala lo afirma de esa forma porque la acción de grupo vista por la
jurisprudencia y ante el silencio de la ley de creación 472 de 1998, con
algunos matices o morigeraciones en su alcance, ha dicho desde
antaño e incluso bajo la regencia del CCA, que aquella procede contra
los perjuicios generados por un acto administrativo, siempre y cuando,
no se incoara pretensión anulatoria de nulidad y no se cuestione la
juridicidad de dicho acto, como se lee de los siguientes antecedentes:
En el año 2007, en sentencia de 16 de agosto56, fue claro el
pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la “procedencia de la
acción de grupo cuando se demanda la reparación del daño
causado por un acto administrativo declarado nulo. En efecto, el
inciso segundo de los artículos tercero y 46 de la ley 472 de 1998
señalan que ésta “se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de una indemnización de los perjuicios”. En
efecto se demanda por el daño antijurídico causado por un acto
declarado ilegal, lo que sin duda puede llegar a configurar una
falla del servicio por parte de la administración.” (Subrayas y
destacados fuera de texto).
Pero lo cierto que como se viene sosteniendo al ser la acción de grupo
una acción eminentemente resarcitoria se debe enfocar en el daño,
pero no en cualquiera, sino en el antijurídico. En efecto:
“…en derecho público, no todo daño genera la obligación de indemnizar
en los mismos términos que en derecho privado, en razón de que el
fundamento racional de la responsabilidad civil del Estado es diferente del
que justifica la de los particulares, porque en tanto que ésta se basa en la
justicia conmutativa y que nadie puede causar daño a otro, aquélla se
apoya en la justicia distributiva, y sólo cuando con la acción administrativa
se quebrantan sus normas surge para el Estado la obligación de
indemnizar. El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar
los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos
los individuos que se encuentran en las mismas condiciones, no hay
violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la
responsabilidad. Es por tanto, característica particular de la
responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según
Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una
misma situación, el daño no afecta sino a uno o alguno de ellos, pues si
todos los que se hallen en esas condiciones son o pueden ser afectados
por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública
56
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 16 de agosto de 2007. Radicación:
66001233100020040083201 (AG). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.
(…) El daño debe ser por tanto excepcional y anormal, porque la
responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño,
sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado”57
Así también la antijuridicidad del daño y su causa marca el ejercicio de
las acciones o medios de control a incoar:
“La procedencia de la acción no depende de que el actor escoja
cuestionar o no la legalidad del acto administrativo, tal elección
depende directamente de la presencia o no de causal de ilegalidad en el
mismo, si ella se presenta entonces el perjuicio por el cual se reclama
indemnización deviene de una actuación irregular de la administración,
esto es, del acto administrativo afectado de ilegalidad, evento en el cual
para el daño causado con aquel adquiera la connotación de antijurídico
es menester lograr la anulación en sede de revisión de legalidad,
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que es la
que corresponde. En cambio cuando el acto administrativo se ajusta al
ordenamiento jurídico, no obstante lo cual causa un daño, ese daño solo
comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado cuando de él pueda
predicarse el carácter antijurídico, el cual resulta de la demostración del
rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, que el acto ha
causado a alguno o algunos de los administrados, demostración del
rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, que el acto ha
causado a alguno o algunos de los administrados, demostración que debe
tener lugar en el ámbito de una acción de reparación directa para obtener la
indemnización del perjuicio causado por el acto administrativo dado que en
ese evento la imputación de responsabilidad no se hace por un daño
especial que tiene como fundamento estructural la legalidad de la conducta
con la cual se causa, sino, la ilegalidad del acto”.
Valga aclarar que en este punto, y como enfoque pedagógico para lo
que a hoy rige, el CPACA consagró aspectos muy novedosos como el
artículo 145, que incluso a partir de la creación de la Ley de acciones
populares y de grupo, se decantó por vía jurisprudencial, ante la
realidad de que el CCA antecedió en muchos años a la Ley 472 de
1998. El CPACA en su literalidad dispone: “cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que
reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al
grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula
la materia.// Cuando un acto administrativo particular afecte a
veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá
solicitarse la nulidad si es necesaria para determinar la
57
Consejo de Estado. Sentencia de 30 de septiembre de 1949, C.P. Pedro Gómez Parra.
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio”.
