Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2011-00073-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2011-00073-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2011-00073-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Demandante: CONSORCIO IE-JV
Demandado: ECOPETROL SA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – AUSENCIA DE
PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO Y DEL
DESEQUILIBRIO DEL CONTRATO –
CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA
Síntesis del caso: el consorcio IE-JV demanda a la sociedad Ecopetrol SA para que se
declare el incumplimiento del contrato celebrado entre las partes y, además, se restablezca
el equilibrio de la ecuación económica del negocio jurídico. El tribunal de primera instancia
negó las súplicas económicas de la demanda por la ausencia de acreditación del
incumplimiento y del desbalance económico y financiero alegado; inconforme con la
decisión, la parte actora aduce que Ecopetrol SA dejó de pagar las sumas derivadas de la
ejecución de una orden de trabajo que implicó aleas anormales e imprevisibles.
Temas: medio de control de controversias contractuales / contrato de régimen exceptuado
– derecho privado – no se probó el incumplimiento alegado – no se demostró el desequilibrio
del contrato – circunstancias imputables o atribuibles al contratista.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida el Tribunal Administrativo de
Santander (índice 2 SAMAI)1 en la cual se decidió lo siguiente:
“RESUELVE:
Primero. DECLARA NO PROBADA la objeción por error grave formulada
por ECOPETROL SA al dictamen pericial rendido en curso del presente
proceso.
Segundo. DENIÉGUENSE (sic) las súplicas de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas.
1 Archivo: “11ED_103Oct24Sentenciadep(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Cuarto. En firme esta providencia, ARCHIVAR las diligencias previas las
anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI” (índice 2 SAMAI, primera
instancia - negrillas y mayúsculas fijas del original).
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito del 26 de noviembre de 2010, el Consorcio IE-JV a través de
apoderado judicial (índice 2 SAMAI)2 presentó demanda en ejercicio del medio de
control jurisdiccional de controversias contractuales en contra la sociedad Ecopetrol
SA para que se declare la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el
contrato no. GPS 5201841-2006 celebrado entre las partes, se declare la ruptura
del equilibrio económico del negocio jurídico y, por consiguiente, se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRETENSIONES PRINCIPALES:
PRIMERA. Declárese que es nula la Resolución no. 001 de abril 15 de
2009 expedida por ECOPETROL SA, por medio de la cual se efectuó la
liquidación unilateral del contrato no. GPS 5201841-2006, celebrado entre
la entidad demandada y mi representado.
SEGUNDA. Declárese que es nula la Resolución no. 002 de junio 26 de
2009 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
por mi poderdante en abril 24 de 2009, confirmándose la anterior decisión.
TERCERA. Declárese el incumplimiento del contrato no. GPS 5201841-
2006 por parte de ECOPETROL SA, por haberse impedido a mi cliente,
INJUSTIFICADAMENTE Y DE MANERA UNILATERAL, por la entidad
contratante, terminar los trabajos estipulados y pactados
contractualmente en el literal v) del parágrafo tercero de la cláusula
tercera del contrato no. GPS 5201841-2006 y expresamente lo
relacionado con la orden de trabajo no. OT-40.
CUART. Declárese que por hechos NO imputables al contratista
CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y financiero del
contrato (…) celebrado el día 28 de noviembre de 2006 entre el consorcio
y ECOPETROL SA, ese se vio obligado a asumir y cancelar los costos
que dieron origen al desequilibrio económico y financiero del contrato en
mención, derivados de la suspensión unilateral de actividades ordenada
por Ecopetrol SA – OT-40: ADECUACIÓN LLENADERO AROMÁTICOS,
que derivaron consecuencialmente en daño emergente y lucro cesante
que le fueron ocasionados.
QUINTA. Como consecuencia de la declaración de la petición CUARTA,
se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al CONSORCIO IE-JV, a
manera de indemnización o pago para reestablecer el equilibrio
económico, la suma de seiscientos veintinueve millones setecientos
2 Archivo: “3ED_01CUADERNOPRINCIPALP(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
ochenta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos M/CTE
($629´688.165) (…) monto que ha de ser actualizado en su valor conforme
a lo previsto en el artículo 178 del CCA.
SEXTA. Declárese que por hechos NO imputables al contratista
CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y financiero del
contrato (…) se vio obligado a asumir y cancelar los costos que dieron
origen al desequilibrio económico y financiero del contrato en mención,
derivados de la ambigüedad en la definición e interpretación de los ítems
contractuales, que derivaron consecuencialmente en daño emergente y
lucro cesante que le fueron ocasionados.
SÉPTIMA. Como consecuencia de la declaración de la petición SEXTA
se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al CONSORCIO IE-JV, a
manera de indemnización o pago para reestablecer el equilibrio
económico, la suma de trescientos dieciocho millones seiscientos
treinta y seis mil setenta y nueve pesos M/CTE ($318´636.079) (…).
OCTAVA. Declárese que por hechos NO imputables al contratista
CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y financiero del
contrato (…) se vio obligado a asumir y cancelar los costos que dieron
origen al desequilibrio económico y financiero del contrato en mención,
derivados de los actos de mandato – gastos reembolsables que derivaron
consecuencialmente en daño emergente y lucro cesante que le fueron
ocasionados.
NOVENA. Como consecuencia de la declaración de la petición OCTAVA
se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al CONSORCIO IE-JV, a
manera de indemnización o pago para reestablecer el equilibrio
económico, la suma de doscientos cuarenta millones noventa y cuatro
mil trescientos cinco pesos M/CTE ($240´094.305) (…).
DÉCIMA. Declárese que por hechos NO imputables al contratista
CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y financiero del
contrato (…) por falta de pago de los saldos dictaminados en favor del
consorcio en la Resolución no. 001-2009, por medio de la cual Ecopetrol
SA liquidó el contrato no. GPS 5201841 unilateralmente y que se
encuentran pendientes de pago, que derivaron consecuencialmente en
daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados.
DÉCIMA PRIMERA. Como consecuencia de la declaración de la petición
DÉCIMA, se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al CONSORCIO IE-
JV, a manera de indemnización o pago para reestablecer el equilibrio
económico, la suma de ciento sesenta y cinco millones setecientos
setenta y dos mil novecientos veinticuatro pesos M/CTE
($165´772.924) (…).
DÉCIMA SEGUNDA. Declárese que por hechos NO imputables al
contratista CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y
financiero del contrato (…) ante la imposibilidad de facturar lo ofertado en
la orden de trabajo no. OT-40 y como consecuencia NO percibir la utilidad
razonablemente esperada, la administración respectiva y el imprevisto
correspondiente (AIU), derivados de la suspensión y terminación
unilateral de la orden de trabajo no. OT-40, que forma parte del contrato
principal no. (…) respecto del cual no se permitió finalmente a mi
poderdante cumplir con lo estipulado en el literal v) del parágrafo tercero
de la cláusula tercera del contrato descrito, determinada como lucro
cesante.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
DÉCIMA TERCERA. Como consecuencia de la declaración de la petición
DÉCIMA SEGUNDA, se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al
CONSORCIO IE-JV, a manera de indemnización o pago para
reestablecer el equilibrio económico, la suma de sesenta y tres millones
de pesos M/CTE ($63´000.000) (…).
DÉCIMA CUARTA. Igualmente que como consecuencia de la declaración
de la petición DÉCIMA SEGUNDA se CONDENE a ECOPETROL SA a
pagar al CONSORCIO IE-JV, a manera de indemnización o pago para
reestablecer el equilibrio económico, la suma de quinientos ochenta y
nueve millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos tres pesos
M/CTE ($589´650.403) (…).
