Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00703-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Aduanero
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2010-00703-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-2010-00703-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
5 de agosto de 2021
ADUANERO / MERCANCÍA – Aprehensión y decomiso / DECOMISO – Tractocamión / REVISIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE INICIÓ CON LA APREHENSIÓN / DICTAMEN PERICIAL – Valoración. Idoneidad / FACTURAS – Requisitos / MERCANCÍA – Error de identificación y legalidad / CABINA Y MOTOR DE VEHICULO – No se acreditó su legal introducción al país / DECOMISO – Procedía respecto del motor y la cabina
El problema que se debe resolver en esta instancia radica en establecer si la sentencia apelada desconoció el debido proceso por no valorar en debida forma los medios de prueba obrantes en el proceso. […] [P]ara la Sala no ofrece duda que los dictámenes periciales atacados por el actor por considerar que no proporcionaron elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción fueron determinantes para concluir que el actor no acreditó que las mercancías (cabina y motor) fueron legalmente introducidas al territorio nacional. En ese sentido, la Sala manifiesta que, respecto de las mercancías citadas, el decomiso procedía y por ende la decisión fue proferida conforme a los elementos probatorios obrantes, los cuales no lograron ser desvirtuados por el actor. Análisis que no es extensible a la definición de legalidad del chasis, comoquiera que respecto de éste las conclusiones son diferentes. Así las cosas, para la Sala es claro que las pruebas periciales sí fueron idóneas, dado que, de los dictámenes de 30 de octubre de 2008 y 31 de marzo de 2009, emitidos, en su orden, por la SIJIN MEBUC y por el CTI de la Fiscalía, autoridades expertas en la materia de análisis, sí es posible manifestar que eran determinantes para establecer que el actor no acreditaba la legal introducción al país de la cabina y el motor, en el entendido que, al ser cotejados con la información consignada en las declaraciones de importación aportadas por el actor, la información no coincidió; y, por tanto, no era posible determinar la legalidad de las mercancías enunciadas, razón por la cual la DIAN precisó que correspondía a la parte actora demostrar la conexión comercial entre el importador-vendedor- comprador respecto de cada mercancía; no obstante, no fueron acreditadas. […] Del examen anterior, la Sala encuentra probado que se presentaron alteraciones morfológicas que permitieron comprobar que parte de la mercancía aprehendida, como lo es la cabina y el motor, no estaban debidamente amparadas, circunstancia que daba lugar al decomiso de estas, conforme a lo previsto en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; máxime cuando, como lo ha sostenido esta misma Sección, el modelo, los números del chasis, motor y serie de un automotor, son características esenciales o sustanciales para la correcta identificación o individualización.
ADUANERO / MERCANCÍA – Aprehensión y decomiso / DECOMISO – Tractocamión / REVISIÓN DE LAS PRUEBAS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE INICIÓ CON LA APREHENSIÓN / PERÍODO PROBATORIO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE INICIÓ CON LA APREHENSIÓN – Término / VALORACIÓN DE LA PRUEBA APORTADA EN FORMA EXTEMPORANEA – Procede respecto del dictamen pericial porque la responsabilidad de valorarlo y tenerlo como soporte recaía explícitamente en la autoridad que la decretó y en aquella que la practicó / DICTAMEN PERICIAL – Decretado por la DIAN y practicado por la SIJIN / DICTAMEN PERICIAL – Valoración. Idoneidad / LEGALIDAD DE LA MERCANCÍA – Se comprobó la del chasis con el dictamen pericial / DECOMISO – No procedía respecto del chasis / INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
El problema que se debe resolver en esta instancia radica en establecer si la sentencia apelada desconoció el debido proceso por no valorar en debida forma los medios de prueba obrantes en el proceso. […] [L]a Sala pone de presente que, aun cuando el dictamen pericial en estricto sentido fue entregado por la SIJIN de manera extemporánea, y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las pruebas que no sean aportadas dentro del periodo probatorio decretado no podrían ser valoradas, porque de hacerlo se atentaría contra el debido proceso, en el caso sub examine, es pertinente manifestar que la responsabilidad de valorar la prueba y tenerla como soporte para emitir una decisión de fondo, recaía explícitamente en la autoridad que la decretó y en aquella que la practicó; es decir, la DIAN y la SIJIN MEBUC, por lo que el no tenerla como prueba vulnera el debido proceso del actor, en el sentido que se comprobó la legalidad del chasis con número de serie 4869090. En atención a lo dictaminado, para la Sala es claro que, respecto de la ilegalidad de la cabina y el motor del vehículo decomisado, el informe técnico aportado el 10 de agosto de 2009 en nada modifica la decisión, porque, tal como se afirma en el dictamen, el motor no contaba con identificación técnica y la cabina descrita corresponde a una marca distintita a la aprehendida, es decir, que tampoco podría soportarse su legalidad en la declaración de importación núm. 02400010013647 de 6 de septiembre de 1994, porque no corresponde a la mercancía en ella amparada, y con base en el análisis probatorio realizado en esta sentencia respecto de las mercancías enunciadas, se mantiene incólume la decisión de confirmar su ilegal introducción al territorio nacional. Ahora bien, en relación con la legal introducción del chasis al territorio nacional, el dictamen pericial de 6 de agosto de 2009 emitido por la SIJIN – MEBUC, era determinante, en el entendido que logró demostrarse que, tal como lo afirmaba el actor, el número de serie del chasis era original, aclarando que no es cierta la afirmación realizada por el recurrente en el recurso de apelación, donde indica que “esta clase de vehículos llevan la serie del chasis grabada en bajo relieve con tacos manuales, una numeración de siete numéricos en el larguero derecho parte media cara externa del chasis; cómo se puede corroborar con la respuesta hecha por la Dirección de Investigación Criminal; firmada por el jefe de la Sala Técnica de Automotores de Bogotá D.C. fechada 10 de agosto de 2009”, puesto que en tal dictamen no se precisó que en qué lugar se ubicó el serial del chasis. Así, al verificar los documentos aportados para demostrar la legalidad del chasis, se corroboró que el serial 4869090 se encuentra contenido en el Manifiesto de Importación núm. 22237 de 4 de diciembre de 1974, y en el entendido que la DIAN no ordenó, como sí lo hizo respecto de la cabina y el motor, la acreditación de una relación comercial entre el importador, vendedor y comprador o importador y comprador, dicha obligación respecto del chasis era inexistente; por lo tanto, al demostrarse que el chasis corresponde con la información consignada en el documento del cual se sirve para demostrar la legal introducción de la mercancía al territorio nacional, se declarará la legalidad del mismo.
De lo precedente, la Sala afirma que, si bien es cierto que no procedía el decomiso del chasis por demostrarse su legalidad, no es dable concluir que las decisiones atacadas en su totalidad fueron expedidas con desconocimiento de los hechos, las manifestaciones de las partes, las pruebas y el objeto de la Litis, como lo afirmó el actor. […] La Sala precisa que el análisis efectuado con precedencia era necesario para determinar tanto la situación jurídica de las mercancías, así como si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en vulneración al debido proceso por indebida valoración probatoria del dictamen pericial de 6 de agosto de 2009 emitido por la SIJIN MEBUC, a través del cual se acreditó la legalidad del chasis, confirmándose por tanto que, una vez analizada la sentencia de primera instancia, el Tribunal basó su decisión en el análisis de los dictámenes aportados el 30 de octubre de 2008 por la SIJIN MEBUC y el 31 de marzo de 2009 por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y otras pruebas obrantes en el expediente y relacionadas en esta providencia, salvo en el último dictamen pericial proferido por la SIJIN el 6 de agosto de 2009, el cual era determinante para definir la situación jurídica del chasis. Por lo anterior, conforme a lo motivado en esta sentencia, es dable concluir que el juez de primera instancia incurrió en indebida valoración probatoria, lo que consecuencialmente deriva en la revocatoria de la sentencia para, en su lugar, decretar parcialmente la nulidad de los actos acusados, en el sentido de declarar la legal introducción al país del chasis identificado con número de serie 4869090.
VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO – Reglas normativas
[C]uando no se realiza un juicio integral de la prueba, se incurre en una irregularidad en la actividad probatoria, la cual atenta, no solo contra el derecho de defensa, sino también contra el debido proceso, por lo que, al no hacerlo, se infringen principios, garantías, derechos y deberes, previstos en el ordenamiento constitucional y legal, que rigen los actos probatorios y las pruebas en sus etapas de solicitud, decreto, práctica, valoración e impugnación.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 617 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 618 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 502 NUMERAL 1.6.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00703-01
Actor: JOSÉ RICARDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO C.C.A
Actos Acusados: Resoluciones 0070 de abril de 2009 y 000058 de 28 de julio de 2009 y Acta 0232 de 16 de diciembre de 2008, expedidas por el Grupo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de Bucaramanga, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIAN.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 3 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. LA DEMANDA
I.1.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el señor JOSE RICARDO RAMIREZ BOHÓRQUEZ, a través de apoderado, pretendió la nulidad de las Resoluciones No. 0070 de abril de 2009 y 000058 de 28 de julio de 2009, y del Acta 0232 de 16 de diciembre de 2008, expedidas por el Grupo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de Bucaramanga de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.
Mediante escrito de demanda la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos contenidos en las Resoluciones No. 0070 de fecha 07 de abril de 2009, 000058 del 28 de julio de 2009, Acta 0232 del 16 de diciembre de 2008, y demás actos administrativos que hagan parte inescindible de la decisión de la administración, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional de Bucaramanga (S), la cual resuelve en su artículo primero lo siguiente: “Artículo Primero: Decomisar a favor de la Nación- Unidad Administrativa Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida y relacionada en el numeral 15 de esta providencia y en el DIM 310411000955 del 16/12/2008, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la Resolución, y actos subsiguientes que confirman esta decisión, Resolución No.000058 del 28 de julio de 2009.”
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que son nulos los actos administrativos, contenidos en las Resoluciones No.0070 de fecha 07 de abril de 2009, 000058 del 28 de julio de 2009, Acta 0232 del 16 de diciembre de 2008, y demás actos administrativos que hagan parte inescindibles de la decisión de la administración, proferidos por el jefe de Grupo de investigaciones Aduaneras y control cambiario de Bucaramanga (s) (…)
TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL
Por consiguiente, se le haga entrega del vehículo tractocamión marca DOGGE (sic), modelo 1975, de placas UID45, de color rojo, motor No. 10437997 THUID.045, CHASIS No. 4869090, tal cual como se puede apreciar en el acta de inventario, en las mismas condiciones como fue incautado. Avaluado en la suma de quince millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos dos pesos m/te ($15.157. 802. oo)
CUARTA PETICIÓN PRINCIPAL
Se condene a pagar a la Nación (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) como consecuencia de la declaración solicitada en la primera pretensión la suma de Diecisiete Millones de Pesos ($17.000.000) moneda corriente, mensual desde la fecha del decomiso del referido vehículo, hasta que se haga efectiva su devolución por parte de la entidad demandada y sean cancelado los daños materiales, por concepto de lucro cesante actual y futuro, los cuales producía el tractocamión al momento del decomiso.
QUINTA PETICIÒN PRINCIPAL
Igualmente a título de restablecimiento del derecho, como reparación del lucro cesante, se condene a la Nación (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) a pagar a mi mandante las cantidades que correspondan al valor de los intereses comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño emergente, desde la fecha en que se realizó la aprehensión 16 de diciembre de 2008, hasta que se haga efectiva su devolución por parte de la demandada (sic).
SEXTA PETICIÒN PRINCIPAL
Que se condene a la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar la suma de TRESCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (300) vigentes al momento de dictar sentencia, por la grave, intencional e injustificada actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que ocasionó serios perjuicios económicos a mi mandante.
SEPTIMA PETICIÒN PRINCIPAL
Que se condene a la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a pagar la suma de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (200) vigentes al momento de dictar sentencia por los daños morales subjetivos causados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a mi mandante.
OCTAVA PETICIÓN PRINCIPAL
Que la condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
NOVENA PETICIÒN PRINCIPAL
La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
[…]
Los actos acusados
Son las Resoluciones 0070 de 7 abril de 2009, “Por medio de la cual se decomisa una mercancía”, expedida por el Grupo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de Bucaramanga, y 000058 de 28 de julio de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, expedida por la jefe de la División de Gestión Jurídica, y el Acta de Aprehensión núm. 0232 de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIAN, cuyos contenidos son los siguientes:
Acta de Aprehensión núm. 0232 de 16 de diciembre de 2008
El suscrito funcionario José Mauricio Bello Vargas identificado con cédula de ciudadanía 13.514.934, en calidad de funcionario de la DIAN de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, debidamente comisionado, mediante Auto Comisorio Núm. 012 de 01/12/2008 y de conformidad con lo establecido en los Decretos Nos. 1048 de 2008 y 2685 de 1999, reglamentados por las Resoluciones Nos. 0009 de 2008 y 4240 de 2000, en concordancia con las facultades de los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999, procede a practicar la diligencia de Aprehensión, Reconocimiento y Avalúo de las Mercancías relacionadas en la presente Acta y sus anexos.
Datos del titular o responsable de la mercancía:
Propietario: Ramírez Bohórquez José Ricardo, C.C. 6.588.733
Conductor: Vargas Urrea Ismael, C.C. 11.297.767
Dirección y/o ubicación: Km 2. Vía Girón
[…]
Explicación de la causal de aprehensión y objeciones:
Numeral 1.6 articulo 502 Decreto 2685 de 199, modificado por Decreto 1161 de 2002, Art 6. Mercancía no amparada en declaración de importación, cabe anotar que mediante Oficio con radicado Núm. 23407 del 28 de agosto de 2008 el conductor del vehículo, el señor Ismael Vargas Urrea solicita la devolución del vehículo y autoriza mediante poder al doctor José Zacarías García Zabala identificado con cédula 91.422.939 para que realice los trámites correspondientes. Verbalmente se le da respuesta dentro de los términos al oficio y se le informa que quien debe solicitar la devolución de la mercancía es el propietario. Posteriormente el propietario del vehículo, el señor José Ricardo Ramírez Bohórquez, identificado con C.C. 6.588.733, solicita la devolución del vehículo, a través de poder concedido al doctor José Zacarías García Zabala identificado con cédula 91.422.939, por medio de oficio con radicado núm. 27467 del 07/108 y anexa cuarenta y cuatro folios. Dentro de los términos se le informa verbalmente y en reiteradas ocasiones al apoderado que los documentos aportados se encuentran en cruces de información y que en su momento se le estará informando oportunamente de la decisión tomada por escrito, quien quedó conforme con la información dada en su momento. Entre los documentos aportados se verificó el Manifiesto de Importación núm. 22237 del 04/12/74 con el cual ingresó el vehículo y en donde se describe el número del motor y de serie, cuyo importador es FCA CRYSLER COL. DE AUTOMOTORES S.A. con NIT. 60.002.304, el manifiesto de importación fue confirmado por el GIT, Centro Nacional de Administración Documental- División de Documentación de la Subsecretaría de Recursos Físicos, nivel central, cabe anotar que el vehículo ha sido objeto de cambio de número de placas, de cabina, de color, y su respectiva regrabación, dichos cambios se encuentran registrados en la hoja de vida del vehículo del tránsito de Sincelejo (folio no. 69) y formularios únicos nacionales (folios 47,48,49,50 y 51) los cuales han sido autorizados por la autoridad competente. Al realizar la inspección físico- documental se encontraron las siguientes inconsistencias:
1) La declaración de importación núm. 02400010013647 del 06/09/94 fue confirmada por la División de Recursos Físicos y Financieros de la administración de Santa Marta la cual ampara cabinas para camión- Ford 85 y Brigadier 89 y según la factura de venta No. 0088 del 20/06/02 expedida por Rueda Importaciones RARM con Nit. 80.469.404 se describe 01 cabina y conjunto de Chevrolet brigadier mod 85: es decir el modelo de la cabina facturado (modelo 85) no concuerda con el modelo de la declaración de importación para las cabinas de marca brigadier (modelo 89) que es la que tiene actualmente el vehículo, por su parte cabe anotar que al tratarse de una cabina que no posee serial o un número que la identifique la hace genérica por tanto se debe establecer la conexidad comercial entre el importador y el propietario, sin embargo dicha conexidad no existe ya que el importador es Leonardo Arévalo López con Nit. 79.782.742 y quien expide la factura de venta núm.0088 es Rueda Importaciones RARM (Richard Alfonso Rueda Martínez) con Nit. 80.469.404.
2) La declaración de importación núm. 55186250011837 del 02/03/98 con manifiesto núm. 1950188000210 del 27/02/98 ampara bloques de motor Diésel y motores completos a gasolina sin seriales visibles, la cual fue confirmada en el Sistema Informático SIFARO. Así al tratarse de bloques de motor que no tienen visibles sus números de identificación los hace genéricos, por tanto se debe establecer la conexidad comercial entre el importador, el proveedor y el propietario, sin embargo dicha conexidad no existe ya que el importador es Jorge Alberto Gómez Zuleta con Nit. 79.459.134 y quien expide la factura de venta núm.047 del 29/04/02 es comercializadora J.JIM POREXPORT (Jeinson Ortega Rubiano) con Nit. 80.164.907, la cual describe un bloque de motor diésel de seis pistones en línea cummins para ser instalado en el vehículo de placas UID-045, marca DODGE. MOD 1975, color azul.