De interés resulta, la interpretación exegética, teleológica e histórica
que sobre el tema hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-302
de 25 de abril de 201258. En efecto, en el segundo factor interpretativo
mencionado, esto es, el teleológico, concluyó lo siguiente: “A juicio de
la Sala, nada obsta para que eventualmente la causa de un daño
sufrido por un número plural de personas sea un acto
administrativo, tanto de contenido particular como de carácter
general, y que una de las medidas de reparación que pueda llegar
a ser necesaria –a discreción del juez- sea la declaración de
nulidad. En este entendido, la interpretación que la Sala viene
sosteniendo es acorde con la finalidad de la acción de grupo de
permitir la reparación de daños ocasionados a un número plural de
personas, sin distinción de la naturaleza de la causa, siempre y
cuando sea la misma”.
Y en el método de interpretación histórica indicó:
“En el proyecto de ley presentado por el Consejo de Estado y el Ministerio
del Interior se propuso el siguiente texto:
“Artículo 142. Reparación del daño causado a un grupo. Toda persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede demandar la declaratoria de responsabilidad
y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al
grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia.
Cuando el daño provenga de un acto administrativo, podrá solicitarse
su nulidad, si ella es necesaria para determinar la
responsabilidad (negrilla fuera del texto).
Los ponentes para primer debate en Senado no solicitaron la adición o
reforma del proyecto ni ningún cambio surgió del debate en comisión. Luego,
los senadores ponentes para segundo debate propusieron el siguiente texto:
“Artículo 146. Reparación de los perjuicios causados. Toda
persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma
causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
58
Referencia: expediente D-8783. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 145, inciso 2
(parcial), de la ley 1437 de 2011. Actor: Christian Fernando Joaqui Tapia. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esta se declaró inhibida para conocer de la demanda
conjuntamente con las otras víctimas la declaratoria de la
responsabilidad patrimonial del Estado y la reparación integral de los
perjuicios sufridos.
Cuando el daño provenga de un acto administrativo, podrá
solicitarse su nulidad, si ella es necesaria para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado y garantizar la
reparación integral de las víctimas” (negrilla fuera del texto).
Los ponentes justificaron su proposición de la siguiente forma:
“Por recomendación de los profesores de la Universidad Externado de
Colombia que han revisado el proyecto, se ajusta el artículo ciento
cuarenta (140) sobre reparación directa, para hablar claramente de
responsabilidad patrimonial, perjuicio, autoridad pública y particular en
ejercicio de funciones públicas, por razones técnico-jurídicas; igualmente
se precisa en el artículo 145 (Reparación del daño causado a un grupo)
que el daño es individual aun cuando se pueda reclamar en conjunto con
otras víctimas, que las responsabilidades la patrimonial del Estado (sic) y
que lo técnico es hablar de reparación integral de los perjuicios
sufridos en lugar de simple indemnización que es solo una forma de
reparación” (negrilla fuera del texto).
Los ponentes para segundo debate también propusieron el texto relativo a la
caducidad de la acción de grupo en materia contencioso administrativa, el
cual se convertiría luego en el artículo 167 de la ley. En lo pertinente, los
ponentes sugirieron el siguiente texto:
“Artículo 166. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados
a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción
vulnerante causante del mismo. Sin embargo, si el daño causado al
grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la
nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso,
salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales;” (negrilla fuera del texto).
Nótese que en los textos propuestos no se hizo distinción entre actos
administrativos de carácter general y de contenido particular. De esta forma
se buscó zanjar la discusión sobre si en los procesos con origen en acciones
de grupo, es posible declarar la nulidad de actos administrativos. En estos
términos los artículos fueron aprobados por la plenaria del Senado
Posteriormente, los ponentes designados para el primer debate en Cámara
propusieron volver al texto original del artículo 142 del proyecto de ley, por
las siguientes razones:
Se modifica el texto de esta norma retomando la redacción original del
proyecto radicado, dado que con el actual texto se estaría acabando con
el medio judicial de control diseñado para la reparación del daño causado
a un grupo, modificando la Ley 472 de 1998, pues es diferente que toda
persona perteneciente a un grupo pueda solicitar conjuntamente con las
otras víctimas la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado
y la reparación integral de los perjuicios sufridos, como se dispone en el
proyecto, a que toda persona perteneciente a un grupo pueda demandar
la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados al mismo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia (artículo 88 inc.
2° C. P en concordancia con los artículos 46 y 48 de la Ley 472 de 1998).
