Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-1999-02293-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-1999-02293-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-1999-02293-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
1 de septiembre de 2022
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Radicado: 68001 23 31 000 1999 02293 01
Demandante: Instituto Nacional de Vías – INVIAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 68001 23 31 000 1999 02293 01
Actor: Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
Tesis: Es nulo, por desconocer el derecho de audiencia y de defensa, el acto por
medio del cual se resolvió un recurso de reposición contra una decisión que
sancionó a un particular por una infracción ambiental en el sentido de imponer
idéntica sanción a la entidad demandante, si esta no fue vinculada al
procedimiento administrativo respectivo de manera previa a este último acto pero
le fue comunicado el primero y la posibilidad de interponer recurso de reposición.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 27 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, Subsección de Descongestión, mediante la cual se declaró la nulidad
de las Resoluciones No. 00866 del 25 de agosto de 1998 y 00353 del 15 de marzo
de 1999 expedidas por la Corporación Autónoma Regional de Santander (en
adelante CAS).
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el Instituto
Nacional de Vías (en adelante INVIAS) interpuso demanda en contra de la CAS1.
1 Visible a folios 8 a 37 del Cuaderno nro. 1 del Tribunal.
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Radicado: 68001 23 31 000 1999 02293 01
Demandante: Instituto Nacional de Vías – INVIAS
1.1. Pretensiones
“PRIMERO: Que se declare nula la resolución 00866 del 25 de agosto de
1998, expedida por el doctor JOSELIN DIAZ AGUILLON, director General de
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ‘CAS’, en su
calidad de representante legal del ente público.
Resolución mediante la cual se declaró a la empresa IMPREGILO SPA,
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio la Laguna,
vereda el Congual, Jurisdicción del Municipio de Pinchote de propiedad del
señor JOSE ANTONIO GARNICA y se impusieron otras obligaciones.
SEGUNDO: Que se declare nula la Resolución 00353 del 15 de marzo de
1999, expedida por el doctor HECTOR LAMO GOMEZ, director general de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ‘CAS’, en su
calidad de representante legal del ente público.
Resolución mediante la cual se declaró al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio la Laguna,
vereda el Congual, jurisdicción del Municipio de Pinchote, de propiedad de
JOSE ANTONIO GARNICA y se impusieron otras obligaciones.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente
acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió los actos para
los efectos legales consiguientes”2.
1.2. Actos cuestionados
1.2.1. La Resolución 00866 del 25 de agosto de 1998, que resolvió:
“ARTICULO PRIMERO. - Declarar a la empresa IMPREGILO SPA.,
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio La
Laguna, Vereda El Congual, en jurisdicción del municipio de Pinchote de
propiedad del señor JOSE ANTONIO GARNICA.
ARTICULO SEGUNDO. - Requerir a la empresa IMPREGILO SPA. para que
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de ejecutoria
de esta providencia gestione ante ACUASAN, entidad esta que administra la
red del acueducto antiguo de San-Gil Socorro, que posee disponibilidad del
recurso hídrico hasta el sitio conocido como El Raizudo (entrada la Granja El
Cucharo) para que sea adjudicado un punto de agua para JOSE ANTONIO
GARNICA AYALA, ANIT QUINTERO Y ESTHER ORTIZ DE TORRES.
Los costos de la tubería P.V.C. y el establecimiento de la misma para realizar
la inducción del recurso hídrico hasta las viviendas de las personas
anteriormente citadas, deberá ser asumido por la firma IMPREGILO SPA.
ARTICULO TERCERO. - En cuanto hace relación a los daños ocasionados a
la cerca ubicada en el lindero oriental del predio La Laguna, que da contra la
carretera pavimentada San Gil-Socorro de propiedad del señor JOSE
ANTONIO GARNICA AYALA, en un tramo aproximado de 200 metros y el
2 Escrito de corrección de la demanda, visible a folios 26 y 27 del cuaderno principal.
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causado a la casa de habitación del señor no corresponde a la Corporación
la tasación del valor de los perjuicios causados, por lo que deberá acudir a la
justicia ordinaria a instaurar las acciones del caso.
ARTICULO CUARTO. - Córrase traslado al señor JOSE ANTONIO GARNICA
AYALA, del contenido del concepto técnico No. 792/98, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, para cuyo efecto al momento de la
notificación de esta providencia se le hará entrega de un acopia del mismo y
se dejará en el expediente la respectiva constancia.
ARTICULO QUINTO. - Copia de esta providencia deberá ser remitida al
Alcalde del municipio del Socorro, al Instituto Nacional de Vias INVIAS y al
Procurador Judicial Agrario de Bucaramanga, para su conocimiento.
ARTICULO SEXTO. - Contra la presente resolución procede por vía
gubernativa recursos de reposición el cual podrá interponerse ante el Director
General, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.
(...)”3.
1.2.2. La Resolución 00353 del 15 de marzo de 1999, que resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar al Instituto Nacional de Vías INVIAS,
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio La
Laguna, Vereda El Congual, jurisdicción del municipio de Pinchote de
propiedad del señor JOSE ANTONIO GARNICA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al Instituto Nacional de Vías INIVAS, para
que en el término de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación
de la presente providencia, gestione ante ACUASAN, entidad esta que
administra la red del Acueducto antiguo de San Gil-Socorro, que posee
disponibilidad del recurso hídrico hasta el sector conocido como El Raizado
(entrada granja El Cucharo), para que sea adjudicado a punto de agua para
JOSÉ ANTONIO GARNICA AYALA, ANITA QUINTERO Y ESTER ORTIZ DE
TORRES.
Los costos de tubería PVC y el establecimiento de la misma puede realizar la
inducción del recurso hídrico hasta las viviendas de las personas
anteriormente citadas, deberá ser asumido por INVIAS (sic).
ARTÍCULO TERCERO: En cuanto hace relación a los daños ocasionados a
la cerca ubicada en el lindero oriental del predio La Laguna, que da contra la
carretera pavimentada San Gil-Socorro, de propiedad del señor JOSE
ANTONIO GARNICA AYALA, en tramo aproximado de 200 metros y el
causado a la casa de habitación del citado señor corresponde a la
Corporación la casación del valor de los perjuicios causados, por lo que
deberá acudir a la justicia ordinaria a instaurar las acciones del caso.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de esta providencia deberá ser enviada al senos
ALCAIDE del Municipio del Socorro y al Procurador Judicial Agrario de
Bucaramanga para su conocimiento y demás efectos pertinentes.
3 Folios 55 a 58 ibídem.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno por agotarse la vía Gubernativa”4.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas el INVIAS invocó los artículos 29 de la
Constitución Política, 14 y 84 del CCA y el parágrafo 3º de la Ley 85 de 1999 de
la Ley 99 de 1993, en armonía con los artículos 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208 y 209 del Decreto 1594 de 1984.
1.3.2. En el concepto de violación expresó lo siguiente:
1.3.2.1. Indicó que la Resolución nro. 00353 del 15 de marzo de 1999 fue proferida
con desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa previstos en el artículo
29 de la Constitución Política. Particularmente, sostuvo que esa entidad fue
sancionada sin que le diera la oportunidad de controvertir los hechos que dieron
lugar al castigo, esto es, el secamiento de un aljibe de propiedad del señor José
Antonio Garnica Ayala ubicado en la verdad Congual, del Municipio de Pinchote,
del Departamento de Santander.
