Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2006-03143-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Obligación aduanera: nace por la introducción de la mercancía extranjera al territorio nacional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2006-03143-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-2006-03143-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
31 de mayo de 2018
PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA - La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos, independientemente de que estos adopten otras decisiones no relacionados con los aspectos a que se contrajeron los recursos / DEMANDA - Individualización e identificación de los actos administrativos
[E]n el caso bajo análisis, las dos decisiones de la administración, esto es, el acto definitivo y su confirmatorio, conforman una unidad jurídica completa e inescindible que materializa la voluntad única de la Administración, y como tales se impugnaron en la demanda que dio origen a este proceso, lo cual se encuentra acorde con la exigencia contenida en el inciso tercero del artículo 138 del CCA, cuando dispone que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen.” De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que cuando el artículo 138 del CCA prevé la exigencia de que si el acto administrativo principal fue objeto de recursos, se demanden también los actos administrativos que lo modifiquen o confirmen, simplemente está indicando que estos últimos junto con el primero conforman esa unidad jurídica de que se habló renglones atrás, independientemente de que en estos últimos actos se adopten otras decisiones no relacionadas con los aspectos a que se contrajeron los recursos interpuestos. En efecto, en un pronunciamiento anterior la Sala advirtió que si en virtud del recurso de reposición presentado en la vía gubernativa, la administración profiere un acto que confirma su primera decisión, aquel hace parte intrínseca de la decisión inicialmente adoptada, de forma que uno y otro acto pese a ser materialmente dos independientes, constituyen jurídicamente una unidad inescindible que impone a quien no esté de acuerdo con ellos, demandarlos o cuestionarlos de forma conjunta y explícita. Ahora bien, dado que en el segundo de los actos acusados, esto es, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración también se pronunció sobre la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo, no relacionado con el asunto sometido a su consideración en el indicado recurso, la determinación que en el mismo recayó constituyó o dio vida a un nuevo acto administrativo sustancialmente autónomo e independiente que no guarda conexidad o dependencia alguna con el acto principal, y como tal, al haber sido objeto del recurso de reposición que la Administración resolvió en su momento mediante la Resolución No. 00003 de 14 de marzo de 2006, conformó otra unidad jurídica inescindible, cuya declaratoria de nulidad debió haberse impetrado de esa manera en la demanda, conforme al inciso tercero del artículo 138 del CCA atrás referenciado.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta (Acuerdo 357 de 2017), Radicación 05001-23-31-000-2003-01653-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
OBLIGACIÓN ADUANERA - Nace por la introducción de la mercancía extranjera al territorio nacional / OBLIGACIÓN ADUANERA - Comporta presentación, pago y conservación de la documentación que sustenta la operación de comercio exterior / OBLIGACIÓN ADUANERA – Responsables
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), en el régimen de importación, la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, y comprende la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Por su parte, el artículo 3 ib., establece que son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía. De igual manera, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.
CONTROL POSTERIOR ADUANERO - Es intemporal la facultad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercerlo / FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - De fiscalización y control aduanero / RÉGIMEN PROBATORIO EN MATERIA ADUANERA - Se permiten todos los medios de pruebas
[E]l artículo 469 de[l] [Decreto 2685 de 1999] otorga a la DIAN plena competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se puede llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta podrá, entre otras cosas, “Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros”. Así lo dispone el artículo 470 literal c) del Estatuto en mención. En el marco del proceso de fiscalización y la posterior apertura de la investigación aduanera, el artículo 471 ib. determina que en la actuación administrativa aduanera se permiten todos los medios de prueba. Adicionalmente, precisa que le son aplicables los procedimientos y principios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Tributario, especialmente en lo dispuesto en los artículos 742 a 749.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Aplicación / DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – Alcance / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – No toda irregularidad constituye causal de invalidez / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR EXPEDICIÓN IRREGULAR – Configuración / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO – Configuración
[E]n el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional y derecho fundamental al debido proceso (art. 29), garantía necesaria para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos: El derecho al juez natural o funcionario competente. ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa. iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem. Conviene precisar que no toda irregularidad constituye causal de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad atribuida sea grave, pues, en principio, en virtud de la eficacia, hay anormalidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial del mismo, esto es: juez natural, defensa o forma.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 16 de noviembre de 2014, Radicación 25000-23-27-000-2011-00089-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No se vulnera por la parte haber tenido la oportunidad de oponerse a todos las actuaciones contrarias a sus intereses / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No se vulnera por pruebas haber sido solicitadas y decretadas con las formalidades correspondientes
A lo largo de la actuación administrativa la demandante tuvo la oportunidad de oponerse a los informes rendidos por MICHELIN (24 de enero de 2005), por GOODYEAR de Colombia S.A. (8 de febrero de 2005), por la ANDI (23 de febrero de 2005 y por Fenalco (25 de febrero de 2005), que aparecen en los folios 318-319, 333-335, 339, 346-347 y 368, respectivamente, al punto que aportó documentos con el fin de demostrar que las llantas importadas eran nuevas, fabricadas en 2004 y no en años anteriores. […] Por lo anterior, la Sala considera que no se violó el debido proceso de la demandante ni los principios de legalidad, de publicidad o de tipicidad, en la medida en que tuvo la oportunidad de oponerse a todas las actuaciones que consideró se contraponían a sus intereses y de aportar pruebas para respaldar su dicho. Además, la DIAN se encontraba respaldada por el artículo 469 del EA para adelantar la investigación tendiente a determinar que la mercancía importada por la demandante había ingresado en debida forma al país, actuación que, a juicio de la Sala, no constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones de la entidad ni violatoria de los derechos fundamentales de la demandante. […]Revisada la actuación adelantada por la DIAN, la Sala advierte que las pruebas fueron solicitadas y decretadas con las formalidades correspondientes, y la demandante se pudo oponer a ellas e, incluso, presentar las propias, como ya se dijo en precedencia. No observa la Sala que se hubieran omitido las reglas del procedimiento civil o de la propia normativa aduanera que permite la práctica de todos los medios probatorios establecidos en la ley para determinar la legalidad del ingreso de mercancías al país. Cuestión diferente es que la demandante hubiera preferido que la prueba pericial fuera practicada por el ICONTEC y no por ASOPARTES, circunstancia que no deviene en ilegal la actuación administrativa ni vulnera sus derechos fundamentales de la actora.
CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR FALSA MOTIVACIÓN – Configuración
La falsa motivación se presenta cuando los hechos de la decisión adoptada por la Administración no existieron o cuando la realidad fáctica no concuerda con la analizada. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: (i) o bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o (ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.
CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR FALSA MOTIVACIÓN – No se configura por partidas arancelarias de clasificación de la mercancía ser las correspondientes
[L]a descripción detallada de la mercancía […] es suficiente para dar cuenta de que no se configuró la falsa motivación alegada, en la medida en que es evidente que las partidas arancelarias de clasificación de la mercancía son correspondientes. En consecuencia, queda sin sustento el cargo propuesto por la demandante. Finalmente, la Sala considera que a lo largo del proceso la demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, en la medida en que no probó la violación a las normas superiores ni la falsa motivación alegada, razón por la que se revocará la decisión inhibitoria proferida por la primera instancia y, en su lugar, la Sala se inhibirá de emitir un pronunciamiento respecto del numeral 2 de la Resolución No. 000027 del 17 de febrero de 2006, que negó la ocurrencia del silencio positivo y denegará las demás pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 163 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 87 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 469 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 470 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 471 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 519
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 68001-23-31-000-2006-03143-01
Actor: DISTRIBUIDORA ALFATRES E.U
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada la excepción de inepta demanda presentada por la UAE DIAN.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
La empresa Distribuciones Alfatres E.U., por medio de apoderado judicial, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 00143 del 14 de septiembre de 2005, expedida por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, que ordenó el decomiso de una mercancía (consistente en llantas y protectores de llantas y neumáticos), y su confirmatoria, la Resolución No. 000027 del 17 de febrero de 2006, proferida por la División Jurídica de la Administración Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior.