En efecto, en la primera posición la que trae el texto aprobado en Senado
exige que la persona demande la reparación del daño percibido con todo
el grupo y, en la segunda cuyos términos se propone nuevamente
introducir y que es de la esencia de ese medio de control se permite que
una persona del grupo pueda demandar el resarcimiento del daño
producido al número plural o conjunto de personas que lo conforman caso
en el cual representa a las demás sin necesidad de que cada uno de los
interesados ejerza por separado su propia acción.
En materia de caducidad, los representantes ponentes propusieron eliminar
la especificación sobre la caducidad de la acción cuando una de las
pretensiones es la declaración de nulidad de un acto administrativo.
Los ponentes para segundo debate en Cámara fueron quienes propusieron
la introducción del inciso segundo del ahora artículo 145 de la ley 1437. Los
representantes indicaron en su ponencia:
En el artículo 145, referido a los daños causados a un grupo se mejora la
redacción del inciso primero, y se modifica el inciso segundo en el sentido
de que cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte
(20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su
nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre
que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio (negrilla fuera del texto).
En concordancia, los ponentes propusieron retornar a la regla de caducidad
de 4 meses cuando se solicitara la nulidad de un acto administrativo en la
demanda de acción de grupo
La propuesta de los ponentes fue aprobada por la plenaria de la Cámara y
luego dicho texto fue acogido por la comisión de conciliación convocada y
aprobado por las plenarias de las dos cámaras.
Como se puede observar, en el debate legislativo no hubo intención de
limitar el alcance de la acción de grupo frente a la nulidad de los actos
administrativos. Por el contrario, el debate se caracterizó por la preocupación
de permitir la reparación integral de los daños causados a un número plural
de personas derivados de la misma causa, en el marco de estas acciones.”.
Finalmente, la decisión de la Corte Constitucional se decantó por un fallo
inhibitorio, al considerar que la disertación del actor recayó sobre una norma
inexistencia y la sustentó en el siguiente predicamento: “En este orden de
ideas, no es cierto que el inciso segundo del artículo 145 de la ley 1437 limite
la posibilidad de (i) declarar que la causa de un daño soportado por un
número plural de personas es un acto administrativo de carácter general,
y (ii) de declarar la nulidad de este tipo de actos como una medida de
reparación, cuando sea necesario. Así las cosas, la Sala concluye que los
cargos que formula el demandante recaen sobre una norma inexistente, es
decir, sobre una interpretación que no es posible adscribir al inciso segundo
del artículo 145 de la ley 1437, y en particular a la frase “de carácter
particular”.
Pero de mayor importancia resulta el pronunciamiento que sobre el
mismo asunto hiciera el Consejo de Estado en autos de la Sala Plena
de la Sección Tercera, en los que se lee lo siguiente.
El primero de 10 de febrero de 201659, en el que se explicó el artículo
en cita del CPACA es una ampliación y una regulación integral de la
acción de grupo de la Ley 472 de 1998.
“(…), si bien en los aspectos que se refieren a la reparación de los perjuicios
causados a un grupo el legislador instituyó, por la especialidad que se
predica en estos casos, un régimen particular aplicable a estas controversias,
el cual está contenido en la Ley 472 de 199860, también lo es que, en materia
de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 modificó dicha norma
especial, en lo que hace a las disposiciones referentes a la pretensión, a la
caducidad y a la competencia, pues, amplió y reguló integralmente las
disposiciones aplicables en esos aspectos, lo que impone concluir que los
demás temas continúan regulados por la Ley 472 de 199861.”.
Por eso la Sala limitándose al estudio de las imputaciones hecha por
los accionantes en grupo, itera que la sola declaratoria de ilegalidad
del Decreto general no puede ni debe soportar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, pues se ingresaría a la antigua
y proscrita figura objetiva de la “presunción de responsabilidad” y a la
ilegalidad como expresión concluyente de responsabilidad.
Sobre el tema resulta de interés el siguiente aparte doctrinal:
“La intervención de otra Administración que colabora en la preparación de la
resolución final o en su ejecución; el derecho del perjudicado a ser resarcido
por cualquiera de las entidades intervinientes, con independencia de la
relevancia causal de su actuación.
59
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG). Actor: Libia Estella Corrales Roldán y otros.
Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. C.P. Hernán Andrade. Rincón. Auto
aprobado por la Sala Plena de la Sección Tercera.
60
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
61
Al respecto consultar, Auto de 31 de enero de 2013, Exp. 63001-23-33-000-2012-00034-01 (AG),
M.P.: Enrique Gil botero.
