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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00575-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2010-00575-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar resuelve: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en primera instancia. 45 Consejo de Estado, Sentencia del 23 de agosto de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, 24392. 27 Radicación: 68001233100020100057501 (72255) Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro Proceso: Reparación Directa SEGUNDO: Sin condena en costas ni agencias en derecho, en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2010-00575-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN DAÑOS A INMUEBLES ACCESORIOS-
Teniendo en cuenta que los inmuebles por accesión, aunque tengan vocación de muebles,
mientras accedan al predio principal correrán la misma suerte de éste, por lo tanto, su propiedad
se predicará de quien ostente el dominio frente al inmueble principal/ LA PRUEBA DEL DAÑO-
Conforme al artículo 177 del CPC, es carga del demandante probar los daños cuyo resarcimiento
pretenda, incluyendo el daño moral, salvo los casos puntuales en los que la jurisprudencia ha
presumido su causación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió:

“Primero. Declárese probada de oficio LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR ACTIVA respecto de los señores Angela Stella Pérez
Tafur, Arcesio Manrique Anaya y Durley Isabel Pérez Dita, conforme a la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. DENEGAR las pretensiones que motivaron el presente medio
de control.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívense las diligencias,
previas las anotaciones de rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI”.

SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes alegan haber sufrido daños económicos y morales por la tala
de 224 palmas africanas que se encontraban cultivadas en sus respectivos
predios, situación que se generó por la ejecución un contrato de obra cuyo objeto
era la construcción de un dique de contención y, para el efecto, debían

Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

intervenirse los predios de los actores, quienes alegaron que, pese a haber
otorgado permiso para el acceso a sus inmuebles, este no contemplaba la tala
de las mencionadas especies vegetales.

En primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa por activa por
considerar que, aunque en los certificados de libertad y tradición de los
inmuebles intervenidos eran los demandantes quienes figuraban como
propietarios, conforme a otros documentos y testimonios se podía inferir que el
propietario de los terrenos era otro sujeto que no había intervenido como parte,
siendo él quien gozaba del interés en la causa.

ANTECEDENTES

El 7 de mayo de 2010, por medio de apoderado judicial, los señores Angela
Stella Pérez Tafur, Arcesio Manrique Anaya y Durley Isabel Pérez Ditta,
presentaron demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del Rio
Grande de la Magdalena-Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y
Consorcio Obras Hidráulicas, conformado por la Constructora VC Ltda., Valco
Constructores y Consultores Ltda. e Ingerconstrucciones Ltda. Frente a los
cuales dirigieron las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- Declarar solidaria administrativa y extracontractualmente
responsable a la,- CORPORACION AUTONOMA REGIONALDEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA al MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES y al CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS empresa
matriz de la CONSTRUCTORA VC LTDA -; VALCO CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA -; VALCO CONSTRUCTORES Y
CONSULTORESLTDA, de los daños y perjuicios de todo orden causados
a los demandantes con motivo de LOS DAÑOS OCASIONADOS A LAS
224 PALMAS CAUSANDO PERJUICIOS, en los hechos ocurridos en fecha
24 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE (2009), de los
predios ubicados en el municipio de Puerto Wilches departamento de
Santander del Sur, que dieron como consecuencia de la conducta
negligente por una parte y omisiva, lo que produjo el daño de las 224
palmas en las fincas denominadas “PERICO”, “LOS GUAYABOS” y “LAS
FLORES”, predios pertenecientes a los demandantes.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, condénese a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONALDEL RIO GRANDE DE LA

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Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

MAGDALENA CORMAGDALENA. - MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES -
CONSTRUCTORA VC LTDA VALCO CONSTRUCTORES Y
CONSULTORESLTDA VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
LTDA-, a pagar: a indemnizar los perjuicios materiales de daño emergente
causados a ANGELA STELLA PEREZ TAFUR, ARCESIO MANRIQUE
ANAYA y DURLEY ISABEL PEREZ DITTA por los hechos que causaron
los daños ocasionados la pérdida de un total de 224 palmas en las fincas
denominadas “PERICO”, “LOS GUAYABOS" y “LAS FLORES”.

TERCERA- Que se condene a la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA; MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES;-
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS - CONSTRUCTORA VC LTDA -;
VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORESLTDA VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA-, a indemnizar los
perjuicios materiales de lucro cesante {debido y futuro) causados por
perjuicios materiales de daño emergente causados a ANGELA STELLA
PEREZ TAFUR, ARCESIO MANRIQUE ANAYA y DURLEY ISABEL
PEREZ DITTA GUAYABOS” y “LAS FLORES", que trajeron como
consecuencia la destrucción de 224 PALMAS; teniendo en cuenta la
siguiente base de liquidación;

A) El valor de las 224 palmas destruidas que se encontraban en los
predios denominados “PERICO”, “LOS GUAYABOS” y “LAS FLORES”
que han sido producto de la contratación del CONSORCIO OBRAS
HIDRAULICAS por parte de CORMAGDALENA y en donde se
invadieron los predios mencionados anteriormente, teniendo en cuenta
que el valor de cada PALMA es de CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($468.560).

B) La fórmula matemática financiera aceptada por el Honorable
Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o
consolidada y futura.

CUARTA- Como consecuencia de las declaraciones anteriores se
condene a la parte demandada, CORPORACION AUTONOMA
REGIONALDEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA ; -MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,- -
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS - CONSTRUCTORA VC LTDA -;
VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORESLTDA VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA-, a pagar a favor de los
de mandantes por los daños cometidos en los fincas denominadas
“PERICO”, “LOS GUAYABOS” y “LAS FLORES”, en el contrato
realizado por el CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS Y
CORMAGDALENA entidades demandadas; daños reclamados por mis

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Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

mandantes en su calidad de directos afectados(ANGELA STELLA
PEREZ TAFUR, ARCESIO MANRIQUE ANAYA y DURLEY ISABEL
PEREZ DITTA), por concepto de perjuicios morales la cantidad de
CIEN (100) SALARIOS MINIMO LEGALES MENSULES VIGENTES a
la fecha de la ejecutoria de la Sentencia, para cada uno de los directos
afectados.

