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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2005-01703-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2005-01703-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. 31 Radicado: 68001233100020050170301 (71951) Demandante: EDASABA E.S.P. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2005-01703-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Radicación: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE
BARRANCABERMEJA - “EDASABA E.SP.”
Demandado: JOSÉ RAFAEL ROHENEZ ACOSTA

Tema: Acción de repetición. Régimen previsto en los artículos 90 de la
Constitución Política de 1991 y, 77 y 78 del Código Contencioso
Administrativo. No se acreditó el dolo del agente. Sin costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, por la
cual José Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de la Empresa de
Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja “EDASABA E.S.P.” declaró
insubsistente el nombramiento de Nayibe Peralta Quintana en el cargo de jefe de la
sección de contabilidad, presupuesto y tesorería de esa entidad. La decisión judicial
ordenó el reintegro de la señora Peralta Quintana a un cargo de igual o mayor
jerarquía y el pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde su
desvinculación hasta su efectivo reintegro.

La Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de Barrancabermeja “EDASABA
E.S.P.” afirma que pagó la suma de $161.179.418, correspondiente a la condena
impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander. Además, sostiene que el

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

entonces gerente José Rafael Rohenez Acosta actuó con dolo al suscribir el acto
de insubsistencia de Nayibe Peralta Quintana, cuya nulidad fue declarada y que dio
lugar al daño que originó la condena.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 27 de mayo de 20051, la Empresa de Acueducto y Saneamiento Básico de
Barrancabermeja -en adelante EDASABA E.S.P.-, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de José Rafael
Rohenez Acosta para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago
de $161.179.418 a Nayibe Peralta Quintana, el cual se llevó a cabo en cumplimiento
de la sentencia del 28 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante Resolución
146 del 22 de mayo de 1996, Pedro Luis Gómez Martínez gerente de EDASABA
E.S.P. nombró a Nayibe Peralta Quintana en el cargo de jefe de la sección de
contabilidad, presupuesto y tesorería.

Refiere que a través de Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, José Rafael
Rohenez Acosta, entonces gerente de EDASABA E.S.P. declaró insubsistente el
nombramiento de Nayibe Peralta Quintana en el cargo de jefe de la sección de
contabilidad, presupuesto y tesorería.

Señala que, en fecha indeterminada, Nayibe Peralta Quintana presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se declarara la nulidad de la
decisión administrativa que la declaró insubsistente.

Manifiesta que, mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, el Tribunal
Administrativo de Santander en proceso de única instancia declaró la nulidad de la

1 Páginas 1 a 2 del archivo “016ED_EXPTRIBUN_EXPEDIENTEDIGITALIZA.zip” luego archivo
“002ActaReparto.pdf”, expediente digital, Samai.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, ordenó el reintegro de Nayibe Peralta
Quintana a un cargo de igual o mayor jerarquía de la planta de personal de
EDASABA E.S.P. y ordenó el pago de todos los salario y emolumentos dejados de
percibir por la señora Peralta Quintana, desde su desvinculación hasta su efectivo
reintegro.

EDASABA E.S.P. afirma que pagó la suma de $161.179.418, correspondiente a la
condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander. Además, sostiene
que el entonces gerente José Rafael Rohenez Acosta actuó con dolo al suscribir el
acto de insubsistencia de Nayibe Peralta Quintana, cuya nulidad fue declarada por
desviación de poder y dio lugar al daño que originó la condena.

2. Contestaciones

El 31 de marzo de 20062, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.

2.1. José Rafael Rohenez Acosta guardó silencio.

3. De la sucesión procesal

Mediante auto del 10 de junio 20153, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó
tener como sucesor procesal de EDASABA E.S.P. al municipio de Barrancabermeja,
en tanto la primera fue liquidada a través del Decreto 198 del 30 de septiembre de
2005.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 12 de septiembre de 20234 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

2 Archivo “016ED_EXPTRIBUN_EXPEDIENTEDIGITALIZA.zip”, luego páginas 1 a 6 del archivo
“003AutoAdmiteDemanda.pdf”, expediente digital, Samai.
3 Archivo “016ED_EXPTRIBUN_EXPEDIENTEDIGITALIZA.zip”, luego, páginas 1 a 6 del Archivo

“022AutoObedezcaseCumplase.PDF”, expediente digital, Samai.
4 Archivo “004ED_EXPTRIBUN_0112Sep23Autoquecorr.pdf”, expediente digital, Samai.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

4.1. Las partes y el ministerio público guardaron silencio

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de julio de 20245 el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó que José
Rafael Rohenez Acosta actuó con dolo, pues la sentencia a través de la cual se
declaró la nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998 -por medio de la
cual el señor Rohenez Acosta declaró insubsistente a Nayibe Peralta Quintana-, no
era per se prueba de la responsabilidad patrimonial del demandado.

Al efecto, sostuvo que: “[…] No puede olvidarse que la decisión del juez contencioso
administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad no
ata al juez que conoce del juicio de repetición, ya que, en esta sede pueden hacerse
valoraciones y calificaciones distintas a las que se ventilaron en el trámite del
proceso ordinario, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la
responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino
sobre la conducta del agente o ex agente del Estado. (…) En efecto, si bien en el
proceso de nulidad y restablecimiento pudieron configurarse los elementos para
declarar su ilegalidad, ello no significa que en curso del presente juicio de repetición
se encuentre acreditada una conducta gravemente culposa o dolosa del
demandado, circunstancia que de forma ineludible debía validarse en este proceso.
No resulta procedente para esta sede judicial realizar un análisis o valoración de las
declaraciones rendidas en curso del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho, puesto que, no se solicitó la ratificación de dicha prueba testimonial en
curso del presente juicio de repetición. Se destaca por la Sala, que la ratificación de
la prueba testimonial reviste, en el presente caso, de vital importancia comoquiera
que la misma fue practicada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho sin la intervención del señor José Rafael Rohenez Acosta, hoy
demandado y contra quien se aduce la prueba. En efecto, el artículo 229 del Código
Procedimiento Civil ordena la ratificación para los testimonios recibidos en otro juicio
sin audiencia de una de las partes”.

