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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2004-02309-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2004-02309-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión – Sala de Otros Asuntos, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2004-02309-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de abril de 2024

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Apelación
sentencia
Radicación: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Temas: INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – supuestos y configuración. ACTOS
ENJUICIABLES ANTE LA JURISDICCIÓN – actos administrativos definitivos. ASUNTO NO
SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL – ante la inexistencia de acto administrativo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 9 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander – Subsección de Descongestión – Sala de Otros Asuntos, mediante la
cual se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El predio San José, de propiedad de Ismardo Torres Ortiz, fue parcelado por el
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA y adjudicado a varias
personas entre 1970 y 1980, sin haberle notificado ni comunicado al referido señor;
dicho señor presentó derecho petición el 8 de marzo de 2004 y dicha entidad le
respondió mediante “acto administrativo definitivo”, contenido en el oficio 00130 del
27 de abril de 2004. Contra ese acto, el señor Ismardo Torres Ortiz interpuso
recursos y, como transcurrió el plazo de dos meses sin que la entidad los resolviera,
según la demanda, se configuró un acto ficto negativo.

Por lo anterior, el señor Ismardo Torres Ortiz interpuso demanda en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

nulidad del oficio 00130 y del acto ficto negativo y, como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de esos “actos administrativos”, pidió declarar la invalidez
de las resoluciones por medio de las cuales el INCORA adjudicó a varias personas
el predio San José, que previamente había sido parcelado.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y su trámite

1.1. El 8 de septiembre de 20041, el señor Ismardo Torres Ortiz, mediante
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
REFORMA AGRARIA -en adelante INCORA-, cuyas pretensiones declarativas
fueron las siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRIMERA: Se declare la NULIDAD del Acto Administrativo definitivo contenido en el
oficio 00130 de 27 de Abril de 2004 proferido por el Dr. CARLOS MIGUEL
MOGOLLON MONTAÑEZ, en su condición de funcionario responsable del proceso
de liquidación del INCORA - Regional Santander, por medio del cual, de una parte,
se negó a responder, manifestar, y explicar lo solicitado en el derecho de petición de
8 de Marzo de 2004, presentado por el suscrito apoderado, de porque habiéndosele
adjudicado por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero al ciudadano JOSE
ARCADIO TORRES SANTAMARIA, mediante Resolución 0134 de 30 de Marzo de
1965 el lote de terreno baldío denominado SAN JOSE, ubicado en el paraje La Horta,
corregimiento de Cimitarra, con una extensión superficiaria calculada de 367
hectáreas, y luego, haber adquirido dicho crédito el aquí demandante ISMARDO
TORRES ORTIZ por compraventa, el INCORA - Regional Santander de manera ilegal
despojó al citado comprador ISMARDO TORRES de dicho predio, adjudicándoselo
irregular e ilegalmente por parcelaciones de tierra a DULCELINA MARIN DE
CARREÑO, a través de Resolución 1159 de Septiembre 9 de 1973; a CIRO
ANTONIO MARIN mediante Resolución 1172 de 1973, a JORGE ELIECER MARIN
a través de Resolución 476 julio de 1973 o 1976; a REYNALDO MARIN, mediante
Resolución 601 de julio 30 de 1976; y a FANNY APONTE ARIAS a través de
Resolución 1496 de Septiembre 9 de 1982; y de otro lado, porque a través de dicho
acto acusado 00130, se evadió la respuesta a los puntos solicitados mediante el
aludido derecho de petición de 8 de Marzo de 2004, aduciendo el responsable del
proceso liquidatorio del INCORA - Regional Santander, que en lo que atañe con la
titulación del predio San José, dividiéndolo y adjudicándolo en las parcelas a los
ciudadanos DULCELINA MARIN DE CARREÑO, CIRO ANTONIO MARIN, JORGE
ELIECER MARIN, REYNALDO MARIN Y FANNY APONTE ARIAS, ya se respondió
mediante una Acción de Tutela decidida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga mediante fallo de 3 de Mayo de 2000. Además equivocadamente se
indica en el aludido oficio 00130 que la única vía judicial que tiene ISMARDO
TORRES ORTIZ para recuperar su lote de terreno, del cual fue despojado por el
INCORA, mediante las Resoluciones 1159 de 9 de Septiembre de 1973, 1172 de 28
de Septiembre de 1973, 476 de Julio de 1973 o 1976, 601 de Julio 30 de 1976, es
dizque un proceso ordinario civil reivindicatorio previsto en el Artículo 976 del C.C.,
contra poseedores, cuando es claro que existiendo de por medio actos administrativos

1 Fl. 48, C.1.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

definitivos proferidos por un ente público como es el INCORA en liquidación, y
estando vigentes los mismos, no puede iniciarse ni ejercerse una acción
reivindicatoria de dominio, contra poseedores, mientras no hayan sido antes
suspendidos o anulados los actos administrativos que ilegalmente adjudicaron por
parcelas a dichos ciudadanos el lote de terreno denominado San José de propiedad
del aquí demandante ISMARDO TORRES ORTIZ.

