Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00627-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00627-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2007-00627-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si se configuraron situaciones
imprevisibles que llevaron a la ruptura del equilibrio económico del contrato, por la
configuración de la teoría de las sujeciones imprevistas y por actuaciones de la
Administración enmarcadas en el ejercicio del ius variandi. Para el a quo la
respuesta fue negativa, al catalogar tales circunstancias, en unos casos, como
incumplimientos del contratista y, en otros, como parte de los riesgos asumidos bajo
la estructura negocial.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la providencia del 20 de marzo de 2014 1, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Santander, negó la demanda, cuyas pretensiones,
supuesto de hecho y de derecho, se sintetizan a continuación.
Pretensiones
2. El Consorcio Géminis, integrado por Yamil Sabbagh Solano, la Compañía de
Construcción e Ingeniería CCI Ltda., y Sohinco Constructora S.A, presentaron
demanda 2 contra el Instituto Nacional de Vías, con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas (se transcribe literal, incluyendo eventuales
errores):
“a. Pretensiones Principales
1 Folio 559 a 577 –ambas caras– del cuaderno ppal. No.2
2 Presentada el 8 de noviembre de 2007, visible a fls. 1 al 67 del cuaderno ppal. No.1.
Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
1) Que se reconozcan por parte del INVIAS los hechos y actos generadores del desequilibrio
económico del contrato de la referencia.
2) Que como consecuencia de lo anterior, el INVIAS proceda a reconocer y pagar el valor total
de la presente reclamación, el cual asciende a la suma de Un mil ciento diez millones seiscientos
ochenta mil seiscientos dieciocho pesos ($1´110.680.618.oo), en razón del acaecimiento de los
hechos y actos generadores del desequilibrio contractual desde la fecha de inicio del contrato y hasta
la terminación del mismo, o en su defecto, que el INVIAS proceda a reconocer y pagar la suma de
Un mil treinta y cuatro millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y seis pesos
($1´034.156.686.oo), en razón del desequilibrio sufrido por el Consorcio Géminis durante la
ejecución del contrato de la referencia, desde la fecha de la modificación del contrato.
3) Que adicionalmente, el INVIAS proceda a reconocer y pagar la actualización de la suma
anteriormente citada, desde la ocurrencia de los hechos y actos generadores del desequilibrio del
contrato de la referencia hasta la fecha de su pago efectivo aplicado la fórmula que para tal fin ha
señalado el H. Consejo de Estado colombiano.
4) Que el INVIAS proceda a reconocer y pagar los intereses corrientes y moratorios, causados
desde la ocurrencia de los hechos y actos generadores del desequilibrio del contrato de la referencia
hasta la fecha de su pago efectivo, a la tasa pactada en el contrato, y en su defecto a la máxima tasa
autorizada para tal fin por el H. Consejo de Estado colombiano.
5) Que finalmente, el INVIAS proceda a elaborar la liquidación bilateral, de mutuo acuerdo del
contrato de la referencia, incluyendo la totalidad de las pretensiones descritas en este acápite, en
los términos del artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 1993.
b. Pretensiones subsidiarias
1) Que en el evento en que el INVIAS no considere posible acceder a las pretensiones principales
en sede gubernativa y en consideración al perjuicio inminente e irremediable, que con los hechos y
circunstancias enunciados en este documento se le causaron al Consorcio Géminis, proceda a
explorar de mutuo acuerdo la posibilidad de suscribir una cláusula compromisoria, tendiente a que
las diferencias surgidas entre las partes sean ventiladas y resueltas ante un Tribunal de Arbitramento
en la Cámara de Comercio de Bogotá “.
Hechos
3. Como supuestos de hecho, se indicó que el Consorcio Géminis y el INVIAS
suscribieron el contrato de obra No. 2330 el 17 de diciembre de 2004, cuyo objeto
consistió en el “Mejoramiento y pavimentación de la carretera Oiba – Guadalupe
Sector K+000 al K+10 500” en un plazo de seis (6) meses. Este término fue ampliado
en dos oportunidades hasta el 30 de diciembre del 2005. El acta de recibo final de
obra y de terminación del contrato fue suscrita el 26 de diciembre de 2005.
4. En desarrollo del contrato, los precios unitarios rebasaron ampliamente los
valores fijados en el presupuesto oficial, lo que propició el desequilibrio económico
del contrato, cuyas particularidades concretó de la siguiente manera:
(i) “Costos adicionales del relleno seleccionado ítem 9 especificación
particular 1p”.
5. Señaló que al ejecutar el contrato, el material de excavación no pudo ser utilizado
dada su inadecuada especificación, motivo por el cual fue necesario recurrir a
fuentes de cantera, situación anormal en una obra civil de estas características, que
resultó imprevisible para las partes; adujo que para cumplir el contrato, tuvo que
acudir a la fuente más cercana que era la cantera Piedra Herrada localizada a 4,2
km del centro de la obra, donde el costo real del material para relleno seleccionado
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-entre el 20 de enero de 2005, fecha de inicio de la obra, y el 21 de julio de 2005
fecha en la cual se modificó el contrato a base estabilizada- fue de $58´864.800 en
costo directo, más $17´659.440 de AIU, para un valor total de $76´524.240 pesos
M/Cte.
6. Indicó que aun cuando la especificación particular 1P del pliego de condiciones
señalaba que se debía tener en cuenta el costo del suministro del material y del
transporte -ya fuera proveniente de la misma excavación o del eventual mezclado
con fuentes alternativas- la experiencia en obras de ingeniería revelaba que el
mismo material de la excavación debía servir para ejecutar los rellenos requeridos.
De modo que no incluyó en su propuesta la compra de materiales ni el transporte
pues, de haberlo hecho, se excedía el precio unitario oficial en más de un 100%,
razón por la cual, concluyó que el presupuesto del INVIAS no contemplaba tales
costos
(i.i) “Cambio de base granular a base estabilizada por circunstancias no
previsibles para el contratista y decisión de la entidad contratante”
7. Relató que la fuente de material más cercana detectada en la visita de obra y que
sirvió de base para el cálculo de las distancias de transporte de la propuesta, era la
cantera Piedra Herrada, única con la cual se podía presupuestar la base granular
dentro del 100% del presupuesto oficial, además de ser la cantera que según los
estudios que tenía el INVÍAS, permitía extraer las bases y sub-bases granulares que
el proyecto requería.
8. Factores externos no previsibles para el contratista, como fue el hecho de no
poder utilizar el material proveniente de la excavación, la limitada producción de la
cantera Piedra Herrada para el nuevo ítem de base estabilizada, la mala calidad de
los materiales ubicados en las canteras cercanas a la obra, la baja productividad de
las diversas canteras de la zona y la modificación del contrato de cambiar de base
granular a base estabilizada, conllevaron un exorbitante cambio en la estructura de
costos y por ende un perjuicio económico valorado en $556´722.260; reclamó,
subsidiariamente, el sobrecosto generado a partir de la modificación del contrato,
por valor de $480´198.020.
(ii) “Mayores costos generados por sobre-acarreo de la mezcla asfáltica MDC-2.
Mezcla densa en caliente, ítem 13, especificación 450-02p”
9. Indicó que al momento de presentación de la propuesta operaba una planta en el
sitio denominado Berlín aproximadamente a 40 km del centro de la obra; el precio
unitario del contratista contemplaba transporte hasta 25 km de acarreo, pero en el
momento de la ejecución del ítem de asfalto (14 meses después de presentar la
oferta) dicha planta había sido desmontada, así que para suplirla, luego de analizar
alternativas, la interventoría aprobó la planta de asfaltos de Ingeniería de Vías
localizada a 96 km de la obra. Precisó que el sobre transporte generado por la
circunstancia imprevisible del cierre de la planta Berlín fue de 71 kms, y que el
sobrecosto por este concepto fue de $35.500 por m³ transportado, en términos de
costo directo; como se transportaron 1.301 m³, el sobrecosto global fue de
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$46´185.500 en costo directo, y al sumar el AIU llega a un valor total de $60´041.150
por este concepto.
(iii) “Mayor permanencia en obra o sobre permanencia en obra”
10. Dado que el plazo contractual pactado era de 6 meses, y la obra se ejecutó
realmente en un lapso de 11 meses y 6 días –desde el 20 de enero de 2005 al 26
de diciembre de 2005–, reclamó una mayor permanencia en obra de 5 meses y 6
días, generada por eventos externos al contratista que llevaron a suscribir
ampliaciones, suspensiones y mayores tiempos requeridos para su ejecución por
valor de $155´291.168.
11. Precisó, en relación con las suspensiones, que como éstas fueron pactadas por
cortos lapsos, ello impedía la desvinculación del personal ante la reanudación de la
ejecución contractual. Respecto de las ampliaciones de plazo, indicó que los
mayores tiempos requeridos para la ejecución del contrato estuvieron asociados a
eventos exógenos al contratista (estudios a cargo de la interventoría, análisis y
aprobación de la base estabilizada, y dificultades logísticas y de producción de las
fuentes de materiales).
(iv) Costos adicionales pagados por la base estabilizada con cemento ítem 36,
respecto del precio pactado durante el desarrollo del contrato especificación 341, 1-
02 y de su transporte por causas no imputables al contratista.
12. Para determinar los precios unitarios, el material a estabilizar se cotizó en las
canteras de Piedra Herrada y el Cucharo el 15 de junio de 2005 a $19.605 y $17.645
pesos, respectivamente, en términos de costo directo; pero en la práctica, las
condiciones de mercado fueron impactadas por la alta demanda de materiales, la
baja productividad de las canteras y el fuerte invierno que afectó los niveles de
producción; así, en la cantera Piedra Herrada se incrementó el precio ponderado
subiendo a $25.518; por su parte, la cantera el Cucharo afrontó problemas de
disponibilidad de material, por lo que tuvo que ser cambiada por la mina “La
Pedregosa” que finalmente proveyó el material con las características requeridas y
que estaba localizada prácticamente en el mismo sitio del Cucharo, logrando un
precio de $18.500. El actor reclamó el sobrecosto por las alzas de los precios.
13. Además, lo pactado era realizar la actividad con un 63% de la cantera Piedra
Herrada y un 37% de la cantera el Cucharo, pero por problemas de baja producción
en la primera fue necesario aumentar la demanda frente a la segunda; el resultado
del consumo fue de 54,10% en Piedra Herrada y de 45,90% en La Pedregosa, lo
que incrementó el porcentaje acordado frente a esta última pasando de 37% a
45,80%, con un mayor transporte de 50 km que fue el propuesto para la mina del
Cucharo, La sumatoria total por este concepto fue de $38´208.900 que multiplicado
por el porcentaje de AIU del 30% generó un menoscabo de $49´671.580,78.
(v) “Mayores costos pagados por el consorcio por el relleno para estructuras,
ítem 12, especificación 610, por circunstancias imprevisibles para el contratista”
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14. Reseñó que para la realización de la oferta, además de la información
recopilada en la visita de obra y en los pliegos, los proponentes contaban con los
estudios del INVIAS, cuyos análisis de precios unitarios en el ítem de relleno para
estructuras evidenciaban, que: (a) no se contempló costo para el material de relleno,
circunstancia que sólo es posible si se reutiliza el material de excavación; y (b) no
se consideró costo para el transporte, ratificando que el material debería estar en el
sitio requerido, es decir, ser producto de la excavación. Los estudios son de mayo-
junio de 1999, y la oferta se presentó en septiembre de 2004, así al actualizar los
$17.059 de 1999 con el incremento del salario mínimo legal, éste es de 51,41% lo
que indica que el precio actualizado a la fecha de cierre de la licitación, esto es, el
1 de septiembre de 2004, fue de $25.827, muy aproximado a los $26.000 que
definidos para el ítem en el presupuesto oficial; de forma que la oferta presentada
se hizo bajo criterios similares a los elaborados por la entidad, es decir, sin costo de
material y de transporte, lo que llevaba implícita la reutilización del material
excavado, y por ello se ofrecieron $25.000 para ese ítem.
15. Anotó que al momento de efectuar el relleno, el material de excavación no tenía
las características ni la calidad requeridas, lo que obligó a comprar el material en la
cantera Piedra Herrada y transportarlo al sitio de la obra teniendo un sobrecosto por
este concepto de $50´508.866.
(vi) “Excavación para reemplazo de la subrasante, ítem no pactado”
16. De acuerdo con esta actividad, indica el actor que se les pagó el trabajo
ejecutado pero bajo el ítem de excavación de la explanación; de modo que la
actividad pagada no correspondió a la realmente ejecutada.
(vii) “Conformación zonas de depósito. Ítem 31, especificación 3p”
17. Las zonas de depósito asignadas como botadero presentaron circunstancias no
previsibles por el contratista como son las altas pendientes, la inestabilidad que se
manifestó en la zona de depósito y la agudización de estos problemas debido al
fuerte invierno; lo que obligó a que, adicionalmente al recurso de maquinaria
previsto en el unitario contractual, se tuviera que utilizar retroexcavadora para
terracear dichas zonas y atender la solicitud de la interventoría expresada en oficio
JAL-OIBA-099-05 del 28 de junio de 2005, con el fin de estabilizar los taludes.
18. Igualmente, se ejecutaron estructuras con madera para contener las masas de
tierra; además, por el invierno, el acceso de las volquetas se complicó pues se
enterraban con facilidad incrementando la operación de la retroexcavadora y por
ende el costo; el valor reclamado por este concepto es de $14´836.705.
(viii) “Gastos adicionales ocasionados por el mayor número de señales de tránsito,
grupo I, ítem 29, especificación 710, solicitadas e instaladas por el desplazamiento
en el tiempo para la ejecución de esta actividad”
19. Bajo el contrato sólo se pedían 25 señales de tránsito y se le ordenó al
contratista ejecutar 77, es decir, un 208% más de las pactadas; además, la
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propuesta se presentó el 1 de septiembre de 2004 y la actividad se ejecutó en
diciembre de 2005, 15 meses después de la oferta, situación imprevisible para el
contratista qué desbordó la propuesta, generando costos adicionales por valor de
$5´342.415. Señaló que “el pequeño reajuste aplicado por el instituto no cubrió para
nada el desfase”, lo que se corrobora con las facturas de Coonsevial, las
cotizaciones de otros proveedores, el acta de modificación y cartas del interventor.
(ix) “Falta de pago del hierro pontón. Ítem 21, acero de refuerzo grado 60”
20. Señaló que un fuerte aguacero puso en evidencia la presencia de cárcavas e
inestabilidades en el k9 +937. La interventoría propuso como solución la ejecución
de un pontón dándole al consorcio los diseños y los despieces del hierro; una vez
el consorcio compró el hierro figurado y lo llevó a la obra, al hacer las excavaciones
observó que la presencia de estas cuevas se extendía más allá de lo previsto por la
interventoría, de manera que se cambió el diseño por un pedraplén, el cual se
entregó el 9 de noviembre de 2005 con un esquema de terraplén a ejecutar, todo lo
anterior sin reconocer al contratista el valor del acero previamente comprado el cual
por ser figurado ya no se podía aplicar a otro tipo de obra, perdiéndose; finalmente
se trajo a Bogotá lo que generó un costo adicional. El detrimento por esta situación
fue de $8´536.120,15.
(x) “Mantenimiento adicional de la ventana entre el k 3 + 800 al k 6 + 000”
21. Señaló que el INVIAS, a través de otros contratistas, desarrolló el tramo k 0+000
al k 6+000 el cual se encontraba en ejecución al momento de la licitación del
contrato 2030 de 2004, de modo que el Consorcio Géminis esperaba encontrar la
carretera terminada con buena transitabilidad para la iniciación de sus actividades;
sin embargo, la meta física del anterior contrato se acortó y sólo llegó al k 3+800.
Como INVIAS no podía incluir en la nueva licitación el objeto de un contrato en
ejecución y sin liquidar, el contrato del Consorcio Géminis iniciaba en el k 6+000
generándose una ventana de la abscisa k 3+800 a k 6+000, quedando una carretera
sin terminar que, por la acción del invierno y la falta de drenajes, se volvió una trocha
de bajísima transitabilidad que afectaba la movilidad de todos los vehículos, en
especial de las volquetas que proveían materiales.
Por ello, refirió que tuvo que destinar recursos para mantener dicha ventana y
garantizar el tránsito en la vía, actividades que, además, fueron ordenadas por la
interventoría. La inversión se realizó en horas de máquina, materiales rajón, relleno
seleccionado, base granular, recebo y mano de obra; lo que corresponde a una
reclamación por valor de $68´419.865,80.
(xi) “Stand by de la maquinaria”
22. Afirmó que las suspensiones que afrontó el contrato fueron generadas por
causas ajenas a la voluntad del contratista y por periodos cortos (30 días, 15 días,
31 días) para un total de 76 días; así que, por razones logísticas, el consorcio
Géminis tuvo que mantener la disponibilidad de la maquinaria, generando por este
concepto un costo de stand by valorado en $122´577.826,80.
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Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
(xii) “Costo de estudios técnicos adicionales”
23. Señaló el actor que desarrolló los estudios técnicos adicionales para la
estructura con base estabilizada con cemento y mezcla asfáltica MDC-2 los cuales
fueron financiados y desarrollados por el consorcio, sin que INVIAS reconociera
valor alguno; dicho costo ascendió a $12´217.940,80. Indicó, así mismo, que en el
contrato de obra pública 2330 de 2004 existieron actuaciones de la Administración
que modificaron las condiciones iniciales del contrato.
Fundamentos de derecho
24. La parte actora fundó su reclamación en los artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 27 de la
Ley 80 de 1993, y citó doctrina y jurisprudencia relacionada con el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato. Efectuó el desarrollo conceptual de dos
figuras: “A. IUS VARIANDI – SIMILITUDES DOCTRINALES CON EL HECHO DEL
PRÍNCIPE” y “B. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN” (fls. 44 a 62 c.1 ppal.)
25. Bajo el acápite titulado “C. EL CASO CONCRETO MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN”,
la demandante reiteró que en ejecución del contrato existieron actuaciones de la
Administración que modificaron las condiciones iniciales respecto del método
constructivo y, al haber cambiado de base granular a base estabilizada se
generaron importantes variaciones de ítems fundamentales y de los procedimientos
previstos llevando a una situación financiera insostenible para el contratista.
26. Refirió que en los actos administrativos OAJ 37677 del 5 de septiembre de 2006,
OAJ 39859 del 15 de septiembre de 2006 y SNR 43252 del 6 de octubre de 2006,
el INVIAS reconoció el desequilibrio patrimonial causado al contratista por los
sobrecostos asumidos.
Contestación de la demanda3
27. El Instituto Nacional de Vías luego de manifestar su oposición respecto de las
pretensiones, se pronunció sobre cada uno de los hechos, así:
(i) En relación con los costos adicionales del relleno seleccionado, indicó que la
inversión adicional realizada por el contratista fue de $124´985.420, dada la
modificación de base granular a base estabilizada. A su turno, señaló que el
sobrecosto por transporte y materiales para base estabilizada según cuentas de
cobro alcanzó un valor de $49´740.041.
Adujo que el costo de material para relleno y transporte de La Pedregosa según
cuentas de cobro fue de $246´087.500 y el costo del material para relleno y
transporte de la fuente El Raizudo, según cuentas de cobro, ascendió a $57´198.447
pesos.
3 Fls. 76 a 90 del c. ppal. 1.
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Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
(ii) Señaló que el sobre-acarreo por la ubicación de la planta asfáltica que cumplía
las especificaciones fue de 71 kms y según cuentas de cobro correspondió a
$60.041.150.
(iii) Frente a la mayor permanencia en obra, refirió que el plazo se extendió a 11.2
meses pero dada la suspensión del contrato por 3,2 meses, el lapso que el
contratista estuvo trabajando fue de 8 meses, razón por la cual no se reconocían
sobrecostos por este concepto; además, el plazo adicional fue solicitado por el
contratista para cumplir sus obligaciones en la obra. Advirtió que los costos por la
suspensión del contrato corresponden a la suma de $95´563.796.
(iv) Respecto a los costos adicionales pagados por el cambio de base granular a
base estabilizada con cemento, indicó que ello favoreció los intereses del
contratista, quien elaboró los precios unitarios para el material a estabilizar y para
el cemento, ajustados a los precios de mercado con materiales de las canteras
Piedra Herrada 63% y El Cucharo 37%.
(v) En cuanto a los mayores costos por relleno de estructuras, sostuvo que el
consorcio no incluyó precio por material ni transporte al ofertar ese ítem. Según la
bitácora de obra y cuentas de cobro el sobrecosto asumido fue de $50´508.866.
(vi) En lo relativo a las excavaciones para reemplazo de la subrasante, aunque el
contratista presentó un acta de comité de obra que indicaba que en el proceso de
conformación se debía reemplazar la original en alturas hasta de 1.5 mts, las
cuentas de cobro y el reporte diario de maquinaria no registran la profundidad a la
cual se realizó la excavación.
(vii) En relación con la conformación de zonas de depósito, manifestó que por las
condiciones del terreno -inestabilidad, altas pendientes y fuerte invierno- se tuvo la
necesidad de utilizar retroexcavadoras en lugar de bulldozer para terracear esas
zonas; el sobrecosto por este ítem fue de $14´836.705.
(viii) Frente al mayor número de señales de tránsito indicó que bajo el contrato era
posible aumentar, disminuir, o suprimir en la ejecución de la obra sus cantidades
iniciales a través actas de modificación, sin reconocimientos a efectuar.
(ix) Afirmó que para la construcción del pontón ubicado en el k 9+937, el contratista
compró el hierro figurado, y con el cambio de diseño por un pedraplén ya no lo pudo
reutilizar; el costo del hierro adquirido fue de $7´903.815, sin incluir transporte, pero
un buen porcentaje de hierro figurado se utilizó en otras obras de arte del mismo
corredor, así que la pérdida no fue total.
(x) En lo que corresponde al mantenimiento adicional de la ventana entre el k3 +800
al k6+000 ordenado por la interventoría al contratista, su costo ascendió a
$68.392.428, según cuentas de cobro.
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Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
(xi) Respecto al stand by de maquinaria, indicó que éstas se usaron durante la
suspensión del contrato para ejecutar actividades que garantizaran una vía en
condiciones aceptables y sus cantidades se pagaron en actas de obra.
(xii) Tratándose de los costos por estudios técnicos adicionales, afirmó que el
cambio de base granular a base estabilizada con cemento fue propuesta por el
contratista y, según el numeral 5.1 de los pliegos tenía a su cargo adecuar y/o
modificar en cualquier momento de la ejecución del contrato los estudios y diseños
definitivos del proyecto; por lo que no había lugar a ningún reconocimiento.
28. Como medios exceptivos propuso, los siguientes:
(a) “La Genérica”, conforme al inciso 2° del art. 164 del CCA.
(b) “Inexistencia del derecho reclamado”, con fundamento en que no basta
solicitar “la declaración del hecho del perjuicio en su contra” y su consecuente
indemnización, sino que, además, se debe demostrar “la real variación en su contra
(hecho subjetivo) y los demás perjuicios que la asunción de la misma variación le
produjo”, sin que en este caso exista tal demostración.
(c) “Falta de liquidación del contrato objeto de la litis”; afirmó que, si de común
acuerdo no se hace la liquidación o en forma unilateral no la realiza la
Administración, el contratista está obligado a acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para obtener tal liquidación; pero no solicitar en forma
directa su pago cuando no se ha liquidado el contrato.
Alegatos en primera instancia
29. Concluida la etapa probatoria4, en auto del 2 de junio de 20095, el a quo corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto –éste último guardó silencio–. El instituto demandado insistió en los
medios de defensa planteados, e incluyó la falta de legitimación por activa,
argumentando que el poder para demandar fue conferido por el representante legal
del consorcio, cuya personería se limita al ámbito contractual y no al judicial.
4
Mediante auto del 30 de julio de 2008, el tribunal decretó como pruebas las documentales aportadas por las
partes. Por la demandante, el contrato 2330 de 2004 y sus adicionales 1 y 2, así como los soportes con los
cuales se indicó acreditar los 12 hechos generadores de desequilibrio económico. Por la demandada, copia de
comunicaciones cruzadas entre las partes OIBA-2002-06, OIBA-021-05, OIBA -040-05, OIBA -063-05, OIBA -
065-05, OIBA -065-05, OIBA -070-05, OIBA -074-05, OIBA -076-05, OIBA -085-05, OIBA -087-05, OIBA -090-
05, OIBA -091-05, OIBA -099-05, OIBA -109-05, OIBA -114-05, OIBA -118-05, OIBA -183-05, OIBA -015-05
suscritas por el Consorcio JAL; copia de los oficios del 3 de junio de 2005, del 27 de mayo de 2005, del 16 de
abril de 2007; análisis de precios unitarios del consorcio Géminis, y copia del oficio 54246 del 14 de diciembre
de 2007 del INVIAS. Se ordenó, así mismo, librar oficios a (i) la Subdirección Red Nacional de Carreteras del
INVIAS requiriendo el envío de toda la correspondencia cruzada entre contratistas e INVIAS en ejecución del
contrato 2330 de 2004, (ii) la correspondencia cruzada entre aquellas y la Interventoría; (iii) el contrato 2330 de
2004, sus adicionales, suspensiones, actas de terminación, de recibo final y pliego de condiciones de la licitación
pública y del contrato de interventoría respectivo. Se ofició al consorcio JAL para que remitiera la
correspondencia cruzada entre el INVIAS y el contratista con ocasión del contrato 2330 de 2004; (iv) se
decretaron los testimonios de Aliria Esperanza Aguillón, Juan amado Lizarazo –sin que éstos hubiesen
comparecido al proceso–.
5 Folio 435 c. ppal. 1.
9
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Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
30. La actora 6 reiteró los argumentos de la demanda. Precisó que la calificación
jurídica de los hechos constitutivos de desequilibrio económico no se situaba en la
teoría de la imprevisión, sino en la teoría de las sujeciones imprevistas, como ocurrió
respecto de las fuentes de materiales a las tuvo que acudir, las excavaciones a
mayores profundidades, la adquisición de materiales de relleno inicialmente no
previstos y la adecuación de zonas de depósito mediante actividades adicionales.
31. Señaló que el Tribunal debía reconocer que Invias modificó unilateralmente el
contrato, en cuanto a: 1) cambio de base granular a base estabilizada; 2) mayores
señales de tránsito; 3) adquisición de acero y sus anejos; y, 4) mantenimiento de la
ventana o tramo de la vía –entre el k3 + 800 y el k6 + 000–.
32. Planteó la existencia de una contradicción en la contestación de la demanda,
pues la entidad señaló que el contratista carecía de cualquier derecho, pero frente
en cada uno de los hechos reconoció expresamente los mayores costos pagados
por el Consorcio.
Fundamentos de la providencia recurrida
33. El Tribunal a quo al dictar sentencia7 precisó que no era necesario proveer
sobre la falta de legitimación en la causa por activa, pues la jurisprudencia reconoció
capacidad jurídica a los consorcios para comparecer y actuar en juicio. Para resolver
el asunto, formuló tres problemas jurídicos centrales (se transcribe conforme obra):
• ¿Hubo desequilibrio contractual producto de circunstancias imprevisibles y órdenes
extracontractuales dadas por la entidad demandada que se presentaron durante la ejecución del
contrato y por tanto es menester del INVIAS responder por las erogaciones adicionales surgidas con
posterioridad a su perfeccionamiento?
• ¿El contratista puede solicitar al juez que se ordene a la entidad demandada que proceda a
elaborar la liquidación bilateral del contrato?
• ¿El juez está facultado para ordenar al ente contratante suscribir una cláusula compromisoria
con el fin que las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de liquidación del contrato sean
resueltas por el Tribunal de Arbitramento?
34. Frente al primer problema jurídico, afirmó que no se demostró la ocurrencia de
circunstancias imprevisibles constitutivas de desequilibrio contractual, pues algunos
eventos eran previsibles y otros fueron asumidos por el consorcio bajo el contrato.
