Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00262-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00262-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2010-00262-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-31-000-2010-00262-02 (72.166)
Demandante: MANOLO ARTEAGA ORTEGA Y FANNY PATRICIA
ZAMBRANO ORTEGA, INTEGRANTES DE LA UNIÓN
TEMPORAL MANOLO ARTEAGA – PATRICIA
ZAMBRANO
Demandado: ECOPETROL SA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – CCA
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO –
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO –
CONTRATO REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Síntesis del caso: la demanda se circunscribe en la discusión acerca de la legalidad de las
decisiones de imposición de multa, terminación anticipada y unilateral y, liquidación
unilateral del contrato no. 4018162 de 2008 suscrito con Ecopetrol, así como también,
respecto del incumplimiento de la entidad demandada y el desequilibrio económico de dicho
negocio jurídico; el tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda.
Inconforme con la decisión la parte actora se opuso a la sentencia por cuanto, en su criterio,
no se tuvo un adecuado análisis de los elementos probatorios que conforman el expediente.
Temas: contrato regido por el derecho privado – autonomía de la voluntad – actos
contractuales – incumplimiento del contrato – desequilibrio económico del contrato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 14 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que denegó las súplicas de la demanda (documento no. 8 – expediente
digital), en los siguientes términos:
“Primero. DENIÉGUENSE las súplicas de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, ARCHIVAR las diligencias
previas las anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI” (fls. 40 y 41
ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente no. 68001-23-31-000-2010-00262-02 (72.166)
Actor: Manolo Arteaga Ortega y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 22 de abril de 2010 en el Tribunal Administrativo de
Santander, los señores Manolo Arteaga Ortega y Fanny Patricia Zambrano Ortega
integrantes de la Unión Temporal Manolo Arteaga – Patricia Zambrano actuando
por intermedio de apoderada judicial interpusieron demanda en ejercicio del medio
de control jurisdiccional de controversias contractuales1 (fls. 1 a 158 documento no.
2 del cuaderno no. 2 – expediente digital) con las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que se declare que ECOPETROL SA incumplió el Contrato
No 4018162 de 2008.
SEGUNDO: Que se anulen los siguientes actos administrativos: 1) La
Resolución No 01 de 9 de septiembre de 2008 mediante la cual se impuso
una multa a la Unión Temporal Manolo Arteaga-Patricia Zambrano, 2) La
Resolución No 2 de 2008 mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto, 3) El acto de terminación unilateral del Contrato
No 4018162, de 15 de diciembre de 2008, 4) El acto de liquidación
unilateral del Contrato No 4018162 e imposición de cláusula penal, de 25
de junio de 2009.
TERCERO: Consecuencialmente, que se ordene la devolución de los
dineros retenidos con fundamento en los actos administrativos, más sus
intereses.
CUARTO: Que se condene a ECOPETROL SA a pagar a la U.T.
MANOLO ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO las sumas a que haya
lugar para el restablecimiento integral de la ecuación económica del
Contrato 4018162 de 4 de junio de 2008, incluido:
• El reconocimiento y pago actualizado de la totalidad de los gastos y
mayores costos de todo orden en que incurrió la Unión Temporal,
• El reconocimiento y pago actualizado de la totalidad d ellos gastos
reembolsables y su porcentaje de administración,
• La utilidad a la que tiene derecho la Unión Temporal,
• El costo de oportunidad,
1 Por auto de 4 de junio de 2010 la demanda fue inadmitida (fls. 1 a 3 documento no. 3 cdno. no. 2
– expediente digital), por cuanto no se había aportado el documento original del poder conferido por
la totalidad de los integrantes de la Unión Temporal Manolo Arteaga-Patricia Zambrano; luego de
que la parte demandante procediera con la correspondiente subsanación, la demanda fue admitida
y se negó la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados el 19 de noviembre de
2010 (fls. 16 a 21 ibidem). Por auto del 20 de febrero de 2014, esta Corporación resolvió el recurso
de reposición en contra del auto que admitió la demanda, en el sentido de confirmar la admisión de
la demanda y suspender provisionalmente los actos demandados por cuanto Ecopetrol no tenía
competencia para ejercer facultades excepcionales (fls. 61 a 90 documento no. 3 cdno. no 2 –
expediente digital).
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Expediente no. 68001-23-31-000-2010-00262-02 (72.166)
Actor: Manolo Arteaga Ortega y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
• Los mayores costos financieros y judiciales,
• La indemnización actualizada por los perjuicios ocasionados que se
logren acreditar en el presente proceso.
QUINTO: Que se condene a la (sic) ECOPETROL SA a pagar a la U.T.
MANOLO ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO, intereses de mora a la
más alta tasa aplicable legalmente, sobre todas las sumas a las que
resulte condenad, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado
lugar a la condena y hasta la fecha de la sentencia.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN CUARTA: Que se
condene a la (sic) ECOPETROL SA a pagar a la U.T. MANOLO
ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO, intereses moratorios,
remuneratorios o actualización, según el caso, a la tasa que el Tribunal
establezca, sobre las sumas a las que resulte condenada, a partir de la
ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la
fecha de la sentencia, o desde cuando el Tribunal considere estos se
deben causar conforme a lo que se pruebe en el proceso.
TERCERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓNSEGUNDA: (sic) Que se
condene a la (sic) ECOPETROL SA a pagar a la U.T. MANOLO
ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO, intereses moratorios sobre todas las
sumas a las que resulte condenado, a partir de la notificación de la
demanda, en los términos del artículo 884 del Código de Comercio y el
valor correspondiente a la actualización con IPC sobre todas las sumas a
las que resulte condenada a partir de la ocurrencia de las causas que
hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha de presentación de la
demanda.
QUINTO: Que en caso de mora en el pago de la suma a la cual resulte
condenada ECOPETROL SA se le ordene pagar a la U.T. MANOLO
ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO, intereses moratorios a la más alta
tasa aplicable legalmente, a partir de la ejecutoria de la sentencia.
SEXTO: Que se condene a ECOPETROL SA a pagar a la U.T. MANOLO
ARTEAGA-PATRICIA ZAMBRANO, las costas que se generen como
consecuencia de este proceso, así como las agencias en derecho.” (fls.
91 a 93 documento no. 2 cdno. no. 2 - expediente digital - negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 4 de junio de 2008, Ecopetrol y la unión temporal Manolo Arteaga-Patricia
Zambrano suscribieron el contrato no. 4018162 con el objeto de realizar las obras
para la instalación de recubrimiento con concreto en las unidades de la gerencia y
refinería de Barrancabermeja (Santander), en un plazo de 200 días y por un valor
de $2.466´093.275.
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Actor: Manolo Arteaga Ortega y otra
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2) Desde el inicio de la ejecución del contrato, la unión temporal contratista se
percató de varias inconsistencias en la planeación por parte de Ecopetrol en relación
con la (i) imposibilidad de inicio de labores por temporadas de lluvia, (ii) falta de
información veraz previa a la ejecución del contrato, (iii) falta de certificadores de
andamios, (iv) falta de capacitación a los trabajadores, (v) falta de transporte al
interior de la refinería y, (vi) tardía concesión de permisos de trabajo.
3) Ecopetrol además incluyó en los pliegos la obligación de suministrar a la unión
temporal parte de los materiales necesarios para ejecutar la obra, tales como el
“pyrocrete, esquineros, malla, carboguard y rustbond penetrating” (fl. 9 documento
no. 3 cdno no. 2 – expediente digital), pero, con la suscripción del contrato las partes
avalaron que la referida obligación de suministro estaba a cargo del contratista y su
reconocimiento económico se hacía a través de la figura de gastos reembolsables.
