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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-1999-02543-01

Sociedades de economía mixta: creación

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-1999-02543-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de Origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-31-000-1999-02543-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

5 de agosto de 2021

ACTO ADMINISTRATIVO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A. / SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA – Naturaleza / SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA – Régimen / EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. - Reforma de los estatutos / EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. – Sociedad de Economía Mixta / EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. - Programa de enajenación de la propiedad accionaria

[L]a Sala no evidencia que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria » haya desconocido las normas legales vigentes para el momento de los hechos, pues el mismo Acuerdo 014 de 23 de abril de 2007 que se afirma transgredido, señaló que la transformación en empresas púbicas de Bucaramanga como sociedad de economía mixta debía hacerse como empresa prestadora de servicios públicos bajo los términos de la Ley 142 de 1994. Aunque se afirmó por el recurrente que «para que una sociedad de economía mixta pueda ser calificada como tal es necesario que el aporte estatal a través de la nación, o de entidades territoriales, de entidades descentralizadas por servicios o de establecimientos públicos no sea inferior al 50% del total del capital social, efectivamente suscrito y pagado a la sociedad», ha de tenerse en cuenta que, el Acuerdo 014 de 1997 no precisó el porcentaje del capital proveniente de entidades públicas que integrarían la sociedad de economía mixta, pues en el artículo 2º, que fue transcrito en aparte anterior, tan solo se facultó al Alcalde para aprobar la «reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga a efecto de reestructurarla como una sociedad de economía mixta bajo los parámetros de la ley de servicios públicos domiciliarios y definir en ellos las porciones del patrimonio que habrán de transferirse a las nuevas organizaciones empresariales encargadas de la prestación de dichos servicios». De acuerdo con lo anterior, el Acuerdo del Concejo tan solo previó que hubiera participación de capital estatal, pero no en qué porcentaje. Aun así, de la certificación del 28 de mayo de 1997 suscrita por el gerente general de las Empresas Públicas de Bucaramanga se extrae efectivamente el carácter mixto de la empresa, en tanto se observa el capital estatal y particular suscrito y pagado por la misma. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la reforma de los estatutos, aprobada mediante el Decreto 251 de 1997, no desnaturalizó el concepto de la sociedad de economía mixta.

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA – Creación

[P]ara la creación de sociedades de economía mixta es necesario: - Que su creación se autorice por la ley, ordenanza u acuerdo, según el orden territorial que corresponda. - Que el aporte social se encuentre conformado por aportes de la Nación, de particulares o de otras entidades públicas de cualquier clase; - Su objeto social es la realización de actividades industriales o comerciales. Lo que significa que se constituye como una sociedad comercial que debe formarse mediante el contrato de sociedad conforme al Código de Comercio; - El funcionamiento y organización estará regido por el derecho privado, exceptuando aquellos casos en los que sean aplicables los principios de derecho público. Sin embargo, aquellas que tengan una participación estatal superior o igual al 90% se regirán por las normas aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado. - Estas sociedades tienen personería jurídica y autonomía administrativa y financiera y, como consecuencia de ello, sus activos y rentas no forman parte del presupuesto general de la Nación. Pero sus excedentes o utilidades significaran recursos de capital para la Nación, según sea el porcentaje de participación o la proporción del capital de dichas compañías. - Vinculación a la Rama Ejecutiva como integrante del sector descentralizado.

ACTO ADMINISTRATIVO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A. / DECRETO DE ALCALDE MUNICIPAL – Publicidad / EFICACIA Y VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Diferencias / ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL – Oponibilidad

La parte actora afirmó que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 el cual reformó los estatutos del establecimiento público Empresas Públicas de Bucaramanga, no fue publicado en la Gaceta Municipal o en el Boletín Oficial de la Alcaldía, y aun así se protocolizó mediante escritura pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, por lo que a su juicio se desconoció lo previsto en el artículo 1º de la Ley 57 de 1985 y en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo. […] [E]l Decreto 251 de 21 de mayo de 1997, sí fue publicado en el Boletín especial de la Alcaldía de Bucaramanga No. 1 de 29 de mayo de 1997, según se desprende de la certificación del 2 de diciembre de 1998 suscrita por el gerente del fondo rotatorio de la imprenta de Bucaramanga. En esa medida, la reforma de estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ordenada mediante Decreto 251 de 1997 se hizo oponible frente a terceros con el registro ante la Cámara de Comercio acorde con lo establecido en el artículo 112 del Código de Cámara de Comercio y adicionalmente se hizo su publicación en el respectivo boletín de la Alcaldía. Ahora, aunque el Decreto acusado se elevó a escritura pública ante la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga con antelación a su promulgación, en criterio de la Sala, tal circunstancia no resta validez a la decisión administrativa, en tanto que, el acto administrativo, como ya se indicó, es válido desde el momento en que se expide y la presunta falta de eficacia no afecta a la misma. En este contexto, la Sala comparte las consideraciones del a quo en el sentido de que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 sí fue publicado en debida forma y, en todo caso, no es procedente declarar su nulidad habida cuenta que el juez contencioso analiza la validez y no la eficacia del acto.

ESCRITURA PÚBLICA – No es un acto administrativo / ESCRITURA PÚBLICA - No es susceptible de impugnación ante el juez administrativo pero si lo es el acto o contrato contenido en ella / ESCRITURA PÚBLICA DE REGISTRO DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. – Naturaleza jurídica / REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. – Fue adopta mediante un decreto del alcalde municipal / REITERACIÓN DE JURISPRUEDENCIA

[Q]ue las escrituras públicas no son actos administrativos y tampoco son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; sin embargo, su contenido excepcionalmente podrá ser objeto de estudio y ello ocurrirá cuando contenga una manifestación de voluntad de la administración que, en sí misma, llegue a crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica. […] Al estudiar el contenido de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 se evidencia que en ella se trascribió integralmente la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga que fuere aprobada por el Alcalde de ese municipio mediante Decreto 251 de 1997 y cuyo objeto fue «la conversión de estas en una Sociedad de Economía Mixta con sujeción a los preceptos contenidos en la Ley 142 de 1994», y resalta la Sala que en el citado instrumento público no se incorpora por los intervinientes una nueva manifestación de voluntad de la administración distinta a la consignada en el referido decreto. Sumado a lo anterior, advierte la Sala que, luego de revisar las pretensiones de las demandas acumuladas y analizarlas en contexto con los hechos narrados por la parte actora, se puede inferir que la inconformidad de la parte actora frente a la citada escritura pública no proviene de algún vicio o irregularidad de este instrumento, sino de la consecuencia jurídica que se deriva del Decreto 251 de 21 de mayo de 1999, a través del cual se transformó a las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad de carácter mixto, estructurada bajo el esquema de una sociedad por acciones, pues, en criterio de la parte actora, se transformó en una sociedad por acciones y no en una sociedad de economía mixta, a lo que se suma que no se realizaron los aportes que se señalan en el artículo 5º de los estatutos. En ese orden, para la Sala la mencionada Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, no es susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que, como se señaló anteriormente, dicho instrumento no es un acto administrativo y tampoco de su contenido se desprende una manifestación de voluntad de la administración que modifique o cree una determinada situación jurídica. En tal sentido, se reitera que en ésta se protocoliza la reforma de los estatutos haciendo una transcripción de los mismos y se deja constancia de la comparecencia de las entidades que hicieron los respectivos aportes, pero esto no constituye una nueva manifestación de voluntad, ni crea, extingue o modifica la establecida por el Alcalde de Bucaramanga mediante el Decreto 0251 de 1999.

ACTO ADMINISTRATIVO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A. / ESCRITURA PÚBLICA - A través de la cual se registró la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A. / ACTOS DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ENAJENACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA ESP S.A. / ACTO COMPLEJO – No se configura porque las decisiones demandadas gozan de entidad propia

[L]a Sala ha de precisar que, aunque de los actos acusados se desprende la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la administración, las cuales versan sobre una misma materia, lo cierto es que tales manifestaciones, consideradas en conjunto, no pueden ser entendidas como un acto complejo, por las siguientes razones: En primer lugar, Si bien es cierto que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 y la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 refieren a la reforma estatutaria de la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga como Sociedad de Economía Mixta, cierto es que, la Escritura Pública no es un acto administrativo -como se analizará en acápite posterior-, de ahí que no es posible predicar la coexistencia de actos administrativos y menos su carácter complejo. En segundo lugar, los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, emanados del Concejo Municipal de Bucaramanga, y los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999 y 0108 de 19 de julio de 1999, expedidos por el Alcalde del municipio de Bucaramanga se refieren a la enajenación de las acciones de las Empresas Públicas de Bucaramanga; no obstante, son el resultado de actuaciones administrativas diferentes, proferidas de manera autónoma con existencia jurídica separada e independiente, en tanto uno autoriza la venta de las acciones y el otro aprueba su plan de enajenación. En esa medida las decisiones no son inescindibles y pueden ser demandadas de manera independiente. A manera de conclusión, resulta razonable afirmar que los actos administrativos demandados, si bien se refieren a temas similares y en esa medida podrían suponer la existencia de una unidad de materia, gozan de entidad propia y esa autonomía permite que puedan ser demandados de manera independiente, sin que el resultado del eventual litigio tenga la virtualidad de afectar la existencia y validez de los demás. En otras palabras, no hay razón para sostener válidamente que los actos a los que se refirió la parte demandante constituyan un acto administrativo complejo, pues, se insiste en que cada uno de ellos es pasible de un estudio particular y, en lo que atañe a la escritura pública, debe señalarse que esta no es susceptible de ser examinada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se explicará más adelante. Sin perjuicio de lo anterior, no sobra advertir que, si bien todos los actos se refieren a la misma empresa pública, realmente están asociados a temas distintos, específicamente a la aprobación de una reforma estatutaria, a la protocolización efectiva de la misma, a la autorización para la enajenación de acciones y a la aprobación del plan de enajenación de estas últimas, resaltando el hecho consistente en que cada una de tales manifestaciones de voluntad fue expedida de manera autónoma y tiene una existencia jurídica separada e independiente, circunstancia que refuerza aún más el argumento sostenido por la Sala, en el sentido de afirmar que no se encuentra en presencia de un acto administrativo complejo.

ACTO COMPLEJO – Concepto / acto complejo impropio circunstancial – Concepto / DECISIONES QUE COMPONEN EL ACTO COMPLEJO - No son pasibles aisladamente de control jurisdiccional / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]l acto administrativo complejo se caracteriza: (i) por la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la administración, realizadas por distintas dependencias de una misma entidad pública, o por varias entidades, de manera conjunta o sucesiva; (ii) por la unidad de contenido y de fin de las manifestaciones de la voluntad que lo componen; (iii) por la inescindibilidad de las decisiones, y (iv) por el control judicial conjunto e integral del acto, partiendo de la premisa consistente en que los vicios de legalidad de alguna de las declaraciones se transmiten a toda la decisión administrativa.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 43 / DECRETO 1050 DE 1968 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 461 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 68 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 97 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 98 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 17 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 19

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02543-01

Actor: ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, LUIS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO, MARTÍN JAIMES GÓMEZ, JAIRO DAVID CELIS, PEDRO PABLO ANAYA BASTO, LUIS GONZÁLEZ CABALLERO, FÉLIX SÁNCHEZ REYES SUCEDIDO POR FÉLIX SÁNCHEZ CONTRERAS, JAHIR FÉLIX SÁNCHEZ MORALES, VÍCTOR LISANDRO SÁNCHEZ MORALES Y NELSON BELLO DELGADO

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – CONCEJO MUNICIPAL, NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA Y CÁMARA DE COMERCIO

Tema: Actos Complejos- Escritura Pública- Sociedades de Economía Mixta – Ley 142 de 1994- Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Bucaramanga y enajenación de las acciones del Municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante Alfredo Castaño Martínez y por los coadyuvantes Ludwing Ortiz Riátiaga y Betty Chacón García, en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2013, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, que declaró de oficio la falta de jurisdicción y se inhibió de pronunciarse respecto de la nulidad de la Escritura Pública Nº 1435 de 23 de mayo de 1997 protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga y denegó las demás pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Las demandas

La demanda que dio origen al expediente 68001-23-31-000-1999-02543-01 fue presentada por el señor Alfredo Castaño Martínez y se acumuló con los procesos número 1999-00331 -promovido por el mismo demandante y por el señor Luis Ramón González Caballero- 1999-02682 -tramitado por los señores Martín Jaimes Gómez, Jairo David Celis, Pedro Pablo Anaya Basto y Luis González Caballero- y 2003-1643, -adelantado por Félix Sánchez Reyes y Nelson Bello Delgado-.

Las mencionadas personas presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, en contra del municipio de Bucaramanga, del Notario Sexto del Círculo de Bucaramanga y de la Cámara de Comercio de esa misma ciudad, con miras a obtener la nulidad: i) del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, expedido por el Alcalde de Bucaramanga; ii) de la Escritura Pública 1435 de 23 de mayo de 1997 y su acto de registro; iii) de los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, expedidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga, y iv) de los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999, y 0108 de 19 de julio de 1999, expedidos por el Alcalde de Bucaramanga.

Al respecto, se formularon las siguientes pretensiones:

I.1.1 Expediente 68001 23 31 000 1999 02543 01

I.1.1.1. Pretensiones:

El señor Alfredo Castaño Martínez solicitó:

[…] DECLARACIONES: PRIMERA: Que es nulo totalmente el acto administrativo complejo compuesto por el Acuerdo Municipal No.033 de julio 13 de 1999 «por el cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio» expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga y el Decreto 0108 de julio 1999, por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP expedido por el Alcalde de Bucaramanga, por ser violatorio de la Ley 226 de 1995 y el artículo 60 de la Constitución Nacional.

SEGUNDA: Que es nulo también el acto administrativo complejo compuesto por el Decreto 0251 de mayo 21 de 1997 «por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria» y la escritura pública 1435 de Mayo 23 de 1997 corrida en la Notaría Sexta del Circulo Notarial de Bucaramanga y el Acto Administrativo de inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizado el 30 de mayo de 1997, por ser manifiestamente violatorios del Acuerdo 014 de abril 23 de 1997 dictado por el Concejo Municipal y de los artículos 17 y 180 a 182 de la Ley 142 de 1994 y de los artículos 98 a 118 del Código de Comercio y del artículo 123 de la Constitución Nacional y del artículo 43 del Decreto 01 de 1984 C.C.A y artículo primero de la ley 57 de 1985.

TERCERA: Declarar complementaria y subsidiariamente que la sociedad EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios de economía mixta, asimilada en su régimen de administración, actividades y régimen de sus servidores a una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal Número 014 de abril 23 de 1997 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga y los artículos 17 y 41 de la Ley 142 de 1994. Por tener más del 99.9% del Capital Estatal Oficial.

(…) Lo acusado también lo constituye la Escritura Pública número 1435 de mayo 23 de 1997 de la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga y el Acto de su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga junto con las demás disposiciones acusadas que integran el Acto Administrativo complejo acusado. […]

I.1.2. Expediente proceso radicado número 68001 23 31 000 1999 00331 00:

Los señores Luis Ramón González Caballero y Alfredo Castaño Martínez instauraron acción de nulidad en contra el municipio de Bucaramanga, con el fin de que se haga la siguiente declaración:

[…] DECLARACION

Que es nulo totalmente el acto administrativo complejo compuesto por el Acuerdo Municipal Número 035 de Noviembre 6 de 1998 “por el cual se autoriza al Alcalde Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio” expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga y el Decreto 0024 de febrero 17 de 1999, por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP expedido por el Alcalde de Bucaramanga por ser violatorio de la ley 226 de 1995 y el artículo 60 de la Constitución Nacional […]

I.1.3. Expediente proceso radicado número 68001 23 31 000 1999 2682 00:

Los señores Martín Jaimes Gómez, Jairo David Celis, Pedro Pablo Anaya Basto y Luis González Caballero interpusieron acción de nulidad con el fin de que hagan las siguientes declaraciones:

[…] Que es nulo totalmente el acto administrativo complejo compuesto por el Acuerdo Municipal No. 033 de julio 13 de 1999 «por el cual se autoriza al Alcalde Bucaramanga para enajenar el 56% de la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio» expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga y el Decreto 0108 de febrero 17 de 1999, por el cual se aprueba el programa de enajenación del 56% de la supuesta propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. ESP expedido por el Alcalde de Bucaramanga por ser violatorio de la ley 226 de 1995 y el artículo 60 de la Constitución Nacional.

Que es Nulo el decreto 0251 de Mayo de 1997 «por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria», por ser manifiestamente violatorio de los artículos 17 y 18 de la ley 142 de 1994 y de los art.98 a 110 del Código de Comercio y artículo 123 de la Constitucional Nacional y del art.43 del Decreto 31 de 1984 C.C. y artículo primero de la Ley 57 de 1985. […]

I.1.4. Expediente proceso radicado número 68001 23 31 000 1999 1643

Los señores Félix Sánchez Reyes y Nelson Bello Delgado instauraron acción de nulidad en contra del municipio de Bucaramanga con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones:

[…] PRIMERA: QUE SE DECLARE NULO totalmente el acto administrativo complejo compuesto por el Acuerdo Municipal No. 033 de julio 13 de 1999 “por medio del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que posee el Municipio de Bucaramanga en la Empresas Públicas de Bucaramanga ESP” expedido por el Concejo de Bucaramanga y el Decreto 0108 de julio 19 de 1999, que aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP expedido por el Alcalde de Bucaramanga por ser violatorios flagrantemente del artículo 60 de la Constitución nacional y la ley 226 de 1995.

SEGUNDA: que se DECLARE NULO totalmente también, el acto administrativo complejo compuesto por el Decreto No. 0251 de mayo 21 de 1997 “por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria y la escritura pública número 1435 de mayo 23 de 1997 y el acto administrativo de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizado el 30 de mayo de 1997”, por ser flagrante y manifiestamente violatorio del acuerdo municipal 014 de abril 23 de 1997 dictado por el Concejo Municipal de Bucaramanga, artículo 123 de la Constitución Nacional, de los artículos 17 y 180 a 182 de la ley 142 de 1994 y de los artículos 98 al 118 del código de Comercio y del artículo 43 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo y el artículo 1º de la ley 57 de 1985.

TERCERA: declarar complementaria y subsidiariamente que la sociedad Empresas Públicas de Bucaramanga ESP es una empresa de servicios públicos domiciliarios de economía mixta asimilada en su régimen de administración, actividades y régimen de sus servidores a una empresa industrial y Comercial del Estado del orden municipal por tener más del 99.9% del capital estatal oficial y emanado del Concejo Municipal de Bucaramanga y los artículos 17 y 41 de la ley 142 de 1994 […].

I.1.5. Los hechos que sustentan las demandas acumuladas

Los hechos relevantes que sustentan las demandas acumuladas se resumen así:

Las Empresas Públicas de Bucaramanga fueron creadas y organizadas mediante los Acuerdos Municipales 061 de 21 de noviembre de 1972 y 053 de 8 abril de 1987, expedidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga, como establecimiento público autónomo encargado de la dirección, administración y prestación de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado, teléfono, aseo, plazas de mercado, matadero, plaza de ferias, planta de pavimentos, central de transportes, central de abastecimientos y estación terminal de protocolos del petróleo, es decir, construcción conservación y sostenimiento o mantenimiento de Obras Públicas.

Mediante Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997, el Concejo Municipal de Bucaramanga ordenó la transformación empresarial de las Empresas Públicas de Bucaramanga en una Sociedad de Economía Mixta en los términos de la Ley 142 de 1994.

En uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Concejo Municipal de Bucaramanga en el Acuerdo 014 de 1997, el Alcalde de Bucaramanga expidió el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, mediante el cual aprobó la reforma estatutaria de las Empresas Públicas de Bucaramanga y la organizó como una sociedad por acciones.

La reforma estatutaria se protocolizó en la Escritura Pública No.1435 de la Notaría Sexta de Bucaramanga y se registró en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con fecha 30 de mayo de 1997.

El 21 de octubre de 1998, el Alcalde de Bucaramanga presentó ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para que se le autorizara enajenar la propiedad accionaria que poseía el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. ESP, dada la situación fiscal que atravesaba el ente territorial y con el fin de lograr ingresos para desarrollar eficazmente el Plan de Desarrollo Municipal. El Concejo Municipal de Bucaramanga efectivamente aprobó el proyecto y expidió el Acuerdo 035 de 6 de noviembre de 1998.

Atendiendo las facultades otorgadas por el Acuerdo 035 de 6 de noviembre de 1998, el Alcalde Municipal de Bucaramanga expidió el Decreto 024 de 17 de febrero de 1999 y aprobó el Programa de Enajenación de 26’271.210 acciones que tenía el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P., y reglamentó las condiciones del proceso de enajenación.

Ante la falta de ofertas en el proceso de enajenación, el Alcalde de Bucaramanga solicitó nuevamente ante el Concejo Municipal -julio de 1999-, autorización para enajenar la propiedad accionaria que poseía el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. ESP, y reiteró, como justificación para ello, la situación fiscal que atravesaba tal municipio. El Concejo Municipal mediante Acuerdo 033 de 13 de julio de 1999 autorizó la enajenación.

El Alcalde Municipal de Bucaramanga expidió el Decreto 108 de 19 de julio de 1999 y aprobó el Programa de Enajenación de 26’271.210 acciones de las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P., y reglamentó las condiciones del proceso de enajenación.

I.1.6.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.6.1.- Normas violadas

La parte demandante enunció la violación de las siguientes normas:

Artículos 1, 2, 13, 58, 60, 122, 123, 125, 313 numeral 6º, 356, 365 y 366 de la Constitución.
Artículos 1 - 12, 16, 17, 23, 25 de la Ley 226 de 1995.
Artículo 43 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 1º y 9º de la Ley 57 de 1985.
Artículos 17, 19 y 180 de la Ley 142 de 1994.
Artículos 98-124, 126-128, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138 - 148 del Código de Comercio
Artículos 8 y 29 del Decreto 1050 de 1968 subrogado por el artículo 38 parágrafo 1º de la Ley 489 de 1998.
Artículo 1º parágrafo y artículo 2º y 3º del Acuerdo Municipal No. 14 de 23 de abril de 1997 dictado por el Concejo Municipal de Bucaramanga.
Artículos 1º, 3º, 6º, 7º y 20 del Decreto 130 de 1976.
Artículos 3º y 4º del Decreto 3130 de 1968.

I.1.6.2.- El concepto de la violación

La parte actora consideró que los actos administrativos acusados fueron expedidos con violación a las normas constitucionales y legales en que debía fundarse teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, Escritura Pública 1435 de 23 de mayo de 1997 y su acto de registro

La parte actora afirmó que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, a través del cual el Alcalde de Bucaramanga «impartió la aprobación a una reforma estatutaria» y transformó a las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad por acciones, no fue promulgado ni tampoco publicado, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo.

Aun así, el Alcalde protocolizó tal reforma en la Escritura Pública No.1435 de la Notaría Sexta de Bucaramanga y lo registró en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 30 de mayo de 1997, por lo que, a su juicio, estos actos adolecen de ilegalidad e integran un acto complejo susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción.

Adicionalmente, señaló que el Decreto 0251 de 1997 creó una sociedad que no es propiamente una sociedad de economía mixta como lo autoriza la Constitución en el artículo 313 numeral 6 y el Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997 y según se definió en el artículo 8º Decreto Ley 1050 de 1968, subrogado por los artículos 38- parágrafo 1º y 97 de la Ley 489 de 1998, pues lo que hizo fue estructurar las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P como una sociedad anónima por acciones, pero no como sociedad de economía mixta.

Afirmó que el municipio de Bucaramanga no hizo aportes a las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P. y que esta entidad, desde su creación, tuvo patrimonio autónomo. En ese orden, no podía enajenar ninguna acción. Adicionalmente, el citado municipio no recibió aportes por las acciones enajenadas. Al respecto, sostuvo:

[…] Ni el Municipio de Bucaramanga aportó bienes en especie o cuerpo cierto avaluables o apreciables en dinero, ni las entidades oficiales municipales o la COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA LTDA…hicieron aportes en dinero, ni pagaron y han pagado todavía parte alguna del capital social suscrito o de las acciones de la sociedad denominada EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA, tampoco ha sido liquidado, ni existen estados financieros de liquidación de dicho establecimiento público autónomo con capital y patrimonio propio e independiente del municipio y de las demás entidades descentralizadas […]

En ese orden, aseguró que el municipio de Bucaramanga no hizo ningún aporte en especie o patrimonial a la sociedad Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P. en la forma prescrita por el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 y en los artículos 122 a 148 del Código de Comercio, por lo que el municipio no podía enajenar unas acciones o participaciones o cuotas partes de interés social de las que no poseía su titularidad, tal como lo estableció el artículo 1º de la Ley 226 de 1995.

Señaló que el establecimiento público Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P., a la fecha de presentación de la demanda, no ha sido liquidado, ni ha establecido sus activos y pasivos, ni éstos han revertido al municipio de Bucaramanga, como tampoco han sido incorporados al patrimonio fiscal del ente territorial Bucaramanga, sino que continúan perteneciendo a Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P. transformada por decreto en sociedad por acciones, las que tampoco han sido pagadas ni aportadas en especie en la forma prevenida por los artículos 132 y 133 del Código de Comercio.

Acuerdos 035 de 1998 y 033 de 13 de julio de 1999

La parte actora en relación con los Acuerdos 035 de 1998 y 033 de 13 de julio de 1999 que autorizaron enajenar la propiedad accionaria que tenía el citado municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. ESP, sostuvo que su expedición desconoció las normas legales en que debía fundarse pues no se presentó el plan o programa de enajenación acorde con lo establecido en los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 226 de 1995.

Consideró que para la enajenación accionaria se expide un acto administrativo complejo integrado por la decisión gubernamental de enajenar, por el plan respectivo, así como por la autorización del Concejo Municipal. Por ende, como no se presentó el plan o programa de enajenación dentro de los primeros 60 días del año, tanto el Acuerdo No. 035 de 1998 como el Acuerdo 033 de 1999, fueron expedidos en forma irregular.

Decretos 024 y 108 de 1999

Para los demandantes los Decretos 024 y 108 de 1999, a través de los cuales se aprobó el plan de enajenación, están viciados de ilegalidad ya que el alcalde no contaba con facultades extraordinarias para aprobarlos y porque el plan o programa debió presentase previamente ante el Concejo Municipal de Bucaramanga dentro de los primeros 60 días del año.

Señalaron que los Decretos 024 de 1998 y 108 de 19 de julio de 1999 no establecieron las condiciones especiales para los destinatarios señalados en el artículo 3º de la Ley 226 de 1995, y se limitó la primera fase para la enajenación a un tiempo mínimo de 2 meses, con los cuales las instituciones o particulares no podían establecer líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta; así las cosas, se limitó la compra a los «potenciales adquirientes personas naturales, o asociaciones o sindicato de trabajadores o de pensionados de la entidad de condiciones especiales descritas en el artículo 3 de la Ley 226 de 1995» .

I.1.7. COADYUVANTES DEL DEMANDANTE

Los ciudadanos Ludwing Ortiz Riatiga, Betty Chacón García, Efraín Díaz Gómez, Gustavo Orduz Cuadros y Saul Ortiz Ramírez, mediante escrito radicado el 13 de julio de 2003 y 13 de octubre de 2004, coadyuvaron las pretensiones de la demanda de nulidad instaurada por el señor Alfredo Castaño Martínez en contra del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria»; de la Escritura Pública No.1435 de mayo 23 de 1997 de la Notaría 6ª del Círculo de Bucaramanga y del acto de inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga realizado el 30 de mayo de 1997, al considerar que son violatorios del Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997, dictado por el Concejo Municipal; de los artículos 17, 180 a 182 de la Ley 142 de 1994, de los artículos 98 a 188 del Código de Comercio, del artículo 123 de la Constitución Política y del artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, bajo los mismos fundamentos que apoyan las pretensiones de la parte actora.

I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.2.1. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

A través de apoderado judicial, el ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa señaló los siguientes:

Indicó que los actos demandados, a saber: a) el Decreto 251 de 1997, la Escritura Pública 1435 de 1999 y su acto de registro, y b) los Acuerdos 035 de 6 de noviembre de 1998 y 033 de julio de 1999, el Decreto 024 de 17 de febrero de 1999 y el Decreto 108 de 1999, no son actos jurídicos complejos como lo sostuvo la parte actora, pues cada acto administrativo tiene una vida independiente del otro y, por consiguiente, deben ser demandados individualmente y no de manera conjunta.

Respecto a la nulidad de la Escritura Pública No.1435 de 1997 consideró que no es procedente su anulación pues la jurisdicción contenciosa administrativa no es competente en tanto se trata de un acto administrativo sino de un contrato de sociedad regido por el derecho privado de conformidad con la Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Frente a la supuesta ilegalidad del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 sostuvo que este se expidió con fundamento en las facultades otorgadas por el Acuerdo 014 de 1997, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga y que fue publicado en el Boletín Especial No.1 de 29 de mayo de 1997 de la Alcaldía de Bucaramanga, según constancia expedida por el Gerente del Fondo Rotatorio de la Imprenta de esta Ciudad.

Señaló que el Acuerdo 14 de 1997 autorizó el Alcalde municipal a transformar las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad de economía mixta en los términos previstos en la Ley 142 de 1994, y que el Decreto 251 del 1997 se expidió en virtud de tal competencia y sin desconocer su naturaleza.

En este sentido, sostuvo que el artículo 1º de los estatutos aprobados mediante el Decreto 251, declaró que las empresas públicas de Bucaramanga es una sociedad por acciones de naturaleza mixta en tanto hubo aportes privados, por lo que se acogió a las reglas que regían en ese entonces.

Contrario a lo señalado por la parte actora, afirmó que las sociedades de economía mixta bien pueden revestir la forma de sociedades anónimas.

Hizo alusión al artículo 14 de la Ley 142 de 1994, norma en la que se definen las empresas de servicios públicos oficiales, las empresas de servicios públicos mixtas y la empresa de servicios públicos privada.

Adicionalmente, citó la sentencia C-953 de 1999 en la que la Corte Constitucional estableció, de manera general, que toda sociedad en el cual existe alguna participación estatal debe considerarse mixta.

Consideró que la Ley 226 de 1995 no es aplicable en el orden territorial por simple imposibilidad fáctica y por la facultad que les confiere la misma ley a las citadas entidades para realizar una adaptación de los mecanismos de enajenación a sus propias particularidades y para la distribución de su patrimonio en eventos de liquidación y siempre y cuando no existan obligaciones remanentes. Por ende, como la entidad solo se transformó en una anónima, los derechos del municipio quedaron representados en las acciones de las cuales conservó su titularidad.

En criterio de la entidad territorial, la parte actora desconoce el efecto principal de la transformación de la empresa, cual es que sus activos y pasivos se transfieren en bloque y sin solución de continuidad a la nueva empresa en la forma prevista en el acto de transformación.

Advirtió que en los estatutos se dejó constancia que se recibían los aportes en dinero y en especie y que estos habían sido pagados efectivamente al momento de constitución de la empresa. Por ende, ante el posible vicio sobre el pago real y efectivo de los aportes se debía cuestionar tal actuación por medio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico.

En cuanto a la venta de acciones y al plan o programa de enajenación, la parte demandada afirmó que el Concejo Municipal no está obligado a considerar razones de mercado durante el trámite del proyecto, puesto que la valoración de las acciones, según lo ordena el artículo 7º inciso 2º de la Ley 226 de 1995, debe hacerse al momento de la elaboración y adopción del programa enajenación y no en el acto de autorización, el cual es de competencia exclusiva del Concejo Municipal.

Asimismo, afirmó que el Concejo es autónomo en tomar esta decisión al estar dentro de sus competencias. Para sustentar sus argumentos se apoyó en el concepto de 16 de agosto de 2001, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (radicado 1358).

También aseguró que el Concejo Municipal tiene competencia para autorizar la enajenación o venta de bienes municipales y que esa atribución es distinta a la facultad del Alcalde para diseñar el programa de enajenación y para ordenar el avalúo de la empresa, pues estas solo pueden ejercerse de manera posterior a la autorización previa del Concejo para la venta de la propiedad estatal, tal como ocurrió en el caso que se discute.

Aseveró que no hay ninguna disposición legal que confiera al Concejo Municipal facultades para aprobar el programa de venta ni tampoco se establece que dicho programa se encuentre diseñado como condición previa para el ejercicio de tales facultades.

Respecto a los Decretos 024 de 1999 y 108 de 1999 señaló que estos sí establecieron las condiciones especiales y mecanismos concretos para facilitar el acceso a la propiedad accionaria por parte de los trabajadores, extrabajadores, pensionados y organizaciones solidarias- grupo de personas señaladas en el artículo 3º de la Ley 226 de 1995-, tal como se desprende de los artículos 4º y 6º.

En este orden de ideas solicitó declarar la indebida acumulación de pretensiones, máxime cuando no se señalaron los cargos frente a cada una de las normas demandadas.

Formuló, además, las siguientes excepciones:

Falta de estructuración del acto complejo pues los actos demandados no lo configuran y se constituyen en declaraciones de voluntad de la administración con plena independencia y autonomía.

Indebida acumulación de pretensiones pues ante la autonomía de los actos demandados el actor acumuló indebidamente las pretensiones y deben desatarse en procesos separados.

Falta de estructuración del cargo de violación pues el demandante omitió sustentar el mismo conforme con las normas superiores invocadas.

Finalmente, sostuvo que, en lo que tiene que ver con el programa de enajenación, la ley no exige la aprobación previa del Concejo Municipal tal como lo ha considerado el Consejo de Estado. Asimismo, señaló que, en lo que atañe a la aprobación administrativa de los avalúos de los aportes en especie, existe expresa disposición legal en contrario.

I.1.1.5.2. La CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA guardo silenció

I.1.1.5.3. El NOTARIO SEXTO DEL CÌRCULO DE BUCARAMANGA guardo silencio.

I.3. Tercero Interviniente

A través de apoderado la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA, solicitó actuar como tercero interviniente en los procesos acumulados y pidió negar las pretensiones de la demanda, por considerar que, tanto los demandantes como los coadyuvantes de la parte actora, se limitan a realizar apreciaciones y consideraciones de derecho sin fundamento probatorio. Frente a los cargos de nulidad expuso los mismos argumentos señalados por la Alcaldía de Bucaramanga en la contestación de la demanda.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia de 5 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de Descongestión 680012331703, resolvió:

[…]PRIMERO: DECLÁRESE No probadas las excepciones de indebida acumulación de pretensiones y falta de estructuración del cargo de violación propuesta por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y TELEBUCARAMANGA conforme al análisis expuesto en la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE De oficio la falta de jurisdicción respecto de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 de la notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga, por medio de la cual se protocolizó el Acta de Transformación de las EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA y su Registro en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 30 de mayo de 1997, y como consecuencia INHÍBASE la sala para decidir de fondo sobre las pretensiones de nulidad de dichos actos de acuerdo al análisis contenido en esta providencia.

TERCERO: NIÉGUENSE Las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia […].

El Tribunal a quo, en primer lugar, se pronunció sobre las excepciones propuestas por la Alcaldía de Bucaramanga y por Telebucaramanga dentro de los procesos 1999-02543 y 1999-00331.

En este sentido, negó la excepción de «indebida acumulación de pretensiones» para lo cual sostuvo que los actos demandados habían sido proferidos por funcionarios u organismos del orden territorial, esto es, por el Alcalde y por el Concejo Municipal de Bucaramanga y que existía una unidad temática pues los mismos guardan relación con la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga en sociedad de economía mixta, con sus estatutos y con el proceso de enajenación de la propiedad accionaria. Así, entonces, consideró factible impugnar la legalidad de todos estos actos a través de la acción de nulidad de qué trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Tampoco encontró probada la excepción denominada «falta de estructuración del cargo de violación» que se formuló en los procesos 1999-02543 y 1999-00331 tanto por el municipio de Bucaramanga como por Telebucaramanga, toda vez que la parte actora señaló el concepto de violación en el acápite respectivo de la demanda e hizo alusión al desconocimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 226 de 1995, exponiendo las razones de su transgresión. En ese orden, sostuvo que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Frente a las demás excepciones propuestas consideró que se trataba de argumentos de defensa que no tenían la virtualidad de evitar un pronunciamiento de fondo.

Sostuvo que le asistía razón al municipio de Bucaramanga al afirmar que los actos administrativos demandados no son complejos, a pesar de guardar una unidad de materia, puesto que no corresponden a una única voluntad de la administración, en tanto son autónomos.

Por otra parte, declaró de oficio la «falta de jurisdicción» y se inhibió de pronunciarse respecto de la legalidad de la Escritura Pública No. 1435 del 23 de mayo de 1997, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga y a través de la cual se materializó la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga, luego de considerar que su análisis de legalidad correspondía a la jurisdicción ordinaria.

En apoyo de sus argumentos citó lo dispuesto por esta Corporación mediante sentencia de 26 de noviembre de 2008, Consejero Ponente: doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta dentro del radicado No. 130012331002000099070301.

Establecido lo anterior, entró a resolver el caso concreto y para esto planteó como problemas jurídicos:

[…] ¿Es nulo el Decreto No. 0251 de 21 de mayo el sistema de 1997, del alcalde municipal de Bucaramanga “Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria”, por no haber sido publicado en debida forma y haberle dado naturaleza de sociedad por acciones a las EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA, la cual no es compatible con la sociedad por economía mixta?

¿Son nulos los Acuerdos No.35 de 6 de noviembre de 1998 “por el cual se autoriza al ALCALDE DE BUCARAMANGA para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio”, y 033 del 13 de julio de 1999, “por el cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga, para enajenar hasta en un 56% de la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P. y se facultad para celebrar contratos” del Concejo Municipal de Bucaramanga y los Decretos Nos. 0024 17 de febrero de 1994, “Por el cual se aprueba el programa de enajenación de propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P” y 108 de 19 de julio de 1999, “por el cual se aprueba el programa de enajenación de propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. (?) (SIC) E.S.P. del Alcalde Municipal de Bucaramanga, por haber sido expedidos desconociendo el proceso establecido en la Ley 226 de 1995 y el Código de Comercio y disponer de las acciones sobre las que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA no es titular? […]

El Tribunal, al momento de descender al caso concreto, consideró que el Decreto 251 de 1997 fue publicado en debida forma, según certificado expedido por el Gerente del Fondo Rotatorio de la Imprenta del Departamento de Santander en el que se registró que fue publicado en el Boletín especial de la Alcaldía de Bucaramanga No. 1 de 29 de mayo de 1997. Por ende, concluyó que no se desconoció ni el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, ni la Ley 57 de 1985.

A su vez, consideró que la naturaleza de sociedad de economía mixta es compatible con la de acciones y se apoyó en lo expuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, en los artículos 5º y 180 de la Ley 142 de 1994, así como en lo señalado tanto por la Corte Constitucional en sentencia C-741 de 2003 como en la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 1º de abril de 2009 (radicado No.11001-03-26-000-2007-000-7500, número interno 34846).

