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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-1999-00390-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-1999-00390-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 13 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-1999-00390-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

23 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Radicación: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Documentos recobrados – Haberse
dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia – Nulidad originada en la sentencia

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario de revisión con base en las causales
segunda, quinta y sexta de revisión, con el objetivo de que se infirmara la sentencia
recurrida por no haberse valorado las pruebas allegadas en copia simple.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 13 de mayo de 2010, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó el fallo de primera
instancia.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, 1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 12 de marzo de 1999, Samuel Jerez Rey y otro1 presentaron acción de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, con
fundamento en las siguientes pretensiones:

“Declaraciones: la parte demandada es administrativamente responsable
de la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden ocasionados a la
parte demandante a consecuencia del hurto del cheque No. B2784137 del
Banco Cafetero oficina Centro Administrativo CAN Bogotá, fechado 12 de
febrero de 1997, con cargo a la cuenta No. 026114678, por valor de seis
millones ochocientos trece mil novecientos setenta y ocho pesos con
cuarenta y dos centavos ($6.813.978,42), girado a favor de Oscar Humberto
Gómez G, entregado a un impostor cuya identidad desconocemos, y el cual
fue inexplicablemente cobrado y pagado en efectivo por ventanilla ese
mismo 7 de marzo (…)”.

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 6 de
septiembre de 1988, José Franklin Jerez Villalobos fue estrellado por un
vehículo del Ministerio de Transporte, que iba en sentido contrario. Por estos
hechos, presentaron acción de reparación directa. En este proceso se

1José Franklin Jerez Villalobos en su condición de hijo y Oscar Humberto Gómez en su condición de abogado y
parte (Auto admisorio de 31 de enero de 2000 folio 37 del cuaderno principal 2).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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declaró responsable a la demandada en ambas instancias, por lo que, el
Consejo de Estado ordenó el pago de los perjuicios causados.

3. El Ministerio de Transporte profirió la Resolución 8885 de 26 de diciembre
de 1996, por medio de la cual dispuso el pago de los intereses causados
entre el 31 de mayo de 1996 y la fecha del pago total de la condena. No
obstante, este acto administrativo no le fue notificado al apoderado Oscar
Humberto Gómez, ni a sus poderdantes.

4. El 7 de marzo de 1997, un impostor reclamó ante la pagaduría del
Ministerio de Transporte el cheque B2784137 del Banco Cafetero, por valor
de $6.813.978,42, girado a favor del abogado Oscar Humberto Gómez.

5. Los demandantes mencionaron que la falta de notificación del acto
administrativo facilitó “la actuación de los delincuentes, quienes pudieron
apoderarse del dinero en forma extremadamente fácil”. Esta situación les
ha generado perjuicios de carácter material e inmaterial.

1.2. Posición de la parte demandada

6. El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones porque no se
demostró la actuación dolosa de la demandada. La entidad también fue
víctima de un hecho delictivo, que fue denunciado ante la Fiscalía General
de la Nación. Por esta razón, solicitó suspender el proceso hasta que se
resolviera la investigación penal, toda vez que, tendría una incidencia
determinante en el proceso de reparación directa.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

7. El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga dictó la
Sentencia de 25 de septiembre de 2009, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda, porque no se probó el daño.

8. Determinó que no podía valorar la copia simple del expediente penal,
porque no era auténtica y no había sido remitida al proceso mediante oficio
por el funcionario competente. Los mismo ocurrió con las peticiones
presentadas, porque no se incorporaron de forma oportuna.

9. Concluyó que “el presunto daño acaecido en virtud de los hechos
referidos en el libelo, es decir, el pago a un tercero por suplantación de
identidad, de la suma correspondiente a los intereses causados en virtud de
la condena impuesta, no fue debidamente probado, pues el escaso
material probatorio arrimado a la foliatura no confiere certeza de la
existencia de la afirmación en mención, quedando incertidumbre para este
Despacho acerca de la conformación del hecho [causante] del perjuicio”.