SEGUNDA: De conformidad con el Artículo 60 del C.C.A., y por haber transcurrido un
plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de
reposición y apelación (14 de Mayo de 2004) contra el contenido del Acto
Administrativo definitivo No. 00130 de 27 de Abril de 2004, proferido por el
responsable del proceso de liquidación del INCORA - Regional Santander, y no
haberse notificado al administrado ISMARDO TORRES ORTIZ decisión alguna al
respecto, se declare la NULIDAD del Acto Ficto Negativo surgido de la falta de
respuesta expresa y ausencia total de notificación de la misma al administrado en
relación con los recursos de reposición y apelación interpuestos oportunamente el 14
de Mayo de 2004, contra el Acto Administrativo Definitivo contenido en el oficio No.
00130 de 27 de Abril de 2004, falta de pronunciamiento del cual se entiende conforme
al Artículo 60 del C.C.A., que la decisión de la administración ha sido negativa, y que
por ende se ha configurado respecto de dichos recursos un acto administrativo ficto,
ocasionado por el silencio deliberado de la administración.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos
administrativos atrás expresados en las pretensiones primera y segunda, se declare
que no tienen validez alguna las Resoluciones 1159 de septiembre 9 de 1973; 1172
de 28 de Septiembre de 1973; 476 de Julio de 1973 o 1976; 601 de 30 de julio de
1976 y 1496 de 9 de Septiembre de 1982, por medio de las cuales el INCORA
Regional Santander, hoy en liquidación, procedió a despojar al comprador ISMARDO
TORRES ORTIZ del predio denominado San José ubicado en el paraje la Horta,
corregimiento de Cimitarra, con extensión de 367 hectáreas, al adjudicárselo a través
de parcelas, en su orden, a los particulares DULCELINA MARIN DE CARREÑO,
CIRO ANTONIO MARIN, JORGE ELIECER MARIN, REYNALDO MARIN Y FANNY
APONTE ARIAS, cuando desde mucho tiempo antes, esto es, el 30 de Marzo de
1965, dicho predio San José, ya había sido adjudicado por titulación de tierras, por la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, al ciudadano JOSE ARCADIO TORRES
SANTAMARIA, mediante Resolución 0134 del citado 30 de Marzo de 1965.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se establezca y
determine conforme a la confrontación de títulos contenidos en las resoluciones (actos
administrativos) atrás expresados y la escritura de compraventa No. 656 de 19 de
octubre de 1978 de la Notaría Primera del Círculo de Vélez, que el único propietario
y poseedor legal del predio rural denominado San José, ubicado en el paraje la Horta,
corregimiento de Cimitarra, con una extensión superficiaria calculada de 367
hectáreas, es el aquí demandante ISMARDO TORRES ORTIZ, quien adquirió dicho
predio, por compra que hiciera a JOSE ARCADIO TORRES SANTAMARIA, quien a
su turno, como se dijo, había adquirido legalmente mediante adjudicación de baldíos
el predio San José mediante Resolución 0134 de 30 de Marzo de 1965 de la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero, y no los segundos adjudicatarios del INCORA,
Señores DULCELINA MARIN DE CARREÑO, CIRO ANTONIO MARIN, JORGE
ELIECER MARIN, REYNALDO MARIN Y FANNY APONTE ARIAS, pues por
antigüedad y prelación el acto administrativo de adjudicación de baldíos, el primero,
que fue el que expidió la Caja Agraria mediante Resolución 0134 de 30 de Marzo de
1965, y la posterior compraventa de los mismos hecha a ISMARDO TORRES ORTIZ,
está, por encima y tienen aplicación prevalente sobre los segundos actos de
adjudicación posteriores efectuados por el INCORA a los cinco (5) particulares atrás
referenciados.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó: (i) por daño
emergente, la suma de $20’000.000, correspondiente al valor comercial del predio
San José; monto que perdió Ismardo Torres Ortiz al haber sido despojado de la
propiedad de dicho inmueble; (ii) por lucro cesante, la suma que resultara probada
en el proceso “al calcular el valor de la utilidad mensual por la explotación del predio
SAN JOSE, hoy dividido en parcelas (...), multiplicada por el número de meses, a
partir de octubre de 1978, durante los cuales el mencionado accionante ha sido
privado de su derecho de propiedad con motivo de la expedición de los actos
ilegales proferidos por el INCORA Regional Santander”, y (iii) por daños morales,
el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2. Los fundamentos fácticos expuestos por el demandante, en síntesis, fueron
los siguientes:

1.2.1. Manifestó que, mediante Resolución No. 0134 del 30 de marzo de 1965, la
Gerencia General de la Caja Agrario Industrial y Minero adjudicó al señor José
Arcadio Torres Santamaría el predio baldío denominado San José, ubicado en el
paraje La Horta, corregimiento de Cimitarra, municipio de Bolívar, Santander; predio
que posteriormente adquirió el aquí demandante, Ismardo Torres Ortiz, mediante
contrato de compraventa, por un valor de $35.000, según consta en la escritura
pública No. 656 del 19 de octubre de 1978, de la Notaría Primera de Vélez.

1.2.2. Afirmó que el INCORA, Regional Santander, violó los derechos
fundamentales a la propiedad privada y de debido proceso del ahora demandante,
porque de manera inconsulta e ilegal parceló el predio San José, despojó al señor
Ismardo Torres Ortiz y le adjudicó las parcelaciones (i) a Dulcelina Marín de
Carreño, mediante Resolución No. 1159 del 9 de septiembre de 1973; (ii) a Ciro
Antonio Marín, a través de la Resolución No. 1172 del 31 de julio de 1973; (iii) a
Jorge Eliecer Marín, por la Resolución No. 476 de 1973; (iv) a Reynaldo Marín
Carreño, por Resolución No. 601 del 30 de julio de 1976, y (v) a Fanny Aponte Arias,
mediante Resolución No. 1496 del 9 de septiembre de 1982, actos administrativos
que, según la demanda, el actor no pudo recurrir, porque no tuvo conocimiento de
su expedición, dado que no le fueron notificados.

1.2.3. Sostuvo que el 8 de marzo de 2004 presentó derecho de petición con el
propósito de que se invalidaran las referidas resoluciones; sin embargo, de acuerdo

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

con la demanda, el INCORA, Regional Santander, mediante “acto administrativo
definitivo”, contenido en el oficio No. 000130 del 27 de abril de 2004, nada decidió
sobre el particular y solamente indicó “de manera equivocada” que al aquí
demandante solo le quedaba la alternativa de acudir ante la jurisdicción ordinaria
para instaurar una acción reivindicatoria contra los poseedores.

1.2.4. Señaló que Ismardo Torres Ortiz interpuso recurso de reposición y de
apelación contra el mencionado “acto administrativo”, pero transcurrieron los dos
meses de que trata el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo (CCA) sin
que se hubiera expedido decisión alguna, por lo que, a juicio de la parte
demandante, se conformó “un acto ficto negativo generado por el silencio de la
administración”.

1.3. Luego de los supuestos fácticos anotados, en la demanda se expusieron las
normas violadas y el concepto de la violación.

De manera general, en la demanda se indicó que con la expedición de los actos
acusados, “uno expreso y otro ficto o presunto negativo”, se infringieron los artículos
2, 6, 13, 29 y 59 de la Constitución Política.

Concretamente, el demandante presentó los siguientes cargos de nulidad:

1.3.1. Violación de la ley. Este cargo se apoyó en el hecho de que el artículo 6 de
la Ley 97 de 1947 ampara un derecho de adjudicación de baldíos a quien viene
explotando económicamente un predio por un término superior de seis años, cuya
adjudicación le correspondía efectuarla a la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 135 de 1961,
de manera que el INCORA al parcelar el predio San José y al adjudicar las
parcelaciones a diferentes personas desconoció dicha norma, dado que la referida
Caja previamente le había adjudicado el lote a José Arcadio Torres Santamaría -
quien posteriormente le vendió al actor-.