Una modalidad típica de actuación conjunta de varias Entidades públicas se
manifiesta cuando el ordenamiento atribuye a una Administración la
competencia de decisión y a otra la de ejecución. También en los supuestos
en que la intervención de la otra Administración se produce antes de la
adopción formal del acto administrativo. Me refiero a los casos en que la
resolución constituye el resultado de la colaboración entre dos o más
Administraciones que intervienen en distintos momentos de un
procedimiento administrativo que, precisamente por esto, la doctrina califica
de bifásico o complejo.
En estos supuestos y desde la perspectiva de la Administración decisoria, la
actuación de otra Entidad pública en la fase previa o posterior a la de la
adopción de la resolución constituye una intervención de tercero porque tal
actuación se realiza a título personal, esto es, porque es el resultado del
ejercicio autónomo de unas facultades propias. Precisamente porque esto no
ocurre, en principio, cuando un Ente público actúa a través de un
representante de un órgano colegiado integrado en otra Administración, no
se puede hablar de intervención de tercero en sentido técnico.
Pues bien, cuando el daño se produce con ocasión de la actuación de
fórmulas de gestión conjunta entre varias Administraciones, puede ser
extraordinariamente complicado concretar si la acción de las entidades
participantes cobra alguna relevancia causal y, si es así, determinar con
precisión en qué medida. Además, aunque es posible que la causa
determinante del daño la proporcione una sola Administración, saberlo es
algo que muchas veces exige la entera tramitación del expediente o proceso
incoado en virtud de la reclamación. La víctima encuentra, pues, enormes
dificultades para conocer ex ante cuál es la Administración responsable…
En los supuestos que estamos considerando (resoluciones ilegales) y,
ciñéndonos por el momento a aquello en que la intervención del tercero es
sucesiva a la adopción del acto (ejecución por otro Ente público), la
actuación de la Administración ejecutante no cobra, en principio,
ninguna relevancia causal porque el daño deriva directamente de la
contrariedad a Derecho y no de la actividad ejecutiva. Ahora bien, en los
casos en que la resolución es manifiestamente contraria al ordenamiento o
atenta gravemente contra la legalidad, podría afirmarse que la ejecutante
concurre en la producción del daño cuando no contesta jurídicamente
la decisión. En estos casos, esta omisión constituiría una intervención
del tercero con relevancia causal. Determinar exactamente la medida
porcentual de esta contribución no es sencillo y dependerá de cada caso,
pero parece que habrá de ser pequeña si se compara con la de la
Administración que dicta el acto ilegal, porque resulta, en principio,
causalmente más relevante el hecho de introducir vicios en la
resolución que el de que no los conteste una Administración que, en
principio, tiene la sola obligación de ejecutarlo.
(…)
La intervención de otro sujeto público puede configurarse como un hecho
irresistible o fuerza mayor en los (pocos) casos en que el ordenamiento
restringe el margen de maniobra de la entidad que resuelve el
procedimiento, obligándolo a confirmar la propuesta de la entidad
coparticipante. Esto es lo que ocurre cuando la Administración se limita a
formalizar la decisión materialmente adoptada por otra en un informe
vinculante o en otro tipo de actuaciones. Resoluciones de este tipo son,
según el Consejo de Estado, las del Ministerio de Administraciones Públicas
en relación con determinados concursos para cubrir puestos de la función
pública local, que tienen por objeto la mera formalización de las actuaciones
realizadas por los Tribunales de valoración y las Corporaciones locales.
La Administración General del Estado no tiene aquí margen legal para
separarse de dichas actuaciones porque la auténtica potestad de
decisión para la resolución del concurso reside en instancias previas a
la intervención ministerial. Si el Ministerio adopta una resolución por la que
se excluye a uno de los concursantes y este acto resulta contrario a
Derecho, el perjudicado puede exigir la reparación íntegra del daño
producido a la Administración estatal o a la Entidad local de que se trate en
virtud de la regla de solidaridad. Pero si la primera resulta finalmente
obligada, podrá repercutir sobre la segunda la indemnización insatisfecha
basándose en la exclusiva relevancia causal de su intervención, que hace
imposible imputarle la ilegalidad y los daños y perjuicios derivados de ésta.
MEDINA ALCOZ, Luis. La Responsabilidad patrimonial por acto
administrativo. Thomson Civitas. 1ª ed. 2005. Págs. 289 a 291.