10. Contra esta providencia la parte demandante presentó recurso de
apelación. Manifestó que el Juzgado desconoció “la absoluta falta de
colaboración para el proceso por parte del Ministerio de Transporte y de la
misma Fiscalía había hecho hasta ese momento, y finalmente lo hizo hasta
el final de la instancia imposible que tal documentación arribara por la vía
normal planteada en la demanda”.

11. Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander consideró innecesario
volver a oficiar a las entidades, porque los documentos ya los había

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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aportado el demandante. “Mal podría ser de recibo que la jurisdicción diga
una cosa dentro del curso del proceso y termine manifestando otra,
totalmente contraria, al momento de resolverlo”. Reprochó que las copias
del expediente penal se hubieran valorado como simples, toda vez que,
tenían la calidad de auténticas, pues se remitieron con el oficio original de
la entidad que las entregó.

12. El Juzgado desconoció la Ley 446 de 1998 que establecía que los
documentos originales y las copias tienen el mismo valor de autenticidad.
Ese panorama procesal indicaba que “algo muy turbio había acaecido,
pues la prueba grafológica indicaba que la firma estampada en el cheque
para cobrar no era [del apoderado] como tampoco lo era la puesta en el
espurio paz y salvo”.

1.4. Sentencia de segunda instancia

13. El Tribunal Administrativo de Santander profirió la Sentencia de 13 de
mayo de 2010. Confirmó el fallo de primera instancia, porque las pruebas no
cumplieron con los requisitos del artículo 254 del CPC y no podían valorarse
para proferir una decisión de fondo.

14. Concluyó que, contrario a lo que afirmaban los apelantes, el Tribunal
consideró que no era necesario solicitar copias del expediente
administrativo del Ministerio de Transporte, porque ya estaban incorporadas.
Sin embargo, respecto del expediente penal insistió en la solicitud de la
remisión de la copia auténtica de ese proceso.

15. Señaló que “los documentos (…) nunca fueron enviados de manera
directa de la Fiscalía General de la Nación con destino al proceso en virtud
de una orden judicial, sino que su expedición obedeció a un derecho de
petición elevado por el apoderado de la parte demandante, por lo que su
destino era el abogado solicitante. Por lo tanto, no puede el demandante
pretender la autenticidad de documentos simples cuando no son remitidos
con destino a un proceso específico que curso en un Despacho Judicial”.

16. Además, “cabe advertir que en sede de segunda instancia se cuenta
con la posibilidad de solicitar las pruebas que se consideren necesarias,
derecho del que no hizo uso la parte demandante quien podía solicitar se
allegara copia auténtica del proceso adelantado por la Fiscalía General de
la Nación el cual fue decretado por esta Corporación en ocasión anterior”.

1.4. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

17. El 5 de junio de 2012, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, con
fundamento en los numerales 2, 5 y 6 del artículo 188 del CCA, que aluden
a la causal de documentos recobrados, a haberse dictado sentencia que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia y a la nulidad originada de la sentencia.

18. El recurrente hizo un recuento procesal minucioso para indicar que, a
pesar de las solicitudes probatorias que realizó en primera instancia para
obtener una copia auténtica de la investigación administrativa interna del
Ministerio de Transporte y del expediente penal de la Fiscalía General de la

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Nación, que contenían la prueba grafológica que demostraban que el
dinero había sido reclamado por otra persona, las autoridades no allegaron
dichos documentos.

19. Señaló que elevó peticiones para que le entregaran copia de esas
investigaciones, sin embargo, solo después de insistir, únicamente el
Ministerio de Transporte le entregó una copia de la investigación
administrativa, por lo que, allegó esos documentos al proceso. En ese
expediente estaba incorporada la investigación penal y la prueba
grafológica con el resultado negativo. Señaló que la entidad no quiso
entregar esos documentos directamente al proceso judicial.

20. Posteriormente, el Tribunal reconoció que la entidad allegó una copia de
la investigación interna incompleta, que no contenía la prueba grafológica,
ni sus resultados, sin embargo, indicó que no era necesario oficiar
nuevamente a la entidad, porque el demandante ya los había aportado.