3) Según estudio técnico realizado por funcionarios del grupo de automotores de la SIJIN de Bucaramanga mediante oficio 283 UNIAN SIJIN MEBUC del 30/10/08 y el cual fue recibido en la DIAN con radicado núm. 02382 del 27/11/08 se concluye que el número de chasis no fue posible ubicarlo en el lugar acostumbrado por la casa fabricante por tanto no se puede identificar, por las anteriores razones se procede a aprehender el vehículo conforme a la causal inicialmente señalada.
[…]
Descripción de la mercancía:
1 cabezote tracto camión marca Dodge; color rojo; placas: UID-045; Motor núm. 10437997TH/UID-045RDO; Serie núm. 4869090; modelo 1975; Porta Cabina de Superbrigadier; Numero de chasis no fue posible su ubicación, pesos: 8200 Kg, en regular estado, para mayor descripción refiérase a ficha técnica de inventario que hace parte integral de la presente Acta de Aprehensión.
Funcionario aprehensor:
José Mauricio Bello Vargas
Resolución 0070 de 7 de abril de 2009
“Por medio de la cual se decomisa una mercancía”
“[…] Fundamentos de derecho y conclusiones
Para demostrar la legalidad de automotor aprehendido en el país, fue aportado el documento del folio 16 que hace referencia al Manifiesto de Aduana No. 22237 del 31/1/75, del cual fue remitida copia por el Centro Nacional de Administración Documental de la División de Documentación de la Subsecretaría de Recursos Físicos Nivel Central de Bogotá, que ampara “Chasises cabinados para camiones DODGE articulados, (tractomulas), motor DIESEL CUMMINS, 6 cilindros, 250 HP desarmados, destino CRYSLER COLMOTORES S.A. empresa reconocida como ensambladora”, entendiéndose que se trata de mercancía nueva, con sus sistemas de identificación originales de fábrica, que fueron importados para el proceso de ensamble; y dentro de esta mercancía se incluye el motor No. 10437997 y el chasis serie 4069090.
Sin embargo el oficio No.283/UNIAU SIJIN MEBUC del 30/10/2008 del Grupo Automotores de la Unidad Investigativa Automotores Seccional de Investigación Criminal MEBUC de la Policía Nacional, registra que el vehículo aprehendido corresponde a un automotor descrito como: Tractocamión , marca Dodge, color rojo, modelo 1975, motor Nro. 10437997THUID-045(REGRABADO), chasis: no se halló, placas: UID-045 (ORIGINAL) serie: 4869090 (REMOVIDA) que “queda sin identificación técnica, toda vez que el motor regrabado, serie removida, porta cabina de superbrigadier y numero de chasis no fue posible su ubicación en el lugar acostumbrado por la casa fabricante”.
Respecto al concepto anterior y en lo que concierne al CHASIS, el Dr. José Zacarías García Zabala, ha solicitado la práctica de una inspección física en presencia suya y del señor Antonio María Robayo Murcia (tenedor del vehículo por más de 12 años) “con el fin de mostrarle la serie del chasis” para lo que este despacho elevó la correspondiente solicitud al Grupo Automotores C.T.I de la Fiscalía General de la Nación (fls. 119 y 123) sin que dicha entidad se pronunciara, por lo que se procede a fallar con los documentos que se encuentran en el expediente los cuales por sí solos son idóneos y suficientes para realizar el análisis del caso.
En primer lugar es necesario aclarar que el estudio técnico del automotor fue realizado por autoridad técnica profesional en identificación de automotores de la SIJIN y dicha autoridad afirma al referirse a la identificación del chasis que “la serie aparece removida” y que “no fue posible su ubicación en el lugar acostumbrado por la casa fabricante”, lo cual indica que la serie fue encontrada sin el asesoramiento del señor Antonio María Robayo, en un sitio diferente al que utiliza la casa fabricante, con lo que se entiende que fue removida del sitio original y en esas condiciones, no puede demostrarse que el chasis del rodante sea el mismo que ingresó al país amparado por el Manifiesto de Importación No. 1223846 y con el No. 22237 del 04 de diciembre de 1974 de los folios 33 y 34.
[…]
Ahora en relación con la cabina y al motor el apoderado afirma: “Fueron suministrados por” afirmaciones estas que por sí solas no tienen validez a la hora de resolver la situación jurídica de las mercancías si no vienen respaldadas por los documentos idóneos que individualicen los bienes por sus sistemas de identificación de manera que permitan determinar que son las mismas que se importaron y que se demuestre relación de causalidad entre importadores y compradores.
Es así como analizados los documentos aportados se encuentra que en relación con LA CABINA, el FUN del folio 46, el vehículo fue objeto de traspaso al señor Ramírez Bohórquez José Ricardo, el 19 de junio de 1991 en Cartagena y según la constancia del folio 38 expedida el 16 de agosto de 2005 por la Auxiliar de Placas y Matriculas de la Oficina de Transito departamental de Sucre, se registra: “ se pudo constatar que este vehículo se matriculó con las siguientes características: Placa UID-045, cabina CHEVROLET BRIGADIER MODELO 85”, lo cual indica que no es la misma importadas con la declaración de importación presentada el 06/09/1994, importador LEONARDO AREVALO LOPEZ NIT. 79.782.742 (que describe FORD 85 y Brigadier 89) y que a esa fecha la cabina del automotor tampoco era la misma que se relaciona en la factura No. 088 del 20/06/2002 expedida por RUEDA IMPORTACIONES R.A.R.M NIT 80.469.404-7 ( BRIGADIER 85) dejando sin validez la constancia de 23 de febrero de 2009, donde el mismo presunto proveedor afirma que “por error involuntario” se relacionó en la factura No. 088 del 20/06/2002 una cabina Chevrolet Brigadier modelo 1985 cuando el modelo correcto es Brigadier 1989, y lo más importante es que según el estudio técnico del folio 78 la cabina que hoy porta el automotor aprehendido es una cabina SUPERBRIGADIER.
Nótese que ya desde el 7 de febrero de 2003, según la hoja de vida del vehículo, expedida por la Dirección de Transporte y Transito de Sincelejo, se había obtenido permiso para realizarle al vehículo unas modificaciones que incluían “cambio de motor y cambio y color y cambio de cabina color rojo”.
En cuanto al MOTOR, la factura No. 047 de abril de 2002 de la comercializadora J.JIM, Porexport Jeinson Ortega Rubiano del folio 39, registra un motor DIESEL marca CUMMIS “sin serial por deterioro y oxidación” donde se menciona la declaración de importación No.195098860218 del 27/02/1992 (nótese que solamente figuran doce dígitos). Adicionalmente fue presentada la declaración del importador JORGE ALBERTO GOMEZ ZULETA de fecha 02/03/1998 que ampara motores usados sin seriales por “deterioro y oxidación” con lo cual es claro que al no haber sido individualizados por sus seriales no es posible determinar si uno de estos motores importados es el mismo que porta el automotor. Según la hoja de vida del vehículo con motor No. 10437997 TTM RGDO, se solicitó nuevamente permiso el día 7 de febrero de 2003 para “CAMBIO DE MOTOR Y CAMBIO DE COLOR Y CAMBIO DE CABINA”, con lo que se deduce que en esta fecha se cambió nuevamente el motor. Nótese que la constancia del folio 38 expedida el 16 de agosto de 2005 por la auxiliar de placas y matriculas de la Oficina del Transito Departamental de Sucre también afirma que el motor se identifica con el No. 10437997THUID-045RGDO” (Sin la M que lo identificaba en la hoja de vida del vehículo).
Por lo anterior es claro que si una mercancía extranjera no puede identificarse, tampoco puede demostrar su legalidad en el país […]”
RESUELVE
Artículo primero: Decomisar a favor de la Nación- Unidad Administrativa Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida y relacionada en el numeral 15 de esta providencia y en el DIM 31041100095 del 16/12/2008, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo segundo: Notificar por correo al Dr. José Zacarías García Zabala identificado con C.C. Nº. 91.422.939 y T.P.N. Nº. 171.265 del C.S. de la J. en calidad de apoderado del señor José Ricardo Ramírez Bohórquez identificado con C.C. Nº 6.588.733 como propietario de la mercancía aprehendida y del señor ISMAEL VARGAS URREA identificado con C.C. Nº 11.297.762 como Tenedor, de conformidad con lo señalado en el Artículo 563 del Decreto 2685 de 1999 modif. Por el artículo 54 del Decreto 1232 de 2001, en concordancia con el Articulo 45 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, advirtiendo que contra la presente providencia procede el recurso de Reconsideración el cual deberá interponerse directamente ante la División de Gestión Jurídica de esta Dirección Seccional ubicada en la calle 36 No. 14-03 piso 2 de Bucaramanga, dentro de los 15 días siguientes a su notificación, cumpliendo con los requisitos previstos en los articulo 516 modificado por el Art. 31 del Decreto 2557 de junio de 2007 y 518 del Decreto 2685 de 1999 […]”
Resolución No. 000058
(28 de julio de 2009)
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”
“[…] Dentro del trámite procesal correspondiente, se realizaron dos estudios técnicos al vehículo decomisado, descrito en el DIIAM 31041100095 de fecha 16 de diciembre de 2008, por parte de autoridades competentes y con conocimientos específicos sobre la materia, como son la Policía Nacional- Seccional de Investigación Criminal- Unidad Investigativa Automotores y el Cuerpo Técnico de Investigación- C.T.I., de la Fiscalía General de la Nación […]
Sobre el particular, cabe destacar que por solicitud expresa del recurrente, se decretó un tercer estudio técnico en presencia del apoderado y del señor ANTONIO MARIA ROBAYO MURCIA, para lo cual se ofició en tres oportunidades a la SIJIN sin obtener respuesta, venciéndose el periodo probatorio sin posibilidad de practicarse pese a la insistencia de este despacho por lo que se procederá a realizar un pronunciamiento de fondo con los documentos obrantes dentro del plenario, en consideración a que tienen el carácter idóneo y suficiente para sustentar la decisión correspondiente.
Como se puede observar, en el cuadro comparativo precedente, los dos estudios técnicos practicados concluyeron exactamente lo mismo: no es posible la identificación técnica del vehículo decomisado por presentar alteración en sus sistemas de identificación ya que el motor se encuentra regrabado, la serie removida y no se ubicó el número del chasis.
Respecto a los resultados de los citados estudios, el apoderado del señor JOSE RICARDO RAMIREZ BOHORQUEZ indica en el escrito contentivo del recurso de reconsideración, que su poderdante compró la cabina que tiene instalado el vehículo en mención, en cuanto al modelo afirma que es el establecido en la factura de compra No. 088 de fecha junio 20 de 2002, aclarada en la certificación que reposa en el expediente, es decir la modelo 89, por lo que en su criterio se encuentra amparada en la declaración de importación No. 9401090972972 soportada con el Manifiesto de Importación No. 19100861 del 26 de agosto de 1994.
Frente a los anteriores argumentos expuestos por el recurrente, debe manifestar el despacho que analizado el material probatorio obrante dentro del plenario, se puede determinar que no le asiste razón al Dr. García, pues por un lado la Declaración de Importación identificada con Sticker No. 0240001001364-7 de fecha 06/09/1994, preimpreso No. 9401090972972, describe en las mercancías que ampara “cabinas para camión marca FORD 85 y BRIGADIER 89”, y por otro, la factura No. 0088 de fecha 20 de junio de 2002 expedida por Rueda Importaciones a nombre del señor José Ricardo Ramírez, especifica la venta de una cabina Brigadier con conjunto, modelo 1985, correspondiente exactamente al modelo matriculado ante la Dirección del Tránsito del Departamento de Sucre, como consta en el historial del vehículo, aportado por el interesado, específicamente en la certificación visible a folio 37 de la actuación.
Así las cosas, es claro para esta instancia, que la cabina que porta el vehículo decomisado, no se encuentra amparada en la declaración de importación que refiere el recurrente, pues la declaración ampara cabinas Brigadier modelo 89 y el vehículo porta cabina Brigadier modelo 85, adicionalmente en el estudio técnico realizado por el CTI de la Fiscalía, se encontró que la plaqueta serie que identifica la cabina del automotor corresponde a un vehículo marca DODGE.
Del mismo modo, se destaca que la certificación obrante a folio 122 del expediente, por medio de la cual se corrige la mencionada factura No.0088 aclarando que la cabina vendida en realidad correspondía a BRIGADIER 89, y no 85 como erróneamente se facturó, no tiene el carácter suficiente para desvirtuar las pruebas referidas en precedencia; por cuanto las cabinas descritas en la declaración de importación no poseen serial o número que las identifique, lo que las hace genéricas, razón por la cual se hace necesario que las identifique, lo que las hace genéricas, razón por la cual se hace necesario establecer la conexidad comercial entre el importador, el proveedor y el propietario; situación que no se presentó en el caso sub examine, toda vez que figura como importador Leonardo Arévalo López, como proveedor Rueda Importaciones RARM y como propietario José Ricardo Ramírez Bohórquez, es decir no se probó el vínculo comercial entre el importador y el proveedor.
Ahora bien, en relación con el motor y el chasis del vehículo decomisado; si bien es cierto se encuentran especificados en el manifiesto de importación No. 2237 del 04/12/1974, de los estudios técnicos realizados dentro del presente proceso, se determinó que el motor se encuentra regrabado y no se encontró serie o guarismo que identifique el chasis; es decir, presentan modificaciones que no fueron acreditadas, razón por la cual no puede predicarse de ellos que gocen del amparo correspondiente a la mencionada declaración de importación, pues no hay coincidencia de los elementos encontrados al momento de la aprehensión con los declarados en la importación.
[…] se hace necesario precisar que la competencia para establecer la legalidad o no de una importación radica exclusivamente en la Autoridad Aduanera, en ningún caso otra autoridad administrativa puede decidir referente a este aspecto. Las direcciones de Transito de Bolívar y de Sampues (Sucre) simplemente recibieron los documentos aportados por el interesado, amparados por la presunción de autenticidad y de buena fe, sin entrar a exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras, facultad que solo le corresponde al funcionario público o dependencia oficial determinada por la Ley.
Así mismo. En cuanto a la declaración de importación No. 55186250011837 del 02/03/1998 con manifiesto No. 1950188000210 del 27/02/98, que según el recurrente ampara el motor que le fue cambiado al vehículo decomisado, la cual fue confirmada en el sistema informático SIFARO, considera el despacho que el amparar bloques de motor diésel y motores completos a gasolina sin seriales visibles, es decir genéricos, igualmente se debe establecer la conexidad comercial entre el importador, el proveedor y el propietario, situación que no se presentó en el caso sub lite, pues el importador es JORGE ALBERTO GOMEZ ZULETA con Nit. 79459134 y quien expide la factura de venta No. 047 del 29 de abril de 2002 es la comercializadora J.JIM POREXPORT (JEINSON ORTEGA RUBIANO) con Nit 80164907-1, La cual describe un bloque de motor diésel de seis pistones en línea marca CUMMIS sin serial por deterioro y oxidación dejando por entendido su regrabación, para ser instalado en el vehículo de placas UID-045 marca DODGE, modelo 1975, color azul.
Por otro lado, debe resaltar el despacho que contrario a lo argumentado por el apoderado del señor RAMIREZ BOHORQUEZ, dentro del trámite procesal correspondiente se ordenó la práctica de las pruebas solicitadas por el recurrente en el escrito de objeciones, practicándose debidamente y con las formalidades legales, como consta a folios 110 a 120 y 137 a139 de la actuación.
[…]
En síntesis, de las pruebas recaudadas durante el trámite procesal, se colige que el vehículo decomisado ha sido objeto de cambios de cabina , color, motor, y su respectiva regrabación, cambios que se encuentran registrados en la hoja de vida del vehículo (fol.69) y formularios únicos nacionales(folios 47-51), pero que al ser partes genéricas y no acreditar la correspondiente conexidad comercial, imposibilitan la determinación de las mismas, como mercancía ingresada legalmente al territorio aduanero nacional. En cuanto al Chasis se reitera que no se ubicó serie o guarismo que lo identifique en ninguno de los estudios practicados al vehículo decomisado; razón por la cual no es posible su identificación técnica.
[…]
RESUELVE
Artículo primero: CONFIRMAR la Resolución No. 0070 del 07 de abril de 2009 proferida por el jede del G.I.T. de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de esta Seccional, por medio de la cual se decomisó la mercancía descrita en el DIIAM 31041100095 del 16 de diciembre de 2008; de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”
I.1.2. Adujo como hechos de la demanda que:
I.1.2.1. El 27 de agosto de 2008, sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, a la altura del Km 12, un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - Seccional Santander, dando cumplimiento a una orden impartida por la Policía Fiscal Aduanera, detuvo al tractocamión marca DODGE, modelo 1975, de placas UID-045, color rojo, Motor No. 10437997THUID.045, CHASIS No. 4869090 de propiedad del accionante, informándole al conductor que el vehículo sería inmovilizado, en virtud de la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6, “mercancías no amparadas en declaración de importación”, del Decreto 1161 de 2002.