DÉCIMA QUINTA. Declárese que por hechos NO imputables al
contratista CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y
financiero del contrato (…) ante la imposibilidad de facturar lo ofertado en
la orden de trabajo no. OT-40 derivada del contrato principal, respecto de
la cual no se le permitió a mi poderdante cumplir con lo estipulado en el
literal v) del parágrafo tercero de la cláusula tercera del contrato descrito,
por la decisión unilateral por parte de ECOPETROL SA de suspender y
terminar unilateralmente dicha orden de trabajo y finalmente la liquidación
unilateral del contrato principal; configurando en consecuencia un
INCUMPLIMIENTO del contrato por parte de la entidad CONTRATANTE
derivando en consecuencia la aplicación de la cláusula penal contenida
en el contrato principal situación que se corrobora con los hechos de la
demanda.
Teniendo en cuenta que el equilibrio financiero del Consorcio IE-JV resultó
afectado por causas atribuibles a la propia administración contratante por
el incumplimiento de sus obligaciones contractuales sin justificación
comprobada por la decisión unilateral ya expuesta, es importante precisar
que ante el ejercicio de tales facultades no se puede desconocer la debida
protección de los intereses del contratista que esto genera y que le otorga
el derecho a ser indemnizado por no poder conservar las condiciones
económicas inicialmente pactadas, pues el contratante (sic) adquiere
pleno derecho a que se le restablezca la ecuación económica del contrato
a punto de no pérdida.
DÉCIMA SEXTA. Como consecuencia de la declaración de la petición
DÉCIMA QUINTA, se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al
CONSORCIO IE-JV, a manera de indemnización o pago para
reestablecer el equilibrio económico, la suma de cuatrocientos millones
de pesos M/CTE ($400´000.000) (…).
DÉCIMA SÉPTIMA. Declárese que por hechos NO imputables al
contratista CONSORCIO IE-JV, se rompió el equilibrio económico y
financiero del contrato (…) ante la imposibilidad de facturar lo ofertado en
la orden de trabajo no. OT-40 derivada del contrato principal, no se le
permitió finalmente a mi poderdante cumplir con lo estipulado en el literal
v) del parágrafo tercero de la cláusula tercera del contrato descrito, por la
decisión unilateral de ECOPETROL SA de suspender y terminar
unilateralmente dicha orden de trabajo, y finalmente la liquidación
unilateral del contrato principal; respecto de lo cual y sobre todas las
sumas solicitadas como DAÑO EMERGENTE se genera el cobro de la
indexación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo, pues, las sumas que
ordene el Honorable Tribunal reconocer deberán ser compensadas en
dinero de igual valor (…).
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
DÉCIMA OCTAVA. Como consecuencia de la declaración de la petición
DÉCIMA SÉPTIMA, se CONDENE a ECOPETROL SA a pagar al
CONSORCIO IE-JV, a manera de indemnización o pago para restablecer
el equilibrio económico, el valor de la INDEXACIÓN o AJUSTE DE
VALOR, correspondiente a la suma que resulte de dar aplicación a lo
contenido en el art. 178 del CCA y con base en los índices establecidos
por el DANE y dando aplicación a la siguiente fórmula (…).
DÉCIMA NOVENA. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
VIGÉSIMA. Se condene a la parte demandada por las costas y agencias
en derecho” (índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas y negrillas del original).
2. Los hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 28 de noviembre de 2006, Ecopetrol SA celebró con el consorcio IE-JV el
contrato no. GPS 5201841 cuyo objeto consistió en i) prestar el servicio de
administración, supervisión, seguridad industrial y física y control de acceso a las
instalaciones industriales que comprenden los llenaderos de ventas de propiedad
de Ecopetrol SA ubicados dentro de la Refinería Complejo Barrancabermeja (GCB)
y, ii) prestar el servicio de operación de llenado y operación de báscula y
mantenimiento de las instalaciones industriales que comprenden los llenaderos de
ventas de propiedad de Ecopetrol SA localizados dentro de la Refinería Complejo
Barrancabermeja (GCB); el negocio jurídico se pactó con un sistema mixto de
remuneración que incluía una suma mensual fija de $150´000.000 (incluido IVA),
unos costos unitarios por labores ejecutadas por el personal de contratista y, unos
gastos reembolsables por suministro de elementos o servicios prestados (v gr
compra de materiales, mantenimiento de equipos, reparaciones locativas,
elaboración de estudios, instalación y puesta en operación de equipos adquiridos
para la medición de las entregas de xileno y tolueno, entre otros); finalmente, el
plazo de ejecución del contrato se acordó desde el 1º de diciembre de 2006 hasta
el 30 de noviembre de 2008, con dos meses para la liquidación, una vez completada
la ejecución.
2) La sociedad demandada, Ecopetrol SA emitió durante la ejecución del contrato
sesenta y nueve (69) órdenes de trabajo derivadas todas de las actividades
descritas en el parágrafo tercero de la cláusula tercera del contrato denominada
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
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“gastos reembolsables”; diecinueve (19) fueron canceladas sin justificación por
parte de la empresa contratante; de las cincuenta (50) restantes, diez (10) las
ejecutó directamente el consorcio Magdalena Medio a tarifas sin actualizar, con
excepción de la orden de trabajo no. 40 (OT no. 40) la cual fue suspendida y
finalmente terminada unilateralmente; las demás fueron ejecutadas por el consorcio
en la modalidad de subcontratación con terceros.
3) La orden de trabajo no. 40 cuyo objeto fue “la ejecución de adecuaciones civiles,
eléctricas, contraincendios, mecánicas y de instrumentación en el llenadero de
aromáticos de la CBB” fue aprobada mediante comunicación no. 2-2007-37017 del
14 de noviembre de 2007 por la jefe del departamento de logística de Ecopetrol SA,
en condición de administradora del contrato no. GPS 5201841-2006; el día 6 de
diciembre de 2007 se firmó el acta de inició de los trabajos objeto de la OT 40.
4) Como consecuencia de la nueva área destinada a ejecutar las adecuaciones del
nuevo llenadero de aromáticos, el consorcio detectó con base en el estudio de
suelos la necesidad de implantar pilotes para garantizar la estructura civil de aporte
del suelo a la estructura del techo; en desarrollo de la OT no. 40 el consorcio
presentó a la interventoría del contrato el informe no. 2 correspondiente a las
actividades ejecutadas durante el 7 al 25 de enero de 2008, documento en el cual
se enumeraron las actividades que estaban pendientes de definir por parte de
Ecopetrol, y cuya demora marcarían un impacto en el desarrollo de la obra.
5) La ejecución de la OT no. 40, con corte al 29 de febrero de 2008, registró un
atraso respecto del programa detallado de trabajo (PDT) del 16%, tal como se
informó a la interventoría, motivo por el cual el consorcio sufrió costos por mayor
permanencia de personal, equipos y herramientas en los frentes de trabajo del
llenadero de aromáticos.
6) El día 12 de marzo de 2008, luego de varias dificultades con la ejecución de la
OT 40, la nueva interventoría designada por Ecopetrol SA suspendió
unilateralmente la ejecución de las actividades de la OT no. 40 con fundamento en
que i) las pólizas presentadas no daban cobertura a los trabajos ejecutados en el
llenadero de aromáticos, ii) las tarifas empleadas para autorizar la ejecución de los
trabajos no estaban aprobadas en su totalidad por la regional de contratación del
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
magalena medio y, iii) la interventoría debía garantizar a Ecopetrol la ejecución
satisfactoria de los trabajos.
7) El 22 de octubre de 2008, después de siete (7) meses de suspensión unilateral
de la OT no. 40, el consorcio solicitó el pago de todos y cada uno de los costos
afrontados con ocasión de la decisión adoptada poe Ecopetrol SA.
