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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2009-00229-02

Fecha
30 de agosto de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2009-00229-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2009-00229-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 68001-23-31-000-2009-00229-02 (58485)
Actor: FINSEMA (Fundación Integral para la Salud y la Educación
Comunitaria del Magisterio)
Demandada: E.S.E. Francisco de Paula Santander en liquidación
Acción: Controversia Contractual
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: VARIACIÓN DE LA CAUSA PETENDI – no es admisible que se analicen nuevos
cargos planteados en la apelación // COMPETENCIA DEL LIQUIDADOR vs COMPETENCIA
DEL JUEZ – el liquidador no puede resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o
litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su existencia, la
competencia para resolver tales conflictos corresponde al juez // ACTOS DEL LIQUIDADOR
FRENTE A RECLAMACIONES DE ACREENCIAS – son actos administrativos //
ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y DEBER DE
RESTABLECERLO – es una figura propia de los contratos regidos por el derecho público //
ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO vs REVISIÓN DEL
CONTRATO – la primera impone la obligación de mantener inalterada la conmutatividad del
contrato durante toda su ejecución y de restablecerla en caso de que se modifique por
circunstancias imprevisibles no imputables a las partes; la segunda supone la posibilidad de
acudir al juez para que –de cara al cumplimiento de prestaciones futuras– revise las
condiciones inicialmente pactadas frente a la ocurrencia de circunstancias que tornen
excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones // TEORÍA DE LA IMPREVISIÓ
N vs FUERZA MAYOR – la primera supone la ocurrencia de circunstancias imprevisibles y
extraordinarias que hacen más gravosa la ejecución de una obligación, la fuerza mayor supone
la imposibilidad de ejecutar las obligaciones // TEORIA DEL RIESGO – la imposibilidad
definitiva de ejecutar un contrato de prestaciones recíprocas debido al advenimiento de
circunstancias de fuerza mayor libera de responsabilidad a ambas partes en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin lugar a indemnizaciones, salvo que se hubieren pactado cláusulas de
agravación de responsabilidad.

La controversia gira alrededor de imputación de los perjuicios que asevera la parte
actora le fueron ocasionados con la terminación unilateral del contrato No. 0648 de
2006 que celebró con la E.S.E. Francisco de Paula Santander, en razón del proceso
de liquidación forzosa al que fue sometida la entidad pública contratante.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 26 de noviembre de 20151,
en la que el Tribunal Administrativo de Santander dispuso2 (se transcribe
literalmente, incluso, con errores):

“PRIMERO: DECLARESE NO PROBADAS las excepciones denominadas
‘LEGALIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN Y DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO ASOCIADO Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE
RECLAMACIÓN; INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN; FALTA DE
COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN; INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD
POR ASUNCIÓN DE RIESGOS POR CADA CONTRATANTE; e INEXISTENCIA
DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE’ planteadas por la demandada,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: LIQUIDASE el contrato de asociación No. 0648 de 2006 suscrito
entre la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y FINSEMA, con resultado
de $0,00 pesos.

TERCERO: DENIÉGESE las restantes pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de la sentencia.

CUARTO: No condenar en costas, por las razones expuestas.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones de rigor en el sistema”.

2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 23 de abril de 2009 3
por la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio
(en adelante, FINSEMA, la Fundación o la demandante), en contra de la E.S.E
Francisco de Paula Santander, en liquidación (en adelante la E.S.E, o la
demandada)4, cuyas pretensiones y principales fundamentos de hecho y de derecho
son los siguientes:

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe literalmente, incluso, con errores):

“PRIMERA: Se proceda a practicar la LIQUIDACIÓN JUDICIAL del Contrato de
Asociación No. 0648 del 2006 suscrito entre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y LA FUNDACIÓN
INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL
MAGISTERIO FINSEMA conforme a lo previsto en el literal d), numeral 10 del
artículo 136 del C.C.A.

SEGUNDA: Se declare la nulidad del Acto de Terminación del contrato de
Asociación No. 0648 del 2006, suscrito entre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y LA FUNDACIÓN
INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL
MAGISTERIO FINSEMA, de fecha 15 de marzo de 2008, suscrito por la

1 Folio 655 a 665 del cuaderno Consejo de Estado.
2 Con salvamento de voto de la Magistrada Digna María Guerra. Folios 666 a 671, cuaderno principal.
3 Folio 37, cuaderno 1.
4 Folio 6 a 37, cuaderno 1.

2

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

apoderada Especial del Liquidador de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN.

TERCERA: Se declare la nulidad de la resolución No. 000011 del 14 de agosto
de 2008, expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ‘Por medio de la cual se
decide sobre las reclamaciones que se fundamentan en contratos de naturaleza
administrativa presentadas oportunamente al proceso liquidatorio de la ESE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN’.

CUARTA: Se declare la nulidad de la resolución No. 000010 del 14 de agosto
de 2008, expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ‘Por medio de la cual se
decide sobre las reclamaciones oportunas presentadas por concepto de mejoras
locativas y eventual lucro cesante en contratos celebrados con la ESE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN’.

QUINTA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 000053 del 24 de octubre
de 2008, mediante la cual se resolvieron adversamente los recursos de
reposición interpuestos contra las Resoluciones No. 000010 y No.00011 del 14
de agosto de 2008 expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

SEXTA: Como consecuencia de lo anterior, derivado del ROMPIMIENTO DEL
EQUILIBRIO CONTRACTUAL y a título de restablecimiento, se reconozca a
favor de la FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
COMUNITARIA DEL MAGISTERIO, FINSEMA el monto total de los conceptos
reclamados en la solicitud presentada con fundamento en el artículo 23 del
Decreto Ley 254 de 2000 modificado por los artículos 12 del Decreto 1105 de
2000 y 24 del Decreto 2211 de 2004, esto es, en el monto equivalente a diez mil
millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos un mil ciento cuarenta y
seis pesos. ($10.168.801.146), suma que se depreca debidamente actualizada
con aplicación de la siguiente formula de indexación:
VP= VHX IND. F
----------------
IND. I

Donde:

VP= Suma Actualizada
VH= Suma a actualizar
IND. I= Índice de Precios al Consumidor a la fecha de terminación del
contrato 15 de marzo de 2008
IND. F= Índice de Precios al Consumidor a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.

SÉPTIMA: Se imparta cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176 y 177 del C.C.A”.

Hechos

1. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:

1.1. Relató que entre FINSEMA y la E.S.E se celebró el contrato de asociación No.
0648 de 2006 que tenía por objeto realizar las obras, instalaciones y adecuaciones
en un espacio físico de la Unidad Hospitalaria Clínica Comuneros ubicada en la
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, perteneciente a la segunda
de las indicadas, con el fin de poner en marcha y operación las unidades de cuidados

3

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

intensivos de adultos, pediátricas y neonatales adicionales a las existentes y la
unidad de cuidados intermedios bajo la modalidad de atención integral en la clínica.

1.2. Refirió que en la cláusula tercera del contrato se definieron como obligaciones
de la E.S.E.: (i) la entrega a FINSEMA de un espacio en la unidad hospitalaria, con
un área de 635 mt2 para la construcción de las unidades de cuidado intensivo, para
lo cual la Fundación debía realizar adecuaciones a los cubículos, cunas,
habitaciones, áreas de administración y facturación, farmacia, sala de juntas, trabajo
sucio y limpio, áreas de circulación, áreas de desinfección, esterilización y
enfermería, y (ii) permitir el acceso a fin de que se realizaran las obras físicas
necesarias para el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.

1.3. Señaló que en la cláusula cuarta las partes estipularon que, por tratarse de un
contrato de asociación para la explotación de las unidades de cuidados intensivos
por el tiempo de 5 años, no era posible establecer un valor del contrato; sin embargo,
para efectos fiscales lo fijaron en $62’654.400, correspondientes a la compensación
anual que la Fundación debía cancelar a la E.S.E. Agregó que en la cláusula quinta
se estipuló la forma de pago en un valor mensual de $5’221.200 –valor que se
reajustaría anualmente con el IPC y que se empezaría a causar a partir del inicio de
la explotación de las unidades de cuidados intensivos–, más una participación
mínima del 10% de la E.S.E en la facturación neta por la explotación de dichas
unidades.

1.4. Indicó que mediante otrosí del 1º de agosto de 2006 se acordó modificar la
cláusula sexta del contrato –duración del contrato No. 0648 de 2006– y se definió un
plazo de cinco (5) años contados a partir del día en que FINSEMA iniciara la
operación y puesta en marcha de las unidades de cuidados intensivos mediante acta
de entrega que así lo reflejara, una vez se readecuara en forma integral el área
entregada para su funcionamiento. Dijo que el 13 de diciembre de 2006 se suscribió
al acta de inicio de explotación.

1.5. Relató que con la expedición del Decreto 810 del 14 de marzo de 2008 5 se
suprimió y ordenó la liquidación de la E.S.E y, como consecuencia, la apoderada
especial del Consorcio liquidador, mediante comunicación del 15 de marzo de 20086,
dio por terminado el contrato de asociación No. 0648 de 2006, con fundamento en lo
establecido en el artículo 22 del Decreto 2211 de 2004.

1.6. Mencionó que de los sesenta (60) meses que se acordaron ejecutar,
solamente transcurrieron quince (15), lo que causó graves perjuicios económicos a
la Fundación, representados en un desequilibrio contractual producto de las altas
inversiones que se realizaron con el fin de poner en funcionamiento las unidades de
cuidados intensivos, además de la pérdida de utilidades durante los cuarenta y cinco
(45) meses faltantes para la culminación del plazo inicialmente pactado.

1.7. Refirió que, como consecuencia de la reclamación realizada oportunamente
ante el liquidador, se expidió la Resolución No. 000010 del 14 de agosto de 2008,

5 “Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación”.
6 Refirió que la comunicación fue recibida el 18 de marzo de 2008.

4

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

por medio de la cual se decidió rechazarla en el valor correspondiente a
$10.158’801.146 –la reclamación se presentó por un valor total de
$10.168’801.1467– aduciendo para ello los motivos de glosa que se hallaron en la
auditoría integral reflejados en los anexos 1 y 2 del acto administrativo. Indicó que,
al revisar el anexo 2 de la resolución –“RESULTADO INDIVIDUAL AUDITORÍA
INTEGRAL”–, constató que la glosas en las que se soportó esa decisión consistieron
en la falta de competencia del liquidador para reconocerla y en que la E.S.E no era
sujeto pasivo de la obligación reclamada.

1.8. Añadió que la Resolución No. 000010 se pronunció genéricamente frente a la
solicitud de reintegro del costo de las adecuaciones locativas –que en la reclamación
se identificó como “REMODELACIONES Y MEJORAS”– y no de manera individual
como le correspondía. Enseguida citó el aparte No. 2.4 del acto administrativo en el
que se indicó que la reclamación se negaba porque el contratista había asumido
todas las contingencias y riesgos que se presentaran durante la ejecución del
contrato y que como la contingencia se presentó sin intervención de la E.S.E, la
Fundación no le podía trasladar el riesgo a la contratante, por lo cual la rechazó con
fundamento en la glosa No. 10, relativa a que la E.S.E. no es el sujeto pasivo de la
obligación.

1.9. Manifestó que la reclamación que presentó la Fundación también se resolvió
a través de la Resolución No. 000011 del 14 de agosto de 2008 –esta se pronunció
sobre el valor restante de $10.000.000 de la reclamación8–, con fundamento en las
glosas del resultado individual de la auditoría integral realizada, contenidas en los
anexos No. 1 y No. 2 del acto administrativo. Indicó que, revisado el anexo No. 2 de
esta resolución –“RESULTADO INDIVIDUAL AUDITORÍA INTEGRAL”– fue posible
evidenciar que las glosas que soportaron el rechazo de este valor consistieron en
que ese monto era mayor al soportado -$10.158’801.146- y en que carecía de
soportes que permitieran realizar la auditoría.

1.10. Afirmó que en contra de este acto administrativo también presentó recurso
de reposición. No obstante, la decisión fue confirmada a través de la Resolución 053
del 24 de octubre de 2008.

7 Así se indicó en la reclamación No. 70 del 12 de mayo de 2008, que se aportó en dos folios (93 y 94, c. 1). En

este documento no se indica expresamente a qué concepto corresponde la reclamación; sin embargo, del
contenido del anexo 2 de la Resolución 10 (folio 114, c. 1), se extrae que se reclamó $3.227’700.711 por concepto
de “INVERSION INICIAL EN PROYECTOS COMUNEROS” y 6.391’100.435, por concepto de “PERJUICIOS”,
para un total de $10.158’801.146. Según la Resolución 11 -concordada con la 053 que resolvió conjuntamente
los recursos de reposición interpuestos en contra de las resoluciones 10 y 11-, el valor restante de $10’000.000
(sobre el cual se pronuncia ese acto administrativo) no se soportó en ningún concepto, por lo que se impuso las
glosas 12 “La reclamación carece de soportes que permitan realizar la auditoría” y 4.15 “Mayor valor reclamado
frente al soportado” (folio 138, c.1). En la Resolución 053, al resolver ambos recursos de reposición, se confirmó
la imposición de las glosas 10 y 14 -sobre falta de competencia del liquidador y que no es sujeto pasivo de la
obligación-. No obstante, hizo unas precisiones frente a la Resolución 11 para indicar que “Teniendo en cuenta
lo manifestado en el recurso de reposición se constató que la suma de $10.000.000 corresponde a un error en
la suma de los daños y perjuicios reclamados a la ESE y que de dicha suma no se aportó ningún soporte que
acreditara su existencia…” (folio 25, c. 1), por lo que, adicionalmente a lo anterior (la falta de competencia del
liquidado), también mantuvo las glosas impuestas frente al valor de $10’000.000. Estos aspectos no fueron
explicados en la demanda; sin embargo, se hace esta anotación en los antecedentes para procurar un claro
entendimiento del caso.
8 Ver pie de página 7.

5

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

Fundamentos de derecho

2. En el acápite de fundamentos de derecho la parte demandante hizo alusión a
las siguientes normas:

2.1. Afirmó que se vulneró el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 porque se rompió
el equilibrio económico del contrato y no se compensó al contratista respecto de los
perjuicios causados con su terminación unilateral por efecto de la supresión y
liquidación de la entidad contratante. Aseveró que la supresión y liquidación de la
entidad pública se asocia a la teoría de la imprevisión o a la del hecho del príncipe y
que, por tanto, esa circunstancia obedeció a un alea excepcional y extraordinaria que
no le correspondía asumir, por lo que no era procedente que se rechazaran las
reclamaciones que presentó en el proceso de liquidación de la E.S.E, pues se debían
compensar los perjuicios generados con el fin de conservar la ecuación contractual.