4) Algunos de los materiales que Ecopetrol entregó a la unión temporal durante la
ejecución del contrato resultaron de mala calidad, aspecto que fue reconocido por
la entidad en la anotación en la bitácora del 25 de septiembre de 2008.
5) Durante la ejecución del contrato, Ecopetrol responsabilizó a la unión temporal
por los retrasos en la ejecución de la obra, a pesar de que se trataba de hechos
imprevisibles que escapan de su control. Las horas de improductividad por causas
no imputables a la unión se estimaron en un total de 923,73 (fl. 87 ibidem).
6) A pesar de que el contrato se rige por las normas del Código de Comercio y
Código Civil, Ecopetrol ejerció frente a la unión temporal cláusulas exorbitantes o
excepcionales de imposición de multas, liquidación y terminación unilateral, como
se detalla a continuación:
a) A través de las Resoluciones números 01 y 02 de 2008 impuso y confirmó multas
en contra de la unión temporal contratista.
b) El 15 de diciembre de 2008 Ecopetrol emitió un acta de terminación anticipada y
unilateral del contrato no. 4018162, documento en el que además hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria. A la fecha de terminación del referido negocio jurídico la
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Actor: Manolo Arteaga Ortega y otra
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unión temporal había ejecutado un 23,72% del total de la obra contratada y había
incurrido en costos que no se tuvieron en cuenta.
c) El 25 de junio de 2009, Ecopetrol liquidó unilateralmente el contrato no. 4018162
de 2008.
10) Los gastos por cuenta de las mayores actividades y mano de obra en que
incurrió la unión temporal durante la ejecución del contrato ascienden al valor de
$988.210.148.
3. Fundamento de demanda
En los términos de la parte actora, las Resoluciones números 1 y 2 de 2008
mediante las cuales se impuso y confirmó la imposición de una multa a la unión
temporal Manolo Arteaga-Patricia Zambrano, el acta de 15 de diciembre de 2008 de
terminación unilateral del contrato no. 4018162 y el acta de liquidación unilateral del
mismo negocio jurídico de 25 de junio de 2009 son nulas por desconocer las normas
en que debían fundarse, violar el derecho del debido proceso y el principio de
proporcionalidad.
4. Posición de la parte demandada
Mediante escrito radicado el 2 de junio de 2015 presentó contestación de la
demanda (fls. 195 a 211 documento no. 3 cdno. no. 2 – expediente digital) con
oposición a las pretensiones, solicitó que estas fueran negadas y propuso
excepciones con fundamento en los siguientes argumentos:
1) No se ajusta a la realidad afirmar, como lo hace la parte demandante, que los
planos suministrados estuvieran errados, puesto que fueron realizados sobre las
plantas a intervenir; es decir, no eran detallados, solo arrojaban la información
básica para el inicio de la ejecución y nunca se exigió a la unión temporal ejecutar
obra en áreas ajenas al proyecto.
2) Las mayores cantidades de obra ejecutadas por la contratista fueron pagadas de
acuerdo con el sistema de precios unitarios de que trata el anexo no. 1 del contrato,
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por lo cual no se le generó perjuicio alguno.
3) El ítem de andamios, era una obligación que estimó la unión temporal a precio
global, resultado al que llegó luego de la visita realizada al área de ejecución; en
ese sentido, el error en la estimación es de su resorte y no tiene incidencia en contra
de Ecopetrol.
4) Los medidores pulsar fueron autorizados en la última semana de julio de 2008,
según lo acredita la anotación no. 9 de la bitácora 1300/1600, razón por la cual, la
tardanza en la adquisición de dichos elementos fue generada por una mala e
inadecuada administración de la contratista.
5) El número de personal en obra era una decisión del contratista, de acuerdo con
su experiencia; luego, Ecopetrol no tiene injerencia en la necesidad de mayor
personal, pues, ese número debió preverlo la unión temporal contratista al momento
de la estimación del valor por la ejecución del contrato.
6) No hubo necesidad de capacitar al personal en obra en la medida en que la unión
temporal contrató al mismo personal que ya venía ejecutando las labores en el sitio,
por lo cual, no existió incumplimiento por parte de Ecopetrol ni retraso en el
cronograma.
7) Los gastos de reembolso no fueron pagados a la unión temporal por cuenta de
su incumplimiento en el procedimiento acordado y su negativa en allanarse al
mismo.
8) Los retrasos en obra se debieron a protestas del personal contratado por la unión
temporal contratista, de lo que dan cuenta las comunicaciones 52078 y 52080 de
10 de diciembre de 2008 y, 37845 de 22 de mayo de 2009.
9) Las multas y demás prerrogativas que adelantó Ecopetrol se refieren a facultades
que las partes consideraron en el texto del contrato en ejercicio de la autonomía de
la voluntad.
10) Formuló las excepciones que denominó (i) responsabilidad del contratista por
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su ofrecimiento económico; (ii) incumplimiento del contratista; (iii) posibilidad de
pactar en los contratos de Ecopetrol sometidos a las reglas del derecho privado
cláusulas de multa y terminaciones unilaterales; (iv) habilitación legal expresa en el
estatuto general de la contratación pública, e (v) irretractabilidad de las cláusulas de
multas, todas las cuales constituyen oposición a los argumentos del fondo de la
controversia y no tienen que ver con presupuestos procesales que impidan la
continuación del proceso.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia de 14 de marzo de 2024
(fls. 1 a 41 cuaderno no. 7 índice 2 SAMAI) denegó las súplicas de la demanda, con
base en el siguiente razonamiento:
1) El régimen jurídico preferentemente aplicable a los contratos celebrados por
Ecopetrol es el régimen común, regla que se predica del contrato objeto de la litis,
sin perjuicio de la obligación de observar los principios de la función administrativa
y de la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política y en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
2) En los contratos sujetos a las normas de derecho privado, las partes regulan
libremente sus intereses y se encuentran en posibilidad de convenir, entre otros
aspectos, el alcance y contenido de las prestaciones a su cargo, los eventos
constitutivos de incumplimiento o las consecuencias que se derivan de este, así
como también, prever la adopción de mecanismos o facultades a través de las
cuales se puedan corregir las consecuencias nocivas de ese incumplimiento, o
sancionarlo.
3) Los actos emitidos por el contratante en ejercicio de facultades previamente
convenidas por las partes en un contrato estatal sometido a normas del derecho
privado son actos contractuales mas no administrativos, debido a que no comportan
el ejercicio de una facultad excepcional al derecho común y, por el contrario,
devienen del ejercicio de las facultades otorgadas por las partes de la relación
negocial y solo pueden ser impugnados demandando el incumplimiento del
contrato.
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4) En consecuencia, el estudio de legalidad de los actos cuya nulidad propone la
parte actora solo puede realizarse mediante el estudio del incumplimiento
contractual y el equilibrio económico del contrato que se demanda, sobre la base de
lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio.
5) De acuerdo con el análisis de las pruebas que conforman el expediente, se tiene
claridad de que la unión temporal pudo conocer los documentos que integraban la
información general sobre el proyecto, puesto que fueron puestos en su
conocimiento como insumo para la elaboración de su propuesta económica.
6) La parte actora no demostró la existencia de las situaciones narradas, así como
tampoco la existencia de un daño que superara el punto de no pérdida o, que haya
sufrido por su causa una afectación económica de importancia, extraordinaria o
anormal, un déficit que le haya dificultado o causado trastornos en la ejecución del
contrato.