8) El 29 de enero de 2009, Ecopetrol y el consorcio IE-JV celebraron el otrosí no. 1
del contrato GPS 5201841 de 2006 con el fin de ampliar el plazo para procurar la
liquidación bilateral; sin embargo, el 15 de abril de 2009, Ecopetrol SA practicó de
manera directa y unilateral la liquidación del negocio jurídico a través de Resolución
no. 001 de 2009.
9) Ecopetrol SA, en el acto de liquidación unilateral se abstuvo de reconocer los
valores y resultados avalados previamente por las partes con corte a 30 de julio de
2008 relacionados con la OT no. 40.
Como sustento jurídico de la demanda la parte actora invocó los artículos 30 y 121
de la Constitución Política; 13, 24, 25, 26, 40 y 50 de la Ley 80 de 1993, el Código
Civil y el Código de Comerio; adujo que el contrato celebrado entre las partes era
“administrativo”, motivo por el cual eran aplicables las referidas disposiciones;
agregó, igualmente, que el acto de liquidación unilateral es nulo por falsa
motivación, por cuanto debieron reconocerse y pagarse las mayores cantidades de
obra ejecutadas por el contratista; además, indicó que el daño irrogado al consorcio
demandante es imputable a Ecopetrol SA a título de culpa, por haber incumplido las
obligaciones que emanaban de la OT no. 40, y también por haber suspendido y
liquidado de manera directa y unilateral el contrato principal sin reconocer las sumas
adeudadas derivadas de un desequilibrio económico del contrato causado por el
desarrollo de la OT no. 40 ya que, la información entregada por Ecopetrol no fue
clara ni adecuada, lo cual generó sobrecostos, pues, se enfrentaron imprevistos
anormales.
3. El trámite de primera instancia
1) La demanda se admitió por auto del 28 de julio de 2011 (índice 2 SAMAI) 3 y se
ordenó su notificación a la sociedad demandada y al Ministerio Público.
3 Archivo: “3ED_01CUADERNOPRINCIPALP(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) Ecopetrol SA se opuso a las súplicas de la demanda (índice 2 SAMAI)4, para lo
cual formuló las excepciones de i) “ausencia de daño antijurídico”, ii) “cumplimiento
total de las obligaciones contractuales por parte de Ecopetrol”, iii) “falta de causa
jurídica para demandar”, iv) “abuso del derecho”, v) “cobro de lo no debido” y, vi)
“mala fe, temeridad y desconocimiento de la buena fe objetiva”; adujo que la
situación contractual se originó en la falta de entrega de pólizas por parte del
contratista, así como el desconocimiento de las normas técnicas para el hincado de
los pilotes y demás elementos de obra; manifestó igualmente que, el consorcio
demandante nunca allegó los soportes que demostraran los supuestos mayores
valores en que incurrió en el desarrollo de la OT no. 40, motivo por el cual la
reclamación efectuada configura un abuso del derecho, cobro de lo no debido y una
actuación temeraria, ajena a la buena fe objetiva.
4. La sentencia de primera instancia
El 3 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
de primera instancia (índice 2 SAMAI)5, con la cual negó las súplicas de la demanda
con base en el siguiente razonamiento:
1) Ecopetrol SA estaba facultado contractualmente para liquidar de manera
unilateral el contrato celebrado GPS 5201841 de 2006; de igual manera, la parte
actora no demostró que la sociedad demandada hubiese incumplido el referido
negocio jurídico, tampoco está compelida u obligada a restablecer el equilibrio
económico y financiero del mismo.
2) En los contratos del Estado que se regulan por el derecho privado es viable que
las partes negociales puedan pactar cláusulas accidentales que conlleven el
ejercicio de mecanismos tales como la cláusula penal, la imposición de multas, la
terminación o la liquidación unilaterales, siempre que con esas estipulaciones no se
contraríen normas imperativas, las buenas costumbres, el principio de buena fe
objetiva, no se abuse del derecho ni se contravenga el orden público.
3) En ese marco conceptual, para definir la legalidad o ilegalidad de los actos cuya
nulidad se depreca, esto es, la Resolución no. 001 del 15 de abril de 2009 que
4 Archivo: “3ED_01CUADERNOPRINCIPALP(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
5 Archivo: “11ED_103Oct24Sentenciadep(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
liquidó unilateralmente el contrato no. GPS 5201841-2006 y la Resolución no. 002
del 26 de junio de 2009 que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
consorcio contratista, es imprescindible establecer si Ecopetrol SA incumplió las
obligaciones que emanaban del contrato y, además, si debe restablecer el equilibrio
económico y financiero del mismo.
4) Frente a la suspensión de los trabajos de la OT no. 40 se cuenta el proceso con
el oficio número LL-EP/CC215C de fecha 12 de marzo de 2008 suscrito por el
interventor del contrato no. GPS 5201841-2006 y remitido al consorcio contratista,
en el cual se indicó que revisada la información contractual que soportaba la
ejecución de los trabajos se evidenciaron situaciones que impedían la ejecución de
los trabajos en el llenadero de aromáticos, entre otras la ausencia de constitución
de pólizas por parte del contratista que dieran cobertura a los riesgos y la ejecución
de trabajos con tarifas no aprobadas por la sociedad contratante; además, se probó
que la interventoría del contrato efectuó observaciones a la construcción del pilotaje,
motivo por el cual informó a Ecopetrol SA acerca de inconsistencias que reflejaban
una diferencia entre el valor cotizado por el contratista de $140.478.168 respecto de
la suma de $119.234.780 que correspondía a los valores determinados por la
interventoría.
5) Igualmente, a través de un oficio no. 51200-OVB-1751 del 10 de septiembre de
2008 el administrador del contrato puso de presente que el consorcio IE-JV
subcontrató trabajos relacionados con la OT no. 40 sin mediar autorización por parte
de Ecopetrol SA, con lo cual se desconoció la cláusula décima sexta de indemnidad
por el hecho de presentarse quejas por parte del subcontratista relacionadas con
omisiones imputables o atribuibles al contratista; se indicó, por otra parte, que el
consorcio IE-JV presentó a Ecopetrol SA cuenta de cobro por los trabajos de
fabricación, hincada y fundida de concreto de pilotes para el llenadero de
aromáticos; empero, los mismos habían sido subcontratados y el valor cobrado a
Ecopetrol SA resultaba superior al costo real reportado por el subcontratista.
6) En consecuencia, los trabajos de la OT no. 040 relacionados con las
adecuaciones civiles, eléctricas, contra incendio, mecánicas y de instrumentación
en el llenadero de aromáticos de la CGB fueron suspendidos por parte de Ecopetrol
SA con fundamento en las facultades expresamente contempladas en la cláusula
vigésima tercera del contrato y en atención a los eventos allí contemplados, por el
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
hecho de advertir, como se analizó previamente, la configuración de causales
imputables al consorcio IE-JV y, puntualmente, relacionadas con la omisión de
otorgar las pólizas necesarias para dar cobertura a los trabajos que se ejecutaban,
la falta de pólizas de estabilidad de obra, así como también la ausencia de
aprobación de las tarifas utilizadas para garantizar la ejecución de los trabajos.
7) En relación con el desequilibrio contractual reclamado se tiene que la parte actora
no se ocupó de allegar pruebas que demostraran que las situaciones narradas que
le hubieren ocasionado un daño que superara el punto de no pérdida o, que haya
sufrido por su causa una afectación económica de importancia extraordinaria o
anormal; en efecto, no se practicó en este proceso una prueba eficaz y
especializada que demuestre que el consorcio IE-JV haya sufrido durante la
ejecución del contrato no. GPS 5201841-2006 un déficit que pusiera en riesgo su
desarrollo, prueba que no puede desprenderse de los balances financieros por
razón de que dicha documentación refiere la modificación de la situación económica
del consorcio, sin justificar o explicar las causas o las razones de la misma.