Precisó que nunca se puso en conocimiento del INVIAS del procedimiento que
concluyó con la expedición de la Resolución sancionatoria y que, por ende, ese
instituto no contó con la posibilidad de presentar pruebas o rendir descargos sobre
la conducta que dio origen a la investigación.
1.3.2.2. En relación con el segundo cargo, relativo a la violación del artículo 84 del
CCA, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, manifestó que la
CAS se apartó del proceso previsto en el Decreto nro. 1594 de 1984, aplicable por
remisión expresa del parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, al sancionar
a esa entidad sin permitirle ejercer los derechos de audiencia y defensa.
Para sustentar tal afirmación, hizo el siguiente recuento cronológico de la
actuación administrativa sancionatoria:
4 Folios 40 a 51 ibídem.
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Sostuvo que el señor José Antonio Garnica Ayala presentó ante la CAS una queja
contra la empresa constructora Impregilo SPA., por el secamiento de un aljibe del
predio La Laguna, de su propiedad, ubicado en la vereda El Congual, Municipio
de Pinchote, Santander, como consecuencia de las perforaciones realizadas
durante la ejecución de una obra de ampliación de una carretera.
Señaló que, mediante proveído 1190 del 19 de noviembre de 1997, la CAS inició
investigación para verificar los hechos y que, con fundamento en el concepto
técnico SGA 074-98, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, ordenó el
archivo de la actuación, a través del auto 000194 del 25 de febrero de 1998.
Adujo que el señor José Antonio Garnica Ayala solicitó la reapertura de la
investigación, porque no había sido notificado de los actos administrativos que
expidió la entidad y, en consecuencia, reprochó que no había podido presentar
las pruebas que fundamentaban la queja.
Expuso que el 4 de mayo de 1998 la Subdirección de Gestión Ambiental de la
CAS designó un funcionario para la práctica de una nueva visita ocular al predio
del señor Garnica Ayala sin comunicar de tal actuación al INVIAS o a la sociedad
Impregilo SPA. Arguyó que, en virtud de la práctica de tal diligencia, mediante
concepto técnico 476, complementado a través de concepto 792-98, expedido por
el Grupo de Control y Vigilancia de la CAS, dijo que se “conceptúa totalmente
contrario a lo establecido en la primera vista, con extralimitación de funciones
públicas, pues como se evidencia en su texto, se abroga funciones de juez,
declarando responsabilidades y condenando en perjuicios a presuntos inculpados,
que no han sido siquiera citados al proceso”5.
Advirtió que, mediante Resolución 00866 del 25 de agosto de 1998, declaró
responsable a Impregilo SPA por el secamiento del aljibe sin que la actuación
administrativa hubiera sido puesta en su conocimiento, como lo ordena el artículo
5 Visible a folio 28 del Cuaderno nro. 1.
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205 del Decreto 1594 de 19846, ni tampoco se le hubiere citado como tercero
interesado.
Manifestó que Impregilo SPA interpuso recurso de reposición contra la Resolución
00866 del 25 de agosto de 1998 y que, mediante Auto 01198 del 12 de noviembre
de 1998, la CAS lo admitió y ordenó, de manera irregular, notificar al ingeniero
Omar Ochoa, contratista del INVIAS, y comisionar al Ministerio del Medio
Ambiente para que notificara a la entidad demandante, diligencia que se llevó a
cabo con una funcionaria a la que, en todo caso, no se le corrió traslado del
recurso ni se le informaron los cargos formulados.
Aseveró que, en la Resolución 00353 del 15 de marzo de 1999, que aquí se
cuestiona, la CAS resolvió el citado recurso en el sentido de absolver de
responsabilidad a Impreligio SPA y declaró responsable al INVIAS de la
profundización del aljibe, sin que, reiteró, se le hubiera permitido previamente
ejercer los derechos de defensa y contradicción. Ese acto, además, requirió al
INVIAS para que gestionara ante la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de San Gil – ACUASAN, la asignación de un punto de agua para los señores José
Antonio Garnica Ayala, Anita Quintero y Ester Ortiz de Torres.
Asimismo, reprochó que el acto enjuiciado declaró que no procedía ningún recurso
por encontrarse agotada la vía gubernativa, disposición que resultaba violatoria
del debido proceso y su derecho a la defensa.
Afirmó que la actuación administrativa que surtió la CAS y que declaró
responsable al INVIAS, fue llevada a cabo por un “procedimiento ilegal,
discrecional y ajeno a cualquier realidad procesal”7. Manifestó que los actos
acusados también infringieron los principios generales del derecho que deben ser
incorporados como normas fundamentales en todas las actuaciones
administrativas.
6 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II
del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos”.
7 Visible a folio 37 del Cuaderno nro. 1.
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1.3.2.2. Frente al tercer cargo, a saber, el relacionado con el desconocimiento del
el artículo 14 del CCA y el artículo 205 del Decreto 1594 de 1984, adujo que,
conforme a esas normativas, es factible que, en una actuación administrativa
iniciada en interés particular, se advierta la presencia de terceros determinados o
indeterminados que tengan interés en la decisión y que, en ese orden, esos
terceros deben ser citados, indicando con claridad el nombre del solicitante y el
objeto de la petición.
Precisó que la figura de la citación de que tratan las normas invocadas no puede
confundirse con la de notificación o emplazamiento. Que la citación es el acto de
autoridad por medio del cual se ordena la comparecencia de alguien en el proceso,
mientras que la notificación es el documento en el que se hace constar que se ha
hecho saber a alguien lo decidido por la autoridad. En ese sentido, alegó que es
muy distinto convocar al INVIAS para que comparezca al proceso para los fines
de audiencia y defensa, que hacerle saber que ya fue declarado responsable de
la profundización del aljibe.
1.3.2.3. Por otro lado, frente al cuarto cargo de nulidad, sostuvo que los actos
acusados desconocieron lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 85 de la Ley 19
de 1993, en concordancia con los artículos 197 a 209 del Decreto 1594 de 1984,
que establecen las etapas de los procesos sancionatorios. Así, indicó que aquellos
inician con la orden de verificación de los hechos u omisiones constitutivas de
infracción de las normas ambientales, realizando todas las diligencias necesarias
para corroborar los hechos. Luego, mediante notificación personal, se deben
poner en conocimiento del presunto infractor los cargos, para que pueda ejercer
la defensa y pedir pruebas dentro de los diez (10) días siguientes.
Expuso que, una vez decretadas y practicadas las pruebas, la autoridad
competente debía pronunciarse respecto de los hechos constitutivos de la queja,
imponiendo las sanciones correspondientes si es del caso. Asimismo, expuso que,
frente a tal acto, procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días
hábiles a su notificación.
Reiteró que la CAS vulneró el debido proceso dentro de la actuación administrativa
sancionatoria, como quiera que no formuló cargos en contra del INVIAS, ni le
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permitió ejercer su derecho a la defensa. Además, aseguró que la decisión fue
tomada con “apreciaciones de simple inspección al sitio y no basadas en
verificaciones idóneas de orden técnico, y sin siquiera resolver de fondo el recurso
de reposición presentado por la empresa ejecutora, se exoneró de
responsabilidad a IMPREGILO y en su lugar se dispuso, sin formula ni juicio, ni
análisis probatorio alguno, que mi representado se hiciera responsable de los
supuestos daños, sobre los que decidió abrogándose facultades que no le
corresponden”8.