2.2. Agregó que no existe ninguna justificación legal para que la E.S.E niegue el
reconocimiento de los perjuicios generados como consecuencia de la terminación
del contrato, con fundamento en el argumento de que se había celebrado un contrato
sin riesgo compartido, modalidad que no se encuentra en el ordenamiento jurídico,
pues esto contraría el referido artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado en relación con la conservación de la ecuación económica
del contrato9 de cara a la correspondencia de las prestaciones que están a cargo de
cada una de las partes.

2.3. Dijo que la reclamación por daño emergente y lucro cesante se resolvió de
forma genérica y no individual y que como sustento de ella se indicó que no existían
documentos en los que constaran obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo
cual el liquidador carecía de competencia para reconocerlas en tanto no podía
controvertir, dirimir y determinar la existencia de un derecho no contenido en un título
ejecutivo.

2.4. Enseguida, mencionó que los artículos 4º y 6º del Decreto Ley 254 de 2000
señalan que es función del liquidador “[t]ransigir, conciliar, comprometer, compensar
o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y reclamaciones que se
presenten dentro de la liquidación, cuando sea del caso, y atendiendo las reglas
sobre prelación de créditos establecidas en el presente decreto”, por lo que no era
dable, so pretexto de negar el reconocimiento de los perjuicios reclamados, aducir
competencias diferentes a la señaladas por el ordenamiento jurídico con el propósito
de desconocer los derechos económicos de FINSEMA.

Contestación de la demanda

3. El 26 de enero de 201010 la E.S.E contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de su oposición, expresó lo que
la Sala se permite resumir a continuación:

9 Como fundamento de esa afirmación se refirió a la sentencia del 9 de junio de 2005, CP. Alier Eduardo

Hernández, con Rad. 14291, y la sentencia del 8 de marzo, CP. Ruth Stella Correa Palacio, con rad. 15052.
Sentencia del 18 de septiembre de 2003, CP. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 15119.
10 Folio 295 a 304 cuaderno 1

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Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

3.1. Mencionó que el contrato No. 0648 de 2006 no era un contrato de obra pública
sino una asociación a través del cual FINSEMA llevaría a cabo por su cuenta y riesgo
el negocio acordado. En este sentido, dijo que el espacio entregado fue cedido para
que se adecuara y se prestara el servicio de UCI, mas no para hacer obras.

3.2. Dijo que el Gobierno está facultado para liquidar las empresas, sin que ello
implique un incumplimiento contractual, ya que el contrato no se termina o liquida
caprichosamente, sino que son consecuencias derivadas de la decisión estatal de
liquidar una entidad pública.

3.3. Afirmó que es incoherente la afirmación asociada al desequilibrio contractual
porque el contrato se pactó bajo cuenta y riesgo del contratista. Agregó que
FINSEMA recibió ingresos como consecuencia de la ejecución contractual y, por ello,
debió pagar a la E.S.E por la cesión del espacio que ocupaba.

3.4. Señaló que el liquidador no tiene facultad para reconocer derechos que no
estén sustentados en títulos ejecutivos y que el acto administrativo demandado –no
discriminó cuál– no tenía por finalidad terminar el contrato sino liquidar la E.S.E.
Agregó que la demandante no se puede catalogar como acreedora, toda vez que era
la que hacía los pagos a la E.S.E, no al contrario.

3.5. Indicó que no es cierto que los actos administrativos que negaron las
reclamaciones de la demandante carezcan de motivación, toda vez que se refieren
a los motivos de las glosas que sustentaron la decisión y aducen a la “FALTA DE
COMPETENCIA DEL LIQUIDADOR PARA RESOLVER SOBRE LA PRETENSIÓN”,
toda vez que lo solicitado por el demandante no podía ser resuelto por él. Agregó
que en el acto administrativo no era posible hacer alusión en detalle a las
competencias del liquidador y que no existe una regla jurídica que determine la forma
en la que debe hacerse dicha motivación.

3.6. Finalmente, propuso las siguientes excepciones:

i) "INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN”, “LEGALIDAD DEL ACTO DE
LIQUIDACIÓN Y DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO
ASOCIADO Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN”. Como
fundamento afirmó que el demandante invocó la acción equivocada porque los actos
del liquidador están sometidos al control de la jurisdicción contencioso -
administrativa bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero la
demanda se instauró en ejercicio de la de controversias contractuales, a pesar de
que los hechos no se refieren a temas de esa naturaleza, sino a la negativa asociada
al pago de los equipos –que se encuentran en poder del demandante– y las
utilidades que esperaba recibir, indemnizaciones que fueron negadas por el
liquidador. Agregó que la demanda fue inoportuna porque no se instauró dentro del
plazo determinado por la ley para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
que era la procedente, y añadió que no se agotó el requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial, pues el trámite se surtió por hechos que se basaron en los
términos del contrato, y no en los reparos a los actos administrativos del liquidador.

7

Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

ii) “INEXISTENCIA DE DAÑO EMERGENTE Y DEL LUCRO CESANTE
RECLAMADO”. Al referirse al daño emergente, señaló que no hay pruebas acerca
de la adquisición de equipos por parte de FINSEMA y que, además, ésta pretende
su pago a pesar de que los tiene en su poder porque los retiró del hospital junto con
toda la instalación requerida para su funcionamiento. En relación con el lucro
cesante, señaló que no hay lugar a su reconocimiento porque se trató de un contrato
de asociación que, según lo admiten las normas del derecho común que le eran
aplicables, se pactó sin riesgo compartido, lo que impedía a la contratista alegar a
su favor el rompimiento del equilibrio económico.

iii) “INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR ASUNCIÓN DE RIESGOS POR
CADA CONTRATANTE”, con fundamento en que, con la suscripción del contrato,
las partes acordaron la asunción de riesgos, razón por la que considera que no era
procedente que la demandante alegara el desequilibrio económico, cuando
previamente había aceptado los riesgos de la ejecución contractual.

vi) “FALTA DE COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN”, con fundamento en que en la
cláusula decimonovena del contrato se pactó una cláusula compromisoria.

v) “EXCEPCIÓN GENÉRICA”, con fundamento en lo establecido en el artículo 306
del C.P.C., pidió que se declare probada cualquier excepción derivada de los hechos
que se demuestren en el proceso.

Alegatos en primera instancia.

4. Surtido el debate probatorio11, se corrió el traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto; etapa procesal en la cual
tanto la parte actora12 como la demandada13 se pronunciaron para insistir en los
argumentos de las pretensiones y de la defensa, respectivamente. El Ministerio
Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia de primera instancia

5. El a quo14 declaró no probadas las excepciones denominadas “LEGALIDAD
DEL ACTO DE LIQUIDACION Y DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

11 En auto del 6 de febrero de 2014 se abrió a pruebas el proceso – folios 368 a 371 del cuaderno 1- providencia

en la que se le dio valor probatorio a los documentos allegados con la demanda, decretó un dictamen pericial de
un contador público con el fin de que se pronunciara con respecto a la cuantificación de los costos y gastos en
que incurrió el demandante durante la ejecución del contrato, así como también para que determinara cuáles
habían sido los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la terminación anticipada del contrato, medio
probatorio que fue practicado y es visible a folio 506 a 530 del cuaderno 1, se ofició a la Caja de Previsión de
Comunicaciones CAPRECOM y a la Clínica los Comuneros de Bucaramanga para que informaran el valor
facturado por FINSEMA en el periodo comprendido entre mayo de 2006 y marzo de 2009, también ofició al
Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de que aportaran el acta de retiro de los equipos adquiridos e
instalados por FINSEMA. Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga, a través de oficios 5 de agosto
de 2015, informó a la Procuraduría General de la Nación, que esa institución no tenía información relacionado
con la “antigua” Clínica Comuneros, ni con la ESE (folios 537 a 540, c.1). El Ministerio contestó a través de oficio
radicado ante el Tribunal el 13 de enero de 2015. Anexó resoluciones 10 y 11 del 14 de agosto de 2008 y 53 del
24 de octubre de 2008 (folios 401 a 453, c.1), comunicaciones cruzadas sobre solicitud de retiro de bienes
muebles instalados en la clínica Comuneros (folios 462 a 465, c. 1). Se comisionó al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander para recibir el testimonio de la señora Leonor Cecilia Gómez Soto.
12 Folio 602 a 622 cuaderno 1
13 Folio 645 a 650 cuaderno 1
14 Se consignó un salvamento de voto.

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Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

SERVICIO ASOCIADO Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN” e
“INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN”. Refirió que la acción interpuesta fue la
pertinente porque FINSEMA formuló pretensiones de naturaleza contractual, en
tanto pretendió la liquidación judicial del contrato de asociación No. 0648 del 2006 y
la nulidad del oficio mediante el cual se lo terminó unilateralmente, así como la
nulidad de las resoluciones No. 010, No. 011 y 053 de 2008, actos administrativos a
los que les dio el tratamiento de contractuales. Con base en lo anterior, concluyó,
además, que la demanda se interpuso dentro del término previsto legalmente para
ejercer tal acción.

5.1. Frente a la excepción denominada “FALTA DE COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN”, señaló que mediante auto del 1º de diciembre de 2010 el Tribunal
Administrativo declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el proceso al
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cúcuta. No obstante, al
resolver el recurso interpuesto en contra de esa decisión, el Consejo de Estado la
revocó con fundamento en la imposibilidad de que los árbitros se pronunciaran sobre
decisiones adoptadas por el liquidador de la entidad, en tanto se trata de actos
administrativos, por lo que, de conformidad con la Constitución y la Ley, correspondía
a la jurisdicción contencioso administrativa resolver, de manera exclusiva y
excluyente, los asuntos relativos a su legalidad15.

5.2. Finalmente, en relación con las excepciones denominadas “INEXISTENCIA DE
RESPONSABILIDAD POR ASUNCIÓN DE RIESGOS POR CADA CONTRATANTE"
e “INEXISTENCIA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE” señaló que las
resolvería al dilucidar el objeto de la litis, por controvertir de fondo los fundamentos
de las pretensiones de la demanda.

5.3. Definido lo anterior, el a quo se pronunció sobre el fondo del litigio. Como
sustento de su decisión expresó las siguientes razones:

5.4. Empezó por señalar que lo que la parte demandante pretende es que se
restablezca el equilibrio económico del contrato No. 0648 de 2006, en tanto se habría
alterado con ocasión de su terminación unilateral.

5.5. Como contexto para resolver, mencionó que mediante Decreto 810 de 2008
se suprimió la E.S.E y, como consecuencia de ello, se ordenó su liquidación. Dijo
que el régimen aplicable a este procedimiento era el establecido en el Decreto 254
de 2000 y en la Ley 1105 de 2006. Refirió que, de conformidad con el artículo 29 del
Decreto 254, los contratos de las entidades sometidas al proceso de liquidación
forzosa deben terminarse, cederse o traspasarse, y deben liquidarse antes de la
liquidación de la entidad pública. Agregó que de manera previa a la liquidación
contractual se debe hacer un estudio respecto de las cuentas y el estado de
cumplimiento del contrato, de forma tal que, con base en ello, se pueda efectuar la
liquidación del negocio jurídico. Después de ello, refirió que, en los términos de la
Ley 80 de 1993, la liquidación del contrato puede ser bilateral, unilateral o judicial.
Adicionalmente, se refirió a la figura del rompimiento del equilibrio económico del
contrato y señaló que la misma está supeditada a la continuación de su ejecución en

15 Auto del 8 de noviembre de 2012, CP. Enrique Gil Botero -Folio 344 a 351 cuaderno 1-.

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Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

tanto persigue solucionar los eventos en los cuales la ejecución del contrato se
vuelve más onerosa para el contratista.

5.6. Preciado lo anterior, concluyó que como el contrato se terminó
unilateralmente, ello excluía la posibilidad de que se reconociera compensación o
indemnización alguna por concepto del rompimiento del equilibrio económico, en
tanto esta figura busca que se solventen eventos que puedan hacer más gravoso su
desarrollo, con miras a garantizar la continuidad de la ejecución de objeto pactado.

5.7. Añadió que la terminación unilateral del contrato no era imputable a la entidad
demandada en la medida que se produjo como consecuencia de la decisión del
Gobierno Nacional de suprimir y liquidar a la E.S.E, decisión adoptada mediante el
Decreto 810 del 14 de marzo de 2008. Al respecto, explicó que la terminación
unilateral del contrato se llevó a cabo con fundamento en lo definido en el artículo 29
del Decreto 254 de 2000 y el artículo 22 del Decreto 2111 de 2004, normas que
autorizan ponerle fin de manera unilateral a los contratos que no sean necesarios
para la liquidación de la entidad pública.

5.8. En lo que concierne a la liquidación judicial, señaló que no se encontró
objeción para proceder a realizarla; sin embargo, advirtió que, ante la ausencia de
pruebas con el fin de determinar el valor adeudado entre las partes a la fecha de
terminación, se debía finiquitar el negocio en $0, por no encontrarse probado si la
E.S.E le adeudaba alguna suma de dinero a FINSEMA con ocasión de la ejecución
del contrato o viceversa.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

6. FINSEMA pidió que se revoque en su integridad la sentencia de primer grado
y, en su lugar, se declare (i) la nulidad de la comunicación del 15 de marzo de 2008
–de terminación del contrato–, (ii) así como la de las resoluciones que negaron las
acreencias, (iii) se condene a la E.S.E a restablecer el equilibrio económico del
contrato y (iv) se ordene la liquidación con inclusión de las cifras que, según el
dictamen pericial, corresponde reconocer a la Fundación por concepto de los
perjuicios. Como fundamento de su solicitud expresó las razones de inconformidad
que pasan a describirse:

6.1. Controvirtió la afirmación del Tribunal según la cual la ruptura del equilibrio
económico del contrato está supeditada a la continuidad de la ejecución del mismo.
Sobre el particular aseguró que esa limitación no surge de la figura del rompimiento
del equilibrio económico porque está prevista para mantener la equivalencia entre
los derechos y las obligaciones de los contratantes cuando se hubieren alterado
durante el desarrollo del contrato, por causas no imputables a ellas. En línea con lo
anterior, señaló que es equivocada la distinción que hizo el a quo entre la figura del
equilibrio económico y la de terminación unilateral, así como la afirmación de que
son ajenas y excluyentes entre sí, en tanto una de ellas puede conllevar a la otra.

6.2. Afirmó que en este caso el rompimiento de la ecuación económica del contrato
se dio como consecuencia de la terminación unilateral que tuvo origen en el hecho
del príncipe por la expedición del Decreto 810 del 14 de marzo de 2008. Con base

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Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

en lo anterior, aseveró que es procedente entrar a liquidar el negocio jurídico y tomar
las medidas necesarias para restablecer su equilibrio económico, de conformidad
con las cifras que fueron reportadas por el perito en el curso del proceso judicial.