I.1.2.2. El 28 de agosto de 2008, el actor solicitó ante la DIAN la entrega del vehículo, aportando pruebas que, en su concepto, constataban la legalidad de la mercancía.
I.1.2.3. Mediante Acta de Aprehensión No. 0232- FISCA del 16 de diciembre de 2008, con el DIIAM 31041100095, bajo la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6, “mercancías no amparadas en declaración de importación”, del Decreto 1161 de 2002, se retuvo la mercancía.
I.1.2.4. Mediante escrito de fecha 7 de enero de 2009, el actor radicó memorial de objeción al Acta de Aprehensión, y solicitó se practicara como prueba una inspección a la mercancía, indicando que la misma fue decretada pero no practicada.
I.1.2.5. A través de la Resolución 0070 de 7 de abril de 2009, la Unidad Administrativa Especial- Dirección e Impuestos y Aduanas Nacionales procedió con el decomiso de la mercancía aprehendida.
I.1.2.6. El actor interpuso recurso de Reconsideración, en el que solicitó la práctica de la prueba de inspección del vehículo, sobre la cual manifiesta que no fue decretada, como tampoco otras pruebas que solicitó y que permitían constatar la legalidad de la mercancía, lo que, en su concepto, configuró una vulneración a los derechos de defensa y debido proceso; éstas son:
I.1.2.6.1. Con escrito de 23 de febrero de 2009, el accionante allegó a la DIAN una certificación de la factura No. 0088 de 20 de junio de 2002, que describe la venta de una cabina y conjunto de Chevrolet Brigadier modelo 85, expedida por Rueda Importaciones.
I.1.2.6.2. A través de escrito de 31 de marzo de 2009, aportó las improntas del chasis del vehículo decomisado y fotos de otros tractocamiones con placas SNF 403, SNJ 743 Y SNJ 366, a fin de demostrar que el sitio donde estas llevaban la serie del chasis, era el mismo lugar de donde lo tenía consignado la mercancía.
I.1.2.6.3. A través de memorial de 6 de julio de 2009, allegó la certificación de licencia de tránsito con la debida reforma en relación al error de transcripción en el modelo de la cabina, manifiesto de importación de la mercancía.
I.1.2.7. Continuando con los hechos de la demanda, señaló que la demandada expidió la Resolución No. 00058 del 28 de julio de 2009, por la cual confirmó en su integralidad la Resolución No. 0070 del 7 de abril de 2009.
I.1.2.8. Asintió que la DIAN desconoció el eximente de responsabilidad, en el entendido que se encontraba plenamente demostrado dentro de la investigación administrativa la legalidad de la mercancía.
I.1.2.9. Agregó que, con el ánimo de demostrar la legalidad de la mercancía, en el año 2007, se adelantó por parte de la Fiscalía Trece de la Unidad de Patrimonio de Ibagué, Tolima, una investigación radicada bajo el No. 730016000432200701913 por la presunta conducta penal de Falsedad en Documento Público, en la que fue incautado el mismo vehículo, razón por la cual aportó a la investigación una certificación expedida por la Fiscalía de fecha 7 de diciembre de 2007, y a través de ella se manifiesta que el vehículo, para esa fecha, contaba con plena identificación.
I.1.2.10. Señaló que, al momento de la aprehensión, el vehículo se encontraba afiliado a la empresa Transportes en Cama Baja Ltda y Service Ltda, produciendo $17.000.000 de pesos mensuales aproximadamente, como consta en certificaciones expedidas por esas empresas.
I.1.2.11. Concluyó que el 7 de octubre de 2009, se surtió el requisito de procedibilidad de la conciliación ante el Ministerio Público en Asuntos Administrativos, en la cual no hubo ánimo conciliatorio y se expidió constancia de no acuerdo.
I.1.3. Los cargos planteados contra los actos administrativos demandados pueden sintetizarse de la siguiente manera:
I.1.3.1. Primer cargo: Infracción de las normas en que debería fundarse la decisión.
I.1.3.1.1. Violación de los artículos 1, 29, 58 y 83 de la Constitución Política.
I.1.3.1.1.1. La parte demandante alegó que la decisión adoptada por la DIAN vulnera las normas invocadas porque la administración realizó la aprehensión y posterior decomiso del vehículo desconociendo las pruebas aportadas, con las que se demostraba la legal situación de la mercancía en el país; lo que, en su parecer, constituyó un desconocimiento de eximente de responsabilidad y la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso. Citó también como violados los artículos 1, 58 y 83 de la Constitución Política y adjuntó unos apartes jurisprudenciales, pero no desarrolló el concepto de violación.
I.1.3.1.1.2. Agregó que la DIAN decretó la práctica de una prueba y ofició en tres oportunidades a la SIJIN a efectos de practicar un estudio técnico en presencia del señor Antonio María Robayo Murcia; no obstante, no se obtuvo respuesta de dicha entidad, pronunciándose la DIAN de fondo, por considerar que los demás documentos obrantes tenían el carácter de idóneos y suficientes, y en su sentir la DIAN vulneró sus derechos de defensa y al debido proceso.
I.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Administración Especial de Aduanas Nacionales de Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que:
I.2.1. El Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización profirió la Resolución No.0070 de 2009, por medio de la cual decomisó la mercancía aprehendida tras un análisis del acervo probatorio, donde se demostró con el oficio 283/ UNIAU SIJIN MEBUC del 30 de octubre de 2008, expedido por la Policía Judicial - Grupo Automotores, que el motor se encontraba regrabado, y que no fue posible ubicar el número del chasis en el lugar acostumbrado por la casa fabricante, encontrando que la serie había sido removida y que las placas eran originales de fábrica.
I.2.2. Se practicaron dos estudios técnicos en los cuales se evidenció que el automotor no tenía identificación técnica por presentar alteraciones de sus sistemas de identificación “Motor y serie”, adecuándose esta conducta a la causal de aprehensión y decomiso prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. De acuerdo con los estudios técnicos se evidenció la ilegalidad de la mercancía.
MERCANCÍA APREHENDIDAESTUDIO C.T.I FISCALÌAESTUDIO UNIDAD INVESTIGATIVA, AUTOMOTORES- POLICÍACabezote tracto camión color rojoCabezote tracto camión color rojoCabezote tracto camión color rojo Placas UID-045Placas UID-045Placas UID-045Motor No. 10431997THUID-045RDOMotor No. 10431997THUID-045RDO. La serie que identifica al motor en la actualidad, se observa NO ORIGINAL de fábrica, la morfología de sus dígitos no corresponde a los acostumbrados a estampar por la casa matriz, igualmente la superficie metálica se encuentra maltratada, con pérdida de material y pulida. Motor No. 10431997THUID-045RDO (Regrabado) Serie No. 4869090Estampado sobre plaqueta presenta originalidad tanto en material utilizado, como en la morfología de sus guarismos, pero la misma se encuentra REMOVIDA, esto quiere decir que fue retirada y colocada nuevamente, en la cabina que porta en la actualidad el motor. Serie No. 4869090 REMOVIDA. Modelo 1975Modelo 1975Modelo 1975Porta cabina de SuperbrigadierAl momento del estudio, el automotor porta cabina para vehículo CHEVROLET BRIGADIER, pero la plaqueta serie que la identifica corresponde a un vehículo DODGE. Porta cabina de Superbrigadier.Numero de chasis no fue posible su ubicación Revisado el chasis, NO SE UBICO SERIE O GUARISMO QUE LO IDENTIFIQUE, Pero una vez consultados manuales sobre este tipo de vehículo, el guarismo puede ir ubicado sobre el larguero izquierdo, parte media, cara externa, sitio en el cual se halla instalada una caja metálica impidiendo de esta forma verificar la existencia del mismo. Numero de chasis NO FUE POSIBLE SU UBICACIÒN en el lugar acostumbrado por la casa fabricante. Sin conclusión En conclusión, el vehículo queda SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA, por presentar alteración en sus sistemas de identificación “Motor y Serie”.En conclusión, se conceptúa que el automotor motivo del presente estudio QUEDA SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA.
I.2.3. Relacionó que, cada uno de los dos estudios técnicos practicados arribó a la misma conclusión, según la cual, no era posible la identificación técnica del vehículo decomisado por presentar alteración en sus sistemas de identificación, ya que el motor se encontró regrabado, la serie removida y no se ubicó el número del chasis.
I.2.4. Agregó que, tratándose de una mercancía extranjera, el interesado debía acreditar su legal ingreso al territorio nacional con una declaración de importación; al inobservar tal obligación, incurrió en la causal de aprehensión y decomiso señalada en el artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999.
Concluyó que la actuación administrativa se ajustó en todo a la ley.
I.3. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 3 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander (en adelante el Tribunal) denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el automotor no se encontraba amparado en declaración de importación. Los argumentos del Tribunal se sintetizan así:
I.3.1 Vulneración al derecho de defensa y al debido proceso por parte de la entidad demandada
I.3.1.1. El Tribunal explicó que, a la luz del material probatorio obrante en el proceso, lo manifestado por el accionante no corresponde a la realidad, por cuanto la prueba solicitada en el proceso de definición jurídica de mercancía por el apoderado del actor consistía en una inspección al vehículo aprehendido, y ésta fue decretada por la DIAN mediante Auto No. 003 de 22 de enero de 2009; practicada por el C.T.I de la Fiscalía General de la Nación el 31 de marzo de 2009, siendo valorada y analizada en la Resolución No. 0070 de 7 de abril de 2009, “por medio de la cual se decomisó el vehículo”, ordenando tener como pruebas los documentos presentados con el escrito de objeción.
I.3.2.2. Sostuvo que en el recurso de reconsideración se solicitó otra inspección al vehículo, que nuevamente fue decretada por la entidad demandada a través del auto No. 000017 de 12 de mayo de 2009, oficiando a la SIJIN para su práctica; sin embargo, no pudo ser realizada porque la SIJIN no respondió los oficios enviados por la DIAN.
I.3.2.3. Aseveró que el término probatorio venció el 12 de julio de 2009, razón por la cual, con los elementos probatorios obrantes, procedió a proferir la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
I.3.2.4. Observó que las pruebas solicitadas tanto en la objeción como en el recurso de reconsideración fueron decretadas por la entidad demandada a través de los autos Nos. 003 de 22 de enero de 2009 y 000017 de 12 de mayo de 2009 y practicadas por el C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, lo que prueba que no es cierto, como se asegura en la demanda, que no se decretaron las pruebas solicitadas.
I.3.2.5. Resaltó que las pruebas practicadas en el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía fueron valoradas, tanto para aprehender la mercancía como para su decomiso, como obra en los dos informes técnicos realizados por la Unidad Investigativa de Automotores de la Policía Nacional y por el investigador criminalístico, perito en identificación técnica en automotores del C.T.I, los cuales coinciden en el resultado: el automotor no contaba con identificación técnica, es decir, el vehículo carecía de identidad, lo que imposibilitó a la entidad demandada establecer su entrada legal al país, por inconsistencias en su identificación.
I.3.2.6. Concluyó precisando que, con la práctica de los dos estudios técnicos, se observó la coincidencia en los resultados y conclusiones, más aun siendo dos autoridades diferentes las que emitieron los informes a solicitud tanto de la parte demandante como de la demandada, razón por la cual no prosperó el cargo de afectación del derecho de defensa y el debido proceso.
De lo anterior coligió el Tribunal que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados y, en consecuencia, se desestimaron las pretensiones de la demanda.
I.4. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso, oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Los fundamentos se extractan así:
I.4.1. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, no valoró en debida forma las pruebas aportadas. Fundamenta su apreciación señalando que, si bien es cierto que en el expediente reposan los dos informes técnicos realizados por la Unidad Investigativa de Automotores de la Policía Nacional de fecha 30 de octubre de 2008 y por el investigador de criminalística, perito en identificación técnica de Automotores del C.T.I, y de la Dirección Seccional y Aduanas Nacionales (DIAN), los mismos hicieron referencia a diferente marca de cabina, precisando:
“El dictamen practicado por el C.T.I, de la Fiscalía General de la Nación de fecha 31 de marzo de 2008 dice: revisado el chasis, no se ubicó serie o guarismo que lo identifique, pero una vez consultados manuales sobre este tipo de marca y modelo de vehículo, puede ir ubicado sobre el larguero parte izquierda, cara externa, sitio en el cual se halla instalada una caja metálica, impidiendo de esta forma verificar la existencia del mismo”
I.4.2. Manifestó que la decisión adoptada por el Tribunal conlleva “a presumir la existencia de una duda razonable y una omisión por negligencia por el agente del Estado adscrito al C.T.I, de la Fiscalía General de la Nación que practicó el dictamen de fecha 31 de marzo de 2009, duda que se ha debido haber resuelto a favor del propietario de la mercancía aprehendida, en virtud del artículo 2 del Decreto 2685 de 1999 y los postulados del principio de favorabilidad que rigen el Procedimiento Penal y Aduanero Colombiano.”
I.4.3. Aseveró que existió vulneración al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, en el entendido que los informes técnicos no eran documentos idóneos para definir la situación jurídica de las partes del vehículo, por cuanto su contenido no proporcionó elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, afectándose el principio de congruencia procesal que en materia aduanera exige mantener una relación estrecha entre los hechos, las manifestaciones de las partes, las pruebas y el objeto de la litis.
I.4.4. Sostuvo que el Tribunal cometió un “Error inconcebible” al negar las pretensiones de la demanda argumentando que con la práctica de los dos informes técnicos se observa coincidencia en sus resultados y conclusiones, más aún cuando fueron autoridades diferentes las que los emitieron. Señala que el Tribunal no hizo una valoración de fondo a los dictámenes, toda vez que su contenido no proporcionaba elementos de juicio suficientes para establecer la ilegal introducción de la mercancía y, contrario a lo determinado, las pruebas allegadas al proceso por el actor eran suficientes para demostrar que se cumplieron a cabalidad todos los requisitos legales exigidos para la importación, reiterando una violación al debido proceso.
I.4.5. Finalmente, manifestó que “el error más grave del a-quo al proferir la sentencia de primera instancia, del proceso de la referencia, no tuvo en cuenta las pruebas allegadas con el escrito de la demanda, en donde se puede advertir la existencia de un defecto factico en la providencia referida, toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN- OTROS ASUNTOS, doctora Carmen Cecilia Plata Jiménez, como magistrada ponente en su entender NO VALORO EN DEBIDA FORMA LAS PRUEBAS APORTADAS, en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en especial, el dictamen de fecha 06 de agosto de 2009, proferido por la Policía Nacional Unidad de INVESTIGATIVA AUTOMOTORES, en donde manifiesta que el chasis es original, y desconociendo que son muy importantes y fundamentales para la verificación de los hechos, al momento de las alegaciones, tal como lo disponen las normas vigentes, es por eso que difiero del juzgador al no tener en cuenta como fehacientes y verídicas las pruebas allegadas con la demanda, las documentales y los testimonios rendidos, porque estas demuestran fidelidad de los hechos acaecidos en el debido momento y sirven de sustento a las peticiones de mi poderdante, las cuales ni siquiera se refirió en la argumentación de la referida sentencia”.
I.4.6. Precisó que, dentro de las pruebas no valoradas, se encuentran las siguientes:
I.4.6.1. La respuesta de la Dirección de Investigaciones Criminal, suscrita por el Jefe de la Sala Técnica de Automotores de Bogotá de fecha 10 de agosto de 2009, que señaló que la clase de vehículos como el que motiva el presente asunto, lleva la serie del chasis grabada en bajo relieve con tacos manuales, una numeración de siete dígitos en el larguero derecho parte media cara externa del chasis.
I.4.6.2. El dictamen de fecha 6 de agosto de 2009, expedido por la sección de identificación de vehículos de la SIJIS-MEBUC, en donde se identifica correctamente el vehículo objeto del decomiso, con la única observación que el mencionado automotor no portaba cabina de KENWORTH, sino marca Brigadier modelo 89.
I.4.6.3. La prueba de solicitud de conciliación, certificación expedida por la Fiscalía Trece de la Unidad de Patrimonio de Ibagué, Tolima, de fecha 19 de agosto de 2009, en donde se manifiesta que en ese despacho se efectuó una investigación bajo el radicado 730016000432200701913, en el que fue incautado el tractocamión marca DOGGE, modelo 1975, de placas UID045, de color rojo, motor No. 10437997THUID. 045, Chasis No. 4869090, números de identificación que fueron verificados conforme al informe de investigador de laboratorio de fecha 07/12/2007.
I.4.7. Concluyó que, conforme a las pruebas enunciadas, se demostraba que la mercancía no carecía de identificación y que, de no ser así, no se explicaría que en diciembre de 2009, el vehículo fue identificado totalmente; en ese sentido se acreditaba su legalidad.
I.5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
I.5.1. Mediante auto de 09 de julio de 2014, se admite, por el Despacho sustanciador, el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Santander.
I.5.2. Con Auto de 17 de junio de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado para que, si así lo considera, formule su concepto.
I.5.2.1. El apoderado de la parte actora reiteró los argumentos sustentados en el recurso de apelación.