5 Archivo “009ED_EXPTRIBUN_0625Jul24Sentenciade.pdf”, expediente digital, Samai.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

6. Recurso de apelación

El 21 de agosto de 20246, el Distrito7 de Barrancabermeja interpuso recurso de
apelación, el cual fue concedido el 17 de septiembre de 20248 y admitido el 1 de
noviembre de 20249.

6.1. La demandante10 reiteró los argumentos de la demanda, en el sentido de señalar
que las pruebas daban cuenta del actuar doloso de José Rafael Rohenez Acosta
cuando declaró insubsistente a Nayibe Peralta Quintana, razón por la que debía
darse aplicación a la presunción prevista en la Ley 678 de 2001.

Textualmente, el Distrito de Barrancabermeja sostuvo: “En el caso bajo estudio, sí
se encuentra acreditado que el demandado actuó con desviación de poder al
expedir el acto administrativo que devino en la condena impuesta a la entidad
demandante y el cual, no fue desvirtuado como correspondería al extremo
demandado. Lo anterior conlleva a que el demandado como funcionario se
encuentra sometido al imperio de la Ley, y se configura su conducta dolosa, por su
actuar bajo el desvío de poder, que como bien se dijo anteriormente, se refiere a la
intención de un agente del Estado de revestir con apariencia de legalidad un acto
que no lo es.”

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 29 de noviembre de 202411, se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. El Distrito de Barrancabermeja12 reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación.

6 Archivo “012ED_EXPTRIBUN_0921deagos24Memorial.pdf”, expediente digital, Samai.
7 Decreto 043 del 16 de enero de 2019 “Por el cual se otorga la categoría de Distrito Especial

Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el departamento de
Santander”
8 Archivo “013ED_EXPTRIBUN_1017Sep24Autoconcede.pdf”, expediente digital, Samai.
9 Índice 4, expediente digital, Samai.
10 Archivo “012ED_EXPTRIBUN_0921deagos24Memorial.pdf”, expediente digital, Samai.
11 Índice 13, expediente digital, Samai.
12 Índice 17, expediente digital, Samai.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

7.2. El ministerio público13 rindió concepto en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda y advirtió que no se probó la conducta dolosa del demandado, pues
las pruebas testimoniales del expediente trasladado de nulidad y restablecimiento
del derecho no fueron ratificadas, por lo que la sola sentencia de nulidad no era per
se prueba del dolo.

7.3. La parte demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA 14,
modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de
200115.

En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto,
porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida,

13 Índice 18, expediente digital, Samai.
14 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se
surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código.”
15 “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá

de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya
tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de
competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial
a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley
para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el
acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto (…)”.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de
repetición.

2. Acción procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 16, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 17, el medio
de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra
el servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a
José Rafael Rohenez Acosta patrimonialmente responsable del pago de
$161.179.418, realizado en cumplimiento de la sentencia del 25 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal18.

16 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
17 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al

disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”.
18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para

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Demandante: EDASABA E.S.P.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general19, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso

a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará
dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la
condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el
vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo23.

21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
23 Mediante sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido

normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del artículo
11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la
constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del
artículo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las
entidades públicas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte
indicó que en el evento en que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho
término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes
a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación. Cabe resaltar
que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la
exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su
constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de
2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 28 de mayo de 200324, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la Resolución 347 del
12 de agosto de 1998 y ordenó pagarle a Nayibe Peralta Quintana los salarios y
emolumentos dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 1625 de junio de 2003,
según da cuenta la constancia expedida por el secretario del referido Tribunal26; ii)
que el 6 de octubre de 2004, EDASABA E.S.P. realizó el último pago de la condena,
tal y como consta en el comprobante de egreso No. 13143, expedido por la tesorera
de dicha entidad27 el cual se encuentra signado como “recibido” por Nayibe Peralta
Quintana; iii) que el 16 de diciembre de 2004 vencieron los 18 meses de que trata
el artículo 177 del CCA; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la sentencia
condenatoria a cargo de EDASABA E.S.P.; y, v) que la demanda se presentó el 27
de mayo de 200528, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la
Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.

4.1. El Distrito de Barrancabermeja como sucesor procesal de EDASABA E.S.P. se
encuentra legitimado en la causa por activa, toda vez que esta última entidad fue
condenada mediante sentencia del 28 de mayo de 200330 al pago de los salarios y
emolumentos dejados de percibir por Nayibe Peralta Quintana, desde su

en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18
meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo."
24 Págs. 478 a 490, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
25 Día siguiente hábil a la desfijación del edicto.
26 Págs. 499 a 500, archivo “001Memorial.PDF”. expediente digital, Samai.
27 Págs. 22 a 28, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
28 Páginas 1 a 2 del archivo “016ED_EXPTRIBUN_EXPEDIENTEDIGITALIZA.zip” luego archivo

“002ActaReparto.pdf”, expediente digital, Samai.
29 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
30 Págs. 478 a 490, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

desvinculación hasta su efectivo reintegro, en cuyo efecto afirma que pagó la suma
de $161.179.418

4.2. José Rafael Rohenez Acosta está legitimado en la causa por pasiva, pues está
acreditado que ejerció el cargo de gerente de EDASABA E.S.P. del 5 de enero al
29 de octubre de 1998, según da cuenta copia del acta de posesión 31 y la
certificación32 expedida por la Jefe de Recursos Humanos de la referida empresa
de servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, la demanda señala que el
mencionado exgerente, con su conducta dolosa dio lugar a la condena impuesta en
contra de la entidad.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si le asiste responsabilidad a José Rafael
Rohenez Acosta, a título de dolo, por la expedición de un acto administrativo que
posteriormente fue declarado nulo por desviación de poder y que posteriormente
originó la condena impuesta en contra de EDASABA E.S.P., mediante sentencia
proferida el 28 de mayo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Santander.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
sobre el régimen jurídico aplicable al presente caso.

