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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01

Mecanismo de revisión eventual en acción de grupo

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO. Se REI TER A, como lo hicieron las S alas E speciales de Decisión Nos. 19 y 2, en sentencias de 1º de octubre 51 y 3 de diciembre de 2019 52, la posición jurisp rudencial sobre lo s ef ectos de las sentencias de nulidad que recaen sobre los actos administrativos de carácter general y la consolidación de situaciones jurídicas , en los siguientes términos: 1) Una sent encia q ue anula un act o adm inist r at i vo de car áct er g ener al t iene ef ect os « ex t unc» , except o q ue se t r at e de sit uaciones j ur íd icas consol idad as, en cuyo caso produce ef ect os desde ahor a o «ex nunc» . 2) Las sit uaciones j ur ídicas se consol idan cuando ya no son suscept ibles de ser discut idas en vía adm inist r at iva o j ur isdiccion al, por q ue se som et ieron a dichos co nt r oles y f uer on r esuelt as con ef ect os de cosa j uzg ada q ue hace inm ut able la decis ión; o t am bién, en el e vent o q ue el int er esado dej ó pr ecluir la op or t u nidad de som et er las a exam en adm inist r at i vo p r evi o o j udicia l, r azón por la cual el act o cobr ó f irm eza. 51 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 19, sentencia de 1º de o c t u b r e d e 2 0 1 9 , e x p e d i e n t e 6 6 0 0 1 - 2 3 3 3 - 0 0 3 - 2 0 1 2 - 0 0 0 0 7 - 0 1 , M . P . W i l l i am H e r n á n d e z G ó m e z. 52 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a E s p e c i a l d e D e c i s i ó n N o . 2 , s e n t e n c i a d e 3 d e diciembre de 2019, expediente 66001 -33-33-004-2012-00105-01, M.P. César Palomino Cortés. SEGUNDO. Se RE ITER A, tal como se hizo en las decisiones atrás ref erenciadas, la posición jurisp rudencial sobre la devolución de tributos indebidame nte pagados y su vía indemnizatoria en los sigu ientes términos: En los casos en q ue se q uier a acudir a la j ur isdicció n de lo cont encioso adm in is t r at ivo por consider ar q ue se ha pr oducido un daño ant ij ur íd ico po r el pag o de lo no debido o p ag ado en exceso de t r ibut os, se hace necesar io q ue el int er esado haya ag ot ado los pr ocedim ient os pr evios est ablecid os en el ar t ícu lo 850 del Est at ut o T r ibut ar io, el Decr et o 1000 de 1997 y su decr et o der og at orio 2277 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de agosto de 2021

MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL EN ACCIÓN DE GRUPO / CASO
CONCRETO - Efectos «ex nunc» y «ex tunc» de una sentencia que declara la
nulidad de un acto administrativo general. Situaciones jurídicas
consolidadas y no consolidadas en materia tributaria. Medio de control
idóneo para obtener la devolución de lo pagado por concepto de tributos y/o
sanción derivada / REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y
DE GRUPO – Finalidad

Con el fin de implementar un instrumento jurídico o mecanismo judicial a través del
cual el Consejo de Estado tuviera competencia, como Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, para conocer en ciertos eventos de las acciones
populares y de grupo, ante la entrada en vigor y operación de los juzgados
administrativos, con la consecuente modificación de las competencias en este tipo
de acciones, la Ley 1285 de 2009 creó la revisión eventual para tales medios de
control, cuyo propósito principal consistió en unificar jurisprudencia.

FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de revisión eventual por parte del
Consejo de Estado, ver: Corte Constitucional, sentencia C-173 de 2008. Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 14 de julio
de 2009, expediente 200012331000200700244 01 (IJ)AG, M. P. Mauricio Fajardo
Gómez.

SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO
GENERAL – Efectos ex nunc y ex tunc / DECLARATORIA DE NULIDAD DE
UN ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL – Conlleva una consecuencia
restitutoria / EFECTOS EX TUNC DE LA SENTENCIA – Solo pueden
predicarse de situaciones jurídicas particulares que no están consolidadas

Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de
carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo
137 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba
dársele a esa decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta
Corporación, a partir de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y
de inexequibilidad. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una
consecuencia restitutoria, como lo señala el artículo 1746 del Código Civil: […]
Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa, que
los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex
tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a
partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares
que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio, ya que no de otra
manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior. Sin embargo, estos
efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas particulares que
no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron en virtud del acto
declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se encuentran
cuestionadas en sede administrativa o judicial. No ocurre lo mismo respecto de las
situaciones consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en vía
administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos de nulidad no las pueden afectar,
porque sus efectos son ex nunc.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 –
ARTÍCULO 189 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1746

ANULACIÓN DE UN ACTO GENERAL – No conlleva la nulidad de los actos
particulares derivados, pues es indispensable que sean cuestionados en
sede administrativa y judicial

Esta decisión también indicó que los actos administrativos particulares derivados,
subsisten por sí mismos con todos sus atributos sin que se vean afectados por la
decisión de anulación del acto general en que se fundamentaron, pues no existe la
figura de la «nulidad consecuencial o por consecuencia» o «nulidad ex officio». En
otras palabras, la anulación del acto general no conlleva la nulidad de los actos
particulares derivados, pues es indispensable que sean cuestionados en sede
administrativa y judicial. […] Así las cosas, la declaración de nulidad de un acto
administrativo general no necesariamente afecta las decisiones particulares o
derivadas, por cuanto ello pende de si están o no consolidadas y, mucho menos,
conlleva su invalidación automática, consecuencial o ex oficio.

SITUACIONES JURÍDICAS CONSOLIDADAS – En materia tributaria /
SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS – En materia tributaria /
DEVOLUCIÓN O RECUPERACIÓN DE UN IMPUESTO QUE NO SE DEBÍA - El
contribuyente tiene la carga de solicitar a la entidad recaudadora el
resarcimiento por vía administrativa, previo acudir, dentro de la oportunidad
legal, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Para definir si una situación jurídica en esta materia está consolidada o no, se
debe establecer si el contribuyente afectado cuenta aún con medios
administrativos y/o judiciales para la recuperación del tributo pagado en exceso o
no debido con ocasión del acto administrativo general declarado nulo. Ha sido
criterio reiterado de la Corporación y, recientemente, de la Sala Especial de
Decisión No. 4 que, ante una pretensión de devolución o recuperación de un
impuesto que no se debía, el contribuyente tiene la carga de solicitar a la entidad
recaudadora el resarcimiento por vía administrativa porque así lo impone la
regulación rectora y, en caso de no obtener una respuesta favorable, acudir a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de 4 meses
previsto en el literal d) de numeral 2 del artículo 164 del CPACA. […] La carga
descrita, también se predica respecto de las sanciones que impongan las
entidades recaudadoras por el no pago de tributos, por cuanto respecto de esas
decisiones se debe agotar la vía administrativa, previo acudir, dentro de la
oportunidad legal, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho […]. Así
pues, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter general que
estableció un tributo tiene efectos ex tunc solo en aquellas situaciones jurídicas
que no se encuentran consolidadas, porque el contribuyente afectado aún intenta
en sede administrativa y/o judicial la devolución del valor pagado en exceso o no
debido.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL
D

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el procedimiento administrativo que se debe
agotar para obtener la devolución de los pagos en exceso o de lo no debido
originados en obligaciones tributarias, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia de 25 de febrero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2012-00349-
01(23397), M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO – Medio de control idóneo
para obtener la devolución de lo pagado por concepto de tributos y/o
sanción derivada

Como se vislumbró en el acápite que antecede, el administrado cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo
138 del CPACA, el cual, en los términos de la Sección Cuarta de esta
Corporación, resulta idóneo para obtener el reintegro de lo indebidamente pagado
por un tributo declarado ilegal o inconstitucional. Lo anterior, por cuanto permite
revisar la legalidad de los actos administrativos y determinar el perjuicio que estos
causan a los particulares. En el caso de la devolución del pago de lo no debido,
esa finalidad se concreta en el examen del acto que negó (total o parcialmente) el
reintegro de la obligación tributaria pagada sin que existiera fundamento legal para
ello.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138

DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS Y SANCIONES POR DECLARATORIA DE
NULIDAD DEL ACTO GENERAL O DE INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA QUE
AUTORIZÓ SU COBRO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REPARACIÓN DIRECTA

En el caso de la devolución de tributos y sanciones no puede hablarse de la
existencia de un daño antijurídico y de la configuración de responsabilidad
extracontractual del Estado por la mera declaratoria de nulidad del acto general o
de inexequibilidad de la norma que autorizó su cobro. Esto es así, porque los
pagos que se realizan en vigencia de actos generales o normas que
posteriormente desaparecen del ordenamiento jurídico, no tienen la condición de
antijurídicos, toda vez que los contribuyentes estaban legítimamente obligados a
realizar tales erogaciones, en otras palabras, se encontraban en el deber legal de
soportar la carga impuesta. Lo último, si se tiene en cuenta que las obligaciones
tributarias tienen fundamento en el deber constitucional de colaborar con las
cargas públicas. En este punto, no se puede soslayar que para la devolución de
gravámenes afectados por una especie de ilegalidad o inconstitucionalidad
sobreviniente, existe un mecanismo especial definido por el legislador para pedir
su restitución, que consiste en solicitar a la entidad recaudadora el reintegro de los
dineros pagados, de manera que el daño se concreta cuando, a pesar de tener
derecho a la devolución, (i) la administración niega la solicitud de forma expresa o
ficta y (ii) la autoridad judicial, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se pronuncia sobre el particular. En este último
punto resulta pertinente destacar que el daño no es antijurídico si la jurisdicción
niega la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho o la reparación de
perjuicios. Por el contrario, si se anula, restablece y repara, entonces se indemniza
el daño causado con anterioridad, no el concretado o causado por la providencia
judicial. Respecto de lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado señaló que el hecho de no agotar el procedimiento
administrativo de devolución ante la entidad encargada de la administración del
tributo y/o sanción pagados lleva a concluir que el daño reclamado es inexistente o
no se encuentra consolidado […]. […] Por su parte, la Sección Tercera de esta
Corporación ha reiterado que para reclamar por vía de reparación directa el
reintegro de un tributo declarado nulo, el administrado tiene la carga de acreditar
la configuración del primer elemento de la responsabilidad, es decir, el daño, el
cual (i) no se configura con los soportes de pago correspondiente y la declaración
de nulidad del acto general o inexequibilidad de la norma que lo obligaba y (ii)
requiere para tener certeza del mismo, el reclamo previo en sede administrativa y
judicial. […] Así las cosas, tratándose de una acción resarcitoria como es la
reparación directa y por ser de la misma naturaleza, válido para la reparación de
los perjuicios causados a un grupo, la tesis generalizada es que el daño
antijurídico, imputable a la administración e indemnizable, no surge

automáticamente de la declaratoria de nulidad del acto general o inexequibilidad
de la norma que establece un tributo para aquellas personas que durante su
vigencia debieron satisfacer dicha obligación por realizar el hecho generador del
gravamen. Es necesario que, en cada caso, el juez examine el acervo probatorio y
los argumentos del demandante para establecer la certeza de ese daño y su
antijuridicidad.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acción de grupo y el daño antijurídico por el
pago de un tributo, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, providencia de 4 de diciembre de 2018, expediente 66001-33-31-
002-2007-00107-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez

CASO CONCRETO – Es procedente proferir un fallo de reemplazo

Lo desarrollado en los acápites que anteceden, permite evidenciar que el fallo de
30 de septiembre de 2019, expedido por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
no acreditó la existencia del daño y de su antijuridicidad, por fuera de los
elementos: pago del tributo y/o sanción por extemporaneidad, y declaración de
nulidad del acto general que lo autorizó, sino que dio por objetiva la
responsabilidad del municipio de Pereira. Además, no desarrolló el carácter
tributario de la controversia y necesidad o no de agotar (i) los procedimientos
fiscales para la devolución o reintegro del tributo y/o sanción reclamados y (ii) el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Aspectos que se
habían abordado en la jurisprudencia del Consejo de Estado y que fueron
concretados, en su mayoría, en el fallo de 4 de diciembre de 2018, proferido por la
Sala Especial de Decisión No. 4 que declaró próspera la solicitud eventual de
revisión contra una sentencia proferida por el mismo Tribunal Administrativo de
Risaralda, en la que se concluyó que es imperativo (i) adelantar el procedimiento
previo en sede administrativa y judicial y (ii) analizar y especialmente probar el
daño antijurídico alegado, sin que se confunda con el perjuicio o lo cuantificable
del detrimento. En este punto, resulta pertinente evidenciar que las Salas
Especiales de Decisión Nos. 19 y 2, en sentencias de 1º de octubre y 3 de
diciembre de 2019 , estudiaron casos similares al de la referencia y mantuvieron la
posición jurisprudencial descrita, sin enfatizar, como se hace ahora, que cuando
se pretende la devolución de sanciones por extemporaneidad impuestas con
ocasión de un tributo declarado nulo o inexequible, el contribuyente también tiene
la carga de requerir previamente a la entidad recaudadora, a través de los
recursos dispuestos en el Estatuto Tributario y, en caso de no obtener una
respuesta favorable, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo expuesto, no queda camino diferente al de proferir un fallo de reemplazo, en
el que se invalidará el del Tribunal Administrativo de Risaralda, y en consecuencia,
se revocará el del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Generalidades

El impuesto de industria y comercio es un gravamen directo (el contribuyente es el
afectado con el pago), de naturaleza territorial, que recae sobre la realización
directa o indirecta de actividades industriales, comerciales o de servicios de
manera permanente u ocasional en una determinada jurisdicción municipal. Este
gravamen es administrado directamente por los municipios, los cuales con
fundamento en la autonomía territorial y las limitaciones de la potestad tributaria, lo
desarrollan especificando, en cada caso, las actividades sujetas y la tarifa de
acuerdo con los intervalos autorizados por la ley.

