Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00287-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00287-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2007-00287-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
25 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Demandante: RAFAEL GAMBOA NIÑO
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR JUDICIAL
Síntesis del caso: el señor Rafael Gamboa Niño promovió un proceso ejecutivo laboral en
contra del municipio de Bucaramanga, en providencia del 8 de junio de 2004 el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga libró mandamiento de pago por la suma de
$20.667.176 más intereses moratorios hasta cuando se hiciera efectivo el reintegro laboral,
y ordenó el embargo y secuestro de la suma de $140.000.000, en proveído del 17 de
septiembre de 2004 se declaró parcialmente probada la excepción de pago y se ordenó
seguir adelante con la ejecución hasta que se cumpliera con la orden de reintegro laboral,
no obstante, el 31 de mayo de 2005 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga revocó la anterior decisión y, en su lugar, dispuso abstenerse de seguir
adelante con la ejecución por la imposibilidad material y jurídica de la reincorporación en el
lugar de trabajo. La parte demandante considera que se incurrió en un error jurisdiccional
y, por tanto, se le causó un daño antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 394
a 398 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 24 de abril de 2017 por
el Tribunal Administrativo de Santander (fls. 383 a 392 cdno. apelación) que
dispuso:
“PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada
propuesta por la Nación - Rama Judicial, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO. DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por
RAFAEL GAMBOA NIÑO, contra la Nación - Rama Judicial, conforme a
lo considerado en este proveído.
TERCERO. Sin condena en costas por las razones expuestas (…).” (fl.
392 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2007 (fl. 18 cdno. 1), el señor Rafael
Gamboa Niño, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda de
reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo en contra de la Nación - Rama Judicial (fls. 3 a 18 cdno. 1) con las
siguientes súplicas:
“PRIMERA: que se declare patrimonialmente responsable a la NACIÓN
• RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
como consecuencia de los perjuicios causados al demandante, RAFAEL
GAMBOA NIÑO, por el error jurisdiccional cometido por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la
providencia de fecha 31 de mayo de 2005, mediante la cual resolvió
revocar la sentencia apelada de fecha 17 de septiembre de 2004 del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, proferida dentro
del proceso ejecutivo laboral promovido por el demandante contra el
municipio de Bucaramanga, y abstenerse de seguir la ejecución contra la
precitada entidad territorial demandada.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a
la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL a pagar a favor de RAFAEL GAMBOA NIÑO la totalidad de
los perjuicios que se le ocasionaron, por el error jurisdiccional
materializado a través de la sentencia contraria a la ley de fecha 31 de
mayo de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga en el proceso ejecutivo laboral que se
adelantó contra el municipio de Bucaramanga, tales como:
a) Perjuicios materiales consolidados y futuros.
b) Perjuicios morales.
c) Corrección monetaria o indexación que resulte de actualizar la cantidad
determinada señalada en los anteriores numerales, basado en la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor,
conforme a lo preceptuado por el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo (…).” (fls. 3 a 4 cdno. 1 - mayúsculas fijas y negrillas del
texto original).
2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda, se expuso lo
siguiente:
“Indemnización debida: comprende los salarios y prestaciones sociales
legales causadas y no pagadas desde la fecha en que se expidió la
resolución 291 del 24 de junio de 2002, mediante la cual resolvió no
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
acceder al reintegro a su cargo correspondiente y hasta la fecha de
presentación de la demanda, esto es 30 de abril de 2007, teniendo en
cuenta para ello un salario base de $947.024, reajustado anualmente
conforme a los porcentajes determinados en el hecho vigésimo primero
de la demanda:
$56.821.440 (salarios)
$19.688.518 (prestaciones)
Indemnización futura: comprende desde la fecha de presentación de la
demanda hasta la fecha de retiro forzoso del empleado público, lo que
equivale a 120 meses multiplicados por el valor de $947.024, para un total
de $113.642.880.
Perjuicios morales: el equivalente a 100 salarios mínimos legales
mensuales $43.370.000 (…).” (fls. 10 a 11 cdno. 1).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones el señor Rafael Gamboa Niño expuso
en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 19 de junio de 2001, promovió un proceso especial de fuero sindical en contra
del municipio de Bucaramanga con el objeto de que fuera reintegrado laboralmente
al cargo que ocupaba, pues, fue retirado del servicio sin la previa autorización
judicial a pesar de que era miembro fundador e integrante de la junta directiva del
Sindicato de Empleados Públicos del Concejo Municipal (ASDECON).
2) El 12 de diciembre de 2001, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga ordenó i) su reintegro laboral sin solución de continuidad al cargo que
desempeñaba o a otro de igual o superior categoría y, ii) el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro del servicio hasta
que se hiciera efectivo el reintegro laboral; la decisión fue confirmada el 22 de abril
de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
3) El 24 de junio de 2002, el municipio de Bucaramanga profirió la Resolución
número 291 por la cual resolvió no acceder a la orden de reintegro laboral porque
no existían cargos vacantes o disponibles en la planta de personal, en su lugar,
reconoció el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde
el momento de la supresión del cargo hasta la notificación de dicho acto
administrativo.
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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4) El 1º de agosto de 2002, inició un proceso ejecutivo laboral en contra de la entidad
territorial y presentó como título ejecutivo complejo las providencias del 12 de
diciembre de 2001 y el 22 de abril de 2002, sin embargo, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bucaramanga se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo
por cuanto no había transcurrido el lapso de seis (6) meses con los que contaba la
demandada para cumplir las órdenes judiciales.