7. Régimen jurídico aplicable al caso

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.

31 Pág. 21, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
32 Pág. 29, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de
carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público,
así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.

La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la
acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando
generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que
las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente,
al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la
carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales
de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y
competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad,
oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y
determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con
fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso33.

Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en
contra de EDASABA E.S.P. ocurrieron en el año 1998, esto es, cuando se expidió
la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, que posteriormente fue anulada, el
régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en los
artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.

33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23

de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

8. El caso concreto

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación34, para la procedencia del medio
de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor
o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii)
el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente haya determinado el daño por el cual se condenó al Estado.

En este sentido, en aras de resolver los cargos invocados en el recurso de
apelación, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la
procedencia de la acción de repetición, ya que para la configuración de dicho
instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no
será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende,
declarar patrimonialmente responsable al agente por los hechos que dieron lugar a
la condena al Estado y condenarlo a reembolsar la suma de dinero que éste pagó.

8.1. La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que
formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia
debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza
judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto 35, tal
y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 200136.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de

noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
35Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,

Rad.:56284.
36 “La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra

del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que, a través de
sentencia del 28 de mayo de 200337, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, se condenó EDASABA E.S.P. a pagar a Nayibe Peralta Quintana todos
los emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación hasta su efectivo
reintegro a esa entidad.

8.2. La calidad de servidor o exservidor público o particular que ejerza o haya
ejercido funciones públicas del demandado

El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el
demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la
responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o exservidor público, o de
particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas.

En el caso sub judice, para probar esta calidad la parte demandante aportó los
siguientes medios probatorios:

8.2.1. Acta del 5 de enero de 199838, por la cual José Rafael Rohenez Acosta tomó
posesión como gerente de EDASABA E.S.P.

8.2.2. Resolución 347 del 12 de agosto de 199839, por medio de la cual José Rafael
Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. declaró insubsistente
a Nayibe Peralta Quintana del cargo de jefe de la sección de contabilidad, tesorería
y presupuesto de EDASABA E.S.P.

8.2.3. Certificación40, suscrita por la Jefe de Recursos Humanos de EDASABA
E.S.P. en la que hace constar que José Rafael Rohenez Acosta ejerció el cargo de
gerente de esa entidad del 5 de enero al 29 de octubre de 1998.

culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el
particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
37 Págs. 478 a 490, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
38 Pág. 21, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
39 Págs. 7 a 8, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
40 Pág. 29, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

Según lo expuesto, está demostrado que el demandado tenía la calidad de
funcionario público y, en ejercicio de sus funciones expidió la Resolución 347 del 12
de agosto de 1998, que posteriormente fue anulada a través de sentencia del 28 de
mayo de 200341, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

8.3. El pago de la obligación reparatoria

Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe
acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier
otra forma de terminación de conflictos.

A efectos de demostrar este requisito, en el caso sub examine se encuentran
acreditados los siguientes hechos:

8.3.1. Se comprobó que, EDASABA E.S.P. pagó a Nayibe Peralta Quintana las
siguientes sumas por concepto de la condena judicial contenida en la sentencia del
28 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander: i)
$30.000.000 el 3 de mayo de 200442; ii) $30.000.000 el 31 de mayo de 200443; iii)
$30.000.000 el 8 de julio de 200444; iv) $30.000.000 el 10 de agosto de 200445; v)
$30.000.000 el 1 de septiembre de 200446; y, vi) $11.179.418 el 6 de octubre de
200447, según dan cuenta los comprobantes de egreso de las fechas antes
mencionadas48, los cuales suman un valor total de $161.179.418.

8.3.2. Consta que el 20 de octubre de 2004 49, la tesorera de EDASABA E.S.P.
certificó que a esa fecha no se le adeudaba “pago alguno con respecto al
cumplimiento del fallo emanado por el Tribunal Administrativo de Santander del 28
de mayo de 2003” a Nayibe Peralta Quintana y que por tal concepto se le pagó la

41 Págs. 478 a 490, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
42 Pág. 28, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
43 Pág. 27, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
44 Pág. 26, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
45 Pág. 25, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
46 Pág. 24, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
47 Pág. 23, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
48 Págs. 23 a 28, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.
49 Pág. 22, archivo “001Demanda.pdf”. expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

suma total de $161.179.418.

De conformidad con lo anterior, se tiene acreditado el pago de la condena impuesta
a EDASABA E.S.P. mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

8.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la producción del
daño reparado por el Estado

Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante
debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos50, la
conducta del agente o exagente del Estado o del particular investido de funciones
públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue
dolosa o gravemente culposa.

Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es
necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un
conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión51.

Bajo esta óptica, se establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el actuar
doloso de José Rafael Rohenez Acosta.

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que según el artículo 18552 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo

50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,

Rad.: 56284.
51 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
52 “Artículo 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán

trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el
proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con
audiencia de ella.”

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

dispuesto en el artículo 26753 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas
practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia
y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de
ella”.

En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara copia auténtica del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 98-1564 promovido por
Nayibe Peralta Quintana y otros contra EDASABA E.S.P. La prueba fue decretada
de esta manera mediante auto del 3 de diciembre de 200854 y allegada al proceso.

Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales
trasladadas de la actuación contencioso administrativa atrás referidas, dado que
fueron debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y de ellas se corrió
traslado al demandado, de manera que ambas partes procesales conocieron su
contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
No obstante, las pruebas testimoniales insertas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no serán valoradas, pues el aquí accionado no fue
vinculado a ese trámite y esas declaraciones no fueron ratificadas en este proceso
de repetición.

Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

8.4.1. Está probado que mediante Resolución 146 del 22 de mayo de 1996, Pedro
Luis Gómez Martínez, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P., nombró en
propiedad a Nayibe Peralta Quintana en el cargo de jefe de la división de
contabilidad, tesorería y presupuesto de esa misma entidad, del cual la señora
Peralta Quintana tomó posesión en esa misma fecha. De ello, da cuenta copia de
la referida resolución de nombramiento55 y el acta de posesión56.

53 “Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”
54 Págs. 1 a 2, archivo “034AutoDecretaPruebas.PDF”, expediente digital, Samai.
55 Pág. 5, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
56 Pág. 6. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

8.4.2. Está demostrado que el 16 de julio de 1998, el alcalde de Barrancabermeja y
José Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P.
suscribieron el “Convenio de Cooperación Interadministrativa” No. 0122-98 con el
fin de que el segundo, entre otras cosas, realizara los trabajos de ampliación de la
vía “As de copas – Retén” que requieren la reubicación, relocalización y protección
de redes de acueducto en el tramo de dicha ampliación vial. De ello, da cuenta copia
del referido convenio57.

8.4.3. Demostrado está que mediante Resolución 328 del 30 de julio de 1998, José
Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. ratificó “la
urgencia manifiesta de que trata la Resolución No. 0048 de febrero 20 del año en
curso” con el fin de conjurar “las condiciones drásticas que presentan las aguas de
la ciénaga, baja turbiedad, alto color y PH bajo y, en consecuencia unas aguas
ácidas altamente corrosivas, originando graves problemas de deterioro en la tubería
del cabezal de descarga existente”. De ello, da cuenta copia de la mencionada
resolución58.

8.4.4. Se demostró que a través de Resolución 0327 del 30 de julio de 1998, José
Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. realizó una
“adición al presupuesto de rentas y gastos de la empresa de acueducto y
saneamientos básico de Barrancabermeja” por los siguientes montos, entre otros: i)
$527.104.973; ii) $87.416.749; iii) $349.104.973 de la ampliación “As de Copas-
Retén”; iv) $128.000.000 por “reparación de filtros”; v) $50.000.000 por “reparación
del cabezal de descargue en bocatoma”. De ello, da cuenta copia la mencionada
resolución59.

8.4.5. Se evidenció que, el 31 de julio de 1998, EDASABA E.S.P. solicitó a Nayibe
Peralta Quintana un certificado de disponibilidad presupuestal por la suma de
$125.847.507 para el gasto denominado “reparación y renovación de descarga de

57 Págs. 9 a 14. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
58 Págs. 15 a 22. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
59 Págs. 23 a 26. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

las bombas en bocatoma del acueducto del municipio de Barrancabermeja” y a favor
de “Anselmo José Pérez Peñaloza”, según da cuenta copia de la referida solicitud60.

8.4.6. Consta que mediante Resolución 336 del 3 de agosto de 1998, José Rafael
Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. ordenó pagar a
Anselmo José Pérez Peñaloza la suma de $37.754.252 “como anticipo del 30% del
valor total de los trabajos para la reparación y renovación del cabezal de descarga
de las bombas de la bocatoma del acueducto urbano del municipio de
Barrancabermeja”. De ello, da cuenta copia de la referida resolución61.

8.4.7. Acreditado está que, mediante oficio del 10 de agosto de 1998, José Rafael
Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. le solicitó a la jefe de
contabilidad y presupuesto Nayibe Peralta Quintana expedir certificado de
disponibilidad presupuestal por la suma de $37.754.252 a nombre de Anselmo José
Pérez Peñalosa, según lo dispuesto en la Resolución 336 del 3 de agosto de 1998.
De ello, da cuenta copia del referido oficio62.

8.4.8. Probado quedó que a través de oficio C.146 del 10 de agosto de 1998, Nayibe
Peralta Quintana, en calidad de jefe de contabilidad y presupuesto de EDASABA
E.S.P. puso en conocimiento del gerente José Rafael Rohenez Acosta que no podía
expedir unos certificados de disponibilidad presupuestal. De ello da cuenta copia
del referido oficio63, cuyo contenido es el siguiente:

“Como es de su conocimiento y aprobación, el funcionario Gerardo Arias Pinzón,
solicitó disponibilidad presupuestal por valor de $125.847.507 por concepto de
gastos en la reparación del cabezal de descarga en la bocatoma del acueducto
municipal.

A lo anterior, le respondí que únicamente se había apropiado, según Resolución No.
0327 de julio 30/98, numeral 03150704107 $50.000.000 y que cambiara el contrato,
pero tanto él como usted, insisten en que se le dé disponibilidad con este contrato,
pese a la diferencia de valores.

La Ley 80, en su artículo 42 en uno de sus apartes dice: ‘Con el fin de atender las
necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los
traslados presupuéstales internos que se requieran dentro del Presupuesto’. Y para

60 Págs. 27. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
61 Págs. 28 a 29. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
62 Pág. 31. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
63 Págs. 32 a 34, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

atender la urgencia manifiesta se hizo el acto administrativo anteriormente
mencionado (Resolución 0327).

Con relación al anticipo que usted solicita del contrato de $125.847.507 es de su
conocimiento que mientras un gasto no cuente con disponibilidad presupuestal total,
no se puede otorgar anticipo alguno. En ningún momento esta ley o acto
administrativo dice, que yo debo dar una disponibilidad sin presupuesto.

Además, el Jefe Administrativo y Financiero, Ing. Pedro Pablo Velásquez, en su
oficio del 04 de agosto/98, le envía el borrador de los traslados que usted quiere
hacer del convenio 0122, de julio 16/98, y dice textualmente que según la cláusula
novena de este convenio, puede ser modificado previo acuerdo de las partes
(Municipio y EDASABA), para lo cual se requiere elaborar un convenio adicional
para poder hacer los convenios anotados, previo concepto técnico, donde avale que
este monto es insuficiente.