FUENTE FORMAL: LEY 14 DE 1983 – ARTÍCULO 32 / LEY 14 DE 1983 –
ARTÍCULO 33 / DECRETO 1333 DE 1986

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaratoria de nulidad del Decreto 1122 de
2011, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de junio de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00242-02 [21521], M. P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.

DEVOLUCIÓN O RECLAMACIÓN DE SUMAS DE DINEROS POR CONCEPTO
DE TRIBUTOS - No se pueden pretermitir los procedimientos administrativos
previstos en las normas fiscales para su devolución o reclamación /
RECLAMACIÓN POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE GRUPO – Implica demostrar
haber padecido un daño antijurídico

Así las cosas, como lo concluyó recientemente la Sala Especial de Decisión No.
19, en sentencia de 1º de octubre de 2019, no se pueden pretermitir los
procedimientos administrativos previstos en las normas fiscales para solicitar la
devolución o reclamación de sumas de dinero canceladas por un contribuyente
que no tenía el deber legal de hacerlo o que si lo hizo, fue producto de una norma
declarada nula o inexequible; los cuales terminan en un acto administrativo de
carácter particular y de contenido económico que puede ser demandado por el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Hacerlo por la acción
de grupo, hoy denominado medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, implica demostrar haber padecido un daño antijurídico.

DAÑO ANTIJURÍDICO – Definición

Esta Corporación ha sostenido que, aunque el ordenamiento jurídico no contiene
una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, éste se refiere a
«la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no
está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho»,
de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado, se ha de
probar inicialmente la existencia del daño antijurídico, el cual debe ser cierto -«es
decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o
conjeturas» -, y determinado o determinable.

CASO CONCRETO - El grupo actor omitió su deber de constituir la decisión
previa de la administración respecto del pago del tributo y/o de la sanción
por extemporaneidad / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE UN TRIBUTO –
No es suficiente para decretar la responsabilidad estatal / DEVOLUCIÓN O
RECUPERACIÓN DE UN IMPUESTO QUE NO SE DEBÍA - El contribuyente
tiene la carga de solicitar a la entidad recaudadora el resarcimiento por vía
administrativa, previo acudir, dentro de la oportunidad legal, a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho

De igual forma, según la jurisprudencia analizada, es necesario agotar
previamente la reclamación administrativa conforme a las normas tributarias que
regulan la administración territorial, siguiendo el mismo procedimiento que se
aplica para (i) las devoluciones de los saldos a favor y/o (ii) la reconsideración de
las sanciones por extemporaneidad . Carga que debe asumir y agotar el titular que
procura obtener un efecto a su favor. Al descender al caso concreto, se observa
que el grupo actor omitió su deber de constituir la decisión previa de la
administración respecto del pago del tributo y/o de la sanción por
extemporaneidad, conforme a las normas fiscales que así lo determinan. En este
punto, resulta imperioso señalar que, la simple imputación realizada por la parte

demandante, consistente en que la variación del período fiscal, concretada a
través del Decreto 1122 de 2011, comporta una carga económica que no debían
soportar, no edifica, por si sola, la antijuridicidad del daño, más cuando esta
Corporación ha enfatizado que la posterior declaratoria de ilegalidad del tributo no
es suficiente para decretar la responsabilidad estatal. Así las cosas, el grupo actor
no cumplió con el requisito previo establecido en las normas tributarias necesario
para acudir a la vía judicial, tampoco demostró que el daño era cierto y antijurídico,
por fuera de los elementos: pago del tributo y/o sanción por extemporaneidad, y
declaración de nulidad del acto general que lo autorizó, con el correspondiente
nexo causal. Por lo cual, se declararán imprósperas las pretensiones invocadas en
este medio de control, lo que releva hacer pronunciamiento respecto a los
honorarios del abogado coordinador. La anterior decisión, no sin antes anunciar
que se reiterará la posición jurisprudencial mantenida en sentencias de 1º de
octubre y 3 de diciembre de 2019, proferidas por las Salas Especiales de Decisión
Nos. 19 y 2, con la precisión en el sentido de que cuando se pretenda la
devolución de sanciones por extemporaneidad impuestas con ocasión a un tributo
declarado nulo o inexequible, el contribuyente también tiene la carga de requerir
previamente a la entidad recaudadora, a través de los recursos dispuestos en el
Estatuto Tributario o en la norma local aplicable y, en caso de no obtener una
respuesta favorable, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1122 DE 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA NOVENA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV

Actor: DERECHO EN LÍNEA S.A.S.

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA

Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL

Proceso de origen: ACCIÓN DE GRUPO

Temas: Efectos «ex nunc» y «ex tunc» de una sentencia que declara la nulidad de
un acto administrativo general/ Situaciones jurídicas consolidadas y no
consolidadas en materia tributaria/ Medio de control idóneo para obtener la
devolución de lo pagado por concepto de tributos y/o sanción derivada

I. REVISIÓN EVENTU AL DE L A ACCIÓ N DE GRUPO , HO Y
MEDIO DE CO NTROL DE REP AR ACI ÓN DE LOS
PERJUICIOS C AU S ADOS A UN GRUPO.

1. La Sala Especial de Decisión No. 9 d el Consejo de Estado decide
el mecanismo de revisión e ventual presentado por el Procurador 157
Judicial II para Asuntos de Conciliación Administrativa respecto de
la sentencia de 30 de septiembre de 2019 prof erida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda , que conf irmó la decisión del Juzgado
Primero Administrativo de Pereira .

II. ANTECE DENTES.

(2.) 2.1 Demanda y sus fundamentos 1. El señor Ef rén de Jesús
Henao Henao, en nombre y representación de Der echo en Línea
S.A.S. y de otros comerciantes , en ejercicio de l medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo, instauró demanda
contra el municipio de Pereira porque, a través del artículo 3º del
Decreto 1122 de 13 de diciembre de 2011, varió el período f iscal del
impuesto de industria y comercio y la f orma como se tiene que
declarar y pagar ese tributo , lo cual está en contravía de lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983.

3. Precisó que el primer mandatario del municipio de Pereira , al
variar el período f iscal del aludido gravamen y los plazos de pago ,
«desbordó sus facultades y fue más allá de lo que la Ley y el
Acuerdo le ordenaban; violándose el Acuerdo 109 de 1997 y por
contera la Ley 14 de 1983, en su artículo 33; perju dicando a los
contribuyentes que deben declarar bimestralmente, sobre ingresos
del año 2012, cuando deberían declarar sobre los ingresos del 2011 ;
pues una cosa es como se declara y otra es como se pa ga» .

4. Que el artículo 3º del Decreto 1122 de 2011 generó un daño que
no están obligados a soportar, por cu anto, sin atender la ley marco,
obliga «que los contribuyentes de INDUSTRIA Y COMERCIO,
pertenecientes al régimen bimest ral, así co mo los agentes
retenedores, a título de impuesto, declarar án y pagarán en los
formularios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Finan zas
Públicas por cada Bimestre en el año 2012 [enero -f ebrero, marzo -
abril, mayo -junio, julio -a gosto, septiembre -octubre, noviembre -
diciembre] ».

5. Aseveró que lo anterior ha «ocasionado un de trimento patrimonial
a quienes tuvieron que cancelar la sanción por la no declaración en
las vigencias esta blecidas en dicho artículo del impue sto bimestral

1 Folios 76 a 107.

de industria y co mercio, consistente en el 5% del total del impuesto
bimestral, por cad a mes o frac ción de retraso en la presentación» .

6. Solicitó lo siguient e:

PRI M ERO : Q ue se declar e adm in ist r at ivam ent e y pat r im on ialm ent e
r esponsable a l MU NI CI PI O DE PEREI RA por el DAÑO MAT ERI AL,
q ue ocasionó a lo s m iem br os del G RUPO con la FA L LA EN EL
SERVI CI O DE LA F UNCI Ó N PÚ BLI CA en q ue incur r ió e l SEÑO R
ALCAL DE DE T URNO con la expedic ión del Decr et o 1122 del 13 de
diciem br e de 2011 q ue MO DI FI CÓ lo est ablecido en el Ac uer do 109
de 1997, en lo r e la t ivo a los p la zos p ar a DECLA RA R Y DE PA SO
VARI Ó EL PERÍ O DO FI SCAL del i m pue st o de I ndust r ia y Com er cio y
la f orm a en q ue se t iene q ue declar ar y pag ar .

SEG UNDO : Q ue com o consecuencia d e la declar ac ión an t er ior , se
or dene al MUNI CI PI O DE PEREI RA la d evo luc ión de los d in er os q ue
por concept o del Impuest o de I ndustr ia y Com er ci o, hayan c ancelado
los cont r ibu yent es e n la vig encia del 20 12 en f or m a bim estral.

TE RC ERO : Q ue se declar e adm inis t r at iva y pat r im onialm ent e
r esponsable a l MU NI CI PI O DE PEREI RA por el DAÑO MAT ERI AL,
q ue ocasionó a los m iem br os del G RUPO con las sanciones
im puest as a los cont r ibuyent es com er ci ant es, q uienes por declar ar y
pag ar ext em por áneam ent e el im puest o bim est r al de I ndust r ia y
Com er cio, se les aplicó la sanci ón de l 5% del t ot al del im puest o
bim est r al por cada m es o f r acción de cada m es o r etr aso.

CU AR TO : Q ue com o consecuenci a de la declar ac ión ant er ior , se
or dene al MUNI CI P I O DE PEREI RA la devol ución de los diner os
r ecaudados por concept o de sanción del 5% del t ot al del im puest o
bim est r al por cada m es o f r acción de c ada m es o r et r aso , im puest os
a aq uell os com er ci ant es cont r ibu yent e s q ue pr esent ar on en f orm a
ext em por ánea su de clar ación y pag o del cit ado im puest o .

(7.) 2.2 Sentencia de primera instancia 2. El Juzgado Primero
Administrativo de Pereira, mediante sentencia de 28 de junio de
2019, (i) decid ió e starse a lo resuelt o en sentencia de 22 de f ebrero
de 2019 prof erida por el Tribunal Administrativo de Risaralda ; (ii)
declaró patrimonialmente responsable al municipio de Pereira « solo
por los daños sufridos por los mie mbros integrantes del grupo que
tienen la condición de sancionados pecuniariamente por
extemporaneidad, de las declaraciones bimestra les del impuesto de
industria y co mercio, durante el año 2012 »; y (iii) condenó a la
entidad demandada «a pagar a título de indemni za ción colectiva por
perjuicios mate riales, la suma ponderada de trescientos noventa y
cinco millones ochocientos setenta y tres mil ciento noventa pesos
($395.873.190) », la cual se estableció:

[ …] con base en el m ont o de lo r ecaudado por concepto de las
sanciones por e xt em por anei dad im puest as en el año 2012 [ …] .