Formuló las siguientes pretensiones:
• Se declare la nulidad de las Resoluciones No. 000143 de 14 de septiembre de 2005, expedida por la División de Fiscalización de la DIAN de Bucaramanga, por medio de que se ordenó el decomiso en favor de la Nación de la mercancía aprehendida y descrita en el considerando quinto de esa providencia; y 000027 de 17 de febrero de 2005, emanada de la División Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, que resolvió el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la primera de las mencionadas resoluciones (artículo 1°) y negó la petición de la ocurrencia del silencio administrativo positivo, advirtiendo que contra esta última decisión procedía el recurso de reposición.
• Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que la DIAN debe proceder a la devolución de la totalidad de la mercancía decomisada y se le condene a pagarle la suma que pericialmente se determine por concepto de daño emergente y lucro cesante, cuya tasación provisional la estima en la suma de $704’974.422.oo y, en caso de que la mercancía decomisada haya sido rematada, decretar que la DIAN debe pagarle su valor comercial indexado a la fecha en que se haga efectivo el pago, con base en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, como lo dispone el artículo 178 del CCA.
• Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado en el artículo 176 del CCA y se condene en costas a la entidad demandada.
1.2. En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
Adujo que mediante Acta de Inspección Aduanera núm. 3345 de 23 de diciembre de 2004, funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera retuvieron una mercancía de origen extranjero incautada en el puesto de control de Aguas Claras, Municipio de Aguachica, acompañadas de los manifiestos de carga, el cumplido y las Declaraciones de Importación Nos. 062004100122319-1, 0622004100122338-1, 062004100122372-2, 062004100122333-5 y 062004100122374-7, del 22 de diciembre de 2004, presentadas en la DIAN de Cartagena por DINÁMICA ADUANERA SIA LTDA., en la que funge como importadora la demandante, “por tratarse de mercancía que no aparece presentada o declarada ante las autoridades aduaneras”.
Dijo que en actuaciones administrativas adelantadas en diciembre de 2004 y febrero de 2005, la DIAN solicitó “apoyo institucional” a FENALCO, GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. e ICOLLANTAS S.A., con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos para el ingreso al país de las llantas inmovilizadas, las que concluyeron que los números del DOT que aparecen en ellas, de tres cifras, “corresponden a llantas fabricadas en años anteriores al 2000”.
Narró que el 29 de diciembre de 2004, la actora solicitó la devolución y entrega de las mercancías, y aportó las declaraciones de importación acompañadas de los Registros de Importación, la Declaración Andina del Valor, la factura comercial del proveedor en el exterior, el Documento de Transporte y el Manifiesto de Carga.
Dijo que el 12 de enero de 2005, el Jefe de Grupo de Control de Infracciones Aduaneras de la División de Fiscalización Tributaria de la Administración Local de Bucaramanga presentó informe sobre la inmovilización de las llantas, en el que resaltó “que en las mercancías se han encontrado llantas con fechas de fabricación (DOT) anteriores al 2004, sobre las que a la fecha sólo se han presentado declaraciones de importación de 2004, sin haber tramitado la Licencia Previa.”
Sostuvo que mediante Acta No. 159 de 28 de febrero de 2005 y Auto No. 025 de la misma fecha, la mercancía fue aprehendida, por tratarse de mercancía de procedencia extranjera no declarada, de conformidad con lo establecido en el artículo 502, numeral 1.6 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999, modificado por el artículo 6° del Decreto 1161 de 2002, pues no estaba respaldada en las declaraciones de importación presentadas por Alfatres.
Manifestó que por auto No. 007 de 3 de marzo de 2005, la DIAN ordenó la entrega parcial de parte de la mercancía inmovilizada, por presentar pruebas de su legal introducción al territorio nacional. Y agregó que, el 14 de marzo de 2005, presentó objeción al Acta de Aprehensión No. 159 de 28 de febrero de 2005, en la que solicitó pruebas, entre ellas, el decreto de un dictamen pericial para establecer si las llantas aprehendidas eran aptas para el uso en Colombia, si cumplían las exigencias establecidas en las normas técnicas colombianas e internacionales y para que se certificara el año de fabricación de las mismas.
Explicó que, mediante Resolución No. 000143 del 14 de septiembre de 2005, la DIAN dispuso el decomiso a favor de la Nación de la aludida mercancía aprehendida, descrita en el numeral 5 de ese acto y en el documento de ingresos de mercancía DIIAM 3104102271 de 24 de diciembre de 2004. Que, inconforme, la demandante interpuso recurso de reconsideración y posteriormente solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo.
Narró que, mediante Resolución No. 000027 de 17 de febrero de 2006, la DIAN resolvió en forma adversa el recurso de reconsideración y en el artículo 2° de su parte dispositiva negó la petición del silencio administrativo positivo, advirtiendo que contra esta decisión procedía el recurso de reposición. De este recurso se hizo uso, y mediante Resolución 00003 de 14 de marzo de 2006 se desató el mismo, confirmando el citado artículo 2° de la Resolución 00027 de 2006.
1.3. La actora adujo como violados los artículos 2°, 6° 29 y 90 de la Constitución Política; 3°, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; 511 y 519 del Decreto 2685 de 1999; y 236 a 238 del Código de Procedimiento Civil.
El concepto de violación lo fundamentó, en síntesis, así:
Que se produjo la violación de los artículos 2°, 6° y 29 de la Carta Política por parte de los actos acusados, desde el mismo momento en que se desconoció la efectividad de los derechos y deberes en ellos consignados, por extralimitación de la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, al haberlos expedido sin sujeción a los principios del derecho probatorio y al debido proceso y por haber desconocido los principios de publicidad y tipicidad derivado del principio de legalidad.
Para demostrar las anteriores acusaciones, la demandante se refirió ampliamente a las actuaciones que adelantó la DIAN con anterioridad a la medida de aprehensión de la mercancía, sin informar de ellas a la demandante para que pudiera ejercer su derecho de defensa, como lo fue la de solicitar a empresas del sector llantero y agremiaciones respectivas el análisis técnico de la mercancía inmovilizada el 23 de diciembre de 2004.
Adujo que ratifica el concepto de violación al debido proceso y al principio de publicidad, el supuesto fáctico consistente en que los funcionarios de la DIAN, con anterioridad a la aprehensión, ocultaron la prueba documental en que la empresa MICHELIN calificó como confidencial el informe que rindió, con la expresa constancia en de que “este informe es únicamente para la DIAN y no puede ser entregado a particulares sin previa autorización de Goodyear de Colombia S.A.”
Agregó que la DIAN dio el carácter de peritaje a un informe que nunca fue decretado como prueba con las formalidades que consagra el Código de Procedimiento Civil.
Precisó que respecto del dictamen pericial que se solicitó y fue decretado como tal, al momento de posesionarse la perito adujo ser funcionaria de ASOPARTES y con posterioridad al rendir el experticio se demostró que la misma era funcionaria de GOODYEAR DE COLOMBIA S.A., como se corrobora en el escrito de objeción al dictamen pericial.
Advirtió que el dictamen que rindió la perito fue objetado por error grave, pero dicha auxiliar no dio respuesta al cuestionario sometido a su consideración, a lo que le restó importancia la DIAN con el argumento de que la prueba decretada había cumplido su objetivo, como lo fue determinar que las llantas fueron fabricadas con anterioridad al año 2000, lo que justificaba su decomiso.
Sobre la violación del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, que dispone que los términos para decidir de fondo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo, indicó la actora que esta se produjo por el hecho de que si bien la administración suspendió el término para resolver el recurso de reconsideración por haber decretado algunas pruebas, estas no tuvieron como fin aspectos centrales de la controversia sino que fueron inocuas, dado que se solicitó la aclaración del dictamen pericial cuando la oportunidad procesal ya había fenecido, a más de que la perito nunca presentó la aclaración y si la presentó nunca se le corrió traslado de la misma.