6.3. Reiteró la necesidad de declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y el reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda, con
fundamento en los siguientes hechos que afirmó probados: (i) la existencia del
vínculo contractual; (ii) las inversiones y gastos preoperativos en los que incurrió
FINSEMA por la suma de $3.227’700.711; (iii) la liquidación y supresión de la E.S.E;
(iv) la terminación unilateral y anticipada del contrato No. 0648 de 2006; (v) la
demostración de que la E.S.E estaba facultada para terminar el contrato, pero no
para hacerlo sin proceder a su liquidación y a determinar por esa vía si alguna de las
partes estaba como deudora de la otra o sufría alguna consecuencia con esa
decisión; (vi) el hecho de que la E.S.E ordenó la terminación del contrato sin realizar
previamente la liquidación que permitiera establecer el posible rompimiento del
equilibrio económico en contra de la Fundación; (vii) el hecho de que la terminación
intempestiva del contrato impidió a FINSEMA obtener las utilidades proyectadas, por
lo cual toda la inversión realizada para ejecutar el negocio se convirtió en daños; (viii)
el hecho de que los equipos que adquirió la Fundación y las adecuaciones locativas
que realizó nunca le fueron devueltos a pesar de que así se le solicitó, en tanto la
E.S.E respondió que debía presentarse como reclamación ante el Liquidador y que
así se procedió al presentarla por un valor total de $10.168’801.146, pero que fue
negada. Afirmó que existió un documento en el que se autorizó el retiro de los
equipos y se fijó fecha para ello, pero que eso nunca se llevó a cabo, lo cual se
comprueba porque no existe acta de entrega de los mismos; (ix) que la utilidad
dejada de percibir ascendió a $6.931’100.43516; y (x) que la E.S.E negó el
reconocimiento de las acreencias que presentaron ante el liquidador.

6.4. Afirmó estar de acuerdo con la posición consignada en el salvamento de voto17
para indicar que las resoluciones que terminaron unilateralmente el contrato y que
negaron las reclamaciones presentadas eran nulas por haber sido emitidas sin
haberse liquidado el contrato con anterioridad a la terminación unilateral del negocio
jurídico.

6.5. Aseguró que en la valoración probatoria, el a quo no tuvo en cuenta los estados
de resultados de FINSEMA, y las comunicaciones cruzadas que dan cuenta de que,

16 Indicó que la prueba pericial determinó que las utilidades dejadas de percibir ascendieron a $6.179’270.623 y

la rentabilidad sobre el patrimonio a $827’504.000.
17 En el salvamento de voto se expresó que el objeto de la litis no consistía en determinar si con la liquidación de

la E.S.E el contrato se terminaba, sino en establecer si, dada la liquidación de la entidad pública, la liquidación
del contrato se debía hacer antes de la terminación del negocio jurídico, cuestionamiento al que respondió de
forma afirmativa, al estimar que en el trámite de liquidación de la E.S.E no era aplicable lo dispuesto en el artículo
22 del Decreto 2211 de 2004 porque el Decreto 810 –que ordenó su supresión y liquidación– dispuso que el
procedimiento se sometería a las reglas del Decreto 254 de 2000 y de la Ley 1105 de 2006 y que como la primera
de las referidas normativas reguló lo relacionado con la liquidación de los contratos que debían terminarse por
efecto de la liquidación de la entidad pública (para ello se refirió al artículo 29 ), en esa materia no había lugar
para acudir al artículo 22 del Decreto 2211 de 2004.
De esta manera se indicó que, según el artículo 29 del Decreto 254 de 2000, la liquidación del contrato se debe
hacer antes de la fecha de liquidación de la entidad pública y que, para ello, debe existir un estudio previo sobre
las cuentas y estado de cumplimiento del contrato. En consecuencia, concluyó que como el contrato se terminó
sin previamente haberse liquidado, los actos administrativos demandados eran ilegales. Agregó que en este caso
sí se alteró el equilibrio económico del contrato porque se está ante una “abrupta terminación del contrato, cuya
génesis tuvo origen en el hecho del príncipe”, por lo cual, a juicio de la magistrada disidente, se debían indemnizar
los perjuicios causados a FINSEMA tanto por concepto de daño emergente como por lucro cesante.

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Acción: Controversia Contractual

si bien se autorizó la salida de los equipos, éstos no fueron entregados18, así como
el dictamen pericial en el que se determinaron los perjuicios causados a la
demandante.

7. El 19 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander concedió el
recurso de apelación19, el cual fue admitido por esta Corporación el 22 de marzo de
201720. El 3 de mayo de 201721 se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y para que, una vez concluido el término mencionado, se dejara a
disposición del Ministerio Público para que rindiera concepto.

7.1. El 22 de mayo de 2017 la parte demandante presentó sus alegatos 22 para
reiterar los argumentos en los que soporta sus pretensiones. Hizo énfasis en que: (i)
se configuró un rompimiento del equilibrio económico del contrato dada la decisión
de suprimir y liquidar a la E.S.E, (ii) el contrato no podía terminarse sin antes
liquidarse, (iii) dada la terminación anticipada del contrato, no pudo recuperar la
inversión realizada, ni obtener las utilidades que esperaba, (iii) los equipos no le
fueron reintegrados y tampoco los elementos que se instalaron para poderlos operar,
pues, si bien se dio autorización para el retiro, ese acto no se llevó a cabo, tanto que
no hay documento que lo compruebe; en cambio, se le indicó que debía presentar
reclamación en ese sentido ante el liquidador, pero que esta tampoco se resolvió
favorablemente.

8.2. La parte demandada presentó sus alegatos el 22 de mayo de 2017 23 para
insistir en las razones de defensa y excepciones con el objeto de señalar que: (i)
como el contrato se rigió por el derecho privado y se celebró sin riesgos compartidos,
FINSEMA asumió los riesgos y la E.S.E no le prometió ninguna clase de utilidad, por
lo cual no tiene derecho al reconocimiento de las reclamaciones presentadas; (ii) lo
mencionado en el recurso de apelación respecto de la ausencia de prueba de la
entrega de los equipos y materiales utilizados para su operación es un hecho nuevo
que no se alegó en la demanda; de cualquier manera, esos elementos sí se
entregaron, de lo cual da cuenta el oficio en el que se autorizó su retiro así como el
hecho de que ese aspecto no hubiere sido alegado expresamente desde el momento
de la demanda y no se desplegara actividad probatoria encaminada a acreditarlo,
todo esto sin considerar que en la reclamación no se pidió su devolución, sino el
reconocimiento y pago de una indemnización; (iii) el dictamen pericial arroja
exactamente la misma cifra reclamada por la parte actora porque se basó solo en la
demanda.

8.3. El representante del Ministerio Público guardó silencio24.

18 Se refirió a las comunicaciones: 18 de marzo de 2008, 1 de abril de 2008, 29 de abril de 2008, 21 de mayo de

2008, 10 de octubre de 2008, 16 de octubre de 2008 y formularios de reclamación.
19 Folio 693 del cuaderno Consejo de Estado.
20 Folio 698 del cuaderno Consejo de Estado.
21 Folio 700 cuaderno Consejo de Estado
22 Folio 701 a 723 del cuaderno Consejo de Estado.
23 Folio 724 a 728 cuaderno Consejo de Estado
24 Folios 729 del cuaderno Consejo de Estado.

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III. CONSIDERACIONES

Cuestiones previas

9. FINSEMA solicitó que se declare la nulidad de los actos emitidos por el
liquidador mediante los cuales, de una parte, se dio por terminado el contrato No.
0648 de 2006 –la comunicación del 15 de marzo de 2008– y, de otra, se emitió
pronunciamiento respecto de las reclamaciones que esa Fundación presentó durante
el trámite de liquidación administrativa de la E.S.E –las Resoluciones Nos. 010 y 011
del 14 de agosto de 2008 y su confirmatoria, la Resolución No. 053 del 24 de octubre
de 2008–.

10. La pretensión cuestionando la legalidad de la decisión de terminar
unilateralmente el contrato no estuvo acompañada de una razón que la sustentara.
Sobre ese punto, la demanda se limitó a señalar que la terminación del contrato
había generado unos perjuicios que, al haber provenido de un hecho “excepcional y
extraordinario” (refiriéndose al proceso de liquidación de la E.S.E) no debían ser
asumidos por la contratista25. Dijo que si bien el proceso de liquidación forzosa al
que fue sometida la E.S.E “constituye una actuación estatal excepcional cuya
legitimidad no se discute, ello naturalmente implica compensar la entidad particular
que represento en razón a los perjuicios que se le ocasionaron con la abrupta
medida”26. De manera que no formuló ningún argumento atinente a debatir la
legalidad de esa decisión. En suma, lo que alegó fue que esa decisión le generó
unos perjuicios, pero no que fuera ilegal. De hecho, a partir del escrito de la demanda
no es posible construir, sin vulnerar el derecho al debido proceso de la demandada
y los principios de congruencia e imparcialidad, ningún cargo de ilegalidad en contra
de esa decisión.

10.1. En lo que concierne a las pretensiones de nulidad de los actos administrativos
que se pronunciaron frente al reconocimiento de acreencias, las mismas se
soportaron en: la falta de motivación, relativa a que los actos no expresaron las
razones que soportaron las glosas que se impusieron, y en la falsa motivación, por
estimar que, contrario a lo referido en los actos, sí se aportaron los documentos que
sustentaron la reclamación, el liquidador sí era el competente para resolver sobre la
reclamación y el contratista no asumió los riesgos del contrato en relación con su
terminación anticipada.

10.2. Observa la Sala que en la parte considerativa de la sentencia que se recurre
el Tribunal no hizo consideraciones expresas frente a los cargos de nulidad antes
indicados, en tanto consideró que el problema jurídico se circunscribía a determinar
si hubo o no un rompimiento del equilibrio económico del contrato27, planteamiento

25 “En síntesis, para el sub judice, es innegable que la FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA
EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL MAGISTERIO FINSEMA se le ocasionaron notables perjuicios frente a la
actividad estatal de liquidación dispuesta mediante Decreto 810 del 14 de marzo de 2008 siendo ésta un alea
que no le correspondía asumir dado su carácter excepcional y extraordinario …”. Aparte extractado del acápite
de fundamentos de derecho de la demanda (folio 17, cuaderno 1).
26 Folio 17, cuaderno 1.
27 Expresamente indicó: “4. Análisis del caso concreto // Mediante el ejercicio de la presente acción pretende

la parte accionante que sea restablecido el equilibrio económico del contrato de asociación No. 0648 de 2006,
que suscribió con la E.S.E. Francisco de Paula Santander, aduciendo para dicho efecto que el equilibrio

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que resolvió en forma negativa al concluir que en este caso lo que se presentó fue
una terminación del negocio jurídico, lo que excluía la posibilidad de restablecer las
condiciones pactadas. Al lado de esto, señaló que la terminación del contrato no le
era imputable a la demandada y estaba avalada por la ley, en la medida que, tanto
el artículo 29 del Decreto 254 de 2000, como el artículo 22 del Decreto 2211 de 2004,
autorizaban al liquidador para poner fin a los contratos que no fueran necesarios para
la liquidación de la entidad pública. No obstante, en la parte resolutiva, después de
declarar liquidado el contrato, el Tribunal decidió negar “las restantes” pretensiones
de la demanda, lo que incluye las relativas a la nulidad de los actos emitidos por el
liquidador.

10.3. En su impugnación la apelante insiste en que se declare la nulidad de las
citadas resoluciones, pero no reprocha la manera como el Tribunal decidió negarlas,
aunque sí introdujo por vía del recurso una nueva causa para sustentar lo relativo a
la nulidad de tales actos, haciendo suyo lo consignado en el salvamento de voto,
esto es, que antes de terminar el contrato y expedir los actos que se pronunciaron
frente a las reclamaciones, el Liquidador de la E.S.E debía proceder a la liquidación
del contrato.

10.4. Sobre el nuevo cargo, la Sala se abstendrá de considerarlo en esta instancia,
en tanto supondría una vulneración de los principios de congruencia, imparcialidad
y, correlativamente, del derecho al debido proceso de la parte demandada, en la
medida que lo consignado en el salvamento de voto fija el criterio del magistrado que
lo suscribió para considerar que el acto de terminación y los que resolvieron las
reclamaciones eran nulos, aspecto que como se revela en la demanda no fue traído
a juicio por la parte actora.

10.5. La Sala no desconoce que la mención que hizo el Tribunal frente a lo
dispuesto en los artículos 29 del Decreto 254 de 2000 y 22 del Decreto 2211 de 2004,
mereció que una de las integrantes de esa corporación manifestara su desacuerdo
con el fallo por estimar que el segundo de los mencionados artículos no era aplicable
al caso y que, en su sentir, ello significaba que los actos demandados –tanto el de
terminación como los que negaron las acreencias– eran nulos por haberse proferido
sin que de manera previa se realizara la liquidación del negocio jurídico. Esta
manifestación, a no dudarlo, no corresponde a un argumento que fuere alegado por
la parte actora como sustento de sus pretensiones, por lo cual la demandada
tampoco se pronunció al respecto.

10.6. En ese contexto, en tanto FINSEMA trae con su recurso de apelación un
argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia y en la medida que no
presentó ningún reparo frente a la forma en la que el a quo despachó negativamente
las pretensiones asociadas a la validez de los actos del liquidador que negaron las
acreencias reclamadas –ni insistió en los cargos que formuló en la demanda en su
contra–, la Sala acotará su estudio y definición a las pretensiones contractuales que
se concretan en la reclamación de los perjuicios que se habrían derivado de la
terminación anticipada y unilateral del contrato.

contractual se vio alterado con la terminación unilateral del mencionado contrato por la entidad demandada” (folio
661, cuaderno principal).

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10.7. En efecto, la parte actora pretende que se reconozcan a su favor los perjuicios
que estima se le habrían causado con la terminación anticipada del contrato No. 0648
de 2006, con motivo de la liquidación forzosa de la E.S.E. Desde la perspectiva de
la demandante, la liquidación pluricitada frustró su aspiración a recuperar las
inversiones efectuadas y la privó de percibir los ingresos proyectados. A su juicio,
este daño es imputable a la parte demandada porque tal terminación habría
respondido a un alea que la actora no estaba obligada a soportar.

10.8. Ahora, sin que la siguiente manifestación implique una contradicción con lo
que acaba de precisarse, como punto de partida habrá de considerarse que el
conflicto que propone el demandante debe ser defnid por el juez del contrato y no
por el liquidador de la entidad pública, cuya función, en lo que concierne a las
reclamaciones de los acreedores en punto a la exigibilidad y pago de las obligaciones
del ente suprimido, está encaminada a calificarlas y graduarlas con el fin de llevar
a término la liquidación definitiva de la entidad 28; como parte de este encargo puede,
además, transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o
extrajudicialmente en los procesos y reclamaciones que se presenten en el curso de
la liquidación29, pero no puede resolver de manera unilateral e impositiva los
conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad
durante su existencia, en tanto la ley no le confirió facultades para ello. Es por esto
que las obligaciones que está habilitado a reconocer el liquidador son solamente
aquellas respecto de las cuales no existe duda acerca de su existencia y
exigibilidad30.