2 Folios 359 a 369.

8. Aclaró que «al n o existir prueba en el expediente que indique que
la modificación en la periodicidad con la que debía reali za rse la
declaración generó un pago en exceso, en relación con el monto del
impuesto lla mado a cancelarse anualmente , este estrado
judicialmente care ce de elementos que le permitan afirma r que la
decisión de la administración generó un detrimento económico en el
patrimonio de los mie mb ros del grupo, en lo que al importe del
tributo se refiere, que e l municipio de Pereira está llamado a
resarcir» .

9. Que no «ocurre lo mismo con lo cancelado por concepto de
sanción por extemporaneidad , de las declaraciones bimest rales del
impuesto de industria y co mercio, toda ve z que de la nulidad de los
apartes […] del Decreto 1122 de 2011, sí se sigue la ilegalidad del
pago de tales sanciones, pues si el período allí ref erido resulta
contrario a derech o, también lo es la sanción que se imponga por no
acatar ese pla zo ».

10. Destacó que como Derecho en Línea S.A.S. «no se encuentra
dentro del listado de personas sancionadas por esa causa, amén de
acreditarse en este proceso el pago oportuno de los prime ros cuatro
bimestres de 2012 , este ju zgado solamente accederá a ordenar la
indemni za ción colectiva ponderada de los mie mbro s d el grupo, por
lo indebidamente pagado por concepto de sanción por
extemporaneidad en el año 2012, cuyo origen sea la falta de
declaración bimest ral del citado impu esto» .

11. Que la «individuali za ción de tales sumas a favor de los demás
integrantes del grup o afectado, se hará con base en los
comp robantes de los pagos efectuados por concepto de sanción por
extemporaneidad del pago de impuesto de industria y co mercio de
forma bimestral durante el año 2012, a favor del municipio de
Pereira».

2.3 Recursos de apelac ión.

(12.) 2.3.1 El M unicipio de Pere ira 3 insistió en que el «daño
antijurídico no existía el 25 de septie mb re de 2012, mo mento en que
el demandante DERECHO EN LÍNEA S.A.S. presentó la demanda
[…] en contra del municipio de Pereira, expediente 66001 -33-33-
001-2012-00141 -00, pues para esa fecha los actos administrat ivos
(Acuerdo 133 de 1997 y Decreto 1122 de 2011) go zaban de
presunción de legalidad, ra zón por la cual esta acción de grupo se
torna improcedente […]; por otra parte, no se encuentra probado que
durante el tiempo en que estuvo vigente el acto dema ndado, sufrió
un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política ».

3 Folios 374 a 384.

13. Que el grupo actor debió « presentar ante la Administración
Tributaria Municip a l (Secretaría de Hacienda de Pereira) la solicitud
de devolución por pago de lo no debido, una ve z se encontrara
ejecutoriada la se ntencia del 8 de junio de 2016 proferida por el
Consejo de Estado , sie mpre que la situación jurídica no se hubiese
consolidado, pues a voces de la S ección Cuarta del Consejo de
Estado mientras el término para solicitar la devolución no esté
vencido, no existe situación jurídica consolidada y procede la
solicitud de reintegro ».

(14.) 2.3.2 El señor Efrén de Jesús Henao Henao 4 reiteró que e l
asunto sub judice «se encuentra en los efectos ex tunc de la
sentencia del 8 de junio de 2016, mediante la cual el Honorable
Consejo de Estado declaró la nulidad de las expresiones que
permitían reali za r el cobro del impue sto de industria y come rcio de
forma bimest ral, ra zón por la cual los pagos que efectuaron los
come rciantes del municipio de Pereira en forma bimestral , en virtud
de los apartes declarados nulos , ca recen de sustento normativo y
originan un daño antijurídico que debe ser indemni zado », lo que
hace imperativo ordena r la devolució n de las sumas de dinero que
se suf ragaron por dicho concepto y por sanción por
extemporaneidad, pues «de lo contrario, se esta ría configurando un
enriquecimiento sin causa , en favor del ente accionado y en
detrimento del patrimonio de los ad ministrados ».

15. Que «si bien el cobro y pago del I mpuesto de Industria y
Co mercio de forma bimestra l, conforme lo ordenaba el artículo 3º del
Decreto 1122 de 2011 , go zó de presunción de legalidad durante su
vigencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1437
de 2011, tal presunción fue desvirt uada, a través de la sentencia
que declaró su nulidad ».

16. Puntualizó que la declaratoria de nulidad de la expresión
«pertenecientes al régimen bimest ral » , contenida en el Decreto 1122
de 2011, evidencia la existencia de « una falla en el servicio que
puede generar un daño antijurídico y ello se dice, p or cuanto los
ciudadanos y es apenas lógico, esperan legítima mente […] que el
legislador, las asambleas, los concejos municipales, los alcaldes,
etc…, expida n normas que se ajusten al texto constitucional y
legal».

17. Que lo ocurrido en este caso « se constituye en fuente de
reparación […] por parte del demandado, debiéndose condenar al
mismo al pago de la indemni za ción correspondiente, consistente en
el resarcimiento de las su mas pagadas por el actor y lo s de más

4 Folios 385 a 391

integrantes del grupo afectado , que comprueben haber pagado el
referido impuesto de forma bime stral y las respectivas sanciones por
extemporaneidad como se ordenó en la sentencia, debidamente
indexadas».

18. Advirtió que la condena impuesta por el a quo , por concepto de
lo recaudado por sanciones por extemporaneidad -$395.873.190 -,
f ue sin indexación, lo que genera un detrimento patrimonial .

(19.) 2.4 Ac tuaciones procesales . El Juzgado Primero
Administra tivo de Pereira, a través d e los prove ído s de 29 de julio 5 y
23 de agosto 6 de 2019, (i) f ijó fecha y hora para celebrar una
audiencia de conciliación ; (ii) declaró fallida la anterior etapa del
procedimiento y (iii) concedió el re curso de apelación interpu esto
por las partes .

(20.) 2.5 Fallo de segunda instancia. El Tribunal Administrativo de
Risaralda , en sentencia de 30 de septiembre de 2019 7, conf irmó la
decisión de primera instancia , por cu anto es palmaria la procedencia
de la acción de grupo , en la me dida en que « existe un daño
antijurídico (expedición del Decreto 1122 de 2011 ilegal), generado
a un grupo de personas en condiciones uniformes (contribuyentes
obligados a declarar y pagar el impuesto de industria y come rcio) ,
es decir, se cu mplen los pres upuestos contemplados en el artículo
3, 48 y 47 de la Ley 472 de 1998 ».

21. Determinó que « con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se
habilitó la posibilidad de interponerse la referida acción para
solicita r la inde mn i za ción de perjuicios causados por la expedición
de un acto administrativo, para el efecto, se recuerda que la acción
judicial se instauró después de la entrada en vigencia de la citada
normativa, por lo que se aplica a la situación anali zada y, en
adicional a lo anterior, el acto ad ministrat ivo fuente del daño es
objeto posteriorme nte de anulación por parte de la jurisdicción de lo
contencioso admin istrativo (Consejo de Estado) con ocasión de su
ilegalidad ».

22. Que el medio de control de la ref erencia no tiene el carácter de
subsidiario y, en esa medida, no existe la obligación a cargo de
grupo de solicitar primero « la devolución ante el municipio de
Pereira», en los términos descritos en el Estatuto Tributario .

23. Aseveró que e n la sentencia de 8 de junio de 2016, prof erida por
la Secció n Cuarta del Consejo de Estado, se puso de manif iesto (i)
«el cobro ilegal que se venía efectuando por parte del municipio de

5 Folio 392.
6 Folios 395 y 395vto.
7 Folios 408 y 416.

Pereira en relación con el período de causación del impuesto de
industria y co mercio » y (ii) los ef ectos ex nunc de lo s f allos que
excluyen del ordenamiento jurídico actos administrativos de carácter
general que contengan cargas impositivas.

24. Que, en este caso, «el único pago que se efectuaba de manera
anualizada, fue dividido en seis pagos, en el mismo sentido , se pudo
reflejar que este valor no fue objeto de controversia ni su ilegalidad
fue demostrada en el proceso, así como ta mpoco f ue objeto de
mención en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 8 de
junio de 2016, por lo que no resulta procedente ordenar la
devolución de sumas pagadas por dicho concepto ».

25. Enfatizó que « la declaratoria de nulidad trae consigo la pérdida
de valide z y de vigencia del acto administrat ivo, y co n ello, de su
fuerza ejecutoria, pero conforme se expuso, sus efectos son hacia
futuro y de manera in mediata, lo que significa que se co mparte la
posición asumida por la Jue z de Primera Instancia, en cuanto
dispuso que se afectaban las situaciones no consolidadas, es decir,
las relacionadas con la causación bimestra l del impuesto de
industria y co mercio, ordenando solo la devolución de la sanción por
extemporaneidad que se hubiera cobrado a los contribuyentes del
citado impuesto por no pagar en los límite s temporales
contemplados en el artículo 3º del Decreto 1122 de 2011 (declarado
nulo)».

26. Que «el jue z d e primera instancia sí ordenó la indexación de las
sumas que se d eben pagar por concepto de indemn i zación de
perjuicios causados a los integrantes del grupo, y la providencia es
clara en señalar que la individualiza ción de las sumas se h ará para
cada uno, conforme a los co mprob antes de pago por concepto de
sanción por exte mporaneidad del impuesto de industria y co mercio,
lo cual resulta ra zo nable y justo, en cuanto no todos se vieron
afectados por el pago de una única suma de dinero, en t anto las
declaraciones para cada persona es diferente y pues ello debería
corresponder entonces a la indexación de la suma d e dinero que
corresponda de manera individual, en la medida que cumplan con el
requisito de allegar el documento que acredite el pag o de la
correspondiente sanción ».

27. Resaltó que las agencias en derecho « aparecen probadas en
virtud a lo establecido en el artículo 365 del Código General del
Proceso […] y están representadas además en los gastos ordinarios
del proceso; en que fue nec esaria la participación de un apoderado
en los términos de los artículos 229 d e la Carta y 160 de la L ey 1437
de 2011, en el presente asunto, audiencia de conciliación, decreto
de pruebas y alegatos de conclusió n, por lo que evid entemente se
causaron […], las que valga recordar se ocasionan au n cuando se

actúe sin apoderado (arts. 366 -3, 1 88 y 306 C.P.A.C. A.), ra zón por
la cual la condena en costas imp uesta por el jue z de primera
instancia estuvo ajustada a derecho, es decir, el valor corresponde a
dos sala rios mínimos ».

28. Que la decisión del a quo brinda « parámetros cla ros a partir de
la interpretación que desarrolla del citado artículo 65 de la ley 472
de 1998, y, en su contexto , resulta evidente que la autoridad
competente encargada de conformar el gru po después de la
sentencia que pone fin al proceso es la Defensoría del Pueblo ».

III. TR ÁMI TE DEL ME C ANISMO DE REV ISIÓN EVENTU AL DE
ACCIÓN DE GRUP O , HOY DE L MEDI O DE CONTROL DE
REP AR ACIÓN DE LOS PERJUICIOS C AUS ADOS A UN
GRUPO.

(29.) 3.1 Solicitud de re visió n e ventual 8. El Pro curador 157
Judicial II para Asuntos de Conciliación Administrativa consider ó
que el Consejo de Estado debe revisar, especialmente, la sentencia
de segunda instancia porque desconoce «el precedente de la
máxima corporació n en relación co n la procedencia y características
de la acción de grupo o de reparación de perjuicios causados a un
grupo frente a la declaratoria de nulidad de actos administrativos de
carácter general que fijan tributos ».

30. Precisó que , para este caso , se debe tener en cuenta lo
decidido en la sentencia de 4 de diciembre de 2018 9 de la Sala
Especial de Decisión No. 4 de esta Corporación.

31. Aclaró que «si bien la administ ración expidió un acto general
que fijó un período bimest ral de declaración de impuesto y este fue
luego anulado […], lo cierto es que los daños que fueron
recla mados y luego indemni zados no corresponden ni al impuesto
pagado, ni a una consecuencia directa de la fijación del período
bimestral. El daño concreto recla mado e indemnizado corresponde a
un hecho posterior al acto general, derivado del no c ump limiento
oportuno de la declaración y pago del impuesto de industria y
come rcio, en los términos fijados por el acto administrativo general.
Es decir, el daño devino de sanciones tributarias p osteriore s e
independientes al acto general ».