Adujo que la prueba en que se fundamenta la Resolución que declaró responsable
al INVIAS es nula de pleno derecho, pues se obtuvo con violación al debido
proceso, en la medida que no se conoce la idoneidad de la misma, ni se dio la
oportunidad de controvertirla técnicamente, y añadió que el procedimiento
administrativo sancionatorio era irregular por cuanto fue reabierto un proceso que
ya había sido archivado y de forma “extraña” fueron adicionados conceptos para
preconstituir una prueba técnica, con el fin de declarar responsable al INVIAS
cuando esa entidad ni siquiera había sido vinculada al mismo.
De ahí que asegurara que se había atentado en contra del interés público o social,
concretándose la falsa motivación y la desviación de poder, pues “es innegable
que se adecúa también el agravio injustificado que se causa al INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS, al enfrentarlo en forma inconsecuente a poner en riesgo al
patrimonio del Estado, obligándolo a enfrentar procesos administrativos y
judiciales, por una condena viciada de legalidad, expedida con falsa motivación
como quedó establecido y con innegable desviación de poder, pretendiendo
otorgar derechos a un tercero, que no ha demostrado la relación de causalidad
entre la obra pública ejecutada, y el presunto daño sobre el cual se declaró en
forma ilegal la responsabilidad a mi representado”9.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
8 Visible a folio 40 del Cuaderno nro. 1.
9 Visible a folio 41 del Cuaderno nro. 1.
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La CAS contestó la demanda de forma extemporánea.10 A su vez, los señores
José Antonio Garnica Ayala, Esther Ortiz de Torres y Anita Quintero Durán
guardaron silencio.
III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 27 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de
Santander, Subsección de Descongestión, declaró la nulidad de las Resoluciones
00866 del 25 de agosto de 1998 y 00353 del 15 de marzo de 199911.
La decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:
3.1.1. De manera previa al estudio del caso en concreto, el Tribunal advirtió que
era necesario analizar lo relacionado con la procedencia de la acción nulidad
contra actos de contenido particular, ya que, solamente superados los requisitos
definidos para la misma, procedía algún pronunciamiento de los demás aspectos
propuestos en la litis.
Expresó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha afirmado que “una acción
de las contempladas en el Código Contencioso Administrativo es tal, no por el
nombre que se lo llame sino porque sus pretensiones corresponden realmente a
las características que la tipifiquen”, y en ese sentido, ha definido que, además
de los casos previstos en la ley, la acción de nulidad también procede contra actos
de contenido particular y concreto, cuando la situación de carácter individual a que
se refiere el acto comporta un interés para la comunidad de tal naturaleza e
importancia que se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de
alcance nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de
innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y
económico del país.
Advirtió que, en el caso sub examine, los actos enjuiciados no revisten un interés
cualificado con incidencia en el ordenamiento jurídico nacional, sino que sólo
benefician al INVIAS como consecuencia del eventual restablecimiento, lo que
10 Folio 144 del cuaderno nro. 1.
11 Visible a folios 17 a 37 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
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significa que la legalidad de éstos debe ventilarse a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, y no la de simple
nulidad del artículo 84 ibídem; no obstante, aseguró que, en aplicación del
principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal consagrado en el
artículo 228 de la Constitución Política y para garantizar el derecho de acceso a
la administración de justicia, era menester adelantar el estudio del asunto bajo los
lineamientos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.1.3. Luego de hacer un estudio de la oportunidad en la interposición de la
presente demanda, sostuvo que la misma fue presentada en tiempo, razón por la
cual, declaró de oficio no probada la excepción de caducidad.
3.2. Resuelto lo anterior definió el problema jurídico de la siguiente manera:
“El debate se centra en determinar si las Resoluciones 00866 del 25 de agosto
de 1998 y 00353 del 15 de marzo de 1999 que declararon responsables a
IMPREGILO SPA e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), de la
profundización del aljibe que existía en el predio la Laguna, vereda el Congual,
municipio de Pinchote, cuyo propietario es José Antonio Garnica Ayala, y se
impusieron otras obligaciones, están afectadas de nulidad al haber sido
expedidas sin haber seguido el debido proceso establecido en la ley 99 de
1993 y normas concordantes”12.
3.3. Posteriormente, hizo un recuento de las actuaciones del procedimiento
sancionatorio en el marco del cual se expidieron los actos acusados y procedió a
realizar un análisis individual de los actos censurados.
3.4. Respecto de la Resolución nro. 00866 del 25 de agosto de 1998, explicó que,
conforme a los artículos 199 y 202 a 205 del Decreto 1594 de 1984, una vez la
autoridad ambiental recibe la queja, debe proceder a verificar si los hechos en ella
expuestos son ciertos y constituyen infracción a las normas ambientales, para lo
cual puede practicar pruebas, y del resultado de éstas debe cesar el procedimiento
o formular cargos, en ambos casos notificando personalmente al presunto
responsable.
12 Visible a folio 338 del Cuaderno de segunda instancia.
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Resaltó que, de acuerdo con lo acreditado en el expediente, la CAS, con
fundamento en la queja, ordenó la práctica de una visita ocular al predio del señor
Garnica Ayala, cumpliendo hasta ese punto con el debido proceso, dado que actuó
conforme lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1994.
Sin embargo, indicó que, una vez rendido el concepto técnico derivado de la visita,
la CAS profirió la precitada resolución sancionatoria contra la empresa Impregilo
SPA., sin formular el o los cargos procedentes y sin ordenar la notificación
personal a que se refieren los artículos 205 y 206 ibídem, en concordancia con los
artículos 44 y 45 del CCA.
En ese orden de ideas, expuso que se omitió dar al infractor la oportunidad
procesal prevista en el artículo 206 del Decreto 1594 de 1994, para presentar
descargos y solicitar o aportar las pruebas que considerara necesarias y
conducentes para el caso y agotar las demás etapas descritas en los artículos 208
y 209, referidas al periodo probatorio y la calificación de la falta.
En esa medida, resolvió declarar la nulidad de la Resolución nro. 00866 del 25 de
agosto de 1998.
3.5. Ahora, en lo que tiene que ver con la Resolución nro. 00353 del 15 de marzo
de 1999, consideró que, pese a que la parte considerativa de este acto se alude
al Contrato 0060 del 27 de febrero de 1997, celebrado entre el INVIAS y la
empresa Impregilo SPA, y de su análisis la citada Corporación a concluyó que “el
actor principal es el interventor, quien representa INVIAS en todos sus
aspectos”13, lo que hacía procedente la vinculación de ese instituto, lo cierto era
que la autoridad ambiental omitió dar aplicación al artículo 205 del Decreto 1594
de 1984, en el sentido de poner en conocimiento al INVIAS como presunto
infractor los cargos por la profundización del aljibe que existía en el predio del
quejoso, para que éste, dentro del término del artículo 207 ibídem, presentara sus
descargos por escrito y aportara o solicitara a práctica de pruebas.
13 Folio 342 del cuaderno nro. 2.
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Concluyó que tampoco se dio al demandante las oportunidades previstas en los
artículos 207 a 209 ibídem, y se le impuso una sanción que no pudo ser recurrida,
en tanto expresamente dispuso: “Contra la presente resolución no procede
recurso alguno por agotarse la vía gubernativa”, desconociendo el mandato del
artículo 204, que prevé como viable dicho recurso.
Bajo tal contexto, también accedió a declarar la nulidad de este acto
administrativo.