DANOS Y PERJUICIOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONALDEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA CORMAGDALENA; - EL MUNICIPIO DE PUERTO
WILCHES - CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS constituidas por las
constructoras - CONSTRUCTORA VC LTDA VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORESLTDA VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA-, pagará a los
mandantes por los errores de las instituciones demandadas, los
siguientes conceptos:

Los señores ANGELA STELLA PEREZ TAFUR, ARCESIO MANRIQUE
ANAYA y DURLEY ISABEL PEREZ DITTA, a raíz de los hechos que
dieron origen a esta demanda, en cuanto a la destrucción de 224
PALMAS que tienen un valor de CUATROCIENCTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUININETOS SESENTA PESOS M/CTE ($468.560) cada
una.

(…)

Para la formulación de esta pretensión me apoyo en la doctrina que
apunta “CASOS EN QUE LA INDEMNIZACION PUEDE SER MAYOR
QUE EL DAÑO SUFRIDO (ACUMULACION DE INDEMNIZACIONES)
Principio General {TAMAYO JARAMILLO, JAIME De la
Responsabilidad Civil Tomo II (De los Perjuicios Indemnizatorio) Ed
Temis. Bogotá Págs. 187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-
199-200-201-202-203- 204-205-206-207.

LUCRO CESANTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONALDEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA CORMAGDALENA; -EL MUNICIPIO DE PUERTO
WILCHES,- - CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS constituidas por las
constructoras CONSTRUCTORA VC LTDA VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORESLTDA -; VALCO
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA-, pagará a mis

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Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

mandantes por los actos de destrucción y negligentes de las
instituciones demandadas la suma de DOS MIL SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, correspondientes a las sumas
que han dejado de recibir toda vez que no han podido negociar sus
terrenos desde que se produjeron estos actos irregulares en contra de
sus propiedades.

El lucro cesante se calculará sobre la base del valor que percibían los
actores para la fecha de ocurrencia de los hechos por cada una de las
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PALMAS destruidas.

En todo caso, para la liquidación total y definitiva del lucro cesante, es
decir, contando no solo la indemnización vencida, debida o consolidada
entre la fecha de los hechos, sino también la futura o anticipada, se
aplicará las siguientes fórmulas de matemáticas financiera, adoptadas
por la Jurisprudencia del Consejo de Estado (…)”.

Como sustento de las pretensiones previamente transcritas, el demandante
señaló que, los señores Enrique Pérez Barrera, presidente ejecutivo de la
empresa AGROUNION S.A.; Durley Isabel Pérez Ditta, propietaria de la finca
Perico II, y Arcesio Manrique Anaya, propietario de la finca Guayabos, se
reunieron con el alcalde del municipio de Puerto Wilches y las autoridades de
Cormagdalena para autorizar la construcción de un dique carreteable, que
pasaría por los predios Perico I, Perico II y los Guayabos, entre otros.

Añadiendo que, durante la construcción del mencionado dique, los contratistas
de Cormagdalena, sin contar con la respectiva autorización, destruyeron 106
palmas en la finca el Perico I, de propiedad de la señora Angela Stella Pérez
Tafur; 80 palmas en la finca los Guayabos, de propiedad del señor Arcesio
Manrique Anaya y 38 palmas en la finca Perico II, de propiedad de la señora
Durley Isabel Pérez Ditta.

Más adelante indicó que se había presentado denuncia ante la Inspección
Central Municipal de Policía de Puerto Wilches, por medio del ingeniero
agrónomo Álvaro Rojas Arango, “como requisito inicial de la noticia de los daños
ocasionados por los contratistas de CORMAGDALENA”.

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Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
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Proceso: Reparación Directa

Contestación de la demanda del Municipio de Puerto Wilches1

Señaló que con la demanda no se aportó ningún soporte de la supuesta reunión
que se había llevado a cabo entre los propietarios de los inmuebles, en los que
sería construido el dique, y el alcalde municipal de Puerto Wilches, donde según
el dicho del demandante se acordó que “la obra pasaría por los terrenos, pero
iría por el trayecto de la línea de energía eléctrica de alta tensión y JAMAS se
acordó la tala o destrucción de palmas en las fincas”.

Como excepciones presentó: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por
considerar que los daños deprecados se habían causado por la ejecución del
contrato No. 0-0081-2008 celebrado entre Cormagdalena y el Consorcio Obras
Hidráulicas, (ii) Inexistencia de relación contractual, a partir de la cual señaló que
las obligaciones surgidas por el contrato No. 0-0081-2008 no vinculaban al
municipio y (iii) la excepción genérica.

Reforma de la demanda2

La parte demandante reformó la demanda para adicionar al extremo pasivo,
como consorcio necesario, a la Aseguradora Condor S.A. “en garantía de la
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Contratos a favor de
entidades estatales, teniendo en cuenta que el contrato N° 0-00081-
2008Aportado por el Consorcio Obras Hidráulicas”.

Por auto del 31 de julio de 2014, el Tribunal rechazó a la reforma de la demanda
por encontrar que no se evidenciaba una relación jurídico sustancial con la
aseguradora, de la cual se pudiera derivar la figura procesal del litisconsorcio
necesario3.

1 SAMAI, índice 2, Página 116 a 122 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual. Se aclara

que los otros demandados no contestaron la demanda.
2 SAMAI, índice 2, Páginas 209 a 210 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
3 SAMAI, índice 2, Páginas 293 a 296 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.

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Fundamentos de la sentencia de primera instancia

En sentencia del 26 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los
demandantes, por cuanto encontró que estos no ostentaban la propiedad
sobre las palmas taladas.

Para llegar a la conclusión anunciada, el a quo, en primer lugar, señaló que
conforme al dictamen pericial, rendido por el ingeniero agrónomo Omar León
Cañas, se había evidenciado que en los predios inspeccionados existía un cultivo
de palma africana en producción, de siembra en el año 2000, el cual se vio
afectado por la destrucción de algunas plantas por la construcción de una obra
de infraestructura, que según el ingeniero agrónomo correspondieron a 80
plantas del predio los Guayabos, 106 plantas de Perico I y 38 plantas de Perico
II.

Posteriormente relacionó varios medios probatorios, a partir de los cuales
encontró probado que para la ejecución del contrato de Obra No. 0-0081-2008,
suscrito entre Cormagdalena y el Consorcio Obras Hidráulicas, se requerían los
permisos de servidumbres y, para el efecto, según las actas, el señor “Enrique
Pérez Barrera es quien autoriza la servidumbre y uso para la construcción del
dique en medio de la línea eléctrica en el predio Perico de su propiedad
Agrounion S.A.”