10.9. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando en el curso
del proceso de liquidación se niega el reconocimiento y pago, con cargo a la masa
de liquidación, de obligaciones cuyo origen se imputa a un contrato, esta decisión,
de conformidad con el artículo 7º del Decreto Ley 254 de 2000, se exterioriza
mediante declaraciones unilaterales de la voluntad expresadas en un acto
administrativo31; por tanto, la parte desfavorecida con ella no puede pretender lograr

28 De conformidad con el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante, EOSF) -

aplicable al caso por remisión expresa del inciso segundo del artículo 1º del Decreto 254 de 2000, que regula el
régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, como lo era la ESE Francisco de Paula
Santander (creada mediante el Decreto-ley 1750 de 2003, como una categoría especial de entidad pública
descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio)- el
proceso de liquidación forzosa administrativa “tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el
pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos,
preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios
de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos”.
29 De conformidad con el artículo 6 del Decreto 254 de 2000, son funciones del liquidador, entre otras: “k)

Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, en los procesos y
reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, hasta el monto autorizado por la junta liquidadora,
cuando sea del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecidas en el presente decreto”.
30 Así se deduce, entre otras normas, del ya citado artículo 293 del EOSF que señala el objeto del proceso de la

liquidación forzosa administrativa consiste en realizar los activos y pagar el pasivo externo, así como de lo
dispuesto en el artículo 22 del Decreto 254 de 2000 que señala que “2. La relación de pasivos deberá sustentarse
en los estados financieros de la entidad y en los demás documentos contables que permitan comprobar su
existencia y exigibilidad” y también en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004 según el cual, “si
el Liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista en el presente decreto, la
rechazará”.
31 “Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general,

los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y
serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del
liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
no suspenderá en ningún caso el procedimiento de liquidación”.

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Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

ese mismo reconocimiento por vía judicial, sin someter a juicio la legalidad de ese
acto, dadas las atribuciones propias que se derivan de su presunción de legalidad.

10.10. Con todo, cabe precisar que lo acabado de mencionar no es lo que ocurre en
este caso, en tanto al revisar el contenido de las Resoluciones Nos. 010, 011 y 053,
se puede constatar que justamente en ellas se expresó que el liquidador carecía de
competencia para resolver la reclamación de FINSEMA, en la medida que no se
refería a la exigibilidad de una obligación preexistente, por lo que la definición sobre
su reconocimiento correspondía al juez32.

32 De lo que da cuenta el expediente es de que FINSEMA presentó reclamación a la E.S.E. –que fue identificada

con el número 70– por un valor total de $10.168’801.146 por concepto de “INVESRIÓN INICIAL EN PROYECTO
UCI COMUNEROS” y por “PERJUICIOS”, la cual fue resuelta a través de dos resoluciones diferentes: (i) la
Resolución No. 010, por medio de la cual se negó el reconocimiento con fundamento en que “el Apoderado
General del Liquidador no tiene la competencia para reconocer las reclamaciones respecto del lucro cesante y
del daño emergente (Glosa 14.0); porque no existe obligación a cargo de la E.S.E. FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN LIQUIDACIÓN, en relación con las adecuaciones locativas que el reclamante cobra como
mejoras, por ende la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER no es el sujeto pasivo de la obligación
reclamada (Glosa 10.0)”. Como sustento expresó que las reclamaciones que solicitan que el liquidador declare
la existencia de un derecho no determinado por la autoridad competente deben ser rechazadas porque el
liquidador carece de competencia para pronunciarse sobre ellas en tanto no constan en títulos que presten mérito
ejecutivo. Frente al concepto de mejoras locativas, dijo que el contrato se celebró “sin riesgo compartido” por lo
que debían ser asumidas íntegramente por el contratista “y el eventual daño emergente ocasionado por la
terminación unilateral de aquellos contratos en virtud de la fuerza mayor proveniente de la liquidación de la ESE
(…) ordenada por la autoridad competente, no se constituye como una obligación clara, expresa y actualmente
a su cargo, sino que por el contrato fue un riesgo asumido únicamente por los reclamantes”. Con base en lo
anterior, en el anexo 2 de la Resolución 10, se indicó como glosas impuestas a la reclamación 70, tanto al
concepto de “INVERSIÓN INICIAL PROYECTO UCI COMUNEROS”, como al de “PERJUICIOS”, la 10 y la 14,
es decir, falta de competencia del liquidador para resolver las reclamaciones y la E.S.E no es el sujeto pasivo de
la obligación (folio 114, c. 1). En esta resolución el valor glosado fue de $10.158’801.146, es decir, $10.000.000
menos de los reclamados (folio 111, cuaderno 1). (ii) en la Resolución 11, la E.S.E se pronunció respecto de ese
saldo, y señaló que en relación con aquél la reclamación carecía de los soportes que permitiera realizar la
auditoría (Glosa 12) y porque se había reclamado un mayor valor al soportado (Glosa 4.15) (folios 138, cuaderno
1). En contra de las resoluciones se interpuso recurso de reposición, para ambos casos, con fundamento en los
mismos argumentos, entre ellos, se mencionó que la terminación del contrato había constituido el rompimiento
del equilibrio económico que debía ser reparado por la ahora demandada. Los recursos fueron resueltos a través
de la Resolución 53 del 24 de octubre de 2013, en la que se señaló, de manera general para ambos actos, que
el liquidador carecía de competencia para reconocer créditos que no constaran en títulos ejecutivos, por lo cual
no podía aceptar la reclamación 70. Al referirse específicamente a la glosa 10 -relativa en la Resolución 10, a las
mejoras locativas- insistió en que el riesgo lo debía asumir la contratista e indicó que en el contrato se pactó que
las adecuaciones serían entregadas a la E.S.E a la finalización del contrato sin contraprestación alguna y afirmó
que “la ESE EN LIQUIDACION, no es el sujeto pasivo de las indemnizaciones reclamadas por cuanto en el
contrato solo el contratista asumió los riesgos y en ninguna medida la entidad en liquidación. Por tanto, la ESE
no es el sujeto pasivo de la obligación reclamada (Glosa 10). A esto debe aunarse que la Apoderada General
del Liquidador no tiene la competencia para reconocer créditos que no consten en títulos ejecutivos
(Glosa 14)” (énfasis agregado, folio 25, c. 1).

Adicionalmente, se refirió a la Resolución 011 para explicar que las
glosas 4.15 y 12 las impuso porque, si bien la reclamación se presentó por un valor total de $10.168’801.146,
solo se soportó la suma de $10.158’801.146, por lo que, respecto de ese saldo, estimó necesario pronunciarse
en un acto aparte. No obstante, señaló que este valor, al igual que el anterior, no constaba en un título ejecutivo,
por lo cual no podía ser reconocido por el liquidador por carecer de competencia para ello (folios 179 a 207,
cuaderno 1). Con todo, en lo que concierne al valor de $10’000.000, cabe agregar que, al revisar la estimación
de la cuantía que quedó consignada en la demanda, la parte actora no solicita el reconocimiento de ese monto,
en tanto al sumar los conceptos que relacionó por daño emergente y lucro cesante el valor resultante es
exactamente igual a aquel a que hace referencia la Resolución No. 010, esto es, $10.158’801.212, aunque, al
parecer por un error de digitación -como habría ocurrido en la reclamación No. 70- el valor total que transcribió
en la pretensiones lo calculó en $10.168’801.212. En este contexto, lo que se observa es que, si bien las
resoluciones 10, 11 y 53 hicieron alusión a otras glosas, lo cierto es que también manifestaron que el liquidador
carecía de competencia para pronunciarse sobre todos los valores reclamados, lo que, de suyo, excluye cualquier
argumento adicional que hubiere podido quedar contenido en las glosas y debe tener como el fundamento de la
decisión. De hecho, en la Resolución 53, se indicó expresamente que: “… el liquidador de la ESE no se encuentra
facultado para reconocer sumas que no se encuentren plenamente demostradas ni mucho menos
reivindicaciones de tipo indemnizatorio, lo cual hace parte de la órbita de la justicia común y no de la especial en
la que nos encontramos. Lo contrario sería ir en contra de los principios de juez natural y de la división de poderes,
los cuales siempre han sido respetados en este proceso. // En este orden de ideas, la decisión en cuanto a la
existencia o no de derechos en cabeza del reclamante no se encuentra en cabeza de la apoderada del liquidador
ni mucho menos su comprobación, los cuales son temas de competencia de los jueces de la República quienes
sí se encuentran facultados para declarar la existencia o no de derechos de esta naturaleza a favor de los
reclamantes, por esta razón la legalidad de la Resolución No. 000010 de 2008 se encuentra plenamente ajustada
al ordenamiento jurídico y en especial al régimen de los procesos concursales de entidades nacionales como lo

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Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

10.11. Se itera que, de conformidad con el Decreto Ley 254 de 2000, las atribuciones
del liquidador de una entidad pública como la E.S.E Francisco de Paula Santander –
de cara a los acreedores– consisten, en términos generales, en aceptar o rechazar
las acreencias presentadas por los terceros en un procedimiento administrativo
autónomo y, de ser el caso, calificarlas y graduarlas para su pago con cargo a los
activos de la masa liquidatoria; dicha atribución, por tanto, no se extiende a resolver
cuestiones atinentes a declaraciones y condenas que las partes del contrato puedan
pretender con fundamento en un determinado negocio jurídico. Esta competencia,
según lo dispuesto en el artículo 87 del CCA –norma vigente para la época de
presentación de la demanda–, corresponde al juez del contrato.

11. Otro aspecto en el que debe detenerse la Sala antes de fijar el objeto de la
apelación tiene que ver con lo dispuesto en la cláusula decimonovena del contrato
No. 0648, en la que se estipuló que las controversias surgidas durante su “ejecución”
se solucionarían de manera directa entre las partes, pero que si no lograban llegar a
un acuerdo intentarían la conciliación y, ante el fracaso de ese mecanismo, acudirían
a un Tribunal de Arbitramento33. Con base en este pacto, una vez notificado el auto
admisorio de la demanda34, el apoderado de la E.S.E presentó recurso de reposición
aduciendo falta de competencia y de jurisdicción35 y, consecuencialmente, solicitó
que se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso.

11.1. El 1 de diciembre de 2010 el Tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto admisorio y ordenó remitir el expediente a la Cámara de Comercio de
Cúcuta para que se iniciara el trámite de constitución de un tribunal de arbitramento
que asumiera conocimiento del proceso36. A través de auto del 8 de noviembre de
201237, el Consejo de Estado revocó esa decisión con fundamento en que las
pretensiones estaban dirigidas a cuestionar la legalidad de las decisiones que habían
sido adoptadas por el liquidador de la E.S.E –acto que calificó como derivado de una
potestad exorbitante– y de negar las reclamaciones presentadas por FINSEMA,
actos administrativos respecto de los cuales no solo no operaba dicha cláusula, sino
que, además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 254 de
2000, solo podían ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

11.2. Al resolverse la apelación, no se hizo referencia a la aplicación de la cláusula
compromisoria respecto de las pretensiones de naturaleza contractual de la
demanda, las que, tal como se ha indicado, no dependen de aquellas relativas a la
nulidad de los actos del liquidador. No obstante, la Sala precisa en esta oportunidad
que, frente a tales pretensiones tampoco opera dicha cláusula en tanto el pacto

es el de la ESE EN LIQUDACION” (folio 204, c.1). Es decir, dejó en manos de los jueces la definición sobre la
reclamación No. 70 de FINSEMA.
33 “CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que

ante cualquier divergencia o discrepancia que se presente durante la ejecución del contrato para darle solución
se agotará el siguiente procedimiento: (…) C) Fracasada la etapa anterior las partes convienen en someter estos
conflictos a un Tribunal de Arbitramento que funcionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
la ciudad de Cúcuta. El tribunal estará conformado por tres (3) árbitros de los cuales dos (2) serán designados
de común acuerdo por las partes y dichos árbitros designarán el tercer árbitro, los cuales fallarán en derecho …”
(folios 45 y 46, cuaderno 1).
34 folio 252 y 253 Cuaderno 1
35 folio 281 a 291 cuaderno 1
36 folio 314 a 318 cuaderno 1
37 folio 344 a 351 del cuaderno 1

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arbitral se limitó a los conflictos que surgieran “durante la ejecución” del contrato,
mientras que, como ya se dijo, el conflicto que acá se plantea hace alusión a los
perjuicios que se habrían generado en razón de su terminación anticipada.

11.3. Es importante señalar que el hecho de que exista un pacto arbitral no implica
que todas las diferencias que se originen en el marco de un determinado negocio
jurídico estén subsumidas en él, en tanto las partes, en virtud de la autonomía de la
voluntad y del principio de habilitación, pueden decidir de manera autónoma y
vinculante cuáles controversias son las que someten al conocimiento de la justicia
arbitral y, en el caso concreto lo hicieron únicamente respecto de “cualquier
divergencia o discrepancia que se presente durante la ejecución del contrato”; por
tanto, no es posible extender la habilitación de los árbitros respecto de conflictos
surgidos con su terminación, de manera que la Sala tiene competencia para definir
el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación
anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E,
aspecto que la demandante identifica como un evento de rompimiento del equilibrio
económico del contrato.

12. Hechas las anteriores precisiones, se procede a fijar el objeto de la apelación.

Objeto de la apelación

13. Corresponde a la Sala establecer (i) si la terminación del contrato No. 0648
de 2006 por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E dio lugar a un rompimiento
del equilibrio económico que deba ser restablecido por esa entidad, en los términos
del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y (ii) si, en consecuencia, para la liquidación de
ese mismo contrato se debieron tener en cuenta los valores reclamados con ese
fundamento en la demanda.

Procedencia de la pretensión de rompimiento del equilibrio económico del
contrato en el marco de un negocio jurídico regido por el derecho privado

14. Como se relató en los antecedentes de esta providencia, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que no era posible acceder a ningún
reconocimiento con base en el rompimiento del equilibrio económico del contrato en
la medida que el hecho de que los perjuicios se atribuyeran a su terminación excluía
esa posibilidad, en tanto se trataba de dos fenómenos disímiles y excluyentes entre
sí, pues, a diferencia de la terminación, las obligaciones que se derivan del
rompimiento del sinalagma contractual procuran que se solventen los eventos que
puedan hacer más gravoso su desarrollo con miras a garantizar la continuidad de la
ejecución del objeto pactado. Agregó que como la terminación del contrato se dio
como consecuencia del proceso de liquidación forzosa de la entidad pública y esta
fue una decisión que no había sido adoptada por ella, el daño no le era imputable.

15. En contra, la parte recurrente afirmó que el razonamiento del Tribunal era
equivocado porque la figura del rompimiento del equilibrio económico del contrato no
estaba sujeta a la continuación de la relación jurídica, sino que podía suceder que la
terminación anticipada conllevara a que se alteraran las condiciones inicialmente
pactadas en desmedro de una de las partes. A partir de este supuesto dijo que como

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en este caso la alteración de las condiciones del contrato se dio como consecuencia,
bien del hecho del príncipe o bien de la teoría de la imprevisión, la E.S.E estaba
obligada, en los términos del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, a restablecer los
perjuicios que de ello se habrían derivado, los cuales debían incluirse en la
liquidación como un saldo a su favor.