32. Que una « mu estra de la independencia del daño imputado y
ordenado indemniza r, de la ilegalid ad del acto, es que la nulidad

8 Folios
420 a 422.
9 Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia de 4 de diciembre de 2018,
expediente 66001-33-31-002-2007-00107-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

decretada o la expedición del acto ilegal no causó daño a quien no
fue sancionado, es decir , a quien no era sujeto del imp uesto o que
siéndolo presentó su declaración y pagó en los términ os previstos
en el acto ». Agregó que, por esta ra zón , «no puede afirma rse que el
daño proviene de la nulidad decre tada y mucho me nos que el
[detrimento af rontad o] consiste en esa nulidad decretada ».

33. Puntualizó que «para que procediera la acción de g rupo en este
caso concreto debió demandarse por esta vía la ilegalidad de algún
acto admin istrativo de carácter part icular que hubiese afectado a 20
personas o más y además que uno de ellos, por lo me nos, hubiese
agotado los recursos obligatorios. Lo que no se observa en el
proceso». Añadió que, en todo caso, «de haber existido actos
admin istrativos que impusie ron sanciones, estos debieron
demandarse y a través de su nulidad recla mar la devolución de la
sanción pagada como consecuencia d e su expedición con ba se en la
declaratoria de n ulidad del acto general en el cu al estos se
basaban».

34. Concluyó que es importante que esta Corporación « analice la
posibilidad de una revisión eventual de lo decidido con miras a que
a) se fije un criterio sobre los puntos expuestos anteriormente en
cuanto a la forma en que se analizó el daño en el caso concreto y
se fije un derrote ro para los de má s jueces y t ribunales sobre la
materia, b) adecúe lo decidido al precedente ya fijado por el
honorable Consejo de Estado en asuntos similares, alg unos de ellos
provenientes, precisa mente, de la t esis que sostiene el Tribunal
Administrativo de Risaralda y que tamb ién han sido seleccionados
para el efecto ».

(35.) 3.2 Auto que se leccionó para re visión e ventual . Por
prove ído de 26 de noviembre de 2020 10, se seleccio nó para su
revisión la sentencia de 30 de septiembre de 2019, prof erida por el
Tribunal Administrativo de Risa ralda , a f in verif icar si esa decisión
«se ajusta a los parámetros disp uestos en la jurisprudencia,
concretamente en los siguientes temas: 1) cuáles son los efectos de
la sentencia que declara la nulidad del acto admin istrativo general
que consagra tributos y si se afectan o no situaciones jurídicas
consolidadas; 2) definir el daño indemn i zable en estos eventos y 3)
si en estos casos es necesario acudir al agotamiento de la vía
gubernativa como lo sugiere el Ministerio Público, o puede acudirse
directa mente al medio de control d e indemni za ción de perjuicios a
un grupo, como en su mo mento lo consideraron las d ecisiones de
primera y segunda instancia ».

10r e l a t o r i a . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o : 8 0 8 0 / V i s t a s / C a s o s / l i s t _ p r o c e s o s ? g u i d = 6 6 0 0

13333001201200141011100103.

IV. CONSIDER ACIONES

(36.) 4.1 Competencia . La Sala Especial de Decisión No. 9 es
competente para decidir la presente revisión e ventu al f rente a l f allo
de 30 de septiembre de 2019, prof erido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda en la acción de grupo de la ref erencia,
de conformidad con el art ículo 11 de la Le y 1285 de 22 de enero de
2009 (que adicion ó la Le y 270 de 7 de marzo 1996 con el art ículo
36A), en concordancia con el numeral 4 º del art ículo 29 del Acuerdo
80 de 12 de marzo 2019.

(37.) 4.2 Re visión e ventual en l as acciones populares y de
grupo. Con el f in de implementar un instrumento juríd ico o
mecanismo judicial a través del cua l el Consejo de Estado tuviera
competencia, como Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo, para conocer en ciertos eventos de las acciones
populares y de grupo, ante la entrada en vigor y operación de los
juzgados administ rativos, con la c onsecuente modif icación de las
competencias en este tipo de acciones, la Ley 1285 de 2009 creó la
revisión e ventual para tales medios de control, cuyo propósito
principal consist ió en unif icar jurisp rudencia .

38. La Corte Constitucional, en sentencia C -713 de 2008, precisó
que «la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de
Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal
Supremo de la ju risdicción contencioso administrativ a , reconocida
en el artí culo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de
Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva
de orden sistémico para integrar y unificar la jurispru dencia en lo
que concierne a dicha jurisdicción, e n el marco de la Constitución y
la ley […]».

39. Por su p arte, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación
esbozó que el Co nsejo de Estado como «Tribunal Supre mo de lo
Contencioso Administrativo» ostenta «la vocación con stitucional de
unificar la jurisp rudencia nacional en la materia; [ ya que] es el
órgano con stitucionalmente responsable de garantiza r que tanto los
Jueces y Tribunales que integran la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, co mo los ó rganos y entidades que ejercen funciones
admin istrativas, al igual que los u suarios de dicha Jurisd icción,
cuenten con una jurisp rudencia uniforme -que no in mutable - y
constante, respetuosa de los prin cipios de igualda d, seguridad
jurídica, confian za legítima, buena fe y publicidad de la actividad
judicial, que sirva de manera efectiva y efica z tanto como fuente
auxiliar de la Ad ministración de Justicia […]». Añadió que lo anterior
adquiere importancia « cuando se trata de las decisiones proferidas
con ocasión del trá mite de las acciones populares y de grupo,
habida consideración de que –como se expuso anteriormente – con la

entrada en funcionamiento de los Ju zgados Administrativos esta
Corporación care ce de competencia para conocer, por vía de
apelación o a través de cualquier otro mecanismo procedimental, de
las decisiones p roferidas por los jueces de instancia en los procesos
iniciados co mo con secuencia de este tipo de acciones » 11.

40. Bajo los anteriores criterios, e sta Sala Especial de Decisión
abordará el estudio del tema que f ue seleccionado por la Sección
Segunda de esta Corporación con el objeto de modif icar o u nif icar la
jurisprudencia .

(41.) 4.3 Problema jurídico . ¿La sentencia de 30 de septiembre de
2019, proferida por el Tribunal Administ rativo de Risaralda, está
acorde con los pro nunciamientos del Consejo de Estado respecto del
daño antijurídico, nexo caus al y recla mación previa a la
admin istración, cuando se pretende recla mar el pago de tributos y
sanciones derivadas durante la vigencia de una norma decla rada
nula?

(42.) 4.4 Metodol ogía. Para dilucid ar lo anterior, se abordará la
sigu iente temática: (i) ef ectos «ex nunc» y «ex tunc» de una
sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo general;
(ii) situaciones jurídicas consolidadas y no consolidadas en materia
tributaria , (iii) medio de control idóneo para obtener la devolución de
lo pagado p or concepto de tributos y/o sanción derivad a (El pago de
un tributo que posteriormente se declara nulo constituye un daño
antijurídico para quienes cumplieron con dicha obligación,
susceptible de ser reclamado a través de los medios de control de
reparació n directa o reparación de los perjuicios ca usados a un
grupo?) y (iv) resp uesta al problema jurídico .

(43.) 4.4.1 Efectos «ex nunc» y « ex tunc» en la sentencia que
declara la nulidad de un acto administrati vo general

44. Respecto de las sentencias que d eclaran la nulidad de un acto
administrativo de carácter general, demandado a través del medio
de control previst o en el artículo 137 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , el
artícu lo 189 ibidem no señala ningú n ef ecto en el tiempo que deba
dársele a esa decisi ón; tema qu e ha sido abordado por la
jurisprudencia de esta Corporación , a partir de las diferencias que
existen entre declaración de nulidad y de inexequib ilidad 12.

11 C o n s e j o de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia
de 14 de julio de 2009, expediente 200012331000200700244 01 (IJ)AG, M. P.
Mauricio Fajardo Gómez.
12 D e i n t e r é s r e s u l t a e l a u t o d e 1 0 d e m a y o d e 1 9 7 4 , e n e l q u e l a S e c c i ó n

Primera de esta Corporación explica que, la primera figura, « parte del supuesto
de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe
s e r r e t r o t r a í d o a l e s t a d o a n t e r i o r a s u v i g e n c i a » y, l a s e g u n d a , « n o d e s c o n o c e

45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una
consecuencia restitutoria, como lo señala el artícu lo 1746 del
Código Civil:

La nul idad pr on unci ada en sent enc ia q ue t iene la f uer za de cosa
j uzg ada, da a las par t es der echo par a ser r est it uidas al m ism o
est ado en q ue se hallar ían s i n o hub ie se exist ido e l act o o cont r at o
nulo; sin per j uici o de lo pr even ido sobr e el obj et o o causa il ícit a.

46. Esta consecuencia resarcitoria implica , en materia contenciosa
administrativa, que los ef ectos de los fallos que declaran la nulidad
sean hacía el pasado, esto es ex tunc 13, ya que no basta que el acto
ilega l sea retirado del ordenamiento jurídico a partir d e la decisión
judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares que
surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio , ya que no
de otra manera podrían rest ituirse la s cosas a su estado anterior.

47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de
situaciones jurídicas particulares que no están consolidadas , es
decir, de aquellas que su rgieron en virtud del acto declarado nulo,
pero que aún no se han def inido , porque se encuentran
cuestionadas en sede administrativa o judicial.

48. No ocurre lo mismo respecto de l as situaciones consolidadas
que ya no son susceptibles de ser discutidas en vía
administrati va y/ o judicial, por cuanto los f allos de nulidad no las
pueden af ectar, porque sus ef ectos son ex nunc 14.

49. Respecto de lo anterior, l a Sala Especial de Decisión No. 4, en
sentencia de 4 de diciembre de 2018 15, puntualizó :

En esas condicio ne s, se consider a q ue la unif icación m ás adecuada,
de car a a lo e xpuest o, es ind ic ar q ue am bas tesis son
com plem ent ar ias, com o lo ha esbo zad o la Secci ón Cuar t a desde la
sig uient e consider a ción: " El f allo de nu lida d de un act o de car áct er
gener al no af ect a sit uaciones conso l id adas, est o quier e d ecir , que
sus ef ect os ex nunc, per o sí af ect a las no consol idadas , lo que
signif ica que en est e caso sus ef ectos son ex t unc, por ello la
sent encia de nu l ida d en r elaci ón con est os últ im os act os pr oduce
ef ect os r et r oact ivos" .

El alcan ce de dich o pr edicado j ur ispr udencia l no es otro q ue los
ef ect os de un f allo de nulidad de l act o gener al son ex nunc , r espect o
de las sit uac iones j ur ídicas co nsol idada s debido a su con no t ación de

la realidad de la vigencia anterior de la norma inexequible », lo que conlleva a
que no se desconozcan las situaciones jurídicas co nstituidas.
13 « d e s d e e l o r i g e n » o « d e s d e s i e m p r e » .
14 « e n a d e l a n t e » o « d e s d e a h o r a »
15 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a P l e n a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , p r o v i d e n c i a

de 4 de diciembre de 2018, expediente 66001 -33-31-002-2007-00107-01, M. P.
Luc y Jeannette Bermúdez.

cer t eza, f ir m eza y d e im posib il idad de ser discut idas. E n c o nt r ast e,
las sit uac iones j ur ídicas no conso lid ad as, est o es, aq uella s q ue se
debat en ant e las aut or idades adm inist r at ivas o ant e la aut or idad
j ur isdiccion al, q ue son sub júdice y, por ende, pasible s de ser
j udicia li zad as, debat idas, anali zadas y decididas, el ef ect o de la
nuli dad es inm ediat o, lo q ue q uier e decir q ue par a el m om ent o en
q ue se def ine la situación par t icu lar debe t ener se en cuenta q ue el
j uez ya no puede a plicar la nor m a o el act o adm inist r at ivo anulado
dada su inexist enc i a der ivada de la dec lar at or ia de nulidad con
ef ect os ab init io .