Tuvo en cuenta el testimonio rendido por el señor Enrique Pérez Barrera, quien
declaró que: “…pues yo autoricé porque soy de la empresa AGROUNION (…)
pero yo di autorización para hacer la vía, no para tumbar las palmas porque
había espacio suficiente para hacer la carretera (…) PREGUNTADO: Don
Enrique sabe usted desde que fecha son propietarios los accionantes de los
predios mencionados en la demanda. CONTESTO: Nosotros los agro unión
llevamos treinta años”.

Finalmente, hizo referencia al testimonio del ingeniero Álvaro Rojas Arango, al

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respecto el Tribunal señaló que el ingeniero “manifestó en su testimonio que para
la época era director agronómico de la plantación AGRO UNION S.A. propietaria
de las fincas que hablamos. PREGUNTADO: Como director agrónomo que
acciones realizó usted con lo ocurrido por las acciones de las entidades, por la
pérdida de las palmas. CONTESTO: Apenas me informan de la situación me
traslado a la zona dado que las oficinas de la empresa están retiradas de esta
finca, se realiza un informe detallado, hacia la junta directiva de la empresa
informando lo sucedido en la finca PERICOS, se detalla número de palmas
afectadas”.

En virtud de los anteriores medios probatorios, especialmente los últimos
testimonios, el Tribunal concluyó que los demandantes no se encontraban
legitimados en la causa por activa puesto que “no se logró demostrar que las
palmas objeto del litigio sean propiedad de los demandantes. Por el contrario, a
partir del acervo probatorio presentado y los testimonios rendidos durante el
proceso, se concluye que dichas palmas pertenecen a la sociedad Agrounión
S.A. Además, no existe constancia de un vínculo contractual entre esta sociedad
y los demandantes que permita sustentar la titularidad en favor de estos últimos”.

Recurso de apelación presentado por la parte demandante4

La parte activa censuró que el a quo no hubiera considerado que la propiedad
sobre los predios se encontraba probada en los certificados de tradición y
libertad de los mismos, de lo cual se desprendía que las palmas allí cultivadas
también eran de propiedad del dueño del terreno, salvo que existiera un contrato
de aparcería, el cual nunca fue allegado al expediente. Razón por la cual, en su
criterio, el a quo no tenía elementos para considerar que las palmas taladas no
eran de propiedad de los dueños de los predios en donde éstas se habían
cultivado.

Añadió que las declaraciones del señor Enrique Pérez Barrera y del ingeniero
agrónomo no eran veraces en relación con la supuesta propiedad que la

4 SAMAI, índice 15 del expediente digital del Tribunal.

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empresa Agrounión S.A. ostentaba sobre los predios, puesto que, insistió, que
aquellos eran de propiedad de los demandantes, conforme a los certificados de
libertad y tradición que había sido aportados al expediente.

Trámite de segunda instancia

El 22 de noviembre de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante5 y el 24 de febrero de 2025, el Despacho lo
admitió6. El 6 de mayo de 20257, se corrió traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia, oportunidad en la cual Iron Constructores S.A.S., antes Valco
Constructores Ltda. - Constructora Valderrama S.A.S., presentó alegatos de
conclusión8, por medio de los cuales indicó que no existía prueba ni siquiera
sumaria, dentro del expediente, que lograra acreditar la existencia de un lucro
cesante causado por la tala de las palmas, añadió que la empresa no era
responsable de los daños causados, puesto que en el contrato suscrito con
Cormagdalena se dejó estipulado que dicha empresa “ejecutaría las obras
necesarias para mitigar las inundaciones”.

Igualmente, el Ministerio Público presentó concepto que consistió en ratificar los
argumentos que ya había expuesto en el concepto 36-2025, radicado el 25 de
marzo de 20259, por el cual se solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia.

Finalmente, el 18 de junio de 2025, el proceso ingresó al Despacho para fallo10.

CONSIDERACIONES

1. Habida consideración que la demanda se presentó el 7 de mayo de 2010, el
régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–.
Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

5 SAMAI, índice 2, Archivo 24 del expediente digital.
6 SAMAI, índice 4.
7 SAMAI, índice 13.
8 SAMAI, índice 18.
9 SAMAI, índice 19.
10 SAMAI, índice 20.

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Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012–
prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a
la vigencia de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al
régimen jurídico anterior, esto es, el CCA.

Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados
se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC–, en lo que
fuera compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demanda la ocurrencia de un
daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el
artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

Igualmente, en virtud del fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es competente para conocer de esta controversia que involucra a
las sociedades Constructora VC Ltda., Valco Constructores y Consultores Ltda.,
ahora Iron Constructores S.A.S. e Ingerconstrucciones Ltda., las cuales
conformaban el Consorcio Obras Hidráulicas y son personas jurídicas de derecho
privado.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en virtud del fuero de atracción –que se
fundamenta en el factor de conexión de la competencia– la jurisdicción de lo
contencioso administrativo conoce de controversias en las que se demande a
personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a
la jurisdicción ordinaria, pero que acuden a esta en razón a que fueron
demandados de forma concurrente con una entidad pública11. En estos eventos,

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Rad. 15.526.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
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la jurisdicción conoce, en el mismo proceso, de la controversia que involucra a la
entidad pública y al particular o entidad, que en principio sería ajeno a esta
jurisdicción: No obstante, cabe aclarar que la responsabilidad del particular se
sigue juzgando conforme a las normas de derecho privado12.

3. Por otra parte, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual, esta
Corporación conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, el Consejo de
Estado es competente en razón de la cuantía pues, de conformidad con el
artículo 20.2 CPC, la pretensión de lucro cesante fue tasada en 2000 SMLMV,
superando los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA.

2. Acción procedente

4. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal
distinta a un contrato estatal o un acto administrativo que se aduce ilegal13, en
este caso es el mecanismo procedente, puesto que se afirma que el origen del
daño se produjo como consecuencia de hechos y acciones imputables a las
entidades demandadas, puntualmente, por la tala de 224 palmas africanas sin
autorización de sus propietarios.