35. Señaló que la determinación de los precios unitarios fue pactada entre las partes
y si éstos no correspondían a la realidad se debió a que el análisis de los mismos al
momento de contratar no fue el acertado, y el interesado debió solicitar las
aclaraciones y ajustes frente a dichos valores; refirió que no había pruebas en el
expediente para demostrar los precios que han debido tenerse en cuenta y que al
compararlos revelaran la diferencia advertida por el actor.
36. En punto a los conceptos reclamados, más allá de precisiones adicionales que
se harán al desatar la censura, el a quo concluyó, en síntesis, lo siguiente:
6 Folio 448 a 457 c. ppal. 1.
7 Folio 559 a 577 –ambas caras– c. ppal. 2.
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Demandado: INVIAS
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CONCEPTO
RECLAMADO SENTIDO DE LA DECISIÓN
Se negó, en tanto fue una falta de previsión del contratista no haber
Costos adicionales relleno incluido en el APU el costo de material y transporte que ahora reclama.
seleccionado Y en todo caso debió haberlo indicado a la entidad en las aclaraciones
al pliego.
Cambio de base granular a Se negó, pues (i) el pliego indicó que era de responsabilidad del
estabilizada contratista informarse del terreno, localización y fuentes de materiales;
y, (ii) fue una propuesta del contratista que incluyó nuevos APU´s.
Mayor valor de transporte Se negó. El contratista valoró de forma incompleta el transporte de
de mezcla asfáltica MDC - mezcla asfáltica al proponer. Además, el pliego estableció que era su
2 responsabilidad establecer las fuentes de materiales.
Se negó. El contratista dio lugar a las suspensiones al proponer 2
cambios (base estabilizada y planta asfáltica) y el pliego estableció que
Mayor permanencia y cuando el contratista sea quien propone los cambios no hay lugar a
Stand by de maquinaria mayores costos. Además, el Consorcio expresó que tales cambios no
generaban mayores costos. Y en todo caso, el a quo señaló que no se
acreditó personal o maquinarias inactivas.
Costos de estudios Se negó. Tal modificación fue una propuesta del contratista, así que
técnicos de base debía asumir los estudios y diseños, según el núm. 5.1 del pliego.
estabilizada
Sobrecosto por suministro Se negó. El contratista no contempló materiales y transporte en los
de relleno de estructuras APU “rellenos de estructura”, sin embargo, el acta final le reconoció
$37´175.000.
Sobrecosto - excavación Se negó, por no acreditar la profundidad de la excavación.
por reemplazo subrasante
Conformación zonas de Se negó, porque la retroexcavadora utilizada estaba incluida en el valor
depósito estimado para ajustes y obras complementarias.
Sobrecosto – señales de Se negó. Pues si bien se pactaron 25 señales, las 77 instaladas fueron
tránsito reconocidas y pagadas según acta de entrega.
Falta de pago – hierro del Se negó. Ya que no se demostró que el acero comprado, al cambiar la
Pontón actividad, no hubiese sido utilizado en su totalidad.
Mantenimiento ventana Se negó. Era una inversión que en todo caso debía prever el contratista
k3+800 al k6+800 al tratarse de la reparación de una vía, pues debía garantizar la
transitabilidad de vehículos y volquetas con material.
Costo de estudios técnicos Se negó, pues bajo el núm. 5.1 del pliego, los cambios propuestos por
adicionales el contratista eran de su cargo y fue éste quien pidió modificar la base
granular a base en cemento.
37. Tratándose del segundo problema jurídico, precisó los términos en que
transcurre la liquidación bilateral y unilateral del contrato y negó la pretensión quinta
de la demanda, en tanto solicitaba al juez ordenar al Invias la elaboración de la
liquidación bilateral del contrato.
38. Sobre el tercer problema jurídico, relativo a la pretensión subsidiaria de exhortar
a la demandada a suscribir una cláusula compromisoria para dirimir las diferencias
surgidas en el contrato, indicó que como tal definición proviene de la autonomía
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contractual y las partes no suscribieron un pacto en la materia, el juez administrativo
era el encargado de conocer el asunto -al que ya se acudió para dichos fines-.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
39. La demandante formuló recurso de apelación8, cuyos motivos de disenso se
resumen de la siguiente manera:
a) “Inobservancia del material probatorio aportado y recolectado a lo largo del
proceso frente a la falta de apreciación de los hechos de la demanda, lo confesado
por la demandada y lo realmente probado en el proceso”
En este capítulo la apelante retomó cada una de las 12 circunstancias en que fundó
sus reclamos, y planteó cuestionamientos sobre la valoración probatoria efectuada
por el Tribunal, como será detallado al resolver los cargos.
b) “Ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones que contraríen el derecho
y la obligación al (sic) restablecimiento (sic) equilibrio económico”
Reprochó que la entidad hubiere incorporado a los contratos adicionales cláusulas
con apariencia de renuncias voluntarias por parte del contratista, cuando ellas están
prohibidas por ley; adujo que, como la figura del equilibrio económico es de orden
público en la contratación estatal, tales estipulaciones resultan ineficaces de pleno
derecho.
c) “La abstención de restablecer el equilibrio económico del contrato verificado
(sic) los hechos que dan lugar a su configuración”
Reclamó la aplicación del principio de planeación y de la institución de la ecuación
económica y financiera del contrato. Al efecto, desarrolló la figura del equilibrio
económico para subrayar que es un derecho del contratista orientado al
reconocimiento del valor intrínseco de su remuneración, que el INVIAS desconoció.
d) “La inobservancia del material probatorio aportado y recolectado a lo largo
del proceso”
Cuestionó que el Tribunal se hubiera limitado a analizar el pliego y el contrato 2030
de 2004, junto con sus adicionales, pero no haya tenido en cuenta las demás
pruebas practicadas que dan cuenta de las situaciones que afectaron el equilibrio
del contrato, pues no asignó ningún mérito probatorio a tres memorandos del
INVIAS en los que se precisaron los sobrecostos que había asumido el contratista.
e) “Falta de congruencia”
8 Folio 581 a 638 c. ppal. 2.
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Indicó que la sentencia debe fundarse en los hechos en controversia, en el material
probatorio, y en las normas pertinentes. Reclamó que aunque ninguna de las
excepciones planteadas por Invias prosperó, y aun cuando el material probatorio
respaldó las pretensiones formuladas, éstas hubiesen sido negadas.
f) “No acceder a la pretensión de liquidación del contrato”
En relación con el análisis realizado por el Tribunal, al desatar el problema jurídico
atinente a la pretensión de que el juez ordenara a la entidad demandada la
elaboración de la liquidación bilateral del contrato, reprobó que si el juez
consideraba que la pretensión no era acorde a la realidad, debió haberla ajustado
otorgando un término perentorio a Invias o a las partes para liquidar el contrato,
dado que ya habían transcurrido siete años desde su terminación.
Trámite de segunda instancia
40. Al alegar en segunda instancia, la parte actora ratificó las manifestaciones que
realizó a lo largo del proceso y, además, resaltó la importancia de los principios de
planeación y buena fe como guía de interpretación del contrato estatal.
Por su parte, el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
41. A partir de los motivos de disenso reclamados en la alzada, la Sala (i) hará
algunas breves anotaciones relacionadas con los eventos generadores del
desequilibrio económico del contrato y, en particular, se referirá a la teoría de las
sujeciones imprevistas aducida por la impugnante como base de su reclamo; y (ii)
resolverá los cargos de la apelación.
• Marco general del desequilibrio económico del contrato
42. La obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato, prevista en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es la respuesta que
brinda el ordenamiento jurídico para preservar el balance económico contractual
que resulte afectado, ya sea por (i) circunstancias sobrevenidas, extraordinarias y
ajenas a la voluntad de las partes –teoría de la imprevisión–; (ii) como consecuencia
de la expedición de actos generales y abstractos expedidos por la Administración
como Estado que, sin estar dirigidos a un específico contrato, terminan afectando
negativamente la equivalencia prestacional acordada –hecho del príncipe–; (iii) el
ejercicio de las potestades atribuidas por ley a la entidad pública en calidad de
contratante9, que le autoriza a introducir variaciones o modificaciones al contrato
9 Como lo prevé el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, “(…) las entidades estatales al celebrar un contrato: 1°
Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el
numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas,
13
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celebrado, con fundamento en el interés general que envuelve la contratación
pública –ius variandi–.
43. Este catálogo de situaciones en las que se enmarca la figura del desequilibrio
económico se diferencia, a su vez, del incumplimiento contractual, pues este último
reprocha la conducta antijurídica de uno de los contratantes al desconocer los
pactos adquiridos bajo la estructura obligacional que regenta el negocio jurídico
celebrado; distinción que, de manera clara e integral, ha sido explicada por la
jurisprudencia de esta Corporación, en los siguientes términos:
“[…] la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante
la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o
financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le
sirvieron de cimiento a la misma”10, equilibrio prestacional que puede verse “afectad[o]
ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la
teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la
Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de
autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como ‘Hecho del Príncipe’ o
‘Ius variandi’, dependiendo de la entidad de donde emanen, pero que no se derivan
de la conducta antijurídica del extremo público contratante” 11, (…) “[e]l incumplimiento
contractual tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes,
esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar
el contrato y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que,
desde luego, no está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera
la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte
incumplida”.12
44. En clave de la anterior precisión, la Sala analizará los asuntos materia de
examen para determinar la existencia o no de algún evento de desequilibrio
contractual, o eventualmente de incumplimientos atribuidos a la entidad; y, en
particular, hará una referencia puntual a la teoría de las sujeciones imprevistas que
es llamada por la parte demandante como título configurador de sus insistidos
reclamos.
• Breves referencias a la teoría de las sujeciones imprevistas
45. En sus alegaciones de primera instancia, con proyección en la apelación, la
parte demandante solicitó que las circunstancias aducidas como desequilibrantes
del sinalagma contractual se analizaran bajo la teoría de las sujeciones imprevistas
y, en este sentido, hizo un llamado para que así fueran examinadas por el juez y no
bajo la teoría de la imprevisión. En este punto corresponde a la Sala efectuar
algunas precisiones en relación con esta figura, con el propósito de ofrecer claridad
en la materia, y definir los efectos que situaciones de tal naturaleza generan en el
ordenamiento jurídico; lo anterior, comoquiera que bajo el sub lite se presentaron
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan,
terminar unilateralmente el contrato celebrado (…)”.
10 Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 14 de septiembre de 2016, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, Exp. 50.907.
11 Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 14 de septiembre de 2016, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, Exp. 50.907.
12 Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 25 de julio de 2019, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, Exp. 41.297. En el mismo sentido, ver Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 12 de
septiembre de 2019, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente: 44779.
14
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circunstancias que, como adelante se verá, tuvieron origen en la existencia de
situaciones materiales imprevistas.
46. En primer lugar, es necesario señalar que la citada teoría refiere a aquellas
dificultades físicas que, aunque presentes al momento de la celebración del contrato
son razonablemente imprevisibles para las partes, es decir, desconocidas para
ellas, en tanto surgen en desarrollo de la obra y se asocian generalmente a
condiciones geológicas, hídricas o incluso arqueológicas que, aunque no
imposibilitan el cumplimiento del contrato, sí hacen más onerosa su ejecución.
47. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo, en momentos oscilantes13,
terminó por inscribir esta figura en el ámbito de la teoría de la imprevisión pues, más
allá de que los hechos que le dan origen a cada una puedan ser distinguidos por su
naturaleza, son sus notas características, arraigadas justamente en la
imprevisibilidad, las que han llevado a asignarles paridad de tratamiento en el
ordenamiento legal.
48. Sin embargo, como lo advierte la doctrina especializada, tal identidad no es una
constante en otros sistemas jurídicos, pues “en la concepción tradicional de esta
forma de ruptura del equilibrio económico del contrato, (…) esas condiciones físicas
imprevistas que hacen más oneroso el cumplimiento del contrato sobrepasando el
alea normal, se traducen en un deber de la Administración de reconocer al
contratista una indemnización integral, mediante un aumento de su
remuneración” 14 . De manera que la autonomía dada a esta modalidad de
rompimiento del equilibrio económico, por fuera de la teoría de la imprevisión, ha
sido reconocida en legislaciones foráneas15 con efectos indemnizatorios, y no sólo
compensatorios como se tiene previsto en el ámbito local.
13 En sentencia proferida el 20 de noviembre de 2008, dentro del expediente 05001-23-26-000-1992-01369-
01(17031) es posible advertir el viraje que presentaba la jurisprudencia en el entendimiento de esta figura, al
señalar: “(…) si bien la teoría de las sujeciones materiales imprevistas fue manejada con anterioridad por la
jurisprudencia dentro de la teoría de la imprevisión, realmente observa la Sala en esta oportunidad que se trata
de un título de imputación diferente, (…) mientras en las sujeciones o dificultades materiales imprevistas
corresponden a un álea física o natural que se encuentra presente al momento del nacimiento del contrato y
luego emerge en su ejecución, en la teoría de la imprevisión las circunstancias extraordinarias son
sobrevivientes a la relación contractual y corresponden a un álea económica o financiera; por tanto, la Sala
precisa que la sujeción o dificultad material imprevista no es una modalidad de la teoría de la imprevisión, como
se venía manejando en la jurisprudencia, sino que se trata de otro factor diferente de imputación de
responsabilidad de la entidad contratante para restablecer el equilibrio económico del contrato”; lo anterior para
indicar que tales eventos, en consecuencia, “generan un daño antijurídico indemnizable a cargo de la entidad
contratante, a título de responsabilidad objetiva o sin culpa”.
14 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. “El equilibrio contractual en el derecho administrativo colombiano” pág. 18.
updates@academia-mail.com
15 Al respecto, la doctrina ha señalado: “En Francia esta figura es reconocida y aplicada por los jueces de
manera autónoma a las demás, contrario a lo que sucede en nuestro país, donde este tipo de situaciones
(sujeciones materiales imprevistas) son estudiadas y resueltas a la luz de la teoría de la imprevisión, como una
especie de ésta (Hernández, 2008, p. 174). Asimismo, otra diferencia importante entre ambos ordenamientos
jurídicos radica en su forma de indemnización, toda vez que mientras en Francia procede para estos casos una
indemnización integral o plena del contratista, incluyendo por supuesto todos los daños materiales (en sus
vertientes de daño emergente y lucro cesante) e incluso los inmateriales que se puedan llegar a acreditar; en
Colombia, por ser una especie o variante de la teoría de la imprevisión, el contratista únicamente tiene derecho
al pago de los mayores costos y sólo hasta el punto de no pérdida, por lo que se excluye cualquier posibilidad
de reparación o indemnización de la utilidad esperada”. ZAMBRANO SANJUAN, Carlos Andrés. La
Responsabilidad Precontractual y Contractual del Estado en el Derecho Colombiano y Francés: algunos
aspectos comparativos. Revista Navarra Jurídica, pág. 58. Tomado de:
https://journals.uninavarra.edu.co/index.php/navarrajuridica/article/view/a4-v1-n1-2017/29
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49. De acuerdo con las anteriores precisiones, dada la relación de género a especie
que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido entre la teoría de la
imprevisión y la teoría de las sujeciones imprevistas, no existe un tratamiento disímil
entre ellas, de modo que los efectos patrimoniales que conceptualmente se
desprenden de estas figuras, se limitan a reconocimientos compensatorios, a punto
de no pérdida.
50. Establecido lo anterior, el llamado de la demandante de no aplicar la teoría de
la imprevisión y, en su lugar, analizar el caso en perspectiva de las sujeciones
imprevistas, se desvanece dada la identidad de tratamiento asignado en nuestro
sistema jurídico a ambos institutos; con todo, y más allá del título de imputación o
evento aducido como generador de una obligación restitutoria, en aplicación del
principio iura novit curia, corresponde al juez la aplicación correcta del derecho con
sujeción a la causa petendi invocada en la demanda16 haciendo prevalecer, bajo
este postulado y con sus límites, el derecho sustancial sobre las formas. Con este
horizonte la Sala pasa a analizar los argumentos de la alzada.
• Caso concreto
A. Examen de los cargos de la apelación
(i) “Respecto de los costos adicionales del relleno seleccionado ítem 9
especificación particular 1P, ante el cambio de base granular a base
estabilizada por circunstancias no previsibles para el contratista y decisión de
la entidad contratante”
51. El apelante insistió en haberse ajustado al presupuesto INVIAS para el “relleno
seleccionado ítem 9 especificación particular 1P”, pues según el Formulario No. 1
“presupuesto oficial” la entidad estableció para esta actividad el valor de $29.000,
sin contemplar costo de materiales ni transporte, lo que daba a entender, según era
usual en este tipo de obras, que el relleno se haría con material de la excavación en
sitio, única forma de ofertar dentro del 90% y 100% de los precios, según los
parámetros que exigían los pliegos. Reiteró que tuvo que acudir a otras fuentes de
materiales y que ello, unido a las inadecuadas especificaciones de la cantera Piedra
Herrada respecto de los materiales para base granular, y las dificultades que en
similares términos tenían las demás canteras de la región, llevaron a suspender el
contrato por 20 días, (acta de suspensión No. 1) y a modificar el método
constructivo, a base estabilizada, con los sobrecostos generados por dicha
suspensión.
52. Luego, el actor reprochó al Tribunal su decisión, en los siguientes términos (se
transcribe literal incluso con errores):
16 “La expresión ‘iura novit curia’ significa ‘el juez conoce el derecho’ y su alcance como principio se traduce en
el deber de aplicar las normas adecuadas para resolver los conflictos, aun cuando no hubieren sido invocadas
por las partes; por eso, su límite natural está dado por el principio de congruencia, el cual, a su vez, constituye
garantía del derecho al debido proceso”. Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero
de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 47.255.
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“es motivo de censura que el Tribunal no se haya percatado 1) de las circunstancias que
condujeron a la suspensión del contrato por causas no imputables al CONSORCIO, por
cuanto éste se limitó a indicar que tales hechos obedecieron a la falta de previsión del
contratista, lo cual resulta totalmente alejado de la realidad, pues si bien se cita el
subnumeral 4 del numeral 3.8.3 del Pliego de Condiciones ... el contratista realizó la visita
de campo y con fundamento en el estudio efectuado por AMERICAN GEOXLORATION
(sic) … se establecía que la cantera piedra herrada cumplía con las especificaciones … 2)
la buena fe del contratista quien aceptó la suspensión del contrato a fin de llegar a una
solución respecto de la fuente de materiales que permitieran cumplir la actividad contratada,
3) el hecho palpable que en ninguna parte de la sentencia no (sic) se hiciera alusión o
valoración alguna de los soportes que acreditaban el sobrecosto en la actividad por relleno
seleccionado (ITEM 9) (…)” y el hecho de no haber tenido en cuenta el reconocimiento que
hizo el INVIAS en la contestación de la demanda respecto de la inversión adicional realizada
por el contratista.
53. La Sala anticipa, en relación con este cargo, que encuentra razón en las
siguientes conclusiones a las que arribó el a quo: (i) que el contratista no previó,
debiendo hacerlo, la posibilidad de que el material de excavación tuviera que ser
reemplazado o mezclado con otros de diversas fuentes como ocurrió en este caso,
descartando una situación imprevisible; y, (ii) la existencia de un acuerdo entre la
entidad y el Consorcio para el cambio de base granular a base estabilizada, en el
que se consideró el estado de las canteras y se pactaron nuevos APU a precios de
mercado; de forma que negó reconocimientos económicos derivados de tales
situaciones17.
54. Al respecto, observa la Sala que en la estructura de los pliegos de condiciones
de la licitación pública SRN-110-2004 que condujo a la suscripción del contrato que
se analiza, se estableció en el numeral 3.8.3, los aspectos que debían considerar
los proponentes al momento de valorar su propuesta, entre otros, los siguientes:
“3.8.3. Aspectos a considerar en el valor de la propuesta
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública. Por ser
relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe
tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:
1. Información previa
Estudiará la información relacionada en el numeral 2.1 de este pliego de condiciones, a
efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el proyecto.
(…)
4. Materiales
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido,
utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales
por el cambio de dichas fuentes de materiales. Igualmente, el proponente en caso de salir
favorecido, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código
de Minas para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los
correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de
explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración,
clasificación, almacenamiento, cargue y descargue los materiales.
17 fl 574, ambas caras, del c. ppal. 2.
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El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto líquido y los materiales
pétreos utilizados en la construcción de afirmado, subbase, base, concreto asfáltico,
concretos hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los
mismos.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción
de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en
los ítems de pago de las obras de que trata la presente licitación pública. El proponente
favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor por costos, plazos, falta o escasez
de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral”.
(…)
7. Examen de los sitios
El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial,
las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio
y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta
(…)
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa
válida para posteriores reclamaciones.”18
55. Por su parte, el Anexo No. 2. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” estableció
puntualmente, en relación con el ítem de relleno seleccionado, lo siguiente:
“ESPECIFICACIÓN PARTICULAR IP – RELLENO SELECCIONADO
(…) El precio unitario deberá cubrir los costos por concepto de obtención de
permisos de explotación de fuentes de materiales, pago de regalías, adquisición,
suministro, transporte, colocación, humedecimiento y/o secamiento, y compactación
del material proveniente de fuentes de materiales aprobadas por el Interventor y su
eventual mezclado con los materiales provenientes de las excavaciones y/o
préstamos laterales. Así como todos los demás costos necesarios para la correcta
ejecución de los terraplenes. Todo lo demás como la especificación general”.
56. La anterior especificación indicó, con suficiencia, que los proponentes debían
calcular sus precios unitarios considerando todos los costos enunciados –como
transporte, tratamiento y colocación– pero, de manera particular, señaló que el
material debía extraerse de fuentes aprobadas por la interventoría y su eventual
mezclado con los materiales provenientes de las excavaciones y/o préstamos
laterales (se resalta).
18 Pág. 29 a 33 d ellos pliegos de condiciones
18
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De esta forma, desde los pliegos se estableció que dicha actividad podía hacerse,
de forma alternativa, con materiales de las fuentes que autorizara el interventor y,
eventualmente, se previó la posibilidad de mezclarlo con los materiales de las
excavaciones, y/o con préstamos laterales.
57. Entonces, si el Consorcio Géminis concluyó que la conformación de los precios
unitarios de este ítem sólo se podía ofertar con materiales resultantes de la
excavación (para estar en el rango del 90% al 100% del presupuesto oficial), debió
advertirlo así a la entidad al momento de analizar tales especificaciones, antes de
comprometerse en el alcance reseñado; máxime sí, como lo indicó, su
entendimiento se fundó en que los precios unitarios elaborados por el INVIAS,
registrados en el formulario No. 1, no consideraban materiales ni transporte, y ello
le hizo suponer que no había otra alternativa que utilizar el material de la excavación
de la obra. El citado formulario19 señaló (núm. 9):
58. A juicio del actor, el precio de $29.000 fijado por el INVIAS no podía abarcar
todos los costos indicados en la especificación particular, pues éste solo alcanzaría
en caso de que el material proviniera de la excavación de la obra; sin embargo,
aunque tal limitación haría equivocada la especificación en sí misma –de cara al
alcance indicado–, o el análisis del precio unitario efectuado por la entidad, lo cierto
es que el entonces proponente guardó silencio. Ello fue analizado por el a quo al
señalar que, “la determinación del valor de los precios unitarios se pactó entre las
partes y si éstos no correspondían a la realidad, se debió a que el análisis de los
mismos al momento de contratar no fue el más acertado, aún así en la audiencia
respectiva ha debido la parte interesada efectuar las aclaraciones pertinentes para
ajustar dichos valores”.
59. Lo anterior impone recordar, que la licitación es el escenario donde se lleva a
cabo el proceso de conformación de la voluntad contractual, bajo la premisa de que,
si bien tal procedimiento inicia con la determinación de un conjunto de análisis,
necesidades y cláusulas elaboradas unilateralmente por la Administración -
expresión del principio de planeación- en su recorrido y construcción involucra la
19 Fl. 236 del c. de pruebas 1.
19
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participación fundamental y activa de los proponentes como expertos en las
actividades, bienes o servicios que requiere el Estado; lo que explica, entre otros
aspectos, el requisito de publicidad del que ha sido dotado este mecanismo de
escogencia, pues apunta a que los interesados señalen a la entidad posibles yerros,
omisiones o requerimientos de información del proyecto, que un experto en el objeto
que se busca contratar debe estar en capacidad de advertir a la entidad pública
respectiva.
60. Esta unión de necesidades y conocimientos, concreta el interés general que
subyace las finalidades públicas perseguidas en los procesos de selección que
adelantan las entidades estatales sujetas al EGCAP, para lograr la determinación
más fiel del objeto a contratar y de los sujetos con capacidad de realizarlo; dicha
conformación se proyecta en las diferentes etapas, oportunidades y audiencias que
se llevan a cabo para afinar el proceso y sus reglas, y lograr así, conjuntamente, las
precisiones necesarias tanto a nivel de requisitos y factores de escogencia, como
en lo relacionado con la determinación de la estructura obligacional y, en ella, de
manera relevante, lo que atañe a su contraprestación.
61. De ahí que sea posible afirmar que el principio de planeación, que se proyecta
inicialmente en la elaboración de los estudios y análisis que deben preceder a la
apertura del proceso de selección, se constituya, a su turno, en una carga de la que
también es responsable el proponente y luego contratista, justamente de cara a su
conocimiento especializado en la materia, y como expresión nítida del principio de
buena fe en la etapa precontractual. Esta Subsección, ha sido prolija en señalar:
“Se puede afirmar que el principio de planeación en la contratación pública es bifronte, es
decir, se traduce en una carga tanto para la entidad estatal como para el contratista, respecto
de aquellos aspectos que compete definir a cada parte. La exigencia de obrar de acuerdo
con el principio de planeación se predica en la formación del contrato y, de la misma forma,
en la negociación de sus modificaciones y adiciones. Dentro del marco de la colaboración
que compete al contratista , se encuentra igualmente sometido a respetar el principio de
planeación, es decir, el contratista tiene la carga de analizar la suficiencia y consistencia de
los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en
la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que
el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos
aquellos que negoció con la entidad pública”20.
62. En el sub lite, se observa que el Consorcio Géminis no formuló inquietudes
respecto al precio del ítem, no señaló la aparente discordancia entre el alcance de
la especificación para relleno seleccionado y el valor presupuestado por la entidad
en el formulario No. 1, ni pidió a la entidad pública aclarar su entendimiento en el
asunto. Este silencio fue advertido por el Tribunal y no fue objeto de apelación por
el actor, de modo que la conducta del Consorcio, al haber analizado a fondo la
especificación y su correlativo precio unitario –llegando a la conclusión ya conocida–
permite a la Sala considerar que lo ocurrido correspondió a una elección del
proponente en presentar un precio unitario únicamente con materiales de
excavación, asumiendo un riesgo de cara a las diferentes alternativas planteadas
en la especificación; posición que se sostiene y reafirma al haber omitido la carga
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de mayo de 2019. Exp. 25000-23-36-
000-2013-02029-01(59309) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20
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de expresar una inquietud de tal calibre a la entidad pública para su aclaración,
ajuste, o corrección.
63. Justamente, a través del numeral 2.2. del pliego de condiciones, se hizo énfasis
en dicha carga y deber, al indicar:
“si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la presente
licitación o tuvieran dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a
conocer en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones”.
Recuérdese, además, que el numeral 3.8.3 de los pliegos, sub numeral 4, entre
otras cuestiones, señaló que:
“El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido,
utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales
por el cambio de dichas fuentes de materiales”.