3.5. El INVIAS solicitó la “complementación” de la sentencia del 27 de abril de
2012, para que se incluyera en el ordinal cuarto de la parte resolutiva la expresión
“responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio la laguna,
vereda el COGUAL, Jurisdicción del Municipio de Pinchote de propiedad del señor
JOSE ANTONIO GARNICA”, que, afirmó, fue omitida por el Tribunal al identificar
la Resolución 00353 del 15 de marzo de 1999, que se declaró nula.
3.6. Mediante auto del 12 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Santander, Subsección de Descongestión, corrigió el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia del 27 de abril de 2012, incluyendo la expresión
solicitada por la entidad demandante, al considerar que, en efecto, se había
incurrido en un error al omitir una oración que hacía parte de la Resolución 00353
del 15 de marzo de 1999 acusada.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Santander interpuso oportunamente el
recurso de apelación contra de la sentencia de primera instancia14. Los
fundamentos se sintetizan así:
4.1. Alegó que no es cierto que la entidad haya adelantado el procedimiento
administrativo con violación del debido proceso, pues la constructora Impregilo
SPA. conocía desde el principio la situación en la que se encontraba inmersa.
Asimismo, señaló que el INVIAS no había sido ajeno a las decisiones adoptadas
14 Visible a folios 346 a 349 del cuaderno del Consejo de Estado.
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por la CAS, pues, por intermedio de la constructora, conoció que se estaban
realizando visitas al predio para evidenciar que el secamiento del aljibe había sido
consecuencia de las obras que dicha empresa estaba llevando a cabo.
Argumentó que el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Resolución 00866 del
25 de agosto de 1998 ordenó remitir copia de ese acto al INVIAS, y que el ordinal
sexto señaló que contra ésta procedía el recurso de reposición. En ese orden,
adujo que, mediante Oficio nro. GVC-1336-00007327, la Coordinadora del Grupo
de Control y Vigilancia de la CAS remitió copia de la resolución en comento al
Alcalde del Municipio de Socorro, al INVIAS y al Procurador Judicial y Agrario de
Bucaramanga, cumpliendo así con su obligación de poner tal acto en
conocimiento del implicado y de todas aquellas personas que puedan resultar
afectadas con la decisión administrativa.
Precisó que también dirigió oficios al Personero Municipal de Socorro en los que
le solicitó notificar a la empresa Impregilo SpA de la resolución en mención y del
Concepto Técnico nro. 792-98, así como al ingeniero Omar Ochoa del INVIAS del
citado acto administrativo, con remisión de las respectivas constancias de
notificación personal y/o por edicto. Agregó que en similar sentido se remitió oficio
a la Oficina Asesora Jurídica del “Ministerio del Medio Ambiente” para que se
encargaran de la notificación de la aquí demanda, siendo esa la oportunidad para
que el INVIAS se pronunciara, sin que así lo haya hecho.
V. TRÁMITE EN APELACIÓN.
5.1. Mediante providencia del 15 de octubre de 2014 el Despacho admitió el
recurso de alzada y en auto del 24 de abril de 2015 se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión, plazo en el que éstas guardaron silencio.
5.2. En auto del 13 de diciembre de 2019, el Despacho advirtió que la entidad
accionada había solicitado el decreto de algunas pruebas y que el estudio de
procedencia del mismo había sido omitido, y, mediante proveído del 3 de marzo
de 2020, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 24 de abril de 2015.
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Posteriormente, en providencia del 2 de febrero de 2021, se negó el decreto de
las anotadas pruebas y en auto del 7 de mayo de 2021, se corrió nuevamente
traslado a las partes para que alegaran de conclusión.
5.3. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la CAS presentó
escrito en el que anotó que las actuaciones surtidas en el proceso sancionatorio
fueron notificadas a Impregilo SPA. y al INVIAS, como lo demuestran los
documentos obrantes en el expediente administrativo, particularmente las
siguientes comunicaciones oficiales: (i) GCV-1335-00007328, del 1 de septiembre
de 1998, (ii) CGV-1337-00007326 del 1 de septiembre de 1998, (iiI) GCV 1336-
00007327 del 1 de septiembre de 1998, (iv) CGV 1553-0008132 del 25 de
septiembre de 1998, (v) GCV 179 00009407 del 17 de noviembre de 1998, (vi)
GCV 1886 000091 del 5 de noviembre de 1998, (vii) GCV 1554 0008130 del 24
de septiembre de 1998 y el Auto 1198 del 2 de noviembre de 1999, pero que éstas
no quisieron ejercer el derecho a la defensa, lo cual no puede generar situaciones
adversas para esa autoridad ambientales
5.4. El INVIAS y los terceros interesados guardaron silencio.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público guardó silencio frente al traslado que fue
ordenado el 7 de mayo de 2021.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Impedimento
El Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, el 6 de marzo de 2018,
afirmó encontrarse impedido para conocer del proceso de la referencia en
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atención a que intervino en calidad de Ministerio Público en la etapa de
conciliación judicial adelantada en el proceso de la referencia15. Manifestación de
impedimento que fue declarada fundada mediante providencia del 2 de abril del
mismo año16.
7.2. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
7.3. Hechos
7.3.1. El señor José Antonio Garnica Ayala presentó ante la CAS queja contra la
empresa Impregilo SPA., aduciendo que ésta era responsable del secado del
aljibe ubicado en el predio La Laguna, Vereda el Congual, del Municipio de
Pinchote – Santander.
Con fundamento en la mencionada queja, la CAS, mediante auto 1190 de
noviembre de 1997, inició la correspondiente investigación y para constatar la
veracidad de los hechos denunciados ordenó una inspección ocular. Así,
mediante Concepto 074 de 1998, la mencionada autoridad ambiental concluyó
que la queja no tenía fundamento técnico por cuanto en el lugar no fueron hallados
afloramientos de agua, ni el ensanchamiento de la carreta ha interferido en los
mismos. Así, mediante Resolución No. 00194 del 25 de febrero de 1998, ordenó
el archivo de la investigación sancionatoria.
7.3.2. Sin embargo, el señor Garnica Ayala solicitó la reapertura de la
investigación y, por ende, pidió que se realizara una nueva inspección ocular al
predio La Laguna de su propiedad, la cual fue llevada a cabo por la CAS; y, en
15 Folio 416 del Cuaderno del Consejo de Estado.
16 Folio 417 ibídem.
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concepto técnico 476, complementado con el 792-98, esa entidad verificó que
existía secamiento en el mencionado aljibe.
7.3.3. Posteriormente, la CAS, mediante Resolución 00866 del 25 de agosto de
1998, declaró responsable a la empresa constructora Impregilo SPA. por el
secamiento de un aljibe ubicado en la vereda El Congual, municipio de Pinchote,
Santander, como consecuencia de las perforaciones realizadas durante la
ejecución de una obra de ampliación de una carretera.
7.3.4. Impregilo SPA. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo y, mediante la Resolución 00353 del 15 de marzo de 1999, la CAS
resolvió el anotado recurso y declaró responsable al INVIAS de la profundización
del aljibe. Además, señaló que contra ésta no procedía ningún recurso, por
encontrarse agotada la vía gubernativa.
7.3.5. El INVIAS interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las Resoluciones 00866 del 25 de agosto de 1998 y 00353 del 15 de marzo
de 1999 y, mediante sentencia del 27 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo
de Santander, Subsección de Descongestión, accedió a las pretensiones de la
demanda.