3. Demanda en tiempo

5. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad
con el artículo 136.8 del CCA, es de dos años, que se cuentan a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de

12 Consejo de Estado, Sentencia del 28 de octubre de 2024, M.P. William Barrera Muñoz,
expediente 57937.
13 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños

causados por actos administrativos, cuando no se encuentra en controversia su legalidad. Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303
[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.

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ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o
por cualquier otra causa.

Conforme al libelo demandatorio, el hecho que dio origen a la controversia fue la
tala de 224 palmas africanas, situación que, según varias piezas probatorias
obrantes en el expediente, tuvo lugar el 24 de febrero de 200914 y el 28 de
febrero del mismo año15, razón por la cual la demanda presentada el 7 de mayo
de 2010 fue radicada en oportunidad, máxime si se tiene en cuenta que el 11 de
diciembre de 200916, la parte activa solicitó audiencia de conciliación
extrajudicial, la cual se llevó a cabo el 18 de febrero de 2010 y continuó el 9 de
marzo de 201017.

4. Legitimación en la causa

6. En relación con este presupuesto debe tenerse en cuenta que la
legitimación “es la aptitud de ser parte en un proceso concreto. La legitimación
presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un
proceso, sino únicamente las que se encuentran en determinada relación con la
pretensión”18.

Por activa

7. Al ser la decisión del a quo sobre legitimación en la causa por activa el
punto objeto de reproche en sede de apelación, la Sala entrará a decidir sobre la
impugnación.

8. Así entonces, se observa que el Tribunal de primera instancia consideró
que los demandantes no se encontraban legitimados en la causa por activa al no

14 Conforme al Acta de reunión del 24 de febrero de 2009 (obrante en la página 61 del pdf del

cuaderno 1), Declaración del señor Álvaro Rojas Arango, rendido el 25 de febrero de 2009
(obrante en la página 42 del pdf del cuaderno 1).
15 Conforme el testimonio del señor Enrique Pérez Barrera, rendido en audiencia pública del 3 de

junio de 2015 2009 (obrante en la página 71 del pdf del cuaderno 2).
16 SAMAI, índice 2. Página 27 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
17 SAMAI, índice 2. Páginas del 23 al 26 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
18 González Pérez, Jesús, “Derecho Procesal Administrativo hispanoamericano”, Temis, Bogotá,

1985, p. 115.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

ser los propietarios de los predios en cuyo terreno se encontraban plantadas las
palmas que fueron taladas sin autorización. No obstante, el recurso de alzada se
dirigió a sostener que los demandantes si eran los propietarios de dichos predios
y que no obraba prueba de que la propiedad sobre las palmas taladas hubiera
sido trasladada a otro sujeto, en este caso a la sociedad Agrounión S.A., que fue
la persona jurídica frente a la cual el Tribunal encontró probada la propiedad
sobre dichas especies vegetales, teniendo en cuenta los siguientes testimonios:

“Dentro del proceso se recibió el testimonio de Enrique Pérez Barrera,
PREGUNTADO: Sírvase manifestarle al despacho lo que usted sepa sobre
los hechos del 28 de febrero del 2009, en las fincas los PERICOS 1 Y 2 y los
GUAYABOS, CONTESTO: En esa fecha los señores contratistas le
solicitaron el permiso para pasar por terreno nuestro para pasar una vía,
dicha vía se había derrumbado, necesitaban hacer otra vía más adentro, en
vista de que había una parte que iba una línea descubierta más o menos
unos 18 mts de amplitud le dije que por ahí podían hacer nuevamente la
carretera, pues yo autoricé porque soy de la empresa AGROUNION, de la
cual soy padre de la gerente, los señores contratistas de la empresa
CORMAGDALENA procedieron a hacer la vía, pero yo di autorización para
hacer la vía, no para tumbar las palmas porque había espacio suficiente
para hacer la carretera, lo que sucedió es que los señores tumbaron palmas
cuando nos dimos cuenta al otro día habían tumbado cierta cantidad de
palmas. (…) PREGUNTADO: Don Enrique sabe usted desde que fecha son
propietarios los accionantes de los predios mencionados en la demanda.
CONTESTO: Nosotros los agro unión llevamos treinta años. De los cuales
yo soy presidente de la junta directiva. (Fl.293-294)”.

Igualmente:

“Se recibió el testimonio de Álvaro Rojas Arango, PREGUNTADO: sobre los
hechos ocurridos el 28 de febrero de 2009, en las fincas los PERICOS 1, 2 y
los GUAYABOS. CONTESTO: Si los conozco, los hechos (…)
PREGUNTADO: Para la época de los hechos usted que labor
desempeñaba. CONTESTO: Director agronómico de la plantación AGRO
UNION S.A. la cual es propietaria de las fincas que estamos hablando.
PREGUNTADO: Como director agrónomo que acciones realizó usted con lo
ocurrido por las acciones de las entidades, por la pérdida de las palmas.
CONTESTO: Apenas me informan de la situación me traslado a la zona
dado que las oficinas de la empresa están retiradas de esta finca, se realiza
un informe detallado, hacia la junta directiva de la empresa informando lo
sucedido en la finca PERICOS, se detalla número de palmas afectadas”.

13

Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

A partir de dichos testimonios, principalmente, el a quo concluyó que “dichas
palmas pertenecen a la sociedad Agro unión S.A. Además, no existe constancia
de un vínculo contractual entre esta sociedad y los demandantes que permita
sustentar la titularidad en favor de estos últimos. En consecuencia, las
pretensiones de la demanda no se refieren a la reparación de un perjuicio que los
demandantes estén legitimados para reclamar”.

9. Antes de valorar los testimonios citados, esta Sala encuentra necesario
verificar los certificados de libertad y tradición aportados, así:

9.1. Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 303-60721, finca ‘Perico I’, expedido el 22 de abril de 2010,
donde se observa en la anotación No. 1 la adjudicación de baldíos, como modo
de adquirir el derecho real de dominio, del INCORA a favor de la señora Ángela
Stella Pérez Tafur19.

9.2. Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 303-60723, finca ‘Perico II’, expedido el 22 de abril de 2010,
donde se observa en la anotación No. 1 la adjudicación de baldíos, como modo
de adquirir el derecho real de dominio, del INCORA a favor de la señora Durley
Isabel Pérez Ditta20.