Se insiste en que la vocación resarcitoria de la acción de grupo
descansa en la imputabilidad material y jurídica del daño antijurídico y
es que como bien lo argumentaron el SENA y el ICBF, tan solo
cumplieron la función accesoria de recaudo y destinación específica
que la autoridad administrativa jerárquica le impuso, es decir, que
actuaron en cumplimiento de sus deberes y competencias legales, sin
que esa conducta sea antijurídica y menos resultaba imputable a las
accionadas, con el actuar de las actoras porque siendo la contribución
un asunto tributario omitieron incoar la decisión previa ante la
administración, en tanto contaban, como quedó visto con el
mecanismo o el procedimiento administrativo previsto en el artículo
850 del Estatuto Tributario para reclamar la devolución de las sumas
pagadas sin que existiera fundamento jurídico para ello62,
62
Sobre el particular afirmó: “…no se acreditó en el proceso que la parte interesada hubiere
reclamado la devolución de las sumas que hoy considera pagadas sin fundamento jurídico, frente a
lo cual debe destacarse que para ello existe un procedimiento establecido en la ley, cuando el
contribuyente considere que ha realizado un pago de lo no debido. (…) A la luz de lo anterior, es
claro que la discusión sobre el deber jurídico de realizar los pagos tenía que ventilarse,
inicialmente, en el marco del trámite de devolución del pago de lo no debido, comoquiera que se
trata del mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para tal fin, por cuanto la
procedencia de la devolución debe estar precedida del análisis sobre las valoraciones jurídicas del
caso que sean presentadas por la parte interesada en el reintegro, escenario en el cual la
autoridad administrativa, entre otras cosas, puede analizar el aspecto atinente a los efectos en el
tiempo del fallo de inexequibilidad. // Ahora bien, en el texto de la demanda no se precisó -ni
aparece probado en el expediente-, que la parte actora formulara alguna solicitud de devolución en
razón de las sumas pagadas por concepto de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros,
particularidad de la que bien puede considerarse que la sociedad contribuyente, legitimada para
reclamar la devolución, simplemente no tuvo interés en ello o que, a pesar de conocer la existencia
de una circunstancia que la habilitaría para estimar como no debidos los pagos realizados por
concepto de la mencionada Tasa, simplemente optó por renunciar al derecho que tenía para
reclamar la devolución, de manera que no planteó la controversia relativa a la juridicidad de los
pagos realizados durante la vigencia de las normas que posteriormente fueron declaradas
inconstitucionales. // Vale anotar que, ante la declaración de inexequibilidad dispuesta a través de
circunstancia que impedía tener certeza sobre la consolidación del
daño, requisito indispensable para “efectuar el estudio de la
responsabilidad y su fuente -la ley o el acto administrativo-, de lo cual
se derivaría la correspondiente legitimación en la causa por pasiva”.
Ahora bien, en dicha providencia se sostuvo que “las anteriores
consideraciones no excluyen la posibilidad de establecer la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, comoquiera
que la misma debe ser valorada frente a cada caso concreto”63.
Por ello se requiere para predicar la responsabilidad patrimonial del
Estado de la imputabilidad del daño antijurídico “hay así imputabilidad
material, cuando un acto puede materialmente puede ser atribuido al
obrar de un sujeto; hay imputabilidad moral, cuando se da el conjunto
de condiciones necesarias (conciencia y voluntad) para que, en el
orden moral, una acción pueda ser atribuida a un sujeto moral. De lo
que antecede, se deduce el error en que incurren algunos autores al
considerar como similares los términos de imputabilidad y
responsabilidad. El de responsabilidad es un concepto más amplio que
el de imputabilidad; para que propiamente pueda hablarse de
responsabilidad… se requiere –además de los supuestos de
imputabilidad- que ocurra la violación de algún deber con respecto a
otro sujeto”. PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad
Extracontractual. 3ª ed. Editorial Temis. Bogotá. Págs. 21 y 22.
La sola declaratoria de ilegalidad como causación material del daño
antijurídico llevaría a obviar la circunstancia sine qua non de que sea
jurídicamente atribuible a la administración y a ingresar al tema de la
responsabilidad eminentemente objetiva y no al de la falla.
Por lo que no se advierte en el caso en estudio la antijuridicidad, no en
el enfoque de la parte actora, bajo los parámetros de una conducta
ilegal, sino en el padecimiento del daño que no debió soportar y que
es el generador de la respuesta resarcitoria.
la sentencia C-992 de 2001, la sociedad actora todavía contaba con la posibilidad de acudir al
mencionado procedimiento en el término de cinco años a partir del pago…”. No obstante, luego
afirma que “en el presente caso no puede hablarse de la configuración de una posible ineptitud
sustantiva de la demanda, pues la realidad procesal es que en el expediente no se encuentra
acreditada la existencia o consolidación de un daño antijurídico, para los efectos del
correspondiente análisis de su imputación en el marco del juicio de responsabilidad patrimonial del
Estado, a la par que la existencia de un acto administrativo como fuente del daño es una hipótesis
que no tiene ocurrencia en el presente asunto”.