64. De modo que, contando con la oportunidad y deber de expresar tales
inquietudes, las cuales, indefectiblemente eran relevantes en torno a la definición
del alcance que cubría la especificación particular de relleno seleccionado, la Sala
no podría concluir en una inquietud no advertida, o colegir, como lo insiste el censor,
en que lo usual en este tipo de obras era solo una de tales alternativas, y lo anormal
era acudir a fuentes de cantera, aspecto que sin duda no tiene la aptitud de
postularse como un evento admisible para generar un restablecimiento.
65. En este punto, es necesario subrayar que la propia estipulación particular “IP
relleno seleccionado” confirma la posibilidad de que los materiales pudieran provenir
de fuentes aprobadas por la Interventoría o, eventualmente, de mezcla con
materiales resultantes de las excavaciones del proyecto, y/o de préstamos laterales;
de suerte que, más allá de que el actor indicara que escogió la alternativa de uso
común en la construcción en este tipo de obras, lo cierto es que las demás no
revelan la anomalía que el Consocio atribuye en sede de imprevisión, de cara a las
modificaciones presentadas en obra que, como se observa, estaban advertidas en
la citada especificación.
66. Con todo, un adecuado análisis del entonces proponente y las revelaciones que
sobre los precios unitarios del referido ítem eran de cargo del contratista, le imponía
considerar, entre las fuentes de material, las más cercanas a la obra, como el caso
de Piedraherrada, cantera identificada también en los estudios previos –elaborados
por AMERICAN GEOEXPLORATION– que, al hacer el estudio geotécnico de
materiales de construcción hizo las siguientes referencias (se transcribe literal, con
eventuales errores):
“La principal fuente de recursos se encuentra sobre la vía Guadalupe – Oiba, adelante de la
Hacienda La Trinidad. La Cantera “PIEDRAHERRADA” (ver foto 6) (…)
La Caliza se utiliza para la obtención de cal, como triturado para base y subbase de carretera,
mezclas, concreto estructural y/o asfáltico, rellenos y demás obras que las requieran, (…)”21
(se subraya).
21 Fl. 266 del c. 1 de pruebas.
21
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67. Así que el Consorcio optó por definir el precio unitario bajo la alternativa de
obtener los materiales de relleno seleccionado producto de la excavación, sin un
análisis de la cantera Piedraherrada que era la más cercana a la obra –a 4,5 kms–
con la que, finalmente, cumplió la especificación analizada.
68. De allí que la omisión en advertir las falencias que el Consorcio estimaba que
existían en los precios del Invias, unido a la falta de diligencia al no considerar la
cantera Piedraherrada en el APU respectivo (por su cercanía a la obra) según lo
preveía la especificación, impiden la prosperidad de la reclamación que se analiza.
Incluso, habrá de decirse, que los problemas que posteriormente surgieron respecto
a la baja o inadecuada especificación de materiales que llevaron a la suspensión
del contrato el 4 de mayo de 2005, se referían a la calidad de los materiales para
base granular y no para relleno seleccionado pues, se itera, la fuente de material de
la cantera Piedraherrada sí cumplía con las especificaciones de relleno
seleccionado, como lo declaró la actora en los hechos de su demanda al señalar:
“Como el material de la excavación del sitio de las obras no sirvió, tal y como es de
conocimiento del interventor de la obra y del INVIAS, se recurrió a la fuente más cercana
que era la cantera Piedra Herrada localizada a 4,2 km del centro de la masa de la obra. El
costo real del material para relleno seleccionado con la cantera Piedra Herrada, entre el 20
de enero de 2005 fecha de inicio de la obra y el 21 de Julio del mismo año fecha en la cual
se modificó el contrato base estabilizada fue de $58´864.800 en costo directo (…)” 22.
De manera que no es admisible un reclamo fundado (i) en las propias
determinaciones y riesgos asumidos por el contratista, (ii) en su falta de previsión
respecto de alternativas que, debiendo haber sido consideradas, no lo fueron al
momento de conformar los precios unitarios respectivos; y (iii) sin que mediara
solicitud de aclaración, corrección o ajustes respecto del alcance y valor de dicha
especificación.
69. Igualmente, el censor reprochó al Tribunal no haber tenido en cuenta las
circunstancias reales que llevaron a la suspensión del contrato; indicó que confió en
la información de los estudios previos efectuados por American Geoexploration que
informaban que la cantera Piedraherrada sí cumplía con las especificaciones para
ser usada en todos los materiales que requería el proyecto y, junto con la visita de
obra, definió los precios unitarios para el ítem de base granular, presupuestando el
transporte para una distancia de 4,5 km, pero las condiciones de los materiales
superaron toda previsión.
Refirió que la suspensión acordada fue expresión de su buena fe, para llegar a una
solución respecto de la fuente de materiales que permitiera realizar la actividad
contratada, pues las diversas canteras no cumplían las especificaciones exigidas
por la norma INVIAS, lo que generó mayores costos a los previstos.
70. Al respecto, observa la Sala que en el análisis del Tribunal sí se tuvieron en
cuenta las situaciones que condujeron a la suspensión del contrato el 4 de mayo de
2005, solo que a juicio del a quo la problemática asociada a los materiales de
cantera no podía atribuirse a situaciones imprevistas pues, de acuerdo con el
22 Fl. 26 del c. pal 1
22
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numeral 3.8.3. de los pliegos de condiciones, el contratista estaba obligado a
realizar el examen de los sitios, debiendo inspeccionar el lugar donde habría de
desarrollarse la obra, informarse de la naturaleza del terreno, del subsuelo, su
localización, las fuentes de materiales, entre otros aspectos (fl. 574 del c. ppal. 2).
Asimismo, señaló que la propuesta del Consorcio, de pasar de base granular a base
estabilizada, se hizo acordando nuevos precios; por lo cual, no había lugar a más
reconocimientos.
71. Al respecto, y reafirmando la calidad de experto del contratista, es necesario
precisar que si bien tiene la responsabilidad de desplegar una conducta diligente en
orden a realizar el examen de la zona de los trabajos, considerar si hay zonas de
montaña, la maquinaria y equipos requeridos, informarse de las condiciones del
terreno, el estado de las vías de acceso, los índices de movilidad y tránsito vehicular,
las fuentes de materiales a las que era posible acudir, la mano de obra disponible,
los precios de mercado, las condiciones climáticas, sociales, entre otras, de dicho
examen no hacen parte situaciones cuyo conocimiento imponga la realización de
estudios especializados que van más allá de aquellos que en dicha etapa es posible
realizar y conocer, lo que debe ser analizado en cada caso. A su turno, y en ello se
debe enfatizar, no podrá decirse que todo aquello que acontezca en curso de la
obra escape a tal conocimiento inicial, pues lo cierto es que la dinámica constructiva
lleva inmersa la adopción de decisiones que pueden ser cambiantes en curso del
proyecto, de modo que no cualquier cambio relevante implica, de suyo, un evento
sobrevenido.
72. En esta línea, en los estudios previos de la licitación se consideró a la cantera
Piedraherrada como referente más próximo a la obra, y así dio cuenta el estudio
geotécnico de materiales de construcción realizado por AMERICAN
GEOEXPLORATION que, como atrás se vio, llevó a cabo la caracterización de los
materiales encontrados en la zona indicando que esa cantera “se dedica a la
explotación de calizas principalmente biomicríticas (…). La Caliza se utiliza para la
obtención de cal, como triturado para base y subbase de carretera, mezclas,
concreto estructural y/o asfáltico, rellenos y demás obras que las requieran” (núm.
66 de esta providencia).
Igualmente, en dicho estudio se indicó (se transcribe literal, con eventuales errores):
“La cantera Piedraherrada, trabaja a pequeña escala; allí se halla 3 bancos principales de
caliza con espesores que varían entre los 3.5 y 4 metros intercalados con pequeños niveles
de shales con concreciones que no superan los 80 cm de espesor.
La cantera no presenta un método de explotación específico, para lo cual se utiliza dinamita
como explosivo para remover el material, el cual es transportado en grandes bloques a la
trituradora, obteniendo ese material grueso bien seleccionado, el grave inconveniente que
presenta esta trituradora es su pequeño alcance para la demanda que ofrece dicha cantera,
lo cual le resta efectividad y retarda su producción.
Los niveles de Caliza a partir de la cantera, como reserva natural siguen una dirección NNW
con poca pendiente (…) con características semejantes a la de la cantera, para lo cual se
sugiere un estudio más profundo para determinar reservas medidas, las estimadas, control
de calidad, manejo de la explotación optimización de la planta de triturado, seguridad
industrial control de calidad e impacto ambiental.
23
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Otra fuente material a explotar se ubica en La Floresta al lado izquierdo de la vía Oiba -
Guadalupe. este material consiste en las mismas calizas masivas de la cantera
Piedraherrada, con la diferencia de que el volumen de material limoarcilloso y de capa
vegetal es considerable (…) actualmente se halla abandonada, pero se puede recomendar
(a conveniencia) para la extracción de material, aunque se debe realizar un descapote de
hasta 1m (…).
También es importante considerar el material de construcción que ofrece el río Suárez
cuando hace su paso por el municipio de Guadalupe (ver tabla 4), aprovechándose como
recurso natural seleccionado redondeado y medianamente calibrado. Para esta explotación
se debe aprovechar las épocas de verano, pero se debe tener en cuenta el respeto al cauce
natural del río (…)”23
73. En la siguiente tabla, del mismo informe, se registró el resultado del “ESTUDIO
DE FUENTES DE EXPLOTACIÓN (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) para la
cantera Piedraherrada:
74. Se advierte de la caracterización de la fuente de materiales efectuada para la
dicha cantera, que ésta se encontraba en estado de explotación, con método de
explosivos, procesamiento mediante trituración y, en efecto, hizo referencia entre
los “USOS POSIBLES” a mezclas, rellenos, sub -base, base, concreto estructural y
concreto asfáltico. A su vez, el estudio culminó con las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
75. Conforme a lo anterior, es posible advertir que los estudios geotécnicos no
identificaron como única fuente de material a la cantera Piedraherrada, como
23 Fl. 266 a 269 del c. de pruebas 1 (AZ).
24
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equivocadamente lo asevera la parte apelante, además, indicaron la necesidad de
avanzar en un estudio más profundo de la fuente respecto del terreno y de su
capacidad de producción; de manera que se trató de una decisión del contratista
presupuestar los precios unitarios de la base granular con materiales de dicha
cantera pues, en todo caso, era de su cargo la determinación de las fuentes de
materiales en los términos establecidos en el pliego, asentidos por el proponente.
76. Ahora, la Sala no considera, como lo hizo el a quo, que las problemáticas
asociadas a la calidad de los materiales y sus fuentes, se generaron a raíz del
incumplimiento del Consorcio de su obligación de realizar un adecuado examen de
los sitios (sub numeral 7 del numeral 3.8.3 de los pliegos) pues, como atrás se
indicó, la diligencia de informarse del estado de la zona y las fuentes de materiales,
entre otros aspectos, no le permitían en ese momento advertir las dificultades
asociadas a la inadecuada o baja especificación de los materiales de la región, de
cara a la norma técnica INVIAS, pues era necesario para ello, la realización de
sendos exámenes de laboratorio que así lo definieran. Baste decir que, ni siquiera
en el estudio geotécnico de materiales analizado se podía desprender una
circunstancia como la acontecida, siendo recomendación del consultor ahondar en
los dichos estudios; lo anterior permite colegir que tal dificultad realmente escapaba
a las previsiones de ambas partes y se concretaba en un evento configurativo de la
teoría de las sujeciones imprevistas.
77. Sin embargo, y en ello acierta el Tribunal de primer grado, las partes adoptaron
las medidas a su alcance para superar tales dificultades y, en primer término,
acordaron suspender el contrato mediante el acta de suspensión No. 1, por 20 días
–del 4 al 24 de mayo de 2005–, tiempo en el cual acordaron “QUE EL CONTRATISTA
HARÁ EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON BASE ESTABILIZADA,
EL DISEÑO DE LA BASE ESTABILIZADA Y UN ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-
ECONÓMICA DE DICHA ALTERNATIVA” y, de tales resultados, en segundo lugar,
convinieron incorporar al contrato ítems no previstos, junto con sus precios
respectivos, bajo análisis de mercado realizados por el contratista.
78. La Sala estima necesario, en este punto, incorporar al presente análisis, el cargo
de la apelación denominado “costo de los estudios técnicos adicionales”,
(numeral 10 del primer capítulo de la impugnación) en la medida que está íntima y
sustancialmente relacionado con las medidas adoptadas por las partes para superar
las dificultades materiales en obra que, en efecto, acontecieron, como atrás fue
advertido. Dicho reproche se sustenta, justamente, en la inconformidad del censor
con la determinación de las causas de la suspensión No. 1 efectuada por el a quo
(tratada en precedencia) y la obligatoriedad de que Invias pagara los estudios
adicionales que el consorcio realizó para la estructura con base estabilizada con
cemento, pues no se reconoció valor alguno por ellos.
79. Al revisar los antecedentes que condujeron a la suspensión del contrato el 4 de
mayo de 2005, se observa que el contratista inició las actividades de caracterización
de los materiales a utilizar en relleno seleccionado y base granular, luego de
impartida la orden de inicio de contrato del 20 de enero de 2005.
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De acuerdo con la comunicación Oiba 015 del 22 de febrero de 2005, la Interventoría
indicó al contratista lo siguiente (transcripción literal, incluidos eventuales errores):
“Revisada la información remitida mediante este, correspondiente a los ensayos de
laboratorio, para la caracterización de los materiales a utilizar para relleno seleccionado y
base granular, la Interventoría aprueba el material propuesto para relleno seleccionado y
solicita el inicio inmediato de la conformación de la sub rasante empleando dicho material.
Respecto al material para base granular solicitamos implementar en la cantera un proceso
de trituración que permita obtener un material cuya curva granulométrica sea uniforme y
sensiblemente paralela a los límites de la franja especificada por el INVIAS” 24
80. Luego, el 14 de marzo de 2005, la interventoría le manifestó al Consorcio
Géminis, en comunicación Oiba-031-0525, que:
“En vista de que a la fecha el Contratista no ha entregado la totalidad de los resultados de
los ensayos de laboratorio para caracterización de los materiales de relleno seleccionado y
base granular, la Interventoría llevó a cabo dichos ensayos.
Los ensayos de laboratorio realizados por la interventoría de los materiales de la cantera
“Piedra Herrada” la cual fue propuesta por el contratista para extraer materiales de relleno
seleccionado y base granular dan los siguientes resultados (…)
Estos resultados indican que el material no es apropiado para su utilización como base
granular. Por otra parte, continuamos a la espera del resultado del ensayo de CBR de
laboratorio para el relleno seleccionado, para determinar si este material cumple con la
totalidad de las especificaciones para su utilización en esta actividad (...) solicitamos agilizar
las gestiones necesarias para garantizar un material que cumpla los requerimientos del
INVIAS y remitir a esta interventoría los nuevos ensayos para revisión y observaciones.
Actividad que debería realizarse a la mayor brevedad considerando que la conformación de
la capa de base granular debe iniciarse en próximos días.
Le recordamos que contractualmente los ensayos de las fuentes de materiales se debían
entregar para revisión de la interventoría antes de la orden de iniciación del contrato”
81. El 1 de abril de 2005, el laboratorio E.I.E. Echevery Ingeniería y Ensayos Ltda.
entregó al contratista constructor el reporte de resultados obtenidos de los ensayos
de caracterización de un material granular enviado de la obra de la referencia, el
cual arrojó las siguientes conclusiones, sin considerar el ensayo de resistencia al
ataque de los sulfatos que aún estaba en proceso de análisis:
“De acuerdo con los parámetros chequeados, el material puede ser utilizado como afirmado
e inclusive como subbase granular en estructuras de pavimento de acuerdo con las
especificaciones INVIAS artículo 300.
Para ser utilizado como base granular se requiere disminuir la plasticidad y aumentar el
equivalente de arena mediante la adición de arena aluvial en un mínimo de 20% del peso
seco y suelto del granular a mejorar; sin embargo, se debe realizar los chequeos antes de
iniciar la colocación. (…)”26
82. Posteriormente, fueron entregados los ensayos de equivalente de arena, el 11
de abril de 2005, en los que se concluyó, entre otros aspectos, lo siguiente:
“El material referenciado como 7 base + 2 fino de cantera + 1 arena de trituración
presenta un equivalente sensiblemente por debajo del especificado, sin embargo
24 Fl. 145 del c. papal 1.
25 Fl. 279 del c. de pruebas 1.
26 Fl. 272 del c. de pruebas 1.
26
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(…) el material puede ser utilizado como relleno estructural de base granular si los
demás parámetros geoecánicos se encuentran dentro de la especificación.
En la muestra referenciada como 7 bases + 3 finos de cantera, el equivalente se
encuentra más alejado de la norma de especificación (…) si se requiere adicionar
material para mejorar las características del mismo, se recomienda la adición de
arena o mezclar el material de base con un 1% de cal, (…)
De los materiales enviados, se recomienda utilizar el denominado 7 base 2 fino + 1
arena de pescadero, o mejorar la base sin adición de fino de trituración y cambiar
este portal o cemento (…)”27.
Efectuados los ensayos de laboratorio de diferentes fuentes de materiales como
Piedraherrada, Las Vegas ubicada en el municipio de Vado Real, y Los Pinos en
Pescadero, se advirtió por el Consorcio y la interventoría que no se logró el
parámetro del equivalente de arena. En otros casos, la fuente de materiales se
alejaba más de la especificación de la norma, o la cantera estaba muy distante del
centro del proyecto.
83. Así, en oficio del 25 de abril de 2005, radicado en el Invias el 27 de abril
siguiente, el constructor señaló a la interventoría que “en el caso concreto de la base
granular, la única manera que ese ítem se puede elaborar al costo del presupuesto
oficial es trabajando con la cantera de Piedra herrada, pues cualquier otra fuente
pasaría el precio debido al incremento del sobre acarreo (…); en los comités de
obra, en especial los del 01 y 12 de abril del presente, en los cuales se ha discutido
ampliamente lo correspondiente a los materiales, le recordamos lo siguiente:
27 Fl. 272 del c. de pruebas 1.
27
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84. Luego, en el comité de obra celebrado el 27 de abril de 2005, de cara a las
posibles soluciones a la ruta crítica de la obra, se avaló la propuesta del constructor
de pasar de base granular a base estabilizada; el mismo Consorcio Géminis en
comunicación remitida posteriormente a la Interventoría, señaló que tal modificación
fue una de las alternativas de su propuesta para la solución a los inconvenientes –
descartando que se tratara de una imposición de la Administración en ejercicio del
ius variandi–. Precisamente, al hacer el recuento de los sucesos relacionados con
las bajas e inadecuadas especificaciones de material para base granulada y su
solución, señaló (transcripción literal, incluidos eventuales errores):
“(…) En reunión sostenida en el Invias con la Interventoría y las supervisoras del proyecto
(…), el 27 de abril, se propuso por parte del contratista estudiar una solución de base
estabilizada que utilizara los materiales de las canteras disponibles de Piedraherrada, Las
Vegas y el Cucharo en el municipio de Socorro. Se acordó suspender el contrato por 20
días para realizar el diseño de la base estabilizada, el diseño de la estructura de pavimentos
respectiva y la evaluación de la factibilidad técnico económica de la nueva propuesta,
suspensión que tuvo efecto a partir del 4 de mayo. Todo esto con el ánimo de lograr una
solución que hiciera viable el proyecto dentro de una racionalidad de costos tanto para el
Invias como para el contratista. (…)
Los estudios de la base estabilizada requerían de la recopilación de muestras, elaboración
de briquetas con diversos porcentajes de cemento y ensayos de los mismos, granulometrías,
plasticidades; con el resultado de los ensayos se requería el diseño de la estructura de
pavimentos. Dicho informe junto con la primera aproximación de precios y costos se remitió
con oficio el 28 de mayo a la interventoría (…) Con oficio de junio 4, nuevamente se enviaron
a la interventoría estudios de análisis de precios y alternativas de las diversas fuentes, con
las correcciones del caso. (…)
Paralelamente se realizaron todos los trámites de comparación de precios, pactación de
precios y los trámites de las actas respectivas, (…) radicándose el 7 de Julio en el Instituto
Nacional de Vías los documentos respectivos. Dichos documentos fueron revisados por el
INVIAS y corregidos en 2 oportunidades para ajustarse en un todo a las condiciones legales
del contrato y a la presentación de forma de los precios y las actas obteniéndose el
memorando de aprobación de precios el 21 de Julio (…)”28 (se subraya).
85. De esta forma, es posible advertir, que en la comunicación del 25 de abril de
2005 el contratista señaló dos posibles soluciones a estas dificultades, una dirigida
al cambio de base granular a estabilizada -lo que llevaría a fijar nuevos ítems y
precios-; y otra, referida a la compra de la base granular en la planta de trituración
Los Pinos en Pescadero, a 120 Kms del centro del proyecto. Respecto de esta
segunda alternativa, precisó que por tal distancia “el sobre costo en transporte no
puede ser asumido”.
Este panorama, analizado en el comité de obra del 27 de abril de 2005, llevó a avalar
la primera propuesta del Consorcio Géminis para racionalizar los costos de las
modificaciones y buscar una solución totalizadora a través de la fijación de nuevos
ítems y precios unitarios para ellos, con la que se superaría enteramente la
problemática de materiales, fuentes y transporte.
86. Razona la Sala, en este contexto, que todos los aspectos relacionados con el
cambio de base granular a base estabilizada debían ser analizados por el consorcio,
quien se comprometió, como él mismo describió, a elaborar los estudios,
comparación de precios, alternativas de diversas fuentes; y dentro de sus análisis,
28 Fl. 233 a 234 del c. ppal. 1
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indicó que con el resultado de tales ensayos (granulometrías, muestras, porcentajes
de cemento etc.), se “requería el diseño de la estructura de pavimentos” , así formuló
el primer ejercicio de aproximación de precios y costos. En esos términos, el actor
presentó a la interventoría y a la entidad contratante la estructura de los precios
nuevos con los cuales podría cumplir con el objeto del proyecto.
87. Sirva todo lo dicho para indicar, que la aprobación de los nuevos precios
unitarios convenidos, incluida la etapa de suspensión y las actividades por las
cuales ésta fue acordada –elaboración de estudios–, fue justamente la medida a
través de la cual las partes corrigieron la situación imprevista relacionada con las
dificultades de las especificaciones de materiales para base granular en las diversas
fuentes de la zona; sirviéndose para ello de las investigaciones y análisis realizados
en marzo, abril y mayo de 2005, los cuales le permitían conocer el estado de las
canteras, la productividad y límites de cada una, los actuales eventos climáticos y
precios de mercado, llevando a definir, así mismo, el porcentaje de materiales que
cada cantera aportaría para la consecución del fin contractual.
88. Hay que subrayar que la suspensión del contrato del 4 al 24 de mayo de 2004
tuvo un propósito expreso, que el contratista determinara el diseño de la estructura
de pavimento con base estabilizada, el diseño de la base estabilizada y el análisis
de factibilidad técnico - económica de tal alternativa, como fue acordado; y, paso
seguido, se convinieran los respectivos precios no previstos.
De modo que, el alcance expresado en tal suspensión pone al descubierto la
dimensión real de la manifestación de voluntad del contratista que culminaría con la
determinación de los nuevos precios, los cuales incluirían todos los aspectos
relacionados con la base estabilizada y su factibilidad de ejecución, incluyendo, por
supuesto, el diseño de base estabilizada en la medida en que el ítem se presupuestó
como obra nueva, esto es, debiendo incorporar todos los costos asociados a la
actividad, de forma completa, sin omitir algún factor o variable vinculada
necesariamente al análisis y elaboración de los costos y precios de tal actividad,
menos aun cuando dicha medida tenía por finalidad viabilizar las actividades del
contrato en ese punto.
89. Así que los mayores costos que pudieron generarse en dicha etapa y que, según
el actor, Invias reconoció al contestar la demanda, no requieren de examen pues de
haber tenido lugar, (i) frente al relleno seleccionado, sus costos eran parte del riesgo
asumido con la oferta presentada y provinieron de la conducta omisiva del
contratista, como atrás se indicó, por tanto, existentes o no, los debe asumir el
contratista; y (ii) respecto de la base estabilizada, se pactaron nuevas actividades y
precios que cubrían enteramente tal modificación, incluyendo los estudios
realizados para convenir en los nuevos ítems; así que frente a tal cambio, no
procede una nueva reclamación, en los términos expuestos.
90. No hay duda que a través del “Acta de fijación de precios no previstos”, las
partes remediaron el estado de dificultad que estaba afectando la obra, como fue
reconocido por el a quo y como esta Subsección acompaña, pues con la
determinación de nuevas actividades a precios de mercado se estableció, en un
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todo, la vía de superación integral de tales inconvenientes, en la forma en que se
consideró que era equilibrada para ambas partes del contrato; pero de ninguna
manera guardándose el contratista reclamaciones posteriores, de cara al punto de
negociación por ellas alcanzado; razón por la cual, los dos cargos de la alzada
analizados bajo este título serán desestimados.
(ii) Mayores costos generados por sobre-acarreo de la mezcla asfáltica
MDC2 (mezcla densa en caliente ítem 13 especificación 450-02P)
91. El censor adujo que, (a) para la época de presentación de la oferta operaba una
planta en el sitio denominado Berlín, aproximadamente a 40 km del centro de la
obra, y (b) que fue imprevisible para éste, que al momento de la ejecución del ítem
de asfalto, 14 meses después de presentada la oferta, se hubiera presentado el
desmonte de dicha planta; así que (c) indicó que a 80 km se encontraba una planta
en Charalá, pero la autorizada por la interventoría fue la ubicada a 96 kms de la
obra.
92. Reprochó que el Tribunal (i) se limitara a señalar que tal circunstancia fue
producto de la falta de previsión del contratista, citando el numeral 3.8.3, sub
numeral 4, referido a las fuentes de materiales, pues éste no aplicaba para la Masa
Densa en Caliente; (ii) que no se hiciera valoración alguna de los soportes que
acreditaban el sobrecosto en el fallo de primer grado; y (iii) que ignoró el
reconocimiento que el Invias hizo al contestar la demanda, informando que la planta
asfáltica más cercana que cumplía las normas era la ubicada a 96 km, como también
los mayores costos que ello representó. Por lo anterior, insistió en que se debía
pagar el mayor acarreo de 71 km para mezcla densa en caliente, pues ofertó 25 km
de transporte y, según cuentas de cobro ello ascendió a $60´041.150 pesos M/Cte.
93. En primer lugar, advierte la Sala que el sub numeral 4 del numeral 3.8.3., al
desarrollar los aspectos que debían considerar los proponentes para definir los
precios unitarios de su propuesta, se refirió, en general, a los materiales requeridos
para adelantar el proyecto, entre éstos, los provenientes de fuentes de cantera y
todos los asociados a la construcción de la obra; para los efectos, señaló de manera
ilustrativa, no restrictiva, lo siguiente:
“El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto líquido y los materiales
pétreos utilizados en la construcción de afirmado, subbase, base, concreto asfáltico,
concretos hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los
mismos” (se subraya).
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la
construcción de las obras, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al
objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste
deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán
estar incluidos en los ítems de pago de las obras de que trata la presente licitación pública.
(…)” (resaltado añadido).
94. Evidentemente, ninguna razón existiría, de cara a lo expresado en el sub
numeral 4 que se analiza, para entender excluida de estas reglas al ítem
correspondiente a la mezcla densa en caliente MDC-2; de manera que, el examen
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del cargo sí es compatible con el numeral 3.8.3. de los pliegos, a diferencia de lo
indicado someramente por el censor; no siendo extraña su aplicación en los
términos que señaló el a quo, pues en efecto era parte de su responsabilidad haber
analizado la ubicación de diferentes plantas de asfalto en la zona y haberse
informado debidamente sobre ellas.