Quiero dejar claro, que cualquier daño que suceda en la Planta de Tratamiento, que
deje a la comunidad sin el servicio de agua, no es mi responsabilidad, porque es de
su conocimiento y demás ingenieros, que el daño en la Planta de Tratamiento no es
de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo.

Como podrá vislumbrar, no me estoy atravesando como usted lo aseguró, delante
de algunos funcionarios de la empresa y el contratista, solamente estoy cumpliendo
con mi deber de acuerdo a la ley, además, en la sección de contabilidad, mi personal
y yo, trabajamos con base a soportes, como lo indican los principios de contabilidad,
generalmente aceptados en Colombia”.

8.4.9. Probado quedó que el 10 de agosto de 1998, Nayibe Peralta Quintana, en
calidad de jefe de contabilidad y presupuesto de EDASABA E.S.P. expidió
certificado de disponibilidad presupuestal No. 881 por valor de $37.754.252 a favor
de Anselmo José Pérez Peñalosa por concepto de “anticipo trabajos de reparación
y renovación del cabezal de descarga de las bombas de bocatoma”, según da
cuenta copia del referido certificado64.

8.4.10. Está demostrado que mediante oficio G-0368 del 12 de agosto de 1998,
José Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. respondió
el oficio C.146 del 10 de ese mismo mes y año presentado por Nayibe Peralta
Quintana, en el sentido de indicarle a esta última que nunca aprobó ni solicitó
disponibilidad superior a los $50.000.000 que existe en el presupuesto para la
reparación de cabezal de descarga de la bocatoma del acueducto, según da cuenta
copia de dicho oficio65, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

64 Pág. 35, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
65 Pág. 37, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

21

Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

“En respuesta a su oficio No. 146, me permito manifestarle que en ningún momento
he aprobado y solicitado disponibilidad superior a los $50.000.000 que actualmente
existe en el presupuesto para la reparación de cabezal de descarga de la bocatoma
del acueducto municipal (oficio No.0340 de fecha 10 de agosto-98 y la Resolución
No.336 del 3 de agosto de 1998).

Su aptitud y falta de colaboración, más bien la califico como un desacato a un
requerimiento de la gerencia para atender la emergencia que se presenta en el
sistema de bombeo del acueducto, lo que puede constituir una falta disciplinaria.

Tampoco comparto sus apreciaciones en la que pone en tela de juicio el informe
técnico elaborado por los ingenieros del departamento técnico y de producción,
función que no le corresponde dentro del orden jerárquico de la empresa. El papel
de fiscalizador y seguimiento a la declaratoria de urgencia manifiesta se encuentra
en manos de los organismos de control principalmente de la contraloría municipal,
a quien se deberá enviar copia de todos los documentos y contratos ordenados con
base dicho (sic) acto administrativo.

Agradezco si, su interés por acatar los mandatos de la Constitución y la ley sin
sobrepasarse de las funciones de su cargo.”

8.4.11. Consta que a través de Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, José
Rafael Rohenez Acosta, entonces gerente de EDASABA E.S.P. declaró
“insubsistente el nombramiento de jefe de la división de contabilidad, tesorería y
presupuesto de la empresa EDASABA E.S.P. a la señora Nayibe Peralta Quintana”,
según da cuenta copia de la referida resolución66 y cuyo contenido no tiene
motivación.

8.4.12. Consta que, mediante sentencia del 28 de mayo de 2003, el Tribunal
Administrativo de Santander en proceso de única instancia declaró la nulidad de la
Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, ordenó el reintegro de Nayibe Peralta
Quintana a un cargo de igual o mayor jerarquía de la planta de personal de
EDASABA E.S.P. y ordenó el pago de todos los emolumentos dejados de percibir
por la señora Peralta Quintana, desde su desvinculación hasta su efectivo reintegro.
De ello, da cuenta copia de la mencionada providencia67, de cuyo contenido se
destaca lo siguiente:

“(…) la valoración de conjunto de la prueba documental a que se ha hecho
referencia y de los testimonios que se dejan expuestos en aquello que pudieran ser
valorados, es claro para la Sala, que la declaratoria de insubsistencia de la señora
Nayibe Peralta, obedeció a un fin diferente al que debe inspirar este tipo de
actuaciones y se debió exclusivamente a las diferencias surgidas con ocasión de la

66 Págs. 7 a 8. archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.
67 Págs. 478 a 490, archivo “001Memorial.PDF”, expediente digital, Samai.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

solicitud de disponibilidad presupuestal por valor de $ 125.847.507 negada por la
jefe de contabilidad, hoy accionante, debido a la no existencia de presupuesto.

(…) La jurisprudencia ha sido prodiga en manifestar que, aun tratándose de
empleados de libre nombramiento y remoción la facultad del nominador para
remover a sus empleados, no puede ser arbitraria ni caprichosa, sino estar inspirada
siempre en motivos de mejoramiento del servicio, es esta la finalidad implícita que
debe guiarlo cuando expide actos relacionados con empleados no amparados por
carrera administrativa, de suerte que, si llega a apartarse de tal finalidad, incurre en
la figura denominada desviación de poder, la cual es fundamento suficiente en el
evento de haberse acreditado, para declarar la nulidad del acto impugnado.

De la prueba recaudada no se desprende que Nayibe Peralta fuera una funcionaria
cuyo desempeño laboral ameritara su desvinculación, por el contrario, todos los
testimonios apunten a señalarla como eficiente, cumplidora de su deber, puntual y
dedicada (…).