50. Esta decisión también indicó que los actos administrativos
particulares derivados, subsisten por sí mismos con todos sus
atributos 16 sin que se vean af ectados por la decisión de anulación
del acto general en que se f undamentaron , pues no existe la f igu ra
de la «nulidad consecuencial o por consecuencia » o «nulidad ex
officio». En otras palabras, la anulación del acto general no conlle va
la nulidad de los actos particulares d erivados , pues es indispensable
que sean cuestionados en sede administrativa y judicial .

Por ot r a part e, concebir los ef ect os del act o adm inist r at ivo g ener al
en f or m a independ i ent e al act o m ism o, per m it e dar una explicac ión
pr ag m át ica del hec ho de q ue los act os adm inist r at ivos p ar t icular es
expe didos con f undam ent o en ese act o adm inist r at ivo g ener al
anulado ( act os der i vados) o subsist en por sí m ism os con t odos sus
at r ibut os - val ide z, pr esunción de leg alid ad, pr esunción de buen
ser vic io - sin q ue se vean af ect ados por la anulación del act o en q ue
se sust ent ar on, pues no exist e la f ig ur a de la nulidad consecuencia l
o por consecuencia o nulidad ex of icio . Por t al r azón, con buen
cr it er io se ha dich o q ue la anulaci ón d el act o de nat ur ale za g ener al
no conlle va per se la nulida d de los act os adm inist r at ivos
par t icular es o concr et os expedid os con base en ese acto g ener al
anulado, pues es indisp ensab le q ue sean dem andad os en sus
pr opias acci ones j u r isdicci onal es si la pr et ensión de l int er esado es
q ue t am bién desapa r ezcan de l or den j ur ídico.

Lo inneg ab le e ind i scut ible es q ue el act o declar ado nulo, sea est e
g ener al o par t icular , pr incipal o der i va do, desapar ece com o t al del
or denam ient o y ce sa en sus ef ect os a f ut ur o - ex nunc - por q ue
padece la sanción m áxim a de la ine xi st encia desde el m om ent o de
su anulac ión j udic ia l, en t ant o pier de su va lide z y su vig encia, sal vo
excepc iona lm ent e, si se est á baj o la r ecient e f ig ur a de la m odulac ión
de los ef ect os de la decisión j udicia l. As í q ue los ef ect os hacia el
por ven ir no t ienen m ayor dis yu nt i va par a la j ur ispr udencia.

51. Así las cosas, la declaración de nulidad de un acto
administrativo ge neral no necesariamente af ecta las decisiones
particulares o derivadas , por cuanto ello pende de si están o no
consolidadas y, mucho menos, conlleva su in validación automáti ca,
consecuencial o ex oficio.

16 Entiéndase como atributos los de: validez, presunción de legalidad,
publicidad, ejecutividad, ejecutoriedad, obligatoriedad y estabilidad. Ver: C -
1436 de 2000, T -475 de 1992; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primer a. Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2017.
Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00152-01

4.4.2 Situaciones jurídicas consolidadas y no cons olidadas en
materia tributaria

52. Para def inir si una situación jurídica en esta materia está
consolidada o no , se debe establecer si el contribuye nte af ectado
cuenta aún con me dios administrativos y/o judiciales para la
recuperación del tributo pagado en exceso o no debido con ocasión
del acto administrativo general declarado nulo.

53. Ha sido criterio reiterado de la Corporación y , recientemente , de
la Sala Especial de Decisi ón No. 4 que, ante una pretensión de
devolución o recu peración de un impuesto que no se debía, el
contribu yente ti ene la carga de solicitar a la entidad
recaudadora el resarcimiento por vía administrati va porque así
lo impone la regulación rectora y, en ca so de no obtener una
respuesta f avorable , acudir a la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho dentro del término de 4 meses previsto e n el literal d )
de numeral 2 del artículo 164 del CPACA .

54. Respecto del procedimiento administrati vo que se de be
agotar, la Sección Cuarta de esta Corporación ha enf atizado :

• Adic iona l a ello, la Sala ha pr ecisado que los cont r ibuyent es q ue
pr et endan la de vo lu ción de los pag os en exces o o de l o no debid o
or ig inados en ob li g aciones t r ibut ar ia s, t ienen a su al cance el
pr ocedim ient o q ue se apl ica par a l as devo luc iones d e s aldos a
f avor pr evist o en el ar t ículo 85 0 del ET , q ue se inicia con la
solic it ud de de volu ción por par t e de l int er esado y q ue d ebe ser
conclu ido por la adm inist r ación t r ibut ar ia en el plazo y la f or m a
señalada en e l ar t íc ulo 855 ib ídem .

Sobr e el par t icular , se ha expuest o lo s i g uient e:

“ Respect o de la or den de devol ución pr evist a en el nu m er al
t er cer o de la par t e r esolut iva de la sent encia de pr i m era
inst ancia, la Sa la advier t e que est a no es pr oce dent e com o
consecuenci a de la nu lida d de lo s act os adm inist r at ivos
dem andados, por qu e en vir t ud del inc is o segundo de l ar t í culo 589
del ET, inclus o, en casos com o el pr esent e, en el que el pr oyecto
de cor r ección su st it uye a la de clar ación in icia l, a la
Adm inist r ació n le si gue asist iend o la f acult ad de r evisión, q ue se
r eali zar á sobr e la declar ación de c or r ección del r esp ect ivo
im puest o.
[ …]

Adic iona l a lo ant er i or , se obser va que l os cont r ibuyent es p odr án
acceder a la devolución de los pagos en exceso o de lo no
debido, por concept o de obligac iones t r i but ar ias, par a lo cual, se
debe seguir el pr oce dim ient o que se apl i ca par a las devoluc i ones
de saldos a f avor [ ar t . 850 del ET] , es decir , el int er esado deber á
solic it ar la devo lu ción y la A dm inis t r ación deber á dev olver ,
pr evias las com pens aciones a que h aya lugar , en el t ér m ino lega l

pr evist o par a t al f in [ ar t. 855 ib] ; pr ocedim ient o que no se ha
seguido en est e caso [ …] ” 17.

• Lo ant er ior se r ef uer za en q ue, seg ún lo señaló est a Sección, la
nuli dad de un act o de car áct er g ener al sur t e ef ect os inm ediat os par a
las sit uacio nes j ur ídicas no conso l id adas. Ent onces, cuando se
declar a la nu lida d de un acuer do m unici pal q ue r eg lam ent a un t r ibut o
local, el m ont o pagado dur ant e su vig encia pier de su f undam ent o
leg al y, p or lo t ant o, devie ne en un pag o de lo no debid o. En est os
event os, el cont r ibu yent e t iene der echo a obt ener la devoluc ión de lo
pag ado, siem pr e que lo hag a dent r o del t ér m ino pr e vi st o en el
Decr et o 1000 de 1997 ( nor m a vig ent e al m om ent o de pr esent ar se la
pet ición de de vo luc i ón en el caso baj o exam en) 18.

55. La carga descrita, también se predica respecto de las
sanciones que impongan las entidades r ecaudadoras por el no
pago de tributos , por cuan to res pecto de esas decisiones se
debe agotar la vía administra ti va, pre vio acudir , dentro de la
oportunidad legal , a la acción de nulidad y restable cimiento del
derecho, tal como se mostrará a continuación:

• El ar t í culo 341 del Est at ut o Tr ibut ar io Depar t am ent al del At lánt ico
en concor dancia con el ar t í culo 59 de la Ley 788 de 2002, prevé que,
cont ra l as liquida ciones of icia les, resol uci ones que impongan
sanci ones , y dem ás act os pr oducidos e n r elación c on la d e clar ación
y pago de los tr ibut os depar t am ent ales, procede el recurso de
reconsi deraci ón , que debe i nt er poner s e ant e el f uncionar i o
com pet ent e de la Secr et ar ia de Haci enda, dent r o de los dos ( 2)
m eses siguient es a l a not if icación de l ac t o r ecur r ido 19 (negrita fuera
del texto).

• Por su par t e, el ar t ículo 60 [ par ág r af o 3] del Decr et o 807 de 1993,
m odif icado por el ar t ícu lo 33 del De cr et o 362 de 2002 dispone,
adem ás, q ue si en el t ér m ino par a int er poner el r ecur so de
r econsider aci ón, q ue es de dos m eses se acept an los hechos
const it ut ivos de la sanción por no declar ar , est o es, se present a la
declar aci ón de I CA , la san ción por no declar ar se r educe “ en un
ve int e por cient o ( 20%) de la inicia lm ent e im puest a.

Ent onces, si se pr esent a la declar ació n con ocasión del recur so de
r econsider aci ón, de spués de q ue im pon e la sanc ión ( act o d ef init ivo) ,
la sanción se r edu ce, per o n o desapar ece por q ue se pr oduj o el
hecho const it ut i vo d e la inf r acción, q ue es no declar ar .

En el m ism o or den de ideas, si después de ag ot ada la vía
adm inist r at i va, est o es, de decid ir se el r ecur so de r econsi der ación
cont r a el act o sancionat or io def init i vo , el cont r ibu yent e pr e sent a la
declar aci ón, la inf racción t am poco desapar ece. Por lo m ism o, la

17 C o n s e j o de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
expedientes acumulados 25000-23-37-000-2015-02025-01 y 25000-23-37-000-
2016-01518-00, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n C u a r t a , s e n t e n c i a d e 2 5 d e f e b r e r o d e 2 0 2 1 ,

e x p e d i e n t e 7 6 0 0 1 - 2 3 - 3 3 - 0 0 0 - 2 0 1 2 - 0 0 3 4 9 - 0 1 ( 2 3 3 9 7 ) , M . P . M yr i a m S t e l l a
Gutiérrez Argüello.
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de feb rero de 2018,
expediente 08001-23-31-000-2007-00497-01(22278), M. P. Milton Chaves
García.

pr esent ación de es as declar acion es no t iene el ef ect o de q ue la
inf r acción desapar ezca, por lo q ue es pr ocedent e q ue se im pong a la
sanción por no decl ar ar 20.

• De conf or m idad con lo dispuest o en e l ar t ícu lo 66 de la L e y 383 de
1997, los m unic ipio s y dist r it os, par a ef ect o de las declar aciones
t r ibut ar ias y los pr ocesos de f iscali zació n, liq uidac ión of icial,
i mposi ci ón de sanci ones , discusión y cobr o r elacionados con los
im puest os adm inist r ados por ellos, aplicar án los pr oce dim ient os
est ablecid os en e l Est at ut o T r ibut ar io par a los im puest os del or den
naciona l.

Por t ant o, a par t ir de la vig encia de est a ley, l os m unicip ios y
dist r it os q uedar on oblig ados a aplicar los pr ocedim ient os cont enidos
en el Est at ut o Tr ibut ar io par a ef ect os de la adm inist r ación,
det er m inación, disc usión, cobr o y de vo luci ón de los i m puest os
t er r it or iales, así co m o par a la im posición de las sanciones con ellos
r elacion adas [ …] .

• En est e or den de ideas y par t ien do del hecho pr obado, q ue la
not if icación de la r esolución q ue decidió el r ecur so de
r econsider aci ón se sur t ió m ediant e edict o desf ij ado el 19 de
sept iem br e de 2014, se conclu ye q ue el t ér m ino de cuat r o ( 4) m eses
pr evist o en el l it er al d) de num er al 2 del ar t ícul o 164 del CPACA,
par a la int er posición de la dem anda venc ía el 20 de ener o de 2015, y
com o est a se pr esent ó el 17 de noviem br e de ese año, es decir , en
f or m a ext em por ánea, est á pr obada la caducidad de l m edio de
cont r ol, com o lo sost uv o el t r ibuna l en la sent encia apela da 21.

56. La aludida Sala Especial, en la sentencia de 4 de diciembre de
2018, concluyó que cuando « el admin istrado dejó vencer los
términos para deprecar por vía admin istrativa la solicitud de
devolución o inconforme con la decisión administrat iva
indefectiblemente operó la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, o si el jue z […] ya decidió con efectos
de cosa ju zgada, estare mos en todos estos casos ante una situación
jurídica consolidada inmu table que no podrá ser permeada por los
efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del acto general ».

57. Así pues, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de
carácter general que estableció un tributo tiene ef ectos ex tunc solo
en aquellas s ituaciones jurídica s que no se encuentran
consolidadas, porque el contribu yente af ectado aún intenta en sede
administrativa y/o judicial la de volución del valor pa gado en exceso
o no debido.