95. Esta pauta se enlaza, de cara a los acontecimientos sub examen, con el principio
y carga de planeación del que entra a participar el proponente en la etapa
precontractual, escenario donde su diligencia, experiencia y buena fe son de
máxima preponderancia, pues llenan de contenido y explican la función técnica y
jurídica de la visita obligatoria a la obra, exigida en los pliegos; y permite analizar la
conducta del contratista en orden a valorar su diligencia en adelantar las
negociaciones con sus proveedores.
96. Sobre el primer asunto, hay que señalar que cuando se prevé la visita al sitio de
los trabajos, la entidad pública busca que el proponente se informe debidamente de
las condiciones físicas, sociales, climáticas y de terreno, así como de los materiales
y servicios que en caso de resultar adjudicatario deberá adquirir y contratar para la
ejecución de la obra. De allí que, para Sala, cuando los pliegos establecen la visita
a la obra de forma obligatoria, están plasmando un criterio de diligencia razonable
que, aun cuando no fuera pedido, se estima sensato como parte de la agenda de
un proponente serio y responsable para hacer iguales ofrecimientos con su
propuesta.
97. De lo anterior, emerge que la obligatoriedad de la vista a la zona de obra no se
agota con la simple presencia del proponente en dicho lugar, sino que debe estar
orientada al cumplimiento de las finalidades de inspección y examen de los sitios,
que en el caso concreto, entre otras estipulaciones, fue expresado en el alcance del
sub numeral 7, del pluricitado numeral 3.8.3. de los pliegos al indicar que:
“El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial,
las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio
y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta”.
98. Por manera que, la conducta que se espera de un contratista diligente impone
que en dicha visita se informe de todos los aspectos atrás indicados, acudiendo a
proveedores y pidiendo cotizaciones de materiales y servicios, pues de qué otra
manera podría entenderse soportado el análisis puntual de sus precios unitarios, o
la definición, p. ej. de la maquinaria y equipos requeridos en una zona de obra
montañosa, o con pendientes en determinados sectores.
Por ello, tal visita debe ser afrontada y cumplida, de una parte, bajo la mira de que
quienes quieran proponer conozcan, como parte del negocio, los lugares y
características donde el contrato será ejecutado; y de otra, que no sea posible que
situaciones que podían ser advertidas en la visita se trasladen al campo de las
reclamaciones pues allí se exige su completa diligencia, máxime que no acude a
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ella un inexperto enviado sólo a cumplir un requisito, sino alguien versado en estas
materias con la capacidad de atender el propósito y alcance del denominado
“examen de los sitios”.
99. Al analizar el sub examen, varias circunstancias llaman la atención de la Sala;
la primera, se refiere al hecho de que a partir de la visita no se haya analizado por
el proponente y, a la postre, tampoco considerado en los precios unitarios ofertados,
ni siquiera la planta de asfalto Berlín a la que se refiere el apelante, y que era la más
próxima al proyecto.
Ello por cuanto, el Consorcio Géminis estableció en el análisis de precios unitarios
del ítem que se analiza el transporte del material hasta 25 kms, pero la planta de
asfalto más cercana –Berlín– se encontraba a 40 kms del centro de la obra; así lo
reveló el actor tanto en su demanda como en la alzada, en los siguientes términos:
“En la fecha de presentación de la oferta operaba una planta en un sitio denominado
Berlín, aproximadamente a 40 km del centro de la obra. El unitario del consorcio
contemplaba transporte hasta 25 km de acarreo.”29
100. En efecto, al revisar el formulario del precio unitario presentado por el
contratista, lo que se advierte, a diferencia de lo exigido en el examen de la obra,
es un ejercicio meramente matemático que no se compadece con la diligencia y
responsabilidad con la que debía construir los precios de su propuesta; lo anterior,
por cuanto se toman los valores máximos del presupuesto, los que, luego se
desagregan para indicar a cuántos kilómetros equivale el valor total que estima es
posible ofertar, proponiendo una cifra, como dato numérico, desprovista de la
realidad de la distancia de la planta más próxima y de una averiguación del estado
de la misma.
29 Fl. 30 del c. ppal. 1.
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101. No es de recibo para la Sala una conducta precontractual como la indicada,
pues ya sea que el entonces proponente haya menospreciado el papel que asumió
frente al Estado al ofertar de la forma en que lo hizo, o que conscientemente haya
creído que, aun proponiendo en desfase, ello podría ser reclamado planteando la
diferencia de kilómetros recorrida, lo cierto es que ello no fue lo acordado en el
contrato.
Y si, nuevamente, el consorcio consideraba que la única alternativa para ofertar
estaba por fuera de las posibilidades del presupuesto oficial, tenía la carga de
informarlo y de solicitar la aclaración, ajuste o corrección, y no simplemente
proponer un precio unitario nacido de su falta de diligencia y de la omisión en advertir
cualquier situación que estaba afectando, a su juicio, la conformación del
presupuesto contractual; y, por supuesto, contraviniendo el principio de buena fe y
responsabilidad que se exige tanto a contratante como a contratista.
102. Unido a lo anterior, surge una segunda circunstancia a analizar en el presente
cargo, y es que, conforme a lo acontecido, es evidente que el contratista no llevó a
cabo gestiones diligentes para garantizar la adquisición o negociación de este ítem
de forma oportuna, pues tal como lo indica el actor en la propia alzada, al igual que
lo señaló en la base de su demanda, el Consorcio Géminis conoció que “en el
momento de la ejecución del ítem de asfalto (14 meses después de presentada la
oferta), la planta localizada en el sitio denominado “Berlin” había sido desmontada
y por lo tanto dentro de las opciones para suplir la planta de Berlín, se encontró la
planta de asfaltos de Corvías - Encovías (en Charalá) a 80 km y la planta de asfaltos
de ingeniería de vías localizada a 96 km”30.
103. Para la Sala no es posible concluir que la visita y examen al sitio de las obras,
y la definición de los precios unitarios del ítem sub examen, hubiese sido adelantada
con una mínima diligencia, pues además de no considerar la verdadera distancia de
la planta de asfaltos más próxima, como ya se dijo, ni siquiera hay evidencia de que
el Consorcio se hubiera dirigido a dicha planta, o a otra, -por alguno de los medios
en que podía hacerlo- para solicitar información sobre su producción, la capacidad
de atender la demanda de material requerida en obra, o pedir cotizaciones en esa
etapa precontractual.
Pero hay más, habiendo sido firmado el contrato el 17 de diciembre de 2004, es
decir, con un panorama negocial definido y cierto, no se observa que el contratista
entablara negociaciones para garantizar el suministro de la mezcla asfáltica MDC –
2 con la Planta Berlín o con cualquier otra, tal como se desprende de los
documentos que militan en el expediente –Documentos mayor distancia de acarreo
mezcla densa en caliente MDC-2-31 aportados por la parte actora –cuadro 2B– con
sus respectivos soportes.
30 Fl. 616 del c ppal. 2
31 Fl. 324 a 384 del c. de pruebas 3. Revisado el capítulo de pruebas asociado a este ítem, en los folios
indicados, la parte demandante aportó como soportes de su reclamación, entre otros documentos, unos
comprobantes de control y despacho de material con la empresa Ingeniería de Vías S.A., ubicada a 96 Kms.
del centro del proyecto y, en tal compendio, no se advierten soportes relacionados con cotizaciones o
negociaciones con la Planta de Asfaltos de Berlín, seleccionada por el contratista al momento de conformar sus
precios unitarios.
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104. Tal circunstancia, desconoce una regla clara que fue establecida desde los
pliegos y quedó incorporada en el contrato, sub numeral 7, del numeral 3.8.3, a
partir de la cual se indicó:
“(…)
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de
las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos.
El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor por costos, plazos, falta o escasez
de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral”. (se subraya).
105. Al respecto, aunque no se conoce el momento preciso en el que, según el
actor, fue desmontada la planta de asfalto Berlín, lo cierto es que la ubicación y
elección de ésta, o de otra planta, era de responsabilidad del proponente -contratista
(según el numeral 3.8.3 de los pliegos ya analizado) y, para ello, debió haber
evaluado las diferentes condiciones de las plantas de asfalto con las que se podía
ofertar la mezcla asfáltica o, de ser el caso, indicar la imposibilidad de cubrir el ítem
con el tope del precio unitario. Más, nada se dijo, y se ofertó conforme a la elección
empresarial exclusiva del Consorcio Géminis.
En esta línea, es inviable acceder al reclamo insistido en la alzada, relativo al
reconocimiento de 71 kms recorridos –que resulta de la diferencia de restar a los 96
kms de distancia de la planta utilizada, los 25 kms ofertados– en la medida que,
como se indicó al iniciar el examen del presente cargo, tal definición estuvo
desprovista de verificaciones que consultaran la realidad de la planta que, se dice,
fue considerada en la visita de obra, dejando de analizar el estado cierto de las otras
plantas y la posibilidad de suministrar el material necesario para la obra.
106. Ahora, frente al interrogante acerca de si, entonces, debiera pagarse 56
kilómetros, resultado de restarle a los 96 kms de la planta utilizada frente a los 40
kms en que estaba ubicada la planta Berlín, la respuesta para la Sala es negativa,
por dos razones centrales. La primera, en tanto no se vislumbra, como lo propone
la actora, la ocurrencia de un hecho imprevisible consistente en el desmonte de la
planta de asfalto Berlín, pues lo que se observa es una cadena de actuaciones
carentes de diligencia que llevaron a ofertar tal ítem sin considerar la distancia de
ninguna planta, ni siquiera de la Berlín, siendo éste un ejercicio negligente, pues se
imponía al proponente haber averiguado debidamente el estado de las 3 plantas
existentes en la región pero, como quedó atrás explicado, simplemente ello no
ocurrió; de modo que no puede caracterizarse como imprevisible una circunstancia
que era de su cargo indagar.
107. Y la segunda, revela que el contratista, habiendo transcurrido gran parte del
plazo contractual, reconoció que tardíamente se dio cuenta de que en el mes 14
posterior a su oferta la planta Berlín había sido desmontada, según se extrae de su
propio dicho; así que, conocedor de que tal determinación era parte del alcance de
sus responsabilidades y riesgos, envió la comunicación INV2330-1109-74 del 9 de
noviembre de 2005 dirigida a la Interventoría, y copiada al Invias, en la que expresó
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que la planta que debía utilizarse era la ubicada a 96 km de la obra, e indicó que
ello no implicaba ningún beneficio o recursos adicionales, pues lo relevante era
cumplir con las exigencias del contrato respecto a la calidad de los materiales, así
el costo estuviera por debajo del valor del precio que había ofertado. Puntualmente,
afirmó lo siguiente (se transcribe conforme obra, con eventuales errores):
“(…) como es de su conocimiento en la región donde se desarrolla el contrato en referencia,
existen en la actualidad sólo 2 plantas de asfalto disponibles; una en el municipio de Charalá
y la otra en el municipio de Vélez. La primera está a 80 kilómetros del centroide de la obra,
y la planta de Vélez se encuentra a 96 km del centroide de la Obra. Se nos ha informado en
varias ocasiones que la mezcla de la planta de Charalá tuvo problemas en el primer tramo
de la vía y se tomó la decisión de cambiar de planta, igualmente los estudios y ensayos que
nos suministró dicha planta fueron enviados para su estudio y aprobación y no se
enmarcaron dentro de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del
INVIAS.
Ante el compromiso adquirido con el INVIAS, preferimos recurrir a la planta de Ingeniería de
Vías (…) es una planta moderna y su dueño tiene una amplia trayectoria. Dicha planta ha
tenido un excelente comportamiento en el tramo Vélez – Landazuri (en ejecución).
Queremos hacer énfasis que nuestra solicitud de usar la planta de Vélez no conlleva ningún
beneficio económico adicional y por el contrario nos sale más costosa pues el estimado de
nuestro transporte era de 25 km y va a ser de 96 km, el costo de la MDC-2 en planta es de
$170.000 sin iva, que supera también al del análisis unitario de la oferta, nuestra motivación
es realizar la obra en condiciones de calidad que nos permitan tener confianza y garantizarle
al INVIAS la estabilidad de la obra. (…)”32 (se subraya).
108. Tal manifestación no pasa desapercibida para la Sala pues, además de haber
sido expresada en noviembre de 2005 –exhibiendo el conocimiento pleno de lo
acontecido con la situación de las plantas de asfalto y en general del contrato, pues
en diciembre de 2005 vencía su plazo– lo relevante es que ésta fue reflejo de lo que
el contratista conocía en relación con el cumplimiento de lo ofertado y los riesgos
asociados a las cargas y responsabilidades asumidas. No de otra manera se explica
el énfasis que el mismo Consorcio Géminis le imprimió a los efectos económicos
que, en desmejora de lo que había ofertado, debía y estaba asumiendo de cara a la
mayor distancia a recorrer desde la planta de Vélez; y, en tales condiciones, fue
dada la aprobación de la interventoría33.
109. En este contexto fáctico y jurídico, la existencia o no de mayores costos
derivados del aumento de la distancia de la planta de asfalto utilizada, es una
circunstancia que siendo parte del alcance y riesgos de las obligaciones del
consorcio, no requiere del análisis de los soportes de tal acarreo pues, aunque se
hubiese hecho un mayor recorrido -que el Invias señaló haber ocurrido, pero no
admite su imputación- lo cierto es que, bajo el sub lite, tal evento no obedeció a un
imprevisto, sino que estaba inscrito en el ámbito de responsabilidad del contratista;
razones que llevan a confirmar la decisión de a quo, por lo que el cargo analizado
será desestimado.
(iii) Mayor permanencia en obra o sobre permanencia en obra; y Stand by
de maquinaria por periodos de suspensión
32 Fls. 325 y 326 del c. de pruebas 1.
33 Fl. 327 del c. de pruebas 1.
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110. En relación con estos dos cargos, que la Sala examina en conjunto pues
comparten aspectos sustanciales de análisis, el apelante reprochó al Tribunal no
haber indagado acerca de las verdaderas causas de las suspensiones y las
adiciones del contrato en tiempo pues, a su juicio, pasó por alto que: (i) estás no
fueron imputables al consorcio; (ii) aun cuando el contratista hubiese renunciado a
reclamar los perjuicios causados, ello contraviene el artículo 5 de la Ley 80 de 1993;
(iii) se desconoció la buena fe del contratista, quien aceptó las adiciones y
suspensiones con el fin de superar las afectaciones del contrato generadas por
problemas de planeación de la entidad; (iv) cuestionó la falta de análisis del Tribunal
en torno a la legalidad de las manifestaciones de renuncia, pues debía precaver que
no se vulneraran normas de orden público, y en todo caso no se pronunció sobre
los 5 meses y 6 días que el contratista estuvo en mayor permanencia en obra lo que
equivale al 98% del tiempo contractualmente previsto; y, (v) reprochó la ausente
valoración de los soportes de los gastos por mayor permanencia.
Derivado de las etapas de suspensión, el censor reclamó los costos en que incurrió
al haber tenido que mantener en obra la maquinaria, dado que tales periodos, al ser
cortos, impedían adoptar alguna medida de mitigación, pues al reanudar debía
contar de manera oportuna con ella; así que cuestionó que el a quo no hubiese
ofrecido análisis en relación con este reclamo.
111. Al revisar la determinación del Tribunal, en los aspectos cuestionados, éste
aludió al contenido del parágrafo 9, del numeral 5.9 del pliego de condiciones, el
cual estableció que “si fuera el contratista quien propusiere los cambios o
modificaciones, el instituto podrá aceptarlos siempre y cuando éstos no impliquen
mayores costos para el proyecto, si de la ejecución de dichos cambios se derivaren
mayores costos, estos serán asumidos por el constructor”.
Indicó, en este sentido, que fue el consorcio el que condujo a la suspensión del
contrato, la primera vez, el 04 de mayo de 2005, para la elaboración de los diseños
para base estabilizada con cemento y para hacer las evaluaciones técnicas y
económicas que allí se acordaron; y la segunda, de septiembre a noviembre de
2005, para la aprobación de la planta de asfalto, también por solicitud y
responsabilidad del contratista. Adujo, además, que el consorcio expresó que no
presentaría reclamaciones al suscribir los contratos adicionales 1 y 2, así que
desestimó tal petición.
Añadió que no se acreditó qué personal y maquinaria quedó inactiva durante los
periodos de suspensión, e indicó que, conforme a lo indicado por la interventoría,
en todo caso no habría lugar a pago alguno por ese concepto, pues durante la
suspensión el consorcio adelantó actividades para garantizar el tránsito vehicular.
112. Como punto de partida de este examen, se impone precisar el marco decisorio
del juez de segunda instancia, en la medida que su competencia está definida en
función de los argumentos de disenso que el sujeto procesal inconforme exprese
frente a una o más determinaciones adoptadas por el sentenciador de primer grado.
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Así, el alcance de este recurso, que obra como mecanismo de control de las
decisiones judiciales, no está dirigido a ventilar inconformidades genéricas frente al
resultado del juicio, ni puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en la
primera instancia, sino que, como lo ha advertido la doctrina especializada, se trata
de un “remedio procesal que tiene por objeto el control de la función judicial y se
funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se faculta al litigante
agraviado por una sentencia o interlocutora, a requerir un nuevo pronunciamiento
de un tribunal jerárquicamente superior para que, (…) examine en todo o en parte
la decisión impugnada como erróneamente, por falsa apreciación de los hechos o
equivocada aplicación o interpretación del derecho y la reforme o revoque en la
medida de lo solicitado”34.
113. En efecto, si la aspiración de justicia que subyace al recurso de alzada tiene
por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión de primer grado, acusada
de ser errática, o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico, resulta
imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados, qué
asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico y los motivos por los cuales
el impugnante se alza contra la decisión; este marco restricto define, por regla
general, la competencia del ad quem; por consecuencia, aquello que no es materia
de impugnación queda amparado por la presunción estable de legalidad y acierto
que acompaña la decisión judicial de primera instancia.
A su vez, la omisión o incumplimiento de la carga de sustentación, por cuya virtud
el interesado debe hacer expresión concreta de los motivos de disenso, conduce a
que el ad quem, cuando ello se presente, deba confirmar la decisión debatida por
carencia de objeto en la impugnación.
114. Al descender al caso concreto, advierte la Sala que el primer planteamiento
que se expresa en el cargo formulado no satisface la carga de argumentación que
exige la ley, pues no permite determinar con precisión los motivos de disenso en los
que se refugia el censor para atacar la legalidad de la decisión.
Al respecto, luego de transcribir los apartes de la decisión de primera instancia, el
impugnante planteó, frente a la negativa del a quo de reconocer la mayor
permanencia derivada de las suspensiones y adiciones, lo siguiente, (se transcribe
literal, con eventuales errores):
“Esta desafortunada interpretación es motivo de reproche, por cuanto el Tribunal
más allá de no indagar acerca de las verdaderas causas por las cuáles se
suspendiera el contrato así como sus reanudaciones o se adicionara (sic) en tiempo,
tuvieron un fundamento, que 1) Estas NO ERAN imputable (sic) a CONSORCIO
GÉMINIS” (subraya añadida).
115. El apelante, en este punto, no superó el estadio genérico de manifestar su
inconformidad con la decisión; basta observar que el argumento no desarrolla
razones que confronten la tesis del a quo, que indiquen con precisión qué se dejó
34 COSTA Agustín. Citado por TAWIL Guido Santiago: Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema
de Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1990. Pág. 40.
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de tener en cuenta, o por qué no fue acertada la aplicación del parágrafo 9 del
numeral 5.9 del pliego de condiciones, base de tal determinación, que establecía
que “si fuera el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones … y si de
la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos, estos serán asumidos
por el constructor”;
No se expresaron argumentos para rebatir la conclusión de que estaba a cargo del
contratista asumir los efectos económicos de cada una de las suspensiones -base
estabilizada y planta de asfalto- las que, para el a quo, sí eran de responsabilidad
del contratista según la regla del pliego atrás indicada, y que, a su juicio, en ambas
oportunidades, fueron originadas en solicitudes del consorcio asociadas a sus
propias obligaciones.
116. Como lo ha advertido la jurisprudencia, no basta en la alzada reiterar los
mismos argumentos de la demanda, sino que se exige una verdadera confrontación
que exprese por qué la decisión cuestionada debe ser total o parcialmente retirada
del ordenamiento jurídico; si ello no se da, no puede el ad quem suponer ni construir
los motivos puntuales de disenso, como tampoco repetir el mismo horizonte de la
primera instancia. Bajo el recurso de apelación el superior jerárquico se ciñe a
ejercer el control frente a la decisión debatida según los precisos motivos que sean
expresados, de forma que, la mera afirmación de que las suspensiones y adiciones
no eran imputables al contratista, no ofrecen un razonamiento contra el fallo de
primer grado, lo que lleva a concluir que no existe materia, en este punto, sobre la
cual proveer.
117. Igual situación viene a predicarse de los señalamientos vertidos en los
numerales 2 y 3 de este cargo, en los cuales el censor volcó su descontento,
nuevamente general, en relación con la validez de las renuncias a presentar
reclamaciones expresadas por el contratista, sin acompañarlo de alguna razón o
desarrollo. Al respecto, expresamente indicó:
“2) aun cuando el contratista renunciara al derecho legítimo de reclamar los perjuicios que
se le estaban generando esto vulnera el artículo 5 de la ley 80 de 1993”.
“3) La buena fe del contratista quien aceptó la adición, suspensión (sic) con el propósito de
culminar el contrato que se vio afectado por la falta de planeación de la contratante en varias
oportunidades”.
118. Ciertamente, tales afirmaciones no pasan de ser una idea sin desarrollo, en la
medida que corresponden, más bien, a un título desprovisto de contenido del que
no se desprende un argumento dirigido a atacar materialmente la decisión; por
ende, tal circunstancia, impide al ad quem emprender su análisis.
Lo anterior se evidencia, en tanto el censor no indicó cómo la expresión de voluntad
del contratista vino a ser contraria a dicha norma, o a cuál de los eventos que
contiene el citado artículo 5 se estaba refiriendo, ni particularmente sus motivos de
inconformidad frente a la decisión adoptada; ni siquiera cursó en el proceso un
argumento acerca de vicios en el consentimiento del contratista frente a las
expresiones de voluntad efectuadas sobre sus propios intereses, y tampoco refirió
el censor los aspectos que, de haber sido considerados por el a quo, debían llevar
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a tener por inválidas tales manifestaciones en el caso concreto. Igual ocurre frente
al principio de buena fe aludido, que según el apelante fue ignorado en los análisis
del a quo, sin que se revele de qué manera fue desconocido, o cómo, a su juicio,
debía llegarse a conclusión diversa a la del Tribunal, que fue reconocer efectos a
tales manifestaciones.
119. Con todo, vistas las proposiciones que completan el presente cargo –
orientadas a reprochar que el Tribunal se hubiese apoyado en las manifestaciones
de renuncia del contratista a hacer reclamaciones por los periodos de suspensión y
de prórrogas y la ilegalidad de tales manifestaciones de cara a normas de orden
público– la Sala procederá a hacer su examen conjunto, pues ha advertido que en
otro segmento de la apelación -en el capítulo segundo sobre la ineficacia de pleno
derecho de tales renuncias- se desarrollaron los planteamientos relacionados con
ambos cargos llenando el vacío que, en efecto, dejó plasmado el apelante bajo el
presente reproche. Así las cosas, en una visión sustancial y omnicomprensiva de la
apelación, entendiendo que ambos cargos se complementan, la Subsección
efectuará su análisis de manera conjunta, como sigue.
• “Ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones que contraríen en
derecho y la obligación al restablecimiento del equilibrio económico”
120. Expone la apelante que, no siendo imputable al Consorcio Géminis las causas
de las suspensiones ni de la adición en plazo, el Invias no podía imponer al
contratista la renuncia a cualquier reclamación por desequilibrio económico del
contrato, pues de esta manera se vulneró su derecho a ser restablecido; para el
efecto, refirió jurisprudencia en la que se efectuó el análisis de las renuncias
anticipadas pactadas en una cláusula contractual. Sostuvo que los artículos 5°,
numeral 1°, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, relativos al equilibrio económico del
contrato, son normas de orden público, de modo que el derecho al restablecimiento
económico es un imperativo legal que no admite la posibilidad de ser derogado ni
modificado por las partes del contrato.
121. Añadió que de acuerdo con el numeral 3° del citado artículo 5°, las autoridades
tienen prohibido “condicionar la participación en licitaciones (…) la adición o
modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas
al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones,
demandas y reclamaciones por parte de éste”, norma que proscribe que la
Administración, de forma abusiva, incluya este tipo de renuncias en las cláusulas de
tales instrumentos, para dar apariencia de existir voluntad del contratista, en contra
de tal restricción legal.
Por tanto, pidió declarar ineficaces de pleno derecho las renuncias contenidas en
los contratos adicionales No. 1 del 9 de agosto de 2005, y No. 2 del 24 de noviembre
de 2005, al haberse impuesto al contratista, en la cláusula cuarta, renuncias a su
derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato de cara a
circunstancias que no eran imputables a él, evidenciando una conducta contraria al
actuar honesto y de buena fe que se exige en materia contractual.
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122. Para empezar, se debe confirmar que entre los derechos que tiene el
contratista, en virtud de su relación negocial con el Estado, se encuentra el
denominado restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato,
expresado en el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que reza:
“1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el
valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los
contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del
nacimiento del contrato”.
123. A la luz de esta norma, la institución del restablecimiento del equilibrio
económico obra como forma de restitución y conservación de las condiciones
originalmente pactadas, ante hechos sobrevenidos que afecten de forma anormal y
grave, sin imposibilitarlo, el cumplimiento del contrato como resultado de su mayor
onerosidad, ya sea que ello provenga de causas externas a las partes –teoría de la
imprevisión– o porque se trate de actos proferidos por la actividad de la
administración como Estado –hecho del príncipe– o en calidad de contratante –ius
variandi–.
124. En orden a definir sus linderos, dada la amplitud que en ocasiones intenta darse
a tal figura, conviene precisar que esta institución no pretende cubrir el déficit que
pueda experimentar el contrato, o los cambios que en su ejecución puedan
presentarse en su normal devenir, como tampoco enerva los riesgos y
responsabilidades del contratista asumidos bajo el acuerdo.
Puntualmente, hay que advertir, que no se trata de una equivalencia construida en
clave matemática, sino que el carácter extraordinario y gravoso del evento que
sobrevega debe ser de tal entidad, que afecte las cargas y ventajas en que se
cimentó el negocio jurídico. De modo que esta figura se presenta como la solución
ofrecida en el ordenamiento jurídico para que las partes adopten los mecanismos
que les permitan conjurar tal desequilibrio y restablezcan la balanza entre
prestaciones y contraprestaciones que ha sido alterada por tales eventos, todo lo
cual halla justificación en el empeño de lograr el cumplimiento del objeto contratado,
privilegiando el interés general que envuelve el contrato estatal y así evitar su
frustración, pues estas medidas lo posibilitan.
125. Por ello, la disposición arriba transcrita, debe ser leída en conjunto con el
artículo 27 del mismo estatuto que, al regular la ecuación contractual, dispuso:
“ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas
no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las
medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
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intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán
adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.
126. En el caso concreto, se ha advertido la existencia de varias manifestaciones
de voluntad surgidas entre las partes en curso de la ejecución contractual, las cuales
estuvieron destinadas al manejo y gestión de las contingencias provenientes tanto
de circunstancias ajenas a las partes, como de incumplimientos en las cargas del
contratista, según quedó visto en capítulos precedentes.
Con este panorama, el escenario de análisis que se apresta a hacer la Sala, no
puede partir de un punto distinto a aquel en que fueron acordadas, tanto la
suspensión No. 1 del contrato –del 4 al 24 de mayo de 2005–, como el acuerdo
relativo a la modificación de base granular por base estabilizada –el 30 de junio de
2005– por haber sido los instrumentos convenidos por las partes para superar el
imprevisto asociado a las dificultades físicas en ejecución de la obra, que revelaron
inadecuadas especificaciones de materiales en las diversas canteras de la región.