Precisó que las empresas públicas de servicios domiciliarios pueden ser del orden oficial, mixtas o privadas, según la propiedad del capital social, de manera que serán oficiales aquellas en que pertenezca íntegramente a la Nación u otras entidades públicas, mixtas cuando sea de propiedad pública en un 50% o más, y privadas aquellas en las que el capital público sea minoritario.

Agregó que las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios son entidades estatales al estar integradas por capital público y privado y, además, ostentan el carácter de entidades descentralizadas, acorde con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998.

Refirió que la denominación de sociedad por acciones que fue dada por el Alcalde municipal de Bucaramanga en los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga, resulta compatible con la sociedad de economía mixta, en tanto que así lo dispone el artículo 17 de la ley 142 de 1994, norma según la cual estas pueden tener la naturaleza de sociedad por acciones y/o en su defecto de empresas industriales y comerciales del Estado.

En ese orden de ideas, fue el Acuerdo 014 del 23 de abril de 1997, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, el que autorizó la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga como sociedad de economía mixta por acciones de conformidad con la Ley 142 de 1994, por lo que el Decreto 251 de 1997 no presenta vicios de ilegalidad.

Concluyó que las empresas de servicios públicos mixtas «son sociedades de economía mixta porque al ser entidades descentralizadas forman parte de la estructura del Estado, amen que su capital lo constituyen los aportes de origen estatal».

En relación con los Acuerdos 035 de 1998, 033 de 1999 y con los Decretos 024 de 1999 y 108 de 1999, también demandados, el Tribunal a quo afirmó que el artículo 8º de la Ley 226 de 1995 estableció que el Gobierno nacional o local debe presentar un plan de enajenación anual y global durante los primeros 60 días del año, y debe contener las medidas necesarias tendientes a evitar el desconocimiento de los principios de democratización protección del patrimonio público y continuidad del servicio.

Encontró acreditado que mediante Acuerdo No. 130 de 21 de octubre de 1998 el Concejo Municipal de Bucaramanga autorizó al Alcalde para enajenar la propiedad accionaria del municipio, facultad que fue conferida por un periodo de dos años y hasta un 56% de las acciones, según el Acuerdo 035 de 6 de noviembre de1998. Finalmente, a través del Decreto 024 de 17 de febrero de 1999, se aprobó el programa de enajenación.

En cuanto al trámite de enajenación, determinó que este culminó sin oferta de compra, razón por la que el Concejo Municipal expidió el Acuerdo 033 de 13 de julio de 1999, con el fin de prorrogar el término para la venta de las acciones hasta el 31 de diciembre de 2000, resaltando que el plan de enajenación se aprobó mediante Decreto 108 de 19 de julio de 1999.

También consideró que el Concejo Municipal de Bucaramanga, previamente a la expedición de los acuerdos acusados, ya había autorizado de manera general la venta de las acciones que posee dicho municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga, y en tal sentido expuso lo siguiente:

[…] En el entendido de la sala, el requisito de presentación de un plan de enajenación, por ser de orden global, era obligatorio para la expedición del Acuerdo No.130 de 21 de octubre de 1998, a través del cual se autorizó la enajenación de la totalidad de acciones del Municipio de Bucaramanga, más no para los actos particulares, dado esto se debe entender que el requisito ya fue agotado de manera previa, lo que también cobija el Acuerdo No. 035 de 1998, pues si bien autoriza la enajenación general de acciones, se encuentra que su propósito es el de fijar el tiempo de autorización al Alcalde Municipal para tal fin y no incluir disposiciones distintas a las del mencionado Acuerdo No.130 y atendiendo a que no es impugnada la legalidad de esa disposición, se presume que fue expedido en cumplimiento del procedimiento legal para su expedición, incluyendo la revisión del plan a la Defensoría del Pueblo para lo de su competencia.

Una vez actualizada la venta de acciones, debe desarrollarse, conforme las condiciones especiales de cada caso, en este caso por el Alcalde Municipal, conforme el artículo 6º de la Ley 226 de 1995, que en el caso en concreto se desarrollaron a través de los Decretos Nos. 024 de 1999 y 0108 de 1999 del Alcalde Municipal de Bucaramanga de los que no se encuentran vicios de nulidad por haber sido expedido por la autoridad competente y con la previa autorización del municipio.

Conforme lo anterior para la sala no está llamado a prosperar el cargo de nulidad de los actos impugnados, consistente en el desconocimiento del proceso legal para la enajenación de la propiedad accionaria del Estado por no haber seguido el proceso para su expedición.

Sobre los prenombrados decretos también se impugna su legalidad por desconocimiento del principio de democratización por no incluir condiciones de pago de las acciones de venta, no obstante, se encuentra que el mismo fue garantizado en ambos actos, incluyendo una primera fase del proceso de enajenación destinada exclusivamente a la oferta a trabajadores activos o extrabajadores y pensionados de las Empresas Públicas de Bucaramanga, asociaciones sindicales, entre otros y en especial, desarrollando un plan de crédito para los destinatarios en su condición especial, por lo que no se encuentra fundamento de los planteamientos de la parte actora, aunado a que no fueron aportados los antecedentes de los actos demandados, ni se tiene certeza de que fueron ejecutados, por ende no prospera el cargo en realidad.[…]

Finalmente, el Tribunal señaló que los argumentos expuestos por la parte actora respecto a que el Municipio de Bucaramanga no podía enajenar acciones, carecían de fundamento, en tanto que, el artículo 5º de los estatutos de la entidad y adoptados en virtud del Decreto 251 de 1997, establecieron que la empresa se divide en 60.100 acciones, de las que posee 60.000 el ente territorial, por lo que tenía plena disposición para su venta.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal negó las pretensiones de la demandada, dado que, la parte actora no demostró las imputaciones de ilegalidad de los actos acusados, pues por una parte el Decreto 251 de 1997 fue publicado en debida forma, adicionalmente la transformación que se le dio a las Empresas Públicas de Bucaramanga es compatible con la sociedad por acciones según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; Los acuerdos 035 de 1998 y 033 de 1999 del Concejo Municipal y los Decretos 024 de 1998 y 108 de 1999 fueron expedidos por autoridades competentes, cumpliendo con los parámetros fijados por la Ley 226 de 1995 y garantizando el principio de democratización, además que el municipio contaba con la titularidad de las acciones de las empresas públicas de Bucaramanga cuya enajenación se dio a través de los actos administrativos demandados.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad legal correspondiente, el demandante, señor Alfredo Castaño Martínez, y los coadyuvantes Ludwing Ortiz Riatiga y Betty Chacón García, presentaron sendos recursos de apelación en contra de la decisión de primera instancia.

Dado que existe identidad en los argumentos presentados, la Sala se refiere a ellos de la siguiente manera:

Expresaron su inconformidad con la decisión de primera instancia, en primer lugar, porque, en su criterio, esta jurisdicción debe estudiar la legalidad de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, través de la acción de nulidad, al respecto, señaló:

[…] bajo subterfugios fue reorganizada y transformada las EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA como una “sociedad por acciones de carácter mixto”, sin el necesario aporte social de capital, por los presuntos socios o entidades oficiales aportantes presuntamente concurrentes que nunca hicieron en la realidad sus aportes sociales, efectivos para que fuese en realidad de verdad una sociedad de economía mixta o por acciones, por lo cual dicho decreto 0251 de mayo 21 de 1997 deviene irregularmente expedido y por esa causa anulable por el contencioso administrativo, por este aspecto de la censura la sentencia apelada deviene ilegal pues viola la normativa enlistada en el cargo del acápite de las normas superiores de derecho violadas , pues se estaba en frente de una ficción de sociedad ficta elevada a escritura pública número 1435 de mayo 23 de 1997, inscrita así de forma irregular en el registro mercantil de la cámara de comercio que integran un acto complejo y compuesto pasible de ser demandado en acción de nulidad que si era pasible de su control de legalidad por vía de la acción de nulidad propuesta por los demandantes contra la cadena de actos administrativos ilegales incluida la Escritura Pública No. 1437 de mayo 23 de 1997 y su Registro por la Cámara de Comercio de Bucaramanga que integran una unidad jurídica compleja viciada de ilegalidad an initio justiciable por el contencioso administrativo mediante la acción de nulidad propuesta por los ciudadanos demandantes y coadyuvantes.

… La acusada Escritura Pública 1475 de 23 de mayo de 1997 y su Acto de Registro por ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga aun cuando son actos separables forman una unidad jurídica compleja atacable mediante la acción de nulidad en el contencioso objetivo de legalidad […] (Se destaca).

Así entonces para los recurrentes la escritura pública es susceptible de ser atacada mediante la acción de nulidad, pues se trata de un contrato de sociedad donde concurren voluntades de las entidades intervinientes en el negocio jurídico, situación que la hace pasible de control judicial.

Insistieron en que en el Decreto 251 de 21 de mayo de 1997, a través del cual se aprobó la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga, no se insertó en la gaceta del municipio de Bucaramanga para que fuera válido frente a terceros, es decir, fue pretermitida su publicación oficial, y aun así, se protocolizó mediante la precitada escritura pública.

Reiteraron que este Decreto creó y organizó un ente que no es propiamente una sociedad de economía mixta, en la forma como lo autoriza el artículo 313 numeral 6º de la Constitución y el Acuerdo No. 14 de 23 de abril de 1997, y como la definió el artículo 8º del Decreto Ley 1050 de 1968 -vigente para el momento de los hechos-.

Ello en razón a que las Empresas Públicas de Bucaramanga fueron transformadas en una «sociedad por acciones sin el necesario aporte social de capital, por los presuntos socios o entidades oficiales aportantes presuntamente concurrentes que nunca hicieron en la realidad sus aportes sociales efectivos para que fuese en realidad de verdad una sociedad de economía mixta o por acciones…Se estaba en frente de una ficción de sociedad ficta elevada a escritura pública no. 1435 de mayo 23 de 1997, inscritas de forma irregular en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio».

En ese orden de ideas, consideraron que no hubo una transformación o escisión de las empresas públicas de Bucaramanga como establecimiento público a sociedad por acciones, a lo sumo se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios como lo establece el artículo 17 de la ley 142 de 1994, en este sentido, agregó:

[…] En consecuencia, no puede predicarse nunca que hubo transformación o escisión de las Empresas Públicas de Bucaramanga como establecimiento público a sociedad por acciones, a lo sumo se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios como lo previó el Art. 17 de la ley 142 de 1994, pero nunca se constituyó realmente como “ sociedad por acciones de carácter mixto” manteniendo su unidad empresarial y patrimonial como unidad o varias unidades de explotación económica, dándose y manteniéndose el fenómeno jurídico de la UNIDAD DE EMPRESA previsto en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo y en el Art. 25 del Código de Comercio con las consecuencias e implicaciones laborales de no solución de continuidad de la empresa como persona jurídica y en sus actividades como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y esenciales que no pueden interrumpirse en su prestación (arts. 194 y 466 del C.S. del T) como unidad de explotación económica con trabajadores a su servicio y la continuidad de los contratos individuales de trabajo a los trabajadores y sus condiciones de empleo reguladas por la Convención Colectiva del Trabajo vigente en las Empresas Públicas de Bucaramanga que aplica y beneficiaba a los trabajadores a su servicio, así debe declararse por la jurisdicción contencioso administrativa al declarar nulas las resoluciones acusadas No.00846 de 29 de abril de 1876 de 11 de agosto de 1999 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que denegaron la declaratoria administrativa de Unidad de Empresa entre las EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA y EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P y las escindentes EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES CDE BUCARAMANGA S.A. E.S.P Y EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. cuyos trabajadores oficiales y empleados públicos provenían de EMPRESAS PÚBLICAS BUCARAMANGA sin solución de continuidad en la prestación de sus servicios personales como trabajadores de la misma empresa como unidad de explotación económica […]

IV.-TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue concedido por el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en la primera instancia, mediante auto de 7 de mayo de 2014.

El Despacho a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia, a través de auto de 18 de noviembre de 2014, admitió el recurso de apelación y mediante providencia de 25 de agosto de 2015, corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión, y vencido este, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

En esta oportunidad procesal se pronunció el ciudadano Nelson Bello Delgado actuando como demandante dentro del proceso con radicado No. 2003-01643, quien reiteró los argumentos expuestos en la demanda. También se pronunció el apoderado del tercero interviniente Telebucaramanga S.A. y pidió confirmar la sentencia de primera instancia al no existir prueba alguna que desvirtuara la legalidad de los actos acusados.

Advierte la Sala que el señor Alfredo Castaño Martínez, demandante en el proceso 1999-02543 presentó alegatos y anexó documentos en forma extemporánea. Así mismo se pronunció de forma extemporánea el apoderado del señor Jahir Sánchez Morales sucesor del fallecido Félix Sánchez Reyes demandante en el proceso 2003-1643.

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- La competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

V.2.- El problema jurídico

De acuerdo con las prescripciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por la remisión a la que alude el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual: (i) se declaró de oficio la falta de jurisdicción; (ii) se decidió la inhibición para pronunciarse respecto de la legalidad de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga, y (iii) se denegaron las demás pretensiones de la demanda.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, señor Alfredo Castaño Martínez, y por los coadyuvantes Ludwing Ortiz Riatiga y Betty Chacón García, habrá de determinarse:

En primer lugar, si los actos acusados constituyen actos complejos y, en consecuencia, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo resulta competente para conocer de los supuestos vicios de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga, a través de la cual se registró la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A.

Así mismo, deberá verificarse si los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, emanados del Concejo Municipal de Bucaramanga, y los Decretos 0251 de 21 de mayo de 1997, 024 de 17 de febrero de 1999 y 0108 de 19 de julio de 1999, proferidos por el Alcalde del Municipio de Bucaramanga, se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse.

VI.3.- Actos administrativos objeto de análisis de legalidad

Los actores demandaron el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria», acto administrativo proferido por el Alcalde del Municipio de Bucaramanga, así como la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga, a través de la cual se registró la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A.

Así mismo, los accionantes demandaron los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, expedidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga, así como los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999 y 0108 de 19 de julio de 1999, a través de los cuales se aprobó el plan de enajenación de la propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A.

VI.4.- Análisis del caso concreto

Dada la confusión e imprecisión de los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la Sala realizará un análisis dirigido a establecer su sentido y finalidad.

En esta medida, se entiende que la parte demandante y los coadyuvantes consideraron que tanto los actos acusados como la Escritura Pública 1431 de 23 de mayo de 1997 «integran una unidad jurídica compleja», de ahí que resulte necesario efectuar el análisis pertinente.
Asimismo, en el recurso de apelación, la parte demandante y los coadyuvantes reprochan la decisión del Tribunal a quo por declarar la falta de jurisdicción para conocer de la legalidad de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 y por considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados e insistieron en que se expidieron con desconocimiento de las normas en que debía fundarse.

A fin de abordar el primer problema jurídico planteado, la Sala debe comenzar por establecer si los actos acusados junto con la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, a través de la cual se protocolizó la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP S.A, integran un acto jurídico complejo pasible de ser demandado ante esta jurisdicción, frente a lo cual se observa:

VI.4.1.1. De la configuración del acto complejo

En la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado se ha definido el acto complejo como aquella manifestación del poder público en la que concurre la voluntad de distintas dependencias de la misma entidad o de varias entidades y que se encuentra contenida en una serie de actos que, aunque sean diferentes, comparten unidad de objeto y de fin.

La Sala Plena del Consejo de Estado también ha explicado que los actos complejos «se forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar un acto único». De manera que, al momento en que se cuestione la legalidad de uno de ellos, resulta obligatorio analizar la validez de todas aquellas manifestaciones de voluntad que integran un acto de tal naturaleza.

Esta Corporación también ha señalado que en sede administrativa nace un acto complejo cuando distintas dependencias de la misma entidad adoptan una decisión única. Esto es, “cuando contra el acto que da inicio a la actuación administrativa se interponen los recursos de vía gubernativa, quedando interrelacionado con aquellos actos que los resuelven”. Tal fenómeno ha sido denominado por la doctrina como «acto complejo impropio circunstancial».

Sobre esa clasificación, la sentencia de 17 de agosto de 2017 expone lo siguiente:

1.2.2.2. Complejo impropio circunstancial […] Nace como acto simple, pero deriva en acto complejo por la ocurrencia de circunstancias jurídicas posteriores a su nacimiento que dan lugar a pronunciamientos posteriores con su mismo contenido, cuando esos varios pronunciamientos posteriores provienen del mismo órgano que profirió el inicial, son internos, lo cual se da usualmente en virtud del uso de los recursos de la vía gubernativa dentro de la misma entidad u organismo, contra actos que ponen fin a una actuación administrativa, y en virtud del carácter unitario que el artículo 138 del anterior C.C.A. le da al acto inicial o principal y a la serie de pronunciamientos que decidieran dichos recurso que contra aquél se interpusiesen, al estipular que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen”. […] Igual alcance le da ahora el artículo 163 del CPACA en cuanto establece que “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.” […] Se está pues ante una complejidad impropia porque comúnmente los recursos se surten dentro del mismo órgano, aunque lo sean en instancias diferentes, por lo tanto los distintos pronunciamientos que se integran al acto inicial son proferidos por un solo órgano […] Se ha dado por sentado que los actos que confirmen o modifiquen un acto que ha sido objeto de tales recursos, se integran con este, subsumiéndose en una unidad, en un todo, resultando así una complejidad que es eventual, circunstancial, por cuanto depende de la interposición de recursos y de la circunstancia de que la decisión de estos sea confirmatoria o modificatoria de aquél, ya que si lo revoca, simplemente se sustituye por otro. Si hay confirmación y modificación por declaraciones dadas en la vía gubernativa en virtud de los recursos pertinentes, estas declaraciones vienen a conformar un todo con el acto objeto de tales recursos. Ello explica la disposición atrás transcrita del citado artículo 163 del CPACA y del artículo 138 del anterior C.C.A., derogado por la Ley 1437 de 1911. […].

Cabe destacar, adicionalmente, que las decisiones que componen el acto complejo no son pasibles aisladamente de control jurisdiccional. De allí que la Sección Primera, al resolver conflictos asociados a acto de carácter complejo, ha precisado lo siguiente:

[…] Las dos resoluciones acusadas constituyen en realidad un solo acto administrativo, integrado por las declaraciones de voluntad de dos autoridades distintas, en ejercicio de la función administrativa, con unidad de contenido y unidad de fin, por lo cual constituyen un acto administrativo complejo, en cuanto dichas declaraciones se fusionan en una unidad, para darle nacimiento o perfeccionar el acto, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como un acto de trámite respecto de la otra. Tampoco se puedan tomar como parte o desarrollo de un procedimiento administrativo, como erradamente lo plantean los actores, pretendiéndoles aplicar las reglas de dicho procedimiento previstas en la primera parte del Código Contencioso Administrativa, como son las atinentes, entre otras, a los recursos de la vía gubernativa. En su condición de acto administrativo complejo corresponde, a la vez, a los actos administrativos generales, que por disposición expresa del artículo 49 del C.C.A. no tienen recurso.

Es sabido que las declaraciones que conforman un acto administrativo complejo no tienen identidad o existencia como actos administrativos autónomos, es decir, consideradas de manera separada, por lo cual no son aisladamente pasibles de control jurisdiccional.