4.4 .3 Medio de control idóneo para obtener la devoluc ión de lo
pagado por conce pto de tr i butos y/ o sanción deri vada

20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de octubre de 2019,
expediente 25000-23-37-000-2013-00020-01(20889), M.P. Milton Chaves
García.
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de abril de 2021,
expediente 25000-23-37-000-2015-02070-01 (25119), M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.

58. Como se vislu mbró en el acápite que antecede, el administrado
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 13 8 del CPACA, el cual , en los
términos de la Sección Cuarta de esta Corporación , resulta idóneo
para obtener el reintegro de lo indebidamente pagado por un tributo
declarado ilegal o inconstitucional . Lo anterior, por cuanto permite
revisar la le galida d de los actos administrativos y d eterminar el
perjuicio que estos causan a los particulares.

59. En el caso de la devolución del pago de lo no debido, esa
f inalidad se concreta en el examen del acto que n egó (total o
parcialmente) el re integro de la obligación tributaria pa gada sin que
existiera f undamento legal para ello .

4.4.3.1 ¿El pago de un tributo que posteriormente se declara
nulo cons titu ye un daño anti jurí dico para quiene s cumplieron
con dicha obligación, susceptible de ser reclamado a través de
los medios de control de reparación directa o reparación de los
perjuicios causados a un grupo ?

60. En el caso de la devolución de tributos y sancion es no puede
hablarse de la existencia de un daño anti jurí dico y de la
configuración de responsabilidad extracontractual del Estado
por la mera declarator ia de nulidad del acto general o de
inexequibilidad de la norma que autorizó su cobro.

61. Esto es así, porque los pagos que se realizan en vigencia de
actos generales o normas que posteriormente desaparecen del
ordenamiento jurídico , no tienen la condici ón de antijurídicos, toda
ve z que los contribu yentes estaban legít imamente obligados a
realizar tales ero gaciones , en otras palabras, se encontraban en el
deber legal de soportar la carga impuesta .

62. Lo último, si se tiene en cuenta que las obligacion es tributarias
tienen f undamento en el deber constitucional de colaborar con las
cargas públicas .

63. En este punto, no se puede soslayar que para la devolución de
gra vámenes af ectados por una especie de ilegalidad o
inconstitucionalidad sobrevin iente, exis te un mecanismo especial
def inido por el legislador para pedir su restitución, que consiste en
solicita r a la entidad recaudadora el re integro de los dineros
pagados, de manera que el daño se concreta cuando, a pesar de
tener derecho a la devolución, (i) la a dministración niega la solicitud
de f orma expresa o f icta y (ii) la autoridad judicia l, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se
pronuncia sobre el particular . En este último punto resulta pertinente

destacar que el d año no es antijurídico si la jurisdicción niega la
nulidad y e l co nsecuente restablecimiento del derecho o la
reparación de perjuicios. Por el contrario, si se anula, restablece y
repara, entonces se indemniza el daño causado con anterioridad , no
el concretado o causado por la providencia judicial.

64. Respecto de lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado señaló que el hecho de no
agotar el procedimiento administrativo de devolución ante la entidad
encargada de la ad ministración del tributo y/o sanción pagados lleva
a concluir que el daño reclamado es ine xistente o no se encuentra
consolidado:

Aunq ue est á acr edit ado q ue la sociedad act or a ef ect ivam ent e liq uidó
y pag ó la T ESA en declar aciones de i m por t ación pr esent ada s ant e
dif er ent es aut or idades aduaner as, bien podr ía ind icar se, com o se ha
hecho en e l m ar co de la d iscus ión a la q ue han dado lug ar los
denom inados c asos T ESA, q ue dicha c ir cunst ancia n o es suf icient e
par a t ener por acr edit ada l a e xist enc ia de un daño p er sona l y cier t o
t oda ve z q ue: ( …) exist iendo la posi bi li dad de obt ener la devo luc ión
de lo pag ado por concept o de la T ESA a tr avés de un mecanism o
adm inist r at i vo est ableci do exc lus i vam ent e par a ello, la f alt a de
pr ueba sobr e su agot am ient o inf r uct uoso im pli car ía q ue el daño no
f uer a cier t o 22.

65. Por su parte , la Sección Tercera de esta Corporación ha
reiterado que para reclamar por v ía de reparación directa el
reintegro de un tributo declarado nulo , el administrado tiene la carga
de acreditar la conf iguraci ón del primer elemento de la
responsabilidad, es decir, el daño , el cual (i) no se conf igura con los
soportes de pago correspondiente y la declara ción de nulidad del
acto general o inexe quibilidad de la norma que lo obligaba y (ii)
requiere para tener cert eza del mismo, el reclamo previo en sede
administrativa y ju dicial . Sobre el particular, se pueden consultar las
sigu ientes sentencias de 13 de marzo de 2018 23, 19 de julio de
2018 24, 26 de abril de 2017 25 y 28 de octubre de 2019 26.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 13 de marzo de 2018, expediente 25000-23-26-000-2003-00206-01(28769),
M.P. Danilo Rojas Betancourth.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 13 de marzo de 2018, expediente 25000 -23-26-000-2003-00206-01(28769),
M.P. Danilo Rojas Betancourth.
24 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e 1 9 d e j u l i o

de 2018, expediente 25000-23-26-000-2008-00253-01 (39298). M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de abril
de 2017, expediente 25000-23-26-000-2008-00259-01 (41.211), M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
26 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n B , s e n t e n c i a d e 2 8 d e

octubre de 2019, expediente 25000 -23-26-000-2008-00271-02 (49278), M.P.
Martín Bermúdez Muñoz.

66. Por último, la Sala Especial de Decisión No. 4 , en sentencia de 4
de diciembre de 2018 27, f ijó la sigu iente posición jurisprudencial
respecto a la acción de grupo, y al daño antijurídico p or el pago de
un tributo, así:

( i ) la necesar ia acr edit ación del d año ant ij ur ídico c uan do se t r ata
de depr ecar los per j uicios por el act o declar ado nu lo, por cuant o
la dec lar at or ia de nuli dad de l act o g ener al no af ect a per se la
leg alida d de los a ct os adm inist r at ivos par t icular es y con cr et os
expe didos co n f undam ent o en ese act o g ener al ( act o s der ivados) ,
en t ant o g ozan de t odos los at r ibut os pr opios del acto
adm inist r at i vo, ent re ellos, est án cobijados por la pr esunción de
leg alida d; q ue la vocac ión r esar cit or i a en la acción de gr upo
obedece a la acr ed it ación deb ida de un daño ant ij ur íd ico [ … ] , debe
dem ost r ar se pr ecisam ent e q ue sí f ue ant ij ur íd ico, porq ue
leg alm ent e no est a ba en el deber de sopor t ar lo y el n exo de
causal idad; q ue conf orm e al art ícu lo 90 const it uciona l solo es
indem ni za ble e l da ño ant ij ur ídico, por lo q ue no t odo daño es
indem n i za ble [ …]

( i i ) q ue en caso de q ue el int er esado ( devoluc ión de t r ibut os
indeb idam ent e pag ados) solic it e a la ent idad r ecauda dor a el
r esar cim ient o por vía adm in ist r at iva por q ue así lo im pone la
r eg ulación o se der iva de la r elaci ón j ur íd ica y l a decisió n
adm inist r at i va no le sea f avor able, par a ef ect os de r eclam ar el
r esar cim ient o del per j uicio caus ado por el dañ o ant ij u r íd ico,
deber á acudir a la acción de nulid ad y r est ablecim ie nt o del
der echo en el q ue cuest ionar á la deci sión expr esa o pr esunt a y
puede sol icit ar l os per j uicios causad os por el act o adm ini st r at ivo
dem andado, siem pr e q ue haya padecid o un daño ant ij ur ídic o;

( i i i) la vía indem n i zat or ia d ir ect a cu ando se est á f r ente a la
nuli dad de l act o g ener al, debe ana li zar se cuidados am ent e seg ún
las cir c unst ancias de cada caso, pues la acción de g r upo no puede
const it uir m ecanis m o j udicial adec uado, si el int e r esado
leg alm ent e t enía la carg a de ag ot ar un t r ám it e pr evio ant e la
ent idad o de g en er ar una decisió n adm inist r at i va pa r t icular,
aunado a la dem os t r at iva de h aber pa decido u n daño, pe r o no
cualq uier a, sino aq uel de alcance y est ir pe ant i jurí di co .

67. Así las cosas, tratándose de una acción resarcito ria como es la
reparación directa y por ser de la misma naturaleza, válido para la
reparación de los perjuicios causados a un gru po , la tesis
generalizada es que el daño antijurídico, imputable a la
administración e indemnizable, no surge automáticamente de la
declaratoria de n ulidad del acto general o ine xequibilidad de la
norma que establece un tributo para aquellas personas que durante
su vigencia debie ron satisf acer dicha obligación por realizar el
hecho generador del gra vamen. Es necesario que, en cada caso, el
juez e xamine el acervo probatorio y los argumentos del demandante
para establecer la certez a de ese daño y su antijuridicid ad .

27 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia
de 4 de diciembre de 2018, expediente 66001 -33-31-002-2007-00107-01, M. P.
Luc y Jeannette Bermúdez.

4.4.4 Respuesta al problema jurídico pla teado en el párrafo 4 1

¿La sentencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Ad minist rativo de Risaralda, está acorde con los
pronunciamientos del Consejo de Estado res pecto del daño
antijurídico, nexo causal y re cla mación previa a la
admin istración, cuando se pretende recla mar el pago de tributos
y sanciones derivadas durante la vigencia de una norma
declarada nula?

68. Lo desarrollado en los acápites que anteceden, pe rmite
evidencia r que el f allo de 30 de septiembre de 2019, expedido por el
Tribunal Administrativo de Risaralda , no acreditó la existencia del
daño y de su antijuridicidad, por f u era de los elementos : pago del
tributo y/o sanció n por extemporaneidad, y declaración de nulidad
del acto general que lo autorizó, sino que dio por objetiva la
responsabilidad del municipio de Pereira . Además, no desarrolló el
carácter tributario de la contro versia y necesidad o no de agotar (i)
los procedimientos f iscales para la devolución o reintegro del tributo
y/o sanción reclamados y (ii) el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho .

69. Aspectos que se habían abordado en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y que f ueron concretados , en su mayoría, en el
f allo de 4 de diciembre de 2018, prof erid o por la Sala Especial de
Decisión No. 4 que declaró próspera la solicitud eventua l de re visión
contra una sentencia prof erida por el mismo Tribunal Administrativo
de Risaralda , en la que se concluyó que es imperativo (i) adelantar
el procedimiento previo en sede administrativa y ju dicial y (ii)
analiza r y especialmente probar el daño antijuríd ico ale gado, sin que
se confunda con el perjuicio o lo cuantif icable del detrimento .

70. En este punto, resulta pertine nte evidenciar qu e las Salas
Especiales de Decisión Nos. 19 y 2, e n sentencias de 1º de octubre 28
y 3 de diciembre de 2019 29, estudiaron casos similares al de la
ref erencia y mantuvie ron la posición jurisprudencial descrita , sin
enfatizar, como se hace ahora, que cuando se pretende la
de volución de sanciones por extemporaneidad impuestas con
ocasión de un tributo declarado nulo o inexequible, el
contribu yente también tiene la carga d e requerir pre viamente a
la entidad recaudadora, a tra vés de los recursos dispuest os en

28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 19, sentencia de 1º de
o c t u b r e d e 2 0 1 9 , e x p e d i e n t e 6 6 0 0 1 - 2 3 3 3 - 0 0 3 - 2 0 1 2 - 0 0 0 0 7 - 0 1 , M . P . W i l l i am
H e r n á n d e z G ó m e z.
29 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a E s p e c i a l d e D e c i s i ó n N o . 2 , s e n t e n c i a d e 3 d e

diciembre de 2019, expediente 66001 -33-33-004-2012-00105-01, M.P. César
Palomino Cortés.

el Estatuto Tributario y, en caso de no obtener una respuesta
fa vorable, acudir a la acción de nulidad y restable cimiento del
derecho.