9.3. Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 303-34521, finca ‘los Guayabos’, expedido el 22 de abril de
2010, donde se observa en la anotación No. 1 la adjudicación de baldíos, como
modo de adquirir el derecho real de dominio, del INCORA a favor del señor
Arcesio Manrique Anaya y en la anotación No. 2 consta la constitución de
hipoteca a favor del señor Enrique Pérez Barrera21.

Así, se advierte que, la prueba del derecho de dominio frente a un inmueble está
sujeta a una tarifa legal, que se deriva del tenor del artículo 756 del Código Civil,
el cual consagra: “se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la

19 SAMAI, índice 2. Página 19 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
20 SAMAI, índice 2. Página 20 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
21 SAMAI, índice 2. Página 21 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.

14

Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos”. Así, los
certificados de libertad y tradición expedidos por la Oficina de Instrumentos
Públicos de Barrancabermeja, que fueron relacionados, son plena prueba de la
propiedad de los demandantes sobre los inmuebles prenotados.

En este sentido, ningún testimonio tiene la aptitud probatoria para acreditar la
propiedad sobre un inmueble, razón por la cual se revocará la decisión de
primera instancia, por cuanto el Tribunal encontró acreditado, a partir de los
testimonios de los señores Enrique Pérez Barrera y Álvaro Rojas Arango, el
derecho de propiedad de la sociedad Agrounión S.A. sobre los mencionados
inmuebles, sin que esto fuera jurídicamente procedente, tal como se indicó.

10. Ahora bien, debe recordarse que, conforme al artículo 657 del Código
Civil, que consagra ‘los inmuebles por adhesión’, “Las plantas son inmuebles,
mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o
cajones que puedan transportarse de un lugar a otro”.

Por su parte, quien ostenta el dominio sobre un bien inmueble, también lo hace
frente a los inmuebles por adhesión, a través de la accesión, conforme al artículo
713 del Código Civil, que reza así: “La accesión es un modo de adquirir por el
cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se
junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles”.

En virtud de las disposiciones anteriores, las palmas africanas, al ser inmuebles
por accesión de los predios el Perico I, el Perico II y los Guayabos, pertenecen a
los propietarios de los predios.

11. De la revisión del expediente no se observa contrato o negocio jurídico
alguno por medio del cual los demandantes, propietarios de los predios en los
cuales se encontraban plantadas las palmas objeto del litigio, hubieran
trasladado su interés patrimonial en las mencionadas especies vegetales, lo cual
tampoco implicaría automáticamente que los propietarios hubieran perdido su
interés en la causa que se debate.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
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12. En tal virtud, los demandantes se encuentran legitimados en la causa por
activa, en tanto están relacionados directamente con las pretensiones, sin
perjuicio del análisis de fondo que sobre los presupuestos de la responsabilidad
se efectúe más adelante.

13. Conforme a las consideraciones expuestas, esta Sala reitera que revocará
el fallo de primera instancia y llevará a cabo un análisis de fondo de la
controversia.

Por pasiva

14. Frente a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la
Magdalena-Cormagdalena, el municipio de Puerto Wilches y las empresas
Constructora VC Ltda., Valco Constructores y Consultores Ltda., ahora Iron
Constructores S.A.S. e Ingerconstrucciones Ltda., que conformaron el Consorcio
Obras Hidráulicas, esta Sala los encuentran legitimados en la causa por pasiva,
puesto que el daño deprecado en la demanda fue atribuido a la acción de los
mencionados sujetos, por lo que guardan relación con el petitum.

5. Interpretación oficiosa de la demanda

15. La Sala advierte que en la demanda se elevaron pretensiones dirigidas a que
se declarara y se condenara a los demandados por haber producido “el daño de
las 224 palmas en las fincas denominadas “PERICO”, “LOS GUAYABOS” y “LAS
FLORES”, predios pertenecientes a los demandantes”. No obstante, observa la
Subsección que, ni en el fundamento fáctico de la demanda, ni en las pruebas
allegadas al plenario y tampoco en las demás piezas procesales, se hace
mención alguna al predio ‘las Flores’.

Por esta razón, conforme a la facultad oficiosa del juez para interpretar la
demanda22, se entenderá, en lo sucesivo, que la mención hecha al predio ‘las

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019,

expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez, en esta sentencia se
indicó: “[Al] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los
actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
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Flores’ en las pretensiones de la demanda correspondió a un error. De manera
que, el supuesto daño que será objeto de análisis se circunscribirá a los predios
Perico I, Perico II y los Guayabos.

6. Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala determinar si se encuentra probado el daño
alegado por la parte activa, consistente en las consecuencias patrimoniales y
extrapatrimoniales de la tala de palmas africanas en los predios de propiedad de
los demandantes.

7. Análisis de la Sala

17. Con el objetivo de dar solución al problema jurídico anunciado, la Sala
abordará el análisis del estudio del daño, como primer presupuesto de la
responsabilidad del Estado (6.1.) y solo en caso de que se encuentre acreditado
aquel presupuesto, se continuará con el análisis de los demás elementos del
juicio de responsabilidad.

6.1. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad del Estado

18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que
estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación
para efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del
demandado. En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la
responsabilidad patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse
es la configuración de un daño sin cuya existencia resulta improcedente

intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la cusa
petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico
sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos”.

17

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adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales de la
responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que incluye,
entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

19. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito23 24 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible
presumirlo-, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación
indemnizatoria. En este sentido la doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos
y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y
cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo
daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de
llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación
moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”25.

20. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto26, es decir, que su

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
24 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de
derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o
como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es
objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento
del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la
responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français,
tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de
2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del
estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado
en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de
2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas
internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
25 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por

Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”

18

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existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación27. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

21. En el caso concreto, se observa que el daño deprecado en la demanda
consiste en la lesión patrimonial que sufrieron los demandantes por la tala de 224
palmas africanas de las cuales eran propietarios. Así, la Sala se concentrará en
dilucidar si este daño se encuentra probado, teniendo en cuenta los siguientes
elementos probatorios:

• Acta de reunión del 24 de febrero de 2009, llevada a cabo entre el
Consorcio Obras Hidráulicas, entre otros, y el ingeniero Álvaro Rojas Arango, en
representación de la empresa Agrounión28, que tuvo como objeto “Detención
actividades finca de Enrique Pérez”. En este documento se lee:

“El ingeniero Álvaro manifestó que deben detenerse inmediatamente las
obras sobre el predio en mención y que debe acordarse la manera de
remunerar económicamente a la empresa por la tumba de palmas realizada.