6. El recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (documento no. 8, índice 2 SAMAI) el cual fue concedido por el a quo por
auto del 30 de octubre de 2024 (documento no. 4, índice 2 SAMAI), impugnación
que fue sustentada en los siguientes términos:
1) El tribunal de primera instancia omitió pronunciarse sobre los testimonios
rendidos por los ingenieros residentes Antonio de Padua Meisel Juliao y Javier
Santa Cruz Gámez en virtud de los cuales se acreditó la mala calidad de los
materiales suministrados por Ecopetrol, situación que fue reconocida por la
interventoría en la bitácora de 25 de septiembre de 2008.
2) Tampoco tuvo en cuenta la acreditación de los incumplimientos por (i) falta de
certificadores de andamios; (ii) falta de capacitación a los trabajadores del anterior
contratista; (iii) falta de transporte en el interior de la refinería; (iv) tardía concesión
de permisos de trabajo; (v) procedencia de la teoría de la imprevisión por el cese de
actividades de la USO y las temporadas de lluvias; (vi) falta de información veraz
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previa a la ejecución del contrato; (vii) insuficiencia de las fórmulas de ajuste de
precios y, (x) falta de reconocimiento de los sobrecostos y excesiva onerosidad.
3) De otra parte, se opone al análisis realizado sobre las cláusulas de imposición de
multas, terminación anticipada y unilateral y, liquidación unilateral del contrato,
puesto que, en su criterio, constituyen decisiones que escapan de la competencia
atribuida a las entidades públicas como Ecopetrol SA.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 12 de febrero de 2025 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y, posteriormente, el 7 de mayo de 2025 (índice 13 SAMAI) se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y,
vencido este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el
respectivo concepto.
2) En dicho término las partes presentaron sendos escritos con sus alegatos de
conclusión (índice 17 y 18 SAMAI); el Ministerio Público guardó silencio (índice 21
SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada consiste en la discusión sobre la legalidad de las
decisiones mediante las cuales se impusieron multas por incumplimiento a la unión
temporal contratista, se terminó en forma anticipada y unilateral el contrato y, se
procedió con la liquidación unilateral del mismo negocio jurídico, así como también
en el incumplimiento de Ecopetrol durante la ejecución del contrato no. 4018162 de
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2008 que generó un desequilibrio económico susceptible de indemnización en favor
de la unión temporal contratista, por cuenta de las obligaciones relacionadas con
los siguientes aspectos puntuales (i) la falta de certificadores de andamios, (ii) la
falta de capacitación a los trabajadores del anterior contratista, (iii) la falta de
transporte al interior de la refinería, (iv) la tardía concesión de permisos de trabajo;
(v) la procedencia de la teoría de la imprevisión por el cese de actividades de la
USO y las temporadas de lluvias, (vi) la falta de información veraz previa a la
ejecución del contrato, (vii) la insuficiencia de las fórmulas de ajuste de precios y,
(x) la falta de reconocimiento de los sobrecostos y excesiva onerosidad.
El Tribunal Administrativo de Santander denegó las súplicas de la demanda por
cuanto, de una parte, determinó que las decisiones unilaterales de imposición de
multas, terminación y liquidación del contrato no constituían actos administrativos
sino actos contractuales que debían ser analizados a la luz de los incumplimientos
a las obligaciones asumidas en ejercicio de la autonomía de la voluntad y, de otra
parte, no se encontraron probados los incumplimientos endilgados a Ecopetrol, así
como tampoco la existencia y configuración de eventos que afectaran la normal
ejecución del contrato y que pudieran concretarse en daños y perjuicios susceptibles
de indemnización a favor de la unión temporal contratista.
La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la decisión por estimar
que omitió pronunciarse sobre los medios probatorios que conforman el expediente,
elementos con los que se acreditan los incumplimientos de Ecopetrol, el
desequilibrio económico en contra de la unión temporal contratista, y la nulidad de
las decisiones mediante las cuales se impuso multa, se terminó en forma unilateral
y anticipada el contrato y, se liquidó unilateralmente el mismo negocio jurídico.
La sentencia apelada será confirmada, por las razones que se exponen a
continuación2.
2 La demanda de la referencia fue presentada en el término que se tenía para ello, toda vez que el
contrato fue liquidado en forma unilateral el 25 de junio de 2009 (fls. 362 a 379 cdno. no. 2 –
expediente digital) y la demanda fue presentada el 22 de abril de 2010 (fls. 1 a 158 documento no. 2
del cuaderno no. 2 – expediente digital), en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del numeral
10 del artículo 136 del CCA.
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2. Análisis de la impugnación
Analizadas las pruebas que obran en el proceso, se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
objeto de juzgamiento:
1) El 4 de junio de 2008, Ecopetrol suscribió con la unión temporal Manolo Arteaga
– Patricia Zambrano, integrada por los señores Manolo Arteaga Ortega y Fanny
Patricia Zambrano Ortega, el contrato no. 4018162 con el objeto de llevar a cabo
las “OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON CONCRETO DE
FIREPROOFING EN LAS UNIDADES DE PROCESO DE LA GERENCIA
REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA UBICADA EN BARRANCABERMEJA -
SANTANDER” (fl. 28 cdno. no. 2 – expediente digital – mayúsculas sostenidas del
original), en un plazo de 200 días y por un valor de $2.219´483.951.
2) En la cláusula 5 del negocio jurídico en comento, la unión temporal contratista se
obligó expresamente a “ejecutar íntegramente el objeto del Contrato, por lo cual
tendrá las siguientes obligaciones, además de las que se desprendan de otras
cláusulas de esta Minuta, o de los DPS3” (fl. 33 ibidem).
3) En el numeral 1.12 del capítulo primero del documento denominado condiciones
generales del contrato, se determinó que el contrato estaba sometido “al Manual de
Contratación de Ecopetrol y, en especial, se reg[ía] por las disposiciones pertinentes
del Código de Comercio y Código Civil en lo que estas fueren aplicables” (fl. 61
cdno. no. 2 – expediente digital).
4) En la cláusula 10 del referido negocio jurídico, las partes convinieron
expresamente que las “multas que imponga ECOPETROL al CONTRATISTA serán
por la suma equivalente al 1% del valor estimado del contrato, por cada situación o
hecho constitutivo de incumplimiento, o por cada día en que el mismo se prolongue,
3 DPS hace referencia a los Documentos del Proceso de Selección los cuales de acuerdo con lo
determinado en el numeral 1.2 del capítulo primero de las condiciones generales del contrato, son:
los documentos de trámite de precalificación, el acto que autoriza a dar inicio al PS (proceso de
selección), CGC (condiciones generales del contrato), CEC (condiciones específicas del contrato,
minuta del contrato, anexos, acta de audiencia de precisión de los DPS, acta de visita, aclaraciones
de Ecopetrol a las observaciones, adendos, informe de evaluación, decisión de celebración del
contrato o declaración de fallido del DPS (fl. 57 cdno. no. 2 – expediente digital).
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y su valor se descontará de la factura correspondiente al mes siguiente en que la
misma se impuso” (fl. 65 ibidem).
5) En el documento contentivo de las condiciones generales del contrato, el cual
hace parte integral del contrato 4018162 de 2008, se estipularon las siguientes
cláusulas de especial interés para el asunto de la referencia:
“CLÁUSULA 23 – TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El Contrato terminará de manera ordinaria por el vencimiento del término
de su vigencia, con la liquidación definitiva de las obligaciones recíprocas
una vez expirado el plazo de ejecución del mismo, y de manera
extraordinaria en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes y la liquidación definitiva, y
2. Por declarar ECOPETROL la terminación anticipada del Contrato. En
estos casos el Contrato terminará con la liquidación definitiva del
mismo.