Sostuvo que los actos acusados incurrieron en falsa motivación, derivada del argumento de la DIAN, consistente en el carácter de prueba suficiente el dictamen pericial suscrito por ASOPARTES respecto de la presunta aplicación en nuestro país de la normativa del DOT, y que según las impresiones que se consignan en las llantas aprehendidas se determina como año de fabricación de las misma el de 1994, toda vez que mediante oficio 000823 de 22 de junio de 2005, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el DOT no se aplica en nuestro país para efectos de los denominados dígitos que señalan el año de fabricación, máxime cuando esta es una norma que de aplicarse solo se usa en los Estados Unidos y no en la República Popular de China de donde es originaria la mercancía.
Adujo que la falsa motivación también se fundamentó en el hecho de que las partidas arancelarias de las mercancías aprehendidas no son las mismas consignadas en la resolución de decomiso y por consiguiente, si no se adecúan a las contenidas en el acta de aprehensión, se tiene que el decomiso es inexistente, pues se trata de mercancías diferentes según el arancel de aduanas. Al respecto, presentó un cuadro comparativo entre las partidas arancelarias consignadas en el acta de aprehensión y las que aparecen en el acto de decomiso.
Finalmente, consideró que como la empresa demandante nacionalizó las llantas neumáticas que fueron aprehendidas y que la destinataria de dicha mercancía fe despachada en consignación por la propietaria del establecimiento de comercio denominado DISTRILLANTAS DE LA COSTA, se debe concluir que con la aprehensión y decomiso arbitrarios e injustos de esas mercancías que ingresaron legalmente al territorio nacional, que se presentaron ante la DIAN, que fueron declaradas y se pagaron los tributos correspondientes, se le ha despojado de su derecho de propiedad y se le causaron innumerables perjuicios que deben ser reparados por el Estado.
2. Admisión de la demanda
El 27 de septiembre de 2006 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda, ordenó las notificaciones rigor y solicitó a la parte demandada aportar los antecedentes administrativos que dieron origen al acto demandado.
3. Contestación de la demanda
La DIAN compareció oportunamente al proceso por conducto de su apoderado judicial para oponerse a las pretensiones de la demanda y manifestar, en resumen, lo siguiente:
En cuanto al artículo 2° de la Carta Política que se invoca como violado, sostuvo que la administración actuó en cumplimiento de un deber legal y en pleno ejercicio de sus derechos; y respecto del artículo 4° ibídem, dice que la demandante olvidó explicar que tal norma también consagra que es deber de los nacionales obedecer la Constitución y la ley y que son responsables por infracción a esa normativa.
Anotó que, conforme se presentaron los hechos, la mercancía de procedencia extranjera fue retenida en prevención para la conservación de la prueba, de acuerdo con los artículos 469 y 470 del Decreto 2685.
Manifestó que la medida de aprehensión de la mercancía se produjo por no estar declarada de conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 del artículo 502 del citado decreto, modificado por el artículo 6° del Decreto 1161, y que ella se notificó oportunamente al apoderado de la actora, por considerar que eran productos fabricados antes del año 2004, que exigían la obtención de licencia previa y además existían cantidades superiores a las declaradas.
Sobre el desconocimiento del debido proceso que se plantea en la demanda, indicó que la administración no lo desconoció, pues la DIAN, en uso de sus facultades de fiscalización, previstas en el artículo 470 del Decreto 2685, dispuso la retención de los bienes para efectos de someterlos a investigación sobre su situación jurídica aduanera.
Narró que previa orden de aprehensión de las mercancías y con el fin de verificar la cantidad y características de las llantas, se acudió a asociaciones gremiales conocedoras de ese ramo de la industria, tales como la ANDI, ASOPARTES y FENALCO y de firmas relacionadas con la misma, como MICHELIN y GOODYEAR DE COLOMBIA S.A., quienes conceptuaron, entre otros aspectos, que ellas generaban dudas de ser originales y que fueron fabricadas antes del año 2000, por lo que no eran aptas para ser comercializadas en el mercado nacional por generar riesgos para la seguridad de las personas.
Puso de presente la Circular Externa 015 de 2005, suscrita por el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, en la que se indicó que las llantas “clasificadas por las partidas arancelarias 40.11 y 40.13 cuyo año de fabricación sea anterior a la fecha de presentación de la declaración de importación, requieren de licencia previa.”
A continuación enlistó una serie de documentos con los que dice demostrar que la importadora estuvo en todo momento al tanto de las actuaciones administrativas que conllevaron la aprehensión y el posterior decomiso de las mercancías, y manifiesta que la actividad por ella desplegada se encaminó a tratar de demostrar que las llantas no eran anteriores al año 2004, para lo cual presentó documentos elaborados en el extranjero, la mayoría en idioma diferente al español y en fotocopia simple y algunos con símbolos que parecen indicar que fueron elaborados en China, de tal manera que no cumplen finalidad probatoria alguna, al tenor de lo dispuesto en el artículo 260 del CPC, y así fueron valorados por la DIAN en los actos demandados.
Indicó que en la demanda no se incluyó dentro de sus pretensiones la nulidad de la Resolución 00003 de 14 de marzo de 2006, que resolvió el recurso de reposición contra la decisión de negar la ocurrencia del silencio administrativo positivo, por lo que se presenta la ineptitud de la demanda por falta de proposición jurídica completa.
Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda, fundada en las mismas razones que se consignaron el párrafo anterior.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de octubre de 2008, el Tribunal de Santander declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda planteada por la DIAN y, en consecuencia, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la misma, con fundamento en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Luego de relacionar las pruebas obrantes en el expediente, señaló que el 1º de marzo de 2006 la actora interpuso recurso de reposición contra el artículo 2° de la Resolución 00027 de 17 de febrero de 2006, que negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo, y que este fue resuelto a través de la Resolución 0003 de 14 de marzo de 2006, cuya declaratoria de nulidad no fue solicitada en la demanda.
Con base en tal observación, adujo que si bien hacer uso del recurso de reposición era potestativo de la demandante, el hecho de haberlo presentado y haberse decidido por la Administración, en virtud de lo dispuesto inciso tercero del artículo 138 del CCA, le resultaba obligatorio demandar su declaratoria nulidad.
Seguidamente, transcribió apartes jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre el requisito de demandar junto con el acto administrativo principal las decisiones que lo modifiquen o confirmen, para concluir que al no haberse demandado la declaratoria de nulidad de la Resolución 00003 de 14 de marzo de 2006, que confirmó el artículo 2° de la Resolución 00027 de 17 de febrero de 2006 que había negado la ocurrencia del silencio administrativo positivo, era dable declarar la ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre el fondo de la misma.
5. Recurso de apelación
El apoderado de la parte actora manifestó su desacuerdo para con la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
Adujo que los actos cuya declaratoria de nulidad se solicitó con la demanda definieron el fondo del asunto, es decir, la situación jurídica de las mercancías importadas, al decidir su decomiso en favor de la Nación y confirmar dicha decisión, lo que conllevaba a que existiera mérito suficiente para que el a quo se pronunciara de fondo sobre la controversia planteada.
Sostuvo que en la demanda no se relacionó la Resolución 00003 de 14 de marzo de 2006, puesto que ella no definió la situación jurídica de la mercancía inicialmente aprehendida, y más aún cuando con la Resolución 00027 de 17 de febrero de 2006, que desató el recurso de reconsideración interpuesta por la interesada se agotó la vía gubernativa, conforme lo dispuso su artículo tercero.
Estimó que la sentencia impugnada debió centrarse en el estudio de la legalidad de las decisiones administrativas que ordenaron el decomiso, por lo que, al no hacerlo, se vulneró el principio de congruencia según lo establecido en el artículo 305 del CPC.