7.3.6. La CAS impetró recurso de apelación en contra del referido fallo.
7.4. Planteamiento
La Sala observa que las partes concuerdan en relación a que la CAS, a través de
los actos enjuiciados, impuso una sanción al INVIAS por el secamiento de un aljibe
en el predio La Laguna, ubicado en la Vereda el Congual del Municipio de Pinchote
del Departamento de Santander. Sin embargo, difieren respecto a si se garantizó
el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa de la entidad
demandante dentro del procedimiento sancionatorio.
En efecto, mientras que, para la CAS, dichos derechos fueron observados en
razón a que desde el inicio del anotado trámite la constructora Impregilo SPA
conocía de las actuación sancionatoria y, por ende, el INVIAS también estaba
enterado de la misma, pues se trataba de la empresa con quien ésta había suscrito
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contrato de obra y, además, con la expedición de la decisión sancionatoria
impuesta a Impregilo SPA se ordenó comunicar y remitir copias a la accionante
así como a otras autoridades, e incluso le fue informado de la posibilidad de
interponer el recurso de reposición en contra de ese acto, pero que esa entidad
había guardado silencio. Por su parte, el Tribunal es del criterio que sí fueron
desconocidos los anotados derechos, debido a que la autoridad ambiental
accionada no vinculó al instituto demandante al trámite sancionatorio y, por ende,
impidió que este presentara descargos, pidiera pruebas o recurriera la decisión
que lo declaró responsable del daño ambiental, desconociendo con ello, lo
previsto en el Decreto 1594 de 1984.
Vistas así las cosas, pasa la Sala a analizar el conflicto que se acaba de precisar,
no sin que previamente se defina el alcance de la pretensión del INVIAS y la
acción procedente para ese efecto.
7.5. Cuestión previa
7.5.1. Visto el libelo introductorio, lo que halla la Sala es que se interpuso en
ejercicio de la acción de nulidad simple con el fin de obtener la declaración de
nulidad de la Resolución 00353 del 15 de marzo de 1999, mediante la cual se
había resuelto un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 00866
del 25 de agosto de 1998, en el sentido de declarar responsable de una infracción
ambiental al INVIAS17.
El Tribunal Administrativo de Santander inadmitió dicha demanda, tras observar
que:
“1.- Como quiera que se demanda un acto administrativo por el cual “…se
resuelve un recurso de reposición”, al tenor de lo previsto en el artículo 138
del C.C.A., deberán individualizarse con toda precisión los actos
administrativos impugnados, de ser el caso.
El texto de la norma que se cita es del siguiente tenor:
“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda
precisión.
17 Folios 24 a 46 del Cuaderno del Tribunal.
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Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración
de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la
demanda.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también
deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen;
pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión…”
(negrilla fuera de texto)
(…)
3.- Adecuar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta la naturaleza
del acto administrativo materia de impugnación.”18 (Negritas del original).
En atención a tal proveído, el demandante allegó escrito corrigiendo la demanda
y para ello incluyó como pretensión de nulidad la Resolución 00866 del 25 de
agosto de 1998, que había declarado responsable a la empresa Impregilo SPA,
por la profundización del aljibe que existía en el predio La Laguna, Vereda Congual
del Municipio de Pinchote (Santander)19.
Así, luego de un requerimiento para determinar la cuantía de las pretensiones 20,
la fijó en “VEINTICUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON
58/100 ($24.070.127,58)”21, lo cual indicó correspondería a la “suma o cuantía que
conllevaría el cumplimiento de lo resuelto por la Corporación Autónoma Regional
de Santander en el artículo segundo de la Resolución 00353 del 15 de marzo de
1999”22.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal admitió la demanda en la manera
en que se instauró y accedió a la medida cautelar al suspender provisionalmente
los efectos de la Resolución No. 00353 del 15 de marzo de 1999, proferida por la
CAS.
Surtidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgador de Primera
Instancia definió el asunto en esa etapa declarando la nulidad tanto de la
Resolución número 00866 del 25 de agosto de 1998 como de la número 00353
18 Folios 48 y 49 del Cuaderno del Tribunal.
19 Folios 51 a 54 ibídem.
20 Folio 77 ibídem.
21 Folio 78 ibídem.
22 Ibídem.
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del 15 de marzo de 1999, emitidas por la accionada, como quiera que evidenció
que fueron expedidas con violación del derecho de audiencia y de defensa.
Así mismo, declaró de oficio no probada la excepción de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, luego de analizar que, aun cuando era
esa la procedente y no la prevista en el artículo 84 del CCA., debía dar aplicación
al postulado constitucional contenido en el artículo 229 Superior, según el cual las
formas deben ceder ante el derecho sustancial de modo que se facilite el acceso
a la administración de justicia y entonces analizar la controversia a la luz de la
acción que regula el artículo 85 del CCA., pues la misma cumplía con el requisito
de oportunidad.
7.5.2. Dado el anotado recuento procesal, lo primero que encuentra la Sala es
que, como bien se propuso inicialmente por el INVIAS, la demanda por ella
interpuesta sólo era procedente contra la Resolución número 00353 del 15 de
marzo de 1999, habida cuenta que fue a través de ésta que la CAS le creó una
clara situación jurídica a la actora al declararla responsable por una infracción
ambiental y le impuso la obligación de gestionar a su costo la adjudicación de un
punto de agua ante ACUASAN (empresa de servicio de acueducto del Socorro –
Santander) para proveerlo a José Antonio Garnica Ayala, Anita Quintero y Ester
Ortiz de Torres. Veamos la literalidad de la parte resolutiva:
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar al Instituto Nacional de Vías INVIAS,
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio La
Laguna, Vereda El Congual, jurisdicción del municipio de Pinchote de
propiedad del señor JOSE ANTONIO GARNICA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al Instituto Nacional de Vías INIVAS, para
que en el término de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación
de la presente providencia, gestione ante ACUASAN, entidad esta que
administra la red del Acueducto antiguo de San Gil-Socorro, que posee
disponibilidad del recurso hídrico hasta el sector conocido como El Raizado
(entrada granja El Cucharo), para que sea adjudicado a punto de agua para
JOSÉ ANTONIO GARNICA AYALA, ANITA QUINTERO Y ESTER ORTIZ DE
TORRES.
Los costos de tubería PVC y el establecimiento de la misma puede realizar la
inducción del recurso hídrico hasta las viviendas de las personas
anteriormente citadas, deberá ser asumido por INVIAS (sic).
ARTÍCULO TERCERO: En cuanto hace relación a los daños ocasionados a
la cerca ubicada en el lindero oriental del predio La Laguna, que da contra la
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carretera pavimentada San Gil-Socorro, de propiedad del señor JOSE
ANTONIO GARNICA AYALA, en tramo aproximado de 200 metros y el
causado a la casa de habitación del citado señor corresponde a la
Corporación la casación del valor de los perjuicios causados, por lo que
deberá acudir a la justicia ordinaria a instaurar las acciones del caso.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de esta providencia deberá ser enviada al senos
ALCAIDE del Municipio del Socorro y al Procurador Judicial Agrario de
Bucaramanga para su conocimiento y demás efectos pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno por agotarse la vía Gubernativa”23. (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, no era viable la integración de la pretensión de nulidad de la
Resolución 00866 de 1998 que la demandada también profirió, pues, a través de
ésta, la CAS había declarado responsable de la misma infracción ambiental a una
persona jurídica diferente, esta es, la empresa Impregilo SPA., tal y como se
evidencia en lo allí resuelto:
“ARTICULO PRIMERO. - Declarar a la empresa IMPREGILO SPA.,
responsable por la profundización del aljibe que existía en el predio La
Laguna, Vereda El Congual, en jurisdicción del municipio de Pinchote de
propiedad del señor JOSE ANTONIO GARNICA.