71. Por lo expuesto, no queda camino dif erente al de prof erir un
f allo de reemplazo, en el que se inva lidará el del Tribunal
Administrativo de Risaralda, y en consecuencia, se revocará el del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira.

V. SENTENCI A DE REEMPL AZO.

5.1 Competencia.

72. Esta Sala es competente para prof erir la sentencia de reemplazo
dentro de e ste asunto, en consideración a la prosperidad de la
revisión de la providencia prof erida el 30 de septiembre de 2019 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda y en virtud de lo señalado en
el ordinal 6º del artículo 274 de la Ley 1437 de 2011.

73. Como primera medida, es pertinente advertir que el medio de
control de reparación de los perjuicios causados a un grupo f ue
presentad o el 25 de septiembre de 2012 30, en vigencia del CPACA y
el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso 31
por lo que sus procedimientos, tal y como aconteció en las dos
instancias, se surt ieron conforme a las normas vige ntes para la
f echa.

5.2 Problema Jurídico.

74. El problema jurídico puede resumirse en la sigu iente pregunta:

¿Tienen derecho los de mandantes a la devolución de los
dineros pagados por concepto de tributos y/o sanciones por
extemporaneidad , en cumplimiento de un acto administrativo
que de forma posterior fue declarado nulo?

75. Para resolver el problema planteado se abordará la siguiente
temática: (i) generalidades del impuesto de industria y comercio , (ii)
caducidad, (iii) medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo y vía idónea para reclamar las sumas de dinero
pagadas como tributos y/o sanciones por extemporaneidad derivad os
de un acto administrativo que posteriormente f ue declarado nulo , (iv)
presupuestos de la responsabilidad del Estado y (v) caso concreto.

30 F o l i o
101.
31 A partir del 1º de enero de 2014.

5.2.1 Generalidades del i mpuesto de industria y comercio

76. El impuesto de industria y comercio es un gra vam en di recto (el
contribuyente es el af ectado con el pago), de naturaleza territoria l,
que recae sobre la realización dire cta o indirecta de actividades
industriales, comerciales o de servicios de manera permanente u
ocasional en una determinada jurisdicción muni cipal.

77. Este gra vamen es administrado directamente por los municipios ,
los cuales con fundamento en la autonomía territ orial y las
limitaciones de la potestad tributaria, lo desarrollan especif icando ,
en cada caso , las actividades sujetas y la tarif a de acuerdo con los
intervalos autoriza dos por la ley .

78. La Ley 14 de 1983 def ine este tributo, en los siguientes
términos:

AR TÍ CULO 32. - El I m puest o de I ndustr ia y Com er cio r ecaer á, en
cuant o a m at er ia im ponib le, sobr e t odas las act i vid ades com er ciale s,
indust r ia les y de ser vicio q ue ejerzan o real i cen en l as respect i vas
juri sdi cci ones mun i ci pal es , dir ect a o indir ect am ent e, por per sonas
nat ur ales, j ur íd icas o por sociedades de hecho, ya sea q ue se
cum plan en f orma per m anent e u ocasional, en inm uebles
det er m inados, con est ablecim ie nt os de com er cio o sin ellos 32.

79. Por su parte, el artículo 33 ibidem, compilado por el
artícu lo 196 del decreto 1333 de 1986, indica que la causación
y periodicidad del impuesto de industria y comercio es, por
regla general, anual.

80. La Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 8 de
junio de 2016 33, inaplicó el inciso p rim ero del art ículo 1º del Acuerdo
133 de 1997 y declaró la nulidad d el Decreto 1122 de 2011, por
cuanto el municipio de Pereira modificó el perío do de causación del
impuesto de industria y comercio, de anual a bimestral, en los
sigu ientes términos:

Por lo ant er ior y de conf orm idad con la nor m at iva l eg al m encionada,
el per ío do de caus ación de l im puest o de indust r ia y co m er cio es
anual.

En esas co ndic iones , est a Sala consider a lo sig uient e:

i) Q ue la vol unt ad m anif est ada por el Concej o Mun ic ipal en la
expos ic ión de m ot ivos del Acuer do 1 33 de 1997 de m odif icar la

32E l t e x t o s u b r a ya d o f u e d e c l a r a d o E X E Q U I B L E p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l ,
mediante sentencia C-121 de 2006

33 C o n s e j o
de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de junio de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00242-02 [21521], M. P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.

causación de l t r ib ut o no q uedó clar am ent e expr esada en el
ar t iculado de l Acue r do en cuest ión, m áxim e cuando se t r at a de un
elem ent o esenci al del im puest o, lo c ual vu lner a el pr in cipio de
cer t eza t r ibut ar ia.

ii) Q ue si se int er pr etar a, com o lo hace la par t e dem andada, q ue la
sim ple r ef er encia al im puest o a las vent as y al est at ut o tr ibut ar io
naciona l, par a q ue el cobr o y adm i nist r ación de l im puest o de
indust r ia y com er cio se hicier a de m aner a bim est r al en el munici pio,
r esult a evident e q ue el inciso pr im er o del ar t íc ulo 1º del Acu er do 133
de 1997 cont r adice l o dispuest o en la Le y 14 de 1983 q ue p r evé q ue
el im puest o de in dust r ia y com er cio en los m unic ipi o s es de
causación anua l, y sin q ue pueda aducir se, com o lo pr et ende el ent e
m unicipa l, q ue el ar t ícu lo 66 de la Ley 383 de 1997 perm it a a los
concej os m unicip al es m odif icar aspect os sust anciales de lo s
im puest os t er r it or iales.

Por las r azones e xpuest as, la Sala co nsider a pr ocedent e inapl icar
por ileg al com o f uent e nor m at iva inm ediat a del Decr et o obj et o de
dem anda en est e pr oceso, pues es evident e q ue dicho Acuer do
vu lner a la nor m at i va leg al y con st it ucio n al a la cual deb e suj et ar se.

En ese cont e xt o, c om o se expone en la dem anda y lo a n ali zó el a
quo, al ser conf r ontados dir ect am ent e los apar t es del Decr et o 1122
del 13 de diciem br e de 2011, obj et o de dem anda, con las nor m as
in vocadas com o vio lada s, debe acceder se a las pr et ensiones de la
dem anda por t r ansgr esión de la nor m ati va super ior , sin q ue el ent e
dem andado haya expuest o r azones ad icion ales par a cont r over t ir la
decisi ón del a quo , dist int as a las r ef er idas a q ue el f undam ent o
leg al del act o demandado est aba pr evist o en el Acuer do 133 de
1997, q ue ahor a se inapl ica.

81. Conf orme al listado de contribuyentes que f ueron sancionados
por haber presentado en forma extemporánea la declaración
bimestral del impuesto de industria y comercio, el recau do por este
concepto ascendió a $395.873.190 34.

5.2.2 Caducidad

82. Conf orme al artículo 47 de la L ey 472 de 1998, la acción de
grupo, hoy medio de control de reparación de perjuicio s causados a
un grupo, puede promoverse dentro de los dos años siguientes a la
f echa en que se causó el daño 35. En el asunto sub judice no operó el
f enómeno de la caducidad si se t iene en cuenta que en el año 2012
se (i) va rió el perío do f iscal del impuesto de industria y comercio, (ii)
pagó este gra vamen, junto con algunas sanciones por
extemporaneidad y (iii) p resentó el medio de control de la ref erencia
por el detrimento que generó la anterior erogación o carga 36.

34 Folio 151 y cuaderno anexo 2. Certificación aportada por la Secretaría de
Hacienda y Finanzas Pú blicas del munic ipio de Pereira.
35 « A R T I C U L O 4 7 . C A D U C I D A D . S i n p e r j u i c i o d e l a a c c i ó n i n d i v i d u a l q u e

corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo» .
36 2 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 2 .

83. Lo anterior, sin que (i) e xista un único acto particular que af ecte
al grupo accionante y (ii) aún la Sección Cuart a de esta Corporación
inaplicara el inciso primero del a rt ículo 1º del Acuerdo 133 de 1997
y decla rara la nulid ad del Decreto 1122 de 2011 37.

5.2.3 La acción de grupo y el medio de control adecuado para
reclamar sumas de dinero pagadas como tributos y/ o sanciones
por extemporanei dad deri vados de un acto administrati vo que
posteriormente fue declarado nulo .

84. En primer luga r, no sobra señalar que, como bien lo precisó el
Procurador 157 Judicial II p ara Asuntos de Conciliación
Administrativa, qu e en la so licitud de revisión e ventual no obra un
acto administrativo particular que hubiese af ectado al grupo actor
con el impuesto de industria y comercio bimestral y/o la sanción por
extemporaneidad. Situación que descarta el presupuesto f ijado en el
inciso 2º de l artícu lo 145 del CPACA 38.

85. Ahora bien, en lo que respecta al daño antijuríd ico 39, no se
puede soslayar qu e el Estatuto Tributario 40 (i) señala que la DIAN
debe devolve r los pagos en exceso o de lo no debido que hayan
ef ectuado los contribuyentes por con cepto de obligaciones
tributarias, cualqu iera que fuere el concepto del pago sigu iendo el
mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los
saldos a f avor -artículo 850 - y (ii) prevé trámites específ icos para
cuestionar las sanciones por ext em poraneidad . Normativa que
supone una reclamación previa ante la administración tributaria 41 y

37 S e n t e n c i a de 8 de junio de 2016. Ver sentencia
38 «ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO. […]
Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es
necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del
grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio».
39 E n t e n d i d o c o m o a q u e l q u e e l a d m i n i s t r a d o o s u j e t o p a s i v o d e l g r a v a m e n y/ o

sanción no está obligado a soportar ante la carencia de justificación legal o de
derecho, devenida de la declaratoria de nulidad judicial del acto general que le
dio origen.
40 « A R T I C U L O 8 5 0 . D E V O L U C I Ó N D E S A L D O S A F A V O R . < A r t í c u l o m o d i f i c a d o

por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los
contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones
tributarias podrán solicitar su devolución.
La Dirección de Impues tos y Aduanas Nacionales deberá devolver
o p o r t u n a m e n t e a l o s c o n t r i b u ye n t e s , l o s p a g o s e n e x c e s o o d e l o n o d e b i d o ,
q u e é s t o s h a ya n e f e c t u a d o p o r c o n c e p t o d e o b l i g a c i o n e s t r i b u t a r i a s y
aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mism o
procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor […]»
41 S a l a E s p e c i a l d e D e c i s i ó n N o . 4 , s e n t e n c i a d e 4 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 8 .

es aplicable en el orden territorial, en virtud de lo dispuesto por el
artícu lo 59 de la Ley 788 de 2002 42.

86. Lo último, en atención a que el concepto de pago d e lo no
debido conlleva a que se ef ectúen erogaciones sin que exista causa
legal para hacer exigible su cumplimiento y ello, en principio, f aculta
a quien no lo debía suf ragar a ejercer su derecho de exigir la
devolución. Esta posibilidad , en materia tribu taria, tiene unos
procedimientos previos para recup erar el pago en exceso o no
debido, que están previstos en el Estatuto Tributario y demás
normas concordantes , aplicables por los entes territoria les por
unif icación del procedimiento tributario 43.

87. Lo anterior, aun tratándose de un pago que en su inicio no f ue
indebido y que que da su ilegalidad al descubierto con la decisión del
juez de la nulidad o inexe quib ilidad , porque la carga del
contribuyente no se desnaturaliza ni desaparece, precisamente
porque responde a los deberes y derechos surgidos de la relación
jurídica f iscal.

88. Así las cosas , como lo concluyó recientemente la Sala Especial
de Decisión No. 1 9, en sentencia de 1º de octubre de 2019 44, no se
pueden pretermitir los procedimientos administ rativos previstos en
las normas f iscales para solicitar la devolución o reclamación de
sumas de dinero canceladas por un contribu yente qu e no tenía el
deber legal de hacerlo o que si lo hizo, f ue producto de una norma
declarada nula o inexequ ible ; los cuales terminan en un acto
administrativo de carácter particular y de contenido económico que
puede ser demandado por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Hacerlo por la acción d e grupo, ho y
denominado medio de control de reparación d e los perjuicios
causados a un grupo, implica demostrar haber padecido un daño
antijurídico .