Manifiesta que el permiso otorgado no incluía el retiro de palmas”.

• Respuesta a derecho de petición del 26 de agosto de 2009 por parte de
Cormagdalena29, en donde se lee:

“…no vemos cual es la pretensión que su cliente tiene si precisamente la
oposición que presentaba la obra por los agricultores de la región era por
tener que devolver los terrenos usurpados al río Magdalena y por ende se
afectaban los cultivos que allí se habían establecido. Era imposible
realizar la obra sin afectar palmas. Ahora bien, las obras ejecutadas
traen un beneficio común como es mitigar el impacto de las inundaciones
cíclicas y la adecuación de los terrenos aledaños” (Se resalta)

• Declaración del señor Álvaro Rojas Arango30, rendida el 25 de febrero de

27 Henao Perez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio

1998, P. 88 y 104
28 SAMAI, índice 2, Página 61 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
29 SAMAI, índice 2. Página 82 a 83 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.
30 SAMAI, índice 2. Página 42 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.

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2009, en audiencia extraprocesal llevada a cabo en la Inspección Central
Municipal de Policía, de la cual se resalta:

“PREGUNTADO: sírvase decir al despacho qué compromiso fue el que se
hizo con CORMAGDALENA con la construcción del dique carreteable
CONTESTÓ: Pues con CORMAGDALENA el Gerente General DON
ENRIQUE PEREZ BARRERA dio la autorización para la construcción del
dique de contención el cual pasaría por la Finca Perico, se hace la
aclaración que solo se autorizó la servidumbre para trabajar pero en
ningún momento ni hablado ni por escrito se autorizó para la tumba de
palma (…) PREGUNTADO: sírvase decir al despacho cuántas palmas
tumbaron sin previa autorización. CONTESTÓ: En el día 24 de febrero de
2009 en las horas de la mañana me informa el Supervisor encargado
del sector que una retroexcavadora tiene tumbada alrededor de 106
palmas todas colindando sobre la línea” (Se resalta)

• Testimonio del señor Enrique Pérez Barrera, rendido en audiencia pública
del 3 de junio de 2015, dentro del proceso de la referencia31, del cual se destaca:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestarle al despacho lo que usted sepa sobre
los hechos del 28 de febrero del 2009, en las fincas los PERICOS 1 y 2 y los
GUAYABOS. CONTESTO: En esa fecha los señores contratistas le solicitaron
el permiso para pasar por terreno nuestro para pasar una vía. Dicha vía se
había derrumbado, necesitaban hacer otra vía más adentro, en vista de que
había una parte que iba una línea descubierta más o menos unos 18 mts de
amplitud le dije q por ahí podían hacer nuevamente la carreta, pues yo
autorice x que soy de la empresa AGRO UNION, de la cual soy padre de la
gerente, los señores contratistas de la empresa CORMAGDALELA
procedieron hacer la vía, pero yo día autorización para hacer la vía, pero no
para tumbar palmas, x que había espacio suficiente para hacer la carretera, lo
que sucedió es que los señores tumbaron palmas cuando nos dimos
cuenta al otro día habían tumbado cierta cantidad de palmas.

PREGUNTADO: La autorización que usted le dio a las entidades para la
realización de la carretera de que manera fue, escrita o verbal. CONTESTO:
verbal, y tenía conocimiento también la Alcaldía.
(…)
PREGUNTADO: Don Enrique sabe usted desde que fecha son propietarios
los accionantes de los predios mencionados en la demanda. CONTESTO:
nosotros los de Agro unión llevamos treinta años. De los cuales yo soy
presidente de la junta directiva” (Se resalta)

Cabe aclarar que esta declaración tuvo lugar dentro del trámite de la querella que el señor Álvaro
Rojas Arango interpuso contra Cormagdalena por daño en bien ajeno.
31 SAMAI, índice 2. Página 71 al 73 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.

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• Testimonio del señor Álvaro Rojas Arango, rendido en audiencia pública
del 3 de junio de 2015, dentro del proceso de la referencia32, del cual se resalta:

“PREGUNTADO: Puede dar usted la narración de los hechos. CONTESTO: A
finales del mes de febrero del año 2009, se verifica que entran a la finca,
habladas anteriormente, una retroexcavadora, me informa el supervisor
de la zona, tumbaron una cerca que era limítrofe con otro lindero,
cuando llegamos a la zona de PERICO, se pudo mirar que habían
tumbado unas 200 palmas, inmediatamente se le informa al operador de ese
retro, que era lo que estaba pasando, para aclarar los hechos.
PREGUNTADO: Para la época de los hechos usted que labor desempeñaba.
CONTESTO: Director agronómico de la plantación AGRO UNION S.A. la cual
es propietaria de las fincas que estamos hablando” (Se resalta).

22. A partir de los medios probatorios previamente relacionados, la Sala
encuentra acreditado que se llevó a cabo la tala de palmas africanas, sin que se
tenga certeza sobre la cantidad de estas especies vegetales afectadas.

23. En vínculo con lo anterior, debe advertirse que los elementos probatorios
indicados no logran demostrar que dicho hecho anteriormente mencionado
hubiera generado un daño. Razón por la cual, es necesario valorar los siguientes
medios de prueba que fueron aportados con el objeto de acreditar dicho daño, a
saber:

• Acta de diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 30 de marzo de
201733. Diligencia que fue llevada a cabo por el ingeniero agrónomo Omar León
Cañas, en la cual se consignó lo siguiente:

“…iniciamos por el predio EL GUAYABO de propiedad del Señor
ARCESIO MANRIQUE ANAYA (…) se observa un sembrado de palma
africana de aproximadamente de sembrada en el año 2006, y con
algunas palmas de resembrado, en promedio de 3 años, en reposición a
las palmas que presuntamente fueron quitadas por la construcción del
dique, sobre esta misma finca pero hacia la parte occidental, es decir
entre el dique y el rio magdalena es la franja de terreno donde se

32 SAMAI, índice 2. Página 75 al 78 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
33 SAMAI, índice 2 de la página 155 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.