5) El 26 de noviembre de 2002, promovió otro proceso ejecutivo laboral en contra
del municipio de Bucaramanga, esta vez el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Bucaramanga negó librar mandamiento ejecutivo por considerar que dicha
acción no era el mecanismo idóneo para hacer efectiva una orden de reintegro
laboral, no obstante, el 10 de septiembre de 2003, dicha decisión fue modificada
en el sentido de señalar que únicamente se libraría mandamiento de pago por las
agencias en derecho liquidadas en primera instancia en el marco del proceso
especial de fuero sindical.
6) El 27 de abril de 2004, presentó una tercera demanda ejecutiva laboral y pidió
que se librara mandamiento ejecutivo por los salarios y prestaciones sociales
causados desde la fecha de notificación de la Resolución número 291 de 2002
expedida por el municipio de Bucaramanga hasta que se produjera su reintegro
laboral; el 8 de junio de 2004, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga accedió a la solicitud y, además, ordenó el embargo de dineros de
propiedad del citado ente territorial.
7) El 17 de septiembre de 2004, se declaró parcialmente probada la excepción de
pago propuesta por el municipio de Bucaramanga y se ordenó seguir adelante con
la ejecución hasta que se cumpliera la orden de reintegro laboral.
8) El 31 de mayo de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
revocó la anterior decisión y se abstuvo de seguir adelante con la ejecución.
9) La autoridad judicial incurrió en un error judicial en la referida providencia del 31
de mayo de 2005 porque i) desconoció la fuerza de cosa juzgada de las sentencias
de reintegro laboral por fuero sindical, ii) le dio mérito a la Resolución número 291
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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del 24 de junio de 2002 proferida por el municipio de Bucaramanga a pesar de que
era inconstitucional, iii) desconoció los derechos fundamentales del debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, porque no le dio la fuerza ejecutoria a
los fallos que fueron presentados como títulos ejecutivos (fls. 3 a 18 cdno. 1).
3. Contestación de la entidad demandada
Por auto del 23 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración
Judicial (fls. 226 a 229 cdno. 1).
Mediante escrito radicado el 14 de septiembre de 2010, la Nación - Rama Judicial
se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes argumentos
de réplica:
1) No hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial extracontractual porque la
decisión judicial proferida el 31 de mayo de 2005 por el Tribunal Superior de
Bucaramanga estuvo conforme al ordenamiento jurídico.
2) La Corte Constitucional ha manifestado que las entidades territoriales deben
proferir actos administrativos motivados en los que se explique las razones que
hacen imposible el reintegro laboral de un trabajador y, en su lugar, deben reconocer
el pago de salarios y demás emolumentos legales dejados de percibir desde el
momento de la desvinculación laboral hasta que se comunique la no viabilidad de
la reincorporación, circunstancia que ocurrió en este caso concreto.
3) Es pertinente declarar probada la excepción de cosa juzgada en la medida que
las pretensiones de la demanda son las mismas que se plantearon en el marco del
proceso ejecutivo laboral iniciado en contra del municipio de Bucaramanga, en
ambos casos se solicitó una indemnización por el reintegro laboral del señor Rafael
Gamboa Niño.
4) Se debe declarar la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad,
porque el actor no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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Apelación sentencia
demandar la nulidad de la Resolución número 291 de 2002 expedida por el
municipio de Bucaramanga, por medio de la cual se abstuvo de ordenar su reintegro
laboral (fls. 237 a 245 cdno. 1).
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 24 de abril de 2017 negó
los requerimientos de la demanda, como argumentos de la decisión el a quo señaló
lo siguiente:
1) No hay lugar a declarar probada la excepción de cosa juzgada dado que lo
pretendido en el proceso de la referencia es la indemnización de perjuicios
causados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga por el
supuesto error judicial que incurrió en la providencia del 31 de mayo de 2005,
mientras que la indemnización reconocida en el marco del proceso de “nulidad y
restablecimiento del derecho” lo fue por la desvinculación laboral del actor sin previa
autorización judicial.
2) Ante la existencia de un acto administrativo que modificó la situación del señor
Rafael Gamboa Niño, esto es, la Resolución número 0291 del 24 de junio de 2002
mediante la cual el municipio de Bucaramanga advirtió sobre la imposibilidad de
reintegrarlo laboralmente, se generó una situación jurídica nueva que no podía
discutirse en el marco del proceso ejecutivo laboral, de modo que el actor debió
demandar la nulidad de dicho acto (fls. 383 a 392 cdno. apelación).
5. Recurso de apelación
El 12 de mayo de 2017, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones
de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:
1) La providencia proferida el 31 de mayo de 2005 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga desconoció la fuerza de cosa juzgada de las
sentencias del 12 de diciembre de 2001 y 22 de abril de 2002 dictadas en el marco
del proceso especial de fuero sindical, además, le dio mérito a la Resolución número
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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0291 del 24 de junio de 2002 expedida por el municipio de Bucaramanga que era
inconstitucional.
2) El a quo omitió analizar si la decisión judicial del 31 de mayo de 2005 se ajustó o
no al ordenamiento jurídico, igualmente, fue errada su interpretación al afirmar que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no podía desconocer la
nueva situación generada con el acto administrativo expedido por el municipio de
Bucaramanga.
3) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga obró de manera ilegal
porque autorizó al municipio de Bucaramanga a condicionar el cumplimiento de las
sentencias presentadas como título ejecutivo complejo, de manera que señalar que
era el trabajador quien debía demandar la nulidad de la Resolución 0291 del 24 de
junio de 2002 es una forma de obstrucción a la justicia (fls. 394 a 398 cdno.
apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 27 de julio de 2018 (fls. 404 a 407 cdno. apelación) se admitió el recurso
de apelación y se tuvo al señor Orlando Ayala Gordillo como litisconsorte del actor
Rafael Gambo Niño en virtud del contrato celebrado de cesión de derechos
litigiosos, el 5 de octubre de 2018 (fl. 409 cdno. apelación) se corrió traslado a las
partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal, el Ministerio Público solicitó la confirmación de la
sentencia de primera instancia (fls. 411 a 416 cdno. apelación), mientras que la
parte actora y la Nación - Rama Judicial guardaron silencio (fl. 410 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación - Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la decisión proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga el 31 de mayo de 2005 en el marco del proceso
ejecutivo laboral con radicación número 2001-00281-00 promovido en su momento
por el señor Rafael Gamboa Niño en contra del municipio de Bucaramanga y que
se acusa de haber incurrido en un error jurisdiccional con el que se causó un daño
antijurídico al aquí demandante.
La sentencia de primera instancia será confirmada, puesto que no se demostró la
existencia de un error jurisdiccional, pues, la autoridad judicial de manera razonable
concluyó que no había lugar a seguir adelante con la ejecución porque se comprobó
la imposibilidad material y jurídica de reintegrar laboralmente al señor Rafael
Gamboa Niño al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría o de
funciones similares.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
2.1 El daño
El daño reclamado consiste en la no ejecución de la sentencia proferida el 12 de
diciembre de 2001 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga
que fue confirmada el 22 de abril de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga en el marco del proceso especial de fuero sindical iniciado por el
1
La providencia enjuiciada se profirió el 31 de mayo de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga (fl. 3 cdno. 2) y debió quedar ejecutoriada el 7 de junio de 2005 -se advierte
que aunque en el proceso no reposa la constancia de ejecutoria de providencia, lo cierto es que
puede determinarse con base en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil y artículos 41 y
108 del Código Procesal del Trabajo, por lo tanto, con base en las reglas del ordenamiento jurídico
se infiere que quedó ejecutoriada el 7 de junio de 2005-, mientras que la demanda se formuló el 8
de mayo de 2007 (fl. 18 cdno. 1), de modo que se interpuso en tiempo de conformidad con el numeral
8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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Actor: Rafael Gamboa Niño
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señor Rafael Gamboa Niño contra el municipio de Bucaramanga, mediante la cual
se ordenó el reintegro laboral al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior
categoría o de funciones similares, aspecto que se encuentra acreditado con la
providencia del 31 de mayo de 2005 proferida en el interior del proceso ejecutivo
laboral promovido por el actor y que resolvió abstenerse de seguir adelante con la
ejecución (fls. 47 a 55 cdno. 1).
2.2 La imputación
En atención a que en el asunto sub examine la alegada responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado proviene de un supuesto error jurisdiccional, la Sala
procede a examinar si se cumple con los presupuestos legales y jurisprudenciales
exigidos para que prosperen las súplicas en estos casos.
En la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996- se consagró
la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial, dentro de las cuales se estableció el error jurisdiccional y sus
presupuestos. Las normas que lo contienen son las siguientes:
“Artículo 66. Error Jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad
investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de
un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.
Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error
jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.
La Sala encuentra probados los cuatro primeros requisitos, por cuanto la decisión
acusada de contener error jurisdiccional, esto es, la del 31 de mayo de 2005 i) fue
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el marco
de un proceso ejecutivo laboral con radicación número 2001-00281-00, promovido
en su momento por el señor Rafael Gamboa Niño; ii) el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga actuó como juez de la causa; iii) la decisión judicial fue
dictada en segunda instancia y contra esta última providencia no procedía recurso
ordinario alguno y, iv) aunque en este proceso no reposa la constancia de ejecutoria
de la providencia del 31 de mayo de 2005, lo cierto es que se constató en la página
electrónica de la Rama Judicial que contra dicha decisión no se interpuso recurso
extraordinario de revisión, en consecuencia, es posible afirmar, fundadamente, que
la causa seguida en contra de la demandada sí finalizó con la decisión aquí
enjuiciada2.
En relación con el cuarto requisito, esto es, que se traté de una providencia contraria
a la ley, la Sala observa que este no se encuentra acreditado, como se explica a
continuación.
2.3 Análisis concreto del error jurisdiccional alegado
1) Superados los requisitos de forma, se procede a examinar las presuntas
irregularidades en que pudo incurrir la autoridad jurisdiccional en el momento de
proferir la decisión cuya legalidad se reprocha con la demanda.
Para tal fin, es preciso tener en cuenta que el error jurisdiccional se concreta en
“una decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las
pruebas -error de hecho- o que provenga de aplicaciones normativas indebidas -
2
Se resalta que el juez puede consultar el sistema de gestión de la Rama Judicial, como se hizo en
el proceso, por cuanto se trata del sistema oficial integral de procesamiento de información de la
gestión judicial al que se puede acudir válidamente en los términos del artículo 95 de la Ley 270 de
1996.
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error de derecho-”3, se trata de falencias en las que se incurre en providencias
judiciales al punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de
tiempo atrás lo ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda
disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema
de la decisión”4.