Agregó que las pretensiones de la demanda tienen relación directa con los actos sobre los cuales se agotó la vía gubernativa, referente a la decisión de decomiso de la mercancía cuestionada y que, sobre esa pretensión, centró el concepto de la violación bajo el régimen de la legislación aduanera vigente para la época, lo que implica que el a quo debió pronunciarse de fondo sobre las súplicas de la demanda, debido a que en ninguna de ellas se solicitó la nulidad de la decisión que no accedió a declarar la ocurrencia del silencio administrativo positivo, aspecto sobre el que el Tribunal guardó silencio.
Concluyó que el hecho de haber declarado la excepción de inepta demanda, cuando las pretensiones de la misma se relacionan con los únicos actos que decidieron de fondo la situación jurídica de las mercancías, es una vulneración al principio de congruencia y una denegación absoluta de justicia, más aún cuando el a quo tenía la facultad de interpretar la demanda, habida cuenta de lo plasmado en los hechos y en el concepto de violación.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso propuesto fue admitido el 22 de noviembre de 2010 (Fl. 4 cdno apelación).
7. Alegatos de segunda instancia
7.1. De Distribuciones Alfatres E.U.
La parte demandante no presentó alegatos en segunda instancia.
7.2. De la DIAN.
En escrito de 9 de diciembre de 2013 (fls. 14 a 29, cdno ppal 2), la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió en que la posición adoptada en la sentencia y en los actos demandados se encontraban ajustados a derecho y, agregó, que la investigación se inició con plenas facultades legales y con fundamento en disposiciones de índole cambiario, que se profirieron actos acorde con los hechos, pruebas, normas y argumentos de la sociedad importadora, de manera que las causales que sostuvo la parte demandante no demostraron desconocimiento de las normas que citó en su demanda.
Reiteró que el haber denegado la práctica de unas pruebas no constituía una violación al derecho de defensa, pues la denegación de las mismas se motivó de manera suficiente. Consideró que la actuación demandada se encontraba ajustada a derecho y solicitó que se confirmara el fallo apelado, que respalda la legalidad de la actuación administrativa.
8. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia
En esta instancia no intervino el Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 30 de octubre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Santander, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Actos demandados
Son: (i) Resolución No. 00143 del 14 de septiembre de 2005, expedida por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, que ordenó el decomiso de una mercancía, y (ii) la Resolución No. 000027 del 17 de febrero de 2006, proferida por la División Jurídica de la Administración Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior.
3. Problema jurídico
Conforme con lo expuesto, y en los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, que se inhibió de decidir de fondo las pretensiones, por considerar probada la excepción de inepta demanda.
En concreto, la Sala debe determinar si, como lo advierte la demandante, los actos administrativos demandados definieron la situación legal de la mercancía y si, en consecuencia, correspondía al Tribunal emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, en particular, respecto de si se configuró la causal de aprehensión y decomiso de dicha mercancía.
4. De la pretensión del recurso de apelación
De la lectura del recurso de apelación, observa la Sala que la discrepancia del apoderado de la parte actora, para con la sentencia de primera instancia, radica en considerar que el a quo debió haber estudiado el fondo de la controversia planteada y no proferir fallo inhibitorio basado en que en la demanda no se solicitó la declaratoria de la Resolución 00003 de 14 de marzo de 2006, que confirmó el artículo 2° de la Resolución 00027 del mismo año, que había negado la ocurrencia del silencio administrativo positivo.
Pues bien, en orden a resolver el recurso de apelación, la Sala hará un recuento de los hechos probados y no discutidos en el expediente:
1.- Mediante la Resolución No. 000143 de 14 de septiembre de 2005, la DIAN dispuso el decomiso en favor de la Nación de la mercancía aprehendida, de propiedad de la actora, consistente en llantas para vehículo y cámaras de aire neumático para las mismas, e indicó que contra la resolución procedía el recurso de reconsideración.
2.- Contra la indicada resolución, con escrito de 6 de octubre 2005, la demandante interpuso el mencionado recurso, y el 15 de febrero de la misma anualidad solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo.
3.- Con Resolución 000027 de 17 de febrero de 2006, la DIAN decidió, en primer término, el recurso de reconsideración, y en sus artículos 1° y 3° de su parte resolutiva dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución N° 000143 del 14 de septiembre de 2005, por medio de la cual la División de Fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga definió la situación jurídica de una mercancía aprehendida y relacionada en el DIIAM de ALMAVIVA S.A. 3104102271 del 24 de diciembre de 2004, resolviendo su decomiso a favor de la Nación, de conformidad con los expuesto en la parte motiva de este acto.”
“ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR este acto al Dr. LUIS ALBERTO RUBIANO con T.P. 30.079 del CSJ, actuando en calidad de apoderado de la sociedad DISTRIBUCIONES ALFATRES EU con Nit 830.080.988; notificación que se realizará por CORREO de acuerdo con el artículo 56 del Decreto 1232 de 2001; advirtiéndole que contra esta providencia NO PROCEDE RECURSO ALGUNO y queda agotada la vía gubernativa, salvo lo previsto en el artículo segundo de este proveído.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
4.- En la misma Resolución No. 00027 de 2006 también se decidió lo referente a la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo formulada por la parte actora y, en tal virtud, en el artículo 2° de su parte dispositiva se resolvió:
“ARTÍCULO SEGUNDO.- NEGAR la petición de Silencio Administrativo Positivo presentado por el Dr. LUIS ALBERTO RUBIANO SÁNCHEZ, el 15 de febrero de 2006, de acuerdo con lo expuesto motivamente, advirtiendo que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante este Despacho, cumpliendo con los requisitos del artículo 52 del CCA y dentro de los cinco días siguientes a la notificación.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
5.- Mediante escrito de fecha 1° de marzo de 2006, la parte actora interpuso recurso de reposición contra el artículo 2° de la Resolución 00027 de 2006, y con Resolución 00003 de 14 de marzo del mismo año la jefatura de la División Jurídica de la DIAN resolvió el mismo, en el sentido de confirmar el citado artículo 2°.
Del recuento histórico que antecede, la Sala advierte que el acto administrativo que finalizó la actuación, esto es, el que resolvió la cuestión de fondo mediante la creación de una situación jurídica particular y definió la situación de la mercancía aprehendida fue la Resolución No. 000143 de 14 de septiembre de 2005 que dispuso su decomiso, la cual, impugnada como lo fue mediante el recurso de reconsideración, se confirmó con la Resolución 000027 de 17 de febrero de 2006, poniendo fin a la vía gubernativa.
Conforme a lo anterior, resulta claro para la Sala que, en el caso bajo análisis, las dos decisiones de la administración, esto es, el acto definitivo y su confirmatorio, conforman una unidad jurídica completa e inescindible que materializa la voluntad única de la Administración, y como tales se impugnaron en la demanda que dio origen a este proceso, lo cual se encuentra acorde con la exigencia contenida en el inciso tercero del artículo 138 del CCA, cuando dispone que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen.”
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que cuando el artículo 138 del CCA prevé la exigencia de que si el acto administrativo principal fue objeto de recursos, se demanden también los actos administrativos que lo modifiquen o confirmen, simplemente está indicando que estos últimos junto con el primero conforman esa unidad jurídica de que se habló renglones atrás, independientemente de que en estos últimos actos se adopten otras decisiones no relacionadas con los aspectos a que se contrajeron los recursos interpuestos.
En efecto, en un pronunciamiento anterior la Sala advirtió que si en virtud del recurso de reposición presentado en la vía gubernativa, la administración profiere un acto que confirma su primera decisión, aquel hace parte intrínseca de la decisión inicialmente adoptada, de forma que uno y otro acto pese a ser materialmente dos independientes, constituyen jurídicamente una unidad inescindible que impone a quien no esté de acuerdo con ellos, demandarlos o cuestionarlos de forma conjunta y explícita.