Seguidamente, se indicó que lo que hubo fue un despojo y una vulneración del
derecho de propiedad del actor, además de que se le vulneró el derecho de defensa
y el debido procesa porque no tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones
adoptadas por el INCORA.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

1.3.2. Abuso y desviación de poder. Este cargo se sustentó en el hecho de que
si el INCORA, Regional Santander, conocía que antes de parcelar el predio ya
existía una primera titulación realizada por la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero, mal podía efectuar una segunda titulación de tierras a personas diferentes
al primer titular, José Arcadio Torres Santamaría, y al hacerlo causó un grave
perjuicio al posterior comprador, Ismardo Torres Ortiz, aquí demandante.

1.3.3. Vulneración del artículo 84 del CCA y del artículo 976 del Código Civil,
por aplicación indebida o errónea. Se dijo que el “acto administrativo”, contenido
en el oficio 000130 del 27 de abril de 2004, es ilegal e irregular, porque con aquel
se induce a equivocación al señor Ismardo Torres Ortiz, al indicarle que el predio
San José lo podía recuperar a través de la acción reivindicatoria, “cuando
jurídicamente es claro que la falta del elemento relacionado con la relación
propietario - vs. - poseedor no existe en el caso en estudio, pues lo que existe es un
enfrentamiento de títulos entre propietarios o adquirentes del derecho de dominio
en diversas épocas, a través de actos administrativos diferentes contenidos en
Resoluciones”, los cuales, a juicio del demandante, tienen que controvertirse a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.4. Mediante auto del 12 de enero de 20052, el Tribunal admitió la demanda y
ordenó la notificación al INCORA y al Ministerio Público, así como también, por el
interés que les podía asistir en las resultas del proceso, dispuso que se notificara a
Dulcelina Marín de Carreño, Jorge Eliecer Marín, Ciro Antonio Marín Pineda,
Reynaldo Marín Carreño y Fanny Aponte Arias.

1.5. El actor presentó escrito de adición de demanda, mediante el cual solicitó que
se vinculara, en calidad de litisconsortes de la entidad demandada, a las siguientes
personas: Gustavo Arboleda Franco, Omar León González, Luz Helena Ferrer
Suárez, Leonor Celis de Guevara, Ángel Miguel Pedraza Martínez, Edelberto
García, Luis Eduardo Fontecha Martínez, Jairo de Jesús Sánchez Yarce, Jorge
Alonso Sánchez Yarce y herederos de Ciro Antonio Marín Pineda, quienes, según
la parte actora, a través de contratos de compraventa adquirieron los predios
resultantes de la parcelación del lote San José.

2 Fl. 50 a 52, C.1.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

1.5.1. A través de auto del 1° de septiembre de 20063, el Tribunal accedió a la
petición anterior y ordenó la respectiva notificación.

2. Contestación de la demanda

2.1. El 18 de marzo de 2005, el INCORA EN LIQUIDACIÓN contestó la demanda4,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que las
apreciaciones del actor son erradas, toda vez que, según afirmó, los actos
administrativos acusados no violaron disposiciones de orden constitucional y legal.

En su escrito propuso las siguientes excepciones: (i) caducidad de la acción,
porque para el demandante, quien fue un tercero en la actuación administrativa
correspondiente a la adjudicación adelantada por el INCORA, el término de dos
años para el ejercicio oportuno de la acción corrió a partir del día siguiente a las
inscripciones de las resoluciones de adjudicación en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Vélez, de conformidad con el artículo 136, numeral 4, del
CCA. Como el último registro ocurrió el 29 de septiembre de 1982, la entidad
demandada concluyó que operó la caducidad, dado que la demanda se interpuso
en el año 2004, y (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, basado en que
no tenía la obligación legal de restituir los predios.

2.2. Edelberto García, Jorge Alonso Sánchez Yarce y Ángel Miguel Pedraza
Martínez, quienes fueron vinculados en calidad de litisconsortes de la parte pasiva,
contestaron la demanda5 y se opusieron a las pretensiones, con base en que el
oficio 00130 del 27 de abril de 2004 no es un acto administrativo, sino simplemente
la respuesta a un derecho de petición. Por otra parte, señalaron que las titulaciones
que realizó el INCORA se hicieron teniendo en cuenta las peticiones de los
interesados, siendo producto de unos procedimientos administrativos adelantados
con observancia de las normas legales que regulan la materia.

Formularon las siguientes excepciones: (i) inexistencia del acto administrativo
demandado, con fundamento en que el oficio 00130 del 27 de abril de 2004, cuya

3 Fl. 103 a 106, C.1.
4 Fl. 64 a 71, C.1
5 F. 174 a 179, C.1.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

nulidad se pretende en la demanda, no es un acto administrativo; además, anotaron
que lo que pretendía el aquí demandante con ese oficio era buscar una revocatoria
directa de los actos administrativos que adjudicaron en parte el predio San José; (ii)
caducidad de la acción, dado que transcurrieron más de 25 años desde que el
INCORA realizó la adjudicación de los predios y, en los términos del artículo 136,
numeral 4, del CCA, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
de adjudicación del INCORA caduca al vencimiento del plazo de dos años, contados
a partir del día siguiente a su publicación, y (iii) presunción de buena fe del tercero
comprador, en tanto los aquí litisconsortes son terceros adquirentes de buena fe.

2.3. Gustavo Arboleda Franco6, Cecilia Pedraza Martínez7, los herederos de Ciro
Antonio Marín Pineda8, Rosmira Duque de Mera9, Leonor Celis de Guevara10, Luis
Eduardo Fontecha11 y Jairo de Jesús Sánchez Yarce12, quienes fueron vinculados
en calidad litisconsortes de la demandada, estuvieron representados por curador ad
litem13 y manifestaron que se atenían a las resultas del proceso.

Ángel Miguel Pedraza Martínez14, Luz Helena Ferrer Suárez15 y Omar León
González Jaimes16, litisconsortes de la entidad demandada, también estuvieron
representados por curador ad litem y propusieron la excepción de caducidad.

2.4. La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural17 contestó la demanda
y también propuso la excepción de caducidad de la acción, con sustento en que el
plazo de caducidad de dos años, previsto en el numeral 4 del artículo 136 del CCA,
feneció mucho antes de que se presentara la demanda.

6 Fl. 160 y 161, C.1.
7 Fl. 428, C1.
8 Fl. 429, 434, 441, 442, 497 y 498, C1.
9 Fl. 436, C1.
10 Fl. 425 a 427, C.1
11 Fl. 450 y 451, C,1
12 Fl. 431, C.1.
13 Ante la imposibilidad de notificarlos y su no comparecencia, a pesar del emplazamiento, el Tribunal

designó curadores ad litem mediante auto del 27 de febrero de 2008 (Fl. 131 a 134, C.1.) y a través
de providencia del 23 de julio de 2010 (Fl. 347 a 349, C.1.)
14 Fl. 162 y 161, C.1.
15 Fl. 164 a 166, C.1.
16 Fl. 168 y 179, C.1.
17 Al respecto se precisa que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 1292 de 2003 -

por medio del cual se suprimió el INCORA-, “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo asumirá, una
vez culminada la liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA en
Liquidación, la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha
entidad, al igual que las obligaciones derivadas de éstos” (se destaca).