ARTICULO SEGUNDO. - Requerir a la empresa IMPREGILO SPA. para que
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de ejecutoria
de esta providencia gestione ante ACUASAN, entidad esta que administra la
red del acueducto antiguo de San-Gil Socorro, que posee disponibilidad del
recurso hídrico hasta el sitio conocido como El Raizudo (entrada la Granja El
Cucharo) para que sea adjudicado un punto de agua para JOSE ANTONIO
GARNICA AYALA, ANIT QUINTERO Y ESTHER ORTIZ DE TORRES.
Los costos de la tubería P.V.C. y el establecimiento de la misma para realizar
la inducción del recurso hídrico hasta las viviendas de las personas
anteriormente citadas, deberá ser asumido por la firma IMPREGILO SPA.
ARTICULO TERCERO. - En cuanto hace relación a los daños ocasionados a
la cerca ubicada en el lindero oriental del predio La Laguna, que da contra la
carretera pavimentada San Gil-Socorro de propiedad del señor JOSE
ANTONIO GARNICA AYALA, en un tramo aproximado de 200 metros y el
causado a la casa de habitación del señor no corresponde a la Corporación
la tasación del valor de los perjuicios causados, por lo que deberá acudir a la
justicia ordinaria a instaurar las acciones del caso.
ARTICULO CUARTO. - Córrase traslado al señor JOSE ANTONIO GARNICA
AYALA, del contenido del concepto técnico No. 792/98, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, para cuyo efecto al momento de la
notificación de esta providencia se le hará entrega de un acopia del mismo y
se dejará en el expediente la respectiva constancia.
23 Folios 40 a 51 ibídem.
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ARTICULO QUINTO. - Copia de esta providencia deberá ser remitida al
Alcalde del municipio del Socorro, al Instituto Nacional de Vias INVIAS y al
Procurador Judicial Agrario de Bucaramanga, para su conocimiento.
ARTICULO SEXTO. - Contra la presente resolución procede por vía
gubernativa recursos de reposición el cual podrá interponerse ante el Director
General, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación”24. (Subrayas de la Sala).
Bajo tal perspectiva, y siendo que la solicitud de invalidez de este último acto se
dio con ocasión a un requerimiento del a quo para admitir la demanda, que resultó
de un mal entendimiento de la disposición contenida en el artículo 138 del CCA. 25,
la Sala debe declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa del INVIAS respecto de la Resolución número 00866 del 25 de agosto
de 1998, pues no se advierte del discurrir argumentativo del escrito introductorio
ningún reparo de legalidad sobre tal decisión que logre enmarcarse en la definición
de la acción prevista en el artículo 85 del CCA26, en tanto que no se invoca lesión
de un derecho amparado por el ordenamiento jurídico que deba ser restablecido
o reparado como consecuencia de la declaración de nulidad.
Quedando entonces precisado el objeto del litigio, concuerda esta Sala con el
análisis de procedencia de la acción que propuso el Tribunal en el fallo que ahora
se revisa, toda vez que claramente se trataba de cuestionar un acto de contenido
particular y en esa medida el instrumento pertinente no era el de nulidad, como
inicialmente se impetró, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo
de cualquier manera procedente su conocimiento en la Jurisdicción debido a que
se cumplió con el requisito de oportunidad al haber sido presentado en el término
que dispone el numeral 2 del artículo 136 ibídem27.
24 Folios 55 a 58 ibídem.
25 Lo anterior en consideración a que el último inciso del artículo 138 del CCA lo que dispone es
que habiendo sido objeto de recursos el acto definitivo deben demandarse todos estos
conjuntamente; no siendo lo dicho aplicable al caso, toda vez que, sobre lo resuelto en la
Resolución 00353 de 1999 no procedía recurso alguno, y entonces era este el pasible de control
de manera autónoma ante la Jurisdicción, dado que, como ya se explicó, fue dicho acto el que
generaba reproches para el INVIAS y no aquel que sancionó a su contratista.
26 “Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare
el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.
27 De acuerdo con la certificación que obra a folio 73 del Cuaderno del Tribunal, el INVIAS se
notificó el 26 de mayo de 1999, y presentó demanda el 27 de septiembre de esa anualidad (folio
47 vuelto ibídem)., pues el 26 de septiembre correspondía a un día inhábil (domingo).
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7.6. Del procedimiento sancionatorio
En tal contexto, debe la Sala definir si es nulo, por desconocer el derecho de
audiencia y de defensa, el acto por medio del cual se resolvió un recurso de
reposición contra una decisión que sancionó a un particular por una infracción
ambiental, imponiendo la sanción inicialmente impuesta al particular a la entidad
demandante en el momento de desatar el recurso, si ésta no fue vinculada
formalmente al procedimiento administrativo respectivo, pero le fue comunicado
el primero de los actos para su conocimiento.
Responder el citado cuestionamiento implica aludir a las etapas que el Decreto
1594 de 1984 prevé deben adelantarse en el marco de un procedimiento
sancionatorio de tipo ambiental.
7.6.1. Los artículos 197 y siguientes del enunciado Decreto dan cuenta de que
este tipo de procedimientos especiales pueden comenzarse de oficio o a petición
de funcionarios públicos, denuncia o quejas de cualquier persona, o como
consecuencia de haberse adoptado una medida preventiva.
Artículo 197. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud
o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por
cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente
una medida preventiva o de seguridad.
Una vez se recepciona la denuncia o se conoce del hecho, la autoridad debe
ordenar la investigación correspondiente a efectos de definir si las conductas son
constitutivas de infracción o no, para lo cual puede adelantar las diligencias
probatorias que estime pertinentes. Así lo disponen lo artículos 202 y 203 ibídem;
veamos:
"Artículo 202. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el
Ministerio de Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente
investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de
infracción a las normas del presente Decreto”.
“Artículo 203. En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán
realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como
visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas
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químicas o de otra índole y en especial las que se deriven del Capítulo XIV
del presente Decreto”.
De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus
primeras etapas responde a la necesidad de que la autoridad cuente con
suficientes elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar
comienzo a una investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra
manera, la citada etapa se creó con el único fin de verificar las circunstancias que
dieron lugar a la posible infracción ambiental.
De la actuación descrita pueden surgir dos opciones, a saber: que cese el
procedimiento o que el mismo continúe, siendo que, para adoptar la primera de
las decisiones, es necesario constatar alguna de las hipótesis descritas en el
artículo 204 ibídem:
“Artículo 204. Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada
encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho investigado
no ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, que el presente
Decreto, sus disposiciones complementarias, o las normas legales sobre usos
del agua y residuos líquidos no lo consideran como infracción o lo permiten,
así como que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse,
procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor.
La decisión deberá notificarse personalmente al presunto infractor”.
Ahora bien, en caso de que los eventos descritos no acontezcan, la autoridad
debe poner en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulan,
todo lo cual debe ser notificado personalmente, para que, dentro de los diez días
siguientes, se presenten los descargos respectivos. La normativa incluso define
la manera en que se debe actuar en caso de que dicha notificación no sea posible:
“Artículo 205. Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación
personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente
de la investigación.”