I.5.2.2. La parte demandada, reiteró lo sostenido en la contestación de la demanda.
I.5.2.3. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
II.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 129 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 de 1984 y 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.
II.2. HECHOS RELEVANTES
Para la Sala antes de proferir sentencia estimatoria es necesario constatar la ocurrencia de las violaciones alegadas, lo que impone el examen de los antecedentes administrativos de la actuación que culminó con la expedición de los actos acusados.
Para esclarecer las cuestiones controvertidas, la actuación administrativa que culminó con el decomiso del automotor ofrece los siguientes elementos de juicio:
II.2.1. Mediante Acta de Inspección Aduanera No. 03215 del 27 de agosto de 2008, funcionarios comisionados según Auto No. 00345 del 01 de agosto de 2008, recibieron con Informe Policial No. 0486 de la Policía Fiscal y Aduanera de Bucaramanga un vehículo tractocamión marca DODGE (Cabezote), modelo 1975 de placas UID-045, color rojo, retenido a prevención al señor ISMAEL VARGAS URREA, cuando se movilizaba por el Km 12 de la vía Cúcuta a la altura del denominado “Alto de los padres”, por no presentar documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional.
II.2.2. El día 28 de agosto de 2008, el señor ISMAEL VARGAS URREA presentó ante la autoridad la siguiente documentación:
II.2.2.1. Inventario de vehículo
II.2.2.2. Declaración de importación Stiker No. 0240001001364-7 de fecha 6 de septiembre de 1994, preimpreso No. 9401090972972, importador Leonardo Arévalo López con Nit: 79.782.742 que ampara la mercancía descrita como “Cabinas para camión marca FORD 85 y Brigadier 89 completas con sus accesorios, con su respectivo motor de 180/210 HP, subpartida arancelaria 8707909090 de la licencia No. 1242046, en la casilla 65 describe: Motores completos a gasolina usados para camión Ford/Dodge, Chevrolet 292/289/303/318/360/361/361 sin turbo cargado de 6 a 8 cilindros en línea y 8 en V136/140/150HP MODELO 1986”.
II.2.2.3. Factura comercial No. 0088 del 20 de junio de 2002, expedida por Rueda Importaciones Rarm- Richard A. Rueda M. importador directo Nit. 80.469.404-7, a nombre del señor José Ricardo Ramírez B., identificado con cédula de ciudadanía 6.588.733, por la compra de una “cabina y conjunto de CHEVROLET BRIGADIER MODELO 85 con declaración de importación No. 19100861 del 26 de agosto de 2004 para ser instalado en el tractocamión DODGE, color azul, modelo 1975, de placas UID-045.”
II.2.2.4. Certificación de fecha enero 9 de 1975 con firma y sello del jefe de la Sección de Estadística y Archivo de la Aduana Interior de Bogotá, donde se informa “Que el manifiesto de importación No. 22237 de enero 3 de 1975 ampara la nacionalización de 1 vehículo distinguido con las siguientes características, Dodge, clase: chasis cabinado, modelo CNT-900-146, Motor No.10437997, chasis o serie No. 4869090, registro de importación No. 30623 de junio 17 de 1974 Bogotá”.
II.2.2.5. Licencia de tránsito No. 06-70670-018943 del 12 de diciembre de 2007, expedida a nombre del señor Ramírez Bohórquez José Ricardo.
II.2.3. El 28 de agosto de 2008, mediante escrito con radicado No. 23407, el apoderado del actor, en nombre del señor ISMAEL VARGAS URREA, solicitó la entrega del automotor, aportando los siguientes documentos:
II.2.3.1. Licencia de tránsito No. 06-70670-018943 del 12 de diciembre de 2007, expedida a nombre del señor Ramírez Bohórquez José Ricardo.
II.2.3.2. Factura comercial No.43102 con fecha ilegible, expedida por CHRYSLER COLMOTORES a nombre de HERNANDO CATAÑO y ARNULFO TORRES, donde se describe el vehículo marca DODGE, AÑO 1975, tipo CNT 900-146, color azul turquesa, motor No. 10437997, serial 4869090 y se menciona el manifiesto de aduana No.22237 del 31 de enero de 1975 de la aduana de Bogotá.
II.2.3.4. Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá a nombre de la firma Rueda Importaciones RARM de propiedad de Richard Alfonso Rueda Martínez.
II.2.4. A través de oficio No. 50-81-04-076-241-1046, con radicado 019380 del 3 de septiembre de 2008, el Grupo Interno de Trabajo Operativo de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera, solicitó la práctica de un estudio técnico y revelado químico del vehículo.
II.2.5. Por medio del oficio No. 50-81 04-076-01077 del 8 de septiembre de 2008, el Grupo Interno de Trabajo Operativo de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera solicitó a la empresa Rueda Importaciones, remitir copia completa de la factura de venta No. 0088 del 20 de junio de 2002 y de la declaración de importación que ampara la mercancía relacionada en la misma factura.
II.2.6. Con escrito radicado con el número 25217 de 15 de septiembre de 2008, la empresa Rueda Importaciones certificó la expedición de la factura de venta No. 088 a nombre de José Ricardo Ramírez, por la compra de una cabina BRIGADIER con conjunto, modelo 85, con declaración de importación No.19100861 del 20 de agosto de 1994, para ser instalada en el tractocamión DODGE, color azul, modelo 1975, placas UID-045.
II.2.7. Por medio de oficio No. 8019023-0761 de 11 de septiembre de 2008, la División de Recursos Físicos y Financieros de la Seccional Santa Marta - Magdalena, remitió copia auténtica del Oficio No. 01069 con stiker No. 0240001001364-7 de fecha 06 de septiembre de 1994, radicado No. 190300189 de la misma fecha, la cual fue trasladada al apoderado del actor.
II.2.8. A través de oficio No. 7000318-1396, radicado 091591 del 11 de septiembre de 2008, la División de Documentación de la Subsecretaría de Recursos Físicos Nivel Central, remitió copia auténtica del manifiesto de importación No. 22237 del 4 de diciembre de 1974, de la aduana de Bogotá, importador CRYSLER INTERNATIONAL S.A., que ampara “chasis cabinados para camiones DODGE articulados, motor DIESEL CUMMINS, 6 cilindros, 250 HP, desarmadores, donde se relaciona mercancía que incluye el motor No. 10437997 y el chasis serie 4069090”.
II.2.9. Mediante oficio No. 283/ UNIAU SIJIN MEBUC del 30 de octubre de 2008, el Grupo de automotores de la unidad investigativa criminal MEBUC de la Policía Nacional, informó los resultados del estudio técnico realizado al vehículo.
II.2.10. Con Auto 012 del 01 de diciembre de 2008, se comisionó a unos funcionarios para elaborar el Acta de Aprehensión.
II.2.11. Mediante Acta de Aprehensión No. 0232- FISCA, del 16 de diciembre de 2008, con el DIIAM 31041100095, bajo la causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, se aprehendió el vehículo.
II.2.12. Por medio de memoriales de 23 de diciembre de 2008 y 7 de enero de 2009 el actor, a través de su apoderado, presentó “Documento de Objeción al Acta No. 0232 del 26 de diciembre de 2008”, y solicitó como prueba una inspección al vehículo, en presencia de funcionarios de la DIAN, del señor Antonio María Robayo Murcia y del apoderado del actor, con la finalidad de mostrar la serie del chasis.
II.2.13. Mediante Auto 003 de 22 de enero de 2009, se abrió a pruebas la investigación adelantada en el expediente DM 2008 2008 03648, por el término de 2 meses, se ordenó la práctica de la prueba “ solicitar estudio técnico con revelado químico al vehículo tractocamión marca Dodge, modelo 1975, placa UID 045, que se encuentra en el depósito ALMAVIVA S.A., según DIIAM 310411000095 del 16 de diciembre de 2008, por parte del Grupo de Automotores del Cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”; a su vez, se tuvieron como pruebas los documentos presentados por el apoderado del actor, y se le reconoció personería jurídica al apoderado del actor.
II.2.14.El 23 de febrero de 2009, el apoderado del actor allegó certificación de corrección de la Factura 088 de 20 de junio de 2002, a través de la cual indica el proveedor Rueda Importaciones que se pudo corroborar que por un error, al momento de expedir la factura 088 citada, se facturó una cabina y conjunto de Chevrolet Brigadier modelo 1985, cuando el modelo de la cabina es Brigadier 1989, amparado con la declaración de importación número 02400010013647 de fecha septiembre 06 de 1994.
II.2.15. A través de oficios Nos. 001904 de 4 de febrero de 2009 y 003783 de 26 de febrero de 2009, el Jefe de G.T.I. de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario solicitó al Grupo de Automotores del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación, la práctica del estudio técnico al vehículo aprehendido en presencia del apoderado de la parte actora, del señor Antonio María Robayo Murcia y de funcionarios de la DIAN.
II.2.16. Mediante oficio de 31 de marzo de 2009, se efectuó por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación el estudio técnico revelado químico de vehículo y verificación de chasis para establecer número y serie del vehículo.
II.2.17. A través de la Resolución 0070 de 7 de abril de 2009, la Unidad Administrativa Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, procedió con el decomiso de la mercancía aprehendida.
II.2.18. Mediante oficio de 27 de abril de 2009 el apoderado del actor presentó recurso de reconsideración a la Resolución No. 0070 de 7 de abril de 2009, y solicitó nuevamente que se valoraran como pruebas los documentos obrantes en el expediente y se decretara una práctica de inspección física del vehículo junto con el señor Antonio María Robayo.
II.2.19. A través de Auto 000017 de 12 de mayo de 2009, se resolvió sobre la práctica de pruebas, afirmando la demandada que, a pesar de ser pertinente la solicitud de inspección física del vehículo, era irrelevante desde el punto de vista probatorio, porque la serie del chasis ya había sido verificada por personal especializado en el tema, como lo es el Grupo de Automotores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, a fin de garantizar el derecho de defensa del actor, se decretó un nuevo estudio técnico solicitado por su apoderado, permitiendo la presencia de él y del señor Antonio Robayo, y se abrió a pruebas por el término de dos meses.
II.2.20. Mediante estado de 13 de mayo de 2009, se notificó al apoderado de la parte actora sobre Auto que resolvió la práctica de pruebas teniendo como fecha de desfije el 15 de mayo de 2009.
II.2.21. Mediante oficios Nos. 010984 de 21 de mayo de 2009, 014303 de 18 de junio de 2009 y 015643 de 7 de julio de 2009, el Jefe de G.T.I de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario le solicitó a la SIJIN la práctica de un estudio técnico al vehículo decomisado en presencia del apoderado y del señor Antonio Robayo; sin embargo, la entidad solicitada no acudió al llamado.
II.2.22. Por medio de Resolución No. 000058 de 28 de julio de 2009 la entidad demandada resolvió el recurso de reconsideración, confirmando la Resolución 0070 de 7 de abril de 2009.
II.2.23. El 23 de julio de 2009 el apoderado del actor presentó un derecho de petición a la DIAN, mediante el cual señaló una serie de documentos relacionados con autorizaciones del organismo de tránsito para efectuar cambios en el vehículo decomisado y en razón de ello solicitó la entrega del vehículo, tales como:
1. Certificación expedida el 7 de mayo de 2009 por la Auxiliar Administrativo del Tránsito Departamental de Sampués-Sucre, en el cual se indican las descripciones del vehículo y precisa que “[...] que este vehículo realizó el cambio de color y cambio de cabina en la fecha 07-02-2003 […]”.
2. Certificación expedida el 10 de junio de 2009 por la Auxiliar Administrativo del Tránsito Departamental de Sampués-Sucre, en el cual se indican las descripciones del vehículo y manifiesta que “[…] Este vehículo porta cabina Chevrolet brigadier modelo 1989 acaparado con la declaración de importación núm. 02400010013647 de fecha septiembre 06 de 1994[…]”
3. Permiso de tarjeta de propiedad para circular: “[…] La Dirección Departamental de Transporte y Transito de Sucre concede permiso para transitar sin portar la licencia de tránsito por encontrarse en trámite y haberse agotado en estas oficinas, al vehículo de las siguientes características: placa UID-045, clase tracto camión Dodge-D900, color rojo, motor 1043799TH-UID045RGDO, servicio público, manifiesto 22237 Bogotá 31/01/75, modelo 1975, propietario José R. Ramírez Bohórquez, cedula 6.588.799 Lorica, tramite realizado cambio de cabina Chevrolet brigadier mod 85.
Este permiso es válido por el término de 60 días a partir de la fecha de expedición para constancia se firma en Sampues a los 13 días del mes de febrero de 2003[...]”
4. Copia autenticada de la factura Núm. 088, expedida por Rueda Importaciones.
“[…] Bogotá, 03 de junio de 2009.
Señores: Organismo Dirección de Tránsito y Transporte San Puez (Sucre)
Rueda Importaciones con nit 80.469.406-7, se permitió certificar que revisamos los archivos de la mencionada empresa, y se pudo corroborar que por error involuntario al momento de expedir la factura número 088 de fecha junio 20 de 2002, se facturó una cabina y conjunto de Chevrolet brigadier modelo 1985, cuando el modelo de la cabina es brigadier 1989, acaparado con la declaración de importación número 02400010013647 de fecha 06 de septiembre de 1994, para ser instalado en el tracto camión marca DODGE, color azul, modelo 1975 de placas UID045 […]”
5. Recibo de caja Núm. 0008215 “[...] Alcaldía municipal de Sampues Sucre, 10/06/2009 derechos de tránsito, valor $9000, pago impuesto circulación y transito tractocamión modelo 1975, placa No. UID-045 [...]”
6. Recibo oficial 34603 “[…] Departamento de Sucre, tesorería general, renta de: Estado de cuenta de vehículos, valor recibido 4.930 […]”
II.2.24. A través de oficio 018211 de fecha 3 de agosto de 2009, la Jefe de la División Jurídica de la entidad demandada respondió que la solicitud de entrega del vehículo ya había sido resuelta mediante la Resolución No. 000058 del 28 de julio de 2009. En lo relacionado con el decreto y práctica de pruebas, informó que, mediante Auto No. 000017 de mayo 12 de 2009, se decretaron las pruebas solicitadas en el recurso de reconsideración; así mismo, comunicó que los documentos presentados con el derecho de petición no podían ser valorados porque el término probatorio se encontraba vencido y ya había sido proferida una decisión de fondo.
II.2.25. Con oficio de 06 de agosto de 2009 aportado a la DIAN el 10 de agosto de 2009, la Policía Nacional, seccional de investigación criminal, unidad investigativa automotores ( SIJIN MEBUC) aportó el estudio técnico decretado por la DIAN a través de Auto 000017 de 2009, conceptuando que “[…] El motor queda sin identificación técnica por presentar sus guarismos alfanuméricos regrabados, e igualmente se debe verificar la documentación del cambio de cabina, el resto del automotor queda identificado con los guarismos que posee en la actualidad por ser estos originales de fábrica [...]”
II.3. ANÁLISIS
II.3.1. Argumentos del recurso y definición del problema a desarrollar
II.3.1.1. En la apelación, el recurrente alegó que la sentencia proferida por el a quo no valoró la totalidad de las pruebas aportadas por la parte actora, concluyendo que existió una vulneración al debido proceso y reiterando su solicitud de declarar nulos los actos acusados.
II.3.1.2. El problema que se debe resolver en esta instancia radica en establecer si la sentencia apelada desconoció el debido proceso por no valorar en debida forma los medios de prueba obrantes en el proceso.
II.3.2.3.1.1. Solución del cargo.
a) La valoración integral de la prueba como garantía del debido proceso
Esta Corporación ha sostenido que las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con la explicación respectiva del mérito de las mismas, puesto que, si bien el juez es el director del proceso y cuenta con autonomía e independencia para efectuar la valoración probatoria, no es posible que, apelando a éstas se incurra en excesos por un ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad. Por lo tanto, el juez debe valorar las pruebas en el sentido de determinar la utilidad, pertinencia y procedencia de las mismas a través de criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión final.
Seguidamente, la Corte Constitucional ha sostenido que la negativa bien sea a la práctica o a la valoración de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas; sin embargo, la impertinencia, inutilidad y extralimitación de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso.
Es por lo anterior que la actividad de producción y valoración de las pruebas en las actuaciones administrativas o jurisdiccionales, se encuentra sujeta a reglas normativas que deben ser acatadas como garantía del derecho de defensa y del debido proceso, de manera que tienen que ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica; porque, como ha de recordarse, las pruebas conducen, a través de la objetividad y de la abstracción, a un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y al establecimiento de aquellas realidades que han de guiar al operador administrativo o judicial a decidir en uno u otro sentido los asuntos de su competencia, ciñéndose al derecho sustancial.
En sentencia C-1270 de 2000, la Corte Constitucional se refirió al alcance del derecho a presentar y controvertir pruebas:
“(…) 3.2. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
3.3. Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo, restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y garantizar los derechos fundamentales de las personas, resulta razonable que el legislador haya determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobre su admisibilidad y procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas (…)”.