21. El recurrente manifestó que “no pudo, literalmente, allegar al proceso la
copia auténtica de la prueba grafológica con resultado negativo
practicado dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía
General de la Nación, por cuanto, a pesar de que dicha prueba se hallaba
en poder de la Fiscalía General y del Ministerio de Transporte, parte
demandada en este proceso, ninguna de las dos entidades accedió a
entregarla, a pesar de la expresa petición elevada en tal sentido dentro de
la demanda”. “[La] parte actora fue puesta por el Estado colombiano (…)
en absoluta imposibilidad de aportar la copia auténtica de la prueba
grafológica, la que incluso, tampoco pudo aportar con este recurso”.

22. Señaló que sería inadmisible que a las entidades les bastara no autenticar
un documento para ganar un juicio en su contra, pues se beneficiarían de
su propia culpa. Cuestionó el razonamiento que adoptó el fallo recurrido en
relación con la carga que tenía para insistir en el recaudo de la prueba
autenticada, toda vez que, el Tribunal, en diferentes oportunidades señaló
que la prueba ya había sido incorporada por el demandante.

23. Afirmó que existía una investigación penal por estos hechos “en la Fiscalía
Delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (…)
ya que [elevó], ya hace varios meses, ante el despacho del señor Fiscal
General de la Nación, denuncia penal por los posible delitos de prevaricato,
abuso de autoridad, fraude procesal y obstrucción a la justicia en los que
habrían incurridos los funcionarios judiciales y administrativos involucrados en
este asunto, sin que, obviamente, sepa hoy en que parará dicha
investigación penal”.

24. El recurrente en un pie de página indicó que, mediante Auto de 8 de
marzo de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
proceso 38181, precluyó la investigación en favor de la “señora Juez 12”.
Señaló que invocó esta causal por la cercanía de la caducidad del recurso.

25. Adicionalmente, indicó que, “si bien la causal habla de que se declare
que en la sentencia hubo “cohecho” o “violencia” (…) en una
interpretación favorable al damnificado, que también debe aceptarse el
que se declare que en la sentencia hubo prevaricato o que el sentido de la

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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decisión estuvo determinado por un fraude procesal u otro delito cualquiera
(amenazas de muerte contra los testigos, por ejemplo), pues una sentencia
no puede quedar incólume cuando está manchada por el delito”.

26. Por último, manifestó que “[quedaba] al sabio criterio de esa
superioridad pronunciarse sobre la validez de un proceso en el cual, como
en este caso, se le ha obstruido al damnificado demandante el derecho de
probar conduciéndolo a creer, de buena fe, que la prueba que requería,
en este caso la prueba grafológica, ya obraba en el expediente e iba a ser
valorada en la sentencia, para terminar, haciéndose otra cosa. Si bien
dentro de las causales de nulidad consagrada por la ley no se contempla
esta situación, ella debería ser reconocida siempre, a la luz de los preceptos
superiores contenidos en la Constitución Política, particularmente el que
señala el derecho de toda persona a un debido proceso, el cual tiene que
incluir, necesariamente, el derecho de probar”.

27. El Ministerio de Transporte se opuso al recurso extraordinario de revisión,
porque no se configuró ninguna de las causales invocadas. Señaló que la
entidad cumplió con su carga procesal de entregar los documentos
solicitados durante las instancias. Precisó que la Fiscalía General de la
Nación no era parte del proceso.

28. Consideró que no se configuró la causal de documentos recobrados,
porque el recurrente pretendía reabrir el debate probatorio, al cuestionar la
valoración que el juez de instancia les otorgó a las pruebas.

29. Manifestó que no se allegó ninguna sentencia penal que hubiera
declarado violencia o cohecho en la expedición de la sentencia recurrida.
Por el contrario, el recurrente reconoció que presentó una denuncia y que
la Corte Suprema de Justicia declaró la preclusión de la investigación “a
favor de la señora Jueza 12”.

30. Tampoco se configuró la nulidad originada en la sentencia, porque el
recurrente no alegó ninguno de los supuestos que permiten estructurar la
causal. Reiteró que el recurso se centró en cuestionar la valoración
probatorio que realizó el juez de instancia.