2) En el presente caso, respecto de la mencionada sentencia de segunda instancia
proferida el 31 de mayo de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga se alega, en síntesis, que vulneró los derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Rafael Gamboa
Niño en la medida que desconoció la fuerza de cosa juzgada de las providencias
del 12 de diciembre de 2001 y 22 de abril de 2002 emitidas en el marco de un
proceso especial de fuero sindical que ordenaron su reintegro laboral y, además,
que le dio mérito a la Resolución número 291 del 24 de junio de 2002 proferida por
el municipio de Bucaramanga a pesar de ser inconstitucional.
3) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la
decisión de la controversia:
a) El 19 de junio de 2001, el señor Rafael Gamboa Niño inició un proceso especial
de fuero sindical en contra del municipio de Bucaramanga por el cual solicitó su
reintegro laboral al cargo que ocupaba como empleado público en carrera
administrativa, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha en que fue desvinculado, esto es, el 30 de marzo de 2001, así como
también el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pues, gozaba de
fuero sindical. Al respecto, sostuvo que el cargo que desempeñaba fue suprimido
como consecuencia de la restructuración de la planta de personal del concejo
municipal (fls. 135 a 139 cdno. anexo 1).
b) El 12 de diciembre de 2001, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, número
de radicación 08001-23-31-000-2006-02219-01 (38.229), MP Ramiro Pazos Guerrero.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128,
MP Ramiro Saavedra Becerra.
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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Bucaramanga ordenó a la entidad territorial reintegrar al señor Gamboa Niño al
cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría y funciones similares o
equivalentes en la nueva planta de personal, asimismo, la condenó al pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la
desvinculación hasta cuando se hiciera efectiva la orden judicial. Como argumentos
de la decisión, el juzgado sostuvo que debió mediar autorización judicial para
terminar la relación laboral porque el actor gozaba de fuero sindical (fls. 1 a 17 cdno.
3).
c) El 22 de abril de 2002, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
confirmó la anterior decisión (fls. 18 a 26 cdno. 3).
d) Mediante la Resolución número 0291 del 24 de junio de 2002, la Alcaldía de
Bucaramanga resolvió no acceder al reintegro laboral por no existir vacante
disponible equivalente o con funciones similares, de manera que le era jurídica y
materialmente imposible dar cumplimiento a la orden judicial, en consecuencia,
reconoció y ordenó el pago de una indemnización consistente en la cancelación de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la
supresión del cargo hasta la notificación del acto administrativo, asimismo, ordenó
efectuar los aportes al sistema de seguridad social.
Al respecto, se destacan los siguientes apartes de la motivación de esa decisión:
“(…) Que es obligación del municipio de Bucaramanga, a través del
Concejo Municipal determinar la existencia de cargos disponibles
similares o equivalentes a los que venían desempeñando los actores al
momento de su desvinculación, en los términos del Decreto 1173 de 1999,
artículo 1.
Que conforme a certificación expedida por la Secretaría Administrativa y
que forma parte de la presente resolución, en la actual planta de personal
de la Administración Central Municipal no existe cargo vacante disponible
equivalente, con funciones similares o equivalentes.
Que con fundamento en lo anterior la administración se encuentra en la
imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de reintegro y por ende le es
necesario aplicar lo expresado por el Consejo de Estado – Sala de
Consulta y Servicio Civil de fecha 12 de octubre de 2000, radicación 1302,
referencia Ministerio de Transporte, el cual manifiesta que en tales
eventos la administración debe proferir el acto administrativo que
contenga las razones para no hacer el reintegro y ordenar el pago de los
salarios y prestaciones dejados de devengar desde el momento de la
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Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
supresión del cargo hasta la notificación del acto administrativo,
considerando la Sala que con ello se satisface el derecho particular del
demandante y se deja a salvo el interés general que dio lugar a la
reestructuración.
(…) Que los salarios y prestaciones dejados de percibir que reconozca la
administración tienen carácter indemnizatorio en cuanto restituyen el
perjuicio que se generó a los demandantes y el no reintegro de los
señores (…) RAFAEL GAMBOA NIÑO se ve compensado con la
indemnización.
Que conforme a lo expuesto a la administración municipal le es jurídica y
materialmente imposible dar cumplimiento al fallo del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito.” (fls. 314 a 317 cdno. 1).
e) El 1° de agosto de 2002, el señor Rafael Gamboa Niño presentó una acción
ejecutiva en contra del municipio de Bucaramanga con el objeto de que se librara
mandamiento ejecutivo por obligación de hacer, esto es, que se hiciera efectivo su
reintegro laboral al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría
o de funciones equivalentes y, por otro lado, se librara mandamiento ejecutivo para
que se le pagaran los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la
fecha en que fue desvinculado hasta cuando se hiciera efectiva la orden judicial (fls.
20 a 26 cdno. 2).
f) El 9 de agosto de 2002, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga denegó el requerimiento porque aún no había transcurrido el término
de seis (6) meses que tenía la entidad territorial para hacer efectiva la orden judicial
(fls. 28 a 30 cdno. 2)
g) El 26 de noviembre de 2002, el señor Rafael Gamboa Niño presentó una nueva
acción ejecutiva en contra del municipio de Bucaramanga con el objeto de que se
librara mandamiento ejecutivo por obligación de hacer y para que se pagaran los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue
desvinculado hasta cuando se hiciera efectiva la orden judicial (fls. 350 a 351 cdno.
anexo 2).
h) El 9 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga negó la solicitud del actor por considerar que no era el mecanismo
idóneo para hacer efectiva una obligación de hacer e igual suerte corría la
cancelación de salarios y prestaciones sociales (fls. 160 a 162 cdno. 3).