16. Para resolver, empieza la Sala por señalar que la figura del restablecimiento
del equilibrio económico del contrato que contempla la Ley 80 de 1993 es un
mecanismo instituido para garantizar el cumplimiento del contrato de cara a la
satisfacción de la necesidad pública que se pretende atender a través de su
celebración. Así, esta figura, propia del derecho público38, se concreta en el derecho
–no exclusivo– del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Su justificación se
encuentra, principalmente, en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
público –en sentido lato– y los intereses generales que están en juego en la
contratación estatal, de suerte que, si el cumplimiento de las obligaciones del
contratista se torna más oneroso o difícil, no se paralice su prestación39.

17. En ese sentido, la Ley 80 de 1993 trae una serie de imposiciones que se
entienden integradas al régimen jurídico de los contratos que se celebran bajo su
égida –que, en virtud del principio de buena fe, obligan a quienes lo celebren 40–
dirigidas a garantizar su cumplimiento. Así, el artículo 27 de dicho estatuto dispone
a título de obligación y no meramente dispositivo, que en el desarrollo del contrato
se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, y que si tal equivalencia se altera
por causas no imputables al afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo
las medidas necesarias para su restablecimiento; los numerales 3 y 8 del artículo 4
–sobre derechos y deberes de las entidades contratantes– señalan que para la
consecución de los fines de la contratación, las entidades contratantes deben
solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y deben
adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del
contrato las condiciones técnicas, financieras y económicas existentes al momento
de proponer o contratar, según el caso; y el numeral 1 del artículo 5º ibidem –sobre
derechos y deberes de los contratistas– establece que los contratistas tienen
derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco
de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.

18. Sobre la base de las mencionadas normas y teniendo en cuenta que –en los
términos de los artículos 3 y 5 (numeral 2)– los particulares son colaboradores de
administración en la consecución de los fines de la contratación estatal, esta
Corporación ha señalado que para reclamar un reconocimiento económico con base

38 Ley 80 de 1993, artículos 4.3, 4.8, 5.1, 27 y 28.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. C.P. José Roberto

Sáchica Méndez. Exp. 39.249. Consideración 3.3.6.
40 Código Civil: “ARTÍCULO 1603. <EJECUCIÓN DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe,

y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente
de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”. // Código de Comercio: “ARTÍCULO 871.
<PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia,
obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los
mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

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en el rompimiento del equilibrio económico del contrato, es imprescindible que el
contratista, pese a la mayor onerosidad que una determinada circunstancia pueda
generar respecto de la ejecución de sus obligaciones, las hubiere cumplido, en tanto
la razón de ser de la incorporación de tal figura en el derecho público está
determinada por la necesidad de satisfacer el interés general ínsito en el contrato
estatal41; de ahí que tal restablecimiento puede darse, incluso, de manera posterior
a la ejecución del contrato.

19. En suma, se encuentra que, en aras de garantizar el cumplimiento del contrato
y los fines que con él se persiguen, en el compendio de normas que rigen e integran
los contratos sometidos al derecho público se encuentran disposiciones de carácter
vinculante que imponen claras obligaciones a las partes en el sentido de mantener
las condiciones que estaban presentes al momento de proponer o contratar –que
debieron ser las tenidas en cuenta para determinar las prestaciones recíprocas de
un determinado negocio jurídico y, por lo mismo, la distribución de los riesgos que
cada parte asume de cara al cumplimiento del objeto pactado–; del mismo modo, se
impone la obligación de restablecer tales condiciones cuando se alteren en razón de
circunstancias sobrevinientes que no sean imputables a la parte afectada, al punto
de imponer a las entidades públicas la obligación de mantener el valor intrínseco de
la remuneración pactada a favor del contratista.

20. Lo dicho conduce a concluir que el clausulado de los contratos regidos por el
derecho público se integra con las obligaciones acabadas de mencionar, de ahí que
su inobservancia da derecho a la parte afectada a reclamar judicialmente su
cumplimiento. Se trata, pues, de que ante el surgimiento de hechos imprevisibles no
imputables a las partes que tengan la virtualidad de afectar ostensiblemente el
cumplimiento de sus obligaciones por hacerlas excesivamente onerosas, ambas
están obligadas a atenderlos variando en lo pertinente lo pactado inicialmente con el
objeto de restablecer la equivalencia entre prestaciones inicialmente prevista con
miras a garantizar que el contrato complete satisfactoriamente su ejecución. Dado
que se trata de una obligación de rango legal que se entiende incorporada al
clausulado del contrato, en caso de que no se cumpla, la parte afectada queda
habilitada para acudir al juez en procura de hacer cumplir a la otra la obligación de
restablecimiento.

21. En contraste, en el derecho común no se encuentran normas que consagren
de manera explícita tales obligaciones y, por tanto, tampoco es posible concluir que
uno de los contratantes esté habilitado para reclamar su aplicación ante el juez. En

41 “…es indispensable que el cocontratante particular, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por

sí la ejecución del contrato. Si la imprevisión busca una ayuda al cocontratante para que éste no interrumpa el
cumplimiento de sus obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de la administración pública, este
requisito es de importancia trascendental, pues da razón a ese apoyo económico. La imprevisión, en
consecuencia, impone la obligación de continuar con la ejecución del contrato, para abrir en favor del
cocontratante particular el derecho a una indemnización.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del
veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004), Exp. No. 14.043. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
“En presencia de la teoría de la imprevisión, la prestación contractual se cumple en condiciones gravosas para
el contratista y ello determina su derecho a que se restablezca la ecuación financiera del contrato… porque tuvo
que incurrir en gastos necesarios para contrarrestar los efectos impeditivos del fenómeno presentado.” Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del (10) de noviembre de dos mil cinco (2005). Exp. No. 14392. C.P. Alier
E. Hernández E.

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efecto, si bien el Código de Comercio (artículo 86842) hace alusión a la mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las
partes derivada del advenimiento de circunstancias “extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles”, lo cierto es que esta regulación no puede equipararse a la del
rompimiento del equilibrio económico del contrato43 en tanto no impone a las partes
la obligación de mantener inalterada la conmutatividad del contrato durante toda su
ejecución, ni tampoco la de restablecerla en caso de que se modifique, sino que da
a la afectada la posibilidad de acudir al juez para que –de cara al cumplimiento de
prestaciones futuras– revise las condiciones inicialmente pactadas frente a la
ocurrencia de las mencionadas circunstancias y determine, con criterios de equidad,
la necesidad o no de realizar ajustes que permitan continuar con la ejecución del
negocio jurídico o la de declarar su terminación. Es decir, en el marco del derecho
privado, los reajustes podrían surgir, para el cumplimiento de obligaciones futuras, a
partir de una orden judicial que alterare las condiciones iniciales del contrato, mas no
como consecuencia del cumplimiento de una obligación ínsita de esa naturaleza.

22. Así, la revisión del contrato por parte del juez con base en el acaecimiento de
circunstancias extraordinarias e imprevisibles y, por esa vía, los reajustes que éste
imponga con fundamento en la equidad o, en los casos más extremos, la terminación
del contrato en razón de esa causa para liberar a las partes de sus obligaciones
recíprocas en tanto resultan excesivamente onerosas para una de ellas, es un
remedio excepcionalísimo que no se funda, como la teoría del rompimiento del
equilibrio económico, en la necesidad de continuidad del servicio público en función
del interés general, sino en la equidad; de manera que, ante el advenimiento de tales
circunstancias, en los contratos regidos por el derecho privado prima el carácter
vinculante de lo pactado entre las partes como expresión de la autonomía de la
voluntad y, solo excepcionalmente y a petición de parte, la ley otorga al juez la
posibilidad de alterar lo convenido.

23. Así, en los contratos regidos por el derecho privado, en ausencia de un
pronunciamiento judicial que ordene, o bien los reajustes respectivos, o la
terminación del contrato, la parte a la que se ha generado una mayor onerosidad en
el cumplimiento de sus obligaciones no solo está en el deber de cumplirlas tal y como
fueron pactadas, sino que no tiene derecho a reclamar de la otra el restablecimiento
de las condiciones inicialmente estipuladas –sí, la revisión judicial del contrato, pero
solo de cara al cumplimiento de obligaciones futuras–, a su vez, su contraparte tiene
derecho de exigir el cumplimiento de lo pactado, pese a la mayor onerosidad, a

42 “ARTÍCULO 868. <REVISIÓN DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS>. Cuando

circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de
ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una
de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.
43 Sin perjuicio, claro está, de que la Ley 80 de 1993 admite como una de las causas que pueden dar lugar al

rompimiento del equilibrio económico del contrato el acaecimiento de hechos imprevisibles ajenos a las partes
que hacen más onerosa la ejecución (artículo 5, numeral 1, inciso segundo). Lo que se debe tener presente es
que en el marco de los contratos regidos por el derecho público el advenimiento de estas circunstancias da lugar
a que, por imperativo legal, las partes activen los mecanismos para restablecer el sinalagma contractual
establecido al momento de celebrar el negocio jurídico y/o de acudir al juez con ese mismo propósito, mientras
que en los contratos regidos por el derecho privado, lo que se habilita es la posibilidad de que la parte afectada
solicite del juez la revisión del contrato con miras a que, con base en la equidad, se reajusten las prestaciones
futuras que se han hecho excesivamente onerosas o que se termine el contrato.

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cambio del pago convenido por ello, en tanto, que en virtud del principio de
normatividad de los contratos44, las estipulaciones del negocio jurídico permanecen
incólumes y las partes no están obligadas a modificarlas para reajustarlas a la
equivalencia inicialmente prevista. En los contratos de derecho público, si bien el
advenimiento de hechos imprevisibles que hacen más gravosa la ejecución del
contrato tampoco exonera del cumplimiento de las obligaciones, lo cierto es que no
le impone a la parte afectada la carga de ejecutarlas por el valor inicialmente
convenido, sino que el cumplimiento del contrato, justamente, se constituye como
presupuesto para reclamar el restablecimiento del sinalagma pensado al momento
de celebrar el negocio jurídico.

24. Cabe mencionar que mientras en el derecho público la reclamación del
restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede pedirse incluso
después de finalizada su ejecución, dado que su objeto es garantizar la continuidad
del contrato y, específicamente, la satisfacción de las necesidades públicas que se
pretenden conjurar a través suyo –por lo que un presupuesto de su reclamación es
el cumplimiento de las obligaciones, a pesar de su mayor onerosidad–, en el derecho
privado el presupuesto para pedir la revisión del contrato con base en la teoría de la
imprevisión es que la solicitud se presente antes del momento de la exigibilidad o
cumplimiento de las respectivas obligaciones, en tanto, de una parte, se entiende
encaminada a impedir su incumplimiento y, de otra, supone que si la obligación se
cumplió la parte afectada pudo superar la mayor onerosidad45, lo que dejaría sin
objeto un reajuste de las condiciones pactadas o la terminación del contrato.

25. En ese contexto, es posible afirmar que en el caso de los contratos
gobernados por el derecho privado rige con todo rigor el principio del pacta sunt
servanda, pues, aún ante el advenimiento de circunstancias imprevisibles que hagan
excesivamente onerosas las obligaciones de las partes, no hay norma que obligue a
la otra a restablecer las condiciones inicialmente convenidas, esto es, a
renegociarlas para que el sinalagma que ha sido alterado sustancialmente vuelva al
punto inicial de la negociación. En estos casos, entonces, salvo pacto expreso entre
las partes o decisión judicial fincada en la revisión de las condiciones del contrato de
cara a la ocurrencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles que alteren
ostensiblemente las cargas de los contratantes, la contraparte solo está obligada a
cumplir en su literalidad lo pactado en el contrato y, por lo mismo, solo estará
obligada a indemnizar los perjuicios que derive de la inobservancia de sus
obligaciones, dentro de las que no se encuentra la de restablecer la ecuación
económica en la forma que determinan las normas del derecho público.

44 Código Civil: “ARTÍCULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales”.
45“José Guillermo Castro anota que es <<claro que las prestaciones susceptibles de ser reajustadas o modificada

judicialmente serán aquellas que aún se encuentran pendientes esto es la de futuro cumplimiento a que la norma
bajo estudio puntualmente se refiere y luego precisa que, << por supuesto la demanda de revisión deberá
promoverse necesariamente con posterioridad a la configuración de las circunstancias y antes de que se extingan
las prestaciones en exceso onerosas
>> (o.p. cit, p 57) Antonio Rocha agrega que <<la revisión por imprevisión establecida en el artículo 868 del
Código de Comercio no es una herramienta de indemnización de perjuicios en el caso del incumplimiento de un
contrato, sino todo lo contrario. Ella busca evitar el incumplimiento de las obligaciones que se han revelado
excesivamente onerosas>> (Estudios de Obligaciones, p. 6). Esta condición evidentemente le resta
posibilidades reales de aplicación porque implicaría suspender la ejecución de un contrato mientras se profiere
la sentencia”. Tomado de: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º febrero de 2021,
Exp. 47068. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

26. La Sala pone de presente que la diferencia entre la figura del rompimiento del
equilibrio económico del contrato y la de su revisión por efecto del advenimiento de
circunstancias extraordinarias e imprevisibles, así como la imposibilidad de aplicar la
primera a los contratos regidos por el derecho privado ante la inexistencia de normas
que la contemplen y la integren a esa clase de negocio jurídicos ya ha sido abordada
por esta Sección. En ese sentido, en sentencia del 10 de febrero de 2021, señaló:

“Es cierto que, a partir de lo acordado en el contrato puede deducirse una
correlación entre las prestaciones pactadas y establecer qué fue lo que cada una
de ellas consideró como remuneración equivalente; y a partir de allí determinar
cuáles fueron las <<bases del contrato>> para saber si una de las partes tiene
derecho a solicitar la revisión regulada en dicha norma, cuando se cumplan las
condiciones en ella establecidas (circunstancias sobrevinientes imprevistas e
imprevisibles, que hagan excesivamente onerosa la prestación del demandante).
Eso es totalmente distinto a considerar que en un contrato regido por el derecho
privado se deban pactar prestaciones equivalentes; que el Contratista tenga
derecho a que tal equivalencia se mantenga durante toda la ejecución del
contrato; y que la Contratante tenga la obligación correlativa de restablecerla
cuando se rompa por causas no imputables a ninguna de las partes.

De las definiciones de contrato conmutativo y oneroso del Código Civil no puede
deducirse la existencia de la obligación de la Contratante de restablecer el
equilibrio de la ecuación financiera del contrato durante su ejecución; y esa
obligación tampoco puede deducirse de lo dispuesto en el artículo 868 del
Código de Comercio”46.

