Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-03165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-03165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2000-03165-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado con
680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: responsabilidad del Estado por actos de terceros (masacre). Atribución del daño
por participación activa en los hechos – omisiones deliberadas. Prueba de la calidad de
cónyuge. Perjuicios: Lucro cesante con acrecimiento.
Síntesis del caso: un grupo armado perpetró una masacre sin ser advertidos ni enfrentados
por las autoridades.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandada contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander el 8 de mayo de 2014, dentro del expediente 52325 y por las 2
partes, en contra de la Sentencia proferida por ese mismo Tribunal el 11 de
julio de 2013 dentro del expediente 49843. Las 2 decisiones accedieron
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 129
del CCA, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida por un tribunal administrativo. El tribunal era competente
para conocer el proceso en primera instancia por su cuantía, según el
numeral 6 del artículo 132 del mismo Código.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante 1.2. Posición de la parte demandada 1.3
Sentencia de primera instancia 1.4 Recursos de apelación y trámite relevante en segunda
instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 11 de agosto de 2000, Blanca María Zuleta y otros1 demandaron a
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional2 para
que se declarara (se trascribe):
“11. Que la Nación colombiana; Ministerio de Defensa (Ejército Nacional-Policia
Nacional): Ejército Nacional son responsables administrativamente de todos los daños
y perjuicios tanto morales como materiales ocasionados a BLANCA MARIA ZULETA,
ANA MARIA ROJAS ZULETA, MARCIA SONIA ROJAS ZULETA, JOSE ISRAEL ROJAS ZULETA,
ENRIQUE ROJAS ZULETA, MARIA LUISA DE LA OSSA MEJIA, Y ALVARO ENRIQUE ROJAS
DE LA OSSA, con la violenta muerte de que fue víctima su hijo, hermano, compañero
y padre, señor WILLIAM ROJAS ZULETA ocurrida el 28 de febrero de 1999, en la ciudad
de Barrancabermeja.
1.2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación
colombiana: Ministerio de Defensa ( Ejercito Nacional-Policia Nacional); a pagarle a
las demandantes, BLANCA MARIA ZULETA, en su calidad de madre, ANA MARIA
ROJAS ZULETA, MARCIA SONIA ROJAS ZULETA, JOSE ISRAEL ROJAS ZULETA, ENRIQUE
ROJAS ZULETA, En su calidad de hermanos, MARIA LUISA DE LA OSSA MEJIA, en su
calidad de compañera y ALVARO ENRIQUE ROJAS DE LA OSSA, en su calidad de hijo,
por concepto de daños materiales padecidos y que seguirán padeciendo como
madre, hermanos, compañera e hijo del occiso, WILLIAM ROJAS ZULETA con quienes
tenía profundos lazos afectivos, en la cuantía que resulte de las bases demostradas
en el curso del proceso, reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que
la imponga. Igualmente pagar los intereses compensatorios de las sumas que por este
concepto se condenen, desde el día 28 de febrero de 1999, hasta la fecha de
ejecutoria de la providencia y el pago efectivo de eta suma por parte de las
autoridades responsables.
El pago del equivalente del gramo oro al tiempo de la ejecutoria de la sentencia se
hará con base en el certificado de su valor expedido por el Banco de la República."
2. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
pagaran los siguientes perjuicios:
Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro María Luisa de la Ossa Mejía Compañera $182.106.489
cesante permanente
Álvaro Enrique Rojas de la Ossa Hijo $61.150.796
Daño María Luisa de la Ossa Mejía Compañera $5.000.000
emergente permanente
Daño Moral Blanca María Zuleta Madre 5000 gramos oro
Ana María Rojas Zuleta Hermana 5000 gramos oro
Marcia Sonia Rojas Zuleta Hermana 5000 gramos oro
José Israel Rojas Zuleta Hermano 5000 gramos oro
Enrique Rojas Zuleta Hermano 5000 gramos oro
María Luisa de la Ossa Mejía Compañera 5000 gramos oro
Álvaro Enrique Rojas de la Ossa Hijo 5000 gramos oro
Perjuicios Comunidad de $540.000.000
Sociales Barrancabermeja
3. El 15 de agosto de 2000, Janeth Paola Galvis Villareal, en nombre
propio y en representación de su menor hijo Leonardo Andrés Guzmán
1 Blanca María Zuleta, Ana María Rojas Zuleta, Marcia Sonia Rojas Zuleta, José Israel Rojas Zuleta, Enrique Rojas
Zuleta, María Luisa de la Ossa Mejía y su menor hijo Álvaro Enrique Rojas de la Ossa.
2 Expediente 52325. Folios 126 a 162 y 165 a 171 del c. 1.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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Galvis demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional3 para que se declarara (se trascribe):
“1.1. Que la Nación colombiana; Ministerio de Defensa, Ejército Nacional: Policía
Nacional, son responsables administrativamente de todos los daños y perjuicios tanto
morales como materiales ocasionados a su esposa JANETH PAOLA GALVIS VILLAREAL,
y a su hijo LEONARDO GUZMÁN MARTINEZ, con la violenta muerte de que fue víctima
su esposo y padre, el señor LEONARDO GUZMAN MARTINEZ; ocurrida el 28 de febrero
de 1999, en la ciudad de Barrancabermeja.
1.2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación
colombiana; Ministerio de Defensa Ejercito Nacional Policía Nacional, a pagarle a los
demandantes, JANETH PAOLA GALVIS VILLAREAL, en su calidad de esposa, y a
LEONARDO ANDRES GUZMÁN GALVIS, en su calidad de hijo, por concepto de daños
materiales padecidos y que seguirá padeciendo como esposa e hijo del occiso;
LEONARDO GUZMAN MARTINEZ con quienes tenía profundos lazos afectivos, en la
cuantía que resulte de las bases demostradas en el curso del proceso, reajustada en
la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga. Igualmente pagar los
intereses compensatorios de las sumas que por este concepto se condenen, desde el
día 28 de febrero de 1999, hasta la fecha de ejecutoria de la providencia y el pago
efectivo de esta suma por parte de las autoridades responsables. El pago del
equivalente del gramo oro al tiempo de la ejecutoria de la sentencia se hará con
base en el certificado de su valor expedido por el Banco de la República.
1.3. Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la Nación
Colombiana; Ministerio de Defensa; Ejército Nacional, Policía Nacional, condénese a
pagarle a los demandantes por concepto de daños morales lo siguiente:
A la esposa del occiso
JANETH PAOLA GALVIS VILLAREAL, cinco mil gramos (5.000 grs) oro puro.
Al Hijo
LEONARDO ANDRES GUZMÁN GALVIS., cinco mil gramos oro (5.000 grs) oro puro."
4. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
pagaran los siguientes perjuicios:
Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro Janeth Paola Galvis Villareal y Esposa e hijo $272.000.000
cesante Leonardo Guzmán Galvis
Daño $5.000.000
emergente
Daño Moral Janeth Paola Galvis Villareal Esposa 5000 gramos oro
Leonardo Guzmán Galvis Hijo 5000 gramos oro
Perjuicios Comunidad de $540.000.000
Sociales Barrancabermeja
5. Según las demandas, el 28 de febrero de 1999, sobre las 5:00 p.m.,
varios hombres armados irrumpieron en los barrios nororientales de la ciudad
de Barrancabermeja, dispararon indiscriminadamente, asesinaron a 3
personas e hirieron a una más. Posteriormente, los hombres armados llegaron
al estadero El Rancho donde fusilaron a Cesar Manuel Barroso y William Rojas
Zuleta. Cien metros adelante, asesinaron a Leonardo Guzmán Martínez, Jefe
Operativo de Colpatria, quien se dirigía a Barrancabermeja en motocicleta.
3 Expediente 49843. Folios 11 a 46 del C.P.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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Los delincuentes emprendieron la huida hacia Puerto Wilches por la vía de
la vereda “El Llanito”.
6. La Fiscalía General de la Nación - Unidad de Derechos Humanos
adelantó investigación penal por estos hechos bajo el radicado 460. El 18
de marzo de 1999, miembros de la Policía Nacional capturaron a Mario
Jaimes Mejía (alias panadero) y Pedro Mateo Hurtado Moreno. Los
detenidos fueron dejados a disposición de la Unidad de Fiscalías de
Derechos Humanos y solicitaron la terminación anticipada del proceso.