Así las cosas, es dable concluir que, cuando no se realiza un juicio integral de la prueba, se incurre en una irregularidad en la actividad probatoria, la cual atenta, no solo contra el derecho de defensa, sino también contra el debido proceso, por lo que, al no hacerlo, se infringen principios, garantías, derechos y deberes, previstos en el ordenamiento constitucional y legal, que rigen los actos probatorios y las pruebas en sus etapas de solicitud, decreto, práctica, valoración e impugnación.
b) Análisis Probatorio
De conformidad con lo anterior, es necesario realizar una revisión de las pruebas aportadas, solicitadas, decretadas y practicadas en el marco de la actuación administrativa que se inició con la aprehensión del tractocamión decomisado mediante los actos acusados, así:
PRUEBA
FECHA
CONCEPTO
Declaración de Importación núm. 02400010013647 (folio 21)
septiembre 6 de 1994
Se extrae del documento lo siguiente:
Tipo de declaración- inicial
Administración Santa Marta
Manifiesto 19100361 de 26/08/94
Declarante autorizado- Leonardo Arévalo López
Subpartida arancelaria 8708100000249
Descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros) – Camión marca Ford 85 y Brigadier 89m completas con sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento, con su respectivo motor de 180/210 HP, subpartida arancelaria 8707909090 de la licencia núm. 1242046, modificada según Decreto 1767 del 3 de agosto de 1994.
Manifiesto de Importación núm. 22237 de la Aduana de Bogotá. (Folio 167)
diciembre 4de 1974
El cual ampara chasises cabinados para camiones DODGE, en el cual se relacionan diferentes lotes de motores y chasises, dentro de ellos se encuentra el núm. 4869090.
Oficio Núm. 283 UNIAN SIJIN MEBUC Estudio Técnico
octubre 30 de 2008
Mediante oficio núm. 283/ UNIAU SIJIN MEBUC del 30 de octubre de 2008, el Grupo de automotores de la unidad investigativa criminal MEBUC de la Policía Nacional, informa los resultados del estudio técnico realizado al vehículo descrito como:
Clase: Tractocamión.
Marca DODGE
Color: Rojo
Modelo: 1975
Motor: núm. 10437997THUID-045 (REGRABADO)
Chasis: No se halló
Placas: UID-045 (ORIGINAL)
Serie: 4869090 (REMOVIDA)
Conclusiones: Vistos los puntos anteriores se conceptúa que el automotor motivo del presente estudio queda sin identificación técnica, toda vez que el motor regrabado, serie removida, porta cabina de superbrigadier y número de chasis no fue posible su ubicación en el lugar acostumbrado por la casa fabricante.
Acta de aprehensión Núm. 0232- FISCA
diciembre 16 de 2008
Se extrae:
Propietario: Ramírez Bohórquez José Ricardo
Identificado- C.C núm. 6588733
Tenedor: Vargas Urrea Ismael
Causal de aprehensión: núm. 1.6 articulo 502 Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 6 del Decreto 1161 de 2002, mercancía no amparada en declaración de importación.
Descripción de la mercancía:
Cabezote tractocamión marca Dodge, color rojo; placas: UID-045; Motor núm. 10437997TH/UID-045RDO; Serie núm. 4869090; Modelo 1975; Porta cabina Superbrigadier, número de chasis no fue posible su ubicación; Peso 8.200 Kg; en regular estado.
Al realizar la inspección físico documental se encontraron las siguientes inconsistencias:
1. La declaración de importación núm. 02400010013647 del 06 de septiembre de 1994 fue confirmada por la división de recursos físicos y financieros de la administración de Santa Marta la cual ampara cabinas para Camión Ford 85 y Brigadier 89m y según la factura de venta núm. 0088 del 20 de junio de 2002 expedida por Rueda Importaciones RARM se describe una cabina y conjunto de Chevrolet brigadier modelo 85; es decir el modelo de la cabina facturado (modelo 85) no concuerda con el modelo de la declaración de importación para las cabinas de marca Brigadier (modelo 89) que es la que tiene actualmente el vehículo. Por su parte cabe anotar que al tratarse de una cabina que no posee serial o un número que la identifique la hace genérica por tanto se debe establecer la conexidad comercial entre el importador, el proveedor y el propietario; sin embargo, dicha conexidad no existe ya que el importador es Leonardo Arévalo con Nit: 79.782.742 y quien expidió la Factura de venta núm. 088 es Rueda Importaciones – Richard A. Rueda con Nit. 80.469.404
2. La declaración de importación núm. 551862250011837 del 02-03-98 con manifiesto núm. 1950188000210 del 27 de febrero de 1998 ampara bloques de motor que no tienen visibles sus números de identificación, los hace genéricos por tanto se debe establecer la conexidad comercial entre el importador, el proveedor y el propietario, sin embargo, dicha conexión no existe ya que el importador es Jorge A. Gómez Zuleta con Nit. 79.459.134 y quien expide la factura es de venta núm. 047del 29 de abril de 2002, es comercializadora J. Jim Porexport (Jeinson Ortega Rubiano) con Nit 80.164.907, la cual describe un bloque de motor diésel de seis pistones en línea Cummis para ser instalado en el vehículo de placas UID-045 marca DODGE, Mod.1975, color azul.
3. Según el estudio técnico realizado por funcionarios del grupo de automotores de la SIJIN mediante oficio núm. 283 UNIAN SIJIS MEBUC del 30 de octubre de 2008 y el cual fue recibido en la DIAN con radicado núm. 02382 el 27 de noviembre de 2008, se concluye que el número de chasis no fue posible ubicarlo en el lugar acostumbrado por la casa fabricante por tanto no se puede identificar y por las anteriores razones se procede a aprehender el vehículo.
Recurso interpuesto por el demandante contra el Acta de aprehensión.
Enero 7 de 2009
[…] Es de resaltar que la cabina que mi poderdante compró es la que tiene instalado el vehículo en mención; que solo se compró la armazón de la misma y que los accesorios fueron comprados por separado; y es la que tiene actualmente. El modelo es el que tiene establecido en la factura de compra núm. 0088 de fecha junio 20 de 2002, habiendo una clara inconsistencia en lo mencionado por el funcionario que adelantó el investigativo al afirmar que no concuerda el modelo con la declaración de importación, cuando en la declaración de importación es claro que habla de cabinas modelos 85 y modelo 89 y la que mi poderdante adquirió fue la modelo 85 que es la que tiene el mencionado vehículo.
“En cuanto a la conexidad es claro que, contrario a lo que menciona el investigador de primera instancia de la DIAN, se presenta claramente ya que el importador Leonardo Arévalo, le suministró la mercancía en mención (cabinas) a Importaciones RARM como consta en la factura de venta núm. 0088.”
“Me permito manifestar que la conexidad es clara y evidente en cuanto que el señor Jorge Alberto Gómez, es el importador y le suministró la mercancía a la Comercializadora Jeinson Ortega el bloque y esta a su vez, se la suministró al señor José Ricardo Ramírez, como consta en la factura 047 de fecha abril 29 de 2002.”
“Solicito como prueba sea practicada una inspección al vehículo marca DODGE de placas UID045, modelo 1975, con chasis serial núm. 4869090, en presencia de funcionarios de la DIAN, del señor Antonio María Robayo Murcia y el suscrito, con el fin de mostrarle la serie del chasis del mencionado vehículo, ya que el señor Robayo ha sido su tenedor legal por más de 12 años y lo conoce a cabalidad”
Auto núm. 003 (folios 244 al 247)
enero 22 de 2009
“Por medio del cual se ordena práctica de prueba y reconoce personería jurídica”
Resuelve:
[...] Artículo segundo: Abrir a pruebas la investigación adelantada en el expediente núm. DM2008-03648, por el término de 2 meses, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de este acto administrativo, conforme lo previsto en el inciso 4 del artículo 511 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 19 del Decreto 4431 de 2004.
Artículo tercero: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
Solicitar estudio técnico con revelado químico al VEHICULO TRACTOCAMIÓN, MARCA DODGE, MODELO 1975, PLACA UID-045 que se encuentra en el depósito ALMAVIVA S.A., según DIIAM31041100095 del 16-12-2008 por parte del Grupo de Automotores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Solicitar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá el historial del vehículo de placa SCG 718.
Comunicación 001904 remitida por la DIAN al Grupo Automotores CTI, Fiscalía General de la Nación. (folio 253)
febrero 4 de 2009
Asunto: Solicitud práctica de estudio técnico de vehículo. Expediente DM 080803648.
“En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de Pruebas núm. 003 del 22 de enero de 2009, atentamente solicito la práctica de un estudio técnico, revelado químico de vehículo y verificación chasis para establecer número y serie, al siguiente vehículo que se encuentra parqueado en la bodega de ALMAVIVA S.A. ubicada en la vía que conduce al municipio de Girón (S).
Clase: Tractocamión
Color: Rojo
Marca: Dodge
Placas: UID-045
Modelo: 1975
Motor: 10437997THUID-045 (reg)
Adicionalmente y a petición del Dr. García Zabala con CC. 91.422.939 T.P 171.265 del CSJ, quien actúa en calidad de apoderado del señor José Ricardo Ramírez Bohórquez para el caso propietario del automotor en estudio, solicito se informe a este despacho con suficiente antelación la fecha y hora de la diligencia de inspección, para coordinar que esta se realice en presencia del apoderado y del señor Antonio María Robayo Murcia con C.C. 17.164.568, lo mismo que en presencia de los funcionarios que se designen por parte de esta oficina”
Documento de objeción al Acta núm. 0232 del 16/12/2008 (folios 255-256)
Febrero 23 de 2009
[…] mediante el presente escrito con el respeto acostumbrado me permito allegar la certificación de aclaración de la factura núm. 0088 de fecha 20 de junio de 2002.
Certificación:
Rueda Importaciones con NIT 80.469.406-7, se permitió certificar que revisamos los archivos de la mencionada empresa, y se pudo corroborar que, por error involuntario, al momento de expedir la factura número 088 de fecha junio 20 de 2002, se facturó una cabina y conjunto de Chevrolet brigadier modelo 1985, cuando el modelo de la cabina es Brigadier 1989, amparado por la declaración de importación número 02400010013647 de fecha septiembre 06 de 1994. Para ser instalado en el tractocamión marca Dodge, color azul, modelo 1975 de placas UID-045.
Comunicación 003783 - DIAN al Grupo Automotores CTI, Fiscalía G. de la Nación ( folio257)
febrero 26 de 2009
Asunto: Reiteración solicitud registrada en el oficio núm. 1-04-238-457077 rad. 1904 del 04/02/2009 relacionada con la práctica de estudio técnico de vehículo. Expediente DM080803648.
Dictamen en identificación de vehículo emitido por el CT.I (folios 271-273)
marzo 31 de 2009
[…] Práctica del estudio técnico revelado químico de vehículo y verificación de chasis para establecer número y serie, encontrando:
Clase de vehículo: Tractocamión.
Tipo: Cabezote.
Marca: Por determinar.
Color: rojo.
núm. Motor: 10437997THUID-045 REGRABADO
núm. De chasis: No porta
Placas: UID-045 (Sampues)
Servicio: Público.
Ubicación: Bodegas de Almagrario vía Chimita/Sder.
Estudios realizados:
La serie que identifica al motor se observa NO ORIGINAL de fábrica, la morfología de sus dígitos no corresponde a los acostumbrados a estampar por la casa matriz, superficie metálica maltratada, con pérdida de material y pulida.
El número de serie, estampado sobre plaqueta, presenta originalidad, tanto en material utilizado como en morfología de sus guarismos, pero la misma se encuentra removida, esto quiere decir que fue retirada y colocada nuevamente, en la cabina que porta en la actualidad el automotor.
Al momento del estudio porta cabina para vehículo marca CHEVROLET BRIGADIER, pero la plaqueta serie que la identifica corresponde para un vehículo marca DODGE.
Revisado el chasis, no se ubicó serie o guarismo que lo identifique, pero consultado manuales sobre marca y modelo de vehículo, el guarismo puede ir ubicado sobre el larguero izquierdo parte medio, cara externa, sitio en el cual se halla instalada una caja metálica, impidiendo verificar la existencia del mismo.
Resultado: Al momento del presente estudio, el vehículo en mención queda SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA, por presentar alteración en sus sistemas de identificación “Motor y serie.”
Resolución 0070
Expedida por la DIAN (Folios 278-287)
abril 7 de 2009
“Por medio de la cual se decomisa una mercancía”
Se precisó lo siguiente:
[…] Respecto al concepto anterior y en lo que concierne al chasis el Dr. José Zacarías García Zabala ha solicitado la práctica de una inspección física en presencia suya y del señor Antonio María Robayo Murcia y el suscrito, con el fin de mostrarle la serie del chasis, para lo que este despacho elevó la correspondiente solicitud al Grupo Automotores C.T.I de la Fiscalía General de la Nación, sin que dicha entidad se pronunciara, por lo que se procedió a fallar con los documentos que se encuentran en el expediente, los cuales por sí solos son idóneos y suficientes para realizar el análisis del caso.
Recurso de reconsideración a la decisión núm. 0070 de 07/04/09 interpuesto por la parte actora (folios 288-292)
abril 27 de 2009
La parte actora, reitera las razones expuestas, alegando que la mercancía decomisada fue legalmente introducida al territorio nacional, así como que existe conexión comercial entre los importadores y proveedores tanto de la cabina como del motor.
“[…] Solicito como prueba sea practicada una inspección física al vehículo marca Dodge de placas UID045, modelo 1975 con chasis serial núm. 4869090, en presencia del funcionario de la DIAN, el señor Antonio María Robayo Murcia y el suscrito, con el fin de mostrarle la serie del chasis del mencionado vehículo, ya que el señor Robayo ha sido su tenedor legal por más de 12 años y lo conoce a cabalidad […]”
Certificado de transito expedido por “ La suscrita auxiliar administrativa del tránsito departamental con sede operativa en Sampues Sucre” (folio 19)
Mayo 7 de 2009
Que revisado los libros radicadores del Tránsito Departamental se pudo constatar que este vehículo se RADICÓ en la fecha 11-12-94 en este organismo de tránsito, con las siguientes características:
Placas –UID-045
Clase- Tractocamión
Marca- Dodge D900
Modelo- 1975
Servicio- Público
Capacidad 40 Ton
Motor-10437997THUID-045RGDO
Serie- 4869090
Color- Rojo
Manifiesto- 22237 de Bogotá de fecha 31-01-75
Propietario actual- Ramírez Bohórquez José Ricardo
Identificado- C.C núm. 6588733
Este vehículo realizó el cambio de motor- cambio de -color y cambio de cabina en la fecha 07-02-2003.
Este vehículo tiene pendiente un embargo decretado por el Juzgado 1Civil Municipal de fecha 08-14-98 según oficio núm. 0786 y una prenda a nombre de Bernardo Parra Silva
Auto núm. 000017 expedido por la DIAN (Folios 293-296)
mayo 12 de 2009
“Por medio del cual se resuelve sobre la práctica de pruebas”
“[…] En escrito presentado personalmente el 27 de abril de 2009, en esta Administración, con el número radicado 10825, el doctor José Zacarías García Zabala actuando en su condición de apoderado del José Ricardo Ramírez interpuso recurso de reconsideración contra la resolución núm. 0070 del 07 de abril de 2009 […]
Dispone:
Artículo primero: Abrir a pruebas la actuación adelantada en el expediente DM080803648, por el término de 2 meses, contados a partir del día siguiente de efectuada la notificación del presente Acto Administrativo y como consecuencia, suspender por el mismo tiempo los términos para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el actor […]
Artículo tercero: Oficiar a la SIJIN para que practique un estudio técnico, revelado químico y verificación del chasis para establecer número y serie, al vehículo Tractocamión, marca DODGE, modelo 1975, placa UID-045 que se encuentra en el Depósito ALMAVIVA S.A. según DIIAM 31041100095 del 16 de diciembre de 2008, solicitándole se sirva informar con antelación la fecha y hora de la diligencia de inspección para coordinar que esta se realice en presencia del apoderado y del señor Antonio María Robayo Murcia con C.C. 17.164.568, lo mismo que en presencia de los funcionarios que se designen por parte de esta oficina ”
Comunicación 010984, Solicitud Práctica de estudio técnico de expediente DM-080803648, remitido por la DIAN a la SIJIN (Folio 298)
mayo 21 de 2009
“[…] En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de Pruebas núm. 000017 de 12 de mayo de 2009, proferido por la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, por medio del presente escrito me permito solicitarle:
La práctica de un estudio técnico, revelado químico y verificación del chasis para establecer número y serie del mismo, al vehículo Tractocamión, marca Dodge, modelo 1975, placa UID-045 que se encuentra en el depósito de ALMAVIVA S.A.
Se sirva informar con antelación fecha y hora de la diligencia de inspección para coordinar que esta se realice en presencia de los señores José Zacarías García Zabala y Antonio María Robayo Murcia, y funcionarios que se designen.