De manera que, encuentra la Sala una relación de causa a efecto entre la
contrariedad surgida a raíz de la decisión tomada por la jefe de contabilidad en el
sentido de no acceder a expedir la disponibilidad presupuestal solicitada por el señor
gerente y sostenerse en tal decisión, incluso poniéndole de presente la irregularidad
en que incurría al insistirle en la expedición de dicho certificado, y el acto de
desvinculación. Nayibe Peralta se convierte en una funcionaria molesta para el
nominador y por ende se hace ‘necesaria su desvinculación’, sin que en la misma
se observe que tal decisión, estuvo prevalida del fin que debe perseguirse en todos
estos casos, esto es, mejorar el servicio.

Basta observar la secuencia de todas las actuaciones que se surtieron a partir del
30 de julio de 1998 donde se ratifica la urgencia manifiesta para efecto de la
realización de la obra, hasta el 12 de agosto del mismo año, cuando se expide la
declaratoria de insubsistencia de Nayibe Peralta Quintana.

En consecuencia, encuentra el Tribunal que la parte actora cumplió con el artículo
177 del C.P.C. acreditando el supuesto de hecho fundamento de su pretensión, esto
es, la desviación de poder en la expedición del acto acusado.”

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, es importante reiterar que la
normatividad aplicable al asunto son los artículos 9068 de la Constitución Política de
1991 y 7769 y 7870 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades
públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía

68 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”
69 “Artículo 77. –Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades

territoriales o descentralizadas, o las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios
serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.”
70 Artículo 78. –Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso

administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o ambos. Si prospera la
demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario deberá responder, en
todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios de la entidad. En este caso la
entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado.

De entrada, observa la Sala que la parte demandante indicó en el escrito de la
demanda que la actuación dolosa de José Rafael Rohenez Acosta consistió en
expedir la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998 -que declaró insubsistente a
Nayibe Peralta Quintana- con desviación de poder.

Pues bien, respecto de la conducta de José Rafael Rohenez Acosta están
acreditados los siguientes hechos: i) que el 16 de julio de 1998, el alcalde de
Barrancabermeja y José Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de
EDASABA E.S.P. suscribieron el “Convenio de Cooperación Interadministrativa” No.
0122-98 con el fin de que el segundo, entre otras cosas, realizara los trabajos de
ampliación de la vía “As de copas – Retén” que requieren la reubicación,
relocalización y protección de redes de acueducto en el tramo de dicha ampliación
vial (hecho probado 8.4.2); ii) que mediante Resolución 328 del 30 de julio de 1998,
José Rafael Rohenez Acosta, en calidad de gerente de EDASABA E.S.P. ratificó “la
urgencia manifiesta de que trata la Resolución No. 0048 de febrero 20 del año en
curso” con el fin de conjurar “las condiciones drásticas que presentan las aguas de
la ciénaga, baja turbiedad, alto color y PH bajo y, en consecuencia unas aguas
ácidas altamente corrosivas, originando graves problemas de deterioro en la tubería
del cabezal de descarga existente” (hecho probado 8.4.3); iii) que a través de
Resolución 0327 del 30 de julio de 1998, José Rafael Rohenez Acosta, en calidad
de gerente de EDASABA E.S.P. realizó una “adición al presupuesto de rentas y
gastos de la empresa de acueducto y saneamientos básico de Barrancabermeja”
(hecho probado 8.4.4); iv) que el 31 de julio de 1998, EDASABA E.S.P. solicitó a
Nayibe Peralta Quintana un certificado de disponibilidad presupuestal por la suma
de $125.847.507 para el gasto denominado “reparación y renovación de descarga
de las bombas en bocatoma del acueducto del municipio de Barrancabermeja” y a
favor de “Anselmo José Pérez Peñaloza” (hecho probado 8.4.5); v) que mediante
Resolución 336 del 3 de agosto de 1998, José Rafael Rohenez Acosta, en calidad
de gerente de EDASABA E.S.P. ordenó pagar a Anselmo José Pérez Peñaloza la
suma de $37.754.252 “como anticipo del 30% del valor total de los trabajos para la
reparación y renovación del cabezal de descarga de las bombas de la bocatoma del
acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja” (hecho probado 8.4.6); vi)

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Demandante: EDASABA E.S.P.

que mediante oficio del 10 de agosto de 1998, José Rafael Rohenez Acosta, en
calidad de gerente de EDASABA E.S.P. le solicitó a la jefe de contabilidad y
presupuesto Nayibe Peralta Quintana expedir certificado de disponibilidad
presupuestal por la suma de $37.754.252 a nombre de Anselmo José Pérez
Peñalosa (hecho probado 8.4.7); vii) que a través de oficio C.146 del 10 de agosto
de 1998, Nayibe Peralta Quintana, en calidad de jefe de contabilidad y presupuesto
de EDASABA E.S.P. indicó al gerente José Rafael Rohenez Acosta que no podía
expedir unos certificados de disponibilidad presupuestal (hecho probado 8.4.8) viii)
que el 10 de agosto de 1998, Nayibe Peralta Quintana, en calidad de jefe de
contabilidad y presupuesto de EDASABA E.S.P. expidió certificado de disponibilidad
presupuestal No. 881 por valor de $37.754.252 a favor de Anselmo José Pérez
Peñalosa por concepto de “anticipo trabajos de reparación y renovación del cabezal
de descarga de las bombas de bocatoma” (hecho probado 8.4.9); ix) que mediante
oficio G-0368 del 12 de agosto de 1998, José Rafael Rohenez Acosta, en calidad
de gerente de EDASABA E.S.P. respondió el oficio C.146 del 10 de ese mismo mes
y año presentado por Nayibe Peralta Quintana, en el sentido de indicarle a esta
última que nunca aprobó ni solicitó disponibilidad superior a los $50.000.000 que
existe en el presupuesto para la reparación de cabezal de descarga de la bocatoma
del acueducto y que su conducta constituye un desacato a las ordenes expedidas
por la gerencia (hecho probado 8.4.10); x) que a través de Resolución 347 del 12
de agosto de 1998, José Rafael Rohenez Acosta, entonces gerente de EDASABA
E.S.P. declaró “insubsistente el nombramiento de jefe de la división de contabilidad,
tesorería y presupuesto de la empresa EDASABA E.S.P. a la señora Nayibe Peralta
Quintana” (hecho probado 8.4.11); y xi) que mediante sentencia del 28 de mayo de
2003, el Tribunal Administrativo de Santander en proceso de única instancia declaró
la nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998 por desviación de poder
(hecho probado 8.4.12).