De esta manera, a través de las nuevas estipulaciones y precios, fueron adoptadas
las medidas que, para ambas partes, resultaron razonables para la continuidad del
objeto contratado, sin reserva de reclamo de ningún tipo, lo que incluye aspectos
relacionados con los costos de la suspensión como personal o equipos. Así que no
se volverá sobre este tema, ya analizado.
127. Posterior al 30 de junio de 2005, fue suscrito por las partes el denominado
contrato adicional No. 1, celebrado el 9 de agosto de 2005, con el objeto de
“prorrogar el plazo del contrato principal No. 2330 de 2004, hasta el 9 de septiembre
de 2005”.
Como antecedentes de este acuerdo contractual, se observa que el consocio
Géminis, mediante comunicación OIBA-084-05 del 8 de julio de 2005,35 presentó
solicitud de adición, refiriéndose al plazo, en la que señaló: “teniendo en cuenta que
los estudios y diseños en especial los diseños geométricos de la obra en referencia,
tuvieron una duración de un mes aproximadamente, a partir de la fecha de inicio
simultáneo de los contratos tanto de interventoría como de obra, es de anotar que
a partir de la entrega inicial de dichos diseños es cuando se pueden programar
actividades para el inicio de las labores de construcción, lo cual demoró el inicio de
las mismas, por lo anterior comedidamente le solicitamos la adición de un (1) mes
para la terminación de la obra”.
128. En respuesta a tal solicitud, la interventoría, en comunicación OIBA-114-05 del
11 de julio de 200536, conceptuó favorablemente sobre dicha adición, indicando que
en efecto, al llevar a cabo la revisión de los estudios y diseños del tramo de carretera
a construir, que estaba incluida en el contrato de interventoría, y dadas las
deficiencias técnicas halladas, “procedió a la realización de la totalidad del diseño
geométrico, actividad que ocupó parte del primer mes del contrato”; y que, “para
mayor agilidad de las obras, se fueron entregando tramos de carretera al contratista,
35 Fl. 266 del c. ppal. 1.
36 Fl. 140 del c. ppal. 1.
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el primer tramo de 900 m se entregó el día 03 de febrero de 2005, los siguientes
900 m se entregaron el 7 de febrero de 2005 y la totalidad de los 4.5 km se
entregaron el 17 de febrero de 2005”. En estos términos, la interventoría recomendó
al Invias aceptar dicha prórroga; y, con memorando SRN-30294 del 1° de agosto de
2005, la entidad contratante consideró viable la solicitud, y la aprobó.
129. Sin que el contratista en su solicitud de prórroga anunciara o solicitara algún
reconocimiento económico –pues el simple paso del tiempo no determina la
configuración de un perjuicio, sino que, de presentarse, éste debe ser informado y
acreditado–, observa la Sala que la conducta y acercamientos de las partes fueron
concordantes con el alcance del citado contrato adicional No. 1, en cuyas cláusulas
se acordó:
“PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo del contrato principal No. 2330 de 2004 hasta el
09 de septiembre de 2005. PARÁGRAFO: No obstante la prórroga que se acuerda en este
documento, las partes declaran que el valor del contrato permanece inalterable y el
CONTRATISTA manifiesta de forma expresa que no presentará reclamación alguna que
tenga como causa la prórroga acordada. (…) CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Continúan vigentes todas las estipulaciones el contrato principal, las
actas de suspensión y reanudación que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento (…)”. (se subraya)
130. Es dable concluir, sin mayor esfuerzo, que en la concreción de dicho acuerdo
se vertieron las expresiones de voluntad de las partes, quedando el citado contrato
adicional cobijado por el principio de buena fe (art. 1603 del C.C) respecto de las
circunstancias y los pactos a los que ellas indicaron, querían llegar; y del principio
de normatividad de los contratos (art. 1602 del C.C) por cuya virtud, éstos se erigen
en ley para las partes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo
o por causas legales; y, ninguno de estos dos escenarios se presentó en este
asunto.
131. De lo anterior, además, se desprenden dos aspectos a resaltar; de un lado,
que en la demanda, la actora no adujo la existencia de un vicio del consentimiento,
como ahora pretende introducir bajo el esquema de una ineficacia de pleno derecho,
siendo inexistente una pretensión de nulidad relativa en la demanda o que en sus
hechos de cuenta de que tales renuncias obedecieron a una imposición de la
entidad pública, argumento recientemente traído al proceso; y, de otra parte, no se
presentan los supuestos señalados en la ley para que se configure la ineficacia que
se aduce, pues como adelante se precisará, lo que la ley proscribe son las renuncias
anticipadas a derechos que sean incorporadas en los pliegos, actas o contratos,
pero en manera alguna limitan la capacidad negocial del contratista de definir si un
evento o modificación contractual en específico le genera o no algún perjuicio, todo
lo cual se explica en el derecho de autorregulación de sus intereses y en la libertad
contractual para hacer tales definiciones.
132. De modo que, nada impide que el contratista exprese su voluntad, como en
este caso, indicando que “el valor del contrato permanece inalterable” y que
manifieste que “no presentará reclamación alguna que tenga como causa la
prórroga acordada”, pues, a diferencia de lo expresado en la alzada, el ejercicio de
este derecho encuentra respaldo en el artículo 15 del Código Civil al tenor del cual
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“Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al
interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”; y, en este
caso, se itera, el marco de la prohibición –cuyo carácter es de interpretación limitada
y taxativa– gravita sobre aquellas manifestaciones anticipadas de renuncia, en tanto
restringen, justamente, el ejercicio de la libertad negocial del contratista para decidir
el destino de sus intereses ante la ocurrencia de una de tales circunstancias, siendo
entonces vinculante la expresión de voluntad analizada.
133. Luego, en el lapso transcurrido entre septiembre y noviembre de 2005, se
suscribió por las partes el acta de suspensión No. 2, y las actas de ampliación de
suspensión -No. 3 y No. 4- cuyas consideraciones fueron las siguientes:
(i) Acta de suspensión No. 2: (30 días) del 7 de septiembre al 6 de octubre de 2005,
las causas fueron:
“1. En el transcurso de la última semana, el Consorcio Géminis ha tenido problemas para suministrar
los materiales de relleno seleccionado y base estabilizada a causa del régimen de lluvias que se
impone en la región.
2. El Consorcio Géminis presentó el diseño de la mezcla asfáltica tipo MDC -2 para ser utilizada en
el contrato de la referencia, mezcla que pertenece a la planta de pavimentos ubicada en el municipio
de Charalá (…).
3. Por las razones expuestas en los numerales 1 y 2 se considera conveniente suspender los trabajos
por 30 días (…).
4. El Contratista expresa en forma libre y espontánea que no habrá ninguna reclamación por
la mayor permanencia en la obra, causada por la suspensión del contrato” (se resalta).
(ii) Acta No. 3 de ampliación de suspensión: (15 días) del 7 al 22 de octubre de 2005. las
causas fueron:
“1. Las circunstancias que motivaron la suspensión No. 1 se encuentran vigentes.
2. El recrudecimiento del invierno ha dificultado la labor de explotación de las canteras de Piedra
Herrada y La Pedregosa, no ha permitido tener la producción adecuada para la producción de las
obras.
3. El régimen hidrológico presenta lluvias de alta intensidad que han permitido vislumbrar en la
carretera afloramientos de agua y deterioro de la subrasante que amerita intervención para curar los
fallos detectados. Igualmente se han observado sitios donde se hace necesario plantear drenes o
zanjas de coronación (…)
4. La planta de asfalto de Charalá, que fue utilizada parcialmente en contratos anteriores ha
presentado problemas en dichos sectores (…) Se considera prudente estudiar la alternativa de la
Planta de Asfalto (sic) de Vélez, esa alternativa se encuentra en estudio.
5. El Contratista expresa en forma libre y espontánea que no habrá ninguna reclamación por
la mayor permanencia en la obra, causada por la suspensión del contrato” (se resalta).
(iii) Acta No. 4 de ampliación de suspensión: por 35 días, hasta el 25 de noviembre de 2005, las
causas fueron:
“1. Las circunstancias que motivaron la suspensión No. 1 se encuentran vigentes.
2. El recrudecimiento del invierno ha dificultado la labor de explotación de las canteras de Piedra
Herrada y La Pedregosa, no ha permitido tener la producción adecuada para la producción de las
obras.
3. El régimen hidrológico presenta lluvias de alta intensidad que han permitido vislumbrar en la
carretera severos afloramientos de agua y deterioro de la subrasante que amerita intervención para
curar los fallos detectados. Igualmente se han observado sitios donde se hace necesario plantear
drenes o zanjas de coronación (…)
4. La planta de asfalto de Charalá, que fue utilizada parcialmente en contratos anteriores ha
presentado problemas en dichos sectores (…) Se considera prudente estudiar la alternativa de la
Planta de Asfalto (sic) de Vélez, esa alternativa se encuentra en estudio”.
134. En los documentos que precedieron estas suspensiones, se observa, respecto
de la contenida en el Acta No. 2, que el consorcio Géminis solicitó la suspensión del
contrato por las problemáticas vinculadas a las fuentes de materiales en el sitio
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denominado el Raizudo (para relleno seleccionado), y Cucharo (para la producción
de base estabilizada); también indicó que era prudente dicha suspensión de cara a
la determinación de la planta de asfalto que sería utilizada (Berlín, Charalá o Vélez);
y frente a tales circunstancias subrayó, “en forma libre y espontánea que no habrá
ninguna reclamación por la mayor permanencia en la obra causada por la
suspensión del contrato”, según se lee en su comunicación INV-2330-093-57 del 2
de septiembre de 200537.
135. De lo anterior, solo es posible colegir que, siendo el contratista conocedor del
alcance de sus responsabilidades bajo el contrato, en orden a la fuente de
materiales escogida y a la oportuna definición de la planta de asfalto –temática
abordada en acápites precedentes–, su manifestación libre de voluntad estuvo
dirigida a obtener un mayor plazo, el que, conforme a sus análisis, no generaba
reclamación económica alguna frente al Invias.
Así las cosas, y como lo advirtió el a quo, de tal suspensión no es posible desprender
nada distinto a la existencia de la confluencia de voluntades en orden a suspender
el contrato, sin controversia en el aspecto económico; ni se advierte una imposición
de la entidad contratante, máxime que, en el texto de la suspensión se incluyó, en
iguales términos, las manifestaciones efectuadas por el contratista, al indicar: “[e]l
Contratista expresa en forma libre y espontánea que no habrá ninguna reclamación
por la mayor permanencia en la obra, causada por la suspensión del contrato”,
quedando por tanto atado a su propia expresión de voluntad, la que, entrelazó a
través del mutuo acuerdo concertado.
136. Lo propio aconteció con el Acta No. 3 de ampliación de la suspensión, en la
medida que fue el contratista quien también, en esta oportunidad, la solicitó en orden
a parar temporalmente el contrato. Así se constata en la solicitud INV-2330-1004-
66 del 4 de octubre de 200538, en la que indicó que las circunstancias que motivaron
la suspensión seguían vigentes y (i) reiteró las temáticas relativas a la planta de
Charalá, por ser inconveniente para el proyecto; (ii) requirió más tiempo para
estudiar la viabilidad de acudir a la planta de Vélez; y (iii) señaló que el invierno
había dificultado la explotación de las canteras Piedraherrada y La Pedregosa,
además de presentarse afloramientos de agua por el invierno que afectaba la
carretera y la subrasante. Frente al análisis de estas situaciones, motu proprio,
indicó:
“5. El Contratista expresa en forma libre y espontánea que no habrá ninguna reclamación
por la mayor permanencia en la obra, causada por la suspensión del contrato”.
Por manera que, de cara a la identidad de circunstancias, la Sala arriba a las mismas
conclusiones que fueron advertidas frente al Acta No. 2, pues el contratista ejerció
su libertad contractual, definiendo aquello que estimó era la medida idónea para
afrontar las situaciones señaladas y, al hacerlo, no consideró que existiera un
desbalance que debiera ser cubierto por la entidad contratante en términos
37 Fl. 199 del c. ppal. 1
38 Fl. 211 del c. ppal. 1
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económicos pues, lo que expuso, es que bastaba aumentar el plazo, enfatizando en
ello no generaba reclamaciones por el periodo de suspensión.
137. En relación con el acta de suspensión No. 4, se advierte que el contratista, a
través de la comunicación INV-2330-1020-68 del 20 de octubre de 2005,
nuevamente presentó solicitud de ampliación de la suspensión del contrato, y refirió
lo siguiente (se transcribe literal, incluidos eventuales errores):
“hemos encontrado que siguen presentándose los mismos inconvenientes razón por la cual
formalmente solicitamos una ampliación de la suspensión de los trabajos por 30 días más,
a razón de:
1. La alternativa propuesta de utilizar la planta de asfalto de Vélez, aún se encuentra en
estudio.
2. Siguen sin alcanzar la productividad esperada las canteras de piedra herrada y la
pedregosa, debido al fuerte invierno que se mantiene en la zona.
3. Debido al mismo invierno, los afloramientos de agua que se han presentado en la
carretera han vislumbrado la necesidad de proyectar una serie de drenes adicionales no
previstos igualmente existen en la carretera grandes fallos que aún no se han podido
reparar”.39
Finalizando tal solicitud, nuevamente el contratista expresó:
“por la suspensión y ampliaciones de la suspensión expresamos en forma libre y
espontánea que no habrá ninguna reclamación por la mayor permanencia en obra”.
Luego, en comunicación INV-2330-1021-68A del 21 de octubre de 200540, que dio
alcance a la anterior, el contratista precisó que el plazo de la suspensión solicitado
era por 35 días, para reanudar actividades el 25 de noviembre siguiente; sin cambiar
las manifestaciones relacionadas con los efectos económicos de dicha petición.
138. Es evidente que el consorcio, en ejercicio de su libertad económica, contractual
y empresarial, de cara a las situaciones que venían consumiendo el plazo del
contrato, consideró y propuso medidas tendientes a mitigar los desfases que
implicaban tales circunstancias, revelando, de forma libre y espontánea, que por
tales periodos no habrían reclamaciones que formular ante Invias; más bien, lo que
es posible desprender de sus expresiones, las cuales, de forma consistente
mantuvo en tal sentido en todas sus solicitudes, es que frente a las problemáticas
referidas a las fuentes de materiales, a la escogencia de la planta de asfalto, así
como los efectos del invierno en esa temporada, el contratista conocía los riesgos
a ellas asociados y eran del ámbito y manejo de sus responsabilidades de cara al
negocio jurídico pactado y conforme a la conducta contractual así materializada.
139. Entonces, por los periodos de suspensión, no existe un camino legal que
admita reclamaciones a favor el contratista, incluida la relacionada con la
maquinaria por stand by, pues justamente la trascendencia de las manifestaciones
de voluntad efectuadas por el consorcio lo llevaron a subrayar, expresamente, que
de tales suspensiones no se generaba ninguna reclamación económica; de modo
que la postura que luego adoptó el contratista al reclamar, debe ser catalogada
39 Fl. 237 del c. ppal. 1.
40 Fl. 213 del c. ppal. 1.
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como contraria a sus propios actos, en desconocimiento del principio de buena fe
que prevé el art. 1603 del C.C.
No se constituye en errática la conclusión, que en el mismo sentido adoptó el a quo,
al reconocer la validez y eficacia a tales manifestaciones del contratista, vertida en
los precitados documentos contractuales y proyectarla en los costos pretendidos
por esta vía, siendo argumento suficiente para negar los denominados sobrecostos
por las suspensiones y el stand by de maquinaria vinculado a los periodos de
suspensión, como quedó analizado.
140. Finalmente, en relación con el contrato adicional No. 2, suscrito el 24 de
noviembre de 2005, basta señalar que, en este instrumento, las partes convinieron
únicamente prorrogar el plazo del contrato hasta el 30 de diciembre de 2005,
conforme a la solicitud del contratista; mecanismo a través del cual los
cocontratantes terminaron de ajustar los mayores tiempos empleados en los
estudios de base estabilizada, análisis de factibilidad técnico - económica y fijación
de precios respectiva, junto con la menor productividad de las canteras que fueron
definidas para avanzar en las nuevas actividades pactadas; en relación con las
cuales, las partes acordaron lo siguiente:
“(…) 1. Que con comunicación No. INV-2330-18/11-77 del 18 de noviembre de 2005, el
Representante legal del Consorcio Géminis (...) solicita el trámite de una prórroga en plazo
en 36 días, teniendo en cuenta que el proceso de los estudios de la base estabilizada,
análisis de factibilidad técnico – económica, estudio y aprobación de estos elementos y
fijación de precios demoraron un tiempo importante. La complejidad asociada al tema
logístico de productividad y cumplimiento técnico de las diversas fuentes de materiales a las
que ha tocado recurrir para sacar adelante el proceso, que ha ocasionado muchos
inconvenientes que se reflejan en los rendimientos de la obra, consumiendo valiosos
recursos de tiempo. 2) Que la Interventoría (…) manifiesta que aun cuando el atraso de las
obras no se debe únicamente al trámite de la base estabilizada con cemento como se ha
demostrado, considera conveniente para el desarrollo del proyecto conceder la prórroga (…)
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO-. Prorrogar el plazo del contrato principal (…) hasta el 30
de diciembre de 2005. PARÁGRAFO: No obstante, la prórroga que se acuerda en este
documento, las partes declaran que el valor del contrato permanece inalterable y el
CONTRATISTA manifiesta en forma expresa que no presentará reclamación alguna
que tenga como causa la prórroga acordada. (…) CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes todas las estipulaciones el contrato principal,
(…) que no se hayan modificado por lo acordado en este documento (…)”41. (se destaca)
141. Como no existe realmente un reproche que enerve la validez y eficacia de las
manifestaciones del contratista frente a las suspensiones y los contratos adicionales
acordados, se concluye que las medidas solicitadas y convenidas frente a las
circunstancias referidas en cada uno de tales instrumentos, tienen el efecto
normativo que le asigna la ley a las expresiones de voluntad emitidas en sede
contractual.
142. Lo anterior conduce a declarar imprósperos los cargos por (i) mayor
permanencia en obra, (ii) reconocimientos por stand by de maquinaria por los
periodos de suspensión, y, (iii) el relativo a la ineficacia de pleno derecho que se
pidió desatar; esta última en tanto la prohibición de que trata el numeral 3 del artículo
5 de la Ley 80 de 1993, que pregona el censor, está referida a aquel
41 Fl. 415 del c. ppal. 1
46
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condicionamiento que, ya sea en el marco de los procesos de selección –pliego de
condiciones– o, en curso de la ejecución del contrato –frente a la “adición o
modificación de contratos” o a “la cancelación de sumas adeudadas al contratista”
imponga “la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas
y reclamaciones por parte de[l] [contratista]”, circunstancia que es, en absoluto,
ajena a este examen, pues lo acontecido no revela una imposición o
condicionamiento, sino un acto liberal y autónomo del contratista de regular sus
intereses dentro de una estructura negocial que, además, es concordante con sus
propias responsabilidades. De modo que los cargos aquí analizados, serán
negados.
(iv) Costos adicionales pagados por la base estabilizada con cemento ítem
36 respecto del precio pactado durante el desarrollo del contrato
especificación 341,1-02 y de su transporte por causas no imputables al
contratista
143. Luego de repetir, in extenso, los argumentos de la demanda, la parte apelante
precisó el motivo de su impugnación, así (se transcribe literal):
“Frente a lo anterior, es evidente como (sic) el despacho no resuelve el asunto sometido a
su conocimiento, pues cita como fundamento para la negación del hecho que fundamenta
(sic) la pretensión de sobrecosto, lo atinente a quien (sic) le correspondía la obligación de
asumir los estudios y diseños, lo cual evidentemente no corresponde a lo solicitado, pues
este hecho se fundamentó (sic) que si bien se pactó la aprobación de ítems no previsto (sic),
el precio no resulto (sic) suficiente por factores ajenos a la voluntad del contratista lo que
genero (sic) sobrecostos en cuanto al suministro y transporte del material los cuales no
fueron cubierto (sic) por el APU aprobado por INVIAS y 2) El Tribunal no tuvo en cuenta ni
valoró los soportes aportados con la demanda (…) para de esta manera comprender el
asunto sometido a su consideración, lo cual evidentemente hace que el fallo preferido
carezca de soporte probatorio”42
144. La sentencia de primer grado, negó la reclamación por mayores costos
derivados de los nuevos ítems pactados por el cambio de base granular a
estabilizada, al señalar que, como se trató de una propuesta que provino del
contratista, éste se encontraba en la obligación de elaborar, nuevamente y a su
cargo, los estudios y diseños según establecía el numeral 5.1 del pliego de
condiciones, que indicaba que “el contratista deberá adecuar y/o modificar en
cualquier momento de la ejecución del contrato los estudios y diseños definitivos del
proyecto”, así que correspondía a una actividad inherente al contrato y, además,
adujo que en ninguna parte del negocio jurídico se indicó que los costos de tal
modificación debieran ser asumidos por el Invias.
145. Sin que se compartan enteramente las razones del a quo en este punto, pues
para la Sala la obligación de modificar y ajustar los diseños, por sí sola, no
determinaba que el contratista debía afrontar sus costos, toda vez que ello pendía
de la causa que diera origen a tal modificación, lo cierto es que, en este caso, el
consorcio Géminis sí debía asumirlos, no porque dicho cambio proviniera, a la llana,
de que el contratista hubiese hecho tal propuesta –en tanto se recuerda que si ello
ocurrió, fue por tratarse de una de las alternativas planteadas para superar las
dificultades relacionados con las inadecuadas especificaciones de los materiales
42 Fl. 620 del c. ppal. 2.
47
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para base granular, que excedieron la racional previsión de las partes–, de modo
que resultaría insostenible que sólo por proponerlo, ello fuera criterio de razón
suficiente para que el contratista asumiera su elaboración y costo; sino porque el
pacto de nuevas actividades, implicaba el cumplimiento del deber de planeación y
diligencia en el análisis de los precios no previstos, pues para ese momento estaba
en capacidad y en el deber legal de prever las circunstancias que ahora reclama
como imprevistos.
146. Para completar la proposición que, ciertamente, hace al contratista
responsable de los costos adicionales que eventualmente se hubieren generado
frente a los nuevos ítems y precios acordados para la base estabilizada con
cemento ítem 36, especificación 341,1-02, la Sala apunta a un argumento central
que avala esta tesis.
Como fue analizado en esta providencia, al haberse acordado actividades nuevas
junto con la fijación de precios no previstos, el contratista tenía la obligación de
preparar adecuadamente las nuevas condiciones, informarse de las fuentes de
material, su productividad, limitaciones y problemáticas, los valores de mercado,
clima, transporte y, en general, adelantar todas las investigaciones y cotizaciones
necesarias para definir los nuevos precios a pactar. Es decir, debía desplegar toda
su diligencia con el mismo detalle y responsabilidad exigido para la elaboración de
los precios originales de su oferta, pero ahora con la ventaja derivada del
conocimiento más cabal, adquirido respecto de los factores a considerar en la zona.
147. Se habrá de notar, que el consorcio Géminis estuvo adelantando indagaciones
y ensayos de materiales en diversas canteras, al punto que, para el momento en
que se tomó la decisión de hacer la modificación de base granular a base
estabilizada, en el comité de obra del 27 de abril de 2005, ya venía analizando,
meses atrás, las características de las variadas fuentes de materiales. Esta
situación lleva a descartar que el contratista se hallara en un escenario neófito
respecto a las condiciones de las canteras, materiales y niveles de producción pues,
con el nivel de análisis desarrollado, sustentó ante la interventoría que entre las
alternativas para superar las dificultades advertidas, el cambio del método
constructivo de base granular a base estabilizada era técnicamente y
económicamente conveniente; bajo ese contexto, es razonable colegir que en el
despliegue de la actividad de planeación y análisis que se reclama de un experto,
esa propuesta ya contaba con algunas bases que le permitían arribar a tal punto.
148. A esa aproximación, se suma el alcance de la suspensión No. 1 suscrita el 4
de mayo de 2005, concertada para que el contratista hiciera “el diseño de la
estructura de pavimento con base estabilizada, el diseño de la base estabilizada y
un análisis de factibilidad técnico- económica de dicha alternativa”; y de allí, llegar
al detalle inscrito en la fijación de precios no previstos; panorama que permite
advertir que entre mayo y junio de 2005 éste llevó adelante los estudios,
comparación de precios y alternativas de diversas fuentes, entre otros aspectos,
para concretar la adopción de los precios no previstos.
48
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149. A partir de tales investigaciones, y siendo conocedor de las características y
problemáticas de las fuentes de material de la región, el consorcio Géminis estaba
obligado y en capacidad de haber considerado en la elaboración de los nuevos APU,
las limitaciones de producción de las canteras que él mismo propuso utilizar para
ejecutar los nuevos ítems, Piedraherrada y Cucharo, respecto de las cuales,
atribuyó el carácter de imprevisible a las circunstancias relacionadas con (i) la alta
demanda de materiales, (ii) la baja productividad de las canteras, y (iii) el fuerte
invierno, que encareció los materiales a estabilizar43.
150. Como fue aseverado por la misma parte actora en la demanda 44 , para
determinar los precios unitarios, el consorcio cotizó el material a estabilizarse en las
canteras de Piedraherrada y del Cucharo “en junio 15 de 2005” a $19.605 M/Cte y
a $17.645 M/Cte, respectivamente, en términos de costo directo; de allí que, luego
de realizar las actividades de debida diligencia, la decisión del consorcio desembocó
en la escogencia de aquellas 45 , habiendo contado con una medida de tiempo
suficiente y razonable que respaldaba sus conclusiones.
151. Para esta Subsección, en las condiciones anotadas, no es posible calificar
como imprevisibles los factores asociados a la alta demanda de materiales, la baja
productividad y el alza de precios por el invierno, pues de todo ello debió haber
tenido noticia el contratista para la integración de los análisis de precios, al punto
que, a partir de dichas consideraciones, logró discriminar y asignar porcentajes de
explotación frente a cada cantera y material; y así se propuso46:
ITEM DESCRIPCIÓN
Mezclador
Material a Estabilizar (Cucharo 37%)
Emulsión CRR-1 de curado (Cucharo 37%)
Material a Estabilizar (Piedra Herrada 37%)
Emulsión CRR-1 de curado (Piedra Herrada 37%)
152. No es atendible que el contratista hubiese rotulado los citados eventos como
ajenos a cualquier razonable previsión, pues contrario a ello, en relación con la
cantera Piedraherrada, habrá de tenerse en cuenta, además, que (i) esta fuente
venía siendo utilizada por el Consorcio desde febrero de 2005 para extraer el
material para relleno seleccionado, de modo que ya conocía su dinámica de
explotación, y; (ii) en todo caso, desde los estudios previos elaborados por
AMERICAN GEOEXPLORATION se había informado acerca de su limitada
capacidad productiva, por lo que con una mínima diligencia, tal anuncio imponía
verificar si podía o no atender la demanda requerida de material. Allí se indicó lo
siguiente:
“La cantera Piedraherrada, trabaja a pequeña escala; allí se halla 3 bancos
principales de caliza con espesores que varían entre los 3.5 y 4 metros intercalados
43 Fls. 618 a 619 del c. ppal. 2.
44 Fls. 33 a 35 del c. ppal. 1
45 Ibidem.
46 Fl. 275 del c. ppal. 1. Transcripción parcial del formato “reversión de precios unitarios no previstos” que obra
como soporte del análisis de precios unitarios.
49
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con pequeños niveles de shales con concreciones que no superan los 80 cm de
espesor.