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

3. Alegatos de conclusión

Una vez vencido el término probatorio18, el Tribunal corrió traslado para alegar de
conclusión, oportunidad en la cual la parte actora y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural reiteraron lo expuesto en sus actuaciones anteriores 19, mientras
que los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de octubre de 201420, el Tribunal Administrativo de
Santander – Subsección de Descongestión – Sala de Otros Asuntos (i) declaró no
probada a excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el INCORA y (ii) se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud
sustantiva de la demanda.

Previo a adoptar las determinaciones del caso, el a quo señaló que el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, en virtud de lo dispuesto Decreto 1300 de 2003,
sería el sucesor procesal del INCORA, por la supresión de esta última entidad.

4.1. En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el INCORA, que fundamentó en el hecho de que no tenía la obligación
de restituir los bienes adjudicados, el Tribunal de primera instancia la negó “por
cuanto el INCORA (hoy INCODER) posee personería jurídica y por ende capacidad
para ejercer derechos, contraer obligaciones”, aunado al hecho de que tal entidad
se encontraba legitimada de hecho en el proceso, pues se admitió la demanda en
su contra y fue notificada a través de su representante legal.

4.2. Resuelto lo anterior, el Tribunal señaló que las pretensiones de la demanda
giraron en torno a la nulidad del oficio No. 00130 del 27 de abril de 2004, por medio
del cual el INCORA se negó responder lo solicitado por el señor Ismardo Torres
Ortiz en derecho de petición del 8 de marzo de 2004; sin embargo, advirtió que el
referido oficio no era susceptible de control judicial, pues no constituía un acto
administrativo definitivo, dado que no creó, no modificó ni extinguió la situación

18 Fl. 269, C.1.
19 Fl. 599 a 607, C.1.
20 Fl. 611 a 624, cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

jurídica que el ahora demandante pretendía que fuera resuelta, esto es, la
adjudicación de las parcelaciones del predio San José por parte del INCORA, de
ahí que, a juicio del a quo, la demanda fue sustantivamente inepta.

Seguidamente, sostuvo que el señor Ismardo Torres Ortiz debió atacar las
Resoluciones Nos. 1159 del 9 de septiembre de 1973, 1172 del 28 de septiembre
de 1973, 601 del 30 de julio de 1976 y 1496 del 6 de septiembre de 1982, por cuanto
estos fueron los actos administrativos que decidieron de manera definitiva la
adjudicación del predio objeto de la litis. A lo anterior agregó que, de encauzarse la
demanda hacia los actos administrativos pertinentes -que son las referidas
resoluciones- en virtud de los poderes ordenadores de los jueces, habría que
concluir que operó la caducidad de la acción porque, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998, el plazo para interponer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos
por el INCORA era de dos años siguientes a su publicación.

A manera de conclusión, el Tribunal de primera instancia sostuvo que “al no haberse
demandado las Resoluciones 1159 del 09 de septiembre de 1973, 1172 del 28 de
septiembre de 1973; Resolución 601 del 30 julio de 1976 y 1496 del 06 de
septiembre de 1982, debe declararse inhibida para hacer un pronunciamiento de
fondo, por cuanto el oficio demandado no creó, ni modificó, ni extinguió la situación
jurídica que el actor pretendía fuera resuelta por esta Jurisdicción”.

5. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación21 contra el fallo de primera instancia,
el cual fue concedido y debidamente admitido22.

Solicitó la revocatoria de la sentencia para que se acceda a las súplicas de la
demanda, con fundamento en que el Tribunal erró al señalar que no se demandaron
las Resoluciones Nos. 1159 del 9 de septiembre de 1973, 1172 del 28 de septiembre
de 1973, 601 del 30 julio de 1976 y 1496 del 6 de septiembre de 1982, toda vez que
sí fueron atacadas en la demanda. Sobre el particular indicó que, además de pedirse

21 Fl. 649 a 660, cuaderno del Consejo de Estado.
22 Fl. 645, cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

en las pretensiones primera y segunda del libelo introductorio la nulidad del “acto
administrativo definitivo”, contenido en el oficio No. 00130 del 27 de abril de 2004, y
del acto ficto o presunto negativo producto del silencio de la administración al no
haberse proferido decisión respecto de los recursos interpuestos contra el oficio
aludido, en la pretensión tercera se solicitó, con toda claridad y precisión, que se
declarara que las mencionadas resoluciones no tenían validez alguna.

Explicó que, cuando en la pretensión tercera de la demanda se expresó que las
mencionadas resoluciones “no tienen validez”, no puede entenderse cosa distinta a
que la parte actora sí pidió la nulidad de esos actos administrativos, de modo que,
en criterio del recurrente, el fallo inhibitorio carece de sustento y, en esa medida,
debe fallarse de fondo con sentencia favorable a sus pretensiones.

6. Actuación en segunda instancia

6.1. Mediante providencia del 16 de junio de 201523 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para que presentara
concepto.

6.2. En el término otorgado la parte actora24 y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural presentaron sus escritos de alegaciones25, por medio de los cuales
insistieron en los argumentos expuestos a lo largo del proceso.

6.3. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) problema
jurídico; (3) análisis de la Sala; (3.1.) la excepción de inepta demanda y los actos
enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (3.2.) los hechos
probados relevantes; (3.3.) estudio del contenido del oficio 00130 del 27 de abril de
2004, proferido por el responsable de liquidación del INCORA, Regional Santander;

23 Fl. 647, cuaderno del Consejo de Estado.
24 Fl. 648 a 661, cuaderno del Consejo de Estado.
25 Fl. 661 a 663, cuaderno del Consejo de Estado.

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(3.4.) examen de la pretensión tercera de la demanda objeto de estudio; (4)
conclusión y (5) costas.

1. Jurisdicción y competencia

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto guardián de la
constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias cuya
causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que
desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 30 de la Ley
446 de 199826, vigente en la fecha de presentación de la demanda.

En cuanto a la naturaleza del INCORA se tiene que esta entidad era27 un
establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 135 de 1961 y
reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, de donde se desprende claramente su naturaleza pública.