8) Es particularmente relevante precisar que, las situaciones que el consorcio
demandante considera como generadoras de mayor permanencia en la obra y que
en su sentir derivaron en el rompimiento del equilibrio económico del contrato,
devienen de la suspensión de las actividades ordenadas en la OT no. 40
relacionadas con la adecuación del llenadero de aromáticos, suspensión que, como
se analizó previamente, no constituyó incumplimiento contractual por parte de
Ecopetrol SA y, por el contrario, devino del incumplimiento por parte del contratista
de las obligaciones por el hecho de no constituir las pólizas exigidas y presentadas
para el contrato e incurrir en tarifas que no se encontraban aprobadas en su totalidad
por la empresa contratante; por consiguiente, aun cuando se presentaron hechos
que dieron lugar a la suspensión de los trabajos de la OT no. 40 no se demostró
una ruptura del equilibrio económico del contrato ni tampoco causación de daños
con ocasión de esa situación; contrario sensu, sí se probó la adopción de las
medidas necesarias para superar las dificultades que se presentaron con el fin de
obtener la ejecución del objeto contractual.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión de primera instancia la parte actora interpuso recurso de
apelación (índice 2 SAMAI)6, el cual fue concedido en auto del 30 de abril de 2025
(índice 2 SAMAI)7 y admitido por esta corporación mediante proveído del 25 de junio
de 2025 (índice 7 SAMAI)8.
El recurso de alzada se sustentó con la siguiente argumentación:
1) En este asunto concreto se practicó un dictamen elaborado por un contador
público, de conformidad con la Ley 43 de 1990 que regula esa profesión.
2) La experticia contable puso de presente que el total de deudas pendientes de
Ecopetrol SA en favor del consorcio contratista ascendió a la suma de
$298´105.000; el perito arribó a esa conclusión a partir del análisis de la revisión de
los documentos contractuales y contables -giros, consignaciones, etc-.
3) Si bien el fallo de primera instancia hizo mención a la teoría de la imprevisión, lo
cierto es que, sobre esa materia el juzgador invirtió, de manera indebida, la carga
de la prueba por el hecho de afirmar que le correspondía a la parte demandante
demostrar que los reajustes y costos asumidos en exceso por el contratista se
debieron a circunstancias anormales e imprevisibles de acuerdo con la taxatividad
del contrato; sin embargo, en el plenario sí obran todas las solicitudes que elevó el
contratista a Ecopetrol SA para que restableciera la ecuación financiera del negocio
jurídico.
4) El tribunal de primera instancia no efectuó una ponderación razonable de los
sucesos específicos contractuales que hicieron que el consorcio demandante no
pudiere continuar con la ejecución de la orden de trabajo no. 40; igualmente, es
pertinente destacar que el consorcio no tenía limitada la posibilidad de subcontratar
las labores o actividades derivadas de la referida orden de trabajo, tanto así que
Ecopetrol SA tenía pleno conocimiento de que el consorcio demandante no tenía
experiencia en obras de pilotaje.
6 Archivo: “14ED_1413DEMAR25Memoriald(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
7 Archivo: “16ED_1630Abr25Autoconcede(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
8 Archivo: “27Autoqueadmite_7286520110007301ADMI(.pdf) NroActua 7”.
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Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5) El incumplimiento injustificado de Ecopetrol SA de pagar cualquiera de los ítems
pactados en el contrato genera o causa, de manera instantánea, el rompimiento del
equilibrio contractual; en suma, la falta de pago de los gastos reembolsables en
favor del consorcio contratista desencadena la responsabilidad patrimonial
contractual de Ecopetrol SA.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna9, en atención a los reparos específicos
contenidos en el recurso de apelación (artículos 320 y 328 CGP) el centro de la
discusión planteada consiste en determinar si quedó establecido el supuesto
incumplimiento que se atribuye a la sociedad demandada o, por el contrario, si el
9 En el asunto materia de análisis, Ecopetrol SA liquidó unilateralmente el contrato celebrado entre
las partes por Resolución no. 001 del 15 de abril de 2009, decisión que fue confirmada -vía recurso
de reposición- mediante Resolución no. 002 del 26 de junio de 2009; en consecuencia, la demanda
radicada el 26 de noviembre de 2010 es oportuna en los términos señalados en el literal d) del
numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998, ordenamiento procesal vigente al momento de interposición de la demanda y cuyo texto es el
siguiente: “En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: (…) d) En los que
requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar
dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe (…)”; igualmente,
es particularmente relevante advertir que, si bien la norma citada hace referencia al “acto” que
apruebe o contenga la liquidación unilateral, se trata de un precepto procesal que también es
aplicable a los contratos y negocios jurídicos de régimen contractual especial o exceptuado, tal como
ocurre con Ecopetrol SA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006,
“por medio de la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol SA y se dictan otras
disposiciones” y el artículo 1º del Decreto 1209 de 1994 -vigente al momento de celebración del
contrato GPS 5201841 de 2006-; por consiguiente, con independencia de que las “resoluciones”
cuestionadas por la parte actora no revistan la naturaleza de actos administrativos, pues, en estricto
sentido, son actos jurídicos de derecho privado en atención al régimen contractual aplicable a la
entidad demandada, lo cierto es que para efectos del cómputo de la caducidad sí son pertinentes las
hipótesis y supuestos establecidos por el legislador en el artículo 136 del CCA, más aún si la norma
procesal se refiere al “acto” que apruebe la liquidación y, por lo tanto, si el legislador no distinguió,
mal haría el intérprete en introducir una diferenciación que limite el ámbito de aplicación de la norma
solo a los supuestos en que se expidan “actos administrativos”. En suma, la demanda se presentó
en tiempo, pues, se cuestiona el contenido de los actos jurídicos de derecho privado que liquidaron
unilateralmente el negocio jurídico y el libelo petitorio se presentó con anterioridad al vencimiento del
término de dos (2) años establecido en la norma.
13
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
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acuerdo al que arribaron las partes en la renegociación del precio hizo que se
superara esa circunstancia.
La Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda, toda
vez que los supuestos incumplimientos y desequilibrios contractuales (i) no fueron
demostrados en el proceso y, (ii) la suspensión de la orden de trabajo no. 40 se
debió a circunstancias imputables, única y exclusivamente, al consorcio
demandante.
Es particularmente relevante advertir que la parte actora aduce en su demanda,
indistintamente y refiriéndose a los mismos hechos que sirven de fundamento a su
reclamación, el incumplimiento de la entidad demandada y el rompimiento del
equilibrio económico del contrato como el origen de su afectación económica,
proveniente de los mayores costos en los que tuvo que incurrir para la ejecución de
los trabajos a su cargo; por consiguiente, resulta necesario precisar que se trata de
dos figuras jurídicas diferentes tanto en su origen como frente a sus consecuencias,
tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación10 en la medida en
que el incumplimiento contractual proviene o se origina en el desconocimiento del
débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato -falta
de ejecución, ejecución tardía o ejecución defectuosa de las prestaciones-, lo cual
genera responsabilidad patrimonial contractual de la parte incumplida (artículo 90
CP) y, en consecuencia, el deber de indemnizar los perjuicios que hubieren
causado; contrario sensu, el restablecimiento del equilibrio económico de un
contrato no surge a partir de una actuación culposa de alguna de las partes, sino de
la afectación o alteración de la equivalencia (sinalagma) de las prestaciones por
diferentes circunstancias que impactan la ecuación o la fórmula económica del
negocio jurídico.