(…)
el grave inconveniente que presenta esta trituradora es su pequeño alcance para la
demanda que ofrece dicha cantera, lo cual le resta efectividad y retarda su
producción.
153. Y respecto de la cantera el Cucharo que se dice, tuvo problemas en los niveles
de producción requeridos, ello no obedece a un evento imprevisible, pues en los
análisis que acompañan las definiciones técnicas contractuales es parte
fundamental examinar la capacidad de atención, oferta-demanda, de la cantera, y
proyectarla en un plazo que considere las necesidades de material en la obra, las
condiciones de la zona y los meses más lluviosos en los que se ejecutaría esta
actividad y, a partir de allí fijar un precio que se correspondiera con tales realidades
y contingencias.
154. De este modo, el resultado de la propuesta económica debía incluir las
valoraciones asociadas a estos factores de sensibilidad técnico económicos, que en
términos razonables, son variables que se reflejan en la composición de los costos
de las actividades, los riesgos asociados y, en particular, la determinación del
respectivo A.I.U. Este último, en su componente de imprevistos, sirve de media para
la estimación relacionada con incertidumbres que es posible que ocurran como
parte del riesgo propio de la actividad constructiva. Así que, era del ámbito de
responsabilidad del contratista la construcción de tales precios, incluidos los
porcentajes de A.I.U., los cuales, en cada caso, fueron valorados por el consorcio
en los siguientes términos:
(i) A.I.U. para base estabilizada con cemento (alternativa seleccionada
Cucharo-Piedraherrada) – según análisis de precios unitarios
“(…)
Total Costo Directo $54.050,74
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACIÓN 0,22 11.891,16
IMPREVISTOS 0,03 1.621,52
UTILIDAD 0,05 2.702,54
Sub- Total $16.215,22
(ii) A.I.U. cemento estabilizante para base (alternativa seleccionada Cucharo -
Priedra herrada)
“(…)
Total Costo Directo $326,40
V. COSTOS INDIRECTOS
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Descripción Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACIÓN 0,22 71
IMPREVISTOS 0,03 9,79
UTILIDAD 0,05 16,32
Sub- Total $97,92
(Fls. 646 y 647 del c. de pruebas 3)
155. No podrá decirse que con los antecedentes conocidos, el consorcio se
enfrentara a un evento imprevisible, sustentado en la limitada producción de las
canteras, el aumento del régimen de lluvias y la alta demanda de materiales que
requería la obra, que dice, elevó los precios; menos aun, si se considera: (i) que el
contrato incluía una fórmula de ajuste de precios, según se dispuso en el parágrafo
segundo la cláusula séptima –ACTAS DE OBRA Y AJUSTES– 47 ; (ii) existe el
porcentaje de imprevistos, destinado a absorber situaciones de ese orden, que
debía ser aplicado; ni siquiera en el hipotético caso de tildarse de imprevisibles las
circunstancias anotadas, que no lo son, éstas denotan una gravedad tal que afecte
el equilibrio económico del contrato, pues como ya se indicó esta figura no descansa
en una operación matemática48; y (iii) en el sub numeral 4, del numeral 3.8.3 de los
pliegos de condiciones, que forman parte del contrato, se definió que el proponente
– contratista era el responsable de establecer las fuentes de materiales que utilizará
en la ejecución de la obra y así construir los precios unitarios.
156. En estos términos la Sala declarará infundada la censura formulada y
confirmará la decisión del Tribunal de negar esta reclamación, pues advierte que el
contratista reclamó unos desfases económicos que se produjeron por su falta de
diligencia en el análisis de los precios unitarios, siendo de su responsabilidad asumir
tales efectos; y, dado que nadie puede alegar su propia culpa o negligencia en su
provecho, el cargo resulta impróspero.
(v) Mayores costos pagados por el consorcio por el relleno para
estructuras Ítem 13 especificación 610, por circunstancias imprevisibles para
el contratista
157. Reprochó el censor, que la decisión del a quo se limitara a señalar que en el
análisis de precios unitarios para “rellenos de estructuras” el contratista no
incorporara ningún valor por suministro ni transporte de material para dicho fin; así
que bastaba advertir le fue pagado tal ítem, en esos términos, por $37´175.000
M/Cte según quedó registrado en el acta de entrega de obra.
Adujo que, a diferencia de lo que señaló el Tribunal, no reclamó por los valores
pagados, sino por los mayores costos que tuvo que asumir al cambiar de fuente de
material; adujo que basado en la información del pliego y la visita a la obra, el precio
unitario que ofreció para este ítem correspondió al valor de $25.000 m3, muy
cercano a los $26.000 del presupuesto oficial de la entidad, y enmarcó tal
coincidencia en que los precios Invias no contemplaban el costo de material ni de
47 “PARAGRAFO
SEGUNDO: AJUSTES.- El ajuste de precios se hará con el índice de costos de la
construcción pesada – ICCP, calculados por el departamento administrativo de estadística “DANE” , el cálculo
de los Ajustes se realizará con la siguiente fórmula PI igual PO por I/lo (…)”
48 El apelante reclamó la suma de $38´261.560.70 más 30% de A.I.U (valor real pagado), y por mayor transporte
$13´101.090, en un ejercicio de diferencia de costos, más no de desequilibrio económico.
51
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Demandado: INVIAS
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transporte, circunstancia que sólo es posible si se reutiliza el material de excavación,
por lo que entendió que esta actividad debía hacerse con material de la excavación
en sitio. No obstante, dado que dicho material no tenía la calidad requerida, tuvo
que comprar el material en la cantera Piedraherrada y transportarlo al sitio de la
obra teniendo un sobrecosto por este concepto de $50´508.866 M/Cte.
158. En la base de esta censura, advierte la Sala que este reproche guarda
identidad argumentativa en relación con lo acontecido frente al ítem de relleno
seleccionado (primer cargo) pues el apelante ha sostenido, en ambos casos, que la
información contenida en los análisis del Invias no contemplaba material ni
transporte, lo que le llevó a entender que la única alternativa para poder ofertar
imponía la utilización del material de la excavación.
De la misma manera que la Sala puso de presente el papel que asume el
proponente en la edificación de las condiciones contractuales, la construcción
bifronte del principio de planeación en orden al adecuado estudio de todos los
aspectos referidos al futuro contrato que la jurisprudencia ha explicado, y la
relevancia de la calidad del experto del interesado en participar y ser adjudicatario
del negocio jurídico, ratifican la exigencia hecha al contratista de que, en tal fase,
se le impone cumplir la carga de diligencia y señalar a la entidad posibles yerros,
omisiones o aclaraciones que estime pertinentes para la mejor confección de las
prestaciones del contrato, superando así el estadio del silencio o de las
suposiciones –impropio del carácter de un experto y colaborador de la
Administración–.
159. En esta línea, por ser innecesario repetir los análisis que, in extenso, se
desarrollaron al resolver el cargo relacionado con el relleno seleccionado, aplicables
a las materias y razonamientos de que trata la actual censura, habrá de decirse,
conforme al principio Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositivo,
que enseña que donde hay una misma razón, obra la misma la disposición, que la
Sala traslada las conclusiones a las que arribó en tal oportunidad, a este escenario
de resolución, para señalar: (i) que al consorcio correspondía hacer el análisis
integral de la especificación y su correlativo precio unitario, pues, de forma
correlativa estaba asumiendo la responsabilidad económica de la elección de la
fuente de material a utilizar; (ii) si encontró una limitación como la advertida –en la
que solo el material de excavación pudiera ser considerado– debía solicitar su
aclaración para la conformación de sus precios unitarios, pues suponer, en materia
de costos de obra, no se tiene como una conducta diligente; (iii) la especificación
Invias en el artículo 610 sí incorporaba entre los costos a considerar el material y
transporte y material, así que no considerarlo es propio del ámbito de elección
económica y empresarial del proponente.
160. Nuevamente, en esta ocasión, la Sala concluye que lo ocurrido correspondió a
una elección del proponente en presentar un precio unitario únicamente con
materiales de excavación, asumiendo enteramente el riesgo de tal determinación,
pues ni siquiera estuvo interesado en indagar frente a la entidad si era un yerro o
una circunstancia que mereciera algún ajuste, cuando justamente el numeral 2.2.
del pliego de condiciones, subrayó:
52
Radicación: 680012331000200700627 (51911)
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“si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la
presente licitación o tuvieran dudas acerca de su significado o interpretación,
deberán darlos a conocer en la audiencia para precisar el contenido y alcance del
pliego de condiciones”.
161. En consecuencia, ya sea por falta de diligencia, o porque se trate de un riesgo
que así fue asumido, lo cierto es que la definición del precio unitario para relleno de
estructuras fue un asunto que quedó inscrito en el marco de responsabilidad del
contratista; y, como se sabe, en ello existe respaldo en el numeral 3.8.3 de los
pliegos, sub numeral 4, tantas veces reseñado; razón por la cual, únicamente se
debía reconocer al contratista por este ítem, como indicó el a quo, el valor acordado
por las partes para la ejecución de esta actividad, se itera, incluyendo sus riesgos
asociados, el cual fue pagado según el valor ofertado, como el mismo censor
reconoce; de modo que el cargo analizado carece de vocación de prosperidad, y
así será declarado.
(vi) Excavación para reemplazo de la subrasante (ítem no pactado)
162. Sostuvo la apelante, que ejecutó actividades que correspondían a excavación
para reemplazo de la subrasante pero que arbitrariamente fueron pagadas por la
entidad bajo el ítem de excavación de la explanación; cuestionó la inexistencia de
valoraciones probatorias que acompañaran la conclusión del Tribunal de negar la
pretensión formulada, argumentando, simplemente, que “ese costo no se
reconocerá comoquiera que no se acreditó dentro del plenario la profundidad de la
excavación indicada por el contratista”; reprochó que sin un examen de las pruebas
aportadas al proceso que acreditaran el volumen acometido por el contratista, el a
quo se hubiera limitado a indicar que no se probó la profundidad de la excavación.
163. Para dar claridad al panorama aludido, la Sala resalta dos aspectos cardinales
que emergen del contrato, en orden a la determinación de las actividades y
especificaciones técnicas que vincularon a las partes.
La cláusula “VIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO” estableció:
“Los documentos que se citan a continuación integran, determinan, regulan complementan
y adicionan las condiciones del presente contrato: 1) las Especificaciones Generales de
Construcción redactadas por el INSTITUTO. 2) los contratos que se suscriban para la
obtención de las garantías y seguros exigidos. 3) la propuesta del CONTRATISTA. 4)
registro presupuestal (…)”49.
164. A su vez, en la cláusula décima -obras adicionales- las partes acordaron:
“Son obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en
donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El INSTITUTO podrá ordenar por
escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las
obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario No. 4.
PARÁGRAFO. OBRAS COMPLEMENTARIAS: se entiende por obra complementaria la que
no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. El INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias
49 Fls. 17 y 18 del c. ppal. 1
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y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan
parte inseparable de la obra contratada o sean necesarias para ejecutar esta obra o para
protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los
que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no
previstos (…)”
165. Ahora, revisados los hechos expresados en la demanda, la parte actora fue
consistente en señalar que durante el desarrollo del contrato se encontraron fallos
en la subrasante que debían ser reemplazados por buen material para garantizar la
estabilidad de la vía, y que su excavación alcanzó profundidades hasta de 1 metro
y medio; adicionalmente, que la excavación en sitios puntuales fue más dispendiosa
que la excavación de la explanación, empleando más horas de máquina.
166. Como prueba de tal reclamación, se aportaron al proceso, siete preactas de
obra relativas a “volumen y transportes - reparación de fallos en conformación de
subrasante– identificadas con los números 04 a 09, suscritas de junio a diciembre
de 200550en las que se registraron las abscisas inicial y final de la actividad, las
áreas de corte, volúmenes, entre otros datos.
En cada una de tales preactas, contratista e interventoría conciliaron el tipo de
actividad desarrollada, junto con la medida de reconocimiento y pago (m3 y m3-
EST) correspondiente. Todas ellas, debidamente firmadas, hicieron constancia de
las prestaciones realizadas y sus valores, evidenciando el mutuo acuerdo tanto en
la actividad ejecutada –excavación de la explanación– como en la cantidad.
167. Igualmente, en el acta No. 4 de ampliación de la suspensión del contrato,
suscrita el 20 de octubre de 2005, se reportó entre sus causas, que:
“3. El régimen hidrológico presenta lluvias de alta intensidad que han permitido
vislumbrar en la carretera severos afloramientos de agua y deterioro de la
subrasante que amerita intervención para curar los fallos detectados. Igualmente se
han observado sitios donde se hace necesario plantear drenes o zanjas de
coronación (…)”.
Dicho instrumento, si bien aludió al deterioro de la subrasante, en todo caso, no trae
mención alguna relacionada con la necesidad de ajustar las actividades referidas a
la excavación para reemplazo de la subrasante a través de un nuevo o diferente
ítem; de manera que de allí no es posible colegir la insatisfacción que solo en
diciembre de 2005 –al terminar de ejecutar la actividad– planteó el contratista; no
es atendible que el consorcio, en ese momento, habiendo ejecutando tal actividad
(por 4 meses -desde junio de 2005 según las actas revisadas) no hubiese solicitado
precisión sobre el asunto, requerido algún ajuste, o peticionado la conformación de
un precio nuevo, pues de ser así estaba ejecutando algo no convenido.
168. Como se viene indicando, solo fue en el acta No. 15 que el Consorcio Géminis
hizo la manifestación relacionada con sobrecostos generados por excavaciones
más profundas por el reemplazo de la subrasante; sesión del comité realizada el 9
de diciembre de 2005, esto es, 17 días antes de la terminación del contrato, en la
cual el consorcio Géminis anotó (se transcribe conforme obra):
50 Fl. 764 a 770 del c. de pruebas 3.
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“el contratista manifiesta que en el proceso de conformación de la subrasante, se
requirió reemplazar la subrasante original en alturas de hasta 1.5 metros, por la
presencia de arcillas expansivas que no garantizaban la capacidad de soporte
requerida, condición que le generó sobrecostos en maquinaria y equipo y material
de relleno (500 m3)”51.
169. Al acudir a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS,
documento de primer orden en la integración de las reglas y los instrumentos que
conforman el contrato, según quedó atrás reseñado, el artículo 210 está dedicado
a describir y precisar la actividad de “EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN,
CANALES Y PRÉSTAMOS” y, entre otros aspectos, destaca:
170. Del segundo inciso del artículo 210.1.1 de esta regla técnica contractual, se
extrae que, de la gama de actividades comprendidas en este ítem, también hace
parte la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote en las áreas donde
se hayan de realizar las excavaciones, lo que revela un género en el que se
incorporan diversas actividades, en los términos descritos. Además, éstas incluyen
actividades de excavación y nivelación donde habría de fundarse la carretera y las
excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento de
calzadas existentes (inciso segundo del artículo 210.1.2.1).
171. Precisamente, como fue expresado por la interventoría en comunicado OIBA-
202-06 del 21 de julio de 200652 al analizar la reclamación del contratista, ésta hizo
precisión técnica en la materia y, respecto de la especificación ejecutada y pagada,
51 Fl. 759 del c. de pruebas 3.
52 Fl. 108 del c. ppal. 1.
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señaló que dicho alcance se encontraba previsto en el artículo 210.4 de excavación
de la explanación, según las Especificaciones Generales de Construcción del Invias.
La referida norma “Ejecución de los Trabajos”, en el aparte citado por la
interventoría, indicó:
172. De los documentos aportados al expediente no se extrae la ejecución de un
ítem diferente al acordado por las partes, en tanto:
(i) La conducta desplegada por el contratista ratificó, mes a mes, los acuerdos
existentes en relación con la naturaleza de las actividades ejecutadas y sus
cantidades, sin asomo de divergencia entre la actividad que fue contratada y la que
se estaba ejecutando.
(ii) El concepto de la interventoría ilustró, bajo la norma técnica referida, que las
actividades realizadas correspondieron al ítem pactado en la sub especie referida
en el artículo 210.4 de las Especificaciones Generales de Construcción del Invias.
(iii) Lo anterior, es concordante con la cláusula décima del contrato que hizo
definición de las denominadas obras adicionales, entendidas como “aquellas que
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems
tengan precios unitarios pactados”; por el contrario, entenderlas como un ítem no
previsto, como lo plantea la impugnante, habría requerido el trámite para la
definición de las llamadas “obras complementarias”, las cuales no están llamadas a
su ejecución si no existe convenio expreso sobre ellas y su precio, mediante la
suscripción de un acta de precios no previstos (…)”.
(iv) La parte apelante no concentró los esfuerzos de la alzada en demostrar cómo
la decisión del a quo era equivocada, de cara los medios de prueba y al carácter
determinante o no de la profundidad que, aquel señaló, no había quedado
demostrada –aspecto que corresponde al ámbito de actuación del impugnante en
cumplimiento de su carga de sustanciación–; pues no atacó la falta de demostración
de la profundidad, ni desestimó las conclusiones a las que arribó el fallo de primer
grado, sino sólo echo de menos que tales conclusiones no estuvieran acompañadas
de una valoración probatoria suficiente.
173. Conforme a lo anterior, y al lado del argumento del a quo, múltiples razones se
suman para negar el cargo planteado que, valga indicar, se dirigió de manera
particular a cuestionar la falta de valoración probatoria de la decisión de negar la
pretensión que reclamó el actor; la Sala, al verificar tal insuficiencia -objeto puntual
de alzada- se ocupó de realizar su examen y valoración, arribando a la misma
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conclusión denegatoria de la pretensión, así como del cargo formulado, y así será
declarado.
(vii) Conformación zonas de depósito (ítem 31 especificación 3P)
174. Al resolver este punto, el Tribunal se contrajo a indicar lo siguiente 53 (se
transcribe literal, incluyendo eventuales errores):
“En el análisis de precios unitarios relaciona el contratista dentro del equipo
requerido para ello bulldozer, y según cuentas y reportes diarios de maquinaria se
registra retroexcavadora para la conformación de zonas de depósito la cual se tuvo
que utilizar, según su dicho, por las condiciones del terreno, la inestabilidad y las
altas pendientes, y fuerte invierno para terracear estas zonas generando un
sobrecosto de $14.836.705,00, valor que debía ser reconocido por la entidad
demandada por tratarse de circunstancias ajenas al contrato, sin embargo dicho
rubro se encuentra incluido dentro del valor estimado para ajustes y obras
complementarias”.
175. Para la impugnante, el a quo desconoció el material probatorio en relación con
la existencia de circunstancias adversas y no previsibles, consistentes en (i) las altas
pendientes, (ii) la inestabilidad de la zona, y (iii) problemas de invierno; todo lo cual
lo llevó a tener que utilizar retroexcavadora, no prevista en el APU, para terracear y
cumplir la solicitud de la interventoría expresada en el oficio JAL-OIBA-099-05 del
28 de junio de 2005. Indicó que, por tales circunstancias ejecutó estructuras de
madera para contener las masas de tierra, incrementando la operación de la
retroexcavadora dado que las volquetas se enterraban.
Sostuvo que el rubro de ajustes y obras complementarias no cubrió estos
sobrecostos, al punto que Invias al contestar la demanda reconoció la ejecución de
mayores valores, así que reprochó que no se expuso ningún fundamento de prueba
para negar la reclamación.
176. En línea con la apelación, dado que el censor reprochó la inexistente valoración
probatoria en relación con los eventos que tildó como imprevisibles, la Sala abordará
tal reclamo para determinar si aquellos tenían o no dicha connotación de cara a lo
que fue la ejecución de la actividad sub examen, en vista de que, en efecto, no hubo
mayor desarrollo en la sentencia de primer grado sobre este aspecto.
177. De acuerdo con los pliegos de condiciones, como lo ha reseñado esta
providencia, se fijó una regla vinculada a la información de las zonas, examen de
los sitios y debida diligencia en el análisis y elaboración de los precios unitarios,
como lo establecía, entre otros, el numeral 3.8.3 -sub numerales 2 y 7-. En particular,
en el último de estos sub numerales, se indicó:
“7. Examen de los sitios
El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra
e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la
forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra
53 Fl. 576 del c. ppal. 2
57
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y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de
manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos,
las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o
influir en el cálculo del valor de su propuesta
(…)
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa
válida para posteriores reclamaciones.”54
178. En relación con la especificación particular 3-P conformación y compactación
de zonas de depósito, se indicó lo siguiente:
“3-P.1 Generalidades
El trabajo cubierto por esta especificación consiste en la preparación y conformación
de las áreas de depósito, y el riego y compactación de los materiales colocados en
ellas. Se refiere a aquellos materiales que por sus características sean inadecuados
para la fabricación de concretos, construcción de llenos u otros fines de la obra, o
que por exceder el volumen requerido sea necesario desperdiciar, o que deban
llevarse a estas por instrucción del interventor.
(…)
3-P.4 Pago
El pago por la compactación de las zonas de depósito en material común se hará
de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato para el ítem
“Conformación y compactación de zonas de depósito”. Este precio incluirá todos los
costos de materiales, equipos, mano de obra y todos los demás costos requeridos
para regar y compactar los materiales en las zonas de depósito, mantener las
superficies y evitar por (sic) los daños por erosión, construir y mantener las vías
industriales, terminar de arreglar las superficies y taludes y, en general, los demás
trabajos requeridos para completar la obra de acuerdo con lo establecido en estas
especificaciones.
En este ítem no se cubrirán los siguientes trabajos: Descapote (sic) de las zonas de
depósito, que se pagará como se estipula en la especificación 200.2 (Invias 96),
acarreo, cargue y transporte de los materiales que lleguen al área de depósito, como
se estipula en la especificación 900 (Invias 96); y tratamientos superficiales como
empradización, cunetas, etc., que se pagarán como se estipula en los numerales
correspondientes a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras
del Instituto Nacional de Vías 1996” .
179. Debe recordarse que estas reglas contractuales, fueron adoptadas en el marco
de un contrato cuyo objeto fue el “Mejoramiento y pavimentación de la carretera
Oiba – Guadalupe Sector K+000 al K+10 500”, lo que significa, en un ejercicio de
diligencia básica, que los proponentes debían informarse de las condiciones
geográficas, inclinaciones y pendientes de los trayectos a intervenir, condiciones
físicas del terreno, aspectos climáticos, tipo de suelo en ese tramo y, en particular
(dado el cargo que se analiza) las características de las zonas de depósito que
desarrollaría el proyecto.
54 Pág. 29 a 33 d ellos pliegos de condiciones
58
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180. Aquí cobra total relevancia, nuevamente, el deber de diligencia del proponente
de cara a la función técnico - jurídica del examen a los sitios de los trabajos pues,
no es de recibo, a juicio de la Sala, que el consorcio Géminis fundara su reclamo en
los aspectos aludidos, cuando justamente la ubicación, características de los
terrenos y suelos debían revisarse para poder elaborar los precios unitarios. No es
plausible que el actor hubiese catalogado como evento imprevisible las altas
pendientes del sector pues éstas son parte de la geografía de dicho territorio, de
manera que, si existían o no, era factible identificar esa circunstancia y determinar
qué maquinaria y demás factores asociados a esa actividad debían ser tenidos en
cuenta en las valoraciones económicas y de cara a la licencia ambiental que para
las zonas de depósito y botadero se imponía considerar; máxime que, como se
sabe, el departamento de Santander está ubicado en una vertiente de la Cordillera
Oriental, lo que evidencia que existen sistemas de montaña, al igual que serranías,
de modo que resultó insuficiente la actividad del consorcio de examinar e indagar
por las condiciones de la zona.
181. Lo propio acontecía con la información relacionada con la estabilidad del
terreno de la zona de depósito, pues ésta debía ser recogida y analizada en el
examen al sitio de las obras, y completada, de ser el caso, con otras investigaciones
en señal de una básica diligencia; dicha tarea imponía considerar la ubicación y
terreno de la zona de depósito y la influencia del régimen de lluvias en el sector, y
no concluir, sin más, que el consorcio podía comprometerse frente a un ítem, en el
que, daría igual cotizar la actividad si era un valle, una pendiente, o una montaña y,
aun así, simplemente ofertar un valor, sin mediar inquietud u observación, en una
construcción evidentemente teórica o en abstracto apartada de la realidad.
182. Ahora, si en gracia de discusión se quisiera insistir en que la inestabilidad de
los suelos era una circunstancia imprevisible, ello debía acreditarse, pues tal
carácter no se construye a partir de la enunciación de su ocurrencia, sino que es
necesario demostrar cómo el advenimiento de determinados eventos desbordó la
racional previsión efectuada al analizar y hacer la valoración de tal actividad.
183. En este caso, (i) de una parte, la actora se limitó a afirmar en su demanda que
hubo “inestabilidad que se manifestó en la zona de depósito”55 –y así también lo
planteó en la alzada–, pero no explicó las causas y circunstancias en que tal evento
ocurrió y cómo ellas superaron su prudente juicio y análisis. La parte demandante
solamente hizo la afirmación antedicha y, de allí, dio un salto a los costos de
maquinaria al referir que tuvo que utilizar retroexcavadora, sin precisar por qué dicho
costo estaba por fuera de sus responsabilidades bajo la especificación 3P, y cómo,
además, excedía sus previsiones en el caso concreto.
184. Lo anterior, por cuanto la actividad de conformación y compactación de zonas
de depósito -especificación 3P- estableció en la descripción de los trabajos, que
ésta abarcaba la preparación y conformación de las áreas de depósito, y el riego y
compactación de los materiales colocados en ellas… [e] incluirá todos los costos de
38 del c. ppal. 1. En ese apartado la demandante se limitó a enunciar que los tres eventos –altas
55 Fl.
pendientes, inestabilidad de la zona de depósito, e invierno– fueron imprevisibles para el contratista
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materiales, equipos, mano de obra y todos los demás costos requeridos para regar
y compactar los materiales en las zonas de depósito, mantener las superficies y
evitar por (sic) los daños por erosión, construir y mantener las vías industriales,
terminar de arreglar las superficies y taludes y, en general, los demás trabajos
requeridos para completar la obra de acuerdo con lo establecido en estas
especificaciones” (se subraya). Al lado de lo anterior, puntualizó las actividades que
no quedaban cubiertas por este ítem, refiriéndose al descapote, transporte y
acarreo, y tratamientos superficiales.
185. Así que, por la ausencia de un desarrollo que ilustre cómo los factores de
inestabilidad que se presentaron estaban excluidos del alcance de la citada
especificación técnica, o por qué los trabajos de completar los taludes no
comprendían, en la técnica de terracear y en la estructura de muros en madera, el
uso de una retroexcavadora no es posible para la Sala suponer algo no explicado y
sustentado por el censor.
Se resalta que, la mera afirmación de catalogar una situación como imprevista y
señalar que lo ofertado en el precio unitario era un bulldozer y no una
retroexcavadora, no excluye, por sí solo, que ello estuviera comprendido en el
alcance de la obligación del contratista de considerar en sus unitarios todos los
costos y aspectos que esta actividad requería pues, se itera, no basta la existencia
de un costo, sino que el análisis debe pasar por la determinación de que éste no
fuera de su cargo y, además, del por qué era imprevisible; entonces, más allá de las
pruebas aportadas relacionadas con los pagos por retroexcavadora, –reconocido
por Invias en los valores pagados por maquinaria, pero oponiéndose a la imputación
de responsabilidad–, o el oficio de la interventoría del 28 de junio de 200556, el cargo
es escaso en argumentos y pruebas en orden a llenar de contenido los dos
requerimientos atrás expresados.
186. En este punto, recuérdese que el rompimiento del equilibrio económico del
contrato –como ya se ha indicado– no se funda en una comparación aritmética en
la que se valoren costos y sus diferenciales, sino en la advertencia de una verdadera
situación extraordinaria que afecte de manera anormal el equilibrio mismo e integral
del negocio, entre otros elementos, lo cual, no quedó acreditado en el proceso.