14
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
i) El 10 de septiembre de 2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga modificó la anterior decisión y dispuso librar mandamiento de pago
en contra de la entidad territorial demandada y ordenó que en el término de cinco
(5) días cancelara la suma de $5.885.000 más intereses legales. Al respecto,
sostuvo que si bien había lugar a negar la solicitud relativa a la obligación de hacer
-el reintegro laboral- lo cierto era que sí era pertinente acceder a la solicitud relativa
a la obligación de dar, sin embargo, advirtió que el título ejecutivo complejo ya no lo
eran las sentencias del 12 de diciembre de 2001 y 22 de abril de 2002, sino la
Resolución número 0291 de 2002 y demás elementos probatorios que permitieran
liquidar el monto de los salarios y prestaciones sociales (fls. 172 a 180 cdno. 3).
j) El 27 de abril de 2004, el aquí actor presentó una tercera acción ejecutiva laboral
en contra del municipio de Bucaramanga con base en el título ejecutivo compuesto
por las sentencias del 12 de diciembre de 2001 y 22 de abril de 2002, en
consecuencia, solicitó que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas
de dinero: i) $20.667.176 por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde el 16 de agosto de 2002, esto es, desde la notificación de la
Resolución número 0291 de 2002, hasta cuando sea efectivamente reintegrado, sin
perjuicio de lo causado con posterioridad a la presentación de la demanda 5 y, ii)
intereses legales moratorios (fls. 40 a 45 cdno. 3).
k) El 8 de junio de 2004, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga
libró mandamiento ejecutivo por valor de $20.667.176 por concepto de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el 16 de agosto de 2002 hasta
cuando se hiciera efectivo el reintegro laboral más intereses moratorios, y dispuso
el embargo de dineros de propiedad del municipio de Bucaramanga por la suma de
$140.000.000. (fls. 52 a 54 cdno. 3).
l) El 17 de septiembre de 2004, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia mediante la cual declaró
parcialmente probada la excepción de pago de la obligación propuesta por la parte
demandada, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución hasta que
5
El demandante puso de presente que para la fecha únicamente recibió por parte del municipio de
Bucaramanga las sumas de dinero correspondientes a los salarios y prestaciones sociales que dejó
de percibir entre el 1° de abril de 2001 al 15 de agosto de 2002.
15
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
Apelación sentencia
el municipio de Bucaramanga cumpliera con la orden de reintegro laboral del señor
Rafael Gamboa Niño.
El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“(…) basta con señalar que la condena que le fue impuesta al MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA recae sobre la obligación de cancelar salarios y
prestaciones sociales hasta cuando se haga efectivo el reintegro, lo que
significa que nos encontramos en presencia de una obligación de tracto
sucesivo como acertadamente lo hace ver el apoderado de los
demandantes, luego las sumas que fueron consignadas a órdenes del
despacho para ser entregadas a los accionantes, no podrán recibir el
calificativo como desacertadamente lo anotó la accionada a título de
indemnización por no reintegro, pues la sentencia que fue proferida por
este despacho judicial y confirmada por el ad-quem ordenó el
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales hasta cuando
se haga efectivo el reintegro y en ningún momento dejó al arbitrio de la
accionada la potestad de optar por cancelar los salarios y prestaciones
sociales hasta cuando se produzca el reintegro o la de cancelar una
indemnización por no reintegrarlos, como equivocadamente lo hizo.
(…).
Las sumas de dinero consignadas a órdenes del proceso obrantes a folios
32 a 67 del expediente y entregadas a los aquí demandantes habrán de
ser tenidas en cuenta como pago parcial de la obligación reconocida en
cabeza del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a favor de los aquí
demandantes hasta la fecha 26 de agosto de 2002 tal como se desprende
de las liquidaciones arrimadas por la pasiva, quedando así pendiente por
cubrir los salarios y prestaciones sociales causadas a partir de 27 de
agosto de 2002 y hasta cuando se haga efectivo el reintegro.” (fls. 129 a
138 cdno. 3).
m) El 31 de mayo de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
profirió decisión de segunda instancia mediante la cual revocó la anterior
providencia y, en su lugar, dispuso abstenerse de seguir adelante con la ejecución.
Al respecto, sostuvo que el municipio de Bucaramanga comprobó la imposibilidad
material y jurídica de reintegrar laboralmente al señor Rafael Gamboa Niño, ante lo
cual procedió a reconocer una indemnización correspondiente al pago de los
salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de su
desvinculación laboral hasta la notificación del acto administrativo, aspecto que se
encontraba conforme con la jurisprudencia, además, sostuvo que si el actor no se
encontraba de acuerdo con lo decidido en la Resolución número 0291 del 24 de
junio de 2002 emitida por la entidad territorial, aquel contaba con otros instrumentos
judiciales para contradecir su legalidad.
16
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
Reparación directa
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Como argumentos de la decisión se destacan los siguientes:
“(…) Es por esa razón que la jurisprudencia de carácter constitucional ha
precisado que la estabilidad y permanencia en el empleo no es un derecho
absoluto y por consiguiente, el retiro del servicio por cualquiera de las
razones ajustadas a la constitución y la ley, como en el caso que nos
ocupa, sujeta al Estado a generar la cancelación de las acreencias a que
haya lugar y en ningún caso a la permanencia en los puestos de trabajo,
amén de que, como ya se dijo, la contrariedad entre las normas de
derecho del trabajo, ya legales o convencionales ordenadas a proteger la
estabilidad en el empleo, y las que reglan mandatos constitucionales que
autorizan la supresión de los empleos por un interés superior de la
comunidad, ha sido solucionada por la jurisprudencia laboral dando
prelación al régimen que autoriza el desconocimiento de los derechos de
carácter individual.