Aceptaron cargos por los delitos: concierto para delinquir, porte de armas
de defensa personal, porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares,
homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de
uniformes e insignias y falsedad material de particular en documento
público.
7. El 16 de mayo de 2000, el juzgado 2 Penal del Circuito Especializado
de Bucaramanga los condenó a la pena principal de 40 años de prisión
como coautores del concurso homogéneo de homicidio agravado de
Leonardo Guzmán Martínez y William Rojas Zuleta, entre otros.
8. El 10 de marzo de 2000, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja
falló la investigación disciplinaria adelantada contra el sargento del ejército
José Manuel Cifuentes Tovar, quien, para la época de los hechos, se
desempeñaba como comandante de la base militar del corregimiento El
Llanito, con sanción de separación absoluta de las fuerzas militares de
Colombia por haber dilatado la instalación de un retén para facilitar la huida
de los autores de la masacre.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó las
demandas4. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque ningún
miembro al servicio de la entidad participó en la comisión de los hechos
objeto de la demanda. Formuló como excepción la inimputabilidad del
daño a la Nación por el hecho exclusivo de un tercero, dado que el daño
sufrido por los demandantes no fue causado por la actividad del Estado sino
por la comisión del delito de los señores Mario Jaimes Mejía y Pedro Mateo
Hurtado Moreno.
10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional también contestó
las demandas5. Expuso que no era posible endilgar responsabilidad a la
demandada en el presente evento pues, la acción de la institución una vez
sucedieron los hechos fue oportuna y eficaz. Adicionalmente, indicó que los
actos perpetrados fueron producto de terceros ajenos a la institución.
4 Folios 179 a 184 del C.1., 65 a 70 del C.P.
5 Folios 193 a 194 del C.1., 36 a 38 y 82 a 85 del C.P.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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1.3. Sentencia de primera instancia
1.3.1. Expediente 52325
11. Mediante Sentencia de 8 de mayo de 20146, el Tribunal Administrativo
de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Declaró la responsabilidad del Ejercito Nacional y la Policía Nacional por la
muerte violenta de William Rojas Zarate, el 28 de febrero de 1999, en el
Municipio de Barrancabermeja. Con fundamento en lo anterior, condenó a
las demandadas al pago de perjuicios morales y materiales.
12. Consideró que las entidades demandadas eran responsables por la
causación del daño pues, ambas entidades contaban con información
previa de que grupos armados al margen de la ley realizarían en fecha
indeterminada una nueva incursión en contra de la población civil de
Barrancabermeja. Sin embargo, no cumplieron con su deber de tomar
medidas preventivas para evitar los ataques finalmente perpetrados.
Tampoco probaron el hecho de un tercero alegado.
1.3.2. Expediente 49843
13. Mediante Sentencia de 11 de julio de 20137, el Tribunal Administrativo
de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Declaró la responsabilidad de las entidades por la muerte violenta de
Leonardo Guzmán Martínez, el 28 de febrero de 1999. Consideró que el daño
era atribuible a las entidades demandadas por permitir el actuar delictivo
dado que, para la época de lo ocurrido era un hecho notorio la situación
de violencia que afrontaba Barrancabermeja por grupos al margen de la
ley. No hubo una movilización temprana ni eficaz para evitar la producción
del daño.
14. Explicó que, si bien se trató de actos de un grupo armado al margen
de la ley, la omisión de las demandadas fue determinante para la
producción de la muerte de Leonardo Guzmán Martínez. Con fundamento
en lo anterior, condenó de manera solidaria a las demandadas Policía
Nacional y Ejercito Nacional, al pago de perjuicios morales y materiales
causados a Leonardo Andrés Guzmán Galvis, hijo de la víctima directa
Leonardo Guzmán Martínez. Negó las demás pretensiones de la demanda.
1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia
1.4.1. Expediente 52325
6 Folios 461 a 492 del cuaderno CE1.
7 Folios 294 a 308 del cuaderno CE2.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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15. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó la
revocatoria del fallo de primera instancia8. Reiteró que, en el presente
asunto, está plenamente demostrado que fueron miembros de las
autodefensas de Colombia los causantes del daño antijuridico alegado en
la demanda. Adujo que no se probó que algún miembro de la fuerza
pública hubiera participado en la comisión de los hechos delictivos, por lo
tanto, no hay lugar a endilgarle responsabilidad a la demandada por la
muerte de William Rojas Zuleta.
16. El apoderado de la Policía Nacional se adhirió al recurso de alzada
presentado por el Ejército Nacional9. Manifestó que para esa entidad era
imprevisible el daño; que no hubo solicitud de protección a la víctima y que,
por esa razón, no le era imputable responsabilidad por los hechos.
1.4.2. Expediente 49843
17. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se
revocara la decisión10. Señaló que la producción del daño era atribuible a
personas ajenas a la institución, no lo era, en cambio al Estado, pues no
había prueba de la omisión en que incurrió el Ejército, ni del conocimiento
previo de los hechos delictivos del 28 de febrero de 1999. Solicitó que se
modificara el reconocimiento de perjuicios materiales en relación con
Leonardo Andrés Guzmán Galvis dado que no es el único hijo de la víctima
directa Leonardo Guzmán Martínez, comoquiera que en el proceso 2001-
00483 también se reconoció en tal calidad a la menor Ingrith Yesenia
Guzmán García y se le indemnizó esta tipología de perjuicios.
18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se
revocara la sentencia de primer grado11. Señaló que no se probó la falla en
el servicio en que incurrió la institución. Reiteró que los actos generadores
del daño fueron cometidos por terceros y, por tanto, no podían ser
imputables a la entidad.
19. La parte demandante solicitó revocar lo referente a negar las
pretensiones en favor de Janeth Paola Galvis Villareal pues, se demostró el
vínculo matrimonial con la victima directa Leonardo Guzmán Martínez12.
1.4.3. Trámite procesal relevante
8 Folios 493 a 499 del cuaderno CE1.
9 Folios 493 a 499 del cuaderno CE1.
10 Folios 311 a 316 del cuaderno CE2.
11 Folios 319 a 322 del cuaderno CE2.
12 Folios 323 a 333 del cuaderno CE2.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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20. Mediante Auto de 14 de septiembre de 201613 se decretó la
acumulación del proceso 49843 al 52325 y, por Auto de 2 de marzo de
201714, el ponente accedió a la solicitud de prelación de fallo presentada
por la parte demandante15.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. El daño; 2.3. La participación
de las entidades demandadas en la producción del daño; 2.4. Perjuicios; 2.5. Costas.
2.1 Exposición del caso y decisión de la Sala
21. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto porque encuentra
que las acciones se ejercieron en tiempo16 y satisface los presupuestos
procesales para emitir decisión de fondo. Confirmará la declaratoria de
responsabilidad de las entidades demandadas y modificará lo referente al
reconocimiento de perjuicios morales y materiales en el expediente 49843.
22. Efectivamente, está probado que el 28 de febrero de 1999, un grupo
de hombres armados, al mando de alias “El Panadero”, incursionó en varios
barrios de la zona nororiental de la ciudad de Barrancabermeja, luego se
desplazaron por la vía al corregimiento El Llanito y en todo su recorrido
secuestraron a unas personas, hirieron a otras y causaron la muerte a 8
hombres, entre ellos, Leonardo Guzmán Martínez y William Rojas Zuleta17.
También se acreditó que la comisión de estos delitos contó con la
aquiescencia de miembros de la fuerza pública quienes se abstuvieron
intencionalmente de ejercer cabalmente su misión constitucional, con el fin
de favorecer la consumación de los hechos y la huida de sus autores
materiales18. Por estos hechos se impuso sanción disciplinaria de separación
13 Folios 711 a 713 del cuaderno CE1 y 400 a 402 del cuaderno CE2.
14 Folios 827 a 830 del cuaderno CE1.
15 Folios 704 a 710 del cuaderno CE1.
16 Los hechos en que murieron William Rojas Zarate y Leonardo Guzmán Martínez ocurrieron el 28 de febrero de
1999, la demanda dentro del expediente 52325 fue presentada el 11 de agosto de 2000 y, dentro del expediente
49843 el 15 de agosto de 2000.