187. De otra parte, (ii) en segundo lugar, si el impacto de dicha situación afectaba
la economía del contrato, ya fuera o no en perspectiva del desequilibrio económico,
el contratista debía oportunamente advertirlo y solicitar a la entidad contratante la
modificación del precio unitario en el factor respectivo para que, en sede contractual
se discutieran a nivel técnico las soluciones y eventualmente se pudieran adoptar
medidas para superar la situación; pero de ninguna manera se torna en admisible
la postura de guardar silencio y, solo al finalizar el contrato, elevar una reclamación
por una inconformidad que no fue expresada, es decir, fue inexistente en el curso
del negocio jurídico, y ello, es parte del análisis integral del iter contractual y su
plataforma legal.
56 Comunicación en la que se advierten consideraciones enteramente técnicas que, por sí solas, no permiten
llegar al entendimiento de una imprevisibilidad, ni menos excluir de la responsabilidad del contratista la decisión
de utilizar una u otra maquinaria, conforme a la especificación 3P contractual. Fl. 831 a 832 del c de pruebas 3.
60
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188. En este punto la Sala llama la atención respecto al alcance y entendimiento del
principio de la buena fe contractual, en el que no basta la simple creencia de estar
actuando conforme a derecho y contrastar tal convicción, unilateral y subjetiva, con
el ordenamiento jurídico, sino que, en este ámbito se impone definir si el
comportamiento del cocontratante se ajusta o no a la normatividad y al negocio
jurídico celebrado con sustento en una premisa fundamental, ambas partes han
esculpido las reglas que determinan la estructura obligacional del contrato y han
regulado sus intereses en recíproco beneficio, de modo que en tal propósito, una y
otra, son correlativa y objetivamente merecedoras de un trato recto y fiel, que les
impone actuar “con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia,
responsabilidad y sin dobleces´ y que desde otro ángulo se identifica con ´la
confianza, legítima creencia… y, especialmente, en las esferas prenegocial y
negocial, con el vocablo fe´ puesto que ´fidelidad quiere decir que una de las partes
se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus
obligaciones, fiando que ésta no la engañará” 57.
189. La Sala, entonces, se opone a considerar fundado un reclamo que se
contraponga a la conducta de las partes en el iter contractual, en razón del principio
de buena fe que gobierna los contratos (art. 1602 del C.C.). Nada más alejado a
éste que, en la ejecución del contrato, las partes avancen bajo la convicción de estar
honrando la ley que ellas construyeron, es decir el contrato, pero alguna se guarde
un motivo que sólo ella conoció, para reclamarlo posteriormente a la otra.
190. Finalmente, y unido a lo anterior, sin la demostración de una situación
imprevista, o que excediera la responsabilidad y riesgo asumido por el contratista,
carece de relevancia cuestionar, simplemente a nivel teórico, si en el caso concreto,
como lo afirmó el a quo, los costos reclamados estaban o no cubiertos por el rubro
estimado para obras complementarias, pues ello dependería del análisis puntual del
evento, para determinar si conforme a la cláusula décima del contrato podían o no
inscribirse en alguna de esas categorías como obra adicional o como obra
complementaria; con todo, tal análisis, en nada modifica la concusión a la que llegó
la Sala por las razones ya anotadas y, por tanto, el cargo será negado.
(viii) Gastos adicionales ocasionados por el mayor número de señales de
tránsito Grupo I Ítem 29 especificación 710
191. Reprochó el censor que el Tribunal se limitara a indicar que fueron pagadas al
contratista las 77 señales de tránsito solicitadas, cuando lo pedido era que se
reconociera la diferencia entre lo ofertado y el costo realmente asumido. Para
soportar el cargo, resaltó que tuvo que instalar a precios de 2005 aquellas señales
que excedieron las 25 acordadas en el contrato, desbordando la oferta presentada
en septiembre de 2004 pues su ejecución se realizó 15 meses después, situación
imprevisible para el contratista. Sostuvo que si bien el contrato podía aumentar o
disminuir en cantidades, ello no impedía al contratista reclamar el costo de tal
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de noviembre de 2020, radicación 11001-
3103-001-2017-00213-01.
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diferencia al romper el equilibrio económico del contrato; y que, aun cuando esta
actividad fue objeto de ajuste, ello no cubrió el total de su real ejecución.
192. La Sala negará este cargo el encontrar, tal como lo indicó el a quo, que se
encuentra acreditado el pago efectuado al contratista respecto de esta actividad
conforme a los precios convenidos bajo el contrato y, por el contrario, no halla
razones que permitan cuestionar o desconocer que el efecto jurídico de tal pago fue
la extinción de toda obligación derivada de la ejecución de este ítem, en cuanto tiene
que ver con la contraprestación acordada.
193. Tres premisas centrales son suficientes para desestimar este cargo; la primera
tiene fundamento en la modalidad de pago del contrato sub examen, el cual fue
acordado a precios unitarios debiéndose pagar las cantidades de obra ejecutadas
por el precio definido para el ítem respectivo; se debe resaltar, de forma sucinta,
que una característica inherente a este sistema de pago es la existencia de mayores
o menores cantidades de obra; de modo que sólo el ejercicio final, en el que se
multipliquen todas las actividades ejecutadas, permite determinar el valor total del
contrato.
194. Así las cosas, bajo el principio de normatividad que rige en materia contractual
y que postula al contrato como ley para las partes, en el caso que se analiza las
partes convinieron en dicha modalidad, quedando sujetas al aumento o disminución
de que trata este dispositivo de pago y, en ello, no hay discordancia entre las partes,
como lo evidencia la alzada. Al respecto, la cláusula segunda del contrato estipuló,
lo siguiente:
“CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- El valor de este contrato se
estima en la suma de (…) $2.563´387.360.oo, suma que incluye IVA, equivalente a
7.160.299 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El valor de los precios de
la obra será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de
obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta del
CONTRATISTA, en el documento Formulario No. 4 valor total de la propuesta. Las
cantidades de obra son aproximadas y están sujetas a variaciones”.
195. En complemento de lo anterior, en segundo lugar, en la cláusula séptima del
contrato se pactó que los precios unitarios tendrían fórmula de ajuste, esto es
aquella medida contenida en las bases mismas del negocio jurídico que se aplica a
los precios unitarios pactados, con miras a contener los eventuales cambios e
impactos en la variación de los precios del mercado y conservar así el valor
intrínseco de la contraprestación en contratos de tracto sucesivo, particularmente
de mediano y largo plazo.
196. La dimensión de este tipo de cláusulas de ajuste tiene origen en una actividad
de previsión de las partes, quienes, conocedoras de la posibilidad de que las
variables y eventuales fluctuaciones del mercado incidan en los precios originales,
deciden que tal medida les permite afrontar el escenario de ejecución contractual
en su mutuo beneficio, aminorando el ámbito de controversia en esta materia, al
asumir, ambos contratantes, los efectos que se derivan de la aplicación de la
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fórmula pactada58. Recuérdese, como bien lo ha señalado la doctrina especializada,
que “Contratar es prever … [y] el contrato es una empresa que se sitúa en el
futuro”59.
197. Dispuso el parágrafo segundo de la citada cláusula séptima, lo siguiente:
198. Así, las partes acordaron que, mes a mes, se haría el ajuste de los valores a
cancelar a través de la fórmula pactada en el parágrafo segundo de la cláusula
séptima, atrás referido, y ello se aplicaría a las cantidades –mayores o menores–
que fueran ejecutadas, lo que se acompasa con la regla indicada en la cláusula
segunda (valor del contrato) relativa a los precios unitarios y a las variaciones de las
cantidades; de forma que era conocido por las partes que en el iter del contrato
habría lugar a realizar, como en este caso, mayores cantidades de señales de
tránsito, y el consorcio Géminis no puede, ahora, desconocer este acuerdo que se
sostiene, además, en la naturaleza misma del sistema de precios unitarios
acordado; máxime que el actor acepta que así le fueron pagadas todas las señales.
199. Finalmente, hay que señalar que el mismo pliego de condiciones en el numeral
5.15. estableció como obligación del contratista la ejecución de las mayores
cantidades de obra a los precios indicados en la propuesta y dispuso, como
excepción a esta regla, la existencia de situaciones imprevisibles que por su
gravedad y anormal onerosidad condujeran al desequilibrio económico del contrato;
al respecto reseñó:
58 Lo anterior no desconoce que, en tal actividad de previsión de las partes, también éstas pueden acordar, en
expresión de su libertad negocial, que los valores definidos en los precios unitarios no contengan fórmula de
ajuste, y ello impondría un ejercicio de presupuestación adecuado a la asunción de tales variaciones a través
del precio fijado.
59 RIPERT, George. “La Regle Morale dans les obligations civiles” París. LGDJ, pág. 144.
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“Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario
número No. 4. Estas Son aproximadas y están calculadas con base en el estudio
del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecución de la obra. Tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto
de esta licitación pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del
contrato”.
200. Al revisar los soportes de las cantidades de obra ejecutada, se observa que,
en efecto, la cantidad final de señales de tránsito ejecutadas fue de 77, como se
advierte en el acta de recibo final del contrato de obra60, en la cual se registró que
dicha actividad, al precio unitario ofertado de $153.386,00 M/Cte, y multiplicado por
las cantidades finales, llevó al reconocimiento de $11.810.722,00 M/Cte.
En esta línea el contratista reclamó haberse comprometido en 25 señales de
tránsito, indicando que el costo de las 52 que fueron requeridas demás rebasó toda
previsión, por dos situaciones que catalogó de imprevisibles, según se revela al
revisar la apelación en línea con las causas aducidas en la demanda 61 , a) “el
primero, que en la propuesta y el contrato sólo se pedían 25 señales de tránsito y
nos ordenaron ejecutar 77, es decir, un 208% más de las pactadas”; y b) “[e]l
segundo, consistió en que la propuesta se presentó el primero de septiembre de
2004 y la actividad se ejecutó en diciembre del 2005, es decir, 15 meses después
de la oferta, situación imprevisible para el contratista” .
201. Nuevamente, no hay una referencia que desarrolle en qué consistió la
imprevisibilidad aducida, pues la ejecución de mayores cantidades fue un aspecto
puntualmente previsto en el contrato y formó parte de sus características
principales. El porcentaje de las mayores cantidades de señales de tránsito
ejecutadas no es más que la cifra que concretó el ejercicio de las cláusulas
acordadas, y de allí, no se desprende ninguna imprevisión como tampoco se
evidencia una falta de la entidad atribuida a título de incumplimiento del contrato.
202. De otra parte, la causa asociada al tiempo transcurrido entre la presentación
de la propuesta y el momento de ejecutar esta actividad tampoco reviste la categoría
de imprevisible, por un lado, por el orden crono-lógico de los procesos de
escogencia de contratista, pues la presentación de la propuesta se efectuó en el
marco de un proceso de licitación pública que concluyó en diciembre de 2004 y por
cuya virtud fue suscrito el contrato 2030 el 17 de diciembre de esa anualidad,
momento en el cual el consorcio Géminis era conocedor y responsable de ejecutar
el negocio jurídico que estaba suscribiendo con los precios propuestos –actividades
que, sin duda, serían realizadas en la vigencia 2005–; de modo que ninguna
relevancia tiene el argumento indicado por el censor en orden a la proyección de los
precios unitarios ofertados en 2004 y ejecutados en 2005 pues ello fue parte del
término en que transcurrió el proceso de selección y, en atención al momento de
celebrar el respectivo contrato.
60 Fl. 402 del c ppal. 1
61 Fls. 38 y 39 del c. ppal. 1.
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203. Además, habiéndose acordado una cláusula de ajuste de precios aplicada
mensualmente a las actas de obra, como ya se indicó, las partes adoptaron una
fórmula que retuviera y solventara los efectos del paso del tiempo (que en todo caso
no son los 15 meses aducidos por el censor, pues ni siquiera había contrato), y este
factor, el tiempo, en punto a los análisis ya efectuados en esta providencia
relacionados con las suspensiones y prórrogas del contrato, impiden la prosperidad
de este reclamo, pues en ningún momento se advirtió por el contratista la
insuficiencia de la fórmula de ajustes a los precios del contrato, por algún evento de
imprevisión.
204. Lo que observa la Sala, es que el 9 de noviembre en oficio OIBA-182-0562, la
interventoría entregó al contratista la relación de señales verticales de tránsito a
instalar, junto con los soportes respectivos y, posteriormente, fue suscrita la
respectiva “Acta de modificación de cantidades de obra No. 2”63 el 2 de diciembre
de 2005, suscrita por el representante legal del contratista, el representante legal de
la interventoría, la supervisora del contrato designada por el Invias, la supervisora
del contrato Invias - territorial Santander, y el Subdirector Nacional de la Red de
Carreteras del Invias.
No se registra en el expediente manifestación del consorcio constructor que, en
respuesta al oficio del 9 de noviembre, señalara la grave consecuencia de ejecutar
el ítem referido, o la inconformidad o dificultad en el cumplimiento de esta actividad;
por el contrario, lo expresado en el acta de modificación de cantidades de obra del
2 de diciembre de 2005, fue su acuerdo con las condiciones pactadas y con las
mayores cantidades requeridas y su precio, conforme lo establecía el contrato, lo
que descarta el reclamo de la parte demandante en el que atribuyó al ejercicio del
ius variandi por arte de la Administración, la mayor cantidad de las señales de
tránsito que requirió el proyecto.
205. Para la Sala es posible colegir, de manera razonable, que en el lapso
comprendido entre el 9 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005, el contratista en
caso de advertir tan grave situación, generadora de la ruptura del equilibrio
económico del contrato, debía haberlo indicado al responder la carta de la
interventoría; pero lo cierto es que ello no aconteció, y lo que está probado es que
se firmó el acta de mayores cantidades con su venia y pleno acuerdo en cantidades
y precios, de manera que no es posible entender nada distinto a lo que fue su
manifestación expresa y su conducta contractual. Por estas razones, en su conjunto,
este cargo carece de vocación de prosperidad y por tanto, será negado.
(ix) Falta de pago del hierro pontón ítem 21 acero de refuerzo grado 60
206. Este cargo cuestiona la decisión del a quo de negar el reconocimiento y pago
del hierro figurado que por órdenes de la interventoría fue adquirido por el contratista
y llevado a la obra para dar solución al problema de presencia de cárcavas e
inestabilidades en el k 9 + 937.
62 Fl. 841 del c. de pruebas 3.
63 Fl. 845 y 846 c. de pruebas 3.
65
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Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
Sostuvo el censor que el Tribunal desconoció el acta de comité de obra No. 10 del
21 de Julio de 2005 y la carta del 19 de julio de 2005 oficio JAL-OIBA-125-05, en el
que la interventoría pidió al contratista ejecutar el pontón, y le entregó los diseños y
los despieces del hierro para tal fin; también, que ignoró que al momento de hacer
las excavaciones no se encontró un estrato adecuado para avanzar con el pontón,
y la interventoría tuvo que cambiar el diseño por el de un pedraplén, el cual fue
entregado el 9 de noviembre de 2005 al contratista para su ejecución; y, aunque el
consorcio ya había adquirido el hierro figurado, el Invias no canceló tal ítem. En
suma, reprochó que el Tribunal, sin respaldo en las pruebas, simplemente desatara
el cargo en los siguientes términos –los que se transcriben en su totalidad–:
“La parte actora no allegó prueba que el acero que compró para cimentar los
estribos, al cambiarse la propuesta de labores, no fue utilizado en su totalidad, en
cuyo evento cabría la posibilidad de ser indemnizado por dicho costo.”64
207. Al analizar el planteamiento de la demanda, el actor señaló que a raíz de un
fuerte aguacero se evidenció un problema de presencia de cárcavas e
inestabilidades en el k 9 + 397 y para ello la interventoría propuso como solución la
ejecución de un pontón dándole al consorcio los diseños y despieces del hierro. Se
adujo que, una vez adquirido el hierro figurado y puesto en obra, al hacer las
excavaciones para ejecutar la fundación del pontón no se encontró un estrato
adecuado porque la presencia de estas cuevas se extendían más allá de lo previsto
por la interventoría, lo que condujo a cambiar el diseño por un pedraplén, con un
esquema de terraplén; todo lo cual sin reconocer al contratista el valor del acero
previamente comprado, el que, por ser figurado, ya no se podía aplicar a otro tipo
de obra; finalmente, indicó que dicho material se llevó a Bogotá y ese costo también
se le debía pagar. En total, reclamó la suma de $8.536.120,15 M/Cte.
208. Al contestar la demanda, el Invias coincidió en que la solución para dicho
problema fue el pontón, y que el diseño elaborado por la interventoría para estos
fines, a la postre, tuvo que ser cambiado por el de un pedraplén por las dificultades
relatadas en la demanda. Indicó que, según las facturas de compra del hierro
figurado, su adquisición correspondió a la suma de $7.903.815, restando el valor
del transporte Oiba - Bogotá; pero sostuvo que un buen porcentaje de hierro
figurado fue utilizado en otras obras de arte dentro del mismo corredor y, en tal
sentido, adujo que la pérdida no fue total65.
209. Observa la Sala que, en comunicación del 19 de julio de 2005 –oficio OIBA-
125-05– entre otros asuntos, la interventoría indicó al contratista: “requerimos
atención inmediata a las siguientes observaciones: (…) 2. Iniciar inmediatamente la
construcción de los Box coulvert (…) y del pontón del k 9 + 937, según diseños
entregados por la interventoría”66.
Lo anterior, teniendo en cuenta que entre las especificaciones y alcance de las
actividades de la interventoría, conforme registra el “Acta de Recibo Definitivo de la
64 Fl. 576 del c. ppal. 2.
65 Fl. 82 del c. ppal. 1.
66 Fl. 866 del c. de pruebas 3.
66
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Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
Interventoría” 67 suscrita entre Invias e Interventor se certifica: “Los trabajos
consisten en la Consultoría, Asesoría, e Interventoría Técnica y Administrativa del
contrato de obra No. 1330-2004 suscrito con el CONSORCIO GÉMINIS bajo los
cuales, la Interventoría tuvo a su cargo la revisión y aprobación de los diseños de la
estructura de pavimento, obras de drenaje y efectuar los diseños de las demás
obras ordenadas y ejecutadas a través del contrato”.
Luego, en sesión del comité de obra, llevado a cabo el 21 de julio de 2005, quedó
consignado en el acta respectiva68, sobre este punto, que: “1. Se entregó diseño del
pontón del k 9 + 937, en Julio 07 de 2005. Responsable: Interventoría”.
210. Igualmente, milita en el expediente el diseño de los despieces69 y el cuadro de
despieces de hierros70, ilustrando las formas en que debía figurarse el acero, su
diámetro, longitud y cantidades, como se advierte en tales documentos:
En estos medios de prueba se registró que la cantidad requerida para el pontón en
el K9+937 correspondió a 3338,38 kg.
211. La Sala encuentra que, en efecto, y conforme a los medios de prueba
analizados, para la solución de la galería de cavernas hallada bajo la subrasante el
interventor realizó, en cumplimiento de su contrato de interventoría No. 2510 del 28
de diciembre de 200471, el diseño para la construcción de un pontón conformado
por vigas y losas apoyadas en estribos 72 , y solicitó al contratista disponer lo
necesario para su ejecución, según comunicación del 19 de julio de 2005, atrás
reseñada; determinación que, valga aclarar, fue establecida en la dinámica de
diseño y construcción que, a su vez, hacía parte del marco de las actividades
67 Fls. 417 a 419 del c. ppal. 1
68 Fl. 858 y ss. del c. de pruebas 3.
69 Fl. 863 del c. de pruebas 3.
70 Fl. 864 del c. de pruebas 3.
71 fls 404 a 411 del c. ppal. 1
72 Fl. 109 del c. ppal. 1. En el que la interventoría rindió informe sobre la reclamación del contratista.
67
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Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
contratadas por Invias al Consorcio Géminis –sin que se tratara de adiciones ni
obras complementarias– pues la alternativa de hierro pontón, se ejecutó bajo el ítem
21 -acero de refuerzo grado 60- que preveía el contrato de obra.
Con tal información, el consorcio Géminis elaboró el cuadro de despiece de hierros
y preparó la requisición de hierro figurado para: (i) el pontón (3338,38 kg); (ii) Box
culvert k7+606,4 (618,88 kg); (iii) Muro K10 +026 (4187,03 kg), para un peso total
de 8.144,30 kg73.
Así, el 22 de julio siguiente, el proveedor Figurados Enderezados –Figufer Ltda.–
presentó cotización 74 al consorcio Géminis para los 8.144 kg de hierro figurado
puesto en Oiba, Santander, con la siguiente descripción y valores:
212. En efecto, dicha oferta materializó la adquisición del hierro figurado por parte
del consorcio Géminis, entre otros fines, para la construcción del pontón del k 9 +
937. Así se deprende de la factura de venta No. 1355 expedida por Figufer Ltda. el
25 de julio de 2005 75 , aceptada por el consorcio, en la cual se facturaron los
siguientes materiales y valores, en total, así:
Cantidad y descripción: 8144 kg de hierro figurado
Valor unitario $1.570
Valor total $12.786.080
IVA $2.045.773
Neto a pagar $14.831.773
213. Comoquiera que el hierro figurado, de acuerdo con el tratamiento industrial al
que es sometido, impone procesos de estiramiento y trefilado del material, el cual
se realiza conforme al despiece de figuras diseñadas en atención al diámetro y
longitud76 requerido para determinada estructura (ver cuadro derecho del numeral
210 de esta providencia), se observa que demandante y demandada señalaron, la
primera, que ese hierro figurado ya no se podía aplicar a otro tipo de obra, y la
segunda, coincidiendo en la misma línea, añadió que en todo caso su pérdida no
73 Fl. 865 del c. de pruebas 3.
74 Fl. 855 del c. de pruebas 4.
75 Fl. 855 del c. de pruebas 4.
76 “El acero figurado se obtiene de varillas que se producen mediante el proceso de estiramiento y trefilado.
Posteriormente se cortan y se adaptan para crear diferentes figuras, así como distintos ángulos y tamaños que
servirán de distintas formas en los amarres y el armado de estructuras”. Este es el proceso de figurado de hierro
que se explica en el mercado de la industria de construcción. Consultado en
https://www.acerosturia.com.co/2021/02/09/ventajas-de-uso-del-acero-figurado-en-la-
construccion/#:~:text=El%20acero%20figurado%20se%20obtiene,y%20el%20armado%20de%20estructuras.
68
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fue total, al estimar que, parcialmente, tal material pudo usarse en otras obras de
arte del contrato; se destaca, además, que en ningún momento la entidad cuestionó
la determinación del interventor en hacer tales definiciones, pues se trataba de la
ejecución misma de las obligaciones contratadas a la interventoría, lo que, a su vez,
concuerda con la conducta contractual y procesal del Invias en tanto no puso en tela
de juicio, en aquel o en este escenario, la decisión de hacer el pontón, sino que se
centró en la cuantía de lo que debía reconocerse al contratista por tal circunstancia.
Ambas, en nítido reconocimiento de su adquisición y coincidentes en los valores de
su compra.
214. Este contexto permite a la Subsección concluir, a partir de la valoración de los
distintos medios de prueba, en conjunto con la construcción fáctica que emerge del
libelo introductorio y su contestación, que dicha actividad sí debía ser pagada al
contratista puesto que al gestarse la solución relativa a las cavernas, la interventoría
dio la instrucción al consorcio de realizar las actividades vinculadas a la construcción
del pontón, y realizó el diseño respectivo para ser ejecutado en obra, de modo que
el contratista realizó la adquisición del hierro figurado según los diseños y los puso
en obra.
215. Así, es posible advertir, de un lado, que factores externos que superaban las
previsiones razonables de la interventoría en el diseño, llevaron a modificar la
solución inicial propuesta y, en consecuencia, a decidir el reemplazo del pontón por
un pedraplén, como fue relatado por la interventoría al pronunciarse sobre los
sucesos y cuestionamientos que debían ser absueltos para definir el sustento o no
de tal reclamación (se transcribe literal, con eventuales errores):
“luego de iniciar las excavaciones para cimentación de los estribos y a una
profundidad de 2.50 metros se evidenció que bajo la subrasante se localizaba toda
una galería de cavernas por donde drenaba el agua subterránea de una cuenca
localizada en una finca aguas arriba de este sitio, razón por la cual la interventoría
inmediatamente recurrió a su especialista en geotecnia, quien planteó una nueva
propuesta que se entregó al contratista mediante oficio OIBA-183-05 de noviembre
09 de 2005. Si bien es cierto que el contratista antes de conocer la nueva propuesta
ya había puesto en obra del acero para el pontón también lo es que aprovechó parte
del acero para construir obras de arte menores (…) por tanto el contratista debe
aclarar (...) qué cantidad adquirió para todo el proyecto, cuánta utilizó realmente en
las obras del mismo, cuánta le quedó sobrando (…) antes de reclamar por el 100%
del acero adquirido”77.
216. De otro lado, es necesario precisar que si bien la causa del cambio aludido
provino de una situación física del subsuelo que sólo pudo ser conocida por las
partes al descender a casi 3 metros de excavación, lo cierto es que, más allá de sus
causas, la ocurrencia cierta y documentada de la necesidad de cambiar el rumbo
constructivo y el mayor costo generado por este viraje, imponía a la entidad cumplir
su obligación de pago por las actividades ejecutadas para el hierro pontón, conforme
al ítem 21 –acero de refuerzo grado 60– bajo el cual se llevó a cabo el desarrollo de
dicha actividad, poniendo en obra el hierro figurado que fue adquirido.
77 Fl. 109 del c. ppal. 1
69
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217. Para esta Sala, el punto de divergencia entre las partes no es si se debía pagar
el hierro, sino, cuánto, –pues una reclama el pago del 100% del valor del hierro
figurado comprado para el pontón, incluyendo el transporte de regreso a Bogotá; y
la otra señala que la pérdida no fue total, pues parte del material fue utilizado en
otras actividades–. Esta discrepancia debe ser resuelta a través de la aplicación de
la carga de la prueba, cuya doble perspectiva determina dos reglas cardinales:
“Onus probandi incumbit actore” esto es, al actor incumbe probar los hechos en
que fundamenta su ataque y, “Reus, in excipiendo, fit actor”, el demandado funge
como actor de las excepciones que formule, ello en atención a lo previsto en el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al sub lite por la época en
que fue promovido este proceso, que dispone:
“ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
218. En el sub lite la parte actora acreditó su tesis, como atrás quedó visto, pues
cumplió la carga de probar los hechos en los cuales fundó esta reclamación, en
tanto (i) demostró la instrucción de la interventoría de construir el pontón y recibió
los diseños para la figuración del hierro requerido; (ii) adquirió y puso en obra el
material figurado; (iii) acreditó que por razones inherentes a las condiciones de la
obra, no imputables a las partes, se impuso la necesidad de cambiar el pontón por
la construcción de un terraplén; y (iv) demostró que el hierro no fue utilizado para el
pontón, pues su ejecución se declinó.
219. Además, en los documentos soporte en que se definieron las cantidades,
diámetro y peso del hierro figurado a adquirir, se determinó que para las tres
actividades que debían adelantarse –esto es: a) el pontón; b) box culvert k7+606,4;
y, c) Muro K10 +026– la cantidad de 3338,38 Kg correspondía a la construcción del
pontón, dentro de un peso total de 8.144,30 kg para las tres actividades.
220. En esta línea, al discriminar las cantidades adquiridas para el pontón en la
factura de venta No. 1355 expedida por Figufer Ltda., los 3338,38 kg, multiplicados
por el valor unitario de $1.570, da como resultado el valor de $5`241.256,6; esta
cifra, al sumarle el 30% del AIU que correspondió a $1`572.376,98 da como base el
valor de $6`813.633,58; y, al aplicar el IVA del 16%, que equivale a $1`090.181,37,
genera un valor total de hierro figurado adquirido para el pontón, por valor de
$7.903.815, suma que coincide plenamente con la indicada por el Invias al contestar
la demanda en relación con este costo, también sin incluir el transporte del material
de regreso a Bogotá, pues esas ya eran determinaciones unilaterales del consorcio
sobre la disposición del material.