CLÁUSULA 24 – TERMINACIÓN ANTICIPADA
ECOPETROL podrá declarar la terminación anticipada del Contrato en
los siguientes eventos:
(…).
3. Cuando del incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA se
deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente
la ejecución del Contrato
(…).
El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los
trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte de
ECOPETROL hasta la fecha de terminación anticipada, así como los
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.
(…).
CLÁUSULA 32 – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Concluida la ejecución del Contrato o el plazo de ejecución del mismo, el
interventor y el CONTRATISTA suscribirán el acta de terminación de la
ejecución.
Las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato en el
plazo señalado en este Clausulado General, salvo que en la Minuta se
establezca un plazo diferente.
La terminación del plazo de ejecución y la liquidación de mutuo acuerdo
del Contrato, podrán constar en un único documento.
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Expediente no. 68001-23-31-000-2010-00262-02 (72.166)
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En caso de que el CONTRATISTA no concurra a la liquidación, o no haya
acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término antes citado,
aquel faculta expresamente a ECOPETROL para que proceda a realizar
la liquidación unilateral en el término de dos (2) meses” (fls. 105 y 108
cdno. no. 2 – expediente digital, mayúsculas, negrillas y subrayado del
original).
6) Durante la ejecución del contrato, el interventor reportó unos retrasos en el
cronograma de obra, situación que motivó que el contratista propusiera un plan de
choque; no obstante, la unión temporal no cumplió la carga de obra prometida por
lo cual el 9 de septiembre de 2008 Ecopetrol, a través de la Resolución no. 1, impuso
multa equivalente al 1% del valor del contrato hasta tanto el contratista se allanara
al cumplimiento de las obligaciones, decisión que confirmó el 21 de noviembre de
2008 con la Resolución no. 2 (fls. 245 a 323 cdno. no. 2 – expediente digital).
7) El 13 de diciembre de 2008, Ecopetrol emitió el acta de terminación anticipada y
unilateral del contrato no. 4018162 de 2008, por cuanto, para ese entonces, la unión
temporal contratista ya había acumulado un retraso del 45,95% del cronograma de
obra, sin que en modo alguno hubiera presentado argumentos que modificaran tales
determinaciones (fls. 325 a 339 ibidem).
8) El 23 de junio de 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en el acta de terminación
referida, Ecopetrol liquidó unilateralmente el contrato no. 4018162 de 2008, balance
general que arrojó un valor en favor de Ecopetrol de $117´502.228, luego de
reconocer a la unión temporal contratista el valor por reajuste de salarios, gastos
reembolsables, administración por gastos reembolsables y descontar lo
correspondiente a la multa y penalización por la terminación anticipada del negocio
jurídico (fls. 362 a 379 cdno. no. 2 – expediente digital).
En ese contexto, según lo acreditado en el expediente, procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si con ocasión de la ejecución del
contrato no. 4018162 de 2008 Ecopetrol incurrió en incumplimiento contractual por
el hecho de haber emitido, en forma unilateral, las decisiones consistentes en
imposición de multa, terminación anticipada y liquidación del negocio jurídico, así
como también por (i) la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano
de obra por cuenta de la falta certificadores de andamios, falta de capacitación a los
trabajadores del anterior contratista, falta de transporte al interior de la refinería y
tardía concesión de permisos de trabajo; (ii) la tardanza en los cronogramas de
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entrega por cuenta de hechos ajenos a la voluntad del contratista y, (iii) la falta de
información veraz previa a la ejecución del contrato, situaciones todas estas que
permiten la configuración del desequilibrio económico en contra de la unión temporal
contratista.
2.1 El caso concreto
Para dar respuesta al problema jurídico planteado se procederá inicialmente con el
análisis sobre la naturaleza de los actos emitidos por Ecopetrol mediante los cuales
de impuso multa, terminó anticipadamente y liquidó el contrato, para luego proceder
con la determinación del incumplimiento de Ecopetrol, y finalmente, analizar la
configuración del desequilibrio económico solicitado con la demanda.
2.1.1 Naturaleza de los actos emitidos por Ecopetrol durante la ejecución del
contrato no. 4018162 de 2008
1) En la misma línea con lo determinado por el tribunal de primera instancia, esta
Corporación en casos anteriores ha determinado que “los actos emitidos por la
entidad contratante, con fundamento en las facultades otorgadas por el pacto
negocial, cuyo régimen corresponde al derecho privado, esto es, a la autonomía
negocial particular, configuran un mero acto contractual que no administrativo, de
manera que su control judicial debe darse por vía de incumplimiento contractual y
no por vía de nulidad”4.
2) En un caso similar al de la referencia, en el que se pretendió la nulidad de la
decisión contentiva de la imposición de multa al contratista luego de evidenciar el
incumplimiento de las obligaciones previamente asumidas, esta Corporación
sostuvo que:
“[E]n épocas recientes la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado (en lo que comienza a identificarse como una tendencia
mayoritaria) a favor de la posibilidad de que “las partes contratantes, en
ejercicio de la autonomía negocial, pueden pactar dentro de la convención
que rige la relación contractual figuras como la multa, la cláusula penal,
terminación por mutuo acuerdo o unilateral, todas estas como previsión
anticipada de las consecuencias del posible incumplimiento en que pueda
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017,
expediente no. 56562, MP Jaime Orlando Santofimio.
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incurrir una de ellas”5. Esta misma Sección ha concluido que las
cláusulas, como la de terminación unilateral por incumplimiento,
“son absolutamente viables, a partir de la autonomía de las partes
para estructurar el contenido del negocio, siempre que en ellas se
especifique la prestación esencial cuyo incumplimiento priva
sustancialmente al contrato de la debida ejecución del objeto
pactado
39. Lo anterior, bajo el convencimiento de la importancia capital de
atender y respetar la autonomía dispositiva, propia de los contratos
regidos por el derecho privado:
“El cambio de concepción ha significado entonces el pasar de entender
que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto Contractual no
podían pactar cláusulas unilaterales, pues no contaban con la habilitación
legal para hacerlo, a un entendimiento que, por el contrario, considera
que, al igual que los privados, la habilitación deviene de la propia
autonomía contractual.
De esta manera, cuando una entidad estatal, regida por derecho
privado, pacta una cláusula que confiere una facultad unilateral, al
igual que ocurre con los privados, no debe entenderse nada diferente
a que, en igual sentido, está habilitada para acudir a este tipo de
pactos. Lo anterior pues, cada vez será más difícil entender cómo,
aunque los privados puedan pactar este tipo de cláusulas, cuando la
Administración se comporta como un privado más, ella no pueda
celebrar estos mismos acuerdos.
(…).
(…) debe retomarse y dársele valor real al mensaje del legislador de
1994, esto es, debe tomarse en serio el régimen jurídico aplicable. Si
ello es así, una de las primeras consecuencias necesarias viene dada
por evidenciar que, actos como los expedidos por [una empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios], en los que se
terminó el contrato, no son, en realidad, actos administrativos, en
otras palabras, no son actuaciones que concreten una función
administrativa a través del ejercicio legítimo del poder.”6 (negrillas
adicionales).