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manifiesta que fue el mayor daño en la destrucción de la palma, que es
de un área aproximada de 130 metros de largo, en paralelo con el dique y
70 metros de ancho entre el rio magdalena y el dique, y en que
solamente hay como referencia una sola mata de palma africana, como
base de la inicialmente plantada en el 2006. Seguidamente se continua
por el dique carreteable, hacia los predios Perico 1 y 2 (…) por la parte
oriental del dique carreteadle es donde se señala la afectación sobre
unas líneas de palma la cual se observa una siembra de esta de
aproximadamente el cultivo del año 2000 (…)”.

Más adelante, en la misma diligencia se le formularon unas preguntas al
ingeniero Luis Alberto Velásquez Tarazona, quien manifestó ser la persona que
administraba las fincas Perico I y Perico II. Al respecto, indicó:

“Usted de acuerdo a su experiencia nos puede informar si exactamente por
la carretera donde ingresamos usted puede determinar si hubo palmas
sembradas. CONTESTO. No lo puedo determinar porque por la carretera ya
cambio el relieve y eso no lo puedo determinar” (Se resalta)

• Informe sobre la visita realizada el día 30 de marzo de 2017 a los predios
denominados Perico I, Perico II y el Guayabo, ubicados en la vereda Juan del
municipio de Puerto Wilches34.

En este informe elaborado por el perito Omar León Cañas, se consignó que en
los tres predios visitados “se pudo apreciar un cultivo de Palma Africana en
producción, de siembra en el año 2000, el cual se vio afectado por la destrucción
de algunas plantas de su lote inicial con la construcción de una obra de
infraestructura”.

Así mismo, relacionó el número de palmas taladas, así: (i) para el predio los
Guayabos “se eliminaron 80 plantas”, (ii) para la finca Perico I “se eliminaron 106
plantas” y (iii) para el predio Perico II “se eliminaron 38 plantas”. Para un total de
224 palmas africanas retiradas. Resultado al que se llegó a partir de un cálculo,
conforme “al paquete tecnológico establecido por Cenipalma y que se está
aplicando en la Zona, la cual es manejada en su mayoría de fincas por
Ingenieros Agrónomos particulares, la densidad del cultivo de palma corresponde

34 SAMAI, índice 2. Página 159 a 163 PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.

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a 143 plantas por Ha, sembradas a una distancia entre surcos de 9 metros y
entre plantas a 9 metros”.

Frente a este informe pericial, Cormagdalena presentó un escrito por medio del
cual ejerció el derecho de contradicción35, conforme al artículo 238 del CPC. En
este documento, la parte demandada indicó que el informe no era idóneo para
acreditar los daños, por cuanto éste se había efectuado conforme a una
inspección judicial que se había surtido “luego de transcurridos más de ocho (8)
años desde la supuesta fecha del daño ocasionado -año 2009”. En el mismo
sentido, señaló que “no se soportaron, ni concretaron las pérdidas alegadas,
pues ni siquiera se tuvo certeza de la cantidad de palmas efectivamente
sembradas por los demandantes, mucho menos las supuestamente afectadas”.

Finalmente, solicitó que se aclarara y se complementara el dictamen frente a los
siguientes puntos:

“De qué manera pudo establecer que la plantación observada en los predios
‘los Guayabos’, ‘Los Pericos I’ y ‘Los Pericos II’, obedece a una siembra
realizada en el año 2000 y no en otra época.
Cómo determinó, logró establecer y verificó la cantidad exacta de palmas
sembradas en el año 2000 en los predios “Los Guayabos” “Los Pericos I” y
“Los Pericos H”. Lo anterior, no por un simple cálculo matemático, sino
demostrando la cantidad de árboles adquiridos, semillas disponibles u otro
que demuestre la cantidad efectivamente sembrada por el demandante. El
cálculo determina la expectativa y el aprovechamiento que se puede dar en
determinada área; no obstante, el objeto de la prueba recae en determinar la
cantidad de plantas que estaban efectivamente sembradas y fueron
destruidas.
De qué manera estableció que la afectación obedeció a la destrucción de
algunas plantas, con la construcción de una obra de infraestructura, luego
de transcurridos más de ocho (8) años.
(…)
Se allegue al despacho el paquete tecnológico establecido por CINEPALMA
que soporta el cálculo realizado.
Se allegue la prueba idónea de la preexistencia de las palmas, su
productividad, mantenimientos y demás aspectos económicos y materiales
que fueron tenidos en cuenta para cuantificar y determinar la cantidad de
palmas efectivamente sembradas y efectivamente destruidas.
Se informe el método de medición utilizado para afirmar la cantidad de

35 SAMAI, índice 2. Página 177 a 184 PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.

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palmas destruidas que se encontraban efectivamente sembradas”.

24. De esta solicitud de complementación, incorporada en el escrito de
contradicción al informe pericial, no se evidencia que el Tribunal le hubiera dado
trámite alguno, así como tampoco se observa que Cormagdalena hubiera
insistido en ella. No obstante, al respecto, esta Subsección observa que el
número de palmas afectadas, que estableció el perito, no fue resultado de una
comprobación real sino de un cálculo conforme a un paquete tecnológico
establecido por Cenipalma, el cual era habitualmente empleado en la Zona,
partiendo del supuesto de que el cultivo de palmas se hace “a una distancia entre
surcos de 9 metros y entre plantas a 9 metros”, por lo que, en primer lugar, no
hay un número cierto de palmas afectadas sino un número estimado.

En segundo lugar, la inspección judicial, que fue el objeto del informe pericial, fue
llevada a cabo ocho años después de la tala de las palmas africanas, con lo cual,
a través de las reglas de la experiencia, se deduce que sobre el terreno ya no se
podía evidenciar, con el mismo grado de certeza, la existencia de palmas y su
posterior tala, incluso el ingeniero Luis Alberto Velásquez Tarazona, quien asistió
a la inspección judicial, cuando se le preguntó en dicha diligencia si podía indicar
si hubo palmas sembradas en el sector de la carretera, el citado ingeniero
respondió que “No lo puedo determinar porque por la carretera ya cambio el
relieve y eso no lo puedo determinar”.