17 Estos hechos se prueban con el Informe No. 493-99 de 1 de marzo de 1999, suscrito por los investigadores judiciales
y la jefe de unidad del CTI, dirigido al Fiscal 31 delegado ante los Jueces Regionales de Barrancabermeja en el
que se relacionan las víctimas de los hechos y, a través de información recaudada se formula un recuento de los
hechos (Folios 579 a 583 del cuaderno 2). Además, los testimonios rendidos dentro del proceso penal por Héctor
Hernán Mantilla Rodríguez (Folios 630-631 del cuaderno 2), un testigo cuya identidad se reservó por la Fiscalía
“Clave Zeus” (Folios 653-655 del cuaderno 2), Abelardo Antonio Hernández Ramírez (Folios 681-683 del cuaderno
2), Alis María Pérez Pedrozo (Folios 688-689 del cuaderno 2) y Conrado de la Cruz Ramírez (Folios 684 a 687 del
cuaderno 2). El informe rendido por el comandante de la base militar Aguabarranca, que fue la primera autoridad
pública en arribar al sitio de los hechos (Folio 665 del cuaderno 2). La Sentencia dictada el 16 de mayo de 2000
dentro del proceso penal “Causa 002/00” por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, por
medio del cual condenó a Pedro Mateo Hurtado Moreno y Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero” por los hechos
acaecidos el 28 de febrero de 1999 (Folios 1846 a 1910 del cuaderno 5, 58 a 125 del cuaderno 1 y 140 a 207 del
C.P).
18 De estos hechos se tienen como prueba las declaraciones rendidas ante la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario por Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero” (Folios 2917 a 2921, 3008
a 3014 del cuaderno 9 y 3577 a 3581 del cuaderno 10), Fremio Sánchez Carreño (Folios 2948 a 2952 del cuaderno
9), Joaquín Morales, alias “Danilo” (Folios 3189 a 3193 del cuaderno 10). La Unidad Nacional de DDHH y DIH de la
Fiscalía General de la Nación tuvo en cuanta la colaboración con las autoridades para la comisión de ese ilícito,
al momento de imponer medida de aseguramiento a Joaquín Morales, alias “Danilo” (Folios 3222 a 3231 del
cuaderno 10), Javier Pumarejo Martínez, alias “Sandy” (Folios 3267 a 3277 del cuaderno 10) y para formular cargos
con fines de sentencia anticipada a Joaquín Morales, alias “Danilo” (Folios 3368 a 3375 y 3472 a 3479 del cuaderno
10), Henry Ricardo (Folios 3381 a 3388 y 3497 a 3504 del cuaderno 10), Javier Pumarejo Martínez (Folios 3391 a 3398
y 3481 a 3488 del cuaderno 10), Jhon Alexander Vásquez, alias “Pepo” (Folios 3401 a 3408 y 3489 a 3496 del
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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absoluta de las fuerzas militares al Sargento Viceprimero (SV) del Ejército
Nacional José Manuel Cifuentes Tovar19.
23. De conformidad con la materia de los recursos de apelación, el orden
de las consideraciones que motivan esta decisión será el siguiente. Primero,
(2.2) se definirán los daños acreditados, luego (2.3.) se establecerá la
causalidad entre ese daño y la falla en el servicio que hace imputable la
responsabilidad por estos hechos a las entidades demandadas, derivada de
la participación activa en los hechos. (2.4.) se revisarán los perjuicios
materiales reconocidos en primera instancia por la muerte de Leonardo
Guzmán Martínez. Finalmente, (2.5.) la Sala se pronunciará sobre la condena
en costas.
2.2. El daño
24. Está acreditado que el 28 de febrero de 1999 fallecieron en la ciudad
de Barrancabermeja, por impacto de arma de fuego, Leonardo Guzmán
Martínez20 y William Rojas Zuleta21.
2.3. La participación de las entidades demandadas en la producción del
daño
25. El 28 de febrero de 1999 alrededor de las 5:00 p.m., mientras se
desarrollaba una actividad comunitaria para recolectar fondos tendientes
a la pavimentación de una de las calles, entre 15 y 20 hombres fuertemente
armados emprendieron un violento recorrido por los barrios del nororiente
de Barrancabermeja (San José de Provivienda, Idema y La Paz) y algunos
establecimientos comerciales (entre ellos el estadero El Rancho), que dejó
como resultado la muerte de 8 personas, entre ellos, Leonardo Guzmán
Martínez y William Rojas Zuleta, quienes recibieron impactos con arma de
cuaderno 10). Los cargos fueron aceptados por los procesados, incluyendo la colaboración con las autoridades
para cometer los ilícitos.
19 Resolución de 10 de marzo de 2000, expedida por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja Folios 25 a 57
del cuaderno1.
20 Como pruebas de la muerte se encuentran en el expediente el registro de defunción de Leonardo Guzmán
Martínez en que consta que falleció en Barrancabermeja, el 28 de febrero de 1999 a las 5:30 p.m. (Folio 6 del C.P),
el informe de necropsia que menciona que la causa de la muerte es por “Shock cardiogénico secundario a
laceración miocárdica por heridas por proyectil de arma de fuego” (Folios 950 y 951 del cuaderno 3) y el Informe
No. 493-99 de 1 de marzo de 1999, suscrito por los investigadores judiciales y la jefe de unidad del CTI, dirigido al
Fiscal 31 delegado ante los Jueces Regionales de Barrancabermeja (Folios 579 a 583 del cuaderno 2).
21 La muerte de William Rojas Zuleta se acreditó con su registro de defunción, en que consta que falleció por muerte
violenta el 28 de febrero de 1999 (Folio 23 del cuaderno 1) el informe de necropsia que menciona que la causa
de la muerte es por “Shock neurogénico secundario a laceración cerebral por heridas por proyectil de arma de
fuego. Probable manera de muerte homicidio” (Folios 959 y 960 del cuaderno 3) y el Informe No. 493-99 de 1 de
marzo de 1999, suscrito por los investigadores judiciales y la jefe de unidad del CTI, dirigido al Fiscal 31 delegado
ante los Jueces Regionales de Barrancabermeja (Folios 579 a 583 del cuaderno 2).
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con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
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fuego y la desaparición de 3 personas más22. Luego de los hechos huyeron
por la vía al corregimiento El Llanito23.
26. Respecto de las actuaciones de las entidades accionadas alrededor
de los hechos que motivaron las demandas que dieron origen a la presente
acción, se relató por parte del suboficial Francisco Pardo Junco,
comandante de la base militar de Aguabarranca, que escuchó disparos
aproximadamente a las 17:30 y que, inmediatamente, ordenó a algunos de
sus hombres, al mando del Sargento Paniagua, que se dirigieran al lugar a
indagar24. El Sargento del Ejército Nacional José Hermes Paniagua Tobón
mencionó que fue la primera autoridad pública que llegó al lugar, que
cuando llegó a la vía que cruza el barrio La Paz vio a la gente atemorizada,
que supo que los delincuentes habían partido por la vía del “Llanito” y así se
lo hizo saber a una tanqueta de la Policía que llegó sobre las 17:50 a 18:00,
para que los persiguieran. Que pudo observar los cadáveres dispersos por
los lugares por donde habían pasado los atacantes, el primero
aproximadamente a 1 kilómetro o kilómetro y medio de la base, dijo que
después del paso de los policías se dispuso a brindar seguridad a las
personas y para que se realizaran los levantamientos de los cadáveres25.
27. Por su parte, el Subintendente de la Policía Luis Fernando Briceño Prieto
manifestó que recibió la información de la presencia de los bandidos y que
acudió al lugar, allí le informaron que entre ellos se encontraban los alias
“panadero” y “Fremio” habían partido por la vía al “Llanito”. Relató que en
la tanqueta de la Policía que persiguió las camionetas en que huyeron
quienes perpetraron la masacre iban los hombres al mando del Capitán
(CT)Mario Camacho Avellaneda, quienes los persiguieron hasta la base de
“El Llanito” 26 y se dieron cuenta que los militares que allí se encontraban,
habían permitido el paso de las camionetas. Reconoció que por informes de
inteligencia se tenía conocimiento de una posible incursión por parte de
estos grupos y que por eso se realizaron patrullajes en el sector nororiental27.