63
En esa decisión aclararon el voto los consejeros Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Stella
Conto Díaz del Castillo y Jaime Enrique Rodríguez Navas y lo salvó la Consejera Lucy Jaennette
Bermúdez Bermúdez.
Es claro que la falta de antijuricidad del daño también se materializa
en que mientras estuvo vigente la norma y presumida de legal, los
afiliados a las actoras estaban facultadas para utilizar los servicios del
SENA, que se recuerda es una institución que ofrece a la población
formación tecnológica, profesional y técnica, con énfasis en el
fortalecimiento de los programas educativos64 y cumplieron con el fin
estatal y de destinación específica para el apoyo de programas a favor
de la primera infancia, niños, adolescentes, familias y comunidades
vulnerables, en tanto es función del ICBF velar por la garantía y el
cumplimiento de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes,
trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia,
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de
amenaza, por lo que tampoco se advierte ventaja del Estado.
En conclusión, los daños que pudieron padecer los demandantes con
la vigencia del aporte parafiscal no resultan antijurídicos, y como es
este elemento el que estructura la vocación indemnizatoria y
resarcitoria de la administración, se impone la improsperidad de las
pretensiones devenidas de la acción de grupo.
Es más aunque es palmaria la inexistencia del daño antijurídico, si en
gracia de discusión se analizara ese daño dentro de la falla del
servicio, extendiéndola desde la declaratoria de nulidad de la norma
general de creación de esa parafiscalidad y se afirmara que con ésta
se entiende manifiesta la existencia de la falencia65, anomalía o
64
La Ley 119 de 9 de febrero de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones.” Dispone
en el artículo 3º los objetivos, entre ellos: “1. Dar formación profesional integral a los trabajadores
de todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para
aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo
económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva. 2.
Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo comunitario
a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social
y económico...” Y dentro de sus funciones: 1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través
de su formación profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de
valores morales éticos, culturales y ecológicos. 3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar
programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades
sociales y del sector productivo. 6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas…”.
65
Sobre el tema de interés resulta el manejo que Cassagne da a los eventos de responsabilidad
del Estado a los que llama reglamentos -actos administrativos generales- y que agrupa, con fines
explicativos, en la llamada responsabilidad por actos normativos, entiéndase leyes o decretos
leyes y reglamentos considerados ilegítimos y que generan responsabilidad por los daños
causados por la actividad reglamentaria ilegítima, daño que “puede provenir de una transgresión
constitucional, de una violación de la ley que es su causa eficiente (v.gr., en los reglamentos de
ejecución) o de un vicio de ilegitimidad que transgrede el ordenamiento administrativo general
irregularidad administrativa y que afecta la validez de la decisión de la
administración contenida en el acto general y que por efecto indirecto,
abarca la recaudación de los recursos, tampoco habría lugar a
acceder a las pretensiones de la demanda.
Y es que en materia de imputación fáctica es claro que la
incompetencia de una de las autoridades públicas implica contravenir
la norma superior, en este caso la Constitución Política en la parte
atributiva de competencias constitucionales, es decir, se trató de un
vicio constitucional adjetivo en la modalidad de usurpación de
funciones, que es en últimas la concreción de la conducta anormal,
irregular o falente que estructura la falla. O como ha acontecido en
otros eventos en que se ha alegado el daño especial que supone que
dentro de un determinado conglomerado y con actuación legal y
legítima del Estado el afectado hubo de padecer el daño
Pero ha de recordarse que la falla o el daño especial como títulos
jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial presentan, el
primero, además de la conducta anómala como falencia del Estado
por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio,
y el segundo, a más de la licitud de la actuación de la administración
que desequilibra la igualdad de las cargas públicas, otros elementos
estructurales que también deben ser probados por la parte interesada
y analizados por el juez, a fin de determinar la responsabilidad
patrimonial66 que se centran en la antijuridicidad del daño desde los
parámetros de imputabilidad material y jurídica. Así quedó explicado
en pronunciamiento de 25 de agosto de 2016, mediante la cual se
confirmó la sentencia del 7 de abril de 201667, proferida por la Sección
Cuarta que concedió el amparo del derecho fundamental al debido
proceso de la Nación - Congreso de la República y de la Agencia
(v.gr., en un reglamento autónomo un vicio en la finalidad)”. En su criterio, el cual comparte esta
Sala de Decisión, el Estado debe responder ante la sentencia judicial en firme que anula la ley o el
acto administrativo general “rigiendo los requisitos establecidos como presupuesto de la
responsabilidad estatal por acto y hecho administrativo en punto al daño resarcible y a la conexión
causal, sin perjuicio de que el juez acuda para determinar la responsabilidad –con las adaptaciones
necesarias- a los requisitos que conciernen a la imputabilidad material o ilegitimidad objetiva (sin
tener que analizar la culpa del órgano u órganos que dictaron el acto normativo)”. CASSAGNE.
Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Lexis Nexis Abeledo – Perrot. 8ª ed. Buenos Aires.
Págs. 490 y 491.
66
De antaño, el estudio de la responsabilidad, se hacía de cara a la triada de elementos, a saber:
a) que el daño reúna las condiciones de cierto, particular, anormal frente al bien jurídicamente
tutelado por el derecho y, b) que el nexo de causalidad sea eficiente y determinante, esto es, que
el daño demostrado provenga de la anomalía administrativa. Actualmente, en giro conceptual
desde la antijuridicidad material y jurídica.
67
Sección Quinta. Acción de tutela 11001-03-15-000-2014-02171-01. Accionantes: Nación -
Congreso de la República y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Accionados:
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “C”. C.P. Rocío Araujo Oñate.
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y dejó sin efectos la
sentencia que declaró la responsabilidad en el hecho del legislador
cuando impuso la tasa TESA:
“(…) la Sala considera que no concurre el primer elemento de la
responsabilidad consagrado en la norma constitucional –artículo 90 de la
Constitución–, referido a la antijuridicidad del daño, toda vez que la sola
declaratoria de inexequibilidad del precepto no torna antijurídico el daño, en
la medida en aun una norma ajustada al ordenamiento constitucional puede
llegar a generar un daño antijurídico, como es el caso del tratado que analizó
esta Corporación en la sentencia de la Sala Plena del 25 de agosto de 1998.
Con respecto al segundo elemento de la responsabilidad, en la sentencia
censurada se omitió por completo el análisis sobre la imputabilidad al
legislador del daño que se consideró ocasionado a la sociedad demandante,
en atención a que este requisito se dedujo, como el anterior, de la simple
declaratoria de inexequibilidad de la ley, concluyendo que en todos los
eventos en que una ley sea retirada del ordenamiento por su inconformidad
con la norma constitucional el Estado – Legislador es responsable.
Sobre este presupuesto de la responsabilidad la Sala precisa que la
imputación es “(…) un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un
sujeto determinado del deber de reparar un daño, con base a la relación
existente entre este y aquel”68.
Para García de Enterría, los títulos de imputación son aquellas circunstancias
en virtud de las cuales es posible establecer una relación entre el daño y el
sujeto imputado que justifica atribuir a este el deber de reparación que la
antijuridicidad del daño impone”69. Para la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad
pública del daño antijurídico padecido y por el que, en consecuencia, en
principio estaría en la obligación de responder70”.
Así las cosas al no resultar imputable la antijuridicidad del daño que
las accionantes aseveraron haber sufrido por parte de la Nación
(Ministerio de la Protección Social) SENA y al ICBF, no es posible
declarar patrimonialmente su responsabilidad, razón por la cual habrá
de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, y en su lugar, disponer la denegatoria de las
pretensiones.
68
PINZÓN MUÑOZ, Carlos Enrique, “La responsabilidad Extracontractual del Estado. Una teoría
normativa”, Ediciones Doctrina y Ley, 2014, p. 75.
Ibíd, p. 75.
69
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Los principios de la nueva ley de expropiación forzosa”,
Madrid, 2009 p. 128.
70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Hernán
Andrade Rincón. Veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011). Radicación: 19001-23-31-000-
1998-03400-01(20097).