31. Por último, señaló que los demandantes iniciaron dos2 procesos judiciales
dirigidos a obtener el pago de una indemnización por la presunta
obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y denegación de justicia con
ocasión de la sentencia recurrida.

32. El Tribunal Administrativo de Santander dictó Sentencia de tutela de 13
de junio de 2012, por medio de la cual, amparó el derecho fundamental de
petición de Oscar Humberto Gómez y le ordenó resolver a la Fiscalía General
de la Nación la petición presentada el 27 de abril de 20123.

33. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2018 se ordenó tener como
prueba el expediente del proceso de reparación directa, oficiar la remisión

2 El proceso 68001233300020120001701 adelantado por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga y el proceso 68001233300020110069501 adelantado por el Tribunal Administrativo de Santander
dirigido contra el Ministerio de Transporte, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
3Proceso 68001233100019990039001 cuaderno 1 del proceso de tutela.

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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del expediente de tutela y denegar la solicitud probatoria respecto de las
demás pruebas que pretendían reabrir el debate probatorio de instancia.

34. Contra esta decisión la parte demandante interpuso recurso de súplica,
porque al denegar las pruebas, especialmente la prueba grafológica y el
cotejo fotográfico practicados en la investigación penal, le impedía
demostrar la responsabilidad del Ministerio de Transporte. Las entidades
ocultaron información e imposibilitaron a los demandantes probar los
hechos. Asimismo, el Tribunal impidió conseguir las copias auténticas y
completas de la investigación, al no insistir en que se aportaran, pues el
demandante había allegado copia de estas.

35. A través de Auto de 2 de octubre de 2019 se confirmó la denegación
probatoria, toda vez que, “las investigaciones que solicita ya obran en el
expediente y el debate no se trata -en realidad – del surgimiento de un
documento decisivo con posterioridad a la sentencia, sino de que no hayan
sido valoradas por el Tribunal porque no fueron aportadas en copia
auténtica”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal segunda de revisión, 2.4. Análisis
de la causal quinta de revisión, 2.5. Análisis de la causal sexta de revisión y, 2.5. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisión que se adoptarán

36. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque la impugnación
se interpuso dentro de la oportunidad4 prevista en el artículo 187 del CCA.
Declarará infundado el recurso de revisión contra la Sentencia de 13 de
mayo de 2010, porque no se configuró ninguna de las causales invocadas.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

37. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados 5, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador6 o por el constituyente.

38. Este medio de extraordinario de impugnación no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias 7, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez 8, ni para corregir los errores por

4La sentencia de segunda instancia se notificó por edicto desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio de 2010, por lo
que, de conformidad con el artículo 331 del CPC las sentencias se entienden ejecutoriadas 3 días después de
notificadas, esto es, el 8 de junio de 2010 para el caso concreto. Como el recurso se interpuso el 5 de junio de 2010,
la Sala entiende que se interpuso dentro del término de los dos años del artículo 187 del CCA.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001 -23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
8 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).

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Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal segunda de revisión

39. El numeral 2 del artículo 188 del CCA establece como causal de revisión
“haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y
que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria”.

40. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
sostenido que debe tratarse de una prueba documental 9, que haya sido
encontrada o recobrada10 con posterioridad a la sentencia, debido a que,
no pudo aportarse en el proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito
o por obrar de la contraparte. También, exige que dicha prueba sea
determinante, esto es, que de haberse conocido al momento de la decisión
se hubiera adoptado un fallo distinto al recurrido 11.

41. La Sala encuentra que el recurso de revisión no cumplió con los requisitos
exigidos de la causal, porque no se allegó ninguna prueba documental
recobrada, pues los recurrentes se centraron en cuestionar la valoración
probatoria que realizaron los jueces de instancia sobre la autenticidad de
las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, la copia del expediente penal,
que contenía la prueba grafológica y el cotejo fotográfico.

42. Se destaca que en el trámite del recurso extraordinario de revisión fueron
denegadas las solicitudes probatorias que pretendían allegar la copia del
expediente penal autenticada, con el objetivo de incorporar nuevamente
las pruebas que obraban en el acervo probatorio, para que el juez de
revisión realizara una nueva valoración de estas y resolviera infirmar la
sentencia recurrida.