22 Informe No. 493-99 de 1 de marzo de 1999, suscrito por los investigadores judiciales y la jefe de unidad del CTI,
dirigido al Fiscal 31 delegado ante los Jueces Regionales de Barrancabermeja (Folios 579 a 583 del cuaderno 2).
Testimonios rendidos dentro del proceso penal por Héctor Hernán Mantilla Rodríguez (Folios 630-631 del cuaderno
2), un testigo cuya identidad se reservó por la Fiscalía “Clave Zeus” (Folios 653-655 del cuaderno 2), Abelardo
Antonio Hernández Ramírez (Folios 681-683 del cuaderno 2), Alis María Pérez Pedrozo (Folios 688-689 del cuaderno
2) y Conrado de la Cruz Ramírez (Folios 684 a 687 del cuaderno 2). Testimonio rendido dentro del proceso penal
por el Sargento del Ejército Nacional José Hermes Paniagua Tobón (Folios 658-664 y 666 del cuaderno 2). Informe
rendido por el comandante de la base militar de Aguabarranca al comandante del Batallón de Contraguerrilla
No. 45 “Héroes de Majagual” (Folio 665 del cuaderno 2).
23 Testimonio rendido dentro del proceso penal por el Sargento del Ejército Nacional José Hermes Paniagua Tobón
(Folios 658-664 y 666 del cuaderno 2). En el acta de diligencia de sentencia anticipada de 6 de diciembre de 1999
en que Mario Jaimes Mejía aceptó los cargos por estos hechos, también se efectuó un resumen de los hechos por
parte de la Fiscalía Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos (Folios 1653 a 1663 del
cuaderno 5).
24 Folios 613 a 616 del cuaderno 2. Además de la declaración, presentó informe de los hechos al comandante del
Batallón de Contraguerrillas No. 45 (Folio 665 del cuaderno 2).
25 Folios 658 a 664 del cuaderno 2.
26 Esta versión coincide con lo narrado por el SV Paniagua.
27 Folios 715 a 717 del cuaderno 2.
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28. El Teniente Coronel (TC) Miguel Ángel Martínez Bonilla del Ejército
Nacional expresó que sobre las 17:45 fue informado de la situación, que
solicitó al Capitán Germán Castellanos Segura que confirmara la
información y, una vez confirmada, entre otras fuentes, por una llamada del
TC Joaquín Correa del comando operativo de la Policía Nacional, ordenó
al Teniente Daza Camargo que cerrara la vía que de ese sector conducía a
Bucaramanga, al Teniente Alarcón Pérez el cierre de la vía de conducía de
Puerto Wilches a Bucaramanga y, al Sargento Viceprimero (SV) Cifuentes
Tovar que hiciera lo mismo en la vía que de Barrancabermeja conducía a
Puerto Wilches, a la altura de la base del Llanito28.
29. En concordancia con lo anterior, el SV José Manuel Cifuentes Tovar29
expuso que sobre las 18:00 horas recibió una llamada del Batallón de
Contraguerrillas No. 45 en la que le ordenaron que montara un retén porque
posiblemente pasaría una camioneta blanca 350. Que el personal se
encontraba cenando por lo que agilizó al personal y, aproximadamente a
las 18:10 a 18:12 montó el retén. Que recibió una llamada por radio del TC
Martínez y ordenó al Cabo Suárez que fuera al retén reten, en ese momento
llegaron miembros de la Policía que hablaron con los soldados Uribe y
Rangel y con el Cabo Suárez, les dijeron que habían dejado pasar a los
paramilitares, pero cuando el regresó ya no estaban30.
30. El soldado regular (SLR) Juan Carlos Uribe Rey31, expresó que recibió
guardia de la base de 18:00 a 22:00, que cuando empezó su servicio vio
pasar 2 camionetas de color gris, que de la primera se bajó una persona, él
se iba a acercar a pedirle identificación, pero en ese momento pasó la otra
camioneta, lo recogió y se lo llevó (aclaró que las camionetas no eran de
platón). Mencionó que después de las camionetas llegó una tanqueta de
la Policía, le dijo que “se le habían pasado los paracos” y le preguntó si había
visto algo extraño, a lo que respondió que no. Llama la atención que
mencionó que el retén se había montado sobre las 18:3032. El SLR Pablo
Antonio Rangel Duarte corroboró lo dicho por el SLR Uribe respecto de la
conversación con el Capitán de la Policía y mencionó que no había visto
pasar camionetas, que ese día solo hubo reten en la mañana y en la tarde
después de las 19:00 horas33.
31. En esa misma cadena de sucesos, el Cabo Edwin Yamel Suárez Gaitán
corroboró que hubo un retén en horas de la mañana, mencionó que recibió
la orden del SV Cifuentes de montar el retén aproximadamente a las 18:30 y
28 Declaración rendida por el TC Miguel Ángel Martínez Bonilla ante el Fiscal Regional Delegado No. 31 al comando
del Batallón Nueva Granada (Folios 564 a 569 del cuaderno 2).
29 Era el comandante de la Base El Llanito del Ejército Nacional para la época de los hechos.
30 Folios 617 a 621 y 718 a 721 del cuaderno 2.
31 Quien prestaba sus servicios en la Base El Llanito del Ejército Nacional.
32 Folios 630 a 634 del cuaderno 2. Es importante aclarar que el soldado Uribe no se encontraba en el reten sino de
centinela de la base militar.
33 Folios 638 a 640 del cuaderno 2.
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que entre la base y el lugar del retén se demoraba entre 7 y 12 minutos, lo
montó a las 18:38, que cuando llegó a cumplir con la orden los policías ya
se encontraban en el lugar y le preguntaron si había visto pasar un vehículo,
a lo que respondió que no. Que llamó al SV Cifuentes para que hablara con
los policías, pero, antes de que llegara, estos últimos se fueron del lugar34.
32. Por mandato constitucional, las autoridades de la República están
instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”35. En principio, se ha dicho que las autoridades no están
llamadas a responder por hechos de terceros. Sin embargo, en casos como
el presente, en que se acredita la participación de miembros de la fuerza
pública, por acción y por omisión, en la causación del daño, es el Estado el
llamado a responder por los perjuicios causados a las víctimas, a título de
falla en el servicio36.
33. Efectivamente, a pesar de que las entidades alegaron a lo largo del
proceso que los hechos les eran inadvertidos y que, se trataba de acciones
deliberadas de terceros, se logró acreditar la participación activa de
miembros de la fuerza pública en los hechos que desencadenaron en la
muerte, entre otros, de Leonardo Guzmán Martínez y William Rojas Zuleta.
34. En primer lugar, de acuerdo con la declaración del Subintendente de
la Policía Luis Fernando Briceño Prieto37, desde un año atrás se tenía
información de posibles incursiones de estos grupos en el sector, esta
información se corrobora con las declaraciones rendidas ante la Unidad de
Investigación de la Fiscalía General de la Nación por Pedro Pablo Rivera
Pérciga38, Jhon Fredy Ortega Hernández39 y Yolver Méndez Afanador40,
quienes relataron que el 16 de mayo de 1998 se había perpetrado una
masacre con hechos similares por parte de los hombres al mando de alias
“El Panadero” y “Fremio”.
35. Sin embargo, no se trata de la simple omisión de las autoridades ante
un daño que era previsible, por el contrario, se logró acreditar la connivencia
34 Folios 641 a 648 del cuaderno 2.
35 C.N. Artículo 2. Inciso 2.
36 Al respecto, entre otras sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se pueden ver las de la
Subsección B, de 31 de agosto de 2017. Radicado:13001-23-31-000-2001-01492-01(41187) y de 17 de marzo de 2021.
Radicado: 08001-23-31-000-2002-01844-01 (45283).