Finalmente y en coherencia con lo expuesto en las conclusiones
jurídicas unificadoras de la revisión eventual contenidas en el capítulo
4.4.6., lo cierto es que no puede pasarse por alto que el a quo de la
acción de grupo, omitió tener en cuenta que la condena a favor de
quienes concurrieron posteriormente a quienes sí demandaron no
podía hacerse en abstracto, de conformidad lo prevé el artículo 65 de
la Ley 472 de 1998, aspecto que para la situación concreta se indica a
título de mención, por cuanto como ya se vio el fallo sustitutivo o de
reemplazo es denegatorio de las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial
de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLÁRASE PRÓSPERA LA SOLICITUD DE REVISIÓN
EVENTUAL presentada por el SENA y el ICBF contra la sentencia de
29 de abril de 2009 proferida por la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda. En consecuencia, DECLÁRASE que
dicha sentencia no se ajustó a los parámetros jurisprudenciales
sentados por esta Corporación y, por lo tanto, INFÍRMASE.
SEGUNDO. CONFÍRMASE la posición jurisprudencial atinente a la
acción de grupo en cuanto a: (i) la necesaria acreditación del daño
antijurídico cuando se trata de deprecar los perjuicios por el acto
declarado nulo, por cuanto la declaratoria de nulidad del acto general
no afecta per se la legalidad de los actos administrativos particulares y
concretos expedidos con fundamento en ese acto general (actos
derivados), en tanto gozan de todos los atributos propios del acto
administrativo, entre ellos, están cobijados por la presunción de
legalidad; que la vocación resarcitoria en la acción de grupo obedece a
la acreditación debida de un daño antijurídico, es decir, aquel que no
tenía la obligación de padecer o soportar y que le es imputable
material y jurídicamente a la administración; que para que el daño
antijurídico sea indemnizable patrimonialmente en los casos en que
tenga su causa directa en el acto administrativo declarado nulo,
independientemente de la irregularidad declarada mediante la
sentencia de nulidad, debe demostrarse precisamente que sí fue
antijurídico, porque legalmente no estaba en el deber de soportarlo y
el nexo de causalidad; que conforme al artículo 90 constitucional solo
es indemnizable el daño antijurídico, por lo que no todo daño es
indemnizable. Debe quedar demostrado entonces que esa
antijuridicidad se deriva de haber padecido una lesión antijurídica, que
no puede confundirse con el perjuicio que es el valorativo o lo
cuantificable del daño; (ii) que en caso de que el interesado
(devolución de tributos indebidamente pagados) solicite a la entidad
recaudadora el resarcimiento por vía administrativa porque así lo
impone la regulación o se deriva de la relación jurídica y la decisión
administrativa no le sea favorable, para efectos de reclamar el
resarcimiento del perjuicio causado por el daño antijurídico, deberá
acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
cuestionará la decisión expresa o presunta y puede solicitar los
perjuicios causados por el acto administrativo demandado, siempre
que haya padecido un daño antijurídico; (iii) la vía indemnizatoria
directa cuando se está frente a la nulidad del acto general, debe
analizarse cuidadosamente según las circunstancias de cada caso,
pues la acción de grupo no puede constituir mecanismo judicial
adecuado, si el interesado legalmente tenía la carga de agotar un
trámite previo ante la entidad o de generar una decisión administrativa
particular, aunado a la demostrativa de haber padecido un daño, pero
no cualquiera, sino aquel de alcance y estirpe antijurídico.
TERCERO. ESTESE a lo resuelto por la sentencia de 14 de agosto de
2018 de la Sala 25 Especial de Decisión, proferida dentro del vocativo
AG 20001233100020070024401 (Revisión Eventual). Actor: Gladys
Alvarado Acosta y otros. Demandado: Municipio de Chiriguaná y otros.
C.P. Martha Nubia Velásquez Rico en lo atinente a la imposibilidad de
la condena en abstracto en la acción de grupo.
CUARTO. En ejercicio de juez de la sentencia de reemplazo o
sustitutiva, analizados los recursos de apelación de cara a la sentencia
de primera instancia, la Sala Cuarta Especial de Decisión REVOCA la
sentencia proferida el 19 de diciembre de 2008 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Pereira y, en su lugar, DECLARA NO
PROBADA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA DE LA NACIÓN (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL) y DENIEGA las súplicas de la demanda presentada en
ejercicio de la acción de grupo de la COOPERATIVA CONTRIBUIR
EMPRESARIAL C.T.A. Y OTRAS contra la NACIÓN (MINISTERIO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF.
QUINTO. Por Secretaría General, y para los fines pertinentes (art. 56
Ley 472 de 1998) comuníquese a los despachos que conocen de los
procesos de reparación directa radicado con el número
25000232600020080027101 sobre la decisión proferida en esta acción
de grupo.
SEXTO. En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal
de origen, para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Consejera de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejera de Estado
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