“Artículo 206. De la imposibilidad de notificar personalmente. Si no fuere
posible hacer la notificación por no encontrarse el representante legal o la
persona jurídicamente apta, se dejará una citación escrita con un empleado o
dependiente responsable del establecimiento, para que la persona indicada
concurra a notificarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si no
lo hace se fijará un edicto en la Secretaría del Ministerio de Salud o su entidad
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delegada, durante otros cinco (5) días calendario, al vencimiento de los cuales
se entenderá surtida la notificación.”
“Artículo 207. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la
notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado,
podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de
las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo. La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas
serán de cargo de quien las solicite”.
Seguidamente, el Decreto 1594 de 1984 previó una etapa probatoria:
Artículo 208. El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la
práctica de las pruebas que consideren conducentes, las que llevarán a efecto
dentro de los treinta (30) días siguientes, término que podrá prorrogarse por
un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.
Evacuado lo anterior, la autoridad tendrá dos posibilidades: la primera, calificar la
falta e imponer la sanción correspondiente o la segunda, declarar la exoneración
de responsabilidad y orden de archivo, sin perjuicio de que, en cualquier caso,
deba motivarse lo resuelto y notificarse de manera personal al afectado:
"Artículo 209. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de
los diez (10) días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su
entidad delegada procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que
considere del caso de acuerdo con dicha calificación”.
“Artículo 212. Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las
disposiciones sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare al
presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el
expediente”.
“Artículo 213. Las sanciones deberán imponerse mediante resolución
motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada, y
deberán notificarse personalmente al afectado, dentro del término de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.
Si no pudiere hacerse la notificación personal, se hará por edicto de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 01 de 1984”.
Nótese que la decisión sancionatoria también debe ser notificada personalmente,
y que, según expresa regulación, de no poderse adelantar de esa forma, se
autorizó la remisión al CCA en lo atinente a la notificación por edicto.
A voces de lo establecido en el artículo 214 del Decreto 1594 de 1984, la
resolución que defina el procedimiento sancionatorio es susceptible de los
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recursos de reposición y apelación; salvo que sea proferida por el Ministerio de
Salud, caso en el cual procede solo el primero, así:
“Artículo 214. Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren
de responsabilidad proceden los recursos de reposición y apelación, según el
caso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación, de
conformidad con el Decreto 01 de 1984. Los recursos deberán interponerse y
sustentarse por escrito”.
“Artículo 215. Las providencias a que se refiere el artículo anterior serán
susceptibles únicamente del recurso de reposición cuando sean expedidas
por el Ministerio de Salud, las demás serán susceptibles de los recursos de
reposición y apelación, este último ante el Ministerio de Salud.
Parágrafo. Los recursos de apelación a que se refiere el presente artículo se
concederán en el efecto devolutivo, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 4° de la Ley 45 de 1946”.
7.6.2. Siendo ello así, no halla la Sala asidero a los argumentos expuestos por la
CAS cuando indicó que, para la correcta imposición de la sanción al INVIAS, era
suficiente la comunicación ordenada en la Resolución 00866 del 25 de agosto de
199828, pues lo cierto es que pretermitió todas las etapas a las que debía sujetarse
en el adelantamiento del procedimiento sancionatorio.
En efecto, la accionada no emitió un acto determinando la infracción ambiental en
que pudo haber incurrido con las evidencias probatorias que considerara a bien
aportar, tampoco permitió el acceso al expediente administrativo para que el
INVIAS conociera el alcance de la actuación desplegada. Menos aún notificó los
cargos atribuidos al actor pues era inexistente tal decisión, lo mismo que no abrió
el periodo probatorio al que se encontraba impelida.
En tal contexto, la CAS no sólo quebrantó de manera palpable y grosera derechos
de raigambre constitucional como los de audiencia y defensa del INVIAS, que, a
su vez, configuran una causal de nulidad, sino que dio al traste con todo el rigor
del procedimiento que para casos como éstos debe ser observado.
Lo propio puede afirmarse si se tiene en cuenta que el recurso de reposición que
concedió la CAS no lo fue respecto de la Resolución que sancionó al INVIAS, sino
28
“ARTICULO QUINTO. - Copia de esta providencia deberá ser remitida al Alcalde del municipio
del Socorro, al Instituto Nacional de Vias INVIAS y al Procurador Judicial Agrario de Bucaramanga,
para su conocimiento”.
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sobre aquella que previamente se emitió sancionando a Impregilo SPA, decisión
esta que, en nada, se reitera, podría ser objeto de inconformidad a la accionante,
habida cuenta de que no afectaba ningún derecho subjetivo y por ello no interpuso
el recurso así concedido.
Sobre el punto es menester señalar que el establecimiento de procedimientos
sancionatorios es del resorte del Legislador en atención a lo que dispone el
artículo 150 Superior, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 29 de
la Carta Política. Siendo ello así, y visto que, en materia ambiental, se estableció
un orden de las etapas que deben agotarse siempre que concurran los requisitos
para ese efecto, no es procedente que la autoridad administrativa omita ninguno
de ellos a su discreción o arbitrio. Ello, por cuanto, además, se trata de
actuaciones regladas y de orden público que tienen implícito la garantía de
derechos como el debido proceso. Así lo ha entendido de manera clara, uniforme
y pacífica la jurisprudencia constitucional, tal y como pasa a exponerse
seguidamente:
“En el marco de los sistemas democráticos de derecho, la ley expresa una
concepción colectiva de la voluntad de la sociedad, en cuya concertación
participan los representantes del pueblo, con el fin de determinar las
limitaciones a los derechos y a las libertades públicas, mediante el
establecimiento de regulaciones en sectores y mercados específicos. En el
ámbito del derecho sancionatorio29, el cual forma parte de la capacidad
punitiva del Estado ius puniendi, el principio de legalidad desempeña una
función esencial orientada a que el ejercicio del poder se supedite en todo a
la ley vigente al momento de ocurrencia de los hechos constitutivos de
infracción al ordenamiento. Este principio originario del “rule of law” está
consagrado en varias disposiciones constitucionales, principalmente en el
entramado procesal de los Artículos 6º y 29 e implica que cuando el Estado
ejerza su función sancionatoria, la conducta antijurídica constitutiva de
infracción esté tipificada en la ley y asignada la competencia para imponer la
correspondiente sanción.
Las limitaciones constitucionales en la determinación de los tipos
sancionatorios comporta una clara manifestación de la superación de los
estados policivos “legibus solutus”, en los que el poder para limitar los
derechos está ilimitadamente atribuida a los gobernantes. Por el contrario, el
establecimiento de un Estado de Derecho supone una limitación funcional a
29 En sentencia C-818 de 2005 la Corte definió el derecho sancionador así: “Es innegable que a
través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y
restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo
repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al
mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas
que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a
los administrados y aún a las mismas autoridades públicas.”
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que sea el parlamento el que establezca tales limitaciones y, materialmente,
a que toda actuación de la administración se supedite a los derechos
humanos.
En este contexto, la reserva de ley alude a la categoría de fuente jurídica
exigida para regular una determinada materia e implica que ciertos temas
sean confeccionados por el legislador, no siendo posible su configuración a
través de una norma de nivel jerárquico inferior, como, por ejemplo, los
reglamentos administrativos. La razón de la reserva de ley reside en
garantizar que la disciplina de materias expresamente definidas provenga del
procedimiento parlamentario, organismo garante de que las determinaciones
sean el resultado de un debate amplio y democrático materializado en
disposiciones generales y abstractas. Es decir, que las normas contentivas de
prohibiciones sean de rango legal.