Oficio presentado por el apoderado del actor. (Folios 300-301)
Mayo 21 de 2009
“[…] Mediante el presente escrito con el respeto acostumbrado me permito presentar declaración extrajudicial del señor José Ricardo Ramírez Bohórquez, con el fin que sea tenida como prueba dentro del referido proceso[…]” “realicé un cambio de motor el 19 de junio de 1992, como consta; después le vendí esta tractomula al señor Antonio Robayo, el 3 de junio de 2002, en el sitio y estado en que se encontraba el vehículo, que meses atrás había sufrido un accidente en el que la cabina y parte del motor quedo inservible, yo tuve que acompañar a Bogotá al señor Robayo, a comprar la cabina y el bloque, siempre con don Antonio, buscamos almacenes de prestigio y respaldo y obtuvimos facturas y papeles legales con manifiesto de importación, lo que indica su legalidad. Don Antonio necesitó el bloque porque según me comentó, él tenía los accesorios del motor y solo necesitaba este para armar el motor, y la cabina que se compró es de Chevrolet Brigadier, que es la misma fabricada a partir de 1980 a 1986.
Desde finales de julio de 2002 en adelante la tractomula se identifica con las siguientes características:
Marca, DODGE, clase de vehículo: Tractocamión, Placa: UID045, motor núm. 10437997THUID-045RGDO, chasis: 486909, porta cabina y conjunto de CHEVROLET BRIGADIER 85, color: rojo, modelo: 1975, servicio: público, propietario: Ramírez Bohórquez José Ricardo. […]
Las improntas tomadas por las autoridades 34 años atrás en 1975 son las mismas y con las propias características que se encuentran en la hoja de vida del vehículo, como es la misma plaqueta de identificación que la cabina posee actualmente, la misma que se recibió con la cabina original en el año de 1975 que todavía la posee porque yo Ramírez José Ricardo junto con el señor Antonio Robayo se la colocamos a la cabina que actualmente tiene la tracto mula , en la plaqueta está grabado originalmente de fábrica del año de 1975 el número de chasis y de motor […] el chasis esta original como yo se lo vendí, Y él no le ha cambiado ni removido el número como ustedes irresponsablemente afirman[…]”
Certificado de transito expedido por “La suscrita auxiliar administrativa del tránsito departamental con sede operativa en Sampues Sucre” (folio 20)
junio 10 de 2009
Que revisados los libros radicadores del tránsito Departamental con sede operativa en Sampues Sucre, certifica:
[…] se pudo constatar que este vehículo se MATRICULÓ con las siguientes características anotadas:
Placas –UID-045
Clase- Tractocamión
Marca- Dodge
Color- Rojo
Carrocería- Trayle
Capacidad 40 Ton
Modelo- 1975
Motor-10437997THUID-045RDO
Chasis 4869090
Manifiesto- 22237 de Bogotá de fecha 31-01-75
Propietario actual- Ramírez Bohórquez José Ricardo
Identificado- C.C núm. 6588733
Este vehículo porta cabina CHEVROLET BRIGADIER MODELO 1989 acaparado con la declaración de importación Nº. 02400010013647 de fecha septiembre 06 de 1994.
Comunicación 014303, remitida por la DIAN a la SIJIN (folio 323)
junio 18 de 2009
Solicitud práctica de estudio técnico de vehículo expediente 080803648.
Se solicita por segunda vez, lo siguiente:
La práctica de un estudio técnico, revelado químico y verificación del chasis para establecer número y serie del mismo, al vehículo Tractocamión, marca Dodge, modelo 1975, placa UID-045 que se encuentra en el depósito de ALMAVIVA S.A.
Se sirva informar con antelación la fecha y hora de la diligencia de inspección para coordinar que esta se realice en presencia de los señores José Zacarías García Zabala y Antonio María Robayo Murcia, y de funcionarios que se designen […]”
Comunicación 015643, remitida por la DIAN a la SIJIN (Folio 324)
julio 1 de 2009
Solicitud práctica de estudio técnico de vehículo expediente 080803648.
Se solicita por tercera vez, lo siguiente:
La práctica de un estudio técnico, revelado químico y verificación del chasis para establecer número y serie del mismo, al vehículo Tractocamión, marca Dodge, modelo 1975, placa UID-045 que se encuentra en el depósito de ALMAVIVA S.A.
Se sirva informar con antelación la fecha y hora de la diligencia de inspección para coordinar que esta se realice en presencia de los señores José Zacarías García Zabala y Antonio María Robayo Murcia, y de funcionarios que se designen […]”
Resolución núm. 000058
Julio 28 de 2009
“Por medio del cual se resuelve un recurso de reconsideración”
[…] Es claro para esta instancia administrativa, que la cabina que porta el vehículo decomisado, no se encuentra amparada en la declaración de importación que refiere el recurrente, pues la declaración ampara cabinas Brigadier modelo 89 y el vehículo porta cabina modelo 85, adicionalmente en el estudio técnico realizado por el CTI de la Fiscalía, se encontró que la plaqueta serie que identifica la cabina del automotor corresponde a un vehículo marca DODGE.
[…]
En síntesis, de las pruebas recaudadas durante el trámite procesal, se colige que el vehículo decomisado ha sido objeto de cambio de cabina, color, motor y su respectiva regrabación, cambios que se encuentran registrados en la hoja de vida del vehículo y formularios únicos nacionales, pero que al ser partes genéricas y no acreditar la correspondiente conexidad comercial, imposibilitan la determinación de las mismas como mercancía ingresada legalmente al territorio aduanero nacional. En cuanto al chasis, se reitera que no se ubicó serie o guarismo que lo identifique en ninguno de los estudios practicados al vehículo decomisado; razón por la cual no es posible su identificación técnica
[…]
Resuelve:
Artículo primero: Confirmar la Resolución núm. 0070 del 07 de abril de 2009 […]”
.
Estudio técnico remitido por la SIJIN
Agosto 10 de 2009
“[...] Resultados del estudio:
Examinados mediante inspección ocular los sistemas de identificación y demás características que posee el automotor en la actualidad, se pudo establecer que:
El número del motor se encuentra regrabado, es decir su número original fue borrado por la acción de lima o esmeril y estampado el actual no original de fábrica, se solicita a esa unidad verificar la documentación que ampara la matricula del automotor y si está autorizada dicha regrabación por el organismo de tránsito.
Porta cabina Kenworth e igualmente verificar si está autorizado por el organismo de tránsito el cambio de cabina.
La plaqueta de serie se encuentra original de fábrica.
El número de chasis se observa original de fábrica.
Las placas se observan originales de fábrica.
Conforme a lo precedente, para la Sala resulta indispensable, a fin de resolver los argumentos del actor en el recurso de apelación, analizar si tales pruebas fueron idóneas dentro del trámite administrativo; y, posteriormente, determinar si fueron valoradas integralmente por el Tribunal Administrativo de Santander al momento de proferir decisión de fondo, especialmente el dictamen pericial realizado por la SIJIN el 6 de agosto de 2009.
En primer lugar, el actor manifestó que los dictámenes emitidos por el Grupo de Automotores de la Unidad Investigativa Criminal MEBUC de la Policía Nacional el 30 de octubre de 2008 y por el C.T.I de la Fiscalía General de la Nación el 31 de marzo de 2009, no fueron idóneos para definir la situación jurídica del vehículo decomisado, por cuanto su contenido no proporcionó elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, afectándose el principio de congruencia procesal en materia aduanera que exige mantener una relación estrecha entre los hechos, las manifestaciones de las partes, las pruebas del proceso y el objeto de la litis.
Así las cosas, se procederá a definir si, tal como lo afirma el actor, los dictámenes periciales valorados por la DIAN eran o no idóneos para concretar la situación jurídica, bien sea de la totalidad de las mercancías o de parte de ellas. A este respecto, la Sala pone de presente jurisprudencia de esta Corporación la cual ha sostenido que,
“[…] La peritación constituye una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, con la controversia ante y la aprobación de la instancia judicial, por personas distintas de las partes intervinientes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos; actividad cuyo objeto no es otro que el de proveer al juez argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de ciertos hechos o, incluso, respecto de algunos elementos normativos incluidos en el Derecho aplicable al supuesto específico objeto de controversia en el proceso, hechos o elementos normativos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa o resulta dificultoso al común de los individuos.(…) En consonancia con cuanto se viene exponiendo, resulta pertinente precisar, entonces, que desde el punto de vista de la función que dentro del proceso puede desplegar el dictamen pericial, cabe sostener la existencia de (i) los denominados peritos percipiendi, cuya labor se contrae a verificar la existencia o las características de los elementos fácticos de naturaleza técnica, científica o artística cuya incorporación al expediente resulta indispensable para resolver el fondo de la litis, de suerte que, en estos casos, el dictamen es, sin duda, un medio para la comprobación de hechos […]”
La Sala observa que en el marco de la actuación administrativa, el estudio técnico realizado por la UNIAN SIJIN MEBUC de la Policía Nacional, el cual consta en Oficio Núm. 283 de 30 de octubre de 2008, se solicitó y practicó con la finalidad de determinar la autenticidad de la mercancía y con ello establecer si procedía o no la aprehensión de la misma, conceptuándose lo siguiente: “[…] que el automotor motivo del presente estudio queda sin identificación técnica, toda vez que el motor fue regrabado, serie removida, porta cabina de superbrigadier y número de chasis no fue posible su ubicación en el lugar acostumbrado por la casa fabricante[…]”
De tal manera, a fin de controvertir dicha conclusión, era imprescindible que el actor hubiese desvirtuado el estudio técnico que dio lugar a la aprehensión, aportando o solicitando pruebas que evidenciaran los errores que adolecía, al establecer los aspectos de carácter eminentemente técnico que sirvieron de soporte a los actos acusados, y frente a los cuales debieron aducirse razones técnicas o jurídicas para rebatirlos. O, por lo menos, era de su cargo explicar las razones de los defectos detectados en el dictamen, para determinar la improcedencia de la conclusión a la que se había llegado. No obstante, inconforme con la decisión y con dicho estudio técnico, el actor interpuso recurso contra el Acta de Aprehensión el 07 de enero de 2009, solicitando la práctica de una prueba de inspección al vehículo marca DODGE de placas UID045, modelo 1975, con chasis serial núm. 4869090, en presencia de funcionarios de la DIAN, del señor Antonio María Robayo Murcia y del apoderado, “con el fin de mostrarle la serie del chasis del mencionado vehículo, ya que el señor Robayo ha sido su tenedor legal por más de 12 años y lo conoce a cabalidad”.
De igual forma, el actor aportó una serie de pruebas documentales, que se expusieron en precedencia, tales como declaraciones, manifiesto de importación, facturas de compra, certificaciones de tránsito y un documento donde el actor efectúa unas declaraciones; no obstante, la DIAN consideró, tras la valoración y cotejo de las pruebas obrantes, que procedía la aprehensión de las mercancías, como consignó en el Acta núm. 0232 de 2008.
En atención al recurso presentado por la parte actora en contra del Acta de Aprehensión el 7 de enero de 2009, la DIAN, a través de Auto núm. 003 de 22 de enero de 2009, abrió a pruebas por el término de dos meses y ordenó la práctica de la prueba solicitada, es decir, “el estudio técnico con revelado químico al VEHICULO TRACTOCAMIÓN, MARCA DODGE, MODELO 1975, PLACA UID-045 que se encuentra en el depósito ALMAVIVA S.A., según DIIAM31041100095 del 16-12-2008 por parte del Grupo de Automotores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación”.
Mediante el oficio 001904 de febrero 4 de 2009, la DIAN le comunicó al perito la decisión de la prueba, para que la practicara, reiterando la solicitud el 26 de febrero de 2009. Con fecha 31 de marzo de 2009, el perito emitió el dictamen en el cual concluyó que “visto lo anterior, al momento del presente estudio, el vehículo en mención queda SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA, por presentar alteración en sus sistemas de identificación “Motor y serie”.
La referida prueba fue aportada a la DIAN por el CTI de la Fiscalía General de la Nación el 15 de abril de 2009, y en ella se determinó que el motor no se observaba original; que el número de serie, si bien era original, se encontraba sobre una plaqueta removida e instalada en la cabina que portaba el automotor cuando se aprehendió. Adicionalmente, que portaba cabina para vehículo marca CHEVROLET BRIGADIER, sin embargo, la identificaba una plaqueta marca DODGE; no se ubicó la serie o guarismo que identificara el chasis, pero una vez verificados manuales sobre ese tipo de marca y modelo de vehículo, se encontró que el guarismo puede ubicarse sobre el larguero izquierdo parte media, cara externa, sitio en el cual se hallaba ubicada una caja metálica que impedía advertir la existencia del mismo.
En correspondencia y con base en lo afirmado por el actor, al realizar un análisis de las pruebas allegadas, decretadas, practicadas y valoradas en la actuación administrativa, es dable afirmar que el motor no es original, dado que fue rearmado con partes originales en un bloque que fue adquirido en el mercado nacional, tal como consta en la factura de venta núm. 047del 29 de abril de 2002; sin embargo, al hallarse probado que el mismo fue regrabado porque, tal como lo afirmó el actor en la declaración aportada, del original solo quedaban algunas partes, éste se considera genérico y en ese sentido, la forma de probar su legalidad, conforme a lo exigido en sede administrativa, era demostrando la conexión comercial entre Jorge A. Gómez Zuleta, Nit. 79.459.134 [importador], y Jeinson Ortega Rubiano, Nit 80.164.907 [proveedor], de la mercancía; empero, el actor no allegó documento alguno que constatara una relación entre las partes señaladas, limitándose a manifestar que la misma existía; por tanto, no fue posible determinar que el bloque de motor corresponde a alguno de los amparados en la declaración de importación núm. 551862250011837 del 02-03-98 con manifiesto núm. 1950188000210 del 27 de febrero de 1998.
En lo atinente a la cabina, el actor manifiesta que la adquirió el 20 de junio de 2002, tal como consta en la factura 088 expedida por la empresa Rueda Importaciones - Richard A. Rueda con Nit. 80.469.404, donde se describe una cabina y un conjunto Chevrolet Brigadier modelo 85 amparado por la declaración de importación nùm.19100861 del 26 de agosto de 2004 (nótese que la fecha de la declaración de importación es posterior a la fecha de compra de la mercancía y que la declaración de importación relacionada no concuerda con la aportada por el actor).
Al respecto, el actor, a través de comunicación del 23 de febrero de 2009 dirigida a la DIAN, aportó una certificación expedida por Richard Alfonso Rueda M, Rueda Importaciones R.A.R.M., con Nit. 80.469.404-7, donde se manifestó que por un “error involuntario” del proveedor se consignó en la factura núm. 088 de 20 de junio de 2002, que el modelo de la cabina comprada era Brigadier 85, pero en realidad correspondía a una modelo 89, afirmando que se encontraba amparada en la Declaración de Importación núm. 02400010013647 de 06 de septiembre de 1994, que describe las mercancías Camión marca Ford 85 y Brigadier 89m completas con sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento, con su respectivo motor de 180/210 HP, subpartida arancelaria 8707909090 de la licencia núm. 1242046, modificada según Decreto 1767 del 3 de agosto de 1994, fungiendo como importador el señor Leonardo Arévalo, con NIT. 79.782.742.
No obstante, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, la Sala advierte que las facturas deben cumplir y contener los requisitos establecidos en tal norma, así como que, en virtud del artículo 618 ibídem, corresponde al adquiriente exigir la factura acorde al producto obtenido, y, tal como se constató, el actor allegó una certificación que en primer orden no cumple con los requisitos exigidos por la ley y a través de la cual se pretende subsanar un error de identificación y legalidad de la mercancía 7 años después de su compra.
Ahora bien, el apoderado del actor, en el recurso que fue interpuesto el 7 de enero de 2009 contra el Acta de Aprehensión, afirmó que la cabina adquirida era modelo 85; de igual forma lo afirmó el actor en declaración aportada al proceso el 15 de mayo de 2009. Empero, a través de certificado de tránsito de Sampués Sucre, expedido el 10 de junio de 2009, se determinó que el vehículo portaba cabina Chevrolet Brigadier modelo 1989 acaparado en declaración de importación núm. 02400010013647 de 6 de septiembre de 1994. No obstante, el estudio técnico de 30 de octubre de 2008 determinó que la cabina era una Superbrigadier con serie removida y el estudio técnico de fecha 31 de marzo de 2009, precisó que portaba cabina para vehículo marca CHEVROLET BRIGADIER pero la plaqueta serie que la identificaba correspondía a un vehículo marca DODGE.
Así las cosas, para la Sala es claro que la cabina no se encontraba identificada, lo cual se constata con lo manifestado por el actor, así: “[…]como es la misma plaqueta de identificación que la cabina posee actualmente, la misma que se recibió con la cabina original en el año de 1975 que todavía la posee porque yo Ramírez José Ricardo junto con el señor Antonio Robayo se la colocamos a la cabina que actualmente tiene la tractomula , en la plaqueta está grabado originalmente de fábrica del año de 1975 el número de chasis y de motor […]”.
En ese entendido, y de conformidad con lo expresado por la DIAN, al no coincidir la cabina decomisada con la declarada, así como no contar con identificación propia, la misma se consideró genérica, y justamente por ello se requería acreditar la conexión comercial entre el importador y el proveedor a fin de determinar su legalidad, a lo que el actor, en el recurso de reconsideración, simplemente afirmó, sin allegar pruebas que acreditaran dicha relación, que la conexión existía por cuanto el importador le suministró la mercancía al proveedor.