3) Para la Sala es claro que, actualmente, se cuenta con una posición unificada
sobre la naturaleza jurídica privada de los actos precontractuales, pues, se trata de
una decisión reiterada considerar que los actos de una entidad, en cuyo régimen
contractual se aplican las reglas del derecho privado, no constituyen actos
administrativos y, en ese sentido, no procede la revisión de legalidad por vía de
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de agosto de 2016, expediente
no. 41783, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de junio de 2019, expediente
no. 39800, MP Alberto Montaña Plata.
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nulidad, sino que, se trata de un análisis respecto de los incumplimientos de las
obligaciones derivados de la aplicación del negocio jurídico7.
4) En esa línea de análisis, los actos cuya legalidad se cuestiona a través de la
demanda de la referencia no pueden catalogarse como actos administrativos, toda
vez que:
a) En el antecedente enlistado como vigésimo primero, Ecopetrol expresamente
señaló que la “multa fue pactada entre las partes, en la cláusula 10 del contrato
4018162” (fl. 248 cdno. no. 2 – expediente digital).
b) En el considerando número 1.62 del acta de terminación anticipada y unilateral
del contrato Ecopetrol expuso que la “cláusula 24 de los DPS ´CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO´ no. 4018162 sobre la terminación anticipada reza:
que ECOPETROL podrá declarar la terminación anticipada del Contrato en los
siguientes eventos: (…) 3. cuando el incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten
gravemente la ejecución del contrato” (fl. 337 cdno. no. 2 – expediente digital –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
c) De otra parte, en el numeral 4.2 de los considerandos del acta de liquidación
unilateral del contrato sostuvo que debido a los reiterados incumplimientos del
contratista Ecopetrol decidió “hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria (…) y
ordenó efectuar la liquidación final del contrato” (fl. 368 ibidem), en cumplimiento de
lo dispuesto en la cláusula 32 de las condiciones generales del contrato (fl. 108
cdno. no. 2 – expediente digital).
5) A su turno, Ecopetrol en el escrito de contestación de demanda sostuvo que “la
imposición de las multas, la terminación y la liquidación unilateral del contrato se
ejercieron con fundamento en las cláusulas contractuales debidamente pactadas en
7 En relación con este preciso punto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias del
Consejo de Estado, Sección Tercera: de la Subsección A la sentencia de 5 de julio de 2018,
expediente no. 54688, MP Marta Nubia Velásquez Rico; de la Subsección B la sentencia de 19 de
junio de 2019, expediente no. 39800, MP Alberto Montaña Plata y de la Subsección C las sentencias
de 20 de febrero de 2017, expediente no. 56562, MP Jaime Orlando Santofimio, de 19 de julio de
2017, expediente no. 57394, MP Jaime Orlando Santofimio, de 19 de junio de 2018, expediente no.
61132, MP Jaime Orlando Santofimio y de 5 de julio de 2018, expediente no. 59530, MP Jaime
Enrique Rodríguez Navas (E).
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Expediente no. 68001-23-31-000-2010-00262-02 (72.166)
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cumplimiento de la autonomía de la voluntad de las partes, no puede sostenerse
que estas determinaciones fueron imposiciones unilaterales en cumplimiento de
funciones públicas, para inferir de allí que los actos contractuales fueron
esencialmente actos administrativos.” (fl. 208 documento no. 3, cdno no. 2 –
expediente digital).
6) Advierte la Sala que esta Corporación en otro caso con similar debate ahora
suscitado, determinó que adelantar un análisis sobre la decisión contractual
consistente en la aplicación de un descuento o multa por incumplimiento,
terminación y liquidación “implicaría que se deba cuestionar la legalidad del acto
administrativo por la falta de competencia para su expedición, pero ello no ocurre
cuando la administración, en un acto despojado de la presunción de legalidad y del
carácter ejecutivo y ejecutorio, se limita a hacer efectivo el pacto contractual.”8,
análisis que implicaría un desconocimiento a la autonomía de la voluntad de las
partes.
En esa perspectiva, si las partes pactaron hacer efectivas multas por
incumplimiento, terminar en forma anticipada y unilateral, y liquidar en forma
unilateral el contrato, lo que le corresponde al juez es observar el cumplimiento de
los precisos términos del pacto negocial para efectos de su control y verificar que la
parte habilitada contractualmente para ejercer tales facultades unilaterales lo haga
en cumplimiento de los requisitos previstos en el texto del negocio jurídico y sin
hacer un uso abusivo de su derecho, razón por la cual, procederá la Sala con el
análisis de los presuntos incumplimientos endilgados a Ecopetrol.
2.1.2 Análisis sobre los supuestos incumplimientos de Ecopetrol
1) Según los precisos términos del recurso de apelación formulado por la unión
temporal contratista, se denegaron indebidamente las pretensiones de la demanda
consistentes en (i) la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de
obra por cuenta de la falta certificadores de andamios, falta de capacitación a los
trabajadores del anterior contratista, falta de transporte al interior de la refinería y
tardía concesión de permisos de trabajo; (ii) la tardanza en los cronogramas de
entrega por cuenta de hechos ajenos a la voluntad del contratista y, (iii) la falta de
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 23 de noviembre de
2022, expediente no. 66700, MP Alberto Montaña Plata.
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información veraz previa a la ejecución del contrato, situaciones todas estas que
permiten la configuración del desequilibrio económico en contra de la unión temporal
contratista, por cuanto no se valoraron en debida forma las pruebas que conforman
el expediente.
2) A su turno, la entidad demandada afirma que la parte actora no logró desvirtuar
los supuestos de hechos con los que se fundamentó la decisión de imposición de
multa, decisión que condujo a la terminación anticipada y a la liquidación unilateral
del negocio jurídico.
3) Sostiene la parte actora que el tribunal de primera instancia no se pronunció en
relación con los testimonios de los ingenieros residentes Antonio de Padua Meisel
Juliao y Javier Santa Cruz Gámez en virtud de los cuales, en su criterio, se acreditó
la mala calidad de los materiales suministrados por Ecopetrol, situación que fue
reconocida por la interventoría en la bitácora de 25 de septiembre de 2008.
En relación con los referidos testigos está acreditado lo siguiente:
a) El 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la diligencia de recepción de testimonio
del ingeniero Javier Santacruz Gámez en condición de ingeniero residente durante
la ejecución del contrato no. 4018162 de 2008, diligencia que adelantó el Juzgado
Noveno Administrativo de Pasto (Nariño) en cumplimiento del despacho comisorio
no. 006 librado por el Tribunal Administrativo de Santander.
b) De la declaración del ingeniero Santacruz se extrae la siguiente información
relacionada con la presunta mala calidad de los materiales suministrados por
Ecopetrol:
“[PREGUNTADO:] La adquisición del medidor de gas H2S que usted
denomina pulsar trajo consigo algún tipo de parálisis a la obra?
[CONTESTÓ:] (…). Quiero anotar un aspecto que me parece de suma
importancia que es el siguiente: los elementos como el fireproofing,
la malla, la silicona, eran suministrados por Ecopetrol y en algunas
ocasiones encontramos que eran de mala calidad, y porque decimos
eso, porque al abrir los bultos nos encontrábamos que estaba
fraguado, que presentaba grumos o pelotas, que no era de la calidad
debida o requerida, lo mismo sucedía con la silicona que se la
destapaba y la misma estaba seca, ya no tenía la viscosidad para ser
aplicada. Estos aspectos los traigo a colación porque era importante tener
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la calidad del material debida y por otro lado porque el encontrarnos con
bultos o silicona mala implicaba desplazarnos a las bodegas de Ecopetrol
que muchas veces estaban fuera de la planta y con ello parar la obra para
volver a adquirir un producto que si garantizara la calidad de la obra.” (fl.