27. En el mismo sentido, en sentencia del 8 de septiembre de 2021, se indicó que
a un contrato sujeto al régimen de derecho privado “las disposiciones del Estatuto
General de Contratación sobre equilibrio económico del contrato no resultan
aplicables47. En consecuencia, todas las pretensiones del contratista que reclaman
una ruptura del equilibrio económico deberían ser rechazadas”48 y agregó que:

“La excesiva onerosidad sobrevenida tiene una lógica distinta al desequilibrio
económico, pues pretende remover, a futuro, las dificultades que se le presenten
a una de las partes de un contrato durante su ejecución. Por esto, el artículo 868
del Código de Comercio exige que las circunstancias extraordinarias, imprevistas
o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, deben alterar una
‘prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes’. Esto guarda
coherencia con las potestades que otorga al juez el inciso segundo de ese
artículo, pues este autoriza a ordenar el reajuste o la terminación del contrato;
órdenes que no tendrían sentido en relación con una prestación ejecutada o un
contrato terminado”49.

28. Así las cosas, como no hay duda en cuanto a que el contrato No. 0648 del 2
de mayo de 2006 se rigió por el derecho privado –pues así surge de lo dispuesto en
el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 que señala que en materia
contractual las empresas sociales del Estado están sometidas al derecho privado, y,
de conformidad con esta norma, las partes señalaron que el régimen que lo
gobernaría sería el establecido en las disposiciones comerciales y civiles, según lo

46 Exp. 47068, Subsección B, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
47 Cita de la providencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2021, exp. 48962; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2021, exp. 47068”.
48 Exp. 58235, Subsección B, C.P. Alberto Montaña Plata.
49 Ídem.

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Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 50 que reitera lo
dispuesto en el referido artículo 195 de la Ley 100 –, debe concluirse que a este no
podían aplicarse las normas que regulan la figura del rompimiento del equilibrio
económico de los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, pues no se
pueden entender integradas a su clausulado. Tampoco se observa que las partes
hubieren pactado obligaciones con ese alcance.

29. Precisado lo anterior, advierte la Sala que el caso planteado tampoco puede
analizarse a la luz de la teoría de la imprevisión según lo regulado en el artículo 868
del Código de Comercio, pues no se trata de revisar las condiciones del contrato en
consideración a que, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles, las
obligaciones de FINSEMA o las de la E.S.E se hubieren tornado excesivamente
onerosas, sino del advenimiento de una circunstancia de fuerza mayor que tornó
imposible su ejecución y, por disposición legal, lo llevó a su terminación. Respecto
de la diferencia de una y otra figura –la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor
como hecho impeditivo para el cumplimiento de las obligaciones– la doctrina ha
señalado:

“La exigencia de la irresistibilidad [refiriéndose a los elementos de la fuerza
mayor] implica que no se trata de que la obligación se haga más difícil o más
onerosa, incluso si es excesivamente onerosa. Lo importante es que se haga
imposible. Lo anterior marca la diferencia entre la fuerza mayor y los eventos que
dan lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. La fuerza mayor supone
eventos irresistibles. La imprevisión implica eventos que sin hacer imposible el
cumplimiento lo hace excesivamente oneroso …”51.

30. Agrega la Sala a lo anterior que mientras en el marco de la teoría de la
imprevisión –según lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio– el juez
puede revisar el contrato e imponer, con base en la equidad, que se recompongan
las obligaciones dinerarias que se han tornado excesivamente onerosas esto, en
principio, no supone que el deudor de la obligación quede exonerado de su
cumplimiento –salvo que se declare la terminación del contrato–; mientras que si lo
que ocurre es un evento de fuerza mayor, el deudor queda liberado de su obligación,
sin que ello genere un evento de incumplimiento y, por lo mismo, ninguna obligación
indemnizatoria, porque la causa extraña excluye su responsabilidad, salvo que legal
o contractualmente una de las partes deba asumir los efectos de la ocurrencia del
evento de fuerza mayor. Así, cuando se reúnen los elementos constitutivos de esa
figura, salvo pacto en contrario, el deudor queda liberado de responsabilidad y el
acreedor no puede reclamar la indemnización de perjuicios, tal y como lo establecen
los artículos 1604 y 1616 del Código Civil52.

50 Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado.
51 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo. “CAUSA EXTRAÑA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, pág. 433.
52 Código Civil, artículo 1604: “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su

naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio
recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. El
deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de
aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito
haya sobrevenido por su culpa (…)”. Artículo 1616: “Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable
de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable
de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de
haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a
indemnización de perjuicios”.

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Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

31. Como consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, la Sala concluye que lo
que se debe analizar en este caso es si, por disposición legal o convencional, la
E.S.E estaba obligada a asumir el riesgo del acaecimiento del evento de fuerza
mayor que constituyó su liquidación forzosa y que condujo a la terminación del
contrato por imposibilidad de continuar con su ejecución hasta el vencimiento del
plazo pactado y si, por ello, estaba llamada a indemnizar los perjuicios que asegura
FINSEMA le fueron causados ante la ocurrencia de dicha circunstancia. Se precisa
que, si bien la parte actora no planteó expresamente este fundamento jurídico, lo
cierto es que se debe tener en cuenta que en virtud del principio constitucional que
señala que prima lo sustancial sobre lo formal y, en línea con ello, en atención a
principio iura novit curia, es deber del juez aplicar el derecho que corresponda a la
causa petendi invocada, aun cuando no se encuentre expresamente indicado en la
demanda, pues lo que toca a las partes es expresar los hechos en que sustentan
sus pretensiones.

32. En este marco, para resolver el objeto de la apelación, la Sala pasa a estudiar
los siguientes aspectos.

La terminación del contrato por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E –
constituye, en principio, un evento de fuerza mayor que libera de
responsabilidad

33. El artículo 64 del Código Civil señala que la fuerza mayor es el imprevisto a que
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Con base
en esta norma, se ha concluido que los elementos de la fuerza mayor son la
imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento
también debe ser externo al deudor53.

34. En el ordenamiento jurídico colombiano, la fuerza mayor y el caso fortuito son
causales eximentes de responsabilidad, en tanto se entienden ajenas al deudor o a
la persona a la que se pretende atribuir una determinada responsabilidad. En materia
contractual, la fuerza mayor se entiende referida al acaecimiento de circunstancias
imprevisibles e irresistibles, extrañas a las partes, que imposibilitan, definitiva o
temporalmente, total o parcialmente, la ejecución del contrato54.

35. De antaño, esta Corporación ha concluido que la imposibilidad del cumplimiento
oportuno de obligaciones que encuentra su causa en el proceso administrativo de

53 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de diciembre de 2016. SC17723-2016. M.P

Luis Alonso Rico Puerta: “Sobre este último aspecto, conviene acotar –y de paso reiterar- que un hecho sólo
puede ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su origen en una actividad exógena
a la que despliega el agente a quien se imputa un daño, por lo que no puede considerarse como tal, en forma
apodíctica, el acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o de la que es responsable.
Por eso, entonces, si una persona desarrolla en forma empresarial y profesional una actividad calificable como
‘peligrosa’, de la cual, además, deriva provecho económico, por ejemplo la sistemática conducción de
automotores de servicio público, no puede, por regla general y salvo casos muy particulares, invocar las fallas
mecánicas, por súbitas que en efecto sean, como constitutivas de fuerza mayor, en orden a edificar una causa
extraña y, por esa vía, excusar su responsabilidad”.
54 “… debe precisarse igualmente que puede ocurrir que la fuerza mayor no tenga carácter definitivo. Así puede

acontecer que ella solo impida temporalmente el cumplimiento del contrato. En tales casos lo que procede es
una suspensión de los efectos del contrato mientras dura la fuerza mayor …” // “Puede suceder que la fuerza
mayor solo cause un impedimento parcial. En tal caso, es claro que en la parte que es imposible ejecutar el
deudor queda liberado …”. Juan Pablo Cárdenas Mejía. Op. cit, pág. 446.

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liquidación forzosa de una entidad pública constituye un evento de fuerza mayor que
desvirtúa la situación aparente de mora, toda vez que, en los términos del inciso 2º
del artículo 1616 del Código civil "la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito,
no da lugar a indemnización de perjuicios".

36. En línea con lo anterior, la Sala concluye en esta oportunidad que, en principio,
la imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un contrato como
consecuencia del advenimiento durante su desarrollo del proceso administrativo de
liquidación forzosa de la entidad pública contratante, constituye un evento de fuerza
mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de responsabilidad respecto
del cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, impide que se acceda a reconocer
las reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar. A
esta conclusión se arriba, no solo porque se trata de uno de los eventos que a título
enunciativo califica el citado artículo 64 como fuerza mayor, en tanto se refiere a una
orden de autoridad legítima a la que no es posible resistir, sino porque, en principio,
se trata de un suceso imprevisible, irresistible y externo a la entidad que queda
sometida a dicho procedimiento, que impide, de manera definitiva, la continuación
de la ejecución del contrato ante la imposibilidad de su representante legal de realizar
actos distintos a los de la liquidación de la entidad sobre la cual recae la medida
administrativa y que, por disposición legal, lo lleva a su terminación.

37. Para expresar las razones que conducen a la Sala a la anterior conclusión, es
menester mencionar que la Constitución Política atribuye al Presidente de la
República la facultad de suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos
nacionales de conformidad con la ley55; a su vez, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998
dispone que “podrá” suprimir o disponer la disolución y consiguiente liquidación de
entidades y organismos del nivel nacional a los que se refiere el artículo 38 de esa
misma ley cuando: (i) los objetivos determinados en su acto de creación hayan
perdido su razón de ser, (ii) los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean
transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial, (iii)
las evaluaciones de la gestión administrativa realizadas por el Gobierno Nacional
aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad; (iv) sea la
conclusión derivada de la utilización de los indicadores de gestión y eficiencia que
emplean los organismos de control y los resultados obtenidos por ellos cada año,
luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la
administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y
la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los
beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué
medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos
adoptados por la administración en un período determinado; (v) exista duplicidad de
objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades.

55 Constitución Política, numeral 15, artículo 189: ¨Corresponde al Presidente de la República como Jefe de

Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…)
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. ¨

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38. El Decreto 254 de 2000 regula lo concerniente a la liquidación de las entidades
públicas del orden nacional56. En su artículo 2 dispone que el proceso de liquidación
inicia con la orden de supresión o disolución de la entidad y que la expedición del
acto de liquidación conlleva, entre otras cosas, la designación del liquidador (literal
a) –que, en los términos del literal a) del artículo 6 de ese mismo decreto, funge a
partir de su designación como su representante legal–, así como la prohibición
expresa para realizar cualquier tipo de actividades o actuaciones que no estén
dirigidas a realizar la liquidación de la entidad, prohibición que opera a partir de “la
expedición del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad” (literal f).

39. Al hilo con lo anterior, el artículo 4 de ese mismo decreto dispone que es
competencia del liquidador adelantar el procedimiento de liquidación de la entidad
pública del orden nacional para la cual ha sido designado. La lectura de este artículo,
en concordancia con lo dispuesto en el ya referido literal f) del artículo 2, conducen
a concluir, sin hesitación alguna, que a partir de que se ordene la supresión o
disolución de la entidad y su consecuente liquidación, su representante legal, el
liquidador, únicamente está habilitado para realizar los actos tendientes a desarrollar
y culminar ese proceso, no le está permitido ejecutar actos diferentes a ese
propósito, aserto que se confirma, entre otros artículos del mismo Decreto 254, con
base en lo dispuesto en el artículo 7 sobre funciones del liquidador. Esto se traduce
en que, en principio, la entidad ya no puede continuar con el desarrollo de su objeto,
en tanto los únicos actos que puede ejercer su representante legal son los
encaminados a lograr su liquidación.

40. En línea con ello, al leer las normas que integran el régimen de liquidación de
las entidades públicas del orden nacional, se concluye que dada la imposibilidad del
liquidador de realizar actos diferentes a los propios del proceso administrativo de la
liquidación, éste debe terminar los contratos que no sean necesarios para la
liquidación de la entidad. En ese sentido, el numeral 14 del artículo 291 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF) –aplicable a los
procedimientos administrativos de liquidación de entidades públicas del orden
nacional por remisión expresa del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 254 de 2000
en los vacíos que éste presente57– dispone que “[e]l agente especial podrá poner fin
a los contratos existentes al momento de la toma de posesión si los mismos no son
necesarios para la administración o liquidación”.

41. Así las cosas, se debe concluir que la terminación de los contratos que no sean
necesarios para llevar a cabo la liquidación de la entidad pública se revela como una
consecuencia directa impuesta por la ley ante la supresión y liquidación forzosa de
la entidad pública a la que está compelido el liquidador, en tanto, a pesar de que el

56 En el parágrafo 1 se señala que “Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir

o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando
su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene
la liquidación”.
57 “ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La liquidación de las
Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%)
o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.
Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
las normas que lo desarrollan.
“(…)”.

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referido numeral 14 del artículo 291 del EOSF utilice la expresión “podrá”, lo cierto
es que sus competencias, expresión del principio de legalidad, se limitan a realizar
los actos que conduzcan a la liquidación de la entidad pública; además de existir una
prohibición expresa de realizar actos que superen ese objeto.

42. Ahora bien, las anotaciones que se han hecho respecto del proceso
administrativo de liquidación forzosa de las entidades públicas llevan a la Sala a
concluir que se trata de un hecho absolutamente irresistible para la que esté
sometida a dicho procedimiento. En efecto, como se vio, la determinación de la
supresión y disolución de la entidad –acto con el que comienza el proceso de
liquidación– corresponde adoptarla al Presidente de la República y frente a ello el
ente sobre el cual recae la medida no tiene injerencia alguna y tampoco puede
resistirse u oponerse a ella, en tanto se trata de un acto emitido por una autoridad
pública investida de competencia para ello y frente al cual la ley no prevé mecanismo
de oposición que lo impida.

43. En este punto, cabe mencionar que el elemento de la irresistibilidad alude tanto
al evento mismo como a sus consecuencias. La inevitabilidad del hecho debe ser
absoluta, por lo que no es suficiente la imposibilidad relativa del deudor58. En
definitiva, un hecho puede ser calificado como irresistible si es absolutamente
imposible evitar sus consecuencias, es decir, si cualquier persona situada en las
circunstancias que enfrenta el deudor invariablemente se vería sometido a esos
efectos, pues la incidencia de estos no está determinada por las condiciones
especiales de quien lo afronta, sino por la naturaleza misma del hecho59.