(…) Ahora no es que el juez laboral se vea impedido, por razón de la
liquidación o reestructuración de las entidades el Estado a condenarla al
reintegro de quienes fueron despedidos o desmejorados sin permiso del
juez laboral, porque en dichos casos resulta indiscutible el juez debe
cumplir con el mandato legal si advierte que el trabajador tiene derecho al
reintegro. Lo que ocurre en tales eventos es que la entidad o la que haya
sustituido tendrá que demostrar la imposibilidad de cumplir con la orden
de reintegro para que el trabajador perjudicado tenga a su alcance
contradecir lo resuelto.
En el caso en estudio es claro que la administración municipal demandada
ordenó el pago de las acreencias dinerarias a las que se le condenó en la
sentencia que se pretende ejecutar, a través de la resolución 291 de 2002,
haciendo hincapié en la imposibilidad de dar cumplimiento al reintegro, y
con ello cumplió lo de su competencia. De tal manera que si los
trabajadores no estuvieron de acuerdo con lo decidido tendrán a su
alcance los instrumentos legales para contradecir la legalidad del acto
administrativo.” (fls. 47 a 55 cdno. 1).
4) En ese contexto fáctico y probatorio, en primera medida, es preciso advertir que
la cosa juzgada es un fenómeno procesal que hace referencia a los efectos de las
providencias judiciales, cuyo objetivo es garantizar que una vez estas se encuentren
ejecutoriadas, las mismas sean inmutables, definitivas y vinculantes de manera que
gocen de una eficacia jurídica.
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:
“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la
cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
17
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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Apelación sentencia
De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En
primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por
mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del
Estado, impidiendo al juez su libre determinación y, en segundo
lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el
ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales,
a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo
litigio.
De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos
procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que
igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar
con certeza la relación jurídica objeto de litigio”6 (resalta la Sala).
Así las cosas, las providencias con carácter de cosa juzgada deben ejecutarse de
manera obligatoria pues, de lo contrario, perderían eficacia jurídica los derechos en
ellas reconocidos y, en ese sentido, su incumplimiento vulneraría el acceso a la
administración de justicia.
En esa perspectiva, en la sentencia T-553 de 1993 la Corte Constitucional consagró
lo siguiente:
“La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser
uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del
derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229
superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez
para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de
una orden y su efectivo cumplimiento: valga decir, en la aplicación
de la normatividad al caso concreto”.
“En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo
dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los
derechos que a través de esa última se han reconocido a quien invocó
protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada” (negrillas adicionales).
5) Pese a lo anterior, se precisa que existen eventos en los cuales existe una
imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a una orden judicial, por
ejemplo, la orden de reincorporación laboral de un servidor público puede resultar
6
Sentencia C-100 de 2019.
18
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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imposible cuando el cargo en el que este se desempeñaba fue suprimido y no exista
uno de igual naturaleza en la entidad o también porque la misma desapareció, de
manera que la obligación de hacer se torna irrealizable en sus propios términos.
En ese sentido, la jurisprudencia ha determinado que es razonable utilizar otros
medios para proteger el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de los trabajadores como la indemnización de perjuicios, siempre y cuando
se acredite que la obligación de hacer es imposible llevarla a cabo.
Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente:
“La explicación sobre el alcance y sentido del cumplimiento de los
fallos judiciales, como parte del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, estaría incompleta si no se hace
referencia a aquellos casos en que no se presentan los elementos
fácticos o jurídicos necesarios para cumplir la orden original del
fallo. Debe aclararse que no se trata de eventos en que se avale el
incumplimiento de la orden judicial proferida; por el contrario, con el
ánimo de alcanzar la satisfacción material del derecho involucrado,
por encima de obstáculos formales que en su ejecución se
encuentren, se han previsto formas alternas de cumplimiento del
fallo que busquen la satisfacción del derecho al acceso a la
administración de justicia siempre que la obligación original se
aprecie como de imposible realización.
Para estos casos, la Corte Constitucional ha exigido, en primer lugar, la
necesidad de probar, por la parte accionada, de forma eficiente, clara y
definitiva la imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo la orden original;
y, como segundo elemento configurador de la situación, ha previsto el
empleo de vías alternas para la satisfacción de los intereses del titular del
derecho protegido en el fallo judicial, las cuales permitan equiparar sus
consecuencias al cumplimiento de la orden judicial original, llegando, de
esta forma, a la satisfacción material del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.
Como ejemplo de lo afirmado encontramos que la Corte Constitucional,
en la sentencia T-587 de 2008, revisó un caso en el cual las tutelantes
solicitaron la protección a sus derechos fundamentales vulnerados al
haber suprimidos sus cargos -a pesar de haber sido restituidas en los
mismos en razón al cumplimiento de un fallo de tutela- como resultado de
la liquidación definitiva de Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom-. Ante esta situación, solicitaron su reubicación en algún otro
cargo de la administración pública nacional.