888 cdno. comisorio cinco – expediente digital – mayúsculas fijas y
negrillas se adicionan).
c) El 16 de abril de 2016, se llevó a cabo la diligencia de recepción de testimonio
del ingeniero Antonio de Padua Meisel Juliao en condición de ingeniero residente
durante la ejecución del contrato no. 4018162 de 2008, diligencia que adelantó el
Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué en cumplimiento del despacho comisorio
no. 3275 emitido por el Tribunal Administrativo de Santander.
d) De la declaración del ingeniero Meisel Juliao, se extrae la siguiente información
relacionada con la presunta mala calidad de los materiales suministrados por
Ecopetrol se extrae lo siguiente:
“[PREGUNTADO:] Pero usted nos puede aclarar, los materiales a los que
se refiere eran los que debía suministrar Ecopetrol y no los del contratista.
[CONTESTÓ:] No es que ninguno los suministraba el contratista
[PREGUNTADO:] solamente los suministraba Ecopetrol
[CONTESTÓ:] si señora
[PREGUNTADO:] Bien
[CONTESTÓ:] Los materiales, es decir, cemento, la malla y la ¿cómo es?,
mm una parafina que se le echaba, que también era vieja. Lo que pasa
es que hubo un contratista anterior, el cual también tuvo esos problemas
y también suspendieron el contrato, no se por qué, cuando suspendieron
ese contrato él tenía unos materiales depositados afuera en una bodega
en Barranca, la cual, ya esos materiales tenían varios meses que él los
había comprado. Ecopetrol le dijo al ingeniero Manolo Arteaga que debía
comprarle esos materiales y se los reponía, tenían que ser esos. El
cemento no puede durar, ya al mes ya está duro, la verdad es que no sé
cuanto duro en bodegas, pero cuando yo llegué ya habían pasado más
de cinco meses de haber recibido ese. La malla se partía. Había unos
esquineros, unas cuestiones metálicas para apoyar la malla que también
se partían. En general los materiales eran defectuosos. El cemento se
endurecía. Si uno llegaba, como se necesita una mezcladora, ese
cemento no servía porque estaba duro, entonces muchas veces debía
mezclarse a mano porque no se podía. Eso en cuanto a los materiales.9
(…).
9 Minuto 34:17. Índice 2 SAMAI.
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[PREGUNTADO:] Don Antonio usted nos puede indicar si dejo constancia
sobre todas esas circunstancias que nos acaba de exponer en algún libro,
alguna bitácora en un informe.
[CONTESTÓ:] Todos esos problemas que se presentaban están
consignados en esta bitácora. Yo hacía la bitácora todos los días para la
firma de la interventoría.
(…).
[AUTO:] Agotado el interrogatorio del apoderado de la parte actora se le
concede el uso de la palabra a la apoderada de Ecopetrol para que
contrainterrogue al testigo10. (…).
[ECOPETROL:] Antes de dar inicio al contrainterrogatorio de conformidad
con lo establecido en el artículo 211 del CGP respetuosamente formulo
tacha de sospecha contra el testimonio rendido por el señor Antonio de
Padua Meisel en razón a la relación de dependencia y subordinación que
tuvo con el demandante, pues el señor Meisel fue trabajador y prestó sus
servicios a la empresa unión temporal Manolo Arteaga, adicionalmente,
por cuanto el señor laboró para la ejecución del contrato objeto de la
controversia cuando este ya estaba en su etapa de finalización, cualquier
situación a la que se refiera que haya tenido lugar antes del 20 de octubre
de 2008 y después del 30 de diciembre de 2008, se trata de un testigo de
oídas (…).
En ese orden de ideas su señoría, como el testigo hace una serie de
relación sobre hechos y arranca y hace expresiones respecto a que el
contrato arranco ciego que hubo demoras desde el inicio, pues es claro
que al testigo no le constan estos hechos porque no trabajó durante ese
tiempo entonces Ecopetrol no hará ningún interrogatorio al testigo.
Gracias.
[AUTO:] De la solicitud de tacha de testigo que formuló la apoderada de
la parte accionada se le corre traslado en este estado de la diligencia a
apoderado de la parte demandante.
[DEMANDANTE:] Creo que no resulta procedente la tacha de falsedad,
toda vez que, como trabajador de la unión temporal, nadie más que él
conoce la situación que acaeció durante la ejecución de la obra, por tanto,
no se podría traer un testigo externo que sí sería de oídas porque no
tendría conocimiento pleno sobre la ejecución de la obra. En cuanto a las
labores de inicio, en función al cargo que desempeñaba el ingeniero, él
tenía pleno conocimiento de lo que había sucedido, toda vez que cuando
él llegó tenía que haber conocido toda la labor de ejecución de la obra, tal
es el caso que las situaciones que él plantea, el incumplimiento siguió
durante toda la ejecución de la obra. (…).
[AUTO:] En cuanto a la formulación que efectúa la apoderada de
Ecopetrol, de tacha de testimonio no por sospechoso sino por falso y que
se encuentra contenido en el artículo 211 del CGP. Las razones por las
cuales se tilda de falsa la declaración deberán ser analizada por el
funcionario competente al momento de resolver el asunto.” (índice 2
SAMAI – mayúsculas sostenidas se adicionan).
10
Minuto 54:27. Índice 2 SAMAI.
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e) En la oportunidad concedida para el contrainterrogatorio, la apoderada de
Ecopetrol tachó como sospechosa la declaración rendida por el ingeniero Meisel
Juliao, pues, consideró que la relación de dependencia laboral que tenía con la parte
actora afectaba la credibilidad de sus afirmaciones, así como también el hecho de
que su vinculación a la ejecución del contrato se dio en la etapa final, motivo por el
cual no le consta directamente señalar aspectos que corresponden al inicio del
contrato (minuto 56:26 de la declaración fl. 893 cdno. comisorio no. 5 – expediente
digital).
f) En atención de lo dispuesto en el artículo 211 del Código General del Proceso, la
tacha “deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso”.
g) Advierte la Sala que la tacha de los testigos no hace improcedente la recepción
de los testimonios ni la valoración de estos, solo que impone al juez un análisis más
profundo con respecto de ellos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen
y cerciorarse de su obligatoriedad, imparcialidad, fundamento y eficacia
probatoria11.
h) Al respecto, es indispensable tener en cuenta que la insistencia del
pronunciamiento sobre los testimonios rendidos en primera instancia se circunscribe
en la intención de tener por acreditada la aparente mala calidad de los materiales
suministrados por Ecopetrol durante la ejecución del contrato no. 4018162 de 2008,
situaciones que “repercutieron en los acabados de la obra. De hecho, esta situación
fue reconocida por la propia interventoría en anotación de bitácora del 25 de
septiembre de 2008 donde admite la entrega de rollos de malla de mala calidad”. (fl.
7 documento 11 – índice SAMAI).
Sin embargo, las anotaciones realizadas en las bitácoras de la ejecución del
contrato a las que hace referencia la parte actora no concluyen el preciso punto
advertido en el recurso de apelación, como pasa a verificarse:
11 Al respecto puede consultarse la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 17 de enero
de 2012, expediente no. 11001-03-15-000-2011-00615-00 (PI), MP Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez.