43. La Sala no observa ninguna prueba que no hubiera sido conocida por
las partes del proceso. Al contrario, entiende que el alcance del recurso
extraordinario de revisión tenía como único propósito reabrir el debate
probatorio surtido en las instancias ordinarias y que fue extensamente
planteado por los demandantes en relación con la autenticidad de los

9 La configuración de la causal no admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias, los informes
técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-
01917-00 (REV).
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de

julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV) “Que “recobrado”, es el documento que como tal
existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo
pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-
000-2007-00879-00(REV) Sobre este punto, ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Corporación en precisar que es
“viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se
recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica
que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005,

Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). “(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la
sentencia recurrida en revisión, debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido aducida
oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente
a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fall o en vía
extraordinaria. // Así las cosas, no es procedente una prueba, que de ser considerada, podría invalidar uno de los
argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en
cuenta el juez para tomar la decisión”. Asimismo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV).

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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documentos que no valoraron los jueces de instancia por haberse
entregado en copias simples.

44. La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
instrumentalizarse para suplir las falencias probatorias de las partes, como
tampoco puede deformarse su alcance al exponer argumentos que tienen
relación directa con la valoración probatoria y la interpretación jurídica que
elaboran los jueces para adoptar sus decisiones.

2.3. Análisis de la causal quinta de revisión

45. El numeral 5 del artículo 188 del CCA establece como causal de revisión
“haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.

46. La Sala acoge los argumentos de defensa de la entidad demandada,
toda vez que los recurrentes no allegaron al proceso ninguna sentencia
penal en ese sentido. Al contrario, el recurso desconoció la exigencia
principal de la causal, pues no bastaba señalar la existencia de la apertura
de una investigación penal, porque se requería de la expedición de una
sentencia condenatoria por esas conductas delictivas.

47. Adicionalmente, resulta contradictorio que los recurrentes hubieran
destacado que la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación penal
contra la jueza de la primera instancia, porque esto implica que no se
expidió una sentencia penal en los términos requeridos por la causal.

48. Por otra parte, la Sala advierte que resulta inadecuado que los
recurrentes hubieran propuesto una interpretación extensiva de la causal,
puesto que las causales revisión deben interpretarse de manera restrictiva y
no analógica. Lo anterior, para evitar que se desconozca el carácter
extraordinario del recurso de revisión.

2.4. Análisis de la causal sexta de revisión

49. El numeral 6 del artículo 188 del CCA establece como causal de revisión
“existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación”.

50. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que, la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones12.

51. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CCA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
del CPC e interpretó el artículo 29 constitucional para dotar de contenido la
causal.

52. La Sala entiende que las causales del recurso de revisión son taxativas y
de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser
interpretadas de manera analógica o extensiva. Solamente podrá
declararse fundado el recurso extraordinario de revisión cuando se origine
en la sentencia recurrida alguna de las causales de nulidad previstas en la
legislación.

53. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que el recurso de revisión es
antitécnico e impreciso, porque no señaló ningún supuesto de nulidad para
infirmar la sentencia. Al contrario, dejó al arbitrio del juez la valoración de los
hechos para que estructurara la causal, aspecto que desconoce el carácter
extraordinario del recurso de revisión, porque el juez se atiene a los
argumentos que plasme el impugnante.

54. Los recurrentes no pueden trasladar su carga argumentativa al juez de
revisión, para que, de manera oficiosa, este realice un examen del proceso
y sus conclusiones las enmarque en un supuesto de nulidad.

55. La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
utilizarse de manera inadecuada para incorporar los argumentos de fondo
que fueron plasmados a lo largo de las instancias ordinarias, pues se reitera
que la revisión no es una tercera instancia que sirva para corregir las
falencias argumentativas y probatorias de las partes.

56. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión, porque no se configuró ninguna de las causales invocadas.

2.4 Costas

57. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

3. DECISIÓN

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 13 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

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Radicación número: 68001-23-31-000-1999-00390-01 (44394)
Demandante: José Franklin Jerez Villalobos
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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