Ahora bien, dado que en el segundo de los actos acusados, esto es, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración también se pronunció sobre la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo, no relacionado con el asunto sometido a su consideración en el indicado recurso, la determinación que en el mismo recayó constituyó o dio vida a un nuevo acto administrativo sustancialmente autónomo e independiente que no guarda conexidad o dependencia alguna con el acto principal, y como tal, al haber sido objeto del recurso de reposición que la Administración resolvió en su momento mediante la Resolución No. 00003 de 14 de marzo de 2006, conformó otra unidad jurídica inescindible, cuya declaratoria de nulidad debió haberse impetrado de esa manera en la demanda, conforme al inciso tercero del artículo 138 del CCA atrás referenciado.
Así las cosas, al constatar la Sala que en la segunda pretensión de la demanda también se solicita la declaratoria de nulidad del artículo 2° de la Resolución No. 000027 de 17 de febrero de 2006, que negó la petición de declarar el silencio administrativo positivo, pero no así su acto confirmatorio, la Resolución No. 00003 de 14 de marzo de 2006, por este aspecto la demanda devendría inepta por no cumplir con el requisito señalado.
No obstante lo anterior, la Sala considera que el a quo incurrió en error al considerar que la Resolución No. 00003 de 2006, que confirmó el artículo 2° de la Resolución No. 000027 de 17 de febrero de 2006, debió haberse demandado para integrar la proposición jurídica completa, cuando lo cierto es que dicho acto no guarda relación alguna con el acto que dispuso el decomiso de la mercancía, sino con la negativa de declarar el silencio administrativo positivo.
En las anotadas circunstancias, al encontrar la Sala que en la demanda se solicitó correctamente la declaratoria de nulidad del acto que definió la situación jurídica de la mercancía aprehendida y el acto que lo confirmó, los que integran la proposición jurídica completa, debe revocarse la sentencia apelada.
La Sala, en consideración a que la demandante expresamente solicitó a esta instancia que emitiera una decisión de fondo en relación con este asunto, procederá a estudiar la pretensión de nulidad de los actos acusados, además en aplicación de los principios de celeridad y de economía que deben regir los procesos contencioso administrativos.
5. Caso concreto
5.1. De la obligación aduanera
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), en el régimen de importación, la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, y comprende la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes.
Por su parte, el artículo 3 ib., establece que son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía. De igual manera, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.
Ahora bien, el artículo 469 de la misma compilación otorga a la DIAN plena competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se puede llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. (Se subraya)
Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta podrá, entre otras cosas, “Verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros”. Así lo dispone el artículo 470 literal c) del Estatuto en mención.
En el marco del proceso de fiscalización y la posterior apertura de la investigación aduanera, el artículo 471 ib. determina que en la actuación administrativa aduanera se permiten todos los medios de prueba. Adicionalmente, precisa que le son aplicables los procedimientos y principios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Tributario, especialmente en lo dispuesto en los artículos 742 a 749, y en los términos que a continuación se transcriben:
“ARTÍCULO 471. PRUEBAS EN LA INVESTIGACIÓN ADUANERA. Para la determinación, práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Policía y especialmente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones concordantes del Estatuto Tributario”.
Como se observa, la voluntad del legislador fue que tanto la DIAN como el administrado, objeto de investigación o fiscalización aduanera, pudieran presentar cualquier medio de prueba para acreditar su dicho. Adicionalmente, indicó a qué normas debía remitirse de manera supletoria para dilucidar aspectos relacionados con los principios y el procedimiento.
5.2. Del procedimiento administrativo aduanero adelantado en el caso.
En el caso concreto se tiene que la sociedad demandante, Alfatres, tiene por objeto social, entre otras actividades, “A.-.- TODA CLASE DE INVERSIONES QUE SE RELACIONEN CON LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, COMPARA Y VENTA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS (…)”
En ejercicio de su actividad, Alfatres introdujo al país la mercancía consistente en llantas, protectores para llantas, cámaras de aire neumáticos y protectores para llantas, descrita en las declaraciones de importación con autoadhesivos Nos. 06200400122319-1, 062004100122338-1, 062004100122372-2, 062004100122333-5, 062004100122374-7, todas del 221 de diciembre de 2004, presentadas por la sociedad de intermediación aduanera Dinámica Aduanera SIA Ltda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 469 ib., en ejercicio de su facultad de fiscalización, funcionarios de la DIAN ordenaron, mediante Acta No. 0159 del 28 de febrero de 2005, la aprehensión de la mercancía importada, por encontrarse incursa en la causal 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero, porque no tenía respaldo en las declaraciones de importación.
En escritos del 29 y 31 de diciembre de 2004, el apoderado judicial de Alfatres presentó los registros de importación, la declaración andina de valor, la factura comercial del proveedor en el exterior, el documento de transporte y el manifiesto de carga. De igual forma, la sociedad aportó copias de las declaraciones de importación que corresponde a parte de las mercancías realizadas por las sociedades Economic Depot Ltda. y Distrillantas de la Costa, acompañadas del documento de compraventa, o la factura comercial de venta.
El 7 de enero de 2005, Dinámica Aduanera SIA Ltda. envió las declaraciones de importación No. 23830012304342, -351, -367, -374, -381, con sus respectivos documentos soporte.
Mediante Auto No. 007 del 3 de marzo de 2005, la DIAN ordenó la entrega parcial de la mercancía aprehendida, porque encontraba respaldo en las declaraciones de importación No. 23830012304342, -374 y -381.
Posteriormente, en la Resolución No. 000143 del 14 de septiembre de 2005, la DIAN resolvió decomisar en favor de la Nación la mercancía restante (considerando No. 5), consistente en:
ITEM
DESCRIPCIÓN MERCANCÍA
CANTIDAD
V/UNITARIO
V/TOTAL
1
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 414 (46), 424 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
47.00 NAR
134.850.00
6.337.950.00
2
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L210, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (26), 254 (26), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
52.00 NAR
134.850.00
7.012.200.00
3
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (2), 374 (22), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
40.00 NAR
176.391.00
7.055.640.00
4
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L218, DIMENSIÓN 700-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 354 (36), 364 (33), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
69.00 NAR
207.250.00
14.300.250.00
5
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 374 (19), 394 (10), 284(1), 244 (8), 234 (7), 384 (4), 414 (1), 274 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
51.00 NAR
159.123.00
8.115.273.00
6
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (40), 254 (23), 384(5), 234 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
64.00 NAR
164.517.00
10.529.088.00
7
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (88), 394 (74), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
162.00 NAR
195.982.00
31.749.084.00
8
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 254 (145), 264 (93), 234 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
240.00 NAR
205.871.00
49.409.040.00
9
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
54.00 NAR
205.871.00
11.117.034.00
10
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L107, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (37), 254 (39), 234 (22), 414 (6) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
104.00 NAR
240.033.00
24.963.432.00
11
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 314 (80), 324 (85), 444 (5), 344 (2), 434 (13), 424 (11), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
197.00 NAR
245.427.00
48.349.119.00
12
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: TL123, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (15), 279 (8), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
23.00 NAR
279.882.00
6.437.286.00
13
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 294 (2), 284 (24), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
26.00 NAR
304.144.00
7.907.744.00
14
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 10.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 454 (28), 414 (2), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
400.326.00
12.009.780.00
15
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
434.120.00
13.023.600.00
16
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN:
2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
67.00
453.183.00
30.363.261.00
17
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
125.00 NAR
480.045.000
60.005.625.00
18