37 Folios 715 a 717 del cuaderno 2. Se trascribe parte de su declaración: “Se le había informado al personal que se
tenía conocimiento de alguna incursión o accionar por parte de estos grupos, por informes de inteligencia de los
organismos de seguridad, y precisamente por dichas informaciones en varias oportunidades se realizaron
patrullajes por los sectores nororientales y surorientales de la ciudad y los registros deben estar en los libros de la
Estación de Radio, esa información no vienen de ayer sino desde el año pasado cuando ocurrió la primer masacre
y por eso se había venido patrullando en forma esporádica porque desafortunamente el ingreso del personal de
la policía representa un riesgo debido a los hostigamientos atentados, bombas y campos minados que los grupos
subversivos instalan en el sector contra los uniformados.”
38 Folios 1442 a 1448 del cuaderno 4.
39 Folios 1299 a 1302 del cuaderno 4.
40 Folios 1303 a 1306 del cuaderno 4.
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de miembros, tanto de la Policía como del Ejército Nacional. Como prueba
de esa colaboración entre las fuerzas institucionales y el grupo al margen de
la ley que perpetró la masacre, el 10 de marzo de 2000, la Procuraduría
Provincial de Barrancabermeja sancionó con separación absoluta de las
fuerzas militares al hasta entonces SV José Manuel Cifuentes Tovar41 como
responsable por (se trascribe):
“los hechos ocurridos el 18 de febrero de 1999, en el Corregimiento de El Llanito,
comprensión territorial del municipio de Barrancabermeja, donde desempeñaba
como Comandante de la Base Militar allí instalada, al dilatar la ejecución de la orden
que se le diera de montar un Retén sobre el Puesto de Control con el fin de evitar la
huida de los autores materiales de los hechos violentos que en esa fecha se
sucedieron en esta ciudad de Barrancabermeja en las personas que en vida se
llamaron (…) LEONARDO GUZMAN MARTINEZ (…) WILLIAM ROJAS ZULETA (…). Además,
porque teniendo conocimiento de la gravedad de lo que estaba sucediendo, facilitó
la evasión de los responsables al habilitarles el paso por el Puesto de Control con
anterioridad al momento en que dio efectivo cumplimiento de montar el Reten”.
36. Si bien, en principio, Mario Jaimes Mejía alias “Panadero” se mostró
ajeno a los hechos42, al igual que Pedro Mateo Hurtado Moreno43, fueron
condenados el 16 de mayo de 2000, por el Juzgado 2 Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, entre otros delitos, por los homicidios de
Leonardo Guzmán Martínez y William Rojas Zuleta44. Ya condenado, Mario
Jaimes Mejía decidió aportar nuevos datos a la investigación ante la Unidad
Nacional de derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en lo
que sirve a este proceso, relató45 (se trascribe):
“Unos días antes del 28 de febrero de 1999, llego un Agente de la Policía Nacional
creo que en esos días estaba haciendo el curso para suboficial donde me manifestó
que ese domingo 28 de febrero iban a salir varios Policías en día de franquicia o
permiso, que ese día podíamos hacer una arremetida o una incursión de parte de
nosotros las Autodefensas en la ciudad de Barrancabermeja en los barrio
Nororientales y que ellos no podían moverse de sus bases porque había poquito
personal, entonces yo coordiné con el comandante CAMILO MORANTES quien ya es
fallecido y el me da la orden que organizara dicha incursión, se coordinó con la misma
policía y con el ejercito dicha incursión la cual coordiné y también con una base del
ejército tuvo presencia el comandante DANILO de nuestra organización su nombre
es JOAQUIN DIAZ MORALES me parece que ya la fiscalía lo tiene plenamente
identificado y está detenido en la cárcel de La Dorada - Caldas (…)
(…) lo del suboficial o agente de la policía también lo puede atestiguar FREMIO
SANCHEZ CARREÑO alias ESTEBAN, quien no tuvo que ver en estos hechos pero era
muy amigo del señor agente de la policía, FREMIO se encuentra recluido en el patio
siete de la picota, lo de la base del ejército puede atestiguar alias DANILO ya que él
estuvo conmigo.”
41 Folios 25 a 57 del cuaderno 1.
42 En diligencia de indagatoria llevada a cabo el 20 de marzo de 1999, continuada el 23 de ese mismo mes (Folios
836 a 838 y 841 a 849 del cuaderno 2).
43 Diligencia de indagatoria de 20 y 23 de marzo de 1999 (Folios 839 a 840 y 850 a 856 del cuaderno 2).
44 Causa No. 002/00 (Folios 140 a 207 del cuaderno principal).
45 La declaración fue rendida los días 21 y 24 de mayo de 2010 (Folios 2917 a 2921 del cuaderno 9.
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“Nosotros también pasamos por la entrada de Sabana de Torres donde mantenía el
ejercito haciendo reten eso estaba también coordinado por el comandante
paramilitar alias “Camilo Morantes" y por ELIAS ESTRADA alias William Tatareto, ambos
están ya muertos, y también pasamos por la base del ejercito LISAMA también habían
coordinado los dos paramilitares que ya mencioné lo de Barranca estaba coordinado
por mi persona.”
37. El mismo Mario Mejía Jaimes, alias “Panadero” amplió su declaración
y expuso insistentemente la manera en que coordinaban tanto con la Policía
como con el Ejército Nacional las labores tendientes a facilitar su incursión y
escape (se trascribe una parte de la narración en que resume la manera en
que recibían apoyo de las autoridades)46:
“PREGUNTADO: Sírvase explicarle al despacho si la coordinación que ustedes hicieron
con el capitán del ejército OSWALDO PRADA implicaba la coordinación con las bases
militares que ustedes tenían que pasar para entrar y salir de Barranca esta arremetida
como usted la llama. CONTESTÓ: Como le he venido manifestando a la Dra yo me
había reunido con él para que nos diera luz verde en la arremetida o incursión como
grupo de las autodefensas a Barranca y nos quedamos en una espera para proceder
a dicha incursión, pero como se apareció el agente DURAN planteando la incursión
para ese día 28, fue cuando me anime ya coordinando con la base llanito y llame al
Batallón NUEVA GRANADA y le dije al capitán PRADA que no fuera a sacar gente por
ahí por que íbamos a hacer la arremetida el día 28. ese fue el aviso ya que lo teníamos
coordinado con la policía que era el 28. (…)
En Sabana de torres hay un peaje del Ejercito donde se mantenían constantemente
gente del Ejercito, y también salía la policía a hacer retenes de vez en cuándo y eso
lo manejaban el comandante DANILO y WILIAM ellos eran quienes tenían el contacto,
había la plena seguridad de pasar por allí que no había ningún inconveniente,
seguimos donde también se encuentra otra base que se llama LA LISAMA es del
batallón 45 donde se encontraba ahí un sargento que se llamaba CUELLO que era
muy amigo de los tres comandantes, ese sargento era de raza negra, el nombre
completo lo tiene la fiscalía 34 de D.H. ya fue reconocido fotográfico de el por mi
persona. Ellos tenían muy amigo de los tres comandantes DANILO, CAMILO y WILIAM
no había problema APRA pasar por allí. Y de la base de llanito sí fue coordinado por
mí y por DANILO y con la policía directamente por mi persona. PREGUNTADO. Sírvase
explicarle al despacho que coordinación se estableció con el agente DURAN y
respecto a que autoridades o estaciones con la policía en concretó por donde
ustedes iban a pasar implicaban esta coordinación. CONTESTÓ: El cabo DURAN dice
que podíamos entrar el domingo por que se encontraba la mayoría de ellos en
franquista, por donde nosotros íbamos a pasar no había ningún puesto de policía, el
temor de nosotros era como ellos hacían retenes en cualquier sitio, podría ser en el
sitio del retén a la entrada de Barrancabermeja o en el momento en que nos
encontráramos adentro haciendo la incursión pudieran salir a tener choque con
46 La diligencia se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2010 (Folios 3008 a 3014 del cuaderno 9), su relato guardó
consistencia en el tiempo, el 18 de noviembre de 2011 amplió su declaración en los mismos términos y, entre otros
aportes al proceso penal, expuso (se trascribe): “unos días antes estuve en la base militar del llanito perteneciente
al Batallón Nueva Granada en la ciudad de Barrancabermeja Y JUAQUIN MORALEZ alias DANILO fue y me presento
al comandante de la base militar para que me conociera y para que el domingo 28 de febrero de 1999 no se
presentara ningún inconveniente para pasar ese de BARRANCA hacia la vía de Puerto Wilches, pero sin embargo
el comandante DANILO se encontraba afuera de la base esperándonos, para que no se presentaran
inconvenientes” (Folios 3577 a 3581 del cuaderno 10).