La Sala entiende, entonces, que los cargos están dirigidos contra todo el acto complejo, por los vicios endilgados a las partes que lo conforman. Con ello se quiere significar que el examen de los cargos se debe hacer atendiendo el todo o la unidad dada por la fusión de las dos declaraciones que constituyen el acto acusado y, por ende, sin perder de vista la intervención de las autoridades que las profirieron […]

De conformidad con las anteriores premisas es dable concluir que el acto administrativo complejo se caracteriza: (i) por la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la administración, realizadas por distintas dependencias de una misma entidad pública, o por varias entidades, de manera conjunta o sucesiva; (ii) por la unidad de contenido y de fin de las manifestaciones de la voluntad que lo componen; (iii) por la inescindibilidad de las decisiones, y (iv) por el control judicial conjunto e integral del acto, partiendo de la premisa consistente en que los vicios de legalidad de alguna de las declaraciones se transmiten a toda la decisión administrativa.

Con fundamento en lo anterior y descendiendo al caso concreto, se pone de relieve que, a través del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria» el Alcalde del municipio de Bucaramanga dispuso lo siguiente: «[p]ara el perfeccionamiento de la mencionada reforma estatutaria el representante legal de las Empresas Públicas de Bucaramanga debe proceder a su protocolización ante Notario y su pertinente inscripción en la Cámara de Comercio de la ciudad».

En desarrollo de lo anterior, mediante la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga, efectivamente se registró la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga que fuere aprobada por el Alcalde del citado municipio, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997.

De otra parte, a través de los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, los cuales fueron expedidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga, se autorizó al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que poseía el ente territorial en las Empresas Públicas de Bucaramanga, resaltando que, por medio de los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999, 0108 de 19 de julio de 1999, proferidos por el Alcalde del municipio de Bucaramanga, se aprobó el plan de enajenación.

Así las cosas, la Sala ha de precisar que, aunque de los actos acusados se desprende la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la administración, las cuales versan sobre una misma materia, lo cierto es que tales manifestaciones, consideradas en conjunto, no pueden ser entendidas como un acto complejo, por las siguientes razones:

En primer lugar, Si bien es cierto que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 y la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 refieren a la reforma estatutaria de la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga como Sociedad de Economía Mixta, cierto es que, la Escritura Pública no es un acto administrativo -como se analizará en acápite posterior-, de ahí que no es posible predicar la coexistencia de actos administrativos y menos su carácter complejo.

En segundo lugar, los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, emanados del Concejo Municipal de Bucaramanga, y los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999 y 0108 de 19 de julio de 1999, expedidos por el Alcalde del municipio de Bucaramanga se refieren a la enajenación de las acciones de las Empresas Públicas de Bucaramanga; no obstante, son el resultado de actuaciones administrativas diferentes, proferidas de manera autónoma con existencia jurídica separada e independiente, en tanto uno autoriza la venta de las acciones y el otro aprueba su plan de enajenación. En esa medida las decisiones no son inescindibles y pueden ser demandadas de manera independiente.

A manera de conclusión, resulta razonable afirmar que los actos administrativos demandados, si bien se refieren a temas similares y en esa medida podrían suponer la existencia de una unidad de materia, gozan de entidad propia y esa autonomía permite que puedan ser demandados de manera independiente, sin que el resultado del eventual litigio tenga la virtualidad de afectar la existencia y validez de los demás.

En otras palabras, no hay razón para sostener válidamente que los actos a los que se refirió la parte demandante constituyan un acto administrativo complejo, pues, se insiste en que cada uno de ellos es pasible de un estudio particular y, en lo que atañe a la escritura pública, debe señalarse que esta no es susceptible de ser examinada a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se explicará más adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, no sobra advertir que, si bien todos los actos se refieren a la misma empresa pública, realmente están asociados a temas distintos, específicamente a la aprobación de una reforma estatutaria, a la protocolización efectiva de la misma, a la autorización para la enajenación de acciones y a la aprobación del plan de enajenación de estas últimas, resaltando el hecho consistente en que cada una de tales manifestaciones de voluntad fue expedida de manera autónoma y tiene una existencia jurídica separada e independiente, circunstancia que refuerza aún más el argumento sostenido por la Sala, en el sentido de afirmar que no se encuentra en presencia de un acto administrativo complejo.

De manera que, la Sala comparte lo expuesto por el Tribunal a quo, al afirmar que «los actos demandados no son de orden complejo, y a pesar de guardar una unidad de materia, no corresponden a una única voluntad de la administración en tanto son autónomos entre sí»

Precisado que los actos demandados no integran un acto complejo, pasa la Sala a analizar la naturaleza de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 y su incidencia en el estudio de fondo de la controversia.

VI.4.1.2. De la naturaleza jurídica de la escritura pública demandada

La Sala encuentra que el Tribunal a quo declaró, de oficio, la falta de jurisdicción y se inhibió de estudiar la legalidad de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, puesto que consideró que el estudio de legalidad de la misma corresponde a la jurisdicción ordinaria.

En atención a lo anterior, cabe precisar tanto la naturaleza jurídica de las escrituras públicas como su condición de actos no enjuiciables. En tal sentido esta Sección se ha pronunciado en los siguientes términos:

«[…] 2.1.1. Carácter jurídico de la escritura pública

(…) se advierte que el artículo 13 del Decreto 960 de 1970 establece que “La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo”; y como tal, es decir, como instrumento, tiene en unos casos carácter de requisito ad substantiam actus y ad probationem, y en otros, solamente ad probationem.

Que el primero está consagrado en el artículo 12 ibídem en tanto dispone que “Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, y en general aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad”, de suerte que en esos casos viene a ser una solemnidad del respectivo acto, un requisito ad solemnitatem, por ende necesario para que el acto jurídico se perfeccione o nazca a la vida jurídica.

En sentencia de 18 de abril de 1996, la Sección Segunda de esta Corporación, dice que ”La ley ha definido cuales declaraciones de voluntad deben constar en instrumento público, también llamado escritura pública, como requisito ad substantiam actus y ad probationem "que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidos ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo", tales como los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles por lo cual ha regulado su proceso de perfeccionamiento, que consta de las etapas de recepción, extensión, otorgamiento y autorización (artículo 13, D.L. 960 de 1970).”

Además, sirve como elemento ad probationem, tanto en los casos de actos jurídicos que lo requieren como solemnidad, como en todos los demás casos en los que se acude a ese instrumento con el fin de dejar constancia formal y protocolizada de la existencia o celebración de los mismos.

Al respecto, la Sección Cuarta de esta Sala pone de presente que el inciso 2º del artículo 264 del Código de Procedimiento Civil dice que ”que las declaraciones que consignen los interesados en escritura pública, tienen eficacia plena entre estos y sus causahabientes, tanto en lo dispositivo del acto o contrato, como en lo meramente enunciativo del mismo directamente relacionado con lo dispositivo; pero que en relación con terceros, se deben apreciar tales declaraciones ‘conforme a las reglas de la sana crítica’. Esto significa que, referente a los terceros, las manifestaciones o declaraciones de las partes, en el acto o contrato, no hacen plena prueba contra aquellos "per se", sino que se deben estudiar por el juez en el contexto de los demás elementos circunstanciales y pruebas de que tenga conocimiento y formen su convencimiento y adicionalmente, ratificarse y apreciarse como la prueba de testigos, pues el artículo 277 ibídem solo atribuye a las mismas el carácter de testimonios sujetos a ratificación”.

Resumiendo, en palabras de la Sección Quinta de esta Corporación, cabe decir: “Entonces, la escritura pública constituye una solemnidad que permite demostrar el contenido preciso de la declaración de voluntades unilaterales o multilaterales dirigidos a constituir o declarar derechos y obligaciones. En otras palabras, la escritura pública es el documento que protocoliza la manifestación de voluntad, pero no es la voluntad misma de los otorgantes.”

Igualmente se concluyó en la sentencia de 31 de marzo de 2005 de esta Sala inicialmente referenciada que, por contraste, se infiere que la escritura pública no es en sí misma un acto administrativo, luego no es susceptible de ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo que sí puede ser enjuiciado ante esta jurisdicción es su contenido siempre y cuando éste consista en un acto administrativo o un contrato estatal; dicho de otra forma, que la declaración que contenga y que mediante ella sea protocolizada constituya en sí misma por producir de manera directa una situación jurídica general o particular sin necesidad de su protocolización, un acto administrativo o un acuerdo de voluntades en la que intervenga una entidad estatal.

Al punto, téngase en cuenta que la protocolización no le imprime ningún valor o relevancia jurídica a lo protocolizado, tal como lo señala el artículo 57 del Decreto 960 de 1970, a cuyo tenor “Por la protocolización no adquiere el documento protocolizado mayor fuerza o firmeza de la que originalmente tenga”. […]». (Negrillas del Despacho)

Esta Sección se pronunció en el mismo sentido en providencia de 26 de noviembre de 2008, indicando lo siguiente:

«[…] la escritura pública no es en sí misma un acto administrativo, luego no es susceptible de ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo que sí puede ser enjuiciado ante esta jurisdicción es su contenido siempre y cuando éste consista en un acto administrativo o un contrato estatal; dicho de otra forma, que la declaración que contenga y que mediante ella sea protocolizada constituya en sí misma por producir de manera directa una situación jurídica general o particular sin necesidad de su protocolización, un acto administrativo o un acuerdo de voluntades en la que intervenga una entidad estatal […]». (negrillas del Despacho)

Así las cosas, es claro que las escrituras públicas no son actos administrativos y tampoco son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; sin embargo, su contenido excepcionalmente podrá ser objeto de estudio y ello ocurrirá cuando contenga una manifestación de voluntad de la administración que, en sí misma, llegue a crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica.

Con base en la anterior premisa, resulta pertinente trascribir los apartes relevantes del texto de la Escritura No. 1435, protocolizada en la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga y en la cual intervinieron el Alcalde Municipal de Bucaramanga, los representantes legales de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, del Instituto de Vivienda Social de Bucaramanga -Invisbu, del Área Metropolitana de Bucaramanga, y la gerente de la Cooperativa de los empleados de las empresas públicas de Bucaramanga, a saber:

[…] PRIMERO: qué obrando en su condición expresada, procede por medio de este instrumento, a elevar a escritura pública el nuevo ordenamiento estatutario de las Empresas Públicas de Bucaramanga aprobado por el señor Alcalde de la ciudad …por medio del Decreto Número 0251 de fecha mayo 21 de 1997 el cual se transcribe a continuación previas algunas consideraciones: en cumplimiento del mandato establecido por el legislador en la ley 142 de 1994, El Concejo Municipal mediante Acuerdo Número 014 de 1997 ordenó transformar a las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad de economía mixta y autorizó al alcalde de la ciudad para que impartiera aprobación a la reforma estatutaria que fuera preciso adoptar para dar ejecución cabal a la decisión de transformación institucional formulada en el referido acuerdo. En virtud de lo anterior el Alcalde Municipal por medio del Decreto Número 0251 de 1997 procedió a dar aprobación al nuevo ordenamiento estatutario que habrá de regular a las Empresas Públicas de Bucaramanga, decreto cuyo texto se transcribe a continuación […]La presente reforma general del Estatuto de Empresas Públicas de Bucaramanga fue aprobada por Decreto 0251 de 21 de mayo 1997 expedido por el Alcalde de Bucaramanga, cuyo texto forma parte integral …también comparecieron las siguientes personas para formalizar sus aportes a la empresa transformada, según el contenido del artículo quinto de los estatutos, sobre la composición del capital y su total conformidad con estos….el Alcalde del Municipio de Bucaramanga …el representante legal de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga establecimiento público descentralizado del orden municipal creado mediante acuerdo número 042 de 1938 ….Representante Legal del Instituto de Vivienda Social de Bucaramanga -Invisbu-establecimiento público descentralizado del orden municipal creado mediante acuerdo 048 de agosto 25 de 1995…Gerente y representante legal del Área Metropolitana de Bucaramanga organismo público de origen legal ,según costa en acuerdo metropolitano número 0026 del 5 de septiembre de 1996 …Y la gerente de la cooperativa de los empleados de las empresas públicas de Bucaramanga limitada con personería jurídica número 614 del 13 de marzo de 1990 ,con matrícula núm9 17 del libro 1, con Nit. No. 800093901 -1 entidad sin ánimo de lucro […]

Al estudiar el contenido de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997 se evidencia que en ella se trascribió integralmente la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga que fuere aprobada por el Alcalde de ese municipio mediante Decreto 251 de 1997 y cuyo objeto fue «la conversión de estas en una Sociedad de Economía Mixta con sujeción a los preceptos contenidos en la Ley 142 de 1994», y resalta la Sala que en el citado instrumento público no se incorpora por los intervinientes una nueva manifestación de voluntad de la administración distinta a la consignada en el referido decreto.

Sumado a lo anterior, advierte la Sala que, luego de revisar las pretensiones de las demandas acumuladas y analizarlas en contexto con los hechos narrados por la parte actora, se puede inferir que la inconformidad de la parte actora frente a la citada escritura pública no proviene de algún vicio o irregularidad de este instrumento, sino de la consecuencia jurídica que se deriva del Decreto 251 de 21 de mayo de 1999, a través del cual se transformó a las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad de carácter mixto, estructurada bajo el esquema de una sociedad por acciones, pues, en criterio de la parte actora, se transformó en una sociedad por acciones y no en una sociedad de economía mixta, a lo que se suma que no se realizaron los aportes que se señalan en el artículo 5º de los estatutos.

En ese orden, para la Sala la mencionada Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, no es susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que, como se señaló anteriormente, dicho instrumento no es un acto administrativo y tampoco de su contenido se desprende una manifestación de voluntad de la administración que modifique o cree una determinada situación jurídica.

En tal sentido, se reitera que en ésta se protocoliza la reforma de los estatutos haciendo una transcripción de los mismos y se deja constancia de la comparecencia de las entidades que hicieron los respectivos aportes, pero esto no constituye una nueva manifestación de voluntad, ni crea, extingue o modifica la establecida por el Alcalde de Bucaramanga mediante el Decreto 0251 de 1999.

En respaldo de lo anterior, esta Corporación, en sentencia de fecha 30 de agosto de 2012, señaló lo siguiente: “La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo»; (…) de suerte que en esos casos viene a ser una solemnidad del respectivo acto”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta que el cuestionamiento jurídico de la parte actora frente a la citada escritura pública se circunscribe a un presupuesto de eficacia y no de validez del citado instrumento. En efecto, la parte actora considera que la escritura pública es contraria al ordenamiento jurídico al no haberse publicado el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, mediante el cual se reformaron los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga, en la Gaceta Municipal o en el Boletín Oficial de la Alcaldía.

Al respecto, y como bien se analizará con detalle en el numeral VI.4.1.3.1.1. de esta decisión, el juez contencioso administrativo es un juez de validez y no de eficacia, razón por la cual la falta de publicidad no está contemplada dentro de las causales de nulidad contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

En este contexto, la Sala estima que acertó el a quo cuando se inhibió de emitir pronunciamiento respecto de la legalidad de la mencionada escritura pública, en tanto que: (i) no responde a la naturaleza de acto administrativo, y (ii) el cargo de nulidad planteado por la parte actora no se refiere a la validez sino a la falta de publicidad del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997.

Establecido lo anterior, pasa la Sala a determinar si los actos acusados se expidieron de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que debían fundarse.

VI.4.1.3.- Desconocimiento de las normas constitucionales y legales en que los actos demandados debían fundarse

Pretende la parte actora que se declare la nulidad del Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria», proferido por el Alcalde del Municipio de Bucaramanga, y del acto de inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga de la Escritura Pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997. Igualmente, que se declaren nulos los Acuerdos 035 de 6 noviembre de 1998 y 033 de julio 13 de 1999, emanados del Concejo Municipal de Bucaramanga y los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999, 0108 de 19 de julio de 1999, expedidos por el Alcalde de Bucaramanga, al ser expedidos de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que debían fundarse.

Afirma la parte actora que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997, por medio del cual se reforman los estatutos del Establecimiento Público Empresas Públicas de Bucaramanga, no fue promulgado y publicado en la Gaceta Municipal o en el Boletín Oficial de la Alcaldía, dando cumplimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 57 de 1985 y en el 43 del Código Contencioso Administrativo.

Los demandantes también aseguran que la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga, realizada a través del decreto demandado, desconoció lo ordenado mediante Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997, así como lo señalado en los artículos 17, 180 a 182 de la Ley 142 de 1994 y además lo establecido en el artículo 8º del Decreto Ley 1050 de 1968, subrogado por los artículos 38- parágrafo 1º y articulo 97 de la Ley 489 de 1998, ya que se estructuró como una sociedad anónima por acciones y no como sociedad de economía mixta, aunado a que no se realizaron los aportes de capital por los presuntos socios o entidades oficiales, por lo que también se transgredieron los artículos 98 a 121 del Código de Comercio y el artículo 123 de la Constitución.

Agregó la parte actora, que las autorizaciones para la enajenación de acciones de las Empresas Públicas de Bucaramanga expedidas por el Concejo Municipal al Alcalde de Bucaramanga mediante Acuerdos 035 de 1998 y 033 de 1999, no tuvieron en cuenta el programa o plan de enajenación de que trata la Ley 226 de 1995, aunado a que los Decretos 024 de 17 de febrero de 1999 y 108 de 19 de julio de 1999 que aprobaron dichos planes, fueron expedidos sin competencia por el Alcalde de Bucaramanga y además, sin tener en cuenta las condiciones especiales para los destinatarios señalados en el artículo 3º de la Ley 226 de 1995.

En este orden, la Sala abordará el estudio de legalidad respecto cada uno de los actos acusados y teniendo en cuenta los planteamientos expuestos en los recursos de apelación:

VI.4.1.3.1. Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997

VI.4.1.3.1.1. Publicidad

La parte actora afirmó que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 el cual reformó los estatutos del establecimiento público Empresas Públicas de Bucaramanga, no fue publicado en la Gaceta Municipal o en el Boletín Oficial de la Alcaldía, y aun así se protocolizó mediante escritura pública No. 1435 de 23 de mayo de 1997, por lo que a su juicio se desconoció lo previsto en el artículo 1º de la Ley 57 de 1985 y en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo.

Al respecto y para resolver, la Sala pone de presente que de conformidad con el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo «los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto».

Como se observa, la publicidad es uno de los principios del Estado Social de Derecho y hace referencia a la divulgación de los actos proferidos por una autoridad, con el fin de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros afectados o interesados conozcan de las decisiones, con el fin de garantizar el debido proceso.

Ahora bien, la falta de publicidad de un acto administrativo produce inoponibilidad, inexigibilidad y falta de obligatoriedad del mismo, esto es, se trata de un presupuesto para la eficacia del acto administrativo.

Sobre el particular, la Sala estima pertinente advertir que no debe confundirse entre la validez y la eficacia del acto administrativo, en la medida que mientras que con el primero se hace alusión a la conformidad que este tiene con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho vigente, el segundo se refiere a la oponibilidad, que no es otra cosa que la posibilidad de que el mismo produzca efectos jurídicos, presupuesto que se da luego de otorgarle publicidad a la decisión y que la misma quede en firme de conformidad con el artículo 62 del CCA.

Nótese, entonces, que el juez contencioso administrativo es un juez de legalidad, de validez y no es un juez de eficacia, razón por la cual la falta de publicidad no está contemplada dentro de las causales de nulidad dispuestas en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, como se precisó en numerales anteriores.

Ciertamente, al juez de legalidad no le corresponde declarar la falta de eficacia del acto jurídico sino a la Administración, en tanto solo tiene la competencia para pronunciarse sobre los vicios que recaen sobre los elementos de validez del acto administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1999, con apoyo de la jurisprudencia de esta Corporación, consideró:

“[…] el acto administrativo, general o particular, existe desde el momento mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos, es decir, carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación, notificación o comunicación.
[….]
De otra parte, en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aun sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo. […]”

Teniendo en cuenta lo anterior, los actos administrativos expedidos por las autoridades de los diferentes ordenes territoriales existen y son válidos desde el momento mismo de su expedición, pero no producen efectos jurídicos, es decir, no tienen fuerza vinculante, sino a partir de que se realiza su publicación, en tratándose de actos administrativos de carácter general. Sólo a partir de este momento, serán obligatorios y oponibles a terceros.