Análisis del caso concreto
2.1 Régimen jurídico contractual aplicable, actos unilaterales y alcance de la
apelación
1) Para la fecha de celebración del contrato no. GPS 5201841, 28 de noviembre de
2006, la naturaleza jurídica de Ecopetrol SA, según lo previsto por el artículo 33 del
10 Cf. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 3 de abril de 2020, expediente 48676, MP Alberto Montaña Plata.
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Decreto-Ley 1760 de 200311 era la de “sociedad pública por acciones”; ahora bien,
de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 las
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
el noventa por ciento (90%) o más de su capital social se someten al régimen
previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado (artículo 93
ibidem)12, de allí que el régimen jurídico aplicable a Ecopetrol SA debía ser el
“previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado”; sin embargo, es
particularmente relevante tener en cuenta lo establecido en los incisos primero y
segundo del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, según los cuales: “Los contratos de
exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así
como los concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e
industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las
competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial
que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades
determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los
contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los
trámites a que deben sujetarse. Los procedimientos que adopten las mencionadas
entidades estatales, desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de
transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley”.
En la medida en que no existían ni “legislación especial” ni disposiciones del manual
de contratación de Ecopetrol SA vigente para la época de los hechos de la demanda,
el contrato no. GPS 5201841 “se sujeta[ba] a las disposiciones del derecho privado,
en especial a “las propias de las empresas y sociedades previstas en el Código de
Comercio y legislación complementaria”, de conformidad con el numeral 4 del
11 Artículo 33.- “La Empresa Colombiana de Petróleos, empresa industrial y comercial del Estado del
orden nacional creada por autorización de la Ley 165 de 1948, mediante el Decreto 0030 de 1951, y
escindida mediante el presente decreto, quedará organizada como sociedad pública por acciones,
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, se denominará Ecopetrol SA, su domicilio principal será
la ciudad de Bogotá, DC y podrá establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el territorio
nacional y en el exterior”.
12 “ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las empresas
industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial
o de gestión económica se sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que
celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación de las entidades estatales”.
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artículo 94 de la Ley 489 de 199813, lo cual descarta la posibilidad de que pudiera
expedir actos administrativos contractuales14.
2) En el asunto de la referencia, el 28 de noviembre de 2006, las partes celebraron
el contrato GPS 5201841-2006 (fls. 415 y siguientes índice 2 SAMAI) cuyo objeto
consistió en (i) la prestación de los servicios de administración, supervisión,
seguridad industrial y física, y control de acceso a las instalaciones que comprenden
los llenaderos de la refinería complejo de Barrancabermeja (GCB) y (ii) la prestación
del servicio de operación de llenado y operación de báscula y mantenimiento de las
instalaciones industriales que comprenden los llenaderos de ventas de propiedad
de Ecopetrol SA, ubicados en la refinería complejo de Barrancabermeja (GCB).
En la cláusula tercera del referido negocio jurídico se pactó el valor del contrato en
la suma global de $150´800.000 (incluido IVA); sin embargo, en el parágrafo tercero
de esa misma estipulación se convino lo siguiente:
“PARÁGRAFO TERCERO: GASTOS REEMBOLSABLES.-
ECOPETROL reconocerá y reembolsará al CONTRATISTA los gastos
(ya sea por suministro de elementos o de servicios) que sean
requeridos para la prestación del servicio objeto de este contrato, por
concepto, entre otros, de: i) compra de materiales, repuestos y equipos
requeridos para el adecuado funcionamiento del llenadero; ii)
mantenimiento especializado de equipos; iii) reparaciones locativas a las
instalaciones industriales y administrativas de los llenaderos principal y de
aromáticos de la Refinería de Barrancabermeja, incluyendo la Oficina de
Ventas, necesarias para la correcta operación, iv) elaboración de estudios
y/o contrataciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento
de los llenaderos; v) instalación, configuración y puesta en operación de
los equipos adquiridos para la medición de las entregas de xileno y tolueno
y su respectiva interfase; vi) instalación, configuración y puesta en
operación de los equipos adquiridos para la medición y entregas de asfalto
y combustóleo; vii) instalación, configuración y puesta en operación del
PLC adquirido para el sistema contraincendios, viii) mejores prácticas en
actividades de seguridad para autorizar el acceso al llenadero tales como
pruebas de alcoholimetría, etc. El procedimiento para determinar los
gastos reembolsables por concepto de suministros de elementos, será
mediante previa autorización de ECOPETROL SA, para lo cual el
contratista deberá presentar tres (03) cotizaciones para todos los
eventuales suministros. En caso de necesitarse suministro de servicios,
autorizados previamente por el Interventor, el reembolso se realizará a las
13 Artículo 94.- “Las empresas y sociedades que se creen con la participación exclusiva de una o
varias empresas industriales y comerciales del Estado o entre estas y otras entidades
descentralizadas y entidades territoriales se rigen por las disposiciones establecidas en los actos de
creación, y las disposiciones del Código de Comercio. Salvo las reglas siguientes: (…)”.
14 Es particularmente relevante advertir que para la fecha de suscripción del negocio jurídico no se
había promulgado la Ley 1118 del 27 de diciembre de 2006, de allí que esa normativa no sea
aplicable a este caso concreto.
16
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tarifas aprobadas por la Regional de Contratación del Magdalena Medio.
Si los servicios no se encuentran en la tabla enunciada, se aplicará la
metodología utilizada para la compra de suministros. Cuando se trate de
compras a representantes exclusivos, no se requerirán las tres (3)
cotizaciones.
En caso de que el CONTRATISTA sea el representante exclusivo o solo él
pueda prestar un servicio determinado, no deberá presentar las
cotizaciones mencionadas pero sí el adecuado soporte que justifique lo
anterior. ECOPETROL reconocerá tratándose de gastos reembolsables
un valor por concepto de administración del 5% sobre el valor del
suministro sin IVA. Este valor no aplicará si se da lo previsto en el párrafo
anterior.
(…)” (fl. 416 índice 2 SAMAI – mayúsculas fijas del original – negrillas de
la Sala).
Con fundamento en la anterior cláusula, las partes celebraron la orden de trabajo
no. 40 (OT no. 40) del 6 de diciembre de 2007 cuyo objeto consistió en la “ejecución
de las adecuaciones civiles, eléctricas, contraincendios, mecánicas e
instrumentación para medición y brazos de llenado del llenadero de aromáticos de
la GCB” (fl. 343 índice 2 SAMAI).
3) De igual manera, la cláusula trigésima cuarta del negocio jurídico previó la
posibilidad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades, así:
“Terminada la ejecución del contrato, el Interventor y el CONTRATISTA
suscribirán el acta de finalización de la ejecución, y dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de firma de aquella, el
CONTRATISTA procederá a cancelar los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal a su cargo, que hubiere sido contratado
para la ejecución del contrato. Las Partes realizarán la liquidación de
mutuo acuerdo del contrato dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de suscripción del acta de terminación de la ejecución. En caso de que el
CONTRATISTA no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el
contenido de la misma dentro del término antes citado, ECOPETROL
podrá proceder a realizar la liquidación unilateral. En el acta de liquidación
de mutuo acuerdo, o en el acto administrativo de liquidación unilateral,
según sea el caso, deben constar, en forma expresa:
a) La declaración de las Partes (o de ECOPETROL si la liquidación es
unilateral) acerca del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada
una de las Partes, con ocasión de la ejecución de este contrato;
b) La constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA frente a los Aportes Parafiscales (pagos a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje) durante toda la vigencia del presente
contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas.