La Corte Constitucional determinó que las reestructuraciones de las
entidades públicas debían llevarse a cabo salvaguardando los derechos
fundamentales de los trabajadores por medio de la estabilidad laboral y,
de no ser posible, la protección debía garantizarse mediante el pago de la
indemnización de perjuicios. En éste sentido citó la sentencia T-512 de
19
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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Apelación sentencia
2001 en donde la Corte ‘reafirmó la posibilidad de alterar las plantas de
personal, pero dejó en claro que esas atribuciones de la administración
están enmarcadas en el respeto de algunos criterios, en concreto la
observancia de los derechos fundamentales, teniendo presente que
‘como regla general, los procesos de reestructuración deben procurar
garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores’, y sólo cuando ello no
es posible hay lugar al pago de la correspondiente indemnización’.
Así, esta Corporación concluyó que, en aquella ocasión, no era
procedente el reintegro laboral pues la empresa demandada había
desaparecido del mundo jurídico; además, no era posible incorporarlas
dentro de otra entidad ya que exigía un empleo con equivalencia de
funciones que asegurara el adecuado desempeño de la labor asignada.
En consecuencia, ante la imposibilidad de continuar con el cumplimiento
de la obligación prevista en la parte resolutiva de la sentencia de tutela
por parte de la empresa, se estableció una indemnización de perjuicios
que mitigara los daños causados a las actoras.
(…) De lo expuesto se concluye que, esta Corporación ha reconocido
la existencia de eventos en los cuales, ante una imposibilidad física
y jurídica por parte de la entidad accionada para dar cumplimiento a
la orden original del fallo; es procedente acudir a otros medios que
permitan equiparar la protección del derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia o que mitiguen los daños causados a
la persona afectada. Lo anterior se permite siempre y cuando se haya
probado, de forma clara y precisa, la existencia de la imposibilidad
aludida.
Por último, encuentra la Sala que otras Cortes han coincidido con esta
postura frente a la imposibilidad física y jurídica para dar cumplimiento de
los fallos judiciales. Como posición jurisprudencial relevante para el caso
que ahora se resuelve, es conducente mencionar que entre las
corporaciones judiciales que coinciden con la posición ahora señalada se
encuentra el Consejo de Estado, tribunal que ha afirmado, como se
expondrá más adelante, que no es posible obligar a una entidad a llevar
a cabo algo que le resulta imposible; para esos casos, se ha aceptado
acudir ante otros medios que permitan satisfacer las pretensiones del
accionante frente a la protección de sus derechos fundamentales.” 7
(negrillas de la Sala).
Asimismo, se ha definido que los empleados públicos de carrera administrativa
cuyos cargos han sido suprimidos como resultado de la modificación de la planta de
7
Sentencia T-216 de 2013.
20
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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personal de la entidad a la que pertenecen, pueden ser reincorporados a empleos
equivalentes o recibir una indemnización8.
6) En el presente asunto objeto de análisis, se observa que el 31 de mayo de 2005
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga revocó la decisión del 17
de septiembre de 2004 mediante la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bucaramanga ordenó seguir adelante con la ejecución de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir por el señor Rafael Gamboa Niño hasta que se hiciera
efectivo su reintegro laboral. A juicio del tribunal, se demostró la imposibilidad
material y jurídica para cumplir con la orden de reintegro laboral porque el municipio
de Bucaramanga acreditó que no existía el cargo que el actor ocupaba en el
momento en que fue desvinculado laboralmente u otro de igual o superior categoría
o, uno con funciones similares o equivalentes en la nueva planta de personal,
además, consideró que la indemnización de perjuicios reconocida por la entidad
territorial se encontraba conforme al ordenamiento jurídico por ser una forma de
compensar el impedimento de la ejecución de la obligación de hacer.
En ese marco fáctico y la directriz jurisprudencial expuesta sobre la materia, para la
Sala no está demostrada la existencia del error jurisdiccional porque, a pesar de que
en el interior del referido proceso especial de fuero sindical se profirió la orden de
reintegro laboral en favor del señor Rafael Gamboa Niño, lo cierto es que el
municipio de Bucaramanga a través de la Resolución número 0291 del 24 de junio
de 2002 demostró que no existía un cargo vacante disponible equivalente o uno con
funciones similares.
8
En sentencia T -370 de 1990, la Corte Constitucional sostuvo que “El deber de indemnizar
encuentra fundamento constitucional, en el hecho de que el empleado público de carrera
administrativa “es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección
constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada, según el artículo 58 de la Carta. Por lo
tanto, esos derechos no son inmunes al interés público pues el trabajador, como el resto del tríptico
económico –del cual forma parte también la propiedad y la empresa- está afectado por una función
social, lo cual no implica que la privación de tales derechos pueda llevarse a efecto sin resarcir el
perjuicio que sufre su titular en aras del interés público. De allí que, si fuese necesario que el Estado,
por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como
podría acontecer con la aplicación del artículo 20 transitorio de la Carta, sería también indispensable
indemnizarlo para no romper el principio de igualdad en relación con las cargas públicas (art. 13
C.N.), en cuanto aquél no tendría obligación de soportar el perjuicio, tal como sucede también con
el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno de los casos la licitud de la
acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño causado.”.