En tercer lugar, entre lo consignado en el acta y en el informe pericial se
observan inconsistencias, como es el caso del año de cultivo de palmas, puesto
que, mientras que en el primer documento se menciona que una parte del cultivo
corresponde al año 2006, en el segundo se insiste en que fue un cultivo del año
2000.

25. Por su parte, el demandante también solicitó la complementación del
informe pericial, en estos términos: “Por la razón esgrimida en anterioridad reitero
al Despacho se le solicite al perito INGENIERO OMAR LEON CAÑAS realizar la
complementación del dictamen pericial determinando el valor de cada palma
afectada (daño emergente) y además el valor que deja la explotación de cada

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

una de las palmas africanas en el tiempo de vida útil (lucro cesante), según su
leal saber y entender en atención que es un experto en la materia y es quien nos
puede determinar dicho precio”36.

Ante la solicitud de complementación del demandante, el Tribunal de primera
instancia, mediante auto del 6 de marzo de 201837, requirió al Ingeniero Omar
León Cañas para que presentara el mencionado escrito de complementación,
con el objeto de: “1- Establecer de manera clara y precisa, el valor o costo de
cada planta afectada, puesto que como determinó en el dictamen, en los predios
LOS PERICOS I, LOS PERICOS II Y LOS GUAYABOS, se afectaron en total
DOSCIENTAS VEINTICUATRO plantas. 2- Precisar además del valor de cada
planta, el valor que deja la explotación de cada una de las palmas africanas en el
tiempo de vida útil”.

El 10 de abril de 2018, por medio del oficio No. 249, la secretaria del Tribunal, en
cumplimiento del auto del 6 de marzo de 2018, envió comunicación al perito
requiriendo la complementación del dictamen pericial38 y el 27 de abril del mismo
año, el señor Omar León Cañas recibió el mencionado oficio, tal como consta en
el recibo de la empresa de mensajería39. El 5 de octubre de 201840, la Secretaría
del Tribunal le reiteró al perito el requerimiento efectuado por medio del auto del
6 de marzo de 2018 y el 19 de octubre de 2018 se certificó su envío al perito41.

26. A pesar de los numerosos requerimientos que recibió el ingeniero Omar
León Cañas para complementar el dictamen pericial, puntualmente para que
precisara el valor de cada palma africana talada y el valor que deja la explotación
de cada una de cada una de ellas en el tiempo de vida útil, no se evidencia que
el perito hubiera efectuado esta complementación.

27. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que el daño patrimonial

36 SAMAI, índice 2. Página 176 PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
37 SAMAI, índice 2. Página 194 PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
38 SAMAI, índice 2. Página 195 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
39 SAMAI, índice 2. Páginas 196 a 197 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
40 SAMAI, índice 2. Página 207 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.
41 SAMAI, índice 2. Páginas 208 a 210 del PDF del ‘Cuaderno 2’ del expediente virtual.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

deprecado en la demanda no llegó a ser acreditado, por cuanto ni a partir del
informe pericial ni de ningún otro medio probatorio se logró establecer que la tala
de las palmas africanas hubiera generado un daño o lesión patrimonial que
tuviera como consecuencia la causación de un lucro cesante o de un daño
emergente42. Lo anterior, pues no se logró establecer el número exacto de
palmas taladas, tampoco se demostró en qué consistía la explotación presente o
futura de cada una de ellas, ni cómo la tala afectó el patrimonio de los
demandantes al impedir que siguieran explotándose o al frustrar la expectativa
de un provecho a futuro.

28. Así mismo, debe advertirse que, en los alegatos de conclusión de primera
instancia, presentados por el demandante43, la parte indicó que el valor de cada
planta se había establecido a partir del “peritazgo realizado por el Ingeniero
Agrónomo Álvaro Rojas Arango en el cual especifica y determina que el valor de
cada una de las palmas es de QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
ONCE PESOS M/CTE ($517.511)”.

Sin embargo, se aclara que el ‘peritazgo’ al cual hizo referencia el demandante,
se refiere a un documento elaborado el 4 de febrero de 200944, es decir, antes de
que ocurriera la tala de las palmas africanas, cuyas conclusiones no cuentan con
ningún respaldo ni técnico ni financiero, puesto que, incluso, en el cuerpo de este
documento se indicó que sus únicos anexos correspondían a unas fotografías,
las cuales ni siquiera fueron allegadas con dicho escrito. De manera que, este
documento no tiene la idoneidad para ser tenido como la prueba del valor de
estas especies vegetales.

29. Finalmente, se observa que tampoco reposa en el plenario prueba alguna
que acredite la lesión extrapatrimonial, materializada en el daño moral cuyo
reconocimiento se pretendió en la demanda. Al respecto se recuerda que su

42 La Sala no pasa por alto que, en los alegatos de conclusión de primera instancia, presentados

por el demandante, la parte indicó que el valor de cada planta se había establecido a partir del
“peritazgo realizado por el Ingeniero Agrónomo Álvaro Rojas Arango en el cual especifica y
determina que el valor de cada una de las palmas es de QUINIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($517.511)”.
43 SAMAI, índice 2, archivo 07 del expediente digital.
44 SAMAI, índice 2. Página 47 del PDF del ‘Cuaderno 1’ del expediente virtual.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

causación debe probarse, salvo casos muy especiales en donde se presumen,
como muerte y lesiones personales, entre otros, los cuales no se evidencian en
el sub lite. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:

“En cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe
advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se
encuentra condicionado –al igual que demás perjuicios- a la prueba de su
causación, la cual debe obrar dentro del proceso”45

30. Corolario de lo anterior, habida consideración que el extremo demandante
tenía la carga probatoria, conforme al artículo 177 del CPC, de acreditar el daño
cuyo reconocimiento se pretendió en la demanda, al haber omitido esta
acreditación, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Costas

31. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar resuelve:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en primera instancia.

45 Consejo de Estado, Sentencia del 23 de agosto de 2012, M.P. Hernán Andrade Rincón, 24392.

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Radicación: 68001233100020100057501 (72255)
Demandante: Ángela Stella Pérez Tafur y otros
Demandado: Cormagdalena, municipio de Puerto Wilches y otro
Proceso: Reparación Directa

SEGUNDO: Sin condena en costas ni agencias en derecho, en segunda
instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
CON ACLARACIÓN DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
CON ACLARACIÓN DE VOTO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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