Sin perjuicio de lo señalado frente a la facultad del juez contencioso administrativo y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que el Decreto 251 de 21 de mayo de 1997 se elevó a escritura pública y se hizo oponible a terceros luego del registro en la Cámara de Comercio efectuado el 30 de mayo de 1997, según lo previsto en el artículo 112 del Código de Comercio el cual dispuso que «Mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios»

Adicionalmente, el Decreto 251 de 21 de mayo de 1997, sí fue publicado en el Boletín especial de la Alcaldía de Bucaramanga No. 1 de 29 de mayo de 1997, según se desprende de la certificación del 2 de diciembre de 1998 suscrita por el gerente del fondo rotatorio de la imprenta de Bucaramanga.

En esa medida, la reforma de estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga ordenada mediante Decreto 251 de 1997 se hizo oponible frente a terceros con el registro ante la Cámara de Comercio acorde con lo establecido en el artículo 112 del Código de Cámara de Comercio y adicionalmente se hizo su publicación en el respectivo boletín de la Alcaldía.

Ahora, aunque el Decreto acusado se elevó a escritura pública ante la Notaría Sexta del Círculo de Bucaramanga con antelación a su promulgación, en criterio de la Sala, tal circunstancia no resta validez a la decisión administrativa, en tanto que, el acto administrativo, como ya se indicó, es válido desde el momento en que se expide y la presunta falta de eficacia no afecta a la misma.

En este contexto, la Sala comparte las consideraciones del a quo en el sentido de que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 sí fue publicado en debida forma y, en todo caso, no es procedente declarar su nulidad habida cuenta que el juez contencioso analiza la validez y no la eficacia del acto.

VI.4.1.3.1.2. De la Transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga

La parte actora sostuvo que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria » proferido por el Alcalde del Municipio de Bucaramanga, desconoció lo ordenado mediante Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997 a través del cual el Concejo de Bucaramanga «ordena la transformación de las empresas públicas de Bucaramanga, la prestación especializada de los distintos servicios a su cargo y se adoptan otras decisiones» y lo señalado en los artículos 17, 180 a 182 de la Ley 142 de 1994, pues tal entidad se estructuró como una sociedad anónima por acciones y no como sociedad de economía mixta, aunado a que no se realizaron los aportes de capital por los presuntos socios o entidades oficiales, por lo que también se transgredieron los artículos 98 a 121 Código de Comercio y el 123 de la Constitución Política.

En relación con este motivo de censura, la Sala entrará a analizar si la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga efectuada mediante Decreto 251 de 21 de mayo de 1997, desconoció las normas constitucionales y legales en que debía fundarse, previo a precisar sobre la naturaleza y régimen de las sociedades de Economía Mixta.

VI.4.1.3.1.2.1. De las sociedades de Economía Mixta

Como premisa normativa, el artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los Concejos:

[…]Artículo 313. Corresponde a los concejos.

(...)

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del Alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. (Subrayado fuera de texto).

El Decreto 1050 de 1968, vigente para la época en que se expidieron los actos demandados, establecía en el artículo 8º:

[…]Artículo 8. De las sociedades de economía mixta. Son organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley.

El grado de tutela y, en general, las condiciones de la participación del Estado en esta clase de sociedades se determinan en la ley que las crea o autoriza y en el respectivo contrato social […]

Asimismo, el artículo 461 del Código de Comercio definió la sociedad de economía mixta como aquella que se constituye con aportes estatales y de capital privado, bajo el siguiente tenor:

[…] ARTÍCULO 461. DEFINICIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado.

Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario […]

Posteriormente, la Ley 489 de 1998, «por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», derogó en forma expresa los Decretos 1050 y 3130 de 1968 y 130 de 1976, y consagró en el artículo 69:

[…] Artículo 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política […].

En el artículo 97, ibidem, definió así las sociedades de economía mixta:

[…] Artículo 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen.

Parágrafo. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado […].

Sobre la participación de las entidades públicas en este tipo de sociedades, el artículo 98 de la citada ley también consagró:

[…] Artículo 98. Condiciones de participación de las entidades públicas. En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad, así como su vinculación a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella […].

De acuerdo con la normativa expuesta para la creación de sociedades de economía mixta es necesario:

Que su creación se autorice por la ley, ordenanza u acuerdo, según el orden territorial que corresponda.
Que el aporte social se encuentre conformado por aportes de la Nación, de particulares o de otras entidades públicas de cualquier clase;
Su objeto social es la realización de actividades industriales o comerciales. Lo que significa que se constituye como una sociedad comercial que debe formarse mediante el contrato de sociedad conforme al Código de Comercio;
El funcionamiento y organización estará regido por el derecho privado, exceptuando aquellos casos en los que sean aplicables los principios de derecho público. Sin embargo, aquellas que tengan una participación estatal superior o igual al 90% se regirán por las normas aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado.
Estas sociedades tienen personería jurídica y autonomía administrativa y financiera y, como consecuencia de ello, sus activos y rentas no forman parte del presupuesto general de la Nación. Pero sus excedentes o utilidades significaran recursos de capital para la Nación, según sea el porcentaje de participación o la proporción del capital de dichas compañías.
Vinculación a la Rama Ejecutiva como integrante del sector descentralizado.

Lo anterior fue destacado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 736 de 2007, al referir sobre los elementos configurativos de las sociedades por economía mixta, en los siguientes términos:

[…]A partir de estas normas legales puede establecerse que hoy en día los elementos configurativos de las sociedades de economía mixta son (i) creación o autorización legal; (ii) carácter de sociedades comerciales; (iii) su objeto social es el cumplimiento de actividades industriales y comerciales, con ánimo de lucro; (iv) sujeción a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley; (v) capital integrado por aportes del Estado y de particulares, en cualquier proporción; (vi) vinculación a la Rama ejecutiva como integrante del sector descentralizado y consecuente sujeción a controles administrativos.[…].

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el Acuerdo 051 del 21 de noviembre de 1972 fue el acto de creación de las Empresas Públicas de Bucaramanga como un establecimiento público autónomo de carácter municipal encargado de la Dirección, Administración y prestación de servicios municipales de Acueducto, Alcantarillado, Teléfonos, Aseo, Plazas de Mercado, Matadero, Plaza de Ferias, Planta de Pavimento, Central de Transportes, Central de Abastecimientos y Estación Terminal de Productos de Petróleo “Terpel”. – Artículo 1º

El Concejo municipal por medio del Acuerdo 053 del 8 de abril de 1987, aprobó una reforma a los estatutos de la empresa, pero no cambió la naturaleza jurídica de la entidad.

A través del Acuerdo 102 de 12 de diciembre de 1995, se aprobó el proceso de liquidación de las Empresas Públicas de Bucaramanga, para en su lugar dar paso a la creación y formación de varias Empresas de Servicios Públicos, para la eficiente prestación de estos, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 142 de 1994, este Acuerdo estableció:

[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la liquidación del establecimiento público denominado Empresas Públicas de Bucaramanga”.
(…)
ARTICULO SEGUNDO: Facultar al señor Alcalde para que dentro de los cinco (5) meses siguientes a la vigencia del presente acuerdo, lleve a efecto el proceso de liquidación ordenado en el artículo anterior y tome las decisiones a que hubiere lugar para el logro de ese cometido.
(…) ARTICULO TERCERO: Autorizar la creación dentro del mes siguiente a la liquidación ordenada en el artículo primero de los siguientes organismos municipales:
a) Empresas de Servicio de Telecomunicaciones de Bucaramanga E.S.P. b) Empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga E.S.P. Los mencionados organismos se estructuran bajo la forma de empresas de servicios públicos mixta en los términos de la Ley 142 de 1994.
(…) ARTICULO CUARTO: facultar al señor Alcalde para enajenar a personas naturales o jurídicas, privadas o públicas todos los bienes y activos destinados a los servicios de matadero, ferias y plazas de mercado, o para organizar una sociedad de economía mixta o privada encargada de la prestación de esos servicios dentro del mismo término señalado en el artículo 3º. del presente acuerdo
[…] (Resalta la Sala).

En este Acuerdo 102, se consideró conveniente para la buena gestión de los servicios públicos de Telefonía, Aseo, Plazas de Mercado, Matadero, Plazas de Ferias y otros similares, que estos fueran administrados por empresas independientes constituidas por acciones o por empresas industriales y comerciales del Estado, de conformidad con la Ley 142 de 1994.

Por consiguiente, facultó al alcalde para que, dentro de los 5 meses siguientes a la entrada en vigencia del referido Acuerdo, llevara a cabo la liquidación, pudiendo para el efecto enajenar los bienes y activos destinados a los mataderos, ferias y plazas de mercado o para organizar una sociedad de economía mixta o privada encargada de la prestación de dichos servicios. Asimismo, autorizó al Alcalde para crear las Empresas de Telecomunicaciones de Bucaramanga E.S.P y la Empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga E.S.P., las cuales se estructurarían bajo la forma de Empresa de Servicios Públicos mixta en los términos de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, a través del Acuerdo 023 del 30 de mayo de 1996, se modificó el Acuerdo 102, en el sentido de prorrogar el término de 5 meses otorgado al Alcalde para llevar a cabo el proceso de liquidación de las Empresas Públicas de Bucaramanga, hasta el 30 de mayo de 1997.

En virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Bucaramanga expidió el Acuerdo 014 del 23 de abril de 1997 a través del cual «ordena la transformación de las empresas públicas de Bucaramanga, la prestación especializada de los distintos servicios a su cargo y se adoptan otras decisiones», bajo las siguientes consideraciones:

[…] Que mediante Acuerdo 102 de 1995 se ordenó a liquidación de las Empresas Públicas de Bucaramanga y se autorizó la creación de los siguientes organismos municipales: Empresas de Servicios de Telecomunicaciones de Bucaramanga E.S.P., Empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga E.S.P.;

Que mediante el Acuerdo 102 de 1995 se facultó al Alcalde de Bucaramanga para enajenar los bienes y activos destinados a los servicios de matadero, ferias y plazas de mercado, o para organizar una sociedad de economía mixta o privada encargada de la prestación de dichos servicios;

Que en desarrollo del proceso de liquidación ordenado por el Acuerdo 102 de 1995 se profundizó en los estudios de diagnóstico empresarial precedentes a dicho Acuerdo lo cual permitió advertir la factibilidad de obtener los propósitos de eficiencia, calidad y competitividad, introduciendo los ajustes de orden institucional tendientes a la supresión de las extralegalidades (sic) laborales que afectan su viabilidad empresarial;

Que para dar cumplimiento a los mandatos contenidos en la ley 142 de 1994 es preciso especializar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, mediante la estructuración de sus respectivas operaciones a efecto de que sean asumidas por instituciones independientes organizadas como empresas de servicios públicos domiciliarios. Así mismo, organizar la prestación de los servicios públicos no domiciliarios actualmente a cargo de las Empresas Públicas de Bucaramanga; y transferir al Municipio el patrimonio vinculado al servicio de plazas de mercado, hasta que se defina la nueva forma de organización de este servicio; y

Que para alcanzar dichos objetivos los referidos estudios recomiendan como la mejor opción institucional el que organicen los servicios públicos domiciliarios bajo la estructura de sociedades de economía mixta, en la cual adicionalmente se garantice la vinculación de un operador y/o socio que satisfaga, entre otras, las exigencias de una operación eficiente, aporte tecnológico, incorpore nuevos recursos de capital y sea capaz de generar valor agregado a las compañías durante su vida útil. […]

A través de esta disposición se ordenó la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga en una sociedad de economía mixta bajo los términos de la Ley 142 de 1994, denominada EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA E.S.P y para dar cumplimiento a lo allí ordenado, facultó al Alcalde para adoptar, entre otras, las siguientes decisiones:

[…] Artículo 1º: Ordenar la transformación de las empresas públicas de Bucaramanga en una sociedad de economía mixta bajo los términos de la ley 142 de 1994, la cual se denominará Empresas Públicas de Bucaramanga ESP-

Parágrafo: De la nueva organización se sustrae el patrimonio afecto a la prestación del servicio de plazas de mercado y en general los bienes de uso público vinculados a la prestación de los servicios actualmente a cargo de las Empresas Públicas de Bucaramanga, los cuales se transferirán el municipio hasta que se decida sobre la destinación de los mismos.

Artículo 2º: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la ley 142 sobre prestación de los servicios públicos domiciliarios, facúltese al Alcalde para adoptar las siguientes decisiones:

Aprobar la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga a efecto de reestructurarla como una sociedad de economía mixta bajo los parámetros de la ley de servicios públicos domiciliarios y definir en ellos las porciones del patrimonio que habrán de transferirse a las nuevas organizaciones empresariales encargadas de la prestación de dichos servicios;

Definir la nueva estructura institucional para la organización y prestación especializada en los servicios públicos domiciliarios actualmente a cargo de las Empresas Públicas de Bucaramanga;

Definir el destino de los bienes vinculados a la prestación de los servicios públicos no domiciliarios atendidos por ésta, incluidas las facultades para decidir sobre la desafectación y afectación compensatoria de bienes de uso público, si a ello hubiera lugar;

Participar en representación del municipio en la creación de las nuevas empresas a que hubiera lugar en desarrollo de las autorizaciones precedentes;

Tomar las medidas pertinentes en orden a preservar la continuidad en la prestación de los servicios públicos materia de este acuerdo y en general, para adoptar las decisiones que fueran necesarias a objeto del cabal cumplimiento de lo aquí ordenado, incluyendo las de celebrar contratos, realizar operaciones de crédito y de carácter presupuestal y otorgar garantías.

PARÁGRAFO 1º: para el ejercicio de las atribuciones previstas en los literales a, b y c del presente artículo señálese el término de 6 meses contados a partir de la vigencia de este acuerdo.

PARÁGRAFO 2º: Para el ejercicio de las facultades previstas en los literales b y c del presente artículo, el alcalde deberá oír previamente el concepto de una comisión accidental del Concejo Municipal integrada por el presidente del Concejo y un miembro de cada una de las comisiones permanentes escogidos por la mesa directiva.

ARTÍCULO 3º: Para el ejercicio de las facultades otorgadas por el presente acuerdo al alcalde deberá observar los siguientes criterios y políticas generales: a) Las empresas de servicios públicos domiciliarios que se constituyan se estructurarán bajo la forma de sociedades de economía mixta;

b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios deberán adoptar un sistema de administración que garantice la vinculación de un operador y/o socio calificado de conformidad con los criterios establecidos en la parte motiva del presente acuerdo.

c) En el evento de que se produjera la enajenación de activos vinculados a la Empresas Públicas de Bucaramanga, el producto obtenido con dichas operaciones que no fuera requerido para la cancelación de pasivos será destinado por el alcalde al financiamiento del plan de desarrollo vial de Bucaramanga y la inversión social según la distribución que hiciera el alcalde previa aprobación del Concejo Municipal.

d) Si hubiera lugar a la enajenación de acciones que posee el municipio en las empresas de servicios públicos objeto de este acuerdo se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política en la Ley 226 del 95 y en las disposiciones que lo reglamenta.

ARTÍCULO 4º: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que fueran contrarias en especial el acuerdo 102 del 95 y el acuerdo del 23 de mayo 30 de 1996. […]

Atendiendo las facultades otorgadas mediante el citado Acuerdo, el Alcalde Municipal de Bucaramanga, expidió el Decreto 0251 del 21 de mayo de 1997 acusado «por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria», al respecto dispuso:

[…] A. Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 014 de 1997 ordenó la transformación de las Empresas Públicas de Bucaramanga, a objeto de convertirla en una Sociedad de Economía Mixta bajo las regulaciones de la Ley 142 de 1994.

B. Que en el Acuerdo mencionado en el considerando precedente se le confirieron facultades al Alcalde para que se impartiera aprobación al nuevo ordenamiento estatutario que fuere preciso adoptar para producir la transformación institucional allí ordenada.

C. Que las empresas públicas de Bucaramanga han sometido a consideración de este despacho un proyecto de estatutos que refleja acertadamente la conversión de éstas en una sociedad de economía mixta con sujeción a los preceptos contenidos en la ley 142 de 1994.

En virtud de lo anterior,
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el nuevo ordenamiento estatutario estructurado para regular las previsiones indicadas en la parte motiva del presente Decreto; el cual hace parte integral de este Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el perfeccionamiento de la mencionada reforma estatutaria el representante legal de las Empresas Públicas de Bucaramanga debe proceder a su protocolización ante Notario y su pertinente inscripción en la Cámara de Comercio de la ciudad.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. […]

De acuerdo con lo anterior y contrario a lo señalado por la parte actora, es claro para la Sala que el Acuerdo 014 del 23 de abril de 1997 ordenó la transformación de las empresas públicas de Bucaramanga en sociedad de economía mixta bajo los términos de la ley 142 de 1994 y que mediante Decreto 0251 de 1997 se señaló que esta entidad seria transformada efectivamente en una sociedad de esa naturaleza.

En lo atinente a los estatutos, la Sala encuentra que se dispuso lo siguiente:

“REFORMA GENERAL DE ESTATUTOS

Capítulo primero: nombre - naturaleza – domicilio - objeto social

ARTÍCULO PRIMERO: la sociedad Empresas Públicas de Bucaramanga es una empresa de servicios públicos domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de carácter mixto, de nivel municipal, estructurada bajo el esquema de una sociedad por acciones, regulada por la Ley 142 de 1994, por las disposiciones que la complementen, reglamenten, sustituyan o modifiquen, por los presentes estatutos y por las normas del código de Comercio en lo pertinente las Sociedades Anónimas su nombre estará seguido por las letras ESP qué significan Empresa de Servicios Públicos (…)

El objeto social de la empresa es la prestación de servicios públicos domiciliarios de aseo, telefonía pública básica conmutada y móvil rural y las actividades complementarias de estos servicios, de acuerdo a lo definido en la ley sobre esta materia.

Adicionalmente y con carácter transitorio mientras se define una nueva organización empresarial prestará los servicios de matadero y plaza de ferias.

La cobertura de los servicios será preferentemente la del municipio de Bucaramanga y demás municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga, pero podrá extenderse a cualquier municipio colombiano en el que pueda ofrecerse eficientemente.

La sociedad podrá desarrollar actividades complementarias de los servicios que preste y prestar a cualquier entidad oficial o de naturaleza privada, los servicios de asesoría y asistencia de carácter técnico operativo administrativo e institucional que fueren requeridos para el diseño, construcción, manejo administración de los servicios públicos domiciliarios que preste.

La sociedad podrá participar como socia en otras empresas de servicios públicos o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto cuando no exista una oferta satisfactoria del bien o servicio en el mercado.