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Apelación de sentencia
“Para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato la
Interventoría exige que se lleve a cabo los controles y los procedimientos
para garantizar el perfecto acabado de las estructuras, ya que de manera
reiterada y frecuente se viene presentando mala calidad en los
trabajos de recubrimiento de las estructuras, no se sigue los
procedimientos establecidos para esta actividad, no se está
limpiando las estructuras antes de aplicar la pintura, tampoco se está
amarrando los esquineros entre 15 y 20 cm, para garantizar la
uniformidad y alineación de las columnas y estructuras, estas deben
quedar niveladas, a escuadra, con un excelente acabado estético y
cumpliendo los espesores establecidos en los diseños presentados por
Ecopetrol al Contratista. La Interventoría informa al contratista que toda
estructura que no cumpla con las especificaciones técnicas no se
aprobará y deberá repararse y entregarse a conformidad de Ecopetrol”
(negrillas de la Sala).
i) Nótese cómo la observación a la que se refiere la parte actora, esto es, la del 25
de septiembre de 2008, detalla la mala calidad de los trabajos de recubrimiento de
las estructuras, actuación que en modo alguno hace referencia a la mala calidad de
los materiales.
j) En ese sentido, independientemente de la relación de dependencia que existía
entre la parte actora y el ingeniero Meisel Juliao en condición de ingeniero residente
del contrato no. 4018162 de 2008, lo cierto es que, tanto la declaración rendida por
el referido ingeniero, como la del ingeniero Santacruz Gámez, no coinciden con la
observación realizada en la bitácora del contrato por parte de la interventoría, razón
por la cual, la Sala valorará tales declaraciones en atención a las reglas de la sana
crítica y en los términos de los artículos 17612 y 22513 del Código General del
Proceso, con aplicación para ello de las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda14.
12 El texto del artículo 176 es como sigue: “ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”
13 El artículo 225 señala expresamente lo siguiente: “ARTÍCULO 225. LIMITACIÓN DE LA
EFICACIA DEL TESTIMONIO. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como
solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente
pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que
tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión.”
14 Al respecto, puede consultarse la sentencia del 19 de septiembre de 2018 del Consejo de Estado,
Sección Primera, expediente no. 25000-23-42-000-2016-02966-01, MP Hernando Sánchez
Sánchez.
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4) De otra parte, está acreditado que durante la ejecución del contrato la
interventoría llamó la atención de la unión temporal contratista en varias
oportunidades, como se describe a continuación:
a) En relación con el acabado de las estructuras, tal como se extrae de la
observación realizada en la bitácora del 25 de septiembre de 2008, en la cual se
explicitó que “de manera reiterada y frecuente se viene presentando mala calidad
en los trabajos de recubrimiento de las estructuras, no se sigue los procedimiento
establecidos para esta actividad, no se está limpiando las estructuras antes de
aplicar pintura, tampoco se está amarrando los esquineros entre 15 y 20 cm, para
garantizar uniformidad y alineación de las columnas y estructuras” (fl. 1132 cdno.
anexo no. 2 – expediente digital).
b) El 26 de septiembre de 2008, la interventoría consignó una observación en la
bitácora en la que advirtió que se había encontrado “a todo el personal de la UT.
MAO-PZO de la planta U-200 sin trabajar, debido a la falta de materiales para la
construcción de andamios (Grapas), el personal manifiesta que las grapas fueron
pedidas hace (8) ocho días y no han llegado, y que este andamio normalmente se
construye en (2) dos días y ya llevan (15) quince días y no se ha terminado por falta
de logística del contratista” (fl. 1133 ibidem).
c) El 2 de diciembre de 2008, la interventoría realizó auditoría de los elementos de
trabajo y seguridad de todo el personal del contratista, ejercicio que le permitió
advertir el deterioro en las “camisas, pantalones, botas de seguridad, máscara de
vapores, tapa oídos, guantes y gafas (…). Hoy martes 2 de diciembre de 2008 se
hizo presente el sindicato de los trabajadores de la USO debido a la inconformidad
de los trabajadores por tener que usar los EPP´s15 deteriorados” (fl. 229 cdno. anexo
no. 3 – expediente digital).
15 Las siglas EPP se refieren al Equipo de Protección Personal, que en términos de las condiciones
específicas del proceso de selección se refiere un elemento cuyo cumplimiento le asiste al contratista
para la ejecución de los trabajos, así: “[e]l Constructor no podrá iniciar las actividades sin previa
autorización del Interventor, una vez se cuente con el equipo mínimo de trabajo y la logística exigida
en cada planta a intervenir, de igual manera el personal en campo deberá contar con todos sus
elementos de protección personal (EPP) así como su seguridad social al día.” (fl. 164 cdno. anexo
no. 2).
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Actor: Manolo Arteaga Ortega y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5) Al expediente fueron allegados los documentos contractuales contentivos de las
condiciones generales y específicas del proceso de selección, comunicaciones
enviadas por la unión temporal contratista a Ecopetrol, las resoluciones mediante
las cuales se impuso y confirmó la multa por incumplimiento atribuible a la
contratista, documentación que acredita precisamente los inconvenientes debido a
la tardanza de la unión temporal contratista en el cumplimiento de las obligaciones.
6) Asimismo, fueron aportadas las actas de terminación anticipada y unilateral, y de
liquidación unilateral del contrato no. 4018162 de 2008, documentos en los que se
incluyeron cuadros y análisis financieros de lo pagado, lo ejecutado a la fecha de
terminación y lo pendiente por ejecutar.
Es especialmente relevante advertir que al expediente no fue aportada una sola acta
de pago o de verificación de cantidades de obra, elementos estos indispensables
para establecer que efectivamente las obras y servicios sobre los que sustenta la
totalidad de los pedimentos el actor, y que en efecto fueron ejecutados, recibidos
por Ecopetrol y a la fecha no han sido reconocidos por la referida entidad.
7) Al respecto, el tribunal de primera instancia sostuvo que “la parte demandante se
limitó a brindar exculpaciones frente a los incumplimientos detectados por
ECOPETROL S.A., pero en forma alguna, logra desvirtuar que la UNIÓN
TEMPORAL incurrió en los incumplimientos detectados por la entidad contratante y
que imposibilitaron la continuidad de la relación contractual. (…). De otra parte, no
se aportan elementos de juicio que permitan evidenciar, como lo invoca el
demandante, que ECOPETROL S.A. incumplió con sus obligaciones contractuales.
En efecto, según se advierte de la documentación arrimada al proceso, la UNIÓN
TEMPORAL conoció de manera oportuna el alcance de los trabajos a ejecutar,
puesto que los mismos hacen parte de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del
contrato, documento que manifestó conocer (…).” (fls. 33 y 34 índice 2 SAMAI –
mayúsculas sostenidas del original).