5.2.4 Presupuestos de la responsabilidad del Estado.

89. De conf ormidad con el artículo 90 de la Carta Política « [e]l

42 « AR T Í C U L O 5 9 D E L A L E Y 7 8 8 D E 2 0 0 2 . P R O C E D I M I E N T O T R I B U T AR I O
T E R R I T O R I AL . L o s d e p a r t a m e n t o s y m u n i c i p i o s a p l i c a r á n l o s p r o c e d i m i e n t o s
establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida
su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicará n el
procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos
territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los
procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas
respecto del monto de los impuestos»
43 L e y 7 8 8 d e 2 0 0 2 .
44 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a E s p e c i a l d e D e c i s i ó n N o . 1 9 , s e n t e n c i a d e 1 º d e

o c t u b r e d e 2 0 1 9 , e x p e d i e n t e 6 6 0 0 1 - 2 3 3 3 - 0 0 3 - 2 0 1 2 - 0 0 0 0 7 - 0 1 , M . P . W i l l i am
H e r n á n d e z G ó m e z.

Estado responderá patrimonia lmente por los daños antijurídicos que
le sean imputable s, causados por la acción o la o misión de las
autoridades públicas ».

90. Esta Corporación ha sostenido que, aunque el ordenamiento
jurídico no contien e una disposición que consagre una def inición de
daño antijuríd ico, és te se ref iere a « la lesión de un interés legítimo,
patrimonial o extrapatrimonial, qu e la víctima no está en la
obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el
derecho» 45, de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad
del Estado, s e ha de probar inicialmente la existe ncia del daño
antijurídico, el cual debe ser cierto 46 -«es decir, que no puede ser
eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas » 47-, y
determinado o determinable.

91. Establecido lo anterior, corresponde establecer la existencia del
daño y su carácter antijuríd ico .

5.2.5 Caso concreto.

92. En el caso sub judice, re visada e interpretada en f orma integral
la causa petendi de la demanda, se observa que el daño cuya
indemnización se pretende, se f undamenta e n el pago no debido de
un tributo y/o sanción por e xtemporaneidad que se generó por un
acto administrativo ilegal (Decreto 1122 de 2011) , que, por lo
mismo, posteriormente f ue anulado por vio lación del ordenamiento
jurídico (Sentencia de 8 de junio de 2016 , proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación) .

93. El Tribunal Administrativo de Risaralda conf irmó la decisión del
Juzgado Primero Administrativo de Pereira porque resulta claro que
la sentencia de la Sección Cuarta de esta Corporación que decl aró
la nulidad del acto general que modificó el período de causación del
impuesto de industria y comercio, de anual a bimestral, tiene ef ectos
(i) hacia f uturo -ex nunc- y, en esa medida, no af ecta los pagos que
se ef ectuaron por concepto de dicho tributo , máxime cuando no hay
elementos de juicio que permitan def inir si ese cambio gener ó una
erogación en exce so y (ii) hacía el pasado -ex tunc- solo respecto
de lo cancelado por las sanciones por extemporaneidad impuestas

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
s e n t e n c i a d e 2 d e m a r zo d e 2 0 0 0 , e x p e d i e n t e 1 1 . 9 4 5 , M a g i s t r a d a P o n e n t e :
María Elena Giraldo Gómez.
46 E n t r e o t r a s , C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o ,

Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 1991, expediente 6.608,
Magistrado Ponente: Julio César Uribe Acosta: «[p]ara que las personas en
quienes repercute el daño, causado a otra, puedan demandar indemnización, es
indispensable que i nvoquen un interés legítimo y que el perjuicio que reclaman
sea cierto y no eventual ».
47 H e n a o Pérez, Juan Carlos (1998), El Daño, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, página 130.

por no respetarse los límites tempora les contemplados en el art ículo
3º del Decreto 1122 de 2011 [retirado del ordenamiento jurídico] .

94. Como se analizó en precedencia , las sentencias que anulan un
acto administrativo general p roducen efectos «ex tunc», excepto
para las situaciones jurídi cas consolidadas, ya que f rente a estos
eventos concretos los ef ectos son «ex nunc».

95. De igual f orma, según la jurispru dencia analizada , es necesario
agotar previamente la reclamación administrativa conf orme a las
normas tributaria s 48 que regulan la administración territo rial,
sigu iendo el mismo procedimiento que se aplica para (i) las
devoluciones de los saldos a favor y/ o (ii) la reconsideración de las
sanciones por exte mporaneidad 49. Carga que debe asumir y a gotar e l
titular que procura obtener un efec to a su favor 50.

96. Al descender al caso concreto, se observa que el grupo actor
omitió su deber de constituir la decisión previa de la administración
respecto del pago del tributo y /o de la sanción por extemporaneidad,
conforme a las normas f iscales que así lo determinan.

97. En este punto, resulta imperioso señalar que , la simple
imputación realiza da por la parte demandante , consistente en que la
variación del perío do f iscal, concretada a través del De creto 1122 de
2011, comporta una carga económica qu e no debían soportar , no
edif ica, por si sola , la antijuridicidad del daño , más cuando esta
Corporación ha enfatizado que la posterior declaratoria de ilegalidad
del tributo no es suf iciente para decretar la responsabilidad estatal.

98. Así las cosas, el grupo actor no cumplió con el re quisito pre vio
establecido en las normas tributarias necesario para acudir a la vía
judicial, tampoco demostró que el daño era cierto y antijurídico , por
f uera de los elementos: pago del tributo y/o sanción por
extemporaneid ad, y declaración de nulidad del acto general que lo
autorizó, con el correspondiente nexo causal. Por lo cual, se
declararán imprósperas las p retensiones invocadas e n este medio

48 Artículo 850 del Estatuto Tributario, Decretos 1000 de 1997 y su dec reto
derogatorio 2277 de 2012, aplicables por los entes territoriales en virtud de la
Ley 788 de 2002.
49 A r t í c u l o 7 2 0 d e l E s t a t u t o T r i b u t a r i o .
50
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 29 de abril de 2021,
expediente 25000-23-37-000-2016-01603-00 (24510), M.P. Milton Chaves
García. «Conforme con el artículo 732 del E.T. los recursos de reconsideración
presentados contra los actos de la Administración, deben ser resueltos dentro
del año siguiente a su interposición en debida forma, para lo cual deben ser
notificados al interesado dentro del término legal, pues mientras el
contribuyente no conozca su contenido no produce efectos jurídicos//. El
artículo 734 ibídem, establece que si vencido el plazo de un año previsto en el
artículo 732 ib., se configur a el silencio administrativo positivo y se entiende
fallado el recurso de reconsideración a favor del recurrente ».

de control, lo qu e releva hacer pronunciamiento respecto a los
honorarios del abogado coordinador.

99. La anterior decisión , no sin antes anunciar que se reiterará la
posición jurisprude ncial mantenida en sentencias de 1º de octubre y
3 de diciembre de 2019, prof eridas por las Salas Especiales de
Decisión Nos. 19 y 2, con la preci sió n en el sentido de que cuando
se pretenda la de volución de sanciones por extemporaneidad
impuestas con ocasión a un tributo declarado nulo o
inexequible, el contribu yente tambi én tiene la carga de requerir
pre viamente a la entidad recaudadora, a tra vés de l os recursos
dispuestos en el Estatuto Tri butario o en la norma local
aplicable y, e n caso de no obte ner una respuesta fa vorable,
acudir a la acción de nulidad y res tablecimiento del derecho .

100. En mérito de lo e xpuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 9,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

F ALL A

PRIMERO. Se REI TER A, como lo hicieron las S alas E speciales de
Decisión Nos. 19 y 2, en sentencias de 1º de octubre 51 y 3 de
diciembre de 2019 52, la posición jurisp rudencial sobre lo s ef ectos de
las sentencias de nulidad que recaen sobre los actos administrativos
de carácter general y la consolidación de situaciones jurídicas , en
los siguientes términos:

1) Una sent encia q ue anula un act o adm inist r at i vo de car áct er
g ener al t iene ef ect os « ex t unc» , except o q ue se t r at e de sit uaciones
j ur íd icas consol idad as, en cuyo caso produce ef ect os desde ahor a o
«ex nunc» .

2) Las sit uaciones j ur ídicas se consol idan cuando ya no son
suscept ibles de ser discut idas en vía adm inist r at iva o j ur isdiccion al,
por q ue se som et ieron a dichos co nt r oles y f uer on r esuelt as con
ef ect os de cosa j uzg ada q ue hace inm ut able la decis ión; o t am bién,
en el e vent o q ue el int er esado dej ó pr ecluir la op or t u nidad de
som et er las a exam en adm inist r at i vo p r evi o o j udicia l, r azón por la
cual el act o cobr ó f irm eza.

51 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 19, sentencia de 1º de
o c t u b r e d e 2 0 1 9 , e x p e d i e n t e 6 6 0 0 1 - 2 3 3 3 - 0 0 3 - 2 0 1 2 - 0 0 0 0 7 - 0 1 , M . P . W i l l i am
H e r n á n d e z G ó m e z.
52 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a E s p e c i a l d e D e c i s i ó n N o . 2 , s e n t e n c i a d e 3 d e

diciembre de 2019, expediente 66001 -33-33-004-2012-00105-01, M.P. César
Palomino Cortés.

SEGUNDO. Se RE ITER A, tal como se hizo en las decisiones atrás
ref erenciadas, la posición jurisp rudencial sobre la devolución de
tributos indebidame nte pagados y su vía indemnizatoria en los
sigu ientes términos:

En los casos en q ue se q uier a acudir a la j ur isdicció n de lo
cont encioso adm in is t r at ivo por consider ar q ue se ha pr oducido un
daño ant ij ur íd ico po r el pag o de lo no debido o p ag ado en exceso
de t r ibut os, se hace necesar io q ue el int er esado haya ag ot ado los
pr ocedim ient os pr evios est ablecid os en el ar t ícu lo 850 del Est at ut o
T r ibut ar io, el Decr et o 1000 de 1997 y su decr et o der og at orio 2277
de 2012 y d em ás nor m as concor dant es, aplica bles por l a
Adm inist r ació n T r ibut ar ia T er r it or ial en vir t ud de lo dispuesto por la
Ley 788 d e 2002 . Po r lo cual, el m edio d e cont r ol adecuado es el de
nuli dad y r est ablec i m ient o del der echo y no la acc ión de g r upo,
sal vo q ue se cum pl a lo est ab leci do en el inc iso 2. º d e l ar t ículo 145
de la Le y 1437 de 2011, en cuyo cas o adem ás del daño deber á
pr obar se la ant ij ur idic idad de l m ism o, el nexo causa l y los
per j uicios ef ect ivam ent e causados.

TERCERO. Se P RECIS A que la anterior re gla también se aplica
respecto de las sancione s por exte mporaneidad que se impusieron
con ocasión del tributo que posteriormente f ue declarado nulo o
inexe quible, ya que el contribuyente también tiene la carga de
requerir pre viamente a la entidad recaudadora, a través de los
recursos dispuestos en el Estatuto Tributario o en la norma local
aplicable y, en caso de no obtener una respuesta favora ble, acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

CU ARTO. Se DECL AR A p róspera la solicitud de re visión eventual,
en consecuencia, se INV ALI D A la se ntencia de 30 de septiembre de
2019 prof erida por el Tribunal Administrativo de Risara lda.

QUINTO. Se REVOC A la sentencia prof erida el 28 de junio de 2019
por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira; y en su lugar, se
deniegan las pretensiones de la acción de grupo pre sentada por
Derecho en Línea S.A.S y otros contra el municipio de Pereira .

SEXTO. En f irme esta providencia, por Secretaría DE VUÉLV ASE el
expediente al Despacho de origen , previas las anotaciones
correspondientes en el programa « Justicia Siglo XXI ».

NOTIFÍQUESE, CO MUNÍQ UESE Y CÚMPL ASE

La anterior providencia f ue discutida y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la f echa.

G AB RI EL V AL BUE N A H ERN ÁN D EZ
Fi rmada el ect róni cament e

LUI S ALBE R TO ÁL V ARE Z P AR R A STELL A J E AN NE TTE C ARV AJ AL B AS T O
Fi rmada el ect róni cament e Firmada el ect róni cament e

RO BER TO AUG US TO SERR ATO V AL D É S M AR T A NU BI A V EL ÁSQ U EZ RI C O
Fi rmada el ect róni cament e Fi rmada el ect róni came nt e

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