(…)
Para abordar este interrogante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado la naturaleza y los límites del poder sancionatorio estatal, siendo
conveniente referir algunos los precedentes en esta específica materia. En la
Sentencia C-762 de 2009, la Corte se pronunció en torno a la naturaleza
jurídica del derecho sancionatorio, precisando su alcance, a partir del género
y las especies que lo conforman:
“El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja,
por la cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción o ius
puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias
al Derecho, es decir, a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos
protegidos. Dentro de sus manifestaciones, se han distinguido de un
lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está encaminado
a proteger bienes jurídicos más preciados para el ordenamiento admite
la punición más severa, y de otro, los que representan en general
poderes del Derecho administrativo sancionador, como es el caso del
contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el
derecho disciplinario procura asegurar el cumplimiento de deberes y
obligaciones por parte de servidores públicos o profesionales de
determinadas profesiones como médicos, abogados o contadores.
Entre los diversos tipos de derecho sancionador existen diferencias: es
así como en el derecho penal no sólo se afecta un derecho tan
fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen
a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se
apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso y admite
una punición más severa. En cambio, otros derechos sancionadores no
sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de
sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos
específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una
sujeción especial, por lo que las sanciones aplicables son de diferente
entidad.”30
En este punto, es menester señalar que esta Corporación ha entendido que el
debido proceso administrativo se explica por aquellas garantías que permiten el
curso de un trámite previamente establecido, con respeto a los derechos de
30 Sentencia C-699 de 2015 proferida por la Corte Constitucional.
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defensa y contradicción de las partes, y en el que las autoridades estatales se
encuentran sujetas al principio de legalidad. Sobre el particular se expresado:
“El debido proceso es un principio constitucional según el cual toda persona
tiene derecho a ciertas garantías mínimas, destinadas a asegurar un
resultado justo dentro del proceso, y a permitir que el ciudadano tenga la
oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.
Así, entonces, las controversias que surjan en cualquier tipo de proceso
demandan una reglamentación jurídica previa que limite los poderes del
Estado e instituyan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos
procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de
su propio arbitrio, sino que todas se encuentren sujetas a los procedimientos
señalados en la ley o en los reglamentos.
El debido proceso administrativo debe ceñirse no sólo al ordenamiento
jurídico legal sino a los mandatos constitucionales. Se procura asegurar el
adecuado ejercicio de la administración pública a través de la expedición de
actos administrativos que no resulten arbitrarios ni contrarios a los principios
del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus
competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus
funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e
intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria
ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes31.
En aplicación del principio del debido proceso, los administrados tienen
derecho a conocer las actuaciones de la administración, a solicitar y a
controvertir las pruebas, a ejercer su derecho de defensa, a discutir los actos
administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su
beneficio.”32 (Subrayas de la Sala).
En igual sentido, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-928 de
2010; veamos:
“Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso
administrativo, la jurisprudencia de esta Corporación lo definió como “(…) la
regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los
administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las
autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”.
Así las cosas, el debido proceso administrativo se convierte en una
manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia
ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la
ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir
31 Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 Magistrado Ponente Álvaro
Tafur Galvis.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 24 de
octubre de 2013. Proceso radicado número: 11001 03 27 000 2009 00026 00. Consejera Ponente:
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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antes y después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se debe
indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa
que se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su
comunicación e impugnación.
Al tener el proceso administrativo una concepción regida por actos
independientes pero concatenados con miras a la obtención de un
resultado final o acto definitivo que regule situaciones jurídicas
concretas, podemos decir que cada acto, ya sea el que desencadena la
actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que
comunica este último y los destinados a resolver los recursos
procedentes por la vía gubernativa, deben responder al derecho
fundamental del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento
administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo,
adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe
contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que
gobiernan la función pública que, como ya se dijo, son los de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (artículo
209 Superior), los cuales deben respetar y acatar irrestrictamente los
particulares que ejercen funciones administrativas .
En forma adicional, es importante resaltar que en sentencia T-555 de 2010, la
Corte explicó que la existencia del derecho al debido proceso administrativo,
como mecanismo de protección de los administrados, se concreta en dos
garantías mínimas, a saber: “(i) en la obligación de las autoridades de informar
al interesado acerca de cualquier medida que lo pueda afectar; y (ii) en que
la adopción de dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a
un proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales
de contradicción e impugnación”. De esta manera, se busca garantizar el
principio de publicidad de los actos definitivos que adopta la Administración y
el derecho de defensa que le asiste a los administrados para que puedan
controvertir las decisiones que les son adversas a sus intereses. Y es que el
principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de
comunicación procesal, es decir, del derecho a ser informado de las
actuaciones administrativas que conduzcan a la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción.”
(Subrayas y negritas de la Sala).
En tal contexto, el diseño de los procedimientos no sólo obedece al ejercicio de
atribuciones propias de rango constitucional, sino a la garantía de interdicción de
la arbitrariedad de parte de los órganos de la Administración que deben
adelantarlos, máxime si se trata de actuaciones de tipo sancionatorio.
Así pues, y descendiendo al caso que nos ocupa, es claro para la Sala que el acto
administrativo demandado vulneró el derecho al debido proceso de la actora, en
la medida en que se pretermitieron todas las etapas procesales definidas en el
Decreto 1594 de 1984.
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Al respecto, debe llamarse la atención a la CAS, y en general a la Administración
Pública, sobre el carácter legal de los procedimientos que adelantan y la
necesidad de que actúen al amparo de las previsiones que allí se sustentan, pues
no está a su discreción el agotamiento de las etapas concernidas. Se trata de
ciclos que deben ser agotados pues, como ya se precisó, todos ellos están
fundados en la necesidad de garantizar el equilibrio de las partes que participan
en esa dinámica sin que sea procedente, se reitera, que su acatamiento dependa
de la voluntad de la autoridad correspondiente.
Correlato de lo dicho, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del 27 de abril
de 2012 que emitió el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto que declaró
la nulidad de la Resolución número 00353 del 15 de marzo de 1999 proferida por
la CAS, y revocará, para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa, respecto de la Resolución número 00866 del
25 de agosto de 1998, expedida por la CAS.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el ordenamiento número cuatro (4) de la sentencia del
27 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
Subsección de Descongestión, corregida mediante auto del 12 de octubre de esa
anualidad, mediante la cual DECLARÓ LA NULIDAD de la Resolución 00353 del
15 de marzo de 1999, expedida por la Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el ordenamiento número tres (3) la sentencia del 27 de
abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección
de Descongestión, mediante la cual DECLARÓ LA NULIDAD de la Resolución
00866 del 25 de agosto de 1998, expedida por la Corporación Autónoma Regional
de Santander – CAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
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providencia, y en su lugar, DECLARAR DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA por activa del INVIAS para demandar la
nulidad de la Resolución 00866 del 25 de agosto de 1998, expedida por la
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 27 de abril de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de
Descongestión.
CUARTO: Llamar la atención a la Corporación Autónoma de Santander – CAS,
sobre el carácter legal de los procedimientos que adelanta y la necesidad de que
actúe al amparo de las previsiones que allí se sustentan, pues no está a su
discreción el agotamiento de las etapas concernidas.
QUINTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión del 1º de septiembre de 2022.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclaro voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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