También podrá la sociedad en desarrollo de su objeto a) Asociarse con personas nacionales o extranjeras o formar consorcios con ellas. b) Adquirir, enajenar, administrar construir, conservar, mejorar bienes muebles e inmuebles, necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines. c) Girar, aceptar, otorgar, endosar, ceder, negociar, cobrar, descontar y dar en prenda o garantía toda clase de títulos valores y demás efectos civiles y comerciales. d) Comprar y vender acciones, bonos, documentos de deuda pública emitidos por empresas o entidades de cualquier naturaleza mediante operaciones que deberán hacerse sin ánimo especulativo. e) Celebrar con compañías aseguradoras operaciones relacionadas con la protección de los bienes propios o aquellos cuya tenencia detente, a cualquier título con la protección de los negocios o personal a su servicio. f) Transferir, desistir y apelar la decisión de árbitros o de amigables componedores o de expertos, en los asuntos que tenga interés frente a terceros, a los socios, a los administradores y demás funcionarios o trabajadores de la sociedad. g) Contratar servicios de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros. h) Tomar dinero en mutuo, con garantías sí es el caso. i) Con autorización de la junta directiva, la Sociedad podrá formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada siempre y cuando que el giro de sus negocios sea similar, a fin o complementario o que tenga relación directa con el objeto de la sociedad, o fuera útil para el mejor desarrollo de su objeto social. j) Garantizar por medio de fianzas, prendas, hipotecas o depósitos, sus propias obligaciones, aceptar, negociar, ceder, endosar títulos de obligaciones privadas, así como celebrar el contrato de cuenta corriente y realizar todas las operaciones propias del giro bancario. k) Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotación. l) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que tiendan a la realización de los fines que persigue la Sociedad o que se relacionen con su existencia y funcionamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL

ARTÍCULO QUINTO: El capital autorizado de la empresa es de SEIS MIL MILLONES CIEN MIL PESOS ($6.000.100.000) dividido en SESENTA MILLONES CIEN MIL CIEN (60.100.100) acciones a un valor nominal de CIEN PESOS ($100) cada una y a un valor intrínseco inicial de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 15/100 (2523.15).

El capital suscrito y pagado asciende a la suma de SEIS MIL MILLONES CUATROCIENTOS PESOS ($6.000.000.400) y corresponde a las siguientes suscripciones:

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA suscribe SESENTA MILLONES DE ACCIONES, por un valor nominal de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000) y equivalente a un valor intrínseco de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($151.388.860.000) constitutivos de aportes en especie y representados en los activos que el municipio posee en las Empresas Públicas de Bucaramanga y reflejados en el balance inicial de la Empresa transformada que se anexa este instrumento.

2. CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA: una (1) acción por valor nominal de CIEN PESOS ($100) y equivalente a un valor intrínseco de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 15/100 ($2523.15).

3. INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – INVISBU-: una (1) acción por valor nominal de CIEN PESOS ($100) y equivalente a un valor intrínseco de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 15/100 ($2523.15).

4. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA una (1) acción por valor nominal de CIEN PESOS ($100) y equivalente a un valor intrínseco de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 15/100 ($2523.15).

5. COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA una (1) acción por valor nominal de CIEN PESOS ($100) y equivalente a un valor intrínseco de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 15/100 ($2523.15).

PARÁGRAFO PRIMERO: se deja expresamente advertido que los aportes indicados en el presente artículo han sido pagados en su totalidad por sus respectivos suscriptores. Los activos constitutivos del aporte en especie han sido recibidos en su totalidad por los valores previstos en el balance inicial de la empresa transformada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: la Junta Directiva podrá ordenar aumentos del capital autorizado, cuando ella fuera necesario para obtener nuevos aportes destinados a cubrir nuevas inversiones en infraestructura de los servicios a su cargo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Queda expresamente advertido que el valor de suscripción de las acciones que corresponden a las accionistas diferentes del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA será reajustado con una prima a favor de la empresa, equivalente a la diferencia entre el valor intrínseco de la suscripción y el valor comercial de la primera suscripción que se haga en el futuro. Dicho valor será cancelado entre los sesenta días siguientes a la ocurrencia del referido evento. […]

De la lectura detallada de dichos estatutos, la Sala observa que se estableció de manera expresa que las «Empresas Públicas de Bucaramanga es una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, de nivel municipal, estructurada bajo el esquema de una sociedad por acciones, regulada por la Ley 142 de 1994, por las disposiciones que la complementen, reglamenten, sustituyan o modifiquen, por los estatutos y por las normas del Código de Comercio en lo pertinente las Sociedades Anónimas».

Como se vislumbra, al igual que como se consideró en precedencia, la parte demandada sí observó el mandato contenido en el Acuerdo 014, en tanto que la empresa se constituyó como una sociedad mixta, esto es, con aportes estatales y particulares.

Ahora bien y en cuanto a la tipología de la sociedad, para la Sala no cabe duda que los estatutos tampoco desconocieron lo dispuesto en las normas superiores, toda vez que las sociedades de economía mixta pueden constituirse bajo cualesquiera de las formas de sociedad previstas en el Código de Comercio, tales como colectivas, en comanditas simples o por acciones, de responsabilidad limitada o anónimas, salvo que el legislador le haya dado una especial para ello.

En lo atinente a las empresas de servicios públicos, la Sala recuerda que el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 dispuso que “las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley”, norma que fue declarada exequible mediante sentencia de la Corte Constitucional C-741/03.

En cuanto al régimen jurídico de las empresas de servicios públicos, la Sala advierte que el mismo fue detallado en el artículo 19 ibidem, como se observa a continuación:

[…]19.1. El nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras "empresa de servicios públicos" o de las letras "E.S.P."

19.2. La duración podrá ser indefinida.

19.3. Los aportes de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros.

19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de la Junta Directiva, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas tengan. La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de oferta pública de valores ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran, las pagarán en los plazos que la empresa establezca, simultáneamente con las facturas del servicio.

19.5. Al constituir la empresa, los socios acordarán libremente la parte del capital autorizado que se suscribe.

19.6. Serán libres la determinación de la parte del valor de las acciones que deba pagarse en el momento de la suscripción, y la del plazo para el pago de la parte que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre, en sus estados financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cual no.
19.7. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente.

19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no se haya hecho el registro prescrito en el artículo 756 del Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble, relacionados con su constitución. Es deber de los aportantes y de los administradores emplear la mayor diligencia para conseguir que se hagan tales registros, y mientras ello no ocurra, no se tendrán por pagados los aportes respectivos. Quienes se aprovechen de la ausencia de registro para realizar acto alguno de disposición o gravamen respecto de los bienes o derechos que sobre tales bienes tenga la empresa, en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será absolutamente nulo.

19.9. En las asambleas los socios podrán emitir tantos votos como correspondan a sus acciones; pero todas las decisiones requieren el voto favorable de un número plural de socios.

19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad; pero si se va a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infraestructura se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores.

19.11. Las actas de las asambleas deberán conservarse; y se deberá enviar copia de ellas y de los balances y estados de pérdidas y ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia tendrá en relación con los balances y el estado de pérdidas y ganancias las facultades de que trata el artículo 448. <sic> del Código de Comercio. También será necesario remitir dichos documentos a la entidad pública que tenga la competencia por la prestación del servicio o a la comisión de regulación cuando alguna de ellas o un socio lo soliciten.

19.12. La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código de Comercio, o en el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista.

19.13. Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están obligados a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de Servicios Públicos, y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha situación. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que esta se encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que ocasionen.
19.14. <Numeral INEXEQUIBLE>.

19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.

19.16. La composición de las juntas directivas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se establecerá que en ellas exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria.

}19.17. En el caso de empresas mixtas, cuando el aporte estatal consista en el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público, su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el derecho privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial en lo que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales de la restitución de los bienes aportados. […]

Cabe resaltar que de conformidad con el artículo 180 el legislador ordenó la transformación de las entidades descentralizadas que estuvieran prestando los servicios públicos domiciliarios, en sociedades por acciones o en empresas industriales y comerciales del Estado, en un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la ley 142 de 1994.

Nótese, entonces, que la parte actora confunde la constitución de la empresa y los aportes de la misma, en la medida que no tiene en cuenta que una sociedad de economía mixta puede constituirse por acciones, al tenor de los dispuesto en las mencionadas disposiciones.

Recordemos que las sociedades de economía mixta se encuentran catalogadas como un tipo de sociedad caracterizado porque el capital de estas se encuentra conformado por aportes estatales y privados; es decir, que en estas hay participación del estado y no aportes meramente privados.

De manera que, si bien la parte actora alegó que se desconoció la naturaleza de las sociedades de economía mixta por constituirse por acciones, lo cierto es que, estas sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden revestir la forma de sociedad por acciones.

En suma, la Sala no evidencia que el Decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 «Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria » haya desconocido las normas legales vigentes para el momento de los hechos, pues el mismo Acuerdo 014 de 23 de abril de 2007 que se afirma transgredido, señaló que la transformación en empresas púbicas de Bucaramanga como sociedad de economía mixta debía hacerse como empresa prestadora de servicios públicos bajo los términos de la Ley 142 de 1994.

Aunque se afirmó por el recurrente que «para que una sociedad de economía mixta pueda ser calificada como tal es necesario que el aporte estatal a través de la nación, o de entidades territoriales, de entidades descentralizadas por servicios o de establecimientos públicos no sea inferior al 50% del total del capital social, efectivamente suscrito y pagado a la sociedad», ha de tenerse en cuenta que, el Acuerdo 014 de 1997 no precisó el porcentaje del capital proveniente de entidades públicas que integrarían la sociedad de economía mixta, pues en el artículo 2º, que fue transcrito en aparte anterior, tan solo se facultó al Alcalde para aprobar la «reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga a efecto de reestructurarla como una sociedad de economía mixta bajo los parámetros de la ley de servicios públicos domiciliarios y definir en ellos las porciones del patrimonio que habrán de transferirse a las nuevas organizaciones empresariales encargadas de la prestación de dichos servicios».

De acuerdo con lo anterior, el Acuerdo del Concejo tan solo previó que hubiera participación de capital estatal, pero no en qué porcentaje.

Aun así, de la certificación del 28 de mayo de 1997 suscrita por el gerente general de las Empresas Públicas de Bucaramanga se extrae efectivamente el carácter mixto de la empresa, en tanto se observa el capital estatal y particular suscrito y pagado por la misma.

Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la reforma de los estatutos, aprobada mediante el Decreto 251 de 1997, no desnaturalizó el concepto de la sociedad de economía mixta.

Además, ha de referir la Sala que no se aportó prueba que acredite que los aportes de capital social que se relacionan en los estatutos como suscritos y pagados por el Municipio de Bucaramanga, por la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, por el Instituto de Vivienda de Interés Social -Invisbu-, por el Área Metropolitana de Bucaramanga y por la Cooperativa de los Empleados de las Empresas Públicas de Bucaramanga, no se hubieran efectuado.

Al respecto, en el plenario obra constancia de pago y comprobante de egreso de la Tesorería No. 6752 por valor de $10.092,60 pagado por la Caja de Previsión Social Municipal, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Invisbú y la Cooperativa de Empleados y aunque su fecha de expedición fue alterada, tal circunstancia no invalida que tales aportes se hubieren realizado.

Lo anterior, pues también se aportó el certificado de 21 de mayo de 1997 suscrito por el revisor fiscal de Empresas Públicas de Bucaramanga en el que se dejó constancia que «de acuerdo con el balance general inicial de las empresas públicas de Bucaramanga dentro del proceso de transformación presenta la siguiente información accionaria: número de acciones 60.000.000 valor nominal de la acción 100, valor intrínseco de la acción 2523,15, se expide a los 21 días del mes de mayo de 1997».

De manera que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, obran pruebas que permiten establecer que los aportes de capital se efectuaron, acorde con lo señalado en el decreto demandado.

A manera de conclusión, la Sala estima que el Decreto 251 no desconoció lo dispuesto en el Acuerdo 014 de 1997, en tanto que no queda duda acerca de la naturaleza de la empresa de servicios públicos, su objeto y su constitución, según se ha explicado en precedencia. Bien lo consideró el a quo cuando advirtió que “la naturaleza de sociedad de economía mixta es compatible con la de acciones y se apoyó en lo expuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, en los artículos 5º y 180 de la Ley 142 de 1994, lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C - 741 de 2003”.

Así pues, al momento de la expedición del Decreto 251 de 21 de mayo de 1997 no se encuentra que se haya desconoció lo establecido en el Acuerdo 014 de 23 de abril de 1997 y tampoco las disposiciones constitucionales y legales señaladas en la demanda.

Ciertamente, la Sala recuerda que la constitución de la empresa se dio en los términos establecidos en el Decreto 1050 de 1998, el cual se encontraba vigente para la época de los hechos, en la que no se hacía distinción respecto a estos tipos societarios.

No debe olvidarse que con posterioridad a la expedición de los hechos y actos acusados en este proceso, esto es, 10 años después, la Corte Constitucional en sentencia C- 736 de 2007, precisó que las empresas de servicios públicos podían ser sociedades por acciones, pero fijó una interpretación en cuanto a la naturaleza de las mismas, en tanto que señaló que ese tipo de empresas más que sociedades de economía mixta se trata de entidades de tipología especial expresamente definida por el legislador en desarrollo de las normas superiores antes mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad.

Al respecto, recordó que durante muchos años se habían presentado diversas interpretaciones en cuanto a la naturaleza de ese tipo de empresas, por lo que consideró la necesidad de aclarar tal circunstancia. En ese sentido, señaló que las empresas de servicios públicos mixtas no deben ser asimiladas con las sociedades de economía mixta, pues las primeras hacen parte de una nueva tipología societaria introducida por la Ley 142 de 1994, creación que encuentra sustento en el artículo 365 de la Constitución Política y las segundas requieren autorización legal para su creación, se conforman por la concurrencia de capital público y privado en cualquier proporción y son parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva.

Sobre el particular esta Corporación, en sentencia de 5 de noviembre de 2020 precisó que después de la sentencia C-736 de 2007, la posición del Consejo de Estado se ha mantenido incólume sobre la condición de entidades descentralizadas de las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios :
[…] En suma, es posible afirmar que después de la sentencia C-736 de 2007, la posición de esta Corporación se ha mantenido incólume sobre la condición de entidades descentralizadas de las empresas mixtas de servicios públicos domiciliarios, claro está, con variaciones en su tesis original, como quiera que después del referido pronunciamiento de la Corte Constitucional se consideró que aquellas empresas no podían asimilarse a las sociedades de economía mixta, en tanto ese entendimiento contrariaba la Constitución Política […].

Así entonces tanto esta Corporación como la Corte Constitucional desde el 2007 han entendido que las empresas de servicios domiciliarios mixtas, independientemente de su conformación accionaria, son entidades descentralizadas, pero no son una subespecie de las sociedades de economía mixta.

Tal posición jurisprudencial en nada afecta la decisión aquí adoptada, en tanto que: (i) en el sub examine el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Alcalde de Bucaramanga se había excedido en la constitución de las empresas públicas de Bucaramanga en la medida que constituyó una sociedad por acciones mientras que el Concejo de la ciudad a través del Acuerdo 014 de 1997 había ordenado constituir una sociedad de economía mixta; (ii) no se está discutiendo en el proceso de la referencia si era o no una sociedad de economía mixta sino que si dicha sociedad de economía mixta podía revistar la naturaleza de una sociedad por acciones y; (iii) la regla jurídica interpretativa de la Corte Constitucional plasmada en la sentencia C-736 de 2007 y adoptada por esta Corporación fue establecida 10 años después de la expedición de los actos acusados, no debe olvidarse que las decisiones del alto Tribunal Constitucional tienen efectos hacia el futuro y que el juicio de legalidad que realiza el juez contencioso administrativo se hace al momento de la expedición de los actos jurídicos objeto de análisis, sin tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que se tengan con posterioridad a los mismos.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los argumentos de los recursos de apelación relacionados con la afectación de la «unidad de empresa, unidad de explotación económica, sustitución patronal y forma de vinculación de los trabajadores de las Empresas Públicas de Bucaramanga», y la declaratoria de nulidad de «las resoluciones acusadas No. 00846 de 29 de abril de 1876 de 11 de agosto de 1999 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que denegaron la declaratoria administrativa de Unidad de Empresa, por desconocer lo previsto en los artículos 67 a 70, 194 del Código Sustantivo del Trabajo y 25 del Código de Comercio», la Sala advierte que se trata de aspectos que no fueron planteados en ninguna de las demandas que conforman este expediente acumulado, de ahí que no resulte viable descender a su estudio, toda vez que ello implicaría una modificación de la causa petendi, y por ende la vulneración del derecho de contradicción y defensa de la contraparte.

En este contexto, la Sala confirmará la decisión instancia, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

VI.4.1.3.2. Acuerdos 035 de 1998 y 033 de 1999 - Plan de enajenación de las acciones del Municipio de Bucaramanga

En este punto corresponde a la Sala establecer si el plan de enajenación de las acciones del Municipio de Bucaramanga debía presentarse por el Alcalde Municipal junto con la solicitud de autorización de la venta de acciones.

Dentro de los cometidos constitucionales del Estado se halla el de promover el acceso a la propiedad; pero, tal propósito consagra además unas condiciones especiales a favor de los trabajadores y organizaciones solidarias, cuando se trata de la enajenación de la participación accionaria de las empresas previamente estatales.

El artículo 60 de la C.P., dispone al respecto:

[…] El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia […].

La Corte Constitucional interpretó el alcance de esta disposición en los siguientes términos:

[…] La Constitución, al adoptar la fórmula política del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), propugna por la democratización de la propiedad, que tiene como objeto generar condiciones propicias para permitir que ciertos grupos tengan acceso a ésta más fácilmente. Esta opción constitucional se materializa en diversas normas constitucionales, y en especial en el artículo 60 de la Carta, el cual, como esta Corte lo ha señalado, contiene dos mandatos diferenciados, pues simultáneamente establece un principio general y una regla. Así, el inciso primero establece el principio según el cual es obligación del Estado facilitar y promover el acceso a la propiedad. Y seguidamente, el inciso segundo del mismo artículo desarrolla ese principio, por medio de una regla especial, ya que consagra un derecho preferencial de los trabajadores y de las organizaciones solidarias, en la enajenación que haga el Estado de su participación en alguna empresa en la cual tenga parte.

Esta forma de interpretar el contenido del artículo 60 de la Constitución parte de las mismas consideraciones que hizo esta Corporación en la sentencia C–392 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, en donde distinguió las dos diversas estructuras normativas del artículo en cuestión. La Corte aclaró en esa providencia que el primero de los incisos incluía una cláusula “programática y promocional”, a través de la cual el Constituyente consagró un derecho de todas las personas de acceder a la propiedad, que el Estado “debe intentar realizar en la medida de sus posibilidades jurídicas y fácticas”. El segundo inciso, precisó esa sentencia, tiene una característica normativa distinta, pues está construido a la manera de una regla, ya que establece una obligación específica para el caso concreto de enajenaciones de participación de capital del Estado en una empresa. En otras palabras, este segundo inciso consagra “una regla clásica bajo la forma de mandato definitivo, puesto que a una determinada hipótesis fáctica (la enajenación de participación estatal en una empresa) atribuye una consecuencia ineluctable: el derecho de preferencia de los trabajadores y organizaciones solidarias.”

Esta Sección, también se pronunció frente al alcance del principio de la democratización accionaria bajo las siguientes consideraciones:

“[…] 4.1 Alcance de la democratización accionaria.

La norma del art. 60 de la C.P. traduce, en lo económico, el principio democrático formulado como sustento de la organización social y estatal en el art. 1o. de dicho estatuto constitucional, al imponer al Estado el imperativo de que, cuando enajene su participación accionaria en una empresa, ‘tomará las medidas conducentes (subraya la Sala) a democratizar’ su propiedad accionaria. Tales medidas, que deben adoptarse a través de la ley, necesariamente han de estar dirigidas a que efectivamente se cumpla el designio democratizador de la norma que, a juicio de la Corte, apunta a eliminar la concentración de la riqueza, lo que naturalmente supone que las acciones han de quedar en manos del mayor número de personas.