1.2. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 9 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de
Descongestión – Sala de Otros Asuntos, y por tratarse de un proceso con vocación
de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del

26 El artículo 82, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, establece: “Objeto de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las
Entidades Públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los
Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de
Gobierno.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley.
Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control
jurisdiccional."
27
Para la época en que la parte actora elevó el derecho de petición y se produjo el oficio a que se
refiere la demanda, el INCORA se encontraba en proceso de liquidación, por virtud de lo dispuesto
en el Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

CCA28, dado que la pretensión mayor29 excede la suma de $8’433.079 a la fecha de
presentación de la demanda30.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala
determinará si se configuró o no la ineptitud sustantiva de la demanda, análisis que
se contraerá al examen (i) del contenido del oficio 00130 del 27 de abril de 2004,
para establecer si aquel constituye acto administrativo o no, y (ii) de la pretensión
tercera del libelo introductorio, de la cual se extrae, a juicio de la parte recurrente,
que sí se pidió la nulidad de las Resoluciones Nos. 1159 del 9 de septiembre de
1973, 1172 del 28 de septiembre de 1973, 476 del 31 de julio de 1973 o 1976, 601
de 30 de julio de 1976 y 1496 del 9 de septiembre de 1982, proferidas por el
INCORA.

3. Análisis de la Sala

Previo a abordar los dos puntos mencionados en el acápite anterior, la Sala se
referirá (i) a la excepción de inepta demanda, en un análisis conjunto con los actos
administrativos que son enjuiciables ante esta jurisdicción y (ii) a los hechos
probados relevantes para la solución del caso concreto

28“ARTÍCULO 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”.
29 Se pidieron 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daños morales. Se

precisa que 100 SMLMV, para el año 2004, equivalían a $35’800.000,
30 A la fecha de presentación de la demanda -8 de septiembre de 2004-, la suma de $8’433.079 era

la exigida de acuerdo con las reglas del Decreto 597 de 1988 para que los Tribunales Administrativos
conocieran en primera instancia de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en las que
se controvirtieran actos de las entidades descentralizadas de distintos órdenes. El mencionado
Decreto, que modificó el artículo 132 del CCA, consagraba: “Artículo 132. EN PRIMERA INSTANCIA.
Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos (…)9. De
los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden nacional, de las
entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos órdenes por sus actos o
hechos, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos ($800.000.00). A su vez, el artículo
4 de dicho Decreto contempló “Los valores expresados en moneda nacional por este Código, se
reajustarán en un cuarenta por ciento (40%), cada dos años, desde el primero (1°) de enero de mil
novecientos noventa (1990), y se seguirán ajustando automáticamente cada dos años, en el mismo
porcentaje y en la misma fecha. Los resultados de estos ajustes se aproximarán a la decena de miles
inmediatamente superior”.

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

3.1. La excepción de inepta demanda y los actos administrativos enjuiciables
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 97 del Código de
Procedimiento Civil31, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA, la
excepción de inepta demanda se configura en dos supuestos (i) porque el libelo
introductorio no se adecúa a los requisitos formales consagrados en la ley o (ii) por
indebida acumulación de pretensiones.

En cuanto a los requisitos formales de la demanda, el artículo 137 del CCA dispone
que toda demanda deberá dirigirse al tribunal competente y debe contener los
requisitos allí consagrados, tales como: lo que se demanda, los hechos u omisiones
que sirvan de fundamento de la acción y los fundamentos de derecho de las
pretensiones. En el numeral 4 de la referida norma se establece que “cuando se
trate de la impugnación de un acto administrativo” deberán indicarse las normas
violadas y explicarse el concepto de la violación y, a su vez, el artículo 138 del
mismo estatuto, que trae a colación los requisitos para la formulación de las
pretensiones, consagra que cuando se demande la nulidad del acto se le debe
individualizar con precisión y que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la
vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o
confirmen (…)”.

El análisis conjunto de estas normas, especialmente lo consagrado en el artículo
138 del CCA, ha llevado a la Corporación a señalar que el acto enjuiciable ante esta
jurisdicción es el acto administrativo definitivo32, que, en los términos del artículo 50
del CCA, es el que pone fin a una actuación administrativa, el que decide
directamente o indirectamente el fondo del asunto. Sobre el particular, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que, por regla
general, los actos definitivos son los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque con estos la
administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los asociados33.

31 “ARTÍCULO 97. El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se

autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones
previas (...) 7. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones”.
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 13 de mayo de 2021. Rad.: 50001-23-31-

000-2011-00686-01.
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Rad.: 05001-

23-33-000-2019-00449-01 (0907-20)

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En contexto con lo expuesto, y en el marco de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, se tiene que, de no impugnarse en el libelo
introductorio actos administrativos definitivos -que producen efectos jurídicos
definitivos, ya sea porque crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas-, dado
que la demanda, por tanto, estaría dirigida contra actos que no son susceptibles de
control judicial34, se incumpliría la exigencia procesal que debe contener toda
demanda de esa naturaleza, lo que trae como consecuencia declarar probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

3.2. Los hechos probados relevantes y las pruebas adicionales

La Sala analizará los documentos aportados en copia simple, comoquiera que no
fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal
pertinente35, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de
las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo
manifestado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201336.

De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se encuentran establecidos los
siguientes hechos que interesan al presente caso:

34 “(…) al no existir acto administrativo definitivo para enjuiciar, es del caso declarar probada de oficio

la excepción de inepta demanda por inexistencia de actos administrativos susceptibles de control
judicial” (Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Rad.:
05001-23-33-000-2019-00449-01 (0907-20)).
35 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 289. Procedencia de la Tacha de Falsedad. La parte

contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación
de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a
la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido
aportado en audiencia o diligencia”.
36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013.

Rad.: 25022. “[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del
proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas
toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y
solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las
demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […] En consideración a lo anterior y a
pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254
de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han
hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”.

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

3.2.1. Está acreditado que, el 8 de marzo de 2004, el señor Ismardo Torres Ortiz
(ahora demandante), por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del derecho
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, le
solicitó al gerente liquidador del INCORA que, mediante acto administrativo, diera
respuesta a los siguientes cuestionamientos:

• Si la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero adjudicó con el lleno de requisitos
legales el predio rural San José a José Arcadio Torres Santamaría, mediante
Resolución 0134 de 30 de marzo de 1965, y este, a su vez, enajenó la propiedad a
Ismardo Torres Ortiz y le entregó la posesión, ¿cómo es jurídicamente posible que,
sin notificar el auto admisorio de un proceso de expropiación a tales personas o un
acto posterior para que estos pudieran ejercer su derecho de defensa, el INCORA,
Regional Santander, procediera a parcelar el referido predio sin prueba plena que
ameritara el despojo de la propiedad o el dominio que del mismo tenía Ismardo
Torres Ortiz, y luego a adjudicar dichas parcelaciones a Dulcelina Marín de Carreño,
mediante Resolución No. 1159 del 9 de septiembre de 1973; a Ciro Antonio Marín,
a través de Resolución No. 1172 del 28 de septiembre de 1973; a Jorge Eliecer
Marín, mediante Resolución No. 476 del 31 de julio de 1973 o 1976; a Reinaldo
Marín Carreño, a través de Resolución No. 601 del 30 de julio de 1976 y a Fanny
Aponte, mediante Resolución No. 1496 del 9 de septiembre de 1982?