En el evento en que el CONTRATISTA no haya realizado totalmente los
aportes correspondientes, ECOPETROL retendrá las sumas adeudadas
en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
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recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes
de salud y pensiones.
c) La verificación del cumplimiento de los pagos del CONTRATISTA a los
trabajadores y subcontratistas que participaron en la ejecución del
presente contrato, por concepto de salario o remuneración pactada. En el
evento en que el CONTRATISTA no se encuentre a paz y salvo con sus
trabajadores o subcontratistas, ECOPETROL podrá retener de los saldos
a favor del CONTRATISTA las sumas correspondientes, y proceder a
pagar lo adeudado por el CONTRATISTA (…)” (fls. 416 y siguientes –
índice 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas del original).
4) Estima la Sala que la resolución por medio de las cual se liquidó unilateralmente
el contrato no tiene la naturaleza de acto administrativo, con independencia del
pacto contenido en la referida cláusula trigésima cuarta, en tanto que Ecopetrol SA
obró despojado de cualquier prerrogativa excepcional que le permitiera imponer
decisiones revestidas de presunción de legalidad a su contraparte y, por ende, el
hecho de que se haya pretendido su nulidad (control de legalidad) no es óbice para
que las pretensiones de la demanda puedan y deban resolverse de fondo.
5) Los instrumentos jurídicos unilaterales de los que se vale el Estado para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, velar por la protección del
patrimonio público o garantizar la continuidad de la obra y/o del servicio prestado no
son prerrogativas o potestades propias y exclusivas de los negocios jurídicos en los
que interviene la administración pública, aspecto sobre el cual es pertinente precisar
lo siguiente:
a) De vieja data la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la validez de las cláusulas
contractuales que incorporan facultades en favor de uno de los sujetos contratantes,
precisamente para procurar el cumplimiento del negocio jurídico; en sentencia del 2
de diciembre de 1960 la Sala de Casación Civil y Agraria, en relación con la
posibilidad de hacer efectivo el pacto de reserva de dominio de forma unilateral, sin
la mediación del juez, con la simple intervención de la policía, precisó lo siguiente:
“Si las cláusulas contractuales dictadas por la experiencia en ciertas
ramas de especulación mercantil pudieran aparecer revestidas de
extremada severidad para la clientela, ello sería conducente a descubrir
el escaso desarrollo del crédito en medios económicos acaso no muy
avanzados, o el complejo de factores prácticos que aumentan riesgos en
la vida de los negocios por fuerza de las circunstancias. Pero tal
severidad, por sí sola y en el campo jurídico, no demuestra atentado
contra el orden público o las buenas costumbres, como límites
infranqueables que son para la autonomía de la voluntad de las partes
dentro del régimen legal de contratación. Es necesario, entonces,
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
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contemplar de cerca el significado y alcance concreto de las
estipulaciones, para desprender las consecuencias jurídicas de la
convención”15.
Como se advierte, el denominado unilateralismo contractual no debe confundirse,
en modo alguno, con el ejercicio de poderes o potestades excepcionales o
exorbitantes, pues, aquel consiste en las facultades de origen convencional que de
manera expresa, libre y autónoma se otorgan las partes contratantes para que una
de ellas pueda garantizar o velar el cumplimiento del contrato o la protección de los
recursos comprometidos en el negocio jurídico, sin tener que acudir ante el juez del
contrato, de modo que permiten actuar con inmediatez y eficacia.
b) A partir de ese contexto, el vocablo “prerrogativa” en el derecho moderno de
contratos tiene un contenido y alcance distinto al que tradicionalmente se le ha
asignado en derecho público, esto es, como “facultad importante de alguno de los
poderes supremos del Estado, en orden a su ejercicio o a las relaciones con los
demás poderes de clase semejante”16; en esa perspectiva, la posibilidad de las
partes contratantes de atribuir, consensualmente, potestades unilaterales evidencia
que estos poderes contractuales son válidos siempre y cuando no se ejerzan de
manera arbitraria o ilegal, con estricto apego a la ley, al contrato, al orden público y
a los principios y postulados que se integran de forma accidental al negocio jurídico
(v gr buena fe objetiva).
c) En este punto, es importante precisar que debido a la clasificación o
categorización de los contratos estatales entre los regidos por la Ley 80 de 1993
(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) y los previstos en
regímenes exceptuados, la forma, el contenido, el alcance y el control de los actos
contractuales unilaterales es completamente disímil, para lo cual será necesario
analizar el régimen jurídico aplicable en cada caso concreto.
d) Además, es relevante observar que el control de este tipo de actos jurídicos de
derecho privado se realiza sobre la premisa de que no son administrativos y, por lo
tanto, no se demandan con la invocación de cargos de anulación, sino que, por el
contrario, su validez se determina en los términos del derecho privado, esto es,
15 MP José Hernández Arbeláez.
16 https://dle.rae.es/prerrogativa Diccionario de la Lengua Española, Edición Tricentenario,
actualización 2022.
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Actor: Consorcio IE-JV
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Apelación de sentencia
definir (i) si son negocios jurídicos de adhesión, (ii) si el contratista tuvo o no
capacidad de negociación y, finalmente, (iii) si el ejercicio de esas facultades
comportó o no un abuso del derecho o de la posición dominante.
En esa perspectiva, el ejercicio de este tipo de facultades unilaterales no tiene
control de validez con apoyo en las causales de nulidad de los actos administrativos,
toda vez que carecen de esta naturaleza, pues, su control se realiza o efectúa a
través del orden público, las buenas costumbres, el principio de buena fe y la teoría
del abuso del derecho.
e) Tampoco puede afirmarse que estos poderes unilaterales constituyan o
configuren una condición meramente potestativa en los términos del artículo 1535
del Código Civil.
f) En ese contexto, es importante recalcar que este tipo de actos jurídicos no
ostentan la naturaleza de administrativos y, por lo tanto, no son técnicamente
susceptibles de ser anulados o retirados del mundo jurídico por su invalidez; sin
embargo, sí pueden ser controlados los efectos económicos que generan en la
esfera patrimonial de la contraparte; por manera que, es perfectamente viable y
plausible que se analice si el ejercicio unilateral comportó una arbitrariedad o
injusticia por el ejercicio abusivo de la cláusula17.
6) En ese orden de ideas, en este caso concreto la Sala no examinará la validez de
las Resoluciones 001 y 002 de 2009 proferidas por Ecopetrol SA, sino que, el
estudio se concentrará en definir si la sociedad demandada incumplió el contrato
celebrado entre las partes y, de otra parte, si se demostró el desequilibrio financiero
del negocio, circunstancia alegada por la parte demandante en el recurso de
apelación.
17 Cf. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 27 de febrero de 2026, exp. 71.526, MP Alberto Montaña Plata, con salvamento de
voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez, por estimar que en este tipo de supuestos es
perfectamente posible, además, que el control sobre este tipo de actos unilaterales se efectúe con
miras a establecer si se afectaron o lesionaron los derechos fundamentales constitucionales del
debido proceso y de defensa del contratista, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional (sentencias T-534 de 2023, T-852 de 2010, etc.).
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
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Apelación de sentencia
7) Adicionalmente, debe observarse que la competencia del superior funcional o
juez de segunda instancia está limitada a los aspectos y argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio, en los
casos previstos en la ley (artículo 328 CGP – v gr caducidad, indebida escogencia
del medio de control, falta de legitimación en la causa, etc)18, ese es el marco de
competencia y de acción del juez de la impugnación.
En esa dirección, esta corporación ha precisado que la carga de sustentación no se
satisface con la simple manifestación genérica de disenso frente a la providencia
apelada y, por el contrario, que el recurrente tiene la carga procesal de identificar
los argumentos de censura en contra la decisión que se pretende controvertir, pues,
por regla general, estos delimitan los temas objeto de control por parte del ad
quem19.