21
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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De igual manera, es preciso poner de presente que en la demanda la parte actora
sostuvo que dicho acto administrativo era inconstitucional porque sí existían cargos
en la administración central municipal donde podían reintegrarlo laboralmente, sin
embargo, aquel se encontraba amparado por la presunción de legalidad9, pues, las
decisiones unilaterales de la administración se entienden ajustadas al ordenamiento
jurídico mientras no sean desvirtuadas en sede administrativa o ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, de manera que se presumen válidas y producen
efectos jurídicos hasta que no se decrete su ilegalidad, en ese sentido, le
correspondía al señor Rafael Gamboa Niño comprobar que las afirmaciones
efectuadas en la Resolución número 0291 del 24 de junio de 2002 no correspondían
a la realidad fáctica, a través del camino procesal idóneo prestablecido legalmente
para ello, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:
“Expedido un acto administrativo, este por disposición del Código
Contencioso Administrativo goza de presunción de legalidad y
corresponde a quien pretende desvirtuarlo la carga probatoria, sin que
resulte válido alegar el principio de la buena fe, para eludirla, porque este
principio también se predica de la actividad de la administración. Es
improcedente igualmente que se pretenda descargar la actividad
probatoria en el juez, porque de acuerdo con las normas que regulan el
debido proceso, la jurisdicción es rogada y quien alega un hecho debe
probarlo. Si bien es cierto que el juzgador le da la ley (artículo 169 del
Código Contencioso Administrativo) la facultad de decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad
real, tal facultad no se constituyen un instrumento que permita suplir la
negligencia, desidia o falta de interés probatorio de alguna de las
partes”10.
Asimismo, se advierte que el ordenamiento jurídico ha determinado que una de las
causales para decretar la nulidad de un acto administrativo es la falsa motivación,
9
En relación con la presunción de legalidad, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dicho lo
siguiente: “Como lo dice la ley, la doctrina y la jurisprudencia, uno de los atributos del acto
administrativo, entendido como emisión de la voluntad de un organismo o entidad pública con el
propósito de que produzca efectos jurídicos, es la denominada presunción de legalidad, que también
reciben los nombres de presunción de validez, presunción de justicia y presunción de legitimidad. Se
trata de una prerrogativa de que gozan los pronunciamientos de esa clase, que significa que, al
desarrollarse y al proyectarse en la actividad de la administración, ello responde a todas las reglas y
que se han respetado todas las normas que la enmarca. La legalidad es sinónimo de perfección, de
regularidad, se inspira en motivos de conveniencia pública, en razones de orden formal y material en
pro de la ejecutoriedad y de la estabilidad de esa manifestación de voluntad”, sentencia del 17 de
febrero de 1994, radicación número 6264.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 1996, radicación número
8011, MP Germán Ayala Mantilla.
22
Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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es decir, se presenta cuando las razones para emitir el acto no corresponden con la
realidad fáctica. Al respecto, la jurisprudencia ha determinado que la carga de
demostrar la falsa motivación recae en quien lo alega, así:
“Ahora bien, en contraposición a la debida motivación del acto
administrativo aparecen las figuras de la falta de motivación y falsa
motivación. La primera hace referencia a la inexistencia absoluta de las
condiciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la
decisión administrativa, mientras que la segunda supone un yerro en la
escogencia o determinación de dichas condiciones.
Para establecer si se incurre en esta causal de nulidad del acto
administrativo, se hace necesario examinar los antecedentes fácticos y
jurídicos del mismo, para llegar a concluir que existe una incongruencia
entre los motivos invocados por el funcionario y la decisión final. Así,
habrá falsa motivación cuando al analizar el acto administrativo se
evidencia la divergencia entre la realidad fáctica y/o jurídica con los
motivos esgrimidos en el acto administrativo.
Desde hace varios años esta Corporación ha manifestado que para que
haya lugar a la declaración de falsa motivación “es necesario que los
motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad
no hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha
dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material
o jurídica de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean
de tal naturaleza que justifiquen la decisión tomada”11.
En consecuencia, la falsa motivación se estructura alrededor de la
evidente divergencia que existe entre la realidad fáctica y jurídica
que inspira la creación del acto y la motivación en que la
administración sustenta el mismo.
Ahora bien, la jurisprudencia, en lo relativo a la revisión judicial de la falsa
motivación de un acto administrativo, ha señalado que quien aduce que
se ha presentado dicha causal “tiene la carga de la prueba, es decir,
de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o
implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida
cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos
administrativos12”.
Señala la citada jurisprudencia que quien alega la falsa motivación
debe demostrar las razones específicas por la cuales se incurre en
dicho vicio. Si bien la regla de la carga de la prueba se aplica con mayor
importancia en la falsa motivación, de lo que realmente se trata es de
proteger la presunción de legalidad que reviste todo acto administrativo
una vez está en firme. Por lo tanto, la carga de quien demanda es mayor
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de
junio de 1989, C.P.: Álvaro Lecompte Luna.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
octubre de 1999, expediente: 3.443, C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. En el mismo sentido Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de febrero de
1996, expediente: 3.361, C.P.: Manuel Urueta Ayola.
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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al exponer y probar las razones de hecho o las de derecho que justifican
la indebida motivación del acto administrativo”. (negrillas de la Sala).
Así las cosas, para la Sala fue acertada la decisión del mencionado tribunal de no
seguir adelante con la ejecución porque no le podía exigir al municipio de
Bucaramanga la ejecución de una orden de imposible cumplimento, esto es, la orden
de reincorporación laboral del señor Rafael Gamboa Niño, porque no existía un
cargo en el que pudiera ser reubicado.
3. Conclusión
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, por cuanto no se demostró la existencia del error jurisdiccional cuya
reparación se reclama con la demanda.
4. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de la parte vencida, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha medida procesal.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia proferida el 24 de abril de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Santander.
2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
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Expediente 68001-23-31-000-2007-00287-01 (60.143)
Actor: Rafael Gamboa Niño
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3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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