• ¿Si Cimitarra, donde se encuentra la finca San José y las parcelaciones efectuadas
por el INCORA, es considerado zona roja desde la época en que acontecieron los
hechos expresados? ¿Si el INCORA, Regional Santander, al momento de efectuar
las parcelaciones conocía que el titular del derecho de dominio del predio San José
era Ismardo Torres Ortiz y que por motivos de fuerza mayor tuvo que abandonar
temporalmente esas tierras por hostigamiento de la guerrilla?

• ¿Si el INCORA, Regional Santander, “era conocedor que respecto del predio San
José, al efectuarse las parcelaciones y fraccionar ese terreno, quedó el mismo con
doble titulación, una por parte de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, y
otra parte del INCORA, y de ser así ¿por qué sobre esa doble titulación en el
Registro Inmobiliario de la Oficina de Instrumentos Públicos de Vélez, el INCORA
no ha dilucidado ni solucionado nada al respecto mediante acto administrativo, o ha
ordenado poner en conocimiento de la justicia ordinaria o contencioso
administrativa, según el caso, el problema presentado que el INCORA creó al

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

efectuar una adjudicación y titulación de unos lotes de un predio que mucho tiempo
antes había sido adjudicado al señor JOSE ARCADIO TORRES SANTAMARIA por
parte de otra autoridad, la Caja Agraria?”

• Si el INCORA, Regional Santander, conoce la magnitud de los perjuicios que con
su proceder le causó a Ismardo Torres Ortiz al adjudicar y ordenar la entrega de
terrenos de su propiedad a terceros, mediante la expedición de las resoluciones
mencionadas, “con las cuales sin duda alguna se constituye una verdadera y real
expropiación de hecho o despojo, es decir, sin el lleno del cumplimiento de las
formalidades legales que exige un proceso de expropiación de terrenos de dominio
de particulares, como es la falta de notificación en debida forma (...)”.

3.2.2. Se probó que el 27 de abril de 2004, mediante oficio 00130, el responsable
de liquidación del INCORA, Regional Santander, dio respuesta al derecho de
petición, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):

“En primera instancia me permito manifestarle que el INCORA fue suprimido por
orden del Gobierno Nacional mediante Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003 y las
funciones que la ley le atribulan, le fueron otorgadas al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural –INCODER-, el cual fue creado mediante Decreto 1300 del 21 de
mayo de 2003.

Estando el INCORA en este proceso de liquidación conserva capacidad jurídica
únicamente para expedir actos, celebrar contratos y adelantar acciones directamente
relacionadas con el proceso de liquidación.

En todo caso, revisando el archivo que existe en la regional no existe ningún proceso
de extinción que el INCORA hubiera adelantado sobre el caso de predio San José,
ubicado en el Paraje La Horta, corregimiento de Cimitarra, municipio de Bolívar.

Encontramos que en anteriores informaciones solicitadas al Instituto sobre el mismo
asunto, es decir, sobre la titulación de esas tierras como baldíos en terrenos
presuntamente de propiedad de ISMARDO TORRES ORTIZ a las mismas personas
nombradas en su escrito, ya fueron respondidas dentro de la acción de tutela
interpuesta por el señor ISMARDO ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga, decidida mediante fallo del 3 de mayo de 2000 y cuya copia le fue
entregada oportunamente, donde le indican que le queda ante la justicia ordinaria la
acción reivindicatoria prevista en el artículo 946 del CC contra los poseedores”.

3.2.3. Quedó establecido que el 13 de mayo de 2004 el señor Ismardo Torres Ortiz,
por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y de apelación
en contra del “acto administrativo” contenido en el oficio No. 00130 del 27 de abril
de 2004, con fundamento en: (i) que no era cierto lo manifestado en cuanto a que
el INCORA, Regional Santander, no tenía en sus archivos las referidas
resoluciones, que constituyen un despojo a la propiedad adquirida del señor Torres

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

Ortiz, cuando fue esa misma entidad quien las expidió y; (ii) que el INCORA no
explicó las razones por la cuales expidió esas resoluciones, tampoco por qué no le
fueron notificadas personalmente a Ismardo Torres Ortiz y a José Arcadio Torres
Santamaría, vulnerándoles el debido proceso y su derecho de defensa.

Como consecuencia, solicitó revocar el “acto administrativo”, contenido en el oficio
00130 del 27 de abril de 2024, y, en su lugar, dejar sin efecto alguno las
Resoluciones Nos. 1159 del 9 de septiembre de 1973, 1172 del 28 de septiembre
de 1973, 476 del 31 de julio de 1973 o 1976, 601 de 30 de julio de 1976 y 1496 del
9 de septiembre de 1982, “porque es de esta manera como verdaderamente y en
forma legal se puede restablecer el derecho de los señores José Arcadio Torres
Santamaría y Ismardo Torres Ortiz, y no como equivocadamente lo está señalando
el responsable de liquidación del INCORA – Regional Santander en su oficio
acusado No. 000130, cuando estima que el Sr. Ismardo Torres Ortiz solo le queda
como alternativa acudir ante la jurisdicción ordinaria a instaurar una acción
reivindicatoria, prevista en el artículo 946 del CC contra los poseedores (...)”.

Pruebas adicionales

En adición a los documentos que dan cuenta de los hechos probados expuestos en
precedencia, en el proceso obran los siguientes medios probatorios:

3.2.4. Militan en el proceso los certificados de libertad y tradición de los predios
parcelados, que datan de fecha del 29 de agosto de 2009, expedidos por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Vélez37.

3.2.5. En el expediente se recaudaron los testimonios de los señores Luis Rincón38,
Fabio Gordillo39 y Antonio Ariza Cárdenas40, quienes se refirieron, en términos
generales, a la situación de conflicto armado que para los años 1960 y 1980 padecía
la zona de Cimitarra, Santander, donde se encontraba ubicado el predio San José.