En consecuencia, la interpretación que favorece el efecto útil del artículo 320 del
CGP, así como también la finalidad del legislador (método hermenéutico finalístico)
es la que propende porque se exija que en el recurso de apelación se expresen o
consignen los reparos concretos y específicos en contra de la providencia de
primera instancia, sin que sea permitido, simplemente, reiterar o insistir en el
concepto de violación de la demanda, sin indicar, concretamente, los yerros de
hecho, de derecho, procedimentales o de raciocinio en que incurrió el a quo en la
decisión objeto de impugnación.
8) De igual manera, es importante destacar que en reciente pronunciamiento del 12
de abril de 2024 esta Sala concluyó lo siguiente sobre el tema objeto de análisis 20:
“Así las cosas, la apelación únicamente hizo un recuento probatorio y
una reproducción de las imputaciones hechas en la demanda lo cual
no se opone a las razones que sustentaron la decisión de negar las
pretensiones, pues, no se expuso ni se desarrolló ningún sustento
fáctico, precepto normativo o planteamiento lógico que permita
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, exp. 2012-00395 (IJ).
19 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2022, exp. 20005-23-26-000-2012-00402-01 (49.319),
MP Alberto Montaña Plata; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de diciembre de 2022, exp. 23001-23-31-000-2013-00042-
02 (61.440), MP José Roberto Sáchica Méndez y, iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 8 de abril de 2022, exp. 05001-23-33-000-
2021-00833-01(68.199), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 65.756.
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Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
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Apelación de sentencia
controvertir los extremos de ese análisis, la forma en que se hizo o
las conclusiones a las que llegó y, la ausencia de contradicción
obliga a confirmar el fallo apelado porque la Sala carece de razones
para estudiar la decisión impugnada21.
En efecto, la posición unificada de la Sección Tercera22 sobre la materia
indica que el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen en contra de la decisión adoptada en primera instancia,
razón por la cual no basta con la sola interposición del recurso, por cuanto
es necesario señalar las razones que controvierten las conclusiones que
sustentan la sentencia impugnada y es por ello que el artículo 320 del
Código General del Proceso (CGP) prevé que el superior puede examinar
‘la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante’” (destaca la Sala).
En síntesis, el artículo 320 del CGP, aplicable en virtud de la remisión normativa
expresa contenida en el artículo 306 del CPACA, establece una carga procesal en
cabeza de la parte recurrente en el sentido de exigir que se formulen reparos
concretos y específicos en contra de la sentencia apelada.
2.2 Análisis de los cargos de la impugnación
En la forma y términos en los que está planteada la impugnación se tiene que la
parte demandante y recurrente limitó las inconformidades frente a la decisión de
primera instancia a los siguientes aspectos: i) la falta de valoración del dictamen
pericial contable practicado en el proceso, según el cual Ecopetrol SA adeuda al
consorcio contratista la suma de $298´105.000; ii) la supuesta inversión de la carga
probatoria que habría efectuado el a quo respecto de la teoría de la imprevisión
invocada por la parte actora, por el hecho de sostener que le correspondía al
consorcio contratista probar los reajustes, los costos en exceso asumidos, así como
las circunstancias anormales e imprevisibles que impactaron la ecuación financiera
del contrato; iii) la ausencia de ponderación razonable del tribunal para sostener que
el consorcio tenía limitada la posibilidad de subcontratar las actividades derivadas
de la OT no. 40 y, iv) no decretar el incumplimiento de Ecopetrol SA por no
reembolsar las sumas adeudadas por concepto de las tareas adelantadas con
ocasión de la referida orden de trabajo no. 40.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
59.465, MP Fredy Ibarra Martínez.
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21.060, MP Mauricio Fajardo Gómez.
22
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2.2.1 La falta o ausencia de valoración del dictamen pericial contable
1) El tribunal de primera instancia designó (fls. 576 y 577 índice 2 SAMAI)23 a la
señora Nora Jiménez Pedrozo, contadora pública, para que rindiera un dictamen
contable con fundamento en los estados financieros del consorcio IE-JV; la perito
afirmó que el total de deudas pendientes por pagar, con corte a febrero de 2009, en
favor del consorcio ascendía a la suma de $298´105.000 (fls. 585 a 607 índice 2
SAMAI), valor arrojado del análisis de costos y sobrecostos asumidos por el
contratista.
2) Por su parte, Ecopetrol SA objetó por error grave la referida experticia por
considerar que no se explicaron las técnicas empleadas para su elaboración y no
se aportaron los documentos en que se soportaron las conclusiones señaladas; el
tribunal de primera instancia en la sentencia denegó la objeción por error grave
propuesta; sin embargo, se abstuvo de valorar el dictamen pericial.
Sobre el particular es pertinente destacar que, si bien la objeción por error grave
formulada frente al dictamen no prosperó y, además, ese específico aspecto de la
controversia no fue materia de censura vía recurso de apelación, ello no supone
que deba otorgársele mérito probatorio automático a la experticia, tal como lo
precisó de manera reciente la jurisprudencia de esta Sala24; lo anterior, porque al
dictamen no le es aplicable la presunción de veracidad contenida en el artículo 10
de la Ley 43 de 1990:
“Artículo 10. La atestación o firma de un Contador Público en los actos
propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el
acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los
estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se
presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros,
que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en
ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en
la fecha del balance.
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en
materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de
las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las
actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades
de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes”.
23 Archivo: “3ED_01CUADERNOPRINCIPALP(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, exp. 68.495,
MP Diego Enrique Franco Victoria. En similar sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 10 de noviembre de 2024, exp. 70.529, MP Fredy Ibarra Martínez.
23
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 43 de 199025,
el dictamen o la opinión profesional debe ser clara, detallada y precisa; por
consiguiente, carecen de eficacia probatoria aquellos dictámenes que (i) no indican
los soportes que fueron empleados para su elaboración o (ii) se limiten a realizar
afirmaciones genéricas respecto de los documentos que supuestamente sustentan
o fundamentan las conclusiones26.
3) En este caso concreto, el perito se limitó a realizar afirmaciones generales sobre
los libros contables y los supuestos costos adicionales en que supuestamente
incurrió el consorcio contratista en la ejecución del contrato, pero no identificó los
soportes que tuvo en cuenta para soportar sus conclusiones ni tampoco explicó el
estudio ni la metodología empleada sobre los libros de contabilidad.
4) En esa perspectiva, no le asiste razón a la parte demandante en cuanto sostiene
que el daño reclamado, consistente en las sumas supuestamente dejadas de pagar
por parte de Ecopetrol SA al consorcio contratista, está debidamente demostrado
con el dictamen contable practicado en el trámite procesal, pues, se reitera, la
experticia no precisó la metodología empleada y se abstuvo de aportar la
documentación en que se soportaron las conclusiones.
2.2.2 La supuesta inversión de la carga de la prueba del desequilibrio
económico del contrato
1) De conformidad con el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los
artículos 168 y 267 CCA, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para
que se produzca el efecto pretendido ya que, la sola afirmación de la parte
demandante no es suficiente para acreditarlo; además, no sobra recordar que las
normas procesales son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento
para las partes, los sujetos procesales y para el juez (artículo 13 CGP).
2) Ahora bien, la ruptura del equilibrio económico del contrato debe probarse por la
parte que la alega, tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, por manera
que, no le asiste razón a la parte recurrente al aducir que el a quo invirtió de manera
25 “Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un Contador Público, deberá ser claro,
preciso y ceñido estrictamente a la verdad”.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de enero de 2022, exp. 52.121, MP Martín Bermúdez Muñoz.
24
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
injustificada la carga probatoria por el hecho de asignarle el deber al contratista de
demostrar las circunstancias anormales y extraordinarias que, supuestamente,
generaron los sobrecostos reclamados con ocasión de la ejecución de las
actividades de la orden de trabajo no. 40.