Bajo la perspectiva analizada, el proceso de democratización debe adelantarse en condiciones de total claridad y bajo parámetros que garanticen el hecho de que la propiedad accionaria estatal se traslada preferencial y efectivamente a los trabajadores y a las organizaciones solidarias, y se consolida en forma real en cabeza de estos, sin perjuicio de la opción que, a posteriori, tienen otras personas para adquirir las referidas acciones.

No es concebible que un proceso de venta de la propiedad accionaria pueda, a su vez, dar lugar a una peligrosa concentración de dicha propiedad, que justamente combate el proceso de democratización, o propiciar incluso manejos o conductas inadecuadas y abusivas, contrarias al espíritu de la norma, por los empleados de la empresa o de las organizaciones solidarias, como sería el de actuar como testaferros, tras un fin simplemente especulativo o de obtener un enriquecimiento sin causa, a costa del patrimonio estatal, y en favor de personas o grupos con poder económico, interesados en adquirir las acciones.

Consecuente con lo anterior, y para evitar que el proceso de democratización accionaria sufra las desviaciones apuntadas, la administración, con arreglo de la ley, está habilitada de los poderes necesarios, para imponer limitaciones razonables y justificadas a la negociación accionaria, que naturalmente conduzcan a impedir la presencia de dichas desviaciones y a evitar que se desconozca la voluntad del constituyente”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1994. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

La Ley 226 de 1995 desarrolló el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal y tomó medidas para su democratización, así entonces, definió el campo de aplicación (art. 1°); previó los principios que rigen la materia, tales como democratización, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio (arts. 2 a 5°); estableció el procedimiento especial que debe seguirse en la enajenación y las actuaciones administrativas que deben cumplirse (art. 6° a 13 y 17); así como las normas de exclusión, disposiciones sobre el tratamiento presupuestal y destinación de los recursos producto de la enajenación (art. 18 a 23).

Ahora bien, resulta pertinente resaltar que la Ley 226 de 1995 reguló lo pertinente a la enajenación de la propiedad accionaria del nivel nacional, y respecto a las entidades territoriales y sus descentralizadas, en el artículo 17 dispuso:

[…] Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de esta Ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas.

Los Concejos Municipales o distritales o las Asambleas Departamentales, según el caso autorizarán, en el orden territorial las enajenaciones correspondientes. […]

En ese orden, como el caso se trata de la enajenación de acciones de las Empresas Públicas de Bucaramanga, esto es, de una entidad territorial descentralizada, lo dispuesto en la Ley 226 de 1995, debe adaptarse a su organización.

Al analizar el respectivo procedimiento de enajenación previsto en la Ley 226 de 1995, encuentra la Sala, que el programa de enajenación debe ser diseñado en cada evento en particular, sin embargo, no se verifica que éste deba ser presentado ante el Concejo Municipal con la solicitud de proyecto de autorización de la venta de acciones.

Al respecto, no existe sustento normativo para señalar que, el programa de enajenación que regula la Ley 226 de 1995 sea un requisito previo y que, sin este, el Concejo Municipal no podía proferir autorización para la venta de la propiedad accionaria que poseía el Municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga.

Ha de tenerse en cuenta que el parágrafo del artículo 8º de la Ley 226 de 1995, en el que se apoyó la parte actora, estableció que «El plan de enajenación anual en forma global con sus avalúos preliminares respectivos debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año». Pero no impuso la obligación de presentarlo junto con la solicitud de autorización para la venta de las acciones del municipio tal como se afirmó en las demandas acumuladas.

En el caso sub examine, la Sala verifica que el Alcalde Municipal de Bucaramanga radicó ante el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo No. 130 de 21 de octubre de 1998, y como exposición de motivos se afirmó:

[…]Presentó ante la H. Corporación, proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la participación accionaria del municipio en entidades de diferente orden.

Motiva esta solicitud la situación fiscal por la que atraviesa el municipio de Bucaramanga paralizados por la desproporción existente entre sus precarios ingresos y sus compromisos, situación que nos obliga a adoptar determinaciones sugeridas por el Concejo, referidas a la venta de las acciones que actualmente posee el municipio en otras entidades.

Por las anteriores consideraciones ha considerado esta administración la conveniencia de someter a los procesos de enajenación, la propiedad accionaria del municipio, a fin de lograr la obtención de unos ingresos que coadyuvan a desarrollar eficazmente nuestro plan de desarrollo municipal y el funcionamiento de la administración.

Para el logro de este propósito, es preciso contar con el otorgamiento de las autorizaciones que la ley 226 de 1995 exige para estos casos concretos, por lo cual dejan consideración de la Corporación el proyecto de Acuerdo anexo “por el cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio” […]

El proyecto fue aprobado por el Concejo Municipal de Bucaramanga razón por la que profirió el Acuerdo No. 035 de 6 de noviembre de 1998 «Por el cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio» el cual dispuso:

[…]Que según diagnóstico financiero del mes de septiembre de 1998, el municipio de Bucaramanga presenta un déficit fiscal y de tesorería qué le restan capacidad de endeudamiento y de pago para su normal funcionamiento y para el cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal de 1998 - 2000 denominado “ciudad de la alegría”.

Que la Comisión Accidental del Concejo Municipal y la Administración Municipal, reunidas para el análisis de esta situación financiera, recomienda colocar en venta las acciones que posee el municipio actualmente en otras entidades.

Que el presupuesto general de ingresos de la Administración Central Municipal para la vigencia de 1998, se incluye un rubro denominado “venta de acciones” el cual no ha sido modificado.

Que la ley 226 de 1995 al desarrollar el artículo 60 de la Constitución Política, reglamenta el procedimiento para la enajenación total o parcial, a favor de particulares, de acciones, o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Estado.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Alcalde de Bucaramanga por el término de dos (2) años para enajenar, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente o en consorcio o Unión temporal en los términos de la ley 80 de 1993, la propiedad accionaria que actualmente posee el Municipio; excepto las acciones que el Municipio actualmente posee en el Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Parágrafo: la enajenación de acciones del Municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.SP., no podrá superar el 56% de las mismas.

Artículo 2º: El proceso de enajenación de las acciones se llevará a cabo con el seguimiento del principio constitucional de democratización de la propiedad accionaria estatal y de los procedimientos fijados en la ley 226 de 1995

Artículo 3º: En el evento que se produjeron (sic) la enajenación de la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio, el producto obtenido de dichas operaciones se aplicará con sujeción a los lineamientos que previamente señaló el Concejo Municipal. […]

El Acuerdo No. 035 de 6 de noviembre de 1998 fue publicado en la Gaceta del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 00015 de 9 de noviembre de 1998. A través de Decreto No. 0024 de 14 de febrero de 1999 el Alcalde Municipal de Bucaramanga «aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P». El Decreto fue publicado en el Boletín Especial número 01 de la Gaceta municipal, el 17 de febrero de 1999, según certificación emitida por el jefe de prensa y comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga.

Mediante Acuerdo de 02 de marzo de 1999, el Concejo Municipal autorizó al Alcalde de Bucaramanga para suscribir los contratos necesarios para llevar a cabo el programa de enajenación de la propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las empresas públicas E.S.P. de este Acuerdo se extrae:

[…] a) Qué mediante acuerdo municipal número 035 de 6 de noviembre de 1998, se autorizó al Alcalde Bucaramanga para enajenar hasta el 56% de las acciones propiedad del Municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P.

b) Que para cumplir con el proceso de enajenación de las acciones, es necesario que el Municipio celebre los contratos requeridos para el efecto.

c) Que el Consejo Municipal tienen la Facultad de reglamentar la autorización al Alcalde para contrata, señalando los casos en que requiere la autorización previa de la Corporación.

Acuerda:

Artículo 1º: Autorizar al Alcalde de Bucaramanga para expedir el reglamento de venta y adjudicación en adelante reglamento de la propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las empresas públicas de Bucaramanga E.S.P.

Artículo 2º: Autorizar al Alcalde Bucaramanga para celebrar los siguientes contratos y ejecutar los siguientes actos:

Establecer las condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones por parte de los beneficiarios de las condiciones especiales de qué trata el artículo 3º de la ley 226 de 1995, hasta por un monto igual al diez por ciento (10%) del valor de los mismos.

Contrato de Prenda Abierta sin Tenencia otorgado por los beneficiarios de las condiciones especiales de qué trata el artículo 3º de la ley 226 de 1995 y en favor del Municipio para garantizar el crédito de qué trata el numeral 1, así como las multas eventuales que se causen a favor del municipio con ocasión del incumplimiento de las obligaciones que los beneficiarios de las condiciones especiales adquieren en desarrollo del programa de enajenación.

Contrato de Compraventa de Acciones que se suscribirá el municipio con quienes adquieren las acciones en desarrollo del programa de enajenación.

Acuerdo de accionistas que suscribirá el municipio con quien adquiere acciones en segunda fase del programa de enajenación en el evento en que el reglamento así lo exija.
(…)
Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos no anunciados en los numerales anteriores y que se consideren necesarios para el desarrollo del programa de enajenación y los cuales se encuentran directamente relacionados con dicha enajenación.

Artículo 3º: En el evento que se enajene la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga, del producto obtenido con dichas operaciones se aplicará o se invertirá con sujeción a los lineamientos que previamente señala el Consejo Municipal mediante Acuerdo Municipal.

Artículo 4º: Las facultades otorgadas autorizadas al señor alcalde en los artículos anteriores serán por un periodo de 2 años contados a partir de la sanción del presente Acuerdo. […]

Este proceso de enajenación finalizó sin presentación de ofertas de compra, por lo que el Alcalde de Bucaramanga (E) el 28 de junio de 1999 presentó nuevamente ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo No. 058 con el fin de que se autorizara para enajenar la participación accionaria del municipio en las empresas públicas de Bucaramanga, como motivo de la solicitud se expuso:

[…]Motiva esta solicitud la situación fiscal por la que atraviesa el municipio de Bucaramanga, ampliamente conocida por la H. Corporación expuesta en los acuerdos municipales números 035 de 6 de noviembre de 1998 y 009 del 2 de marzo de 1999 ,en los cuales se autorizó al alcalde Bucaramanga por el término de 2 años para enajenar hasta el 56% de la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P, autorización que no fue utilizada toda vez que el proceso de enajenación finalizó sin presentación de ofertas de compra .

De esta manera se hace necesario una nueva autorización para la enajenación referida y para la celebración de los actos y operaciones requeridas para tal fin, todo con sujeción a la normatividad que informa la materia correspondiente a la venta accionaria estatal contenida en el artículo 60 de la Constitución Política, reglamentado por la ley 226 de 1995 y demás normas concordantes. […] (Resalta la Sala)

Según constancia de fecha 6 de julio de 1999 suscrita por el Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de la Comisión de Asuntos Administrativos del Concejo Municipal de Bucaramanga, el Proyecto de Acuerdo 058 de fecha 28 de junio de 1999 «Por el cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para enajenar hasta en un 56% la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga» fue aprobado por la Comisión Conjunta según acta número 003- 99 realizada el día 30 de junio de 1999 en primer debate. Así también fue aprobado en segundo debate.

Así entonces, se expidió el Acuerdo 033 de julio 13 de 1999 «por el cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para enajenar hasta en un 56% la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P», el cual fue publicado en la gaceta del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 017 de julio 14 de 1999.

El Alcalde Municipal profirió el Decreto 108 de 19 de julio de 1999 «por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P»; este Decreto fue publicado en el Boletín Especial No. 08, según certificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga.

De los antecedentes referidos, encuentra la Sala que las consideraciones de los actos acusados permiten inferir que la Alcaldía de Bucaramanga y el Concejo Municipal de manera conjunta analizaron la situación financiera del Municipio y que debido a las determinaciones allí adoptadas se presentó la autorización para la venta de las acciones que para dicha época poseía el municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga y que sí fue diseñado el programa de enajenación.

Es así como, mediante Acuerdo 035 de 6 de noviembre de 1998 el Concejo Municipal autorizó al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria del Municipio y en virtud de tal autorización, se expidió el Decreto No. 0024 de 14 de febrero de 1999 por el Alcalde Municipal de Bucaramanga que aprobó «el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P» el cual en su parte considerativa expuso:

[…] Que con base en estudios técnicos se diseñó el programa de enajenación de las acciones de propiedad del municipio de Bucaramanga en las empresas públicas de Bucaramanga ESP.

Que en reunión de Consejo de Gobierno Municipal celebrado el 18 de enero de 1999 se dio concepto favorable al contenido del decreto que contiene el programa de enajenación de acciones de propiedad del municipio de Bucaramanga en las EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA E.S.P. […]

A su vez, el Concejo Municipal autorizó mediante Acuerdo 002 de marzo de 1999 al Alcalde de Bucaramanga para suscribir los contratos necesarios para llevar a cabo el programa de enajenación de la propiedad accionaria del municipio de Bucaramanga en las empresas públicas E.S.P. Sin embargo, ante la falta de presentación de ofertas, el 28 de junio de 1999, el Alcalde de Bucaramanga, presentó nueva solicitud de autorización de venta de acciones, es decir, 6 meses luego de que se reuniera el Consejo de Gobierno Municipal y emitiera concepto favorable del programa de enajenación.

El Concejo Municipal relacionó los antecedentes surtidos y autorizó, de nuevo, mediante Acuerdo 033 de 13 de julio de 1999, la venta de las acciones de propiedad del Municipio y facultó al Alcalde «para expedir el programa de enajenación y el reglamento de venta y adjudicación» de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga.

Así entonces, el Alcalde de Bucaramanga expidió el Decreto 108 de 19 de julio de 1999 y aprobó el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga, no sin antes dejar constancia «que con base en estudios técnicos se diseñó el programa de enajenación de las acciones de propiedad del Municipio de Bucaramanga».

De manera que, en criterio de la Sala, no se desvirtuó la presunción de legalidad de los Acuerdos 035 de 6 de noviembre de 1998 y 033 de 19 de julio de 1999 expedidos por el Concejo Municipal. En consecuencia, este cargo no prospera y la Sala confirmará la sentencia recurrida, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

VI.4.1.3.3. Decretos 0024 de 14 de febrero de 1999 y 108 de 19 de Julio de 1999 a través de la cual se «aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P.»

Finalmente corresponde a la Sala analizar si los Decretos 0024 de 14 de febrero de 1999 y 108 de 19 de Julio de 1999 a través del cual se «aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga E.S.P» establecieron o no las condiciones especiales para los destinatarios señalados en el artículo 3º de la Ley 226 de 1995 como líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta y si limitó su compra a estas personas.

Como ya se anotó, a través del proceso de democratización, las personas naturales o jurídicas pueden tener acceso a la propiedad accionaria del Estado y, por ende, debe adelantarse con plena salvaguarda del patrimonio público y de la continuidad del servicio de interés general que preste la entidad objeto de privatización.

Adicionalmente debe garantizarse la participación masiva en la propiedad accionaria objeto de ofrecimiento, mediante la amplia publicidad, la libre concurrencia y el derecho de preferencia contenido en el artículo 3, que otorga condiciones especiales para facilitar la adquisición de la participación social estatal a favor de: (i) los trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización; (ii) las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria; (iii) los ex trabajadores de la entidad objeto de privatización; (iv) los ex trabajadores de las entidades donde la entidad democratizada tenga participación mayoritaria; (iv) las asociaciones de empleados o ex empleados de la entidad que se privatiza; (vi) los sindicatos de trabajadores; (vii) las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores; (viii) los fondos de empleados; (ix) los fondos mutuos de inversión; (x) los fondos de cesantías y de pensiones; y (xi) las entidades cooperativas definidas por la correspondiente legislación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 226 de 1995 habrá de establecerse condiciones especiales de participación, tales como las contendidas en el artículo 11 de la mencionada ley, que dispuso a favor de los grupos objeto de preferencia que:

[…]1. Se les ofrecerá en primer lugar y de manera exclusiva la totalidad de las acciones que pretenda enajenarse.

2. Se les fijará un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la valoración prevista en el artículo 7o., de la presente Ley, el cual tendrá la misma vigencia que el de la oferta pública, siempre y cuando, dentro de la misma, no hubiesen existido interrupciones. En caso de existir interrupción o transcurrido el plazo de la oferta, se podrá ajustar el precio fijo por parte del gobierno siguiendo los parámetros indicados en dicho artículo 7o.

3.  La ejecución del programa de enajenación se iniciará cuando el titular, o una o varias instituciones. hayan establecido líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que impliquen una Financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% del total de las acciones objeto del programa de enajenación, las cuales tendrán las siguientes características:

a. El plazo de amortización no será inferior a 5 años;

b. La tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del crédito;
c. El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un año. Los intereses causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, junto con las cuotas de amortización a capital;

d. Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas.

4. Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar las cesantías que tengan acumuladas, con el objeto de adquirir estas acciones. […]

En el sub lite se verifica que tanto el Decreto 024 de 17 de febrero de 1999, como el Decreto 108 de 19 de julio de 1999, sí establecieron las condiciones especiales de que trata el artículo 3º de la ley 226 de 1995 en el proceso de enajenación de las acciones.

En estos, se determinaron dos fases, la primera de ellas en la que se ofrecería la totalidad de acciones a los trabajadores activos y pensionados de Empresas Públicas de Bucaramanga ESP, así como a los trabajadores activos y pensionados de las entidades donde esta última tuviera participación mayoritaria. A los ex trabajadores de Empresas Públicas de Bucaramanga ESP y de las entidades donde esta última tuviera participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; a las asociaciones de empleados o ex empleados de Empresas Públicas de Bucaramanga ESP, a los sindicatos de trabajadores; a las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores; a los fondos de empleados; a los fondos mutuos de inversión; a los fondos de cesantías y de pensiones y a las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa.

Como condiciones especiales de acceso a la propiedad accionaria se señalaron que las acciones se ofrecerían de manera exclusiva, en primer lugar, a las mencionadas personas por un periodo de 2 meses contados a partir de la fecha en que iniciara la ejecución del programa de enajenación, de igual manera dispuso que éstas tendrían un precio fijo de 4`455.82 y que podían utilizar el valor de las cesantías acumuladas en la compra de las acciones.

En esta medida, tampoco se desvirtúa la legalidad de los Decretos acusados pues aunque los demandantes sostienen que el término establecido en la primera fase no resultaba suficiente ya que «las instituciones o particulares no podían establecer en tan corto plazo, líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta»; lo cierto es que, este término solo empezaba a contar a partir de que los establecimientos de crédito privado u oficiales o el municipio de Bucaramanga, tuvieran establecidas dichas las líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, tal como se desprende del artículo 4º del Decreto 024 de 1999 y del artículo 6º del Decreto 108 de 1999.

Así entonces, los decretos acusados sí privilegiaron la participación entre otros de los trabajadores y jubilados de la Empresa de Servicios Públicos de Bucaramanga, ofreciéndole a ellos, en primer lugar, todo el paquete de acciones.

De todo lo anterior, la Sala concluye que los Decretos y Acuerdos acusados se ajustaron a las normas constitucionales y legales en que debían fundarse, pues la autorización conferida a través del Acuerdo 014 de 1997, lo único que hizo fue ordenar que las Empresas Públicas de Bucaramanga se adaptaran al nuevo tipo de entidades prestadoras de servicios públicos a la luz Ley 142 de 1994, permaneciendo la participación de capital estatal y privado, lo que a la luz del Decreto 1050 de 1998 hacía que fuera una sociedad de economía mixta.

Se cumplió además con lo ordenado en los artículos 60, 363 y 365 de la Constitución, así como en la Ley 226 de 1995, en el sentido de privilegiar la participación de los trabajadores y jubilados de la empresa de Servicios Públicos de Bucaramanga, ofreciéndole a ellos, en primer lugar, todo el paquete de acciones.