221. Contrario sensu, aunque Invias encontraba parcialmente admisible dicho
cobro, opuso a esta reclamación la tesis de que no procedía el pago del 100%, en
tanto un buen porcentaje de hierro figurado habría sido utilizado en otras obras de
arte; tesis que no probó, pues en relación con este argumento de defensa no existe
medio de convicción que lo respalde, de suerte que tal proposición no pasó de ser
una llana afirmación que no se compadece con el conocimiento que sobre lo
70
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utilizado y pagado en la ejecución del contrato debe tener el dueño de la obra, que
es el Invias, máxime si tales ejercicios estaban acompañados de la revisión y
aprobación de la Interventoría quien, al supervisar el contrato de obra, tenía a su
cargo aprobar las actas parciales de obra y, junto al acta de recibo final, tener los
soportes de los materiales adquiridos y las inversiones realizadas en la obra; razón
por la que era de su cargo desacreditar el planteamiento del actor mediante un real
ejercicio en orden a la demostración de su tesis, y no mediante una negación
genérica e indefinida.
• El pago del hierro pontón
222. Considerando que en el parágrafo quinto de la cláusula novena del contrato
2330 de 2004, las partes pactaron que en caso de mora en los pagos “el INSTITUTO
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio del ocho por ciento (8%)
anual”78, la Sala reconocerá los intereses sobre el valor histórico actualizado, que
se calculará aplicando a la suma debida, por cada año de mora, el incremento del
índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año
anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo, la actualización
se hará en proporción a los días transcurridos.
223. En lo que refiere al momento desde cuando éstos deben ser reconocidos en el
caso concreto, la Sala no advierte en el expediente la existencia de una factura en
la que el contratista hubiese presentado para cobro el mencionado ítem, razón por
la cual no es posible hacer correr el cómputo de los 90 días calendario que tenía la
entidad para efectuar el pago una vez presentados los documentos de cobro, según
la cláusula novena citada; en consecuencia habrá de acudir al numeral 3º del
artículo 1608 del Código Civil79, para definir cuándo el acreedor se constituyó en
mora.
224. En armonía con esta disposición, el inciso segundo del artículo 90 del CPC80,
en punto a la constitución en mora, dispone que la “notificación del auto admisorio
de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para
tal fin, si no se hubiere efectuado antes” (se subraya).
Al revisar el expediente se advierte que el Consorcio Géminis presentó ante Invias
requerimiento de pago, entre otros, del que denominó “Falta de pago del Hierro
pontón del PR 9+937”, según comunicación con radicado núm. 41093 del 31 de
mayo de 2006; entonces, a partir de esta fecha, el actor constituyó en mora a la
78 Fl. 12 del c. ppal. 1
79 Artículo 1608. Código Civil. Mora del deudor. “El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la
obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor
para constituirlo en mora. 2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo
y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido
judicialmente reconvenido por el acreedor”.
80 “ARTÍCULO 90. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y
CONSTITUCION EN MORA (…) La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos
de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo
exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. (…)”
71
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entidad demandada respecto al pago de dicha obligación dineraria, por lo que, a
partir del día siguiente –1 de junio de 2006– deberán ser calculados.
225. La Sala reconocerá el valor del hierro figurado que fue adquirido, conforme al
análisis probatorio realizado, por valor de $7.903.815, monto que se actualizará
utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE; para lo cual
se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en que la entidad
fue constituida en mora según requerimiento efectuado por el contratista el 31 de
mayo de mayo de 2006 y que el índice final corresponde a la fecha de esta
providencia81. A su vez se calcularán los intereses moratorios respecto del capital
actualizado, conforme a la tarifa prevista en la cláusula novena del contrato
establecida en el ocho por ciento anual (8%); tal como se observa en las tablas que
a continuación se muestran:
(i) El valor actualizado de la obligación dineraria conforme la fórmula señalada,
arroja el siguiente resultado:
IPC inicial
Mes de IPC
Valor histórico IPC final (noviembre de Valor actualizado
final
2007)
$ 7.903.815 dic-06 61,33 64,51 $ 7.514.199
$ 7.903.815 dic-07 64,82 64,51 $ 7.941.796
$ 7.903.815 dic-08 69,8 64,51 $ 8.551.950
$ 7.903.815 dic-09 71,2 64,51 $ 8.723.479
$ 7.903.815 dic-10 73,45 64,51 $ 8.999.151
$ 7.903.815 dic-11 76,19 64,51 $ 9.334.858
$ 7.903.815 dic-12 78,05 64,51 $ 9.562.746
$ 7.903.815 dic-13 79,56 64,51 $ 9.747.753
$ 7.903.815 dic-14 82,47 64,51 $ 10.104.288
$ 7.903.815 dic-15 88,05 64,51 $ 10.787.954
$ 7.903.815 dic-16 93,11 64,51 $ 11.407.909
$ 7.903.815 dic-17 96,92 64,51 $ 11.874.713
$ 7.903.815 dic-18 100,00 64,51 $ 12.252.077
$ 7.903.815 dic-19 103,80 64,51 $ 12.717.656
$ 7.903.815 dic-20 105,48 64,51 $ 12.923.491
$ 7.903.815 dic-21 111,41 64,51 $ 13.650.039
$ 7.903.815 oct-22 123,51 64,51 $ 15.132.541
81 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad No.19216 del 16 de agosto de 2012; sentencia
Rad No. 15307 del 25 de septiembre de 2006. Para el efecto, se aplicará la siguiente fórmula (donde Vp
corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial):
Vh x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial
72
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(ii) El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:
Inicio Final Días Interés Interés Capital Intereses Intereses
moratorio proporcional (actualizado) moratorios acumulados
anual periodo
pactado
31/05/2006 31/12/2006 214 8,00% 4,69% $ 7.514.198,95 352.446,81 352.446,81
1/01/2007 31/12/2007 365 8,00% 8,00% $ 7.941.796,44 635.343,72 635.343,72
1/01/2008 31/12/2008 366 8,00% 8,02% $ 8.551.949,88 686.030,39 1.321.374,11
1/01/2009 31/12/2009 365 8,00% 8,00% $ 8.723.478,96 697.878,32 2.019.252,42
1/01/2010 31/12/2010 365 8,00% 8,00% $ 8.999.150,70 719.932,06 2.739.184,48
1/01/2011 31/12/2011 365 8,00% 8,00% $ 9.334.857,62 746.788,61 3.485.973,09
1/01/2012 31/12/2012 366 8,00% 8,02% $ 9.562.746,25 767.115,64 4.253.088,73
1/01/2013 31/12/2013 365 8,00% 8,00% $ 9.747.752,62 779.820,21 5.032.908,94
1/01/2014 31/12/2014 365 8,00% 8,00% $ 10.104.288,06 808.343,05 5.841.251,99
1/01/2015 31/12/2015 365 8,00% 8,00% $ 10.787.953,97 863.036,32 6.704.288,31
1/01/2016 31/12/2016 366 8,00% 8,00% $ 11.407.909,08 912.632,73 7.616.921,03
1/01/2017 31/12/2017 365 8,00% 8,00% $ 11.874.713,22 949.977,06 8.566.898,09
1/01/2018 31/12/2018 365 8,00% 8,00% $ 12.252.077,20 980.166,18 9.547.064,27
1/01/2019 31/12/2019 365 8,00% 8,00% $ 12.717.656,13 1.017.412,49 10.564.476,76
1/01/2020 31/12/2020 366 8,00% 8,00% $ 12.923.491,03 1.033.879,28 11.598.356,04
1/01/2021 31/12/2021 365 8,00% 8,00% $ 13.650.039,21 1.092.003,14 12.690.359,17
1/01/2022 30/11/2022 334 8,00% 7,3205% $ 15.132.540,55 1.107.784,89 13.798.144,06
226. Por ende, el valor de la condena actualizada, con el cálculo de los intereses
moratorios, que en esta oportunidad se profiere asciende a la suma de
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS ($28`930.685,06) M/Cte, la
cual deberá ser pagada a favor del extremo demandante, atendiendo los
porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio Géminis82, como parte
actora, a saber: (i) Yamil Sabbagh Solano 75%; (ii) Compañía de Construcción e
Ingeniería CCI Ltda. 15%; y (iii) Sohinco Constructora S.A. 10%.
Condena a favor de la parte actora
Valor histórico actualizado $ 15.132.541,00
Intereses moratorios $ 13.798.144,06
TOTAL $28`930.685,06
82 Fl. 5del c. ppal. 1 en el que reposa copia del documento de constitución del Consorcio Géminis y se
establecen los porcentajes de participación de sus integrantes.
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
(x) Mantenimiento adicional de la ventana entre el K3+800 al K6+600
227. Se quejó el censor de que el Tribunal hubiese obligado al consorcio Géminis
a asumir una obligación que no le correspondía, pues ignoró (i) que el objeto del
contrato sub examen comenzaba en la abscisa K6 + 000 al K10 500; (ii) que a través
de un negocio jurídico anterior, Invias había contratado la intervención del sector K0
+000 al k 6 + 000, de suerte que el alcance de dicho contrato debía empatar con el
punto de inicio del contrato 2330 de 2004, lo que garantizaría buenas condiciones
de transitabilidad; (iii) como el contrato precedente se acortó en su meta física, ello
generó una ventana de la abscisa K3 + 800 a la abscisa K6 + 000, dejando una
parte de la carretera sin terminar que, por la acción del invierno se convirtió en una
trocha de baja transitabilidad que afectó la movilidad vehicular, especialmente, de
las volquetas que proveían el material; (iv) por ello, se vio obligado a invertir recursos
en mantener dicha ventana pues eran trabajos indispensables para garantizar el
tránsito de la vía, y fueron ordenados por la interventoría según oficio Oiba-118-05
y bitácora de obra; (v) insistió en que el pago de maquinaria, materiales y mano de
obra por valor de $68´392.428 M/Cte, fueron actividades y valores aceptados por
Invias como generadores de mayores costos al contestar la demanda; y subrayó
que un contratista no puede ser obligado a cumplir con un objeto contractual distinto
al pactado.
228. En punto al fallo cuestionado, hay que indicar que el Tribunal concluyó que
dicho valor no sería reconocido pues se trataba de una inversión que debió ser
prevista por el consorcio Géminis al celebrar el contrato ya que, de todas maneras,
ésta debía hacerse así no existiera tal ventana por tratarse de la reparación de una
vía, situación que afectaba la movilidad de los vehículos particulares y las volquetas
que proveían el material83.
229. Al revisar los medios de prueba a los que alude la impugnante, se observa que
en la comunicación OIBA-118-05 del 14 de julio de 2005 la interventoría señaló al
contratista, lo siguiente, en punto a la feria comercial de Oiba (se transcribe literal,
con eventuales errores):
“Considerando las festividades del 15 al 18 de los Corrientes, solicitamos atender los
siguientes requerimientos, a fin de garantizar la seguridad del Tránsito Vehicular; para lo
cual se requiere:
● Implementar señalización.
● Realizar mantenimiento de la vía en los sitios de obra, y en los sitios que lo requieran.
● Programar Plan de Contingencia para atender eventualidades que afecten el tránsito
vehicular normal.
● Realizar limpieza y remoción del material sobrante de las excavaciones colocado en el sector
del contrato.
● Conformar los rellenos en cuanto sea posible para las medias alcantarillas en las cuales ya
se ha instalado tubería.
● Garantizar en los sitios de alcantarilla un ancho de calzada que permita el paso seguro de
los vehículos.”84
230. Igualmente, obra en el plenario copia de una página, que el demandante refirió
ser parte de la bitácora de obra, en la que se trata el tema que se analiza; documento
83 Fl. 576 del c. ppal. 2.
84 Fl. 951 del c. de pruebas 3.
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
que, habiendo sido aportado con la demanda y decretada en los medios de prueba
por parte del a quo, ingresó al proceso sin tacha u oposición de la demandada; razón
por la cual será valorada por la Sala.
En dicho reporte de obra se registró lo siguiente:
“Julio 19 de 2005 (martes)
(…)
• K3 + 840 – K6+000: mantenimiento de la vía para los sitios más críticos. 1 volqueta
y suministro de relleno seleccionado de “Piedra Herrada”85.
231. Para la Sala, el asunto controvertido por el censor no es revelador de una
actividad impuesta por la interventoría, ni que excediera o fuese ajena al objeto del
contrato, pues aun cuando el referente utilizado planteó como punto de quiebre en
la materia, que la ventana generadora de la abscisa K3 + 800 a la abscisa K6 + 000
pertenecía a la intervención de otro negocio jurídico, y como sustento le bastó
contrastar su localización con las coordenadas de los trabajos contratados al
consorcio Géminis, ello no resulta suficiente para acreditar el planteamiento del
censor; por el contrario, este escenario impone distinguir entre el alcance de tales
intervenciones y las obligaciones conexas al objeto del contrato 2030 de 2004 en
materia de vías de acceso y otras obras provisionales.
232. En este sentido, como ya se ha indicado, el objeto del contrato consistió en el
“Mejoramiento y pavimentación de la carretera Oiba – Guadalupe Sector K+000 al
K+10 500”, al lado de lo cual, como es apenas razonable, se hace ineludible
considerar las vías de acceso a la obra y los efectos que puede generar el tránsito
permanente de volquetas y demás maquinaria para transportar materiales y ejecutar
las labores contratadas; de esta forma, aunque las vías de acceso no se incluyen
en aquellas zonas en que se ejecutarían trabajos de “mejoramiento y
pavimentación”, sí correspondían a actividades necesarias para el desarrollo del
objeto contratado, conexas a éste, pues con ellas se evitaría el deterioro y la
agravación de las condiciones de seguridad de las vías utilizadas para el tránsito de
llegada a los sitios de obra y, por eso, su atención se debía realizar a través de
actividades de mantenimiento.
233. En respaldo de la tesis del a quo, referida a que los trabajos relativos al sector
de la citada ventana correspondían a una inversión que debió ser prevista por el
contratista al celebrar el contrato, la Sala precisa que, en efecto, ello es así, no por
tratarse de una actividad que dejara de ser susceptible de pago, pues ello rompería
el principio de conmutatividad de los contratos y desconocería el derecho a la
contraprestación del contratista, sino porque bajo el negocio jurídico acordado, los
costos asociados a las actividades relacionadas con la atención de las vías de
acceso, debían estar considerados por el proponente al momento de estimar el valor
de su propuesta. Al respecto el pliego establecía:
“3.8.3. Aspectos a considerar en el valor de la propuesta
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública. Por ser
85 Fl. 952 del c. de pruebas 3
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe
tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:
(…)
3. Vías de acceso y otras obras provisionales
Adicionalmente, correrán por su cuenta [del contratista] los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él (…)”
234. A través de tal estipulación, uno de los aspectos que debían ser considerados
en el valor total de la propuesta era el atinente a las vías de acceso, el cual, fue
ubicado en la misma línea de tratamiento que tienen las actividades denominadas
como “otras obras provisionales”. En este contexto, quedaron incorporadas dentro
de los valores de la oferta presentada por el contratista aquellas relacionadas con
la transitabilidad de las vías de acceso a los sitios de la obra –a la par que ocurre,
mutatis mutandis, con las vías internas de los proyectos de construcción, en los que,
como parte de las responsabilidades del contratista se incorpora en su alcance, por
ejemplo, el mantenimiento de vías provisionales, vías de acceso, industriales y vías
internas de explotación a las fuentes de materiales, entre otros aspectos–.
235. Por manera que tal previsión, que indicaba que los costos de atención de las
vías de acceso corrían por cuenta y riesgo del contratista, no hace cosa distinta que
confirmar que no habría pagos individuales y directos por tales actividades, como
viene a reclamar el actor, sino que éstas debían estar incluidas dentro de los costos
de administración del contrato, como quedó estipulado.
236. Y es que, evidentemente, el tratamiento que solicitó realizar la interventoría al
consorcio Géminis en el sector en que se generó la ventana, de acuerdo con la
bitácora de obra, no fue extender el objeto del contrato 2030 de 2004, puesto que
no se pidió el mejoramiento y pavimentación de dicha zona, sino que se refirió
únicamente a actividades de “mantenimiento de la vía para los sitios más críticos”,
y se indicó que los insumos se limitaban a “1 volqueta y suministro de relleno
seleccionado de “Piedra Herrada”, medida que garantizaba la transitabilidad de la
vía, mitigando, en particular, los efectos del tránsito de vehículos pesados propios
de la obra a cargo del consorcio Géminis86 y las incidencias del invierno; además,
la necesidad y conexión con el objeto contratado fue innegable, tal como lo reconoce
la apelante, pues se trató de “trabajos eran indispensables para garantizar la
transitabilidad de la vía” 87 , quedando tales actividades catalogadas en aquellos
trabajos que eran necesarios para mantener en uso público las vías de acceso.
237. De conformidad con lo anterior, la Sala no encuentra razones para acompañar
el disenso promovido en la alzada, pues de acuerdo con el contexto sub examen
era responsabilidad del consorcio haber estimado en sus costos e incluido en la
administración la previsión relacionada con el mantenimiento de las vías de acceso
de la obra. Además, en los términos acordados, el AIU fue establecido en el
parágrafo primero de la cláusula segunda –valor del contrato–, y la Sala estima
razonables los rangos de este componente, para entender, en línea de lo dicho, que
86 En la demanda se indicó, entre otros aspectos, que el sector de la ventana generada, “por la acción del
invierno y falta de drenajes (…) afecta[ba] la movilidad de todos los vehículos pero en especial de las volquetas
que proveían el material” (Fl. 40 del c. ppal. 1)
87 Fl. 623 del c. ppal. 2.
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
la estipulación del pliego analizada, resulta coherente con el resto del cuerpo
contractual.
“PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del
treinta por ciento (30%) con una utilidad del cinco por ciento (5%)”.
238. Aun si en gracia de discusión el reclamo de la parte actora hubiese estado
fundado en la excesiva onerosidad de la actividad de mantenimiento de las vías de
acceso, lo cierto es que no se encuentra acreditado o discriminado en los
documentos aportados por el actor, el porcentaje que estaba obligado a prever en
sus costos indirectos atinentes a la administración de la obra, para atender en mayor
o menor medida este tipo de labores y, de allí, revisar la diferencia, teniendo además
que haber demostrado por qué y cómo resultaba excesivo el costo de dicha
actividad. Por todo lo anterior, el cargo será despachado de manera desfavorable.
• Los argumentos contenidos en los capítulos 3 a 5 de la apelación
239. En refuerzo de los motivos de inconformidad que el censor planteó respecto
de cada uno de los 12 aspectos técnicos y sus correlativas reclamaciones, los
cuales, como se sabe, fueron negados por el Tribunal de primer grado, la
impugnante remarcó en los capítulos 3 a 5 que, a su juicio, la sentencia había
incurrido en tres yerros que afectaban la decisión:
● “La abstención de restablecer el equilibrio económico del contrato
verificado los hechos que dan lugar a su configuración”;
● “La inobservancia del material probatorio aportado y recolectado a lo
largo del proceso”; y,
● “Falta de congruencia”
240. Estos reproches, en primer lugar, estuvieron orientados a ratificar la
consumación de la figura del desequilibrio económico del contrato, insistiendo en
que el a quo desatendió el fundamento fáctico que demostraba su configuración y,
en suma, reiteró el derecho del contratista a recuperar el balance económico del
contrato que fue roto por situaciones ajenas a su voluntad; en segundo lugar, elevó
una queja constante en función de la inadecuada y en ocasiones inexistente
valoración probatoria al resolver los cargos; y, en tercer lugar, acusó de
incongruente el fallo pues conforme a la ley la sentencia debe ser motivada y estar
soportada en los hechos y su prueba, y, a su juicio, todo el material probatorio
ofrecía soporte suficiente para despachar favorablemente las pretensiones del
actor.
241. Vistos en su conjunto los precitados motivos generales de inconformidad, pero
apreciados de forma individual en el análisis de cada uno de los cargos examinados,
baste señalar que esta Subsección transitó y detalló, punto por punto, aquellos
argumentos de disenso postulados por la actora en orden a definir la presencia o no
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
de situaciones configurativas de desequilibrio contractual, o de aquellos eventos que
fueron generados por falta de diligencia del actor, o por la asunción misma de los
riesgos asumidos por las partes, e incursionó en el análisis de valoración probatoria
que imponía la alzada; tal ejercicio, de cara al resultado del examen acometido, no
revela incongruencia entre los hechos probados y las consecuencias de derecho a
las que arribó el sentenciador de primera instancia, los que la Sala ha compartido
casi en la totalidad de los cargos.
Se indica, solo a manera de precisión, que el reproche contenido en el capítulo
segundo de la impugnación referido a la “ineficacia de pleno derecho de las
estipulaciones que contraríen el derecho y la obligación al restablecimiento del
equilibrio económico del contrato”, fue desatado conjuntamente al analizar el cargo
relativo a la mayor permanencia en obra por cuenta de la suspensiones y prórrogas.
• No acceder a la pretensión de liquidación del contrato
242. El apelante cuestionó la decisión del a quo al negar la quinta pretensión de la
demanda que consistía en que el juez ordenara al Invias elaborar la liquidación
bilateral del contrato incluyendo las pretensiones relativas a los hechos y actos
generadores de desequilibrio contractual.
El Tribunal adujo que, previo a la presentación de la demanda las partes, de mutuo
acuerdo, no liquidaron el contrato ni tampoco Invias lo había efectuado
unilateralmente; precisó que la liquidación bilateral podía realizarse mientras no
hubiese caducado la acción, y siempre que no se hubiera acudido al juez para que
la elaborara, en el entendido que la Administración perdía competencia con la
notificación del auto admisorio de la demanda. De modo que, habiéndose instaurado
el proceso, no era posible acceder a la pretensión del actor que buscaba ordenar a
la entidad pública elaborar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo, pues tal
escenario ya no era plausible.
243. Para la apelante, si el juez consideraba que la pretensión no estaba ajustada
a la realidad, tenía la obligación de ajustarla “a fin de que efectivamente se liquidara
el Contrato de Obra de la referencia, otorgando para ello un término perentorio a la
Entidad o las partes para liquidar el Contrato, en tanto no es jurídicamente admisible
que habiendo transcurrido siete años desde la presentación de la Demanda el
contrato de obra número 2030 del 17 de diciembre de 2004 (…) no se haya liquidado
aún (…) resta anotar, como el juez en sus poderes debió adecuar la pretensión (…)
[y] ordenarse la liquidación (…)” (transcrito de forma literal, incluidos eventuales
errores).
244. La Sala negará este cargo de impugnación pues, en efecto, como lo anotó el
a quo, ha sido pacífica y constante la identificación de los límites en los que es
posible efectuar la liquidación bilateral del contrato estatal, los cuales parten de
identificar como punto máximo, aquel momento en que la entidad pública pierde
competencia para hacerlo, esto es, (i) una vez expira el término de caducidad para
la presentación de la demanda de controversias contractuales; o (ii) cuando se ha
notificado el auto admisorio de la demanda contractual; en cualquiera de estos
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
casos, la entidad carece de competencia para expresar su voluntad en un acto
jurídico negocial, como es el acta de liquidación del contrato, por afectación del
criterio ratione temporis.
245. Advierte esta Subsección que la pretensión quinta, negada por el a quo,
estructuró el interés del actor enfocado, de manera expresa, en el mutuo acuerdo
de las partes en lograr la liquidación y, en una particular aproximación a tal intención,
peticionó que ello debía acontecer por órdenes que el juez impartiera al Invias para
hacerlo. De tal alcance da cuenta la citada pretensión al señalar (se transcribe literal,
con eventuales errores):
“5. Que finalmente, el INVIAS proceda a elaborar la liquidación bilateral, de mutuo
acuerdo del contrato de la referencia, incluyendo la totalidad de las pretensiones
descritas en este acápite, en los términos del artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 1993”
246. Basta recordar, en términos generales, que la pretensión es un acto de parte
promovido por el actor a través de la demandada, en búsqueda de una decisión
favorable por parte del juez, respecto de aquello que es pedido. Para autores
versados en los terrenos del derecho procesal, la pretensión “es la afirmación de un
sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración
concreta de que ésta se haga efectiva”88; naturaleza que irradia las pretensiones
formuladas en los juicios contencioso administrativos, por cuenta del carácter
rogado de esta jurisdicción.
247. Este marco, que determina el origen de la pretensión, por regla general no
permite oficiosamente al juez, como lo plantea la impugnante, alterar, modificar o
incluso agregar una pretensión que no fue promovida por el actor, único sujeto titular
del interés jurídico vertido en los petitorios invocados; y, con este derrotero, el
entendimiento del principio iura novit curia que acompaña el análisis de las
pretensiones, se contrae a dotar al juez de la capacidad de interpretar la causa
petendi de conformidad con los hechos que lo llenan de contenido, con el fin de que
posibles errores en la identificación del título de imputación o del medio de control,
puedan ser superados, haciendo prevalecer el derecho sustancial sobre las formas.
248. Sin embargo, tal interpretación, al estar enlazada con las libertades individuales
y las garantías fundamentales al debido proceso que pregona el ordenamiento
jurídico, de ninguna manera autoriza variar las pretensiones y a la vez del objeto del
proceso, pues ello desarticula los elementos y las bases en que éste descansa, al
ser el sujeto activo o demandante, en principio, el único dueño del interés que
reclama en juicio.
249. Sirva lo dicho para indicar, que acertó el Tribunal en la decisión impugnada,
pues resolvió la pretensión en los términos ciertos planteados por la demandante,
pues su interés estuvo dirigido, en todo momento, a lograr que el Invias elaborara
el acta de liquidación bilateral siempre que en ella se incluyeran los valores de los
reclamos aducidos como generadores de la ruptura del equilibrio económico del
88 COUTURE, Eduardo J, “Fundamentos de derecho procesal civil” Tomo 1, parte general, Bogotá – Buenos
Aires, Ed. Temis- Depalma 1969, pág. 113.
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
contrato, pero, por lo demás, su interés seguía estando dirigido al pago de tales
eventos, para lo cual no requería pasar por una petición de liquidación judicial y, de
haber tenido la aspiración de que la liquidación se hiciera en sede contenciosa, así
debió haberlo pretendido, pero tal petitum ni siquiera fue promovido de manera
subsidiaria.
250. Conforme a lo explicado, la Sala encuentra infundado el reproche analizado, y
confirma la decisión de a quo de negar la pretensión quinta de la demanda, que se
orientaba a ordenar al Invias a proceder con la elaboración de la liquidación bilateral
del contrato, por las razones aducidas en ambas instancias.
Costas
251. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el
20 de marzo de 2014, por las razones expuestas en esta providencia, la cual
quedará así:
PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento contractual por parte del Instituto
Nacional de Vías –INVIAS– del contrato de obra 2030 de 2004, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR al Instituto Nacional de Vías –INVIAS– a pagar a favor del
Consorcio Géminis la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS
($28`930.685,06) M/Cte. Esta suma deberá ser pagada a favor del Consorcio
Géminis atendiendo los porcentajes de participación de sus integrantes 89 así: (i)
Yamil Sabbagh Solano 75%; (ii) Compañía de Construcción e Ingeniería CCI Ltda.
15%; y (iii) Sohinco Constructora S.A. 10%.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
89 Fl. 5del c. ppal. 1 en el que reposa copia del documento de constitución del Consorcio Géminis y se
establecen los porcentajes de participación de sus integrantes.
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Radicación: 680012331000200700627 (51911)
Demandante: Consorcio Géminis
Demandado: INVIAS
Asunto: Controversias contractuales
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE90
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
90 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
81
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