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T101, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 18 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 434 (12), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
12.00 NAR
544.166.00
6.529.992.00
19
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (10), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
10.00 NAR
597.023.00
5.970.230.00
20
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
29.00 NAR
772.702.00
22.408.358.00
21
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN306, DIMENSIÓN 12R 22.5, 151/145 M, DOT: 4403 (180), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
8.00 NAR
846.376.00
6.771.008.00
22
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
180.00 NAR
761.300.00
137.034.000.00
23
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN329, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 M, DOT: 3104 (1), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
1.00 NAR
823.572.00
823.572.00
24
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: WIND POWER REF: HN08, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 L, DOT: 3604 (168), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
168.00 NAR
823.572.00
138.360.096.00
25
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.50-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
396.00 NAR
19.600.00
7.761.600.00
26
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
266.00 NAR
19.600.00
5.213.600.00
27
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 8.25-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
3.00 NAR
30.600.00
91.800.00
28
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
522.00 NAR
37.250.00
19.444.500.00
29
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.00/6.50 L6 (75), 8.25/7.50-16 (525 NAR), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
600.00 NAR
4.650.00
2.790.000.00
30
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 9.00/8.25-20 (3NAR), 11.00-20 (295), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
298.00 NAR
3.090.260.00
3.090.260.00
TOTAL
704.974.422.00
En efecto, la DIAN ordenó el decomiso definitivo de la mercancía porque no se encontraba amparada en las declaraciones de importación que presuntamente la respaldaban. Sobre el particular, expuso:
“Considera este Despacho, que es prueba suficiente el Informe de Dictamen Pericial, suscrito por la perito asignada por ASOPARTES, (folios 388,389) que ratifica, lo manifestado en los informes que reposan en el expediente, emanados de MICHELIN, (folios 318, 319), GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A., (folios 333, 334 y 335), y el de la ANDI, seccional Valle (folios 346, 347), por cuanto coinciden en afirmar que el DOT de las llantas solo presentan tres cifras, permitiendo con esto certificar que son fabricadas antes del año 2.000, ya que así lo precisa la norma. Por otra parte, ha diferencia en la impresión de los DOT, las cuales no presentan norma. Por otra parte, hay diferencia en la impresión de los DOT, las cuales no presentan ninguna asimetría con la nomenclatura de las llantas, dando a pensar que las fechas fueron retocadas, generando duda acerca de su originalidad, concluyendo por lo tanto que las llantas son un riesgo para el cliente, ya que se puede presentar degradación de materiales, por superar las mismas los 5 años de fabricación. –Retomando lo manifestado en el informe sobre el Acta de Aprehensión (folio 372 a 383), el comercio internacional a través de la nomenclatura arancelaria ha denominado y diferenciado lo que es un producto nuevo y un saldo nuevo, esto se ve reflejado en el arancel armonizado de importaciones y exportaciones, el cual especifica las subpartidas para unas y otras; en consideración a su naturaleza se han exigido requisitos específicos, tal como lo constituye la LICENCIA PREVIA PARA LLANTAS NEUMÁTICAS CONSIDERADAS COMO SALDOS NUEVOS PRODUCIDAS EN AÑOS ANTERIORES AL DE LA IMPORTACIÓN, por ser a través de este requisito que como el Gobierno Nacional regula las importaciones, y en el caso que nos ocupa no se cumplió por parte del importador este requisito, ya que al tramitar ante el Ministerio de Comercio exterior declaró su mercancía como nueva y no como de saldos nuevos, producidos en años anteriores al 2004, obviando la obtención de un documento que el Gobierno Nacional determinó como esencial para controlar la entrada al país de mercancías con estas características, siendo el caso de la mercancía relacionada en el Acta de Aprehensión No. 0159 del 28 de febrero de 2005, del ítem uno (01) al diecinueve (19), que presentan DOT de tres dígitos o sea producidas en un año anterior al año 2000, predicándose lo mismo de la relacionada en el ítem veintidós (22), cuyo DOT termina en 4003, (esto es, producidas en el año 2003), sin embargo ninguno de los importadores cumplió con el trámite de la licencia previa al momento de nacionalización de las mismas, por considerarse SALDOS DE INVENTARIO PRODUCIDOS ANTES DEL 01 de enero de 2004. En cuanto a la mercancía relacionada en los ítems No. 20, 21, 23 y 24, son llantas cuyo DOT termina en 04 (producidas en el año 2004), pero que corresponden a cantidades de mercancía que exceden a las cantidades amparadas en las Declaraciones de Importación Sticker No. 23830012304374/ 4342/ 4381/ del 22 de diciembre de 2004, y las relacionadas en los ítem No. 25 al 30, son mercancías que no tienen DOT (neumáticos y protectores), pero que están en las mismas condiciones que las anteriores, esto es, cantidades en exceso.
Teniendo en cuenta lo manifestado en el escrito de objeción por el doctor RUBIANO, en cuanto a que se violó el debido proceso por aplicar una norma posterior al momento en que ocurrieron los hechos, este Despacho se pronuncia, informándole que si bien es cierto la mercancía fue inmovilizada el 23 de diciembre de 2004, la aprehensión de la misma, se efectuó el 28 de febrero de 2005, iniciándose en este momento el proceso administrativo, razón por la cual la norma aplicable para el caso particular es el Decreto 4431 de diciembre 30 de 2004, que modificó en su artículo 12, el artículo 504 del Decreto 2685/99, en cuanto a que el proceso para la definir la situación jurídica de la mercancía se inicia con el acta de aprehensión.
(…)”.
Inconforme, la importadora presentó recurso de reconsideración, insistiendo en la violación al debido proceso, porque, a su juicio, los hechos materia de actuación acaecieron el 23 de diciembre de 2004 y el procedimiento aplicado se rigió por lo dispuesto en el Decreto 4431 del 30 de diciembre de 2004, norma posterior. Agregó que la prueba pericial en la que se fundó la resolución que ordenó el decomiso definitivo de la mercancía era nula, también por violación al debido proceso, toda vez que los informes rendidos por MICHELIN es de carácter confidencial, pues el mismo dice que fue dictado únicamente para la DIAN y no podía ser entregado a los particulares sin permiso de GOODYEAR de Colombia.
Finalmente, sostuvo que la Resolución No. 00143 estaba falsamente motivada, en la medida en que dice que las llantas importadas no son nuevas, pues sí lo son y están amparadas en las declaraciones de importación.
Mediante Resolución No. 000027 del 17 de febrero de 2006, la DIAN confirmó la resolución recurrida.
5.3. Motivos de inconformidad de Alfatres
5.3.1. De la violación del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, por no aceptar la configuración del silencio administrativo positivo.
La parte demandante, en el recurso de apelación, se limitó a presentar argumentos en contra de las actuaciones que ordenaron el decomiso definitivo de la mercancía de su propiedad y agregó que el Tribunal tenía fundamentos suficientes para decidir de fondo sobre la legalidad de los actos demandados. No obstante, solicitó que se revocara, en su totalidad, la sentencia impugnada.
Al respecto, la Sala advierte que, en la demanda, la actora alegó que la DIAN vulneró lo dispuesto en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, que dispone que los términos para decidir de fondo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Sin embargo, se reitera, la únicamente presentó argumentos contra los actos que decidieron el decomiso definitivo de la mercancía.
Al respecto, la Sala decide confirmar la decisión del Tribunal, que se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el silencio positivo, en la medida en que, tal como lo sostuvo en a quo, el 1º de marzo de 2006 la actora interpuso recurso de reposición contra el artículo 2° de la Resolución 00027 de 17 de febrero de 2006, que negó la ocurrencia del silencio administrativo positivo, y este fue resuelto a través de la Resolución 0003 de 14 de marzo de 2006, cuya declaratoria de nulidad no fue solicitada en la demanda.
En consecuencia, considera la Sala que si bien hacer uso del recurso de reposición es potestativo de la demandante, el hecho de haberlo presentado y de haberse decidido por parte de la Administración, en virtud de lo dispuesto inciso tercero del artículo 138 del CCA, le imponía demandar su declaratoria nulidad.
5.3.2. De la violación de las normas superiores: del debido proceso por extralimitación de la DIAN en el ejercicio de sus funciones y de los principios de legalidad, publicidad y tipicidad.
En el caso concreto, Alfatres consideró que la violación a la norma superior se encuentra configurada por la transgresión del artículo 29 de la CP –debido proceso- así como de los artículos 2 y 6 de la misma norma superior, en la medida en que la DIAN no le permitió oponerse a las pruebas que llevaron al decomiso de la mercancía de su propiedad.