37 Fl. 22 a 26, C.1.
38 Fl. 517.
39 Fl. 519, C.1.
40 Fl. 520 y 521, C.1.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
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3.3. Estudio del contenido del oficio 00130 del 27 de abril de 2004, proferido
por el responsable de liquidación del INCORA, Regional Santander

En la pretensión primera del libelo introductorio se pidió la nulidad del “acto
administrativo definitivo”, contenido en el oficio 00130 del 27 de abril de 2004. Para
el Tribunal, el aludido oficio no constituye un acto administrativo definitivo, porque
no creó, no modificó ni extinguió una situación jurídica particular, en concreto del
aquí demandante, de ahí que no fuera pasible de control judicial. Por consiguiente,
el a quo concluyó que se configuró una ineptitud sustantiva de la demanda.

De acuerdo con los hechos probados, el aludido oficio fue la respuesta que le brindó
el responsable de liquidación del INCORA, Regional Santander, al señor Ismardo
Torres Ortiz, quien presentó un derecho de petición con la finalidad de que le
respondieran unos cuestionamientos sobre el predio San José, su parcelación y
adjudicación a otras personas (hechos probados 3.2.1. y 3.2.2.). Según se extrae
del contenido del oficio 00130 del 27 de abril de 2004, en aquel se le informó dos
cosas al aquí demandante, la primera, que en los archivos del INCORA no existía
ningún proceso de extinción que se hubiera adelantado sobre el predio San José y,
la segunda, que se halló, con informaciones anteriores en relación con el aludido
terreno, que en el marco de una acción de tutela ya se le habían respondido al
peticionario sus inquietudes y su titulación, mediante fallo en el que el juez de tutela
le indicó que le quedaba adelantar ante la jurisdicción ordinaria la acción
reivindicatoria prevista en el artículo 946 del Código Civil (hecho probado 3.2.2.)

Como se observa, resulta claro que a través del referido oficio 00130 del 27 de abril
de 2004 simplemente se le comunicó al señor Ismardo Torres Ortiz sobre la
información hallada en relación con el predio San José, lo que significa que el
aludido oficio no refleja una manifestación unilateral de voluntad de la administración
y, por lo mismo, no produjo efecto jurídico alguno, dado que con aquel no se le creó,
no se le modificó ni se le extinguió al aquí demandante su situación particular y
concreta frente al terreno mencionado, de modo que, al igual como lo sostuvo el
Tribunal a quo, no constituye un acto administrativo definitivo41.

41 Sobre el particular, refiriéndose a las respuestas a derechos de petición, el Consejo de Estado ha

reiterado:“Frente a los actos expedidos como respuesta a un derecho de petición, la Sala ha
señalado que son demandables los que tienen la naturaleza de actos administrativos definitivos, es
decir, que crean, modifican o extinguen una situación jurídica en concreto // El oficio acusado no es
un acto administrativo, porque no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, ni constituye una
manifestación de voluntad de la Administración, pues, se limita a transcribir una norma legal y a

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

Se advierte que en la misma pretensión primera de la demanda, luego de pedirse la
nulidad del “acto administrativo definitivo” contenido en el oficio 00130 del 27 de
abril de 2004, se afirmó que a través de aquel el INCORA “se negó a responder,
manifestar, y explicar lo solicitado en el derecho de petición de 8 de Marzo de 2004
(...) y se evadió la respuesta a los puntos solicitados”, afirmación con la que se
evidencia que la propia parte demandante era consciente de que ese oficio no
comportaba ninguna decisión con efectos jurídicos, pues ella misma reconoce que
no hubo respuesta ni explicación por parte del INCORA a lo solicitado y que también
se evadió responder los puntos indicados en la petición, de ahí que, se repite, no
pueda predicarse que con el aludido oficio se haya creado, modificado o extinguido
una situación jurídica y particular frente al aquí actor.

En un caso en el que se examinó la naturaleza jurídica de un oficio en el cual la
Administración de abstuvo de adoptar una determinación, y se estudió si constituía
acto administrativo o no, la Sección Tercera de la Corporación advirtió que aquel oficio
solamente había plasmado un recuento de una invitación realizada por la entidad
demandada con el propósito de recibir ofertas de quienes estuvieran interesados en
ser depositarios provisionales de unas dragas puestas a disposición de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, luego de lo cual discurrió de la siguiente manera:

“En ese orden de ideas, la Sala destaca que el oficio en cuestión no comporta una
negación, ni expresa ni tácita, en lo que tiene que ver con la entrega de las 13 dragas
que supuestamente se le “adjudicaron” a la sociedad Agroestudios, toda vez que, como
acaba verse, la subdirección de bienes de la DNE se abstuvo de tomar una decisión
sobre el particular, de ahí que no sea dable inferir, en estricto sentido, que a la actora se
le haya negado su petición de entrega, máxime cuando del tenor literal del oficio en
mención no se desprende una conclusión de tal naturaleza.

reconocer la autonomía que tienen los bancos para fijar los procedimientos internos con el fin de
prestar los servicios a su cargo. Por lo anterior, el oficio demandado no es objeto de impugnación
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 28 de
febrero de 2008, Rad.: 11001-03-24-000-2006-00056-00(16589).
En similar sentido, en otra oportunidad esta Corporación expuso: “En el presente caso los actos
administrativos demandados no contienen una decisión de fondo; al dar respuesta al derecho de
petición, simplemente precisan que la administración no cuenta con un término para devolver y que
éste será el que se considere necesario para adelantar la investigación tributaria, denotándose con
ello que no están poniendo fin a una actuación ni están haciendo imposible continuarla. // De
conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo
contencioso está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias
de los distintos órganos del Estado; sin embargo, no todos los actos expedidos por la Administración
son sujetos de control jurisdiccional, como es el caso de los actos de trámite”. Consejo de Estado,
Sección Cuarta. Auto de 27 de enero de 2005, expediente 14.539.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

Así pues, como el contenido del documento transcrito refleja una abstención y no
una decisión que le haya creado, modificado o extinguido una situación jurídica
particular y concreta a la sociedad demandante, la Subsección no puede derivar
de allí la existencia de un acto administrativo, como se consideró en la demanda”42
(se destaca).

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que el oficio 00130 del 27 de abril
de 2004, expedido por el INCORA, no reviste el carácter de acto administrativo
definitivo, por más de que la parte demandante lo haya catalogado así en la
demanda. En efecto, no toda respuesta dada por las entidades públicas a los
derechos de petición ejercidos por los ciudadanos constituye acto administrativo,
como ocurre en este caso, en la medida en que no produjo efectos jurídicos.