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nosotros ya que no teníamos una buena relación con el Coronel JOAQUIN CORREA
quien era el comandante de la policía (…)
Sí nosotros teníamos una buena relación con ellos, y después de la masacre hablamos
con ellos, donde me preguntaban las persona que habían sido asesinadas y las dos
que nos llevamos eran de la guerrilla, donde yo le digo que yo tenia constantemente
viviendo una persona en Barrancabermeja y era quien nos informaba o reconocía a
las personas el era JHON ALEXANDER CAMPO conocido con el alias DE PEPO,
INCLUSIVE AL AGENTE DURAN le regalamos un revolver y le dábamos plata cuando
iba a SAN RAFAEL.” (Destaca la Sala)
38. Fremio Sánchez Carreño, también condenado por los mismos hechos,
solicitó un preacuerdo47, con ese fin relató lo que le constaba sobre la
masacre del 28 de febrero de 1999, entre otras cosas expuso48 (se trascribe):
“respecto al policía, antes de los hechos nos colaboraba un policía de apellido
DURAN que creo pero no estoy seguro que el nombre era JULIAN, el bajaba mucho a
SAN RAFAEL corregimiento de RIO NEGRO a hablar con el PANADERO después supe
que este ascendió creo que a CABO. (…)
Para esa época como en el año 98 o 99 le colaboraba el capitán SANTANA y el
Teniente CUELLO quienes laboraban en la Base LA FORTUNA, en una oportunidad le
prestaron a CAMILO diez (10) fusiles, igualmente colaboraban con toda la logística
de uniformes y munición, en esa época como del 99 al 2000 nos colaboraba mucho
el Mayor HERRERA PERPETUA EDGAR del batallón 45 HEROES DE MAJAGUAL Ejército
Nacional, y el capitán de seguridad de ECOPETROL yo lo conocí como MAURICIO
estos colaboradores fue como desde el 98 al 2000, el mayor HERRERA me entregó a
mí personalmente CINCUENTA (50) UNIFORMES NUEVOS Y CINCO MIL (5000) TIROS 5.56,
VEINTE (20) GRANADAS DE MANO Y DIEZ DE FUSIL, alias CAMILO me mando a mí a
recogerlas en el batallón 45 que queda dentro de ECOPETROL, también había un
sargento de la base de BOSTON del batallón 45 d apellido RODRÍGUEZ, era bajito y
acuerpado. (…)
Como desde finales del 98 y todo el 99, CAMILO se reunía con altos mandos militares
de Bucaramanga en una finca de SAN RAFAEL del Doctor VICTOR HUGO él es muy
conocido en el sector de SAN RAFAEL, ya el nuevo grupo siguió teniendo
coordinación con los militares de SABANA DE TORRES y militares de BUCARAMANGA
con el GAULA (…)
PREGUNTADO. Sírvase explicarle al despacho si lo sabe cómo fue la colaboración de
las autoridades como usted lo ha manifestado con los miembros de la nueva
estructura. CONTESTO: De lo de CAMILO a mi él me consta porque yo patrulle con el
ejército de la fortuna varias veces y sobre los fusiles que nos prestaban también me
consta por que el Capitán entraba uniformado pero ya con el Bloque CENTRAL
BOLIVAR también venía el capitán de SABANA DE TORRES a hablar con NIÑO
ESCOBAR o GUSTAVO ALARCON y uno se daba cuenta, el resto ya lo manejaban más
discretamente.”
39. Oswaldo Prada Escobar, militar retirado, encartado con las
declaraciones de los antes citados, expuso que no tenía nada que ver con
47 Solicitud de 15 de septiembre de 2009 (Folios 1890 a 1893 del cuaderno 9).
48 Declaración rendida el 6 de agosto de 2010 (Folios 2948 a 2952 del cuaderno 9).
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los hechos, que su función se limitaba a recibir la información y pasarla al S3
que era el jefe de operaciones, Mayor Avendaño que, efectivamente, fue
a su casa fiscal, le informó, que a los 20 o 30 minutos no llegaba y volvió a ir,
lo encontró en pantaloneta y le dijo que ya iba para allá, argumentó que
con esos hechos se le hacía extraño que no estuviera investigado el S3
Mayor Avendaño pues era quien tenía la potestad de comunicarse con las
demás unidades y ordenar operaciones militares, era quien estaba al
mando y conocía de todas las operaciones que se efectuarían. Que quienes
deberían ser llamados a responder por esos hechos eran los 3 oficiales
superiores del Batallón Nueva Granada y no los oficiales subalternos49.
40. Los hechos narrados por Mario Mejía Jaimes y Fremio Sánchez Carreño
fueron corroborados, en lo que le constaba, por Joaquín Morales, alias
“Danilo”, quien expuso que (se trascribe): “La incursión la hizo el PANADERO
yo me encontraba en un lugar que llama el Fondo Ganadero, entonces me
llamaron por radio para que fuera a una base militar en el Llanito para que
coordinara la salida del grupo cuando terminara la incursión y no hubiera
reten, recuerdo que los militares con los que yo hablé era como un Sargento
no recuerdo exactamente el nombre ni el rango”50.
41. Con base en la cantidad de pruebas hasta ahora relacionadas, la
Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dentro
del sumario 460 impuso medida de aseguramiento51 y formuló cargos con
fines de sentencia anticipada contra varios de los implicados en los
hechos52, cargos que fueron aceptados por sus destinatarios. Dentro de los
argumentos para imponer las medidas y formular cargos, expuso (se
trascribe):
“Es así como se tiene que para el hecho que nos ocupa hubo una previa celebración
de un acuerdo común -llevando a cabo un hecho de manera mancomunada,
mediante una contribución objetiva a su realización, la reunión de los 16 miembros de
las AUSAC bajo el mando de alias PANADERO o MARIO JAIMES MEJIA, era asesinar a
aquellas personas y poder salir del sitio tranquilamente ya que tenían que pasar por
muchos retenes del Ejercito, por lo que su comandante DANILO o JOAQUIN MORALES
era quien les organizaba para que no tuvieran inconveniente alguno.
El acuerdo en común consistía en que cada coautor se comprometía a realizar una
tarea parcial, indispensable para la realización del plan de tal manera que todos
parecen como coautores de la responsabilidad y sepan que actúan junto a otros, y
que con ellos realizan una tarea concreta, es por eso que el dominio del hecho se
torna común, es así como conforme a las pruebas allegadas se tiene que JOAQUIN
MORALES pertenecía a las AUSAC e hizo parte del grupo armado ilegal que incursiono
49 Folios 3021 a 3037 del cuaderno 9.
50 Declaración del 25 de octubre de 2010 (Folios 3189 a 3193 del cuaderno 10).
51 Medida de aseguramiento a Joaquín Morales, alias “Danilo” (Folios 3222 a 3231 del cuaderno 10) y Javier
Pumarejo Martínez, alias “Sandy” (Folios 3267 a 3277 del cuaderno 10).
52 Formulación de cargos con fines de sentencia anticipada contra Joaquín Morales, alias “Danilo” (Folios 3368 a
3375 y 3472 a 3479 del cuaderno 10), Henry Ricardo (Folios 3381 a 3388 y 3497 a 3504 del cuaderno 10), Javier
Pumarejo Martínez (Folios 3391 a 3398 y 3481 a 3488 del cuaderno 10), Jhon Alexander Vásquez, alias “Pepo” (Folios
3401 a 3408 y 3489 a 3496 del cuaderno 10).