Más que una violación a la norma superior en que debió fundarse el acto administrativo, la Sala advierte que el vicio atribuido al acto demandado es el de la expedición irregular, originado en la violación del debido proceso en la modalidad de defensa y contradicción de la demandante.
Sobre el particular, la Sala considera que, en efecto, en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional y derecho fundamental al debido proceso (art. 29), garantía necesaria para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.
Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
El derecho al juez natural o funcionario competente.
El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa.
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.
Conviene precisar que no toda irregularidad constituye casual de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial de ese derecho, esto es: juez natural, defensa o forma.
Descendiendo al caso concreto, la violación del artículo 29 de la CP, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la misma Carta, encuentra sustento, a juicio de la actora, en que la DIAN no le dio la oportunidad de oponerse a los informes rendidos por las empresas del sector llantero y agremiaciones respectivas, en el análisis técnico de la mercancía inmovilizada el 23 de diciembre de 2004. Adujo, además, que los funcionarios de la DIAN, con anterioridad a la aprehensión, ocultaron la prueba documental en que la empresa MICHELIN rindió el informe sobre las llantas y su marcación, que, por demás tenía el carácter de confidencial.
Sobre el particular, la Sala advierte que a lo largo de la actuación administrativa la demandante tuvo la oportunidad de oponerse a los informes rendidos por MICHELIN (24 de enero de 2005), por GOODYEAR de Colombia S.A. (8 de febrero de 2005), por la ANDI (23 de febrero de 2005 y por Fenalco (25 de febrero de 2005), que aparecen en los folios 318-319, 333-335, 339, 346-347 y 368, respectivamente, al punto que aportó documentos con el fin de demostrar que las llantas importadas eran nuevas, fabricadas en 2004 y no en años anteriores. Así se puede ver en el escrito del 17 de marzo de 2005, que aparece en los folios 473-530, en el que la actora alegó, entre otros argumentos:
“De acuerdo con lo anterior, DISTRIBUCIONES ALFATRES E.U., ingresó legalmente al territorio aduanero nacional la totalidad de las mercancías que aquí se relacionan por su cantidad, valor y demás elementos que la identifican e individualizan y, por consiguiente, procede la devolución de las mismas, en la CANTIDAD EXACTA que se relacionó en dichos documentos y no en la forma parcial como su despacho lo dispuso mediante Auto 0007 del 3 de Marzo de 2.005, (…) con base en lo dispuesto en un supuesto apoyo técnico y fundamentos que la competencia de DISTRIBUCIONES ALFATRES E.U. arrimó al expediente, de manera inexplicable, ya que ni GOODYEAR ni MICHELIN o ICOLLANTAS junto con los gremios que las representan son parte en el proceso (…).
DE OTRA PARTE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SUSCRITO Y QUE FUERON ACEPTADAS EN SU MOMENTO POR LA ADUANA DE CARTAGENA, DEMUESTRAN QUE LAS LLANTAS, NEUMÁTICOS Y PROTECTORES RELACIONADOS EN LAS DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN QUE SE RELACIONANEN EL CUADRO ANTERIOR, SON DE FABRICACIÓN AÑO 2.004 Y NO COMO ERRÓNEAMENTE LO MANIFIESTAN LOS SEÑORES DE GOODYEAR, MICHELIN Y LOS GREMIOS FENALCO DE SANTANDER Y ANDI DEL VALLE DEL CAUCA.”
De igual forma, la Sala advierte que la demandante también presentó recurso de reposición contra la decisión de la DIAN de ordenar un dictamen pericial a cargo de ASOPARTES, con el objeto de determinar el año de fabricación de las llantas. Así como también aportó documentos con el objeto de probar que, en efecto, dichas llantas eran de fabricación del año 2004.
Por lo anterior, la Sala considera que no se violó el debido proceso de la demandante ni los principios de legalidad, de publicidad o de tipicidad, en la medida en que tuvo la oportunidad de oponerse a todas las actuaciones que consideró se contraponían a sus intereses y de aportar pruebas para respaldar su dicho. Además, la DIAN se encontraba respaldada por el artículo 469 del EA para adelantar la investigación tendiente a determinar que la mercancía importada por la demandante había ingresado en debida forma al país, actuación que, a juicio de la Sala, no constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones de la entidad ni violatoria de los derechos fundamentales de la demandante.
Ahora bien, la demandante sostuvo que la DIAN dio el carácter de peritaje a un informe que nunca fue decretado como prueba con las formalidades que consagra el Código de Procedimiento Civil. Dijo, que, además, la perito, al momento de posesionarse, adujo ser funcionaria de ASOPARTES y con posterioridad al rendir el experticio se demostró que la misma era funcionaria de GOODYEAR DE COLOMBIA S.A., como se corrobora en el escrito de objeción al dictamen pericial. Y advirtió que el mencionado dictamen fue objetado por error grave, pero que no se dio respuesta al cuestionario sometido a consideración de la auxiliar, a lo que le restó importancia la DIAN con el argumento de que la prueba decretada había cumplido su objetivo, como lo fue determinar que las llantas fueron fabricadas con anterioridad al año 2000, lo que justificaba su decomiso.
Al respecto, la Sala advierte que el mencionado peritazgo fue solicitado por la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la DIAN al ICONTEC, mediante Requerimiento No. 009721 del 13 de abril de 2005, con el fin de determinar el año de fabricación de las llantas en proceso de investigación, de acuerdo con el DOT estampado en cada una de ellas. Frente a dicho requerimiento, la demandante manifestó que quería participar en la diligencia, mediante solicitud presentada el 22 de abril de la misma anualidad, como puede verse en los folios 542 y 543 del expediente.
Una vez el ICONTEC manifestó que no realizaba ese tipo de pruebas (fl. 544), la DIAN solicitó a ASOPARTES que designara un perito especializada para realizar la mencionada diligencia, a la que demandante se opuso, mediante recurso de reposición (fls. 547-551). No obstante, mediante Auto No. 000032 del 4 de mayo de 2005, la DIAN ordenó la práctica de unas pruebas, entre ellas el dictamen pericial.
Revisada la actuación adelantada por la DIAN, la Sala advierte que las pruebas fueron solicitadas y decretadas con las formalidades correspondientes, y la demandante se pudo oponer a ellas e, incluso, presentar las propias, como ya se dijo en precedencia. No observa la Sala que se hubieran omitido las reglas del procedimiento civil o de la propia normativa aduanera que permite la práctica de todos los medios probatorios establecidos en la ley para determinar la legalidad del ingreso de mercancías al país. Cuestión diferente es que la demandante hubiera preferido que la prueba pericial fuera practicada por el ICONTEC y no por ASOPARTES, circunstancia que no deviene en ilegal la actuación administrativa ni vulnera sus derechos fundamentales de la actora.
En cuanto a la designación de la perito, al observar el trámite adelantado en este caso, la Sala advierte que ASOPARTES presentó a un perito que formaba parte de dicha agremiación, quien tomó posesión con todas las formalidades correspondientes (fl. 579), quien inspeccionó las llantas en presencia del apoderado de la parte demandante.
Ahora bien, la demandante consideró que la perito no fue imparcial y alegó que no era funcionaria de ASOPARTES (sino de MICHELIN, la competencia de Alfatres), sin embargo, no logró demostrar su dicho a lo largo del proceso. Lo que sí se advierte es que la demandante no acepta el peritazgo porque resultó contrario a sus intereses, habida cuenta de que en la experticia se dijo que “en cuanto a la existencia del DOT en las llantas y el significado de esta característica, que indicaban el año de fabricación anterior a 2004; agregando que en la impresión de estos caracteres se denotaba un manejo artesanal, pues no se presentaba una simetría en la nomenclatura (…)”, contenido que concuerda con los informes rendidos por MICHELIN, GOODYEAR, ANDI y FENALCO, los que debía desvirtuar la demandante. Como no lo hizo, la DIAN mantuvo el decomiso de la mercancía.