Es así que, en vista de que el aludido oficio no constituye acto administrativo
definitivo, cabe concluir que de aquel tampoco puede derivarse la existencia de un
acto ficto negativo, producto el supuesto silencio del INCORA ante los recursos de
reposición y apelación interpuestos por el señor Ismardo Torres Ortiz (hecho
probado 3.2.3.), como lo sugiere la parte demandante en su pretensión segunda.

En ese orden ideas, y ante la claridad de que el oficio 000130 del 27 de abril de
2004 no es un acto administrativo definitivo, se concluye que la demanda resulta
sustantivamente inepta, en tanto el oficio demandado no es pasible de control
judicial. Así lo ha expuesto esta Corporación en los siguientes términos:

“Así las cosas, es evidente que la demanda es sustancialmente inepta por estar
dirigida contra un oficio que no (…) contiene decisión que cree, modifique o extinga
situación jurídica alguna, y menos la que el actor le atribuye. Como lo expresó la Sala
en reciente fallo, ‘Siendo así, la demanda deviene en inepta, en razón de que lo que
en ella se pide anular, en el presente caso, no es pasible en sí mismo de control
jurisdiccional.

En consecuencia, se revocará la sentencia objeto del recurso para, en su lugar,
declarar probada oficiosamente la excepción de ineptitud sustancial de la demanda y
proferir fallo inhibitorio sobre el fondo de la misma”43.

Por todo lo anterior, la Sala se inhibirá de decidir de fondo, al igual como lo hizo a quo,
lo que impide la valoración de los testimonios recaudados.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de febrero de 2021. Rad.: 57445.
43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de noviembre de 1999. Rad.: 51534.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

3.4. Examen de la pretensión tercera de la demanda objeto de estudio

En la sentencia de primera instancia la configuración de la inepta demanda, además
de sustentarse en el hecho de que el oficio no era acto administrativo, se fundó en
que en la demanda objeto de estudio no se pidió la nulidad de las Resoluciones
Nos. 1159 del 9 de septiembre de 1973, 1172 del 28 de septiembre de 1973, 476
del 31 de julio de 1973 o 1976, 601 de 30 de julio de 1976 y 1496 del 9 de septiembre
de 1982, que eran los actos administrativos que debieron atacarse, porque fueron
los que decidieron de manera definitiva lo concerniente al predio San José.

En contraste con lo anterior, en el recurso de apelación se señaló que en la
pretensión tercera del libelo introductorio sí se pidió que se declarara la nulidad de
las referidas resoluciones, de ahí que el a quo erró en su conclusión.

Revisado el petitum de la demanda en su integridad, concretamente la pretensión
tercera44, la Sala extrae que en esta última sí se pidió la nulidad de las antecitadas
resoluciones; sin embargo, ha de advertirse que aquella se planteó de manera
consecuencial a la prosperidad de las pretensiones primera y segunda45, es decir,
que su estudio dependía -exclusivamente- de la declaratoria de nulidad del oficio
000130 del 27 de abril de 2004 y del supuesto acto ficto negativo.

Bajo ese escenario, no resulta posible entrar a examinar la legalidad de las
resoluciones señaladas en la pretensión tercera de la demanda, por la sencilla pero
suficiente razón de que las pretensiones primera y segunda no salieron avante,
porque frente a ellas se concluyó que se dirigían a cuestionar la legalidad de unos
actos que no son susceptibles de control judicial, dado que no tienen la connotación
de actos administrativos (el oficio 000130 del 27 de abril de 2004 y el supuesto acto

44 A continuación se transcribe la pretensión tercera de la demanda: “TERCERA: Que como
consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos administrativos atrás expresados en las
pretensiones primera y segunda, se declare que no tienen validez alguna las Resoluciones 1159 de
septiembre 9 de 1973; 1172 de 28 de Septiembre de 1973; 476 de Julio de 1973 o 1976; 601 de 30
de julio de 1976 y 1496 de 9 de Septiembre de 1982, por medio de las cuales el INCORA Regional
Santander, hoy en liquidación, procedió a despojar al comprador ISMARDO TORRES ORTIZ del
predio denominado San José ubicado en el paraje la Horta, corregimiento de Cimitarra, con extensión
de 367 hectáreas, al adjudicárselo a través de parcelas, en su orden, a los particulares DULCELINA
MARIN DE CARREÑO, CIRO ANTONIO MARIN, JORGE ELIECER MARIN, REYNALDO MARIN
Y FANNY APONTE ARIAS, cuando desde mucho tiempo antes, esto es, el 30 de Marzo de 1965,
dicho predio San José, ya había sido adjudicado por titulación de tierras, por la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero, al ciudadano JOSE ARCADIO TORRES SANTAMARIA, mediante
Resolución 0134 del citado 30 de Marzo de 1965”.
45 Ver la transcripción en el punto 1.1. de los antecedentes de este proveído.

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Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

ficto negativo), con lo cual se desestima, con suficiencia, el cargo de planteado en
el recurso de apelación.

En todo caso, no está de más señalar que, aun si en gracia de discusión se pasara
por alto que la pretensión tercera de la demanda fue formulada de manera
consecuencial y en esa medida se procediera a resolverla, habría que concluir que
frente a las resoluciones allí señaladas operó la caducidad de la acción, porque
evidente viene a ser que transcurrió un plazo muy superior a los dos años que se
tenían para demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos
de adjudicación de baldíos proferidos por el INCORA, según lo consagraba el
numeral 4 del artículo 136 del CCA46.

Si bien en el expediente no hay prueba de la ejecutoria de esas resoluciones, a
efectos de determinar el referente inicial para el conteo de la caducidad la Sala
advierte que la parte actora con su demanda allegó los certificados de libertad y
tradición de los predios parcelados (prueba adicional 3.2.4.), que fueron expedidos
el 29 de agosto de 2000, de manera que, en este caso particular, resulta razonable
inferir que a partir de esa fecha Ismardo Torres Ortiz tuvo conocimiento directo de
las referidas resoluciones y, en vista de que la demanda se presentó el 8 de
septiembre de 2004, habría que concluir que operó la caducidad de la acción.

4. Conclusión

Por todas las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, ante la ineptitud sustantiva de la demanda que conduce a un fallo
inhibitorio.

5. Costas

No hay lugar a la imposición de costas en esta instancia, debido a que no se
evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.

46 “Artículo 136. Caducidad de las acciones (...) 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años
contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su
ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día
siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente oficina de instrumentos públicos”.

Radicado: 68001-23-31-000-2004-02309-01 (53403)
Demandante: ISMARDO TORRES ORTIZ

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión – Sala de
Otros Asuntos, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑÓZ
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

VF

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