De lo hasta aquí expuesto, es evidente que hubo inconformidades y contrariedades
entre la posición del gerente de EDASABA E.S.P. José Rafael Rohenez Acosta y la
jefe de contabilidad y presupuesto de esa misma entidad frente a la expedición de
un certificado de disponibilidad presupuestal para ejecutar unas obras en la
bocatoma del acueducto de Barrancabermeja (hechos probados 8.4.8 y 8.4.10); no
obstante, pese al cruce de oficios entre ellos dos, consta que Nayibe Peralta
Quintana el 10 de agosto de 1998 expidió el certificado de disponibilidad

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Demandante: EDASABA E.S.P.

presupuestal por valor de $37.754.252 a favor de Anselmo José Pérez Peñalosa
por concepto de “anticipo trabajos de reparación y renovación del cabezal de
descarga de las bombas de bocatoma” (hecho probado 8.4.9).

Ahora, si bien mediante Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, José Rafael
Rohenez Acosta declaró insubsistente el nombramiento de jefe de la división de
contabilidad, tesorería y presupuesto de la empresa EDASABA E.S.P. a la señora
Nayibe Peralta Quintana (hecho probado 8.4.11), lo cierto es que ninguna prueba
permite acreditar, en grado de certeza, que la conducta del señor Rohenez Acosta
fue dolosa y que la intención era la de contravenir el ordenamiento jurídico para
afectar a Nayibe Peralta Quintana.

En ese orden de ideas, la Sala reitera que según lo dispuesto en el artículo 63 del
Código Civil, la “culpa” es la conducta reprochable de un agente que generó un
daño, no querido por él pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber
objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando
habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Y reviste el
carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente,
despreocupado o temerario. Al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada
con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, nociones que,
aunque propias del ámbito del derecho común deben ser acompasadas con la órbita
del servicio público, esto es, a la luz del principio de legalidad.

En atención a lo anterior, es el juez de la acción de repetición el que debe evaluar
la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para
determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de
su conducta. En efecto, no cualquier conducta, así fuere errada o ajena al derecho,
compromete la responsabilidad de los servidores públicos, sino que se exige que
ésta haya estado dirigida a causar daño, o sea, cuando menos, producto de una
negligencia que excluye toda justificación71, situación que no se evidencia en el
demandado de la presente acción de repetición.

71Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 30 de marzo de 2017. Rad.: 42603.

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Ahora, si bien al proceso se aportó copia de la sentencia que anuló la Resolución
347 del 12 de agosto de 1998, por encontrar acreditada la desviación de poder
(hecho probado 8.4.12), lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita
que la conducta del demandado fue dolosa y/o gravemente culposa como lo exigen
las normas mencionadas ut supra.

En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del
servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador establezca que
el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de
aquel.

Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los restantes
requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los
máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado
lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado,
generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más
desprevenido. De allí que, al no ser aplicables las presunciones establecidas en la
Ley 678 de 2001, el operador tenga que acoger las definiciones consagradas en el
artículo 63 del Código Civil y la posibilidad de condena se restrinja a dos supuestos:
acreditar la intención positiva del agente estatal o probar que éste no desarrolló las
funciones y competencias propias de su cargo con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios72.

En el caso de autos no existe prueba en este proceso que indique que la actuación
de José Rafael Rohenez Acosta fue dolosa, pues no reposan testimonios u otros
medios de convicción válidos que den cuenta a la Sala de que la intención de aquel
era causar daño a Nayibe Peralta Quintana o contrariar el ordenamiento
constitucional y legal.

Al respecto, si bien la nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998
obedeció a que el Tribunal Administrativo de Santander estableció “una relación de
causa a efecto entre la contrariedad surgida a raíz de la decisión tomada por la jefe

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de

julio de 2012, Rad.: 40678.

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de contabilidad en el sentido de no acceder a expedir la disponibilidad presupuestal
solicitada por el señor gerente y sostenerse en tal decisión, incluso poniéndole de
presente la irregularidad en que incurría al insistirle en la expedición de dicho
certificado, y el acto de desvinculación. Nayibe Peralta se convierte en una
funcionaria molesta para el nominador y por ende se hace ‘necesaria su
desvinculación’, sin que en la misma se observe que tal decisión, estuvo prevalida
del fin que debe perseguirse en todos estos casos, esto es, mejorar el servicio”
(hecho probado 8.4.12), lo cierto es que dicha decisión judicial per se no configura
una violación manifiesta de la ley que expresa o tácitamente acredite la actuación
dolosa de José Rafael Rohenez Acosta.

En otras palabras, no basta acreditar que mediante sentencia judicial se decretó la
nulidad de la Resolución 347 del 12 de agosto de 1998, sino que en el marco de la
acción de repetición es menester demostrar en grado de certeza la conducta dolosa
del servidor público demandado.