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Referencia: Acción de reparación directa
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el día 28 de febrero de 1999 a la ciudad de Barrancabermeja y acordó con los
comandantes de las bases militares para que los dejaran salir de la ciudad de
Barrancabermeja sin problema alguno, ya que llevaban armas además de dos
personas secuestradas que según dichos del señalo a las personas que debían darse
de baja por considerarse guerrilleros o colaboradores de la subversión.”53 (Destaca la
Sala)
42. Las pruebas relacionadas son suficientes, claras y contundentes para
mostrar la participación activa de miembros del Ejército y la Policía Nacional
en los hechos que desencadenaron en las lesiones, desaparición y muerte
de personas la tarde del 28 de febrero de 1999, entre ellas, Leonardo
Guzmán Martínez y William Rojas Zuleta. No obstante, recuerda la Sala que
esta manera de operar no es exclusiva de estos autores, sino que,
lamentablemente se trata de un patrón de comportamiento repetido en los
casos de connivencia entre grupos paramilitares y la fuerza pública al
consumar masacres pues, las fuerzas institucionales se encargan de adoptar
las medidas necesarias para no obstaculizar la operación paramilitar; así lo
ha trazado la Sección Tercera del Consejo de Estado54. La CIDH también ha
estudiado este patrón comportamental en su jurisprudencia, tal como lo
expuso esta Sala en Sentencia de 27 de agosto de 201955:
“En la masacre de 19 comerciantes, la Corte estableció que los paramilitares
contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a
la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de
éstas, y que les dejaron tomar ventaja descuidando su control y vigilancia56. Cuando
estudió la masacre de Mapiripán, encontró que los agentes del Estado facilitaron el
ingreso de las AUC a la región, y aun con conocimiento del ataque perpetrado contra
la población civil en Mapiripán, omitieron adoptar las medidas necesarias para
protegerla57. Más adelante, cuando resolvió el caso de las masacres de Ituango58,
también encontró acreditada la participación y aquiescencia de miembros del
Ejército en la incursión paramilitar en El Aro y en la determinación de un toque de
queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado.”
43. La Sala encuentra probada una falla en el servicio por acción, tanto
de parte de la Policía nacional como del Ejército Nacional porque, prestaron
un apoyo activo en la planeación y deliberadamente omitieron el
53 Se trascribe parte de la formulación de cargos en contra de Joaquín Morales, a modo ilustrativo porque en todas
las providencias relacionadas se expusieron argumentos similares.
54 Como ejemplo de esta metodología criminal podemos ver las masacres de La Rochela - Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de mayo de 1995, exp. 10639 -, Puerto Alvira
o Caño Jabón - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 25310 -, Frías - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de 3 de diciembre de 2014, exp. 35413-, El Planchón - Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34448-,
Pichilín - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de
13 de diciembre de 2017, exp. 40447- y La Sarna - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 27 de agosto de 2019, exp. 44240 A.
55 Radicado: 15001-23-31-000-2003-03453-01(44240)A.
56 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes c. Colombia.
Sentencia de 5 de julio de 2004 (fondo).
57 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán c.
Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005 (fondo).
58 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacre de Ituango c.
Colombia, sentencia de 1° de julio de 2006 (fondo).
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
cumplimiento de sus deberes institucionales para la comisión de crímenes
atroces, entre ellos, el asesinato de Leonardo Guzmán Martínez y William
Rojas Zuleta, con lo cual, violaron abiertamente la obligación de respeto
que tienen los Estados frente a los derechos humanos, especialmente en el
contexto de un conflicto armado y respecto de personas protegidas por el
DIH. En el marco de análisis para crímenes atroces de Naciones Unidas59.
44. Por lo expuesto, se confirmarán las sentencias proferidas en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, en lo atinente a la
declaratoria de responsabilidad de las entidades accionadas.
2.4. Perjuicios
45. En el Expediente 52325, adelantado por la muerte de William Rojas
Zuleta, el apelante, Ejército Nacional no debatió los perjuicios, tampoco la
Policía Nacional en su adhesión, razón por la cual, los perjuicios en ese
expediente no serán objeto de pronunciamiento.
46. En el Expediente 49843, la parte demandante solicitó que se
reconocieran los perjuicios causados a Janeth Paola Galvis Villareal, por
haber acreditado su vínculo matrimonial con la víctima directa. Por su parte,
el Ejército Nacional pidió que se modificara la condena por lucro cesante a
Leonardo Andrés Guzmán Galvis porque en el proceso 2001- 00483 también
se reconoció en tal calidad a la menor Ingrith Yesenia Guzmán García y se
le indemnizó esta tipología.
47. La Sala revocará la negativa de las pretensiones de Janeth Paola
Galvis Villareal y reconocerá perjuicios en su favor porque, contrario a lo
expuesto en la primera instancia, encuentra que, probó su vínculo con
Leonardo Guzmán Martínez por medio de partida de matrimonio
eclesiástico celebrado el 20 de enero de 199660, además, se evidencia acta
de la Personería Municipal de Barrancabermeja en la cual se recibió la
declaración de Janeth Paola Galvis en calidad de esposa de Leonardo
Guzmán el 29 de junio de 1999, quien declaró lo sucedido alrededor de los
hechos en que este último falleció61. También se evidencia que, en la
Sentencia de 16 de mayo de 2000, el Juzgado 2 Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga reconoció a Janeth Paola Galvis como
esposa de la víctima Leonardo Guzmán Martínez y condenó al pago de
perjuicios en su favor. Finalmente, la Sala valora el hecho de que la
demandante es la madre del hijo menor de la víctima, lo que permite, en
59 Asesores Especiales para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger del Secretario
General de las Naciones Unidas, (2014), Marco de análisis para CRÍMENES ATROCES. Una herramienta para la
prevención.
60 Folio 2 del cuaderno principal.
61 Folios 1421 y 1422 del cuaderno 4.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
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concordancia con las demás pruebas relacionadas, inferir que el vínculo
entre ellos continuaba vigente.
2.4.1. Lucro cesante
48. En lo que respecta a los perjuicios materiales reconocidos en favor de
Leonardo Andrés Guzmán Galvis, encuentra la Subsección que le asiste
razón al apelante porque, se logró establecer que el 27 de febrero de 2001,
la entonces menor, Ingrid Yesenia Guzmán García, solicitó la declaratoria
de responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional por la muerte del señor
Leonardo Guzmán Martínez y que, mediante Sentencia de 13 de marzo de
2017, la Sección Tercera, Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado resolvió el asunto en segunda
instancia, declaró la responsabilidad del Estado y condenó al pago de
perjuicios materiales e inmateriales, entre ellos, al lucro cesante como hija
de la víctima directa62. En consecuencia, se liquidará este perjuicio teniendo
en cuenta la situación expuesta.
49. Al momento de su muerte el 28 de febrero de 1999, Leonardo Guzmán
Martínez tenía 49 años de edad63, de conformidad con la Resolución 497 de
1997 le restarían 47.20 años de vida (566.4 meses), su esposa Janeth Paola
tenía 21 años, contaba con una expectativa de vida de 56.44 años (790.16
meses), por lo que la indemnización se liquidará por el tiempo de
expectativa de vida que tenía la víctima.
50. Respecto de los hijos, Ingrit Yesenia Guzmán García nació el 10 de julio
de 1992, para la fecha de los hechos le restaban 220.4 meses para alcanzar
los 25 años de edad y a Leonardo Andrés Guzmán Galvis, nacido el 8 de julio
de 1996 le faltaban 268.34 meses. Como la fecha de consolidación de la
edad (25 años) para los hijos ya se cumplió, para todos ellos se trata de lucro
cesante consolidado.
51. Para el caso concreto, se calculan los periodos indemnizables y el
porcentaje de indemnización así:
52. Periodo 1: Va desde la fecha de los hechos (28 de febrero de 1999)
hasta el momento en que Ingrit Yesenia Guzmán García alcanzó la edad de
25 años (10 de julio de 2017), corresponde a 220.4 meses. En este periodo
serían beneficiarios Janeth Paola Galvis (50%), Ingrit Yesenia Guzmán García
(25%) y Leonardo Andrés Guzmán Galvis (25%).
53. Periodo 2: Desde el 11 de julio de 2017 hasta que Leonardo Andrés
Guzmán Galvis cumplió 25 años de edad (8 de julio de 2021). Son 47.93
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de
marzo de 2017. Radicado: 68001-23-31-000-2001-00483-01(47644)A.