44. En lo que concierne al elemento de la exterioridad –que apunta, en términos
generales, a que el hecho impeditivo debe ser extraño al deudor, estar fuera de su
control y no haber sido generado por un hecho propio o de las personas por las
cuales debe responder60–, las referidas anotaciones permiten también concluir que
la liquidación forzosa de la entidad pública y la consecuente terminación de los
contratos que no sean necesarios para llevarla a cabo son hechos externos a la
entidad sobre la cual recae la medida, en tanto, como ya se dijo, se trata, según las
competencias asignadas constitucionalmente, de una atribución que corresponde al
Presidente de la República en la que no tiene injerencia la entidad que se somete a
dicho procedimiento administrativo. Tal determinación, además, se funda en las
causales señaladas en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, pero adoptarla o no,
constituye una facultad discrecional del Presidente, de manera que, aun cuando se
configure alguna de las causales a las que se refiere dicha norma, esto no conduce
inexorablemente a que se deba adoptar esa determinación. Como dice el referido
artículo 52 esa medida “podrá” ser adoptada por el Presidente, es decir que tendrá
la libertad de determinar si actúa en ese sentido o se abstiene de hacerlo, lo que

58 Así, se reitera que la mayor onerosidad sobrevenida para el cumplimiento de la prestación no constituye una

imposibilidad absoluta, lo cual marca una diferencia importante entre la fuerza mayor y las hipótesis a las que se
les aplica la teoría de la imprevisión.
59 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Exp. 13.477. C.P María Elena

Giraldo Gómez.
60 Así, por ejemplo, el autor del daño no puede exonerarse de responsabilidad por los hechos de sus

dependientes, como disponen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil. De igual manera, si el contrato versa
sobre una cosa, los vicios de ésta no se consideran externos al deudor. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 22 de junio de 2011. Exp. 19.548. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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confirma que esa decisión es externa a la entidad pública que se someta al
procedimiento administrativo de liquidación forzosa.

45. En ese sentido, cabe mencionar que, incluso, cuando la decisión de supresión
y liquidación se adopta con fundamento en las causales previstas en los numerales
3 y 4 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, esto es, en razón de los resultados de
las evaluaciones de gestión administrativa efectuadas por el Gobierno Nacional y los
indicadores de gestión y eficiencia que emplean los organismos de control,
respectivamente, esa determinación sigue siendo externa a la entidad sometida a
ese procedimiento, en tanto en cuanto, como ya se mencionó, pese a que se
configuren estas causales, la supresión y liquidación de la entidad no es
consecuencia obligada de ello, pues en cabeza del Presidente, como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, está tomar, o bien esa
determinación, o cualquier otra que se ajuste a las necesidades particulares del
sector, según la evaluación de conveniencia que le corresponde realizar de manera
exclusiva en tal condición. Es decir, en estos escenarios, como en los demás a los
que se refiere el mencionado artículo 52, la decisión de suprimir la entidad y proceder
a su liquidación está determinada por una serie de consideraciones de política
pública que conducen a analizar la conveniencia o no de la medida y que, por tanto,
son por completo ajenas a la entidad sobre la cual recae.

46. Finalmente, la liquidación forzosa de una entidad pública puede o no ser un
hecho imprevisible. Este aspecto debe evaluarse al momento de la celebración del
contrato, en el entendido que, según ha expresado la Corte Suprema de Justicia, el
deudor tiene la obligación de prever “lo que es suficientemente probable, no
simplemente posible”61, por lo que un hecho se considera imprevisible si no existe
manera de contemplar o anticipar su ocurrencia en condiciones de normalidad,
justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva.

47. Así, si al momento de la celebración del contrato las partes pueden conocer
que es, no solamente posible, sino suficientemente probable que la entidad pública
en el futuro próximo que comprenda el de la ejecución del contrato quede sometida
a un proceso de liquidación forzosa, entonces la ocurrencia de este hecho no podrá
calificarse como un evento de fuerza mayor, sino como un riesgo previsible que
alguna de ellas ha debido asumir, bien porque expresamente lo manifieste, o porque
lo asuma al celebrar el contrato en tales condiciones, de manera que, en este
escenario, las consecuencias adversas de su ocurrencia tendrían que ser asumidas
por ese extremo de la relación negocial, sin posibilidad de trasladárselas a su
contraparte.

61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de noviembre de 1999. M.P Silvio

Fernando Trejos Bueno: “Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo
suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño,
haya podido precaverse contra él, aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya
habido, como la hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización,
factor este último con base en él”.

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Consecuencias de la imposibilidad de ejecutar el contrato ante el advenimiento
de circunstancia de fuerza mayor – teoría del riesgo – cláusulas de agravación
de la responsabilidad del deudor de la obligación afectada

48. Adicionalmente, en lo que concierne a la fuerza mayor como hecho impeditivo
de la ejecución de las obligaciones del contrato y eximente de responsabilidad del
deudor de las prestaciones afectadas, es pertinente mencionar que, en los contratos
bilaterales y sinalagmáticos, la teoría de los riesgos responde a la pregunta sobre
quién debe asumir la carga patrimonial de la prestación que no se pudo satisfacer y
qué sucede con la obligación correlativa de aquella que no puede ser cumplida por
efecto del advenimiento de una circunstancia de fuerza mayor62.

49. En el régimen jurídico colombiano se pueden encontrar normas que regulan
específicamente ese aspecto en relación con obligaciones de dar o entregar una
especie o cuerpo cierto, con diferente alcance en el Código Civil y en el Código de
Comercio. La primera de las codificaciones mencionadas, en su artículo 1607
dispone que, en principio, la eficacia del contrato no se verá afectada por la extinción
de la obligación de dar o entregar que se ha tornado imposible de cumplir, por tanto,
pese a ello, la obligación correlativa del acreedor se mantiene vigente:

“ARTÍCULO 1607. <RIESGOS EN LA DEUDA DE CUERPO CIERTO>. El riesgo
del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo
que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido
a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en
cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su
entrega”63.

50. El Código de Comercio, al referirse al contrato mercantil de compraventa,
señala en su artículo 929 que “[e]n la venta de un ‘cuerpo cierto’, el riesgo de la
pérdida por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su entrega, corresponderá
al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora de recibirlo y que la fuerza
mayor o el caso fortuito no lo hubiera destruido sin la mora del comprador. En este
último caso, deberá el comprador el precio íntegro de la cosa”. En el artículo 930
establece que “[s]i la falta de entrega procediere de la pérdida fortuita de las
mercaderías vendidas, por causa no imputable al vendedor, el contrato quedará
resuelto de derecho y el vendedor libre de responsabilidad”.

51. En consecuencia, mientras que frente a la imposibilidad sobrevenida de una
obligación de dar o entregar un cuerpo cierto el Código Civil dispone que, en
principio, salvo las excepciones que menciona el mismo artículo 1607, los efectos
los debe asumir el acreedor en tanto su obligación no se extingue en razón de la
imposibilidad de cumplimiento de la obligación del deudor (res perit creditori), el
Código de Comercio establece que, en principio, salvo las excepciones a las que se
refiere el artículo 929, los efectos los debe asumir el deudor (res perit debitori), en

62 Código Civil, artículo 1607. Código de Comercio, artículo 929.
63 En el mismo sentido, el artículo 1876 del Código Civil, refiriéndose específicamente al contrato de compraventa,

señala que “[l]a pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador,
desde el momento de perfeccionarse al contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda bajo
condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras
pende la condición, la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador”.

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tanto ese hecho conlleva la disolución del contrato de compraventa, por lo que ambos
contratistas quedan liberados de sus obligaciones64.

52. En relación con otro tipo de obligaciones (de hacer o no hacer) no se encuentra
en el derecho privado –ni en el público– una regulación especial acerca de quién
debe asumir la carga patrimonial de la prestación que no se pudo satisfacer y qué
sucede con la obligación correlativa de aquella que no puede ser cumplida por efecto
del advenimiento de una circunstancia de fuerza mayor. No obstante, la posición
mayoritaria, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, señala que este aspecto no
puede resolverse con base en las normas que de manera especial regulan lo
relacionado con los riesgos en la deuda del cuerpo cierto, sino que se debe
solucionar en línea con el elemento de la causa del contrato 65, lo que conduce a
concluir que el negocio jurídico se termina con un efecto liberador para ambas partes.

53. En ese sentido, se ha expresado, con base en el artículo 1524 del Código
Civil66, que en los contratos con prestaciones correlativas, las prestaciones entre las
partes son interdependientes y se explican de unas a otras, de manera que una no
puede subsistir sin la otra, lo que supone, a su vez, que extinguida una de ellas ante
la ocurrencia de una fuerza mayor, la otra no pueda pervivir, pues su causa también
desaparece67; de manera que en los casos en los que la imposibilidad del
cumplimiento afecta al contrato de manera total y definitiva, se produce la liberación
de las partes frente al cumplimiento de sus obligaciones correlativas, lo que conlleva,

64 Con todo, debe apreciarse que la regulación de la segunda de las mencionadas normativas se refiere
específicamente al contrato de compraventa, por lo que la doctrina se ha preguntado si en otro tipo de contratos
en los que surja la obligación de la entrega de un cuerpo cierto se debe aplicar las normas del Código de
Comercio sobre compraventa o si el vacío se debe llenar con las normas del Código Civil sobre los riesgos de la
deuda en cuerpo cierto, en virtud de la remisión normativa del artículo 822 de la regulación mercantil.
65 Al respecto, se puede consultar: VÁSQUEZ GÓMEZ, Carlos. “El riesgo contractual en los Códigos civil y de

comercio colombianos. Análisis dogmático de la normativa vigente”. En ese texto señala: “… el rest perit creditori
debe ser correctamente asumido como una regla particular, incluso excepcional -y por demás indeseable- en
materia de riesgo contractual, de acuerdo con los estrictos términos de la redacción de la disposición [se refiere
al artículo 1607 del Código Civil], en los que su ámbito de aplicación se restringe claramente a un tipo específico
de obligaciones contractuales. Por lo tanto, parecer ser que la excepción consagrada en el artículo 1607 cc (rest
perit creditori) no hace más que confirmar la regla general de atribución de riesgos en el derecho civil colombiano:
res peritr debitori, fórmula romanista que debe ser entendida en el sentido de que la extinción de una obligación
contractual por imposibilidad fortuita y sobrevenida acarrea necesariamente la disolución ipso iure del contrato
mismo y, por esta vía, de las demás relaciones obligatorias que dependen de él (en cuanto fuente) solución justa
y equitativa y coherente con la naturaleza unitaria del contrato y, particularmente, con el requerimiento causal –
funcional que se deriva del art. 1524 del cc [causa de las obligaciones] …”.
66 “ARTÍCULO 1524. <CAUSA DE LAS OBLIGACIONES>. No puede haber obligación sin una causa real y lícita;

pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria
a las buenas costumbres o al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en
recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”.
67 “Como se puede observar, en concepto de la Corte la aplicación de la teoría de la causa conduce a le extinción

de la obligación correlativa y, por ende, del contrato, en los casos de imposibilidad total de cumplimiento de la
prestación principal de la contraparte. Si el efecto de la fuerza mayor es la inejecución parcial del negocio jurídico,
la respuesta puede ser distinta (v. gr. disminución de la contraprestación o, incluso, terminación contractual),
dependiendo de la incidencia de esa circunstancia en el mantenimiento de la causa de la relación, en el sentido
de aptitud de las prestaciones restantes para satisfacer el propósito práctico –o interés– perseguido con la
contratación. En el mismo sentido, podría considerarse que si el efecto de la fuerza mayor no es la imposibilidad
permanente y definitiva para ejecutar la prestación, sino que el impedimento es apenas temporal, la solución
ciertamente no podría estar en la desaparición definitiva del contrato, sino en la ‘suspensión’ de sus efectos, tal
y como lo han establecidos instrumentos internacionales de armonización legislativa”. SOLARTE RODRÍGUEZ,
Arturo. “Imposibilidad sobrevenida de cumplimiento y asignación del riesgo en los contratos bilaterales. El caso
de las obligaciones diferentes a las de car cosas de cuerpo cierto. Apuntes para un debate”, pág. 5.

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Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

en consecuencia, a la terminación del negocio jurídico 68. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha expresado:

“… no habrá duda alguna de que las obligaciones correlativas (…) se habrían
extinguido de contragolpe (…) por razón de una regla de simetría contractual,
que técnicamente se cumple y explica la noción de causa de las obligaciones,
noción que desempeña un papel preponderante en los contratos bilaterales, en
los cuales cada una de las partes juega un doble papel de deudor y acreedor.
En tales contratos, por virtud de la interdependencia de las obligaciones que de
ellos se deriva, al quedar extinguida por fuerza mayor la que contrajo una de las
partes, desaparece la otra porque queda sin el soporte de la causa
indispensablemente para su existencia (…)”69.

54. Así las cosas, como en estos eventos el hecho determinante de la
imposibilidad sobreviniente de ejecutar una obligación –que, a su vez, haría
desaparecer su prestación correlativa ante la desaparición de la causa que la
sustenta y, dependiendo de su magnitud, conduciría a la terminación del contrato–
devendría de un evento de fuerza mayor, tendría que concluirse que, en los términos
de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil –inciso segundo–, salvo pacto expreso
en contrario, ninguna de las partes estaría llamada a indemnizar a la otra los
perjuicios que se pudieran derivar de tal circunstancia.

55. Al respecto, debe tenerse en cuenta –como ya se ha mencionado– que, bajo el
derecho común, la inejecución de obligaciones por eventos de fuerza mayor no da
lugar a la indemnización de perjuicios. Sobre este punto, el inciso segundo del
artículo 1616 del Código Civil establece: “La mora producida por fuerza mayor o caso
fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios”. No obstante, el inciso final añade
que esta regla de responsabilidad puede ser modificada por las partes: “Las
estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”. Debe tenerse en
cuenta, además, que la agravación del régimen de responsabilidad del deudor debe
pactarse expresamente, pues así lo impone el inciso final del artículo 1604 de esa
misma normativa, en cuanto dispone que: “Todo lo cual [se refiere a la culpa por la
que responde el deudor y a la inexistencia de responsabilidad por caso fortuito], sin
embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de
las estipulaciones expresas de las partes”.

56. A tono con esta exigencia legal, la jurisprudencia señala que las cláusulas de
atenuación, limitación o agravación de responsabilidad constituyen “pactos
dispositivos expresos, claros e inequívocos para disciplinarla [la responsabilidad del
deudor] anteladamente con la alteración, variación, o modificación del régimen
normativo ordinario, bien por el incumplimiento de una relación jurídica preexistente,

68 “… resulta necesario, por una parte, superar la dicotomía objetiva-subjetiva de la causa y partir de una
consideración unitaria o ‘sincrética’, en la que la causa se conciba como el propósito común de las partes de
alcanzar la finalidad práctica tutelada por el ordenamiento, que en los contratos con prestaciones correlativas
conduce necesariamente a la interdependencia de las obligaciones y, por otra, entender que la causa debe estar
presente no solamente en el perfeccionamiento del contrato sino también durante su ejecución”, ídem.
69 En la misma providencia la Corte Suprema de Justicia preciso que el efecto de la fuerza mayor puede afectar

solamente algunas prestaciones, pero que si se establece que sin ellas el acreedor no hubiere contratado si no
se cumpliera, entonces, desaparece la causa del contrato y, por tanto, este hecho conduciría a su terminación.
Si ello no es así, “habrá lugar a una disminución de la contraprestación …”

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Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
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ya por los riesgos inherentes a su ejecución, ora por el quebranto de otros derechos
e intereses protegidos”70.