Por lo anterior, para la Sala no ofrece duda que los dictámenes periciales atacados por el actor por considerar que no proporcionaron elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción fueron determinantes para concluir que el actor no acreditó que las mercancías (cabina y motor) fueron legalmente introducidas al territorio nacional. En ese sentido, la Sala manifiesta que, respecto de las mercancías citadas, el decomiso procedía y por ende la decisión fue proferida conforme a los elementos probatorios obrantes, los cuales no lograron ser desvirtuados por el actor. Análisis que no es extensible a la definición de legalidad del chasis, comoquiera que respecto de éste las conclusiones son diferentes.
Así las cosas, para la Sala es claro que las pruebas periciales sí fueron idóneas, dado que, de los dictámenes de 30 de octubre de 2008 y 31 de marzo de 2009, emitidos, en su orden, por la SIJIN MEBUC y por el CTI de la Fiscalía, autoridades expertas en la materia de análisis, sí es posible manifestar que eran determinantes para establecer que el actor no acreditaba la legal introducción al país de la cabina y el motor, en el entendido que, al ser cotejados con la información consignada en las declaraciones de importación aportadas por el actor, la información no coincidió; y, por tanto, no era posible determinar la legalidad de las mercancías enunciadas, razón por la cual la DIAN precisó que correspondía a la parte actora demostrar la conexión comercial entre el importador-vendedor- comprador respecto de cada mercancía; no obstante, no fueron acreditadas.
En lo relacionado con la congruencia procesal alegada por el actor como vulnerada por parte de la autoridad administrativa, es pertinente sostener que éste, en el recurso de apelación interpuesto, manifestó que, “[...] los dictámenes referidos en el numeral primero y que fueron el soporte para ordenar el decomiso de la mercancía en mención, no eran idóneos para definir la situación jurídica de estas partes del vehículo, la cual le llevaron a cometer un grave error a la Dirección Seccional y Aduanas Nacionales (DIAN), toda vez que su contenido no proporcionó elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción de mercancías al territorio aduanero nacional, afectándose por ende, el principio de congruencia procesal que en materia aduanera exige mantener una relación estrecha entre los hechos, las manifestaciones de las partes, las pruebas que conforman el proceso y el objeto de la Litis [...]”.
No obstante, se encuentra demostrado que tales pruebas periciales fueron idóneas en el entendido que guardaron relación entre lo pedido “dictamen técnico de un automotor a fin de establecer la legalidad del mismo” y lo soportado en ellos “descripción técnica del automotor”, respecto de dos mercancías (motor y cabina).
Posteriormente, con sustento en los dictámenes comentados supra, la DIAN, a través de la Resolución 0070 de 2009, profirió decisión de fondo en el sentido de ordenar el decomiso de la mercancía aprehendida por considerarla no amparada en declaración de importación.
Ahora bien, el actor el 27 de abril de 2009, a través de recurso de reconsideración contra la Resolución núm. 0070 del 07 de abril de 2009 solicitó la práctica de un nuevo estudio técnico, en presencia tanto del apoderado como del tenedor legal del vehículo decomisado, a fin de verificar la ubicación del número de serie del chasis, para lo cual la Sala estima conveniente determinar si el mismo fue decretado, practicado y aportado a la actuación administrativa.
La Sala evidencia que la DIAN, conforme a la solicitud de la parte actora, a través del Auto núm. 000017 de 12 de mayo de 2009, abrió por el término de 2 meses el periodo probatorio de la actuación adelantada en el expediente DM080803648 y decretó la práctica de la prueba solicitada, decisión que notificó a la SIJIN a través de comunicaciones 010984 de 21 de mayo de 2009, 014303 de 18 de junio de 2009 y 015643 de 1 de julio de 2009, a efectos de que realizara el estudio técnico solicitado, sin que se diera respuesta alguna dentro del periodo probatorio decretado, adoptándose decisión definitiva de segunda instancia por parte de la DIAN el 28 de julio de 2009.
Por otra parte, la Sala precisa que el día 10 de agosto de 2009, encontrándose vencido el periodo probatorio, la SIJIN MEBUC allegó dictamen pericial en el cual se conceptuó que “el motor QUEDA SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA por presentar sus guarimos alfanuméricos regrabados, e igualmente se debe verificar la documentación de cambio de cabina, el resto del automotor queda identificado con los guarismos que posee en la actualidad por ser estos los originales de fábrica.”
c) De la legalidad de una mercancía
La Sala sostiene que, en atención a lo estipulado en el artículo 511 del Decreto 2685 de 1999 - Periodo Probatorio, el término decretado para la práctica de las pruebas es de 2 meses, el cual empieza a correr a partir de la ejecutoria del acto que las decretó y el mismo debe contabilizarse de la forma de que trata la Ley 4 de 1913 artículo 59.
A pesar de lo anterior, la Sala discurre que, en el entendido que la prueba había sido decretada por la autoridad administrativa, lo que pretendía la entidad era contar con mayores argumentos que permitieran adoptar una decisión de fondo ajustada a derecho, puesto que si se decretó dicha prueba, fue porque se consideró útil, necesaria y pertinente.
Con todo, el estudio técnico que alega la parte actora como no valorado fue allegado por la SIJIN al expediente el 10 de agosto de 2009. Es decir, posterior al vencimiento del término probatorio y a la fecha de expedición de la Resolución núm. 000058, “Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración”, que fue el 28 de julio de 2009, haciéndose evidente que la DIAN no la valoró y por tanto no se tuvo en cuenta en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
De esta manera, corresponde a la Sala comprobar si el dictamen pericial aportado por la SIJIN MEBUC el 10 de agosto de 2009 a la DIAN, tal como lo afirma el actor, hubiere modificado el sentido de la decisión, para lo cual se transcribirán los apartes relevantes el mismo:
“[...] RESULTADO DEL ESTUDIO
Examinados mediante inspección ocular los sistemas de identificación y demás características que posee el automotor en la actualidad, se pudo establecer que:
El número de motor se encuentra regrabado, es decir su número original fue borrado por la acción de lima o esmeril y estampado el actual no original de fábrica, se solicita a esa unidad verificar la documentación que ampara la matricula del automotor y si está autorizada dicha regrabación por el organismo de tránsito.
Porta cabina Kenworth, e igualmente verificar si está autorizado por el organismo de Transito el cambio de cabina.
La plaqueta de serie se encuentra original de fábrica.
El número de chasis se observa original de fábrica.
Las placas se observan originales de fábrica.
CONCLUSIONES
Vistos los puntos anteriores se conceptúa que el motor QUEDA SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA por presentar sus guarismos alfanuméricos regrabados, e igualmente se debe verificar la documentación del cambio de cabina, el resto del automotor queda identificado con los guarismos que posee en la actualidad por ser los originales de fábrica [...]”
Pues bien, la Sala pone de presente que, aun cuando el dictamen pericial en estricto sentido fue entregado por la SIJIN de manera extemporánea, y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las pruebas que no sean aportadas dentro del periodo probatorio decretado no podrían ser valoradas, porque de hacerlo se atentaría contra el debido proceso, en el caso sub examine, es pertinente manifestar que la responsabilidad de valorar la prueba y tenerla como soporte para emitir una decisión de fondo, recaía explícitamente en la autoridad que la decretó y en aquella que la practicó; es decir, la DIAN y la SIJIN MEBUC, por lo que el no tenerla como prueba vulnera el debido proceso del actor, en el sentido que se comprobó la legalidad del chasis con número de serie 4869090.
En atención a lo dictaminado, para la Sala es claro que, respecto de la ilegalidad de la cabina y el motor del vehículo decomisado, el informe técnico aportado el 10 de agosto de 2009 en nada modifica la decisión, porque, tal como se afirma en el dictamen, el motor no contaba con identificación técnica y la cabina descrita corresponde a una marca distintita a la aprehendida, es decir, que tampoco podría soportarse su legalidad en la declaración de importación núm. 02400010013647 de 6 de septiembre de 1994, porque no corresponde a la mercancía en ella amparada, y con base en el análisis probatorio realizado en esta sentencia respecto de las mercancías enunciadas, se mantiene incólume la decisión de confirmar su ilegal introducción al territorio nacional.
Ahora bien, en relación con la legal introducción del chasis al territorio nacional, el dictamen pericial de 6 de agosto de 2009 emitido por la SIJIN – MEBUC, era determinante, en el entendido que logró demostrarse que, tal como lo afirmaba el actor, el número de serie del chasis era original, aclarando que no es cierta la afirmación realizada por el recurrente en el recurso de apelación, donde indica que “esta clase de vehículos llevan la serie del chasis grabada en bajo relieve con tacos manuales, una numeración de siete numéricos en el larguero derecho parte media cara externa del chasis; cómo se puede corroborar con la respuesta hecha por la Dirección de Investigación Criminal; firmada por el jefe de la Sala Técnica de Automotores de Bogotá D.C. fechada 10 de agosto de 2009”, puesto que en tal dictamen no se precisó que en qué lugar se ubicó el serial del chasis.
Así, al verificar los documentos aportados para demostrar la legalidad del chasis, se corroboró que el serial 4869090 se encuentra contenido en el Manifiesto de Importación núm. 22237 de 4 de diciembre de 1974, y en el entendido que la DIAN no ordenó, como sí lo hizo respecto de la cabina y el motor, la acreditación de una relación comercial entre el importador, vendedor y comprador o importador y comprador, dicha obligación respecto del chasis era inexistente; por lo tanto, al demostrarse que el chasis corresponde con la información consignada en el documento del cual se sirve para demostrar la legal introducción de la mercancía al territorio nacional, se declarará la legalidad del mismo.
De lo precedente, la Sala afirma que, si bien es cierto que no procedía el decomiso del chasis por demostrarse su legalidad, no es dable concluir que las decisiones atacadas en su totalidad fueron expedidas con desconocimiento de los hechos, las manifestaciones de las partes, las pruebas y el objeto de la Litis, como lo afirmó el actor.
En consecuencia y como se observa del análisis de las pruebas obrantes en el proceso, el actor no logró demostrar que la cabina y el motor hayan ingresado legalmente al territorio nacional. No es de recibo que el actor manifieste que los dictámenes periciales no eran idóneos, así como que fueron los únicos análisis que tuvo en cuenta la entidad para definir la situación jurídica de tales mercancías, puesto que, como se logró demostrar, las pruebas aportadas por el actor no desvirtuaron los dictámenes periciales rendidos en la actuación administrativa y en ese sentido no le asiste razón al sostener que la declaración de importación y las facturas aportadas constituían pruebas suficientes de su legal introducción al país.
Del examen anterior, la Sala encuentra probado que se presentaron alteraciones morfológicas que permitieron comprobar que parte de la mercancía aprehendida, como lo es la cabina y el motor, no estaban debidamente amparadas, circunstancia que daba lugar al decomiso de estas, conforme a lo previsto en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; máxime cuando, como lo ha sostenido esta misma Sección, el modelo, los números del chasis, motor y serie de un automotor, son características esenciales o sustanciales para la correcta identificación o individualización.
La Sala precisa que el análisis efectuado con precedencia era necesario para determinar tanto la situación jurídica de las mercancías, así como si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en vulneración al debido proceso por indebida valoración probatoria del dictamen pericial de 6 de agosto de 2009 emitido por la SIJIN MEBUC, a través del cual se acreditó la legalidad del chasis, confirmándose por tanto que, una vez analizada la sentencia de primera instancia, el Tribunal basó su decisión en el análisis de los dictámenes aportados el 30 de octubre de 2008 por la SIJIN MEBUC y el 31 de marzo de 2009 por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y otras pruebas obrantes en el expediente y relacionadas en esta providencia, salvo en el último dictamen pericial proferido por la SIJIN el 6 de agosto de 2009, el cual era determinante para definir la situación jurídica del chasis. Por lo anterior, conforme a lo motivado en esta sentencia, es dable concluir que el juez de primera instancia incurrió en indebida valoración probatoria, lo que consecuencialmente deriva en la revocatoria de la sentencia para, en su lugar, decretar parcialmente la nulidad de los actos acusados, en el sentido de declarar la legal introducción al país del chasis identificado con número de serie 4869090.
Así las cosas, para la Sala es claro que la cabina no se encontraba identificada, lo cual se constata con lo manifestado por el actor, así: “[…]como es la misma plaqueta de identificación que la cabina posee actualmente, la misma que se recibió con la cabina original en el año de 1975 que todavía la posee porque yo Ramírez José Ricardo junto con el señor Antonio Robayo se la colocamos a la cabina que actualmente tiene la tractomula , en la plaqueta está grabado originalmente de fábrica del año de 1975 el número de chasis y de motor […]”.
En ese entendido, y de conformidad con lo expresado por la DIAN, al no coincidir la cabina decomisada con la declarada, así como no contar con identificación propia, la misma se consideró genérica, y justamente por ello se requería acreditar la conexión comercial entre el importador y el proveedor a fin de determinar su legalidad, a lo que el actor, en el recurso de reconsideración, simplemente afirmó, sin allegar pruebas que acreditaran dicha relación, que la conexión existía por cuanto el importador le suministró la mercancía al proveedor.
Por lo anterior, para la Sala no ofrece duda que los dictámenes periciales atacados por el actor por considerar que no proporcionaron elementos de juicio suficientes para establecer la legal o ilegal introducción fueron determinantes para concluir que el actor no acreditó que las mercancías (cabina y motor) fueron legalmente introducidas al territorio nacional. En ese sentido, la Sala manifiesta que, respecto de las mercancías citadas, el decomiso procedía y por ende la decisión fue proferida conforme a los elementos probatorios obrantes, los cuales no lograron ser desvirtuados por el actor.
El anterior análisis no es extensible a la definición de legalidad del chasis, comoquiera que respecto de éste las conclusiones son diferentes.
II. 4. Síntesis
II. 4.1. La razón de la segmentación del estudio del vehículo. Desde la aprehensión del tracto camión, se advirtió que el vehículo fue objeto de cambios registrados y autorizados por la oficina de Tránsito de Sincelejo, en relación con la cabina, el color y el motor, razón por la cual, la actuación tuvo como núcleo el debate dirigido a establecer la importación legítima de: i) el motor, ii) la cabina y iii) el chasis
II. 4.2. Principales soportes probatorios:
La declaración extrajudicial del actor: Explica que con ocasión de un accidente en el año 1992, la cabina y parte del motor quedaron inservibles, por lo cual se rehicieron comprando la cabina y el bloque con documentos legales;
Declaración de importación núm. 02400010013647 del 06/09/94: ampara cabinas para camión- Ford 85 y Brigadier 89; el modelo de la cabina facturado (modelo 85) no concuerda con el modelo de la declaración de importación para las cabinas de marca brigadier (modelo 89)
Declaración de importación núm. 55186250011837 del 02/03/98 ampara bloques de motor Diésel y bloques sin identificación (genéricos), por lo que debía establecer conexión comercial: importador, proveedor y propietario. (No se acreditó)
Dictámenes SIJIN (30-10-2008) y CTI -Fiscalía (31-03 -2009): No fue posible ubicar el número de chasis en el lugar acostumbrado por la casa fabricante, por tanto no se pudo identificar.
Factura No. 047 de abril de 2002 de la comercializadora J.JIM, Porexport Jeinson Ortega Rubiano del folio 39, registra un motor DIESEL marca CUMMIS “sin serial por deterioro y oxidación”
Dictamen pericial SIJIN (10 -08 -2009): “el motor QUEDA SIN IDENTIFICACIÓN TÉCNICA por presentar sus guarimos alfanuméricos regrabados, e igualmente se debe verificar la documentación de cambio de cabina, el resto del automotor queda identificado con los guarismos que posee en la actualidad por ser estos los originales de fábrica.”
II. 4.3. Situación resultante:
Motor: Sin identificación técnica. No se comprobó la importación legítima al país
Cabina: Sin identificación propia - genérica y el actor no probó conexidad comercial
Chasis: Se verificó legitimidad – amparo en Dictamen Pericial SIJIN (10-08.09) se identificó chasis de origen; se corroboró que el serial 4869090 se encuentra contenido en el Manifiesto de Importación núm. 22237 de 4 de diciembre de 1974; entonces, quedó plenamente acreditada su legitimidad.
II. 4.4. Conclusión:
De los aspectos puntuales citados es preciso colegir que si bien, el tractocamión Dodge 1975, objeto de las medidas de aprehensión y decomiso adoptadas por la autoridad aduanera, constituye una unidad y por consiguiente, la regla general conduciría a la ponderación de su legitimidad en términos de mercancía comprendida en una declaración de importación, lo cierto es que en este caso y en razón a un accidente como consecuencia del cual, en su reconstrucción al chasis original se le adjuntaron la cabina y el motor, desde el levantamiento del Acta de Aprehensión se advirtió la existencia de modificaciones autorizadas e inscritas en la oficina de tránsito correspondiente. Precisamente, esta eventualidad dio como resultado el análisis que durante la actuación realizó la DIAN dividiendo el camión en tres componentes y bajo declaraciones de importación independientes (cabina y motor), cuyo resultado es el descrito supra para cada una de las partes.