Sobre el tema73, la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver una acción
de repetición contra un servidor público que expidió un acto administrativo que
posteriormente fue declarado nulo por esta jurisdicción, sostuvo que la desviación
de poder debe acreditarse en el proceso de la repetición, por cuanto la sentencia
proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no tiene por
objeto el juzgamiento de la conducta del agente estatal y, por lo mismo, sólo hace
tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada
y el derecho del demandante a obtener el correspondiente restablecimiento, salvo
que al agente haya sido llamado en garantía, pues en tal caso la sentencia que se
profiera decidirá no solo la responsabilidad de la entidad sino también la del servidor
público. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“[…] Resalta la Sala que la sentencia proferida en la acción de nulidad y
restablecimiento hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de
la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento
que en ella se dispone. Sin embargo, no hace tránsito a cosa juzgada frente al
agente estatal al que se le imputa la causación del daño patrimonial a la entidad,
porque dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta ni la
determinación de si al proferir el acto demandado obró con dolo; mientras el agente

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de agosto de 2015, Rad.:

48016; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, Rad.:
51021.

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Radicado: 68001233100020050170301 (71951)
Demandante: EDASABA E.S.P.

estatal no sea llamado en garantía y en el mismo proceso se juzgue lo relativo a su
conducta, no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace
tránsito a cosa juzgada en este aspecto.

(…) 60. En el presente caso, el fundamento del fallo que anuló la insubsistencia de
la señora Ángela Viviana Torres Carranza pareciera estar sustentado en un contexto
derivado de motivos personales de una supuesta animadversión hacia dicha
funcionaria por parte de su superior inmediata. Ciertamente, el tribunal estableció
que la Resolución 8387 del 7 de julio de 2007 adoleció de desviación de poder
porque la declaratoria de insubsistencia de la señora Torres Carranza tuvo una
razón personal y que no guardaba relación con el mejoramiento del servicio, sino
que obedecía a “las dificultades y contrariedades entre la actora y sus superiores”.

61. Sin embargo, resalta la Sala que esa motivación que tuvo en cuenta el Tribunal
para declarar la nulidad de dicha resolución de insubsistencia no está acreditada en
el presente asunto, como tampoco, en el contexto de un vicio del acto, acredita la
susodicha desviación de poder, pues no se allegó ninguna prueba tendiente a
acreditar la intención de afectar a la señora Ángela Viviana Torres Carranza, ni
mucho menos se probó en este proceso, algún tipo de diferencias con la superior
jerárquica de la señora Ángela Viviana Torres Carranza y que en virtud de ella se
hubiere inducido a la toma de la decisión al Director de la DIAN de la época, señor
Oscar Edelberto Franco Charry, tampoco se demostró que la persona que ocupó su
cargo posteriormente, no tuviera los requisitos para el mismo, o que no tuviera las
mismas calidades de la referida funcionaria.

(…) En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida
aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas
que se allegan a los juicios de repetición, dado que no distinguen la forma de la
conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de utilidad, pertinencia y
conducencia, el material probatorio sea congruente con esa misma imputación. En
efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya
génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que
permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que
se imputa, aspecto que no desdice del supuesto que conduce a su presunción, pero
que de cara actos administrativos a los que antecede un sinnúmero de actuaciones
a cargo de diferentes funcionarios, se impone como premisa de ineludible
observancia.

Cabe precisar que, si bien las referidas probanzas resultaron suficientes para
declarar la nulidad del acto administrativo demandado, no acontece lo mismo para
la acreditación de la conducta individual –dolo- frente a los demandados en la
presente acción de repetición […]”74

Bajo el anterior panorama, la Sala concluye que no está probada la conducta dolosa
que se le endilga a José Rafael Rohenez Acosta, en tanto no se demostró, por un
lado, que no tenía la facultad para declarar insubsistente a la jefe de la división de
contabilidad, tesorería y presupuesto de la empresa EDASABA E.S.P. o que su
intención era contravenir el ordenamiento jurídico o causar daño a Nayibe Peralta

74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.:

50424. Posición que posteriormente fue reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 9 de julio de 2021, Rad.: 56856.

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Quintana. En otras palabras, no se demostró en el marco de este proceso la
configuración de la desviación de poder ni que la desvinculación de la señora
Peralta Quintana obedeciera a intereses particulares del demandado.

Con todo, la Sala precisa que no se están desconociendo los efectos de cosa
juzgada de la sentencia que impuso la condena a EDASABA E.S.P. en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en su contra, pues el objeto
de dicha acción es la determinación de la responsabilidad del Estado como
consecuencia del daño causado con un acto administrativo, juicio en el que se busca
determinar la oposición del acto a la ley, el cual puede provenir de la conducta
antijurídica o no del agente que lo expide, mientras que en la acción de repetición
la antijuridicidad de la conducta del agente en tanto dolosa o gravemente culposa
es el elemento fundamental de la responsabilidad de ese agente o ex agente del
Estado en contra del cual se dirige la acción75, elemento huérfano de prueba en
estas diligencias.

Además, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se
presenta entre el juicio de repetición y el de nulidad y restablecimiento del derecho,
toda vez que en el de repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto
que en el de nulidad y restablecimiento del derecho lo son el Estado y el supuesto
afectado con el acto cuya nulidad se demanda.

En conclusión, la anulación del acto administrativo bajo el presupuesto de la
existencia del vicio de desviación de poder no lleva consigo, para casos como el
sub examine, la conclusión automática de que se obró con dolo, toda vez que el
hecho objetivo de que se haya declarado la nulidad de la resolución suscrita por el
demandado, no da lugar per se a deducir la responsabilidad del servidor público que
lo profirió.

Por último, es importante destacar que, al analizar el acervo probatorio tampoco se
encontró acreditado que la conducta de José Rafael Rohenez Acosta haya sido

75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.:

50424.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

dolosa, razón por la que no está llamado a responder dentro de la acción de
repetición.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le era exigible, teniendo en cuenta
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal onus, impide comprobar la existencia de uno de los
elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del
inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de
responsabilidad de la parte demandada.

Bajo el anterior contexto, como en el sub examine no se probó la conducta dolosa
de José Rafael Rohenez Acosta se confirmará la sentencia del 25 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda.

9. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

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Demandante: EDASABA E.S.P.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF/EX3

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