57. Así las cosas, pese a que, en principio, cuando el hecho de que la imposibilidad
de ejecutar un contrato devenga de un evento de fuerza mayor libere a las partes del
cumplimiento de sus obligaciones sin responsabilidad para ninguna de ellas, es
posible también arribar a otra conclusión, siempre que expresamente se hubiere
estipulado lo contrario.

El caso concreto

58. Para resolver el conflicto que corresponde desatar en esta instancia, se
tendrán en cuenta las anotaciones hechas en precedencia acerca de la figura del
rompimiento del equilibrio económico del contrato, la teoría de la imprevisión en el
marco de los contratos regidos por el derecho privado, así como las referidas a la
fuerza mayor.

59. Así, empieza la Sala por señalar que la atribución de responsabilidad que la
parte actora endilga a la demandada no partió de imputarle el daño por el cual
reclama indemnización a causas originadas en la conducta precontractual,
contractual o extracontractual de la E.S.E71. La causa en la que se sustentaron las
pretensiones se circunscribió a señalar que, si bien el origen del daño se debió a una
causa extraña a las partes –el sometimiento de la E.S.E al proceso de liquidación y
sus consecuencias sobre el contrato–, bien fuera que se clasificara bajo la teoría de
la imprevisión o bajo la del hecho del príncipe72, la responsabilidad recaía en cabeza
de la demandada en virtud de la figura del rompimiento del equilibrio económico del
contrato prevista en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Según lo explicado en
precedencia, el hecho de que dicha figura no sea aplicable en los contratos regidos
por el derecho privado, impide que se acceda a las pretensiones de la demanda bajo
ese supuesto.

70 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de septiembre de 2011. Rad. 11001-3103-

026-2000-04366-01. M.P William Namén Vargas. En la doctrina se sostiene la misma tesis: “De suerte que, salvo
algunas excepciones, como la que prohíbe la condonación anticipada del dolo, las normas sobre responsabilidad
contractual, o sea, la derivada de los actos jurídicos, no son de orden público y pueden ser modificadas por los
interesados mediante convenios que han de ser expresos, según lo exigen los textos legales mencionados,
excluyendo así la presunción de tal clase de actos”. Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las
obligaciones (8ª Ed.). Bogotá: Temis, 2008, p. 427.
71 No alegó, por ejemplo, que en las negociaciones previas que condujeron a la celebración del contrato la E.S.E

hubiere faltado a su deber –derivado del principio de buena fe– de brindar a su contraparte información en
relación con su situación, bien fuera administrativa, financiera o de cualquier otro tipo –o que la hubiere ocultado–
que condujera avizorar que, eventualmente, pudiera incursionar en alguna de las causales de liquidación de la
entidad, tampoco alega que la ESE, por su propia conducta, se hubiere puesto en ese situación y, menos aún,
que hubiere incurrido en incumplimiento respecto de sus obligaciones.
72 “Estamos ni más ni mes frente a un ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO CONTRACUTAL en sus modalidades

de TEORÍA DE LA IMPREVISIÓ o HECHO DEL PRÍNCIPE. Lo anterior por cuanto el aspecto fundamental que
resulta necesario señalar en esta oportunidad, es que tanto la doctrina como la jurisprudencia y la ley establecen
que la legitimidad de la conducta estatal, para el caso frente a la medida de la liquidación, implica para el particular
en compensación por el desequilibrio que se causa, el reconocimiento de los perjuicios que se le hubieren
infringido” Aparte tomado del acápite de fundamentos de derecho de la demanda (folio 17). Se precisa que, según
la jurisprudencia de esta Corporación, el hecho del príncipe se presenta cuando el Estado expide una medida de
carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración del contrato y que incide en forma
directa o indirecta en el mismo, alterando en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al
momento de celebrarlo, precisando sin embargo, que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe
cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante (sentencia
del 18 de septiembre de 2003, Exp. 14577).

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Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
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60. No obstante, como también se señaló, la Sala arriba a la conclusión de que,
pese a la imprecisión del derecho invocado en la demanda, el asunto debe ser
resuelto bajo el marco de la teoría de los riesgos en relación con el advenimiento de
circunstancias que impiden la ejecución del contrato y lo llevan a su terminación –en
este caso, como se analizó previamente, esa consecuencia se deriva directamente
de la ley, ante la imposibilidad de que el liquidador de una entidad pública sometida
a liquidación forzosa realice actos diferentes a llevar a término ese procedimiento
administrativo–, pues a eso conduce la causa alegada en la demanda, lo cual, por
tanto, se reitera, se impone en aplicación del aforismo que indica que a las partes
corresponde señalar los hechos y al juez aplicar el derecho. Cabe advertir que este
análisis no afecta el derecho al debido proceso de la demandada, en tanto no varía
la causa que soporta las pretensiones y, por lo mismo, tampoco desconoce el
principio de congruencia.

61. Pues bien, en el proceso se encuentra acreditado que el contrato No. 0648 de
2006 celebrado entre las partes y denominado como contrato de asociación,
contempló especificaciones propias de un contrato de concesión mercantil 73. En
efecto, lo que las partes contratantes convinieron fue la entrega de un espacio
ubicado en la Clínica Comuneros de propiedad de la E.S.E contratante –concedente–
con el fin de que FINSEMA –concesionario– adaptara y prestara los servicios de
cuidados intensivos de adultos y pediátricos y de cuidados intermedios bajo la
modalidad de atención integral. En razón de ello, FINSEMA se obligó a pagar a la
E.S.E una suma fija mensual y un porcentaje sobre la facturación de los servicios.

62. De lo anterior se puede destacar que el contrato celebrado es un contrato
atípico , de carácter conmutativo y sinalagmático75, respecto del cual FINSEMA
74

esperaba el retorno de las inversiones realizadas y obtener las utilidades esperadas
en el plazo pactado para su ejecución, esto es, 5 años.

63. En el objeto del contrato, las partes señalaron expresamente que se celebraría
“sin riesgo compartido”. Al leer su texto íntegro, se concluye que esta estipulación se
entiende hecha respecto de los riesgos propios que puede suponer la ejecución
misma del negocio jurídico (no su eventual terminación anticipada por efecto del
advenimiento de un evento de fuerza mayor, respecto de lo cual no se encuentra un
pacto expreso), que para la Fundación se traducían en las circunstancias que
pudieran llevar al fracaso o éxito de su gestión para recuperar las inversiones
realizadas en su desarrollo y para obtener las utilidades que esperaba en el plazo
pactado, que fue los que expresamente asumió.

64. Ahora, de conformidad con la información consignada en las resoluciones por
medio de las cuales el liquidador de la E.S.E resolvió las reclamaciones presentadas

73 La doctrina ha catalogado el contrato de concesión mercantil de un espacio como el acuerdo de voluntades en

virtud del cual un empresario llamado concedente se obliga a otorgar a otro llamado concesionario, la distribución
de sus productos o servicios o la utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos, a cambio de una
retribución que podrá consistir en un precio o porcentaje fijo, o en una serie de ventajas indirectas que benefician
su rendimiento y su posición en el mercado. Arrubla Paucar, Jaime. Contratos Mercantiles. Pág. 289.
74 En este tipo de contratos, el principio de libertad contractual permite pactar las particularidades necesarias

para la debida ejecución del contrato, siempre y cuando lo pactado no vaya en contravía de la ley
75 Toda vez que para que FINSEMA pudiera iniciar la adecuación y prestación de los servicios a su cargo era

necesario que la E.S.E le hiciera la entrega de los espacios en los cuales cumpliría sus obligaciones.

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por FINSEMA76, la Sala encuentra acreditado también que a través de Decreto 810
del 14 de marzo de 2008 se ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E, en
consecuencia, a partir de ese momento, se inició el proceso de liquidación bajo las
reglas contenidas en el Decreto 254 de 2000, por tratarse de una entidad pública del
orden nacional. El referido Decreto 81077 señaló, en concordancia con las normas
que rigen el procedimiento administrativo de liquidación forzosa de entidades
públicas del orden nacional, la prohibición de iniciar nuevas actividades (artículo 3º)
y dispuso expresamente que “la Empresa Social del Estado Francisco de Paula
Santander en liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su
objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar
actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta
liquidación”78.

65. Como se observa, en este caso la terminación del contrato No. 648 de 2006
se produjo de manera sobreviniente ante la imposibilidad de la E.S.E de continuar
su ejecución debido al proceso de liquidación forzosa a la que fue sometida. En
consecuencia, se concluye que la causa a la que se atribuye el daño estuvo
determinada por un evento externo a la demandada, en tanto, como se analizó
previamente, la decisión de suprimir y liquidar la entidad corresponde adoptarla al
Presidente de la República en ejercicio de una facultad discrecional que está en
cabeza suya y en la que no tiene injerencia la entidad a la que se impone la medida,
la cual, además, como también se vio, no puede oponerse o resistirse a ella.

66. Adicionalmente, se trató de un hecho que, aunque posible no era
suficientemente probable al momento de la celebración del contrato. De hecho, la
parte actora alega que se trató de un evento que podía enmarcarse, o bien en la
teoría de la imprevisión o bien en la del hecho del príncipe; así, al margen de las
diferencias que existen entre estas dos figuras y sus consecuencias, lo cierto es que
ambas suponen el surgimiento de un evento imprevisible al momento de la
celebración del negocio jurídico. En este punto se pone además de presente que, si
bien en el Decreto 810 de 2008, como fundamento para adoptar la medida hizo
alusión a informes de calidad de la prestación de servicios que se habrían elaborado
entre los años 2006 y 2007 y a un informe de la Contraloría General de la República
sobre auditoria gubernamental con enfoque integral correspondiente a las vigencias
de 2005 y 2006, lo cierto es que ello solamente da cuenta de la realización de tales
informes, mas no de que desde antes de la celebración del contrato los resultados
de tales informes pudieran conducir a configurar una de las causales a las que se
refiere el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, para la supresión, disolución y liquidación

76 Obrantes de folios 98 a 140 y 179 a 209 del cuaderno 1.
77 Tomado de:
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1170454#:~:text=por%20el%20cual%20se%20suprime,y
%20se%20ordena%20su%20liquidaci%C3%B3n.
78 Con todo, dispuso que “la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander en liquidación adelantará,

prioritariamente, las acciones que permitan garantizar la terminación de procesos de atención a pacientes
hospitalizados o el traslado de los mismos, en condiciones de seguridad, a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que determine el Instituto de Seguros Sociales, las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios a las cuales estén afiliados, o a las que informen las Direcciones Territoriales de Salud en caso de
existir contrato de prestación de servicios con estas entidades. Para tal efecto podrá celebrar contratos de
administración u operación.
Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander en liquidación, también
continuará ejecutando las apropiaciones de la vigencia fiscal 2008 comprometidas por parte de la Empresa Social
del Estado Francisco de Paula Santander antes de la vigencia del presente Decreto”.

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Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
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de entidades públicas del orden nacional, y menos a que, en ejercicio de su potestad
discrecional, el Presidente tomara esa medida.

67. En consecuencia, como está probado que en este caso la causa que
determinó la terminación del contrató obedeció a un evento de fuerza mayor –en
tanto se encuentran reunidos los elementos de esta figura, esto es, que el hecho sea
imprevisible, irresistible y externo–, se debe concluir, de una parte, que ambos
contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones, y, de otra,
que al amparo de lo dispuesto en el artículo 1604 del Código Civil y del inciso
segundo del artículo 1616 ibidem, la E.S.E no está llamada a indemnizar los
perjuicios que se hubieren generado como consecuencia de la imposibilidad de
continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado.

68. A esta conclusión se arriba, además, porque en el contrato las partes no
estipularon expresamente la agravación del régimen de responsabilidad. En efecto,
en la única parte del contrato que se refirieron a los riesgos fue al definir el objeto,
en el que se estipuló que el contrato se celebraba “sin riesgo compartido”79, dicho
pacto, como ya se dijo, suponía que cada uno de los contratantes asumía los riesgos
que le eran inherentes de cara a las obligaciones que asumió, sin que la otra tuviera
parte en ello. De las obligaciones pactadas tampoco se encuentra que alguno de los
contratantes hubiere asumido expresamente la responsabilidad por los perjuicios
que se pudieran causar en el evento de que, ante el surgimiento de un evento de
fuerza mayor, el contrato no se pudiera ejecutar hasta su terminación. Así, como ese
aspecto no fue regulado expresamente por las partes, se debe aplicar al caso lo
dispuesto en el ya mencionado artículo 1604 del Código Civil, lo que impide acceder
a las pretensiones indemnizatorias de la parte actora y, conlleva, por lo mismo, a
confirmar la decisión del a quo sobre este mismo aspecto.

69. Finalmente, es pertinente mencionar que en la contestación de la demanda la
E.S.E señaló que se oponía a que se reconociera el monto reclamado por la parte
actora a título de daño emergente porque FINSEMA había retirado los equipos y
elementos que se instalaron para la ejecución del contrato, los cuales, por tanto,
estaban en su poder. Desde los alegatos de la primera instancia, la demandante ha
negado esa afirmación y, en cambio, ha afirmado que, si bien los reclamó, nunca le
fueron entregados.

70. Al respecto, la Sala estima necesario advertir que en este proceso no se
solicitó que se ordene a la demandada la devolución de tales equipos y elementos,
sino que se reconozcan los perjuicios que se habrían causado como consecuencia
de la terminación unilateral del contrato, dentro de los que se incluyeron los valores
asociados a este concepto80, en tanto la parte actora no los habría recuperado. En
consecuencia, este aspecto del litigio sólo habría podido abordarse en caso de que
se hubiera accedido a la pretensión de la demandante que sirvió de fundamento a
las solicitudes indemnizatorias. Como esto no aconteció, no se harán
consideraciones sobre el aspecto indicado.

79 Folio 43, cuaderno 1.
80En el acápite de estimación de la cuantía se incluyó por concepto de “COMPRA DE EQUIPO MÉDICO
CIENTÍFICO Y DEMÁS” la suma de $2.374’992.990 (folio 34, cuaderno 1).

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Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual

La pretensión de liquidación judicial del contrato

71. Como consecuencia de lo expresado en el acápite anterior, la Sala no
accederá a la solicitud de la parte actora en el sentido de que se revoque la decisión
del Tribunal de liquidar en ceros el contrato, para, en su lugar, incluir como saldos a
su favor los valores que reclama a título de indemnización de perjuicios derivados de
la terminación anticipada del negocio jurídico. Como ningún otro reparo se presentó
frente a la liquidación, la Sala debe confirmar la decisión que se adoptó en primera
instancia frente a esta materia.

Costas

72. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
(aclaración de voto)

VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente
enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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