II.5. Restablecimiento del Derecho
Establecida la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en lo relacionado con declarar la legal introducción al país del chasis, la Sala procede a pronunciarse respecto de la prosperidad de cada una de las pretensiones de restablecimiento contenidas en el libelo del presente trámite contencioso, en el mismo orden en que fueron presentadas en dicho escrito y con fiel apego a su tenor literal.
II.5.1. El demandante solicitó:
“[…] TERCERO: Por consiguiente se le haga entrega del vehículo Tracto camión marca DOGGE, modelo 1975, de placas UID045. De color rojo, motor núm. 10437997 THUID.045, chasis núm. 4869090, tal cual como se puede apreciar en el acta de inventario, en las mismas condiciones como fue incautado. Avaluado en la suma de quince millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos dos pesos m/te ($ 15.157. 802.oo).
CUARTO: Se condene a pagar a la nación ( Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN) como consecuencia de la declaración solicitada en la primera pretensión la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESO ($17.000.000), moneda corriente, mensual desde la fecha del decomiso del referido vehículo, hasta que se haga efectiva su devolución por parte de la entidad demandada y sea cancelado los daños materiales, por concepto de lucro cesante actual y futuro, los cuales producía el tracto camión al momento del decomiso.
QUINTO: Igualmente a título de restablecimiento del derecho, como reparación del lucro cesante, se condene a la Nación (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) a pagar a mi mandante las cantidades que corresponden al valor de los intereses comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño emergente, desde la fecha en que se realizó la aprehensión 16 de diciembre de 2008 hasta que se haga efectiva su devolución por parte de la demandada.
SEXTO: Que se condene a la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar la suma de TRECIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (300) vigentes al momento de dictar sentencia, por los daños y perjuicios materiales ocasionados a mi mandante, por la grave, intencional e injustificada actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que ocasiono serios perjuicios económicos a mi mandante.
SEPTIMO: Que se condene a la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar la suma de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (200) vigentes al momento de dictar sentencia, por los daños morales objetivos y subjetivos causados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a mi mandante.
OCTAVO: Que la condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
NOVENO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA […]”
Es preciso señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido los perjuicios materiales en dos modalidades, a saber: (i) daño emergente y (ii) lucro cesante; lo que supone que ambas modalidades se refieren a situaciones distintas, cuyas nociones se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil:, (i) el daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. Necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega. (ii) Por su parte, el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesoria del hecho dañoso, por cuanto no es causada de manera directa con su ocurrencia, sino que está sujeta a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria. Atendiendo la pretensión de restablecimiento, se ordenará a la entidad demandada que devuelva al demandante el chasis del vehículo decomisado, o en su defecto, el valor del mismo. De lo observado en el expediente, no se puede establecer a ciencia cierta, un monto total del valor de chasis derivado del perjuicio inmediato ocasionado por los actos administrativos anulados parcialmente; por lo tanto, al no haber sido establecida la cuantía de este, la condena al pago del mismo se hará en abstracto y su liquidación se adelantará mediante el trámite incidental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del C.C.A. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo que se pruebe en dicho trámite incidental, para lo cual deberá tenerse en cuenta el avalúo del vehículo al momento del decomiso y lo que del mismo corresponda al chasis, y el ajuste del precio correspondiente con base en el Índice de Precios al Consumidor que certifica el DANE. En cuanto a la solicitud dirigida por el actor en términos del reconocimiento del “lucro cesante actual y futuro” inherente a las sumas que el tracto camión habría dejado de producir, desde el momento del decomiso hasta la fecha de su devolución, para lo cual el actor aporta certificaciones que probarían un ingreso mensual de Diecisiete millones de pesos ($17.000.000) por servicio de carga a nivel nacional, cabe señalar:
i) el supuesto de ingresos dejados de percibir por concepto del servicio de transporte de carga aludido carece de realidad en el caso sub examine, toda vez que la ausencia de motor y cabina del vehículo, cuya introducción legal no fue acreditada por el actor, se traducen en la imposibilidad de su prestación, de donde se evidencia la improcedencia de la ponderación relativa a un presunto perjuicio derivado de la privación del vehículo en virtud del decomiso; y, ii) el expediente no contiene pruebas que permitiesen la condena en abstracto en cuanto concierne a la declaración de legalidad del chasis. En efecto, no se aportó documento alguno donde conste cuál sería la suma a pagar por concepto de lucro cesante por el decomiso del chasis, así como tampoco consta que se haya emitido un dictamen pericial al respecto. Por lo tanto, la Sala denegará la solicitud de condenar a la entidad demandada por concepto de lucro cesante, impetrada por la parte actora. Finalmente, la parte actora solicitó que la parte demandada de cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
Al respecto, el artículo 176 trata sobre la ejecución de las sentencias y establece que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. Por su parte el artículo 177 establece que, cuando se condene a la Nación, al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. De conformidad con lo determinado en la norma en mención, la Sala dispondrá que el cumplimiento de la presente providencia se realice en los términos de dicha normativa, y teniendo en consideración que cualquier actualización de la condena se realizará con arreglo a lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordena que tal ajuste se efectuará tomando como base el índice de precios al consumidor. Ahora bien, en lo que respecta a que se condene a la parte demandada a pagar los daños morales ocasionados al actor, es necesario manifestar que, una vez revisado con detenimiento el expediente, se determinó que no obra en el mismo prueba donde conste que en efecto tales perjuicios se ocasionaron, por lo que tal pretensión será denegada. II.5.2. Conclusión
Comoquiera que se logró demostrar la legal introducción al país de una de las mercancías decomisadas, como lo es el chasis, para la Sala es claro que hubo una indebida valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión – Otros Asuntos, despacho 001 del dictamen pericial de 6 de agosto de 2009 emitido por la SIJIN MEBUC, correspondiendo entonces, revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad parcial de las Resoluciones núm. 0070 de abril de 2009, 000058 de 28 de julio de 2009, expedidas por el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones Aduaneras y Control Cambiario de la división de gestión de fiscalización de Bucaramanga y la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN., en el sentido de declarar la legalidad del chasis amparado bajo el Manifiesto de Importación núm. 22237 del 04/12/74.
En relación con la situación jurídica de la cabina y el motor, se confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión – Otros Asuntos, despacho 001, en el entendido que no cuentan con declaración de importación que respalden su legal introducción al territorio nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de 03 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, subsección de descongestión – otros asuntos, despacho 001, y en su lugar se dispone: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones núm. 0070 del 7 de abril de 2009 y núm. 000058 del 28 de julio de 2009, en el sentido de declarar la legal introducción al país del chasis amparado por el Manifiesto de Importación núm. 22237 del 04/12/74, de conformidad con la parte resolutiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDENASE la devolución de la mercancía discriminada en el artículo anterior al señor JOSÉ RICARDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ en el mismo estado en el que se encontraba al momento de ser aprehendida.
TERCERO: De no ser posible devolver la mercancía en el estado en que se encontraba a la fecha de su aprehensión, CONDENASE en abstracto a la Dirección de Impuestos y Aduanas a pagar, a favor de JOSÉ RICARDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, las sumas que se prueben por concepto del daño emergente, en cuanto al precio del chasis debidamente indexadas, valor que se determinará en incidente dentro de la oportunidad dispuesta por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta el avalúo del vehículo en el momento del decomiso, y lo que de dicho avalúo correspondería al chasis.
CUARTO: CONFIRMASE en todo lo demás la sentencia de 3 de septiembre de 2013.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvamento de Voto Parcial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00703-01
Actor: JOSÉ RICARDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de la Sala, me he separado parcialmente de la decisión de 5 de agosto de 2021, que revocó la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió a la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados, y reconoció como restablecimiento del derecho la devolución del chasis del automotor decomisado, por cuanto, a mi juicio, debió confirmarse el fallo de primera instancia en su totalidad.
Mi disenso radica en el estudio que realizó la Sala para acceder a la nulidad de los actos cuestionados y que estuvo justificada en la segmentación del vehículo objeto de decomiso, sin que así lo hubiera solicitado el actor en la demanda, pues su pretensión era sobre la totalidad del tracto camión y no de sus piezas individualmente consideradas, las cuales identificó el fallo en tres partes: i) el motor, ii) la cabina y iii) el chasis, soportado en los dictámenes que se practicaron en sede administrativa y aquel que se aportó al proceso judicial.
En efecto, la pretensión perseguida era respecto de la integridad que se predica del automotor y la posibilidad de explotación económica reclamada como tracto camión, todo lo cual imposibilitaba la segmentación por partes, a pesar de que éstas, integradas, constituyan el bien decomisado. Todo lo anterior, sumado a que la DIAN aprendió y decomisó un vehículo y no sus partes.
Frente al estudio que realizó la sentencia para abordar el reproche de alzada, advertí que no existe coincidencia entre el argumento formulado en el escrito de apelación y lo decidido por la Sala, pues lo alegado por el recurrente en su escrito frente al dictamen de 6 de agosto de 2009, se circunscribió a la presunta omisión por parte del a quo frente al examen de dicha prueba pericial aportada al proceso judicial; mientras que el fallo, respecto de tal informe, concluyó que se violó el debido proceso del actor, por la no valoración de citado dictamen en sede administrativa, pues estimó que al haberse decretado la práctica de esta prueba por la DIAN, en el trámite del recurso de reconsideración, era mandatorio que se esperara su aportación al trámite administrativo para adoptar la decisión, y no como obró la DIAN al resolver el mencionado recurso sin haberse rendido el mismo.
De esta manera, al no haberse formulado esta alegación en la demanda, no existía fundamento para que el ad quem, bajo este motivo, decidiera que los actos administrativos acusados resultaban nulos por lo reportado en el informe de la SIJIN de 6 de agosto de 2009, frente a que: “el número de chasis se observa original de fábrica”, pues al no ser prueba de soporte de los actos acusados, lo que debió examinarse, recaía en establecer si el Tribunal al adoptar su decisión lo consideró y, en todo caso, si tal conclusión desvirtuaba o no la causal de decomiso, bajo el entendido de que el automotor ha de considerarse como un todo o unidad.
En ese orden, considero que la modulación de las pretensiones y de los reproches del apelante frente al fallo de primera instancia constituyen un exceso en el ámbito de competencia del juzgador de lo contencioso administrativo y los límites fijados al resolver el recurso de alzada.
En estos términos expongo las razones de mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera
Folios 448-457 del expediente. Folio 300, Oficio radicado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por parte del demandante donde señala “Después le vendí esta tractomula al señor ANTONIO ROBAYO MURCIA con C.C. 17.164.568 de Bogotá, el 03 de junio de 2002, en el sitio y estado que se encontraba el vehículo”. Folio 233 del expediente “(…) con el fin de mostrarle la serie del chasis del mencionado vehículo, ya que el señor Robayo ha sido su tenedor legal por más de 12 años y lo conoce a cabalidad (…)”. Oficios a folios 298, 323 y 324
Folio 15 del Cuaderno principal
Folio 461 del expediente. Folio 461 escrito de demanda, cuaderno principal. Folio 461 escrito de demanda, cuaderno principal. Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. Folio 142 del expediente. Obrante a folio 134 del expediente. Obrante a folio 135 del expediente. Folio 22 de expediente, “Ismael Vargas Urrea, conductor del vehículo aprehendido y posteriormente decomisado.”
Folios 136-137 del expediente. Folio 138 del expediente. Folio 139 del expediente. Folio 140 del expediente. Folio 141 del expediente. Folios 143-144 del expediente. Folio 145 del expediente. Folio 150 del expediente. Folio 151-152 del expediente. Folio 154 del expediente. Folio 157 del expediente. Folio 159 del expediente. Folios 162-164 del expediente. Folios 166 -168 del expediente. Folio 213 del expediente. Folios 218-221 del expediente. Ver notas núm. 2 y 3 del presente fallo
Folios 231-234 y 236 -239 del expediente. Folios 244-251 del expediente. Folios 255-256 del expediente. Ver nota núm. 2
Folios 253 y 257 del expediente. Folios 278-287 del expediente. Ver nota 2. Folios 288-292 del expediente. Ver nota num.2
Folios 293-296 del expediente. Ver nota num.2
Folios 298,323 y 324 del expediente. Folios 328-330
Folio 333 del expediente. Folio 337 del expediente. Folio 345 del expediente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “b”, sentencia del catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación, 25000-23-42-000-2015-03851-02. Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia C-980/10 de 1 de diciembre de 2010, Referencia: expediente D-8104. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1270 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell. Folio 212 del expediente. Folios 271 -273 del expediente. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A, SENTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014, CONSEJERO PONENTE: HERNAN ANDRADE RINCON, NÙMERO ÙNICO DE RADICACIÒN, 25000-23-26-000-1998-02614-01(27861). Folios 271 -273 del expediente. Folios 300-301 declaración efectuada por José Ricardo Ramírez. Folios 300-301 declaración efectuada por José Ricardo Ramírez. Folio 255
Art. 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g.
Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
j. *- Declarado Inexequible Corte Constitucional-
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. Folio 300 “La cabina que se compró es de Chevrolet Brigadier (cara de panela) que es la misma fabricada a partir de 1980 a 1986”. Folio 332 del expediente
Folio 301
Dictámenes de 30 de octubre de 2008 y 31 de marzo de 2009, emitidos, en su orden, por la SIJIN MEBUC y por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Folio 298
Folio 323
Folio 324
Folio 345
ARTICULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal. Folio 315 del expediente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P Danilo Rojas Betancourt, número único de radicación, 2000-00338-01 (25494). Folio 345
Sentencia de 2 de marzo de 2006, exp. núm. 2001-875, actor, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ, Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013)., número único de radicación: 19001-23-31-000-1999-00288-01(21564). El fallo resolvió: “REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de 03 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, subsección de descongestión – otros asuntos, despacho 001, y en su lugar se dispone: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones núm. 0070 del 7 de abril de 2009 y núm. 000058 del 28 de julio de 2009, en el sentido de declarar la legal introducción al país del chasis amparado por el Manifiesto de Importación núm. 22237 del 04/12/74, de conformidad con la parte resolutiva de esta providencia. […]”. Al respecto ordenó: “[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE la devolución de la mercancía discriminada en el artículo anterior al señor JOSE RICARDO RAMIREZ BOHÓRQUEZ en el mismo estado en el que se encontraba al momento de ser aprehendida. TERCERO: De no ser posible devolver la mercancía en el estado en que se encontraba a la fecha de su aprehensión, CONDÉNASE en abstracto a la Dirección de Impuestos y Aduanas a pagar, a favor de JOSE RICARDO RAMIREZ BOHORQUEZ, las sumas que se prueben por concepto del daño emergente, en cuanto al precio del chasis debidamente indexadas, valor que se determinará en incidente dentro de la oportunidad dispuesta por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta el avalúo del vehículo en el momento del decomiso, y lo que de dicho avalúo correspondería al chasis.[…]”. La cual consideró ingresada de manera legal al país. La pretensión de restablecimiento se concreta en los siguientes términos: “tercera petición Principal”. Por consiguiente, se le haga entrega del vehículo tractocamión marca DOGGE (sic), modelo 1975, de placas UID45, de color rojo, motor No. 10437997 THUID.045, CHASIS No. 4869090, tal cual como se puede apreciar en el acta de inventario, en las mismas condiciones como fue incautado. Avaluado en la suma de quince millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos dos pesos m/te ($15.157.802.oo) […]”
“[…] Descripción de la mercancía: 1 cabezote tracto camión marca Dodge; color rojo; placas: UID-045; Motor núm. 10437997TH/UID-045RDO; Serie núm. 4869090; modelo 1975; Porta Cabina de Superbrigadier; Numero de chasis no fue posible su ubicación, pesos: 8200 Kg, en regular estado, para mayor descripción refiérase a ficha técnica de inventario que hace parte integral de la presente Acta de Aprehensión […]”. Como reproche de apelación se lee el siguiente argumento, frente al dictamen pericial y la presunta omisión de su valoración en el fallo “[…] I.4.5.
Finalmente, manifestó que “el error más grave del a-quo al proferir la sentencia de primera instancia, del proceso de la referencia, no tuvo en cuenta las pruebas allegadas con el escrito de la demanda, en donde se puede advertir la existencia de un defecto factico en la providencia referida, toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN- OTROS ASUNTOS, doctora Carmen Cecilia Plata Jiménez, como magistrada ponente en su entender NO VALORO EN DEBIDA FORMA LAS PRUEBAS APORTADAS, en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en especial, el dictamen de fecha 06 de agosto de 2009, proferido por la Policía Nacional Unidad de INVESTIGATIVA AUTOMOTORES, en donde manifiesta que el chasis es original, y desconociendo que son muy importantes y fundamentales para la verificación de los hechos, al momento de las alegaciones, tal como lo disponen las normas vigentes, es por eso que difiero del juzgador al no tener en cuenta como fehacientes y verídicas las pruebas allegadas con la demanda, las documentales y los testimonios rendidos, porque estas demuestran fidelidad de los hechos acaecidos en el debido momento y sirven de sustento a las peticiones de mi poderdante, las cuales ni siquiera se refirió en la argumentación de la referida sentencia”.
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