63 Según su registro civil de nacimiento, nación el 29 de octubre de 1969 Folio 7 del cuaderno principal.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
meses. En este periodo, como Ingrit Yesenia Guzmán García ya no sería
beneficiaria, la porción que le correspondía se distribuye en partes iguales
entre los demás beneficiarios, quedando Janeth Paola Galvis (62.5%) y
Leonardo Andrés Guzmán Galvis (37.5%).
54. Periodo 3: Se cuenta desde el día siguiente al cumplimiento de los 25
años del último hijo (9 de julio de 2021) hasta la expectativa de vida que
tenía el señor Leonardo Guzmán Martínez. Para este periodo se aplica la
regla jurisprudencial según la cual, una vez todos los hijos alcanzan los 25
años, el IBL se reduce al 50% y la cónyuge tiene derecho a recibir la totalidad
de ese monto. En este periodo es beneficiaria únicamente Janeth Paola
Galvis y se calcula con la vida probable del señor Guzmán Martínez, a la
que se le restan los periodos ya indemnizados en los periodos 1 y 2, en total
son 298.07 meses.
55. Este último periodo debe dividirse en lucro cesante consolidado, hasta
la fecha de esta sentencia y, lucro cesante futuro, desde el día siguiente a
la fecha de la sentencia, hasta la vida probable de Leonardo Guzmán
Martínez. El lucro cesante consolidado será de 9,83 meses y el futuro o por
consolidar corresponde a 288,24 meses.
56. De acuerdo con la certificación expedida por el profesional de la
administración de personal de Colpatria, Leonardo Guzmán Martínez
devengaba un salario básico de $658.40864. A esa suma se le incrementa un
25% por prestaciones sociales y da como resultado $823.010, a su vez, a este
último monto se le resta un 25% que corresponde a lo que la jurisprudencia
presume que la víctima destinaba a su sostenimiento y manutención,
quedando un ingreso de $617.257,5.
57. Actualizada esta suma con la fórmula prevista para ello por el Consejo
de Estado (Ra=Rh*índice final65/Índice inicial66) arroja una renta actualizada
de $1.895.466,37. Así, para el caso concreto y, de conformidad con los
criterios explicados, se aplicará la fórmula tradicionalmente aceptada por
esta Corporación para liquidar el lucro cesante en cada uno de los periodos.
Periodo 1:
S= Ra x (1+i)ⁿ - 1
i
En donde,
Ra= renta actualizada, $1.895.466,37
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso, 220.4 meses
Entonces,
220,4
S= 1.895.466,37 x (1+0,004867) -1
0,004867
64 Folio 133 del cuaderno principal.
65 Último IPC anterior a esta sentencia (marzo de 2022 – 116.26)
66 IPC del mes de los hechos (febrero de 1999 – 37.86).
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
S = $746.046.098,36
De acuerdo con lo expuesto, la suma se distribuirá así:
• Janeth Paola Galvis (50%): $373.023.049,18
• Ingrit Yesenia Guzmán García (25%): $186.511.524,59
• Leonardo Andrés Guzmán Galvis (25%): $186.511.524,59
Periodo 2:
S= Ra x (1+i)ⁿ - 1
i
En donde,
Ra= renta actualizada, $1.895.466,37
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso, 47.93 meses
Entonces,
47,93
S= 1.895.466,37 x (1+0,004867) -1
0,004867
S = $102.042.364,88
De acuerdo con lo expuesto, la suma se distribuirá así:
• Janeth Paola Galvis (62.3%): $63.776.478,05
• Leonardo Andrés Guzmán Galvis (37.5%): $38.265.886,83
Periodo 3:
3.1. Consolidado
S= Ra x (1+i)ⁿ - 1
i
En donde,
Ra= renta actualizada, $1.895.466,37
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso 9,83 meses
Entonces,
9.83
S= 1.895.466,37 x (1+0,004867) - 1
0,004867
S = $19.037.932,89
De esta suma, a Janeth Paola Galvis le corresponde el 50%: $9.518.966,44
3.2. Futuro o por consolidar
S= Ra x (1+i)ⁿ - 1
i (1+i)ⁿ
En donde,
Ra= renta actualizada, $1.895.466,37
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
i= tasa de interés que, en este caso, corresponde a 0,004867
n = número de meses que tiene el periodo, en este caso 288,24 meses
Entonces,
288,24
S= 1.895.466,37 x (1+0,004867) -1 .
0,004867 * (1+0,004867) 288,24
S = $292.909.560,23
De esta suma, a Janeth Paola Galvis le corresponde el 50%: $146.454.780,23
Consolidado Lucro cesante para los demandantes:
LUCRO CESANTE
Janeth Paola Galvis $592.773.273,9
Leonardo Andrés Guzmán Galvis $224.777.411,42
Total $817.550.685,3267
58. Todo lo anterior no obsta para que la entidad que haya efectuado
pagos en exceso por este concepto, pueda iniciar las acciones tendientes
a recuperar dicho pago, siempre que sea mayor al monto que debía
indemnizar.
2.4.2. Daño emergente
59. En la demanda se solicitó el pago de daño emergente, sin embargo,
ni en las pretensiones ni en el texto de la demanda se especificó en favor de
quien se pedía este perjuicio y, la única prueba tendiente a acreditarlo
menciona el costo de los gastos funerarios, pero no especifica que
efectivamente se hubieran pagado ni quien lo hizo, lo que motiva a negar
tales perjuicios.
2.4.3. Perjuicios morales
60. El pronunciamiento de perjuicios morales se limitará a los
correspondientes a Janeth Paola Galvis Villareal pues, fueron los únicos que
se apelaron. En la demanda se solicitó el reconocimiento de 5000 gramos
oro por este concepto. La Sala recuerda que desde 6 de septiembre de
200168 se estableció el salario mínimo como criterio para indemnizar esta
tipología de perjuicios, de conformidad con el criterio unificado de la
Sección Tercera y, de acuerdo con el vínculo matrimonial entre la
demandante y la víctima, se le reconocerá a aquella el equivalente en
pesos a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta providencia.
67 Cabe aclarar que esta suma es inferior al monto de la pretensión, actualizado a la fecha de la sentencia.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, Rad 13232.
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
2.5. Costas
61. No hay lugar a condenar en costas pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
requeridos.
3. DECISIÓN
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia dictada el 8 de mayo de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente radicado con el
número 680012331000-2000-03165-01 (52325), por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la Sentencia dictada el 11 de julio de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente radicado con el
número 680012331000-2001-00485-01 (49843), por las razones expuestas en
esta providencia. En consecuencia, quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR solidaria y patrimonialmente responsables a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional por
los daños causados a los demandantes como consecuencia de la
muerte de Leonardo Guzmán Martínez, en la masacre ocurrida el 28 de
febrero de 1999 en el municipio de Barrancabermeja.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional a pagar el equivalente en pesos a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia para Leonardo Andrés Guzmán Galvis e igual monto
para Janeth Paola Galvis Villareal.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro),
las siguientes sumas:
Perjuicio Demandante Monto
Lucro Janeth Paola Galvis $592.773.273,9
cesante Leonardo Andrés Guzmán Galvis $224.777.411,42
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Radicación número: 680012331000200003165 01(52325) acumulado
con 680012331000200100485 01(49843)
Actor: Blanca María Zuleta y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede
_______________________________________________________________
CUARTO: RECONOCER personería para actuar dentro del presente
proceso a JARLY DAVID FLOREZ ZULETA con T.P No. 151066 del CS de la
J., como apedado de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional en los términos y de conformidad con el poder obrante a folio
245.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: EXPEDIR por secretaria copia con destino a las partes con las
precisiones del artículo 115 del CPC, una vez en firme esta sentencia,
con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359
expedido el 22 de febrero de 2005. Las copias destinadas al
demandante serán entregadas al apoderado judicial que viene
actuando.
SÉPTIMO: DAR cumplimiento a esta providencia en los términos de los
artículos 177 y 178 del C.C.A.
OCTAVO: Sin costas en la instancia.
NOVENO: En firme, archivar el expediente con las constancias del
caso.”
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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