En estas condiciones, los argumentos del recurso interpuesto por los demandantes y coadyuvantes no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, por tal razón se confirmará la decisión de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2013, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de Origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcialmente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejera de Estado

dyd

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02543-01

Actor: ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, LUIS RAMÓN GONZÁLEZ CABALLERO, MARTÍN JAIMES GÓMEZ, JAIRO DAVID CELIS, PEDRO PABLO ANAYA BASTO, LUIS GONZÁLEZ CABALLERO, FÉLIX SÁNCHEZ REYES SUCEDIDO POR FÉLIX SÁNCHEZ CONTRERAS, JAHIR FÉLIX SÁNCHEZ MORALES, VÍCTOR LISANDRO SÁNCHEZ MORALES Y NELSON BELLO DELGADO

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – CONCEJO MUNICIPAL, NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA Y CÁMARA DE COMERCIO

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

De manera respetuosa expongo las razones por las cuales, salvo parcialmente mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la providencia del 5 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de diciembre de 2013, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander.

En la citada providencia la mayoría de la Sala decidió resolver el fondo del asunto y pronunciarse respecto a la legalidad del decreto 0251 de 21 de mayo de 1997 como un acto administrativo de contenido general autónomo, y de los Acuerdos 035 de 1998 y 033 de 1999. Así mismo, estudió la legalidad de los decretos 0024 de 14 de febrero de 1999 y 108 de 19 de julio de 1999.

De manera respetuosa estimo que, al revisar el recurso de apelación presentado contra la decisión de primera instancia, considero que no se cuestionó la legalidad de los actos administrativos que le permitieron a la empresa la venta de las acciones, esto es, los Acuerdos 035 y 033, sino que se limitó a cuestionar el decreto que aprueba la reforma estatutaria y la escritura que la hace efectiva, a saber, el decreto 0251 y la escritura pública nro. 1435, lo que debía ser objeto del pronunciamiento en la decisión de segunda instancia

Dicho lo anterior, observo que el decreto 0251, “Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria”, no es susceptible de ser demandado, pues tal aprobación en sí misma no produce efecto distinto del de autorizar su formalización mediante la suscripción de la escritura pública que perfecciona la reforma estatutaria. Esta, por su parte, es un acuerdo de voluntades entre entidades públicas, o lo que es lo mismo, un acuerdo convencional, pues modifica un contrato previamente celebrado.

Entonces, el decreto que aprueba la transformación es un acto previo, propio de una actuación contractual, que puede ser demandado, pero dentro de los plazos previstos para ello por esta legislación; y el contrato, que se perfecciona con la escritura pública, puede ser demandado en nulidad, pero igualmente dentro de los parámetros establecidos para ello y en los plazos de caducidad de ley.

Lo anterior tiene sustento en la teoría de los actos separables desarrollada por la jurisprudencia de esta corporación, a partir de la cual fue posible individualizar los actos precontractuales de aquellos proferidos en la etapa contractual o post contractual y definir el medio de impugnación procedente. En el caso de los actos previos, en vigencia de la ley 1437, el medio de control procedente es el de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora bien, en vigencia del decreto 01 de 1984, aplicable al caso concreto, debía acudirse a lo señalado en los artículos 87 y 136, los cuales establecían que, una vez celebrado el contrato, sólo se podía acusar los actos previos como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, la cual podía ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento, y si este tuviese una vigencia superior, dentro del plazo de su vigencia, sin exceder de los cinco años.

Desde esta perspectiva, en mi opinión, el objeto del recurso de apelación era la nulidad de un contrato celebrado entre entidades públicas, comoquiera que se estaba cuestionando el contrato mismo; es decir, la escritura pública y un acto previo -el decreto 0251-. Lo anterior es propio de un medio de control contractual, para lo cual habría que constatar si se había producido la caducidad, que, como se explicó anteriormente, era de dos años o a lo sumo de cinco años, y también si había interés en la demanda.

En estos términos dejo expuesto los motivos por los cuales salvo parcialmente mi voto.

Fecha ut supra,
(firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Sucedido Procesalmente por JAHIR SÁNCHEZ MORALES y VÍCTOR LISANDRO SÁNCHEZ MORALES.
«Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria de las Empresas Públicas de Bucaramanga»
A Través de la cual se protocolizó la reforma de los estatutos de las Empresas Públicas de Bucaramanga
«Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que posee el Municipio en las Empresas Públicas de Bucaramanga»
«Por el cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para enajenar hasta en un 56%, la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P., y se facultad para celebrar contratos»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
Folios 70-95 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4. Cuaderno 5
Folios 25 a 41Expediente 1991- 331 Cuaderno 5. Cuaderno 3. Folios 45- 64 Expediente 1999- 2682 Cuaderno 3. Cuaderno 1. Sucesor Jahir Sánchez Morales, Félix Sánchez contreras y Víctor Lisandro Sánchez Morales. Folios 118-132 Expediente 2003-1643
Folios 47-74 Expediente 2001-1643 Cuaderno 1. Folios 70-95 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4.
«Por el cual se ordena la Transformación de las empresas públicas de Bucaramanga, la prestación especializada de los distintos servicios a su cargo y se adoptan otras decisiones»
«por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones»
«Por el cual se ordena la Transformación de las empresas públicas de Bucaramanga, la prestación especializada de los distintos servicios a su cargo y se adoptan otras decisiones»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.»
«Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la Administración Nacional»
«Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria»
«por medio del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para enajenar la propiedad accionaria que actualmente posee el Municipio»
«Por el cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para enajenar hasta en un 56%, la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga S.A. E.S.P., y se facultad para celebrar contratos»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
Folios 230-254, 314 a 33o Expediente 1999-2543 Cuaderno 4.

Folios 146 -166 Expediente 1999-331 Cuaderno 5.
«Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria»
«Por el cual se ordena la Transformación de las empresas públicas de Bucaramanga, la prestación especializada de los distintos servicios a su cargo y se adoptan otras decisiones»
«Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la  Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones»

Folios 338-370 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4, Folios 131-142 Expediente 1999-2682 Cuaderno 3, Folios 184 -211 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Folios 956-982 del cuaderno principal 4.1. Folios 987 – 1041 Cuaderno 4.1. La Sala Transcribe este argumento del recurso de apelación, en atención al carácter confuso e impreciso en que se redactó la impugnación. Folio 9 Cuaderno 5 Consejo de Estado. Folio 12 Cuaderno 5 Consejo de Estado. Folio 13 y 14 Cuaderno No. 5 Consejo de Estado. Folios 15 a 17 Cuaderno No. 5 Consejo de Estado
Folio 18 a 59 Cuaderno No. 5 Consejo de Estado. Folios 91 a 198 Cuaderno No. 5 Consejo de Estado. Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
“[…] Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]”. Hoy 328 del Código General del Proceso.
«Por medio del cual se imparte aprobación a una reforma estatutaria»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
Se insiste que afirmó: […] bajo subterfugios fue reorganizada y transformada las EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA como una “sociedad por acciones de carácter mixto”, sin el necesario aporte social de capital, por los presuntos socios o entidades oficiales aportantes presuntamente concurrentes que nunca hicieron en la realidad sus aportes sociales, efectivos para que fuese en realidad de verdad una sociedad de economía mixta o por acciones, por lo cual dicho decreto 0251 de mayo 21 de 1997 deviene irregularmente expedido y por esa causa anulable por el contencioso administrativo, por este aspecto de la censura la sentencia apelada deviene ilegal pues viola la normativa enlistada en el cargo del acápite de las normas superiores de derecho violadas , pues se estaba en frente de una ficción de sociedad ficta elevada a escritura pública número 1435 de mayo 23 de 1997, inscrita así de forma irregular en el registro mercantil de la cámara de comercio que integran un acto complejo y compuesto pasible de ser demandado en acción de nulidad que si era pasible de su control de legalidad por vía de la acción de nulidad propuesta por los demandantes contra la cadena de actos administrativos ilegales incluida la Escritura Pública No. 1437 de mayo 23 de 1997 y su Registro por la Cámara de Comercio de Bucaramanga que integran una unidad jurídica compleja viciada de ilegalidad an initio justiciable por el contencioso administrativo mediante la acción de nulidad propuesta por los ciudadanos demandantes y coadyuvantes. […] (Se Destaca)
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero Ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ.

Santa Fe de Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación número: 3416. Actor: TRANSPORTES COLOMBIA S. A. Y OTRA. Demandado: ALCALDE DE FLORIDABLANCA Y OTRO. Esta Sección define que el acto complejo es aquel en el que “la voluntad de la Administración se integra por la intervención de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o a entidades diferentes”. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ). Actor: JAIME OMAR JARAMILLO AYALA. Demandado: COMISION NACIONAL DE TELEVISION. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencias del 15 de octubre de 1964, Exp: 1015; 9 de julio de 1991. Exp: S-070; 27 de septiembre de 1994. Exp: S-342; 9 de noviembre de 1998. Exp: S-680. Sobre el particular, adujo que: “reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado que cuando se trata de un acto complejo, es decir formado por una serie de actos con la concurrencia de diversas voluntades, como el acto es único, debe acusarse en su total complejidad, aunque el vicio sólo afecte a uno de los actos que lo integran, porque habiendo unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades que se unen para producirlo, la serie de actos que lo integran no tiene existencia jurídica separada e independiente. El acto que se firma es un acto único es la voluntad declarada, por la fusión en una sola voluntad de las voluntades de los órganos que concurren en el proceso de formación del acto. CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-23-15-000-2000-01421-01. Actor: TRANSPACIFIC CORPORATION. Demandado: CATASTRO MUNICIPAL DE MEDELLIN. Referencia: APELACION SENTENCIA. BERROCAL GUERRERO, Luís Enrique. Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2016, Séptima Edición. Páginas 178-183. Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 05001-23-31-000-2000-03882-02
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Bogotá, D. C., primero (1º) de agosto del dos mil dos (2002). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06674-01(6674). Actor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PILOTOS PRÁCTICOS Y OTRO. Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR. Sección Segunda-Subsección “B”. M. P.: Javier Díaz Bueno. Sentencia de julio 31 de 1996. Radicación número: 9485 Actor: Yuber Ramón Buitrago. Sección Primera. M. P.: Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 11 de abril de 2002. Rad.: 25000-23-24-000-1994-4503-01(6595) Actor: Sociedad Colombiana de Desarrollo Portuario Socodep. Sección Segunda-Subsección “A”. M. P.: Jaime Moreno García. Auto de 21 de septiembre de 2006. Rad.:

05001-23-31-000-2003-03648-01
Por medio del cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para enajenar hasta en un 56% la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
Por medio del cual se autoriza al alcalde Bucaramanga para enajenar hasta en un 56% la propiedad accionaria que actualmente posee el municipio en las empresas públicas de Bucaramanga
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
Con ocasión de la transformación de esta entidad como Sociedad de Economía Mixta
Sentencia de 18 de abril de 1996, expediente núm. 6788, Sección Segunda, Consejero ponente doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora. Sentencia de 10 de abril de 1997, expediente núm. 8154, Sección Cuarta, consejera ponente doctora Consuelo Sarria Olcos. Sentencia de 26 de abril de 2004, expediente núm. ACU-0057, consejero ponente doctor Darío Quiñónez Pinilla. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, Radicación número: 13001-23-31-000-2000-99073-01, Actor: Grupo Hotelero Mar y Sol S.A., Demandado: Distrito de Cartagena de Indias T. H Y C. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, Radicación número: 13001-23-31-000-2000-99073-01, Actor: Grupo Hotelero Mar y Sol S.A., Demandado: Distrito de Cartagena de Indias T. H y C. Ver también la sentencia de 27 de mayo de 2021 proferida por la Sección Primera de esta Corporación. Rad.: 2007 – 00342. Actor: Carnaval de Barranquilla S.A. y Fundación Carnaval de Barranquilla. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de agosto de 2012, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González, Rad.: 2005 – 00965.
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«Por el cual se aprueba el programa de enajenación de la propiedad accionaria del Municipio de Bucaramanga en las Empresas Públicas de Bucaramanga ESP»
«ARTÍCULO 1º.- La Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos Diarios, Gacetas, o Boletines Oficiales, todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.»
ARTICULO 43. DEBER Y FORMA DE PUBLICACIÓN.

Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto.
(…)
Folios 85 y 90 Expediente 2001-1643, Folio 104 Expediente 1999-2683 Cuaderno 3, folios 191, 473 expediente 1999-2543 cuaderno 4
Folios 23 -36, 99-112, 393-405 Cuaderno 4, Folios 214-239 Expediente 1999-331 Cuaderno 5
Folios 37-40, 113-117, 543-547 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4, Folios 254-257 Expediente 1999-331 Cuaderno 5.
«por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».
«por medio del cual se crean las EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA» folios 440 -444, 508--514 Expediente 1999-2543 Cuaderno No.4, folios 308—318 Expediente 1999-331 Cuaderno 5.
«POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA» expedido por Concejo Municipal de Bucaramanga. Folios 428 Vto – 439, 515-537 Cuaderno No. 4.
«Por medio del cual se aprueba la liquidación de las empresas públicas de Bucaramanga y se conceden unas autorizaciones» (folios 113 a -117 Expediente 2003-1643 Cuaderno 1y folios 538-542 Expediente 1999-2543 cuaderno no. 4
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la liquidación del Establecimiento Público denominado "EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA".
"PARÁGRAFO: Es entendido que la liquidación de las Empresas Públicas de Bucaramanga conlleva el reconocimiento de las indemnizaciones por terminación de las relaciones laborales en los términos establecidos en la convención y en la ley, según fuere pertinente. El anterior concepto no se aplicará a los servidores de las Empresas Públicas a quienes se le reconozca el derecho a la pensión de jubilación bajo las condiciones establecidas en este Acuerdo. Se tomará como salario base para la liquidación de las indemnizaciones el que corresponda a cada trabajador o empleado a la fecha de su liquidación". Resalta la Sala que Mediante auto del 26 de septiembre de 1996 proferido por esta sección, Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa dentro del expediente radicación número: CE-SEC1-EXP1996-N4049, Actor: Gonzalo García Bautista y Otros, Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que decidió de suspender el literal a) y b) del Artículo 2º del Acuerdo 102 de 30 de diciembre de 1995 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, que consagran: […] a) Se reconocerán pensiones de jubilación anticipadas a los trabajadores que, conforme a las normas que le (sic) sean aplicables, les falten no más de dos años de edad o de tiempo se (sic) servicio para accederá ese beneficio. b) Se reconocerá pensión de jubilación anticipada a los trabajadores que tengan 20 o más años de servicio, pero que no hayan cumplido la edad exigida. La cuantía de esta pensión se reducirá proporcionalmente al número de años para el cumplimiento de la edad […]
Folios 37-40, 113-117, 543-547 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4, Folios 254-257 Expediente 1999-331 Cuaderno 5.
«por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones». Folios 1-29, 101 -102, 105 -121 Cuaderno 3, folios 6, 7, 118-119, 123-139, 168-182, 189-190, 203 -228 expediente 1999-2543 cuaderno 4, Folios 252-253, 320-352 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Magistrado Ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa.
[…] ARTICULO 180- Transformación de las empresas existentes. Las entidades descentralizadas que estuvieren prestando los servicios a los que esta ley se refiere, se transformarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta ley, en un plazo de dos años a partir de su vigencia.

"Cuando se transforme una entidad descentralizada existente en una empresa de servicios públicos, en el acto que así lo disponga se preverán todas las operaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio, así como para regular la asunción por la nueva empresa en los derechos y obligaciones de la entidad transformada. No se requerirá para ello pago de impuesto alguno por los actos y contratos necesarios para la transformación, o por su registro o protocolización […]. El 11 de julio de 1994, fue publicada la Ley 142 de 1994 en el Diario Oficial No. 41.433. Folio 453 Vto Expediente 1999-2543 Cuaderno No.4, Folio 353 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Folio 130 -132 Expediente 2003-1643 Cuaderno Principal No.2 y Cuaderno No.4. Folio 590-591 Expediente 1999-2543 Cuaderno No.4. Folio 408 Vto Expediente 1999-2543 Cuaderno No.4, folio 244 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Hoy Ley 489 de 1998. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- Sala Doce Especial de Decisión, Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Radicación número: 66001-33-31-004-2011-00002-01(AP)REV. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 2 de marzo de 2006, exp. 29.703 y Corte Constitucional, Sentencia C-736 de 2007. Folios 995 y 1023 y ss de los recursos de apelación. Cuaderno 4.1
Sentencia C-1260 de 2001. Consejo de Estado - Sección Primera Sentencia dictada en el proceso radicado bajo el Nº 0800123310001995002801 (3566) Demandante. Humberto Gutiérrez Morales. Demandado: Alcalde Mayor de Cartagena. Folio 9 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Folios 1-13 Expediente 1999-331 Cuaderno 5
Folios 14 -16 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Folio 17 Expediente 1999-331 Cuaderno 5. Folios 18-24,47-53 Expediente 1999-331 Cuaderno 5
Folio 47 Expediente 1999-331 Cuaderno 5
Folio 76- 78 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3; Folio 147-149 Expediente 1999-2543 Cuaderno No. 4
Folio 70 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3, Folio 141 Expediente 1999-2543 Cuaderno No. 4. Folio 71-72 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3, folios 142 y 143 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4. Folios 30-33, 79-82, 92 -94 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3, Folio 99-131, 150-151 Expediente 1999-2543 Cuaderno No. 4. Folio 83-84 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3, Folio 154, 188 Expediente 1999-2543 Cuaderno No. 4. Folios 34-39, 95-100 Expediente 2682- 1999 Cuaderno 3, folios 42 -47, 162 -167, 192-197 Expediente 1999-2543 Cuaderno 4. Folio 91 Expediente 2003-1643 Cuaderno 1,
Folios 18-24,47-53 Expediente 1999-331 Cuaderno 5
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1994: C-211 de 1994 y C-452 de 1995. Artículo 4º.- Protección del patrimonio público. La enajenación de la participación accionaria estatal se hará en condiciones que salvaguarden el patrimonio público. El recurso del balance en que se constituye el producto de esta enajenación se incorporará en el presupuesto al cual pertenece el titular respectivo para cumplir con los planes de desarrollo, salvo en el caso de que haga parte de los fondos parafiscales, en cuyo evento se destinará al objeto mismo de la parafiscalidad. Artículo 5º.- Continuidad del servicio. Cuando se enajene la propiedad accionaria de una entidad que preste servicio de interés público, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. Artículo 2.- Democratización. Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionario que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. De acuerdo con el “Artículo 19º.- No estarán incluidos dentro de los beneficiarios de condiciones especiales los fondos parafiscales, los fondos agropecuarios y pesqueros, [ni] los fondos ganaderos y el Fondo Nacional del Café”.

Los extrabajadores tendrán derecho de preferencia siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono. Artículo   3º.- Preferencia. Para garantizar el acceso efectivo a la propiedad del Estado, se otorgarán condiciones especiales a los sectores indicados en el siguiente inciso, encaminadas a facilitar la adquisición de la participación social estatal ofrecida, de acuerdo el artículo 60 constitucional. Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los trabajadores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria; los ex trabajadores de la entidad objeto de privatización de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; las asociaciones de empleados o ex empleados de la entidad que se privatiza, sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos mutuos de inversión; los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades cooperativas definidas, por la legislación cooperativa. Artículo 320 Código General del Proceso. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Cfr artículo 141. ARTÍCULO 87. De las controversias contractuales. Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998. <El nuevo texto es el siguiente>
Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.
e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", y f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.

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