Por lo anterior, la Sala considera que el cargo por violación a las normas superiores, en particular, del debido proceso, no tiene respaldo.
5.3.3. De la falsa motivación
La falsa motivación se presenta cuando los hechos de la decisión adoptada por la Administración no existieron o cuando la realidad fáctica no concuerda con la analizada.
Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: (i) o bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o (ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.
La demandante sostiene que los actos acusados incurrieron en falsa motivación porque las partidas arancelarias que la DIAN registró en el Acta de Aprehensión No. 0159 del 28 de febrero de 2005 no corresponden a las discriminadas en la Resolución No. 000143 del 14 de septiembre de 2005, por la que se ordenó el decomiso definitivo de la mercancía.
Una vez revisada la relación de la mercancía aprehendida mediante Acta No. 0159 y la decomisada definitivamente en la Resolución No. 000143, previa devolución de la mercancía debidamente respaldada, la Sala advierte que estas detallan de forma clara y acertada las partidas arancelarias correspondientes, como pasa a verse:
ITEM
DESCRIPCIÓN MERCANCÍA APREHENDIDA ACTA No. 0159
CDAD
DESCRIPCIÓN MERCANCÍA DECOMISADA RESOL. 000143 DE 2005
CDAD
1
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 414 (46), 424 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
47.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 414 (46), 424 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
47.00 NAR
2
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L210, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (26), 254 (26), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
52.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L210, DIMENSIÓN 6.50-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (26), 254 (26), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
52.00 NAR
3
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (2), 374 (22), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
40.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (2), 374 (22), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
40.00 NAR
4
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L218, DIMENSIÓN 700-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 354 (36), 364 (33), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
69.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L218, DIMENSIÓN 700-15, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 354 (36), 364 (33), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
69.00 NAR
5
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 374 (19), 394 (10), 284(1), 244 (8), 234 (7), 384 (4), 414 (1), 274 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
51.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 374 (19), 394 (10), 284(1), 244 (8), 234 (7), 384 (4), 414 (1), 274 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
51.00 NAR
6
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (40), 254 (23), 384(5), 234 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
64.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 7.00-16, DE 10 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (40), 254 (23), 384(5), 234 (1), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.10.90.00
64.00 NAR
7
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (88), 394 (74), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
162.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L122, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 404 (88), 394 (74), 384(5), 434 (8), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
162.00 NAR
8
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 254 (145), 264 (93), 234 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
240.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 254 (145), 264 (93), 234 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
240.00 NAR
9
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
54.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT:
394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
54.00 NAR
10
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L107, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (37), 254 (39), 234 (22), 414 (6) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
104.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L107, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 244 (37), 254 (39), 234 (22), 414 (6) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
104.00 NAR
11
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 314 (80), 324 (85), 444 (5), 344 (2), 434 (13), 424 (11), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
197.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: L212, DIMENSIÓN 8.25-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 314 (80), 324 (85), 444 (5), 344 (2), 434 (13), 424 (11), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
197.00 NAR
12
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: TL123, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (15), 279 (8), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
23.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO MCA: SUNSTONE REF: TL123, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 264 (15), 279 (8), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
23.00 NAR
13
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 294 (2), 284 (24), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
26.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 9.00-20, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 294 (2), 284 (24), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
26.00 NAR
14
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 10.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 454 (28), 414 (2), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 10.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 454 (28), 414 (2), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
15
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: L312, DIMENSIÓN 7.50-16, DE 14 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 394 (48), 404 (5), 414 (1) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
30.00 NAR
16
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
67.00
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
67.00
17
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
125.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T123, DIMENSIÓN 11.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (24), 434 (12), 264 (4) 224 (6), 444 (13), 234 (3), 254 (5) TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
125.00 NAR
18
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T101, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 18 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 434 (12), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN:
2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
12.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T101, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 18 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 434 (12), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
12.00 NAR
19
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (10), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
10.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: SUNSTONE REF: T212, DIMENSIÓN 12.00-20, DE 16 LONAS, FABRICACIÓN CHINA, DOT: 424 (10), TIPO CONVENCIONAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
10.00 NAR
20
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
29.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
29.00 NAR
21
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN306, DIMENSIÓN 12R 22.5, 151/145 M, DOT: 4403 (180), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
8.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN306, DIMENSIÓN 12R 22.5, 151/145 M, DOT: 4403 (180), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
8.00 NAR
22
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
180.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN236, DIMENSIÓN 295/80 R22.5, 152/149 M, DOT: 4404 (23), 3604 (3), 4004 (3) TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
180.00 NAR
23
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN329, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 M, DOT: 3104 (1), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
1.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: AEOLUS REF: HN329, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 M, DOT: 3104 (1), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
1.00 NAR
24
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: WIND POWER REF: HN08, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 L, DOT: 3604 (168), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
168.00 NAR
LLANTAS PARA VEHÍCULO PESADO MCA: WIND POWER REF: HN08, DIMENSIÓN 12 R22.5, 152/149 L, DOT: 3604 (168), TIPO RADIAL, CÓDIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.11.20.90.00
168.00 NAR
25
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.50-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
396.00 NAR
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.50-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
396.00 NAR
26
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
266.00 NAR
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
266.00 NAR
27
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 8.25-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
3.00 NAR
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 8.25-16, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
3.00 NAR
28
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
522.00 NAR
CAMARA DE AIRE NEUMATICOS PARA LLANTAS VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 11.00-20, MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.13.10.00.00
522.00 NAR
29
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.00/6.50 L6 (75), 8.25/7.50-16 (525 NAR), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN:
2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
600.00 NAR
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 7.00/6.50 L6 (75), 8.25/7.50-16 (525 NAR), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
600.00 NAR
30
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 9.00/8.25-20 (3NAR), 11.00-20 (295), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
298.00 NAR
PROTECTORES PARA LLANTAS DE VEHICULO MCA: SUNSTONE, DIMENSION 9.00/8.25-20 (3NAR), 11.00-20 (295), MADE IN CHINA. CODIGO DIAN: 2616 PARTIDA ARANCELARIA 40.12.10.00.00
298.00 NAR
TOTAL
La Sala considera que la descripción detallada de la mercancía transcrita anteriormente es suficiente para dar cuenta de que no se configuró la falsa motivación alegada, en la medida en que es evidente que las partidas arancelarias de clasificación de la mercancía son correspondientes. En consecuencia, queda sin sustento el cargo propuesto por la demandante.
Finalmente, la Sala considera que a lo largo del proceso la demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, en la medida en que no probó la violación a las normas superiores ni la falsa motivación alegada, razón por la que se revocará la decisión inhibitoria proferida por la primera instancia y, en su lugar, la Sala se inhibirá de emitir un pronunciamiento respecto del numeral 2 de la Resolución No. 000027 del 17 de febrero de 2006, que negó la ocurrencia del silencio positivo y denegará las demás pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 30 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar,
SEGUNDO: INHÍBESE la Sala de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del numeral 2 de la Resolución No. 00027 del 17 de febrero de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
CUARTO: RECONÓCESE personería al abogado Augusto Fernando Rodríguez Rincón, para actuar como apoderado de la DIAN en los términos del poder conferido en el folio 26 del cuaderno de apelaciones.
QUINTO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Department Of Transportation - Departamento de Transporte de los Estados Unidos.
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”.
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999”.
Folios 134 a 164 ib.
Folios 178 a 214 ib.
Folios 280 a 294 ib.
Folios 22 a 40 ib.
Folios 46 a 50 ib.
Consejo de Estado. Sección Quinta, sentencia del 15 de marzo de 2018, Exp. 2003-01653-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Esta situación cambió con el CPACA, habida cuenta que en el artículo 163 de esa codificación dispuso: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.(…)”
En ese sentido, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 16 octubre de 2014. Radicación: 25000-23-27-000-2011-00089-01 (19611). Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Como Vocera Del Fideicomiso Lote Montoya. Demandado: Distrito Capital De Bogotá.
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