8) Sobre la mayor permanencia y mayor cantidad de obra como parte del objeto de
la controversia, es necesario observar lo siguiente:
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a) Sobre ese preciso punto, es relevante advertir que esta Corporación en otra
decisión determinó que la mayor permanencia de la obra se presenta cuando por
hechos no imputables al contratista su estimación de costos iniciales se aumenta
por cuenta del mayor tiempo16, situaciones que le compete demostrar al actor pues
el solo hecho del aumento en el plazo no constituye por sí misma una causal de
indemnización17.
b) En esa misma línea de análisis, cuando se presente una mayor permanencia en
la obra “procede, en principio, el reajuste de precios, con el objeto de reparar los
perjuicios derivados del transcurso del tiempo, en consideración a la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda (…)”18, así como también los perjuicios acreditados
por el mayor tiempo de personal, maquinaria y equipos.
c) Esta jurisdicción, adicionalmente, ha señalado que en relación con la acreditación
de los perjuicios reclamados por motivo de una supuesta mayor permanencia en la
obra ello constituye una carga del demandante, como se trascribe a continuación:
“(…) En efecto, era necesario probar en el proceso que el contratista
pagó más dinero por la mano de obra y en que cantidad; que utilizó
los equipos más tiempo o que estuvieron inutilizados o que rindieron
menos en su labor y cuánto -lo propio aplica a la maquinaria-; que se
pagaron más viáticos al personal y cuánto; que las oficinas y los
campamentos tuvieron unos costos adicionales reales por su mayor
permanencia; que se pagaron más pasajes al personal extranjero; que se
debieron emplear más elementos de consumo, cuáles y cuánto valen,
entre otros conceptos.” (resalta la Sala)19.
d) En ese entendimiento, en el asunto de la referencia la parte demandante se limitó
a sostener que durante la ejecución del contrato se habían presentado fuertes
lluvias, cese de actividades por presencia del sindicato de la USO y se habían
acumulado varios días improductivos con ocasión de la tardanza en autorizaciones
de Ecopetrol, entrega de material y transporte del personal de obra al interior de las
instalaciones, todo lo cual había imposibilitado la normal ejecución de los trabajos,
pero no aportó al expediente los medios de prueba con los que pudiera acreditar
16 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 20 de noviembre de 2008 en el
expediente 17.031.
17
Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2004 en el expediente
1.779, que reitera lo decidido en la Sentencia de 28 de octubre de 1994 en el expediente 8094.
18 ibidem
19 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 5 de marzo de 2008 con ponencia del
magistrado Enrique Gil Botero en el expediente 1998-06856-01 (15.600).
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que sus dichos eran reales y que tenían la fuerza necesaria para constituirse en
perjuicios susceptibles de indemnización a favor de la unión temporal contratista;
por el contrario, varias observaciones que dejó la interventoría en las bitácoras dan
cuenta del cese de actividades por falta de cumplimiento de la contratista en el
suministro al personal en obra de dotación y elementos de seguridad, así como
también de la tardanza del contratista en el cumplimiento de entrega de los
andamios.
e) De los documentos aportados al proceso, con los que se acreditan los costos
adicionales, mano de obra y suministro de material en los que incurrió la contratista
en la ejecución del contrato no. 4018162 de 2008 no se tiene claridad de cuáles
tuvieron ocasión directa con la necesidad de requerir mayor plazo para culminar con
el objeto contratado, pues, de la relación documental aportada, consistente las
condiciones general y específicas del proceso de selección, contrato, resoluciones
de multa, terminación, liquidación del contrato, extractos de las bitácoras y algunas
comunicaciones de la propia unión temporal contratista, no es posible extraer que
tales eventos se dieron como consecuencia de la imposibilidad de adelantar la
ejecución contractual con el personal, equipos y maquinaria dispuesta desde el
inicio del contrato, lo cual le generó los sobrecostos que ahora reclama.
Advierte la Sala que la parte actora no aportó al expediente los informes de
interventoría, actas de pago y recibo de obra parciales y finales, así como tampoco
las actas de las reuniones sostenidas con la interventoría durante la ejecución del
contrato, elementos probatorios indispensables para establecer una línea de tiempo
ajustada a la realidad del contrato.
En tales circunstancias, para la Sala es evidente que la parte actora no demostró
que las actividades que dice haber adelantado por encima de las inicialmente
contratadas o que permanecieran en ejecución mayor tiempo no hubieran sido
reconocidas por la entidad contratante ni que tampoco hubieran surgido con ocasión
de un evento ajeno ajena a la voluntad de las partes, razón por la cual el recurso de
apelación no está llamado a prosperar.
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2.1.3 La ruptura del equilibrio económico
1) En ese contexto, procede la Sala a pronunciarse sobre las condiciones acaecidas
durante la ejecución del contrato dado que, en criterio de la parte actora, la entidad
contratante generó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por motivo
de la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de obra, la
tardanza en los cronogramas de entrega por cuenta de hechos ajenos a la voluntad
del contratista, la falta de información veraz previa a la ejecución del contrato.
2) Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que, como la entidad
contratante es una sociedad de economía mixta, regida por sus propios estatutos y
vinculada al Ministerio de Minas y Energía,20 de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 “[t]odos los actos jurídicos, contratos y actuaciones
necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez
constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las
reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del
capital social de la empresa”21.
3) En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio
económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio, como se trascribe
a continuación:
“ARTÍCULO 868. <REVISIÓN DEL CONTRATO POR
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS>. Cuando circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración
de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes,
en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su
revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las
bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la
equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del
contrato.
20 Artículo 33 del Decreto 1760 de 2003: “La Empresa Colombiana de Petróleos, empresa industrial
y comercial del Estado del orden nacional creada por autorización de la Ley 165 de 1948, mediante
el Decreto 0030 de 1951, y escindida mediante el presente decreto, quedará organizada como
sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, se denominará Ecopetrol
S.A., su domicilio principal será la ciudad de Bogotá D.C. y podrá establecer subsidiarias, sucursales
y agencias en el territorio nacional y en el exterior”.
21 Artículo que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-722 del 11 de
septiembre de 2007, MP Clara Inés Vargas Hernández.
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Apelación de sentencia
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución
instantánea”.
En tales condiciones, para la Sala es claro que no procede el reconocimiento del
desequilibrio económico solicitado por la parte actora, pues, según lo dispuesto en
el artículo 868 del Código de Comercio antes citado, los supuestos de hecho sobre
los cuales se fundamenta la petición son la ejecución de actividades ya ocurridas,
sin que en modo alguno estas se refieran a obligaciones de futuro cumplimiento.
4) Por lo tanto, en las condiciones en las que la parte actora enmarca su pedimento
no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto, motivo por el cual
este preciso punto de la controversia debe resolverse desfavorablemente y, por
ende, se impone confirmar la decisión objeto de apelación mediante la cual se
denegaron las súplicas de la demanda, por cuanto, los presuntos incumplimientos
en los que incurrió Ecopetrol no fueron acreditados en el expediente.
3. Conclusiones
1) En el presente asunto, la parte actora se opuso a la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia por cuanto, en su criterio, no se analizaron en debida
forma las pruebas aportadas y practicadas en el proceso y, que supuestamente dan
cuenta del incumplimiento de las obligaciones a cargo de Ecopetrol, por el hecho de
haber emitido, en forma unilateral, las decisiones consistentes en imposición de
multa, terminación anticipada y liquidación del negocio jurídico, así como también
por (i) la falta de reconocimiento de las mayores actividades y mano de obra por
cuenta de la falta certificadores de andamios, falta de capacitación a los
trabajadores del anterior contratista, falta de transporte al interior de la refinería y
tardía concesión de permisos de trabajo; (ii) la tardanza en los cronogramas de
entrega por cuenta de hechos ajenos a la voluntad del contratista y, (iii) la falta de
información veraz previa a la ejecución del contrato, situaciones todas estas que
configuran el desequilibrio económico en contra de la unión temporal contratista.
2) Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la unión temporal contratista
actora no logró acreditar el desequilibrio económico del contrato, el incumplimiento
de la entidad demandada, así como tampoco que la existencia de mayor
permanencia en obra, mayor obra, y demás elementos susceptibles de
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indemnización a favor de la parte actora, razón por la cual, la Sala confirmará la
sentencia apelada.
4. Condena en costas y agencias en derecho
Por último, no habrá de condenarse en costas a la parte demandante porque no
está probada en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida
por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de
1998 para tal decisión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 14 de
marzo de 2024.
2°) Sin condena en costas.
3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Ponente Presidente de la Subsección
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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