3) En el asunto materia de análisis fue plenamente establecido que Ecopetrol SA
actuó amparado por las estipulaciones contractuales, concretamente, en el marco y
techo legal que le brindaba la cláusula trigésima del contrato GPS 5201841-2006
cuyo tenor literal es el siguiente:
“La suspensión del contrato procederá cuando no sea posible ejecutar
total o parcialmente las obligaciones emanadas del mismo. Las Partes
podrán suspender el contrato de mutuo acuerdo, cuando acaezcan
circunstancias imprevistas, ajenas a ellas y que escapen a su control,
haciendo necesaria la suspensión del contrato o de obligaciones
emanadas del mismo.
Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del contrato
(…)
De otra parte y sin perjuicio de la aplicación de medidas correctivas
o sancionatorias previas en este contrato, ECOPETROL podrá
ordenar la suspensión total o parcial del mismo, por las causas que
se mencionan a continuación, las cuales se consideran totalmente
imputables al CONTRATISTA:
a) Cuando el objeto del contrato no se esté ejecutando con sujeción a las
condiciones técnicas y las especificaciones convenidas.
b) Por infracción a las normas de seguridad aplicables.
c) Cuando el contratista adelante servicios cuya ejecución haya sido
expresamente rechazada por ECOPETROL.
d) Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido
aprobadas ni autorizadas por el Interventor del Contrato.
PARÁGRAFO: En el evento en que, finalizado el plazo estimado de
suspensión del contrato o de obligaciones emanadas del mismo, el
CONTRATISTA no reiniciase su ejecución, ECOPETROL podrá adoptar
las medidas correctivas o sancionatorias previstas en este contrato” (fls.
416 y siguientes índice 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas del original –
negrillas adicionales).
En ese contexto fáctico y probatorio, en el asunto de la referencia quedó demostrado
que el contratista no otorgó las pólizas exigidas por Ecopetrol SA para la ejecución
de los trabajos que se pretendían adelantar en el llenadero de aromáticos; en efecto,
a través del oficio no. LL-EP/CC215C del 12 de marzo de 2008 el interventor del
contrato GPS 5201841 advirtió lo siguiente: “las pólizas exigidas y presentadas para
el contrato 5201841 no dan cobertura a los trabajos que se están adelantando en el
llenadero de aromáticos; adicionalmente, no existe dentro de las citadas pólizas
25
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
alguna referente a la estabilidad de la obra. Las tarifas utilizadas para autorizar la
ejecución de los trabajos no se encuentran aprobadas en su totalidad (…)” (fl. 320
índice 2 SAMAI).
Con fundamento en lo anterior Ecopetrol SA decidió suspender la ejecución de los
trabajos con apoyo, se reitera, en la cláusula trigésima del contrato GPS 5201841-
2006.
4) En ese orden de ideas, le correspondía a la parte demandante demostrar que la
sociedad demandada suspendió de manera arbitraria e injustificada las actividades
contratadas a través de la OT no. 40; empero, en el recurso de apelación el
consorcio contratista se limitó a alegar que se invirtió la carga de la prueba en su
contra, sin que se hubiera especificado qué pruebas o medios de convicción daban
cuenta de que Ecopetrol SA no debió suspender la ejecución de las obras que se
desarrollaban en el llenadero de aromáticos de la refinería complejo de
Barrancabermeja, así como también los supuestos aleas anormales y
extraordinarios que generaron sobrecostos en la ejecución de las obras propias de
la referida orden de trabajo.
5) En similar sentido, la interventoría del contrato formuló observaciones respecto
de las labores de construcción e instalación de pilotes dado que advirtió que se
encontraron inconsistencias entre el valor cotizado por el contratista ($140´478.168)
y el valor real en criterio de la interventoría ($119´234.780) (fls. 306 y 307 índice 2
SAMAI); por consiguiente, le correspondía a la parte actora desvirtuar los oficios e
informes de la interventoría en relación con los hallazgos y observaciones frente a
las labores de la OT no. 40.
En suma, las afirmaciones efectuadas en el recurso de apelación no están
soportadas fáctica y probatoriamente; por manera que, no desvirtúan las
conclusiones a las cuales arribó el tribunal de primera instancia.
2.2.3 La falta de ponderación razonable por estimar que el consorcio tenía
limitada la posibilidad de subcontratar las actividades derivadas de la
OT no. 40
1) El extremo demandante sostiene, de otra parte, que Ecopetrol SA reprochó
indebidamente el hecho de que el consorcio IE-JV hubiese subcontratado las obras
26
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
convenidas en la OT no. 40 relativas a adecuaciones locativas y de seguridad del
llenadero de aromáticos de la refinería complejo de Barrancabermeja.
2) Examinado el clausulado contractual advierte la Sala que, efectivamente, no
existe una estipulación o convención que limitara la posibilidad de subcontratar las
actividades y obras objeto de la OT no. 40; sin embargo, está plenamente acreditado
que el consorcio demandante desatendió los postulados de la buena fe objetiva
(artículos 1603 del CC27 y 871 del C Co28), por el hecho o circunstancia de haber
presentado y efectivamente cobrado la cuenta no. 004-08 del 21 de enero de 2008,
por un valor de $141´916.664 como remuneración por los trabajos correspondientes
a la “fabricación, hincada y fundida en concreto de los pilotes para el llenadero de
aromáticos”; no obstante, el subcontratista José Miguel Parada Rueda radicó una
queja ante Ecopetrol SA debido a la falta de pago, precisamente de las
mencionadas labores subcontratadas y que correspondieron a la instalación de los
pilotes del llenadero de aromáticos.
La buena fe objetiva29, como principio negocial que se incorpora a todo contrato
válidamente celebrado, impone deberes secundarios de conducta a los contratantes
o sujetos negociales entre los que se hallan, entre otros, el deber de información, el
deber de lealtad, el deber de confidencialidad, el deber de custodia y de seguridad,
el deber de colaboración y el deber de no atentar contra los propios actos
(coherencia), etc.
27 “ARTÍCULO 1603. EJECUCIÓN DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y
por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
28 “
ARTÍCULO 871 PRINCIPIO DE BUENA FE. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse
de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad
natural”.
29 En materia contractual los acuerdos deben ejecutarse de buena fe (artículo 1603 del Código Civil)
y, por lo tanto, las partes no solo quedan obligadas a lo convenido expresamente, sino también a
ciertos deberes o mandatos de optimización que se desprenden de ese principio general del derecho
que se incorpora a cualquier acto jurídico. Ahora, si bien existe un deber de información de los
contratantes, lo cierto es opera una carga correlativa denominada de “sagacidad” que conlleva dos
deberes, esto es, “autoinformación” y de “conocimiento”, por lo cual ambos sujetos de la relación
negocial no solo deben informar, de manera adecuada y suficiente, al otro extremo contratante sino
que, igualmente, están obligadas a autoinformarse y actualizar el conocimiento respecto del
contenido y alcance de las obligaciones que emanan del correspondiente acuerdo de voluntades. Al
respecto consultar: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de
noviembre de 1936, MP Ricardo Hinestrosa Daza, GJ, XLIV, 1918-1919, pág. 481.
27
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) En efecto, mediante oficio no. 2-51200-OVB-1751 del 10 de septiembre de 2008
(fls. 389 a 391 índice 2 SAMAI) el administrador del contrato GPS 5201841-2006 le
pidió explicaciones al representante legal del consorcio IE-JV en relación con la
queja presentada por el subcontratista José Miguel Parada Rueda; Ecopetrol SA
invocó la cláusula décima sexta del negocio jurídico (indemnidad) por el hecho de
advertir varias circunstancia anómalas o irregulares: i) que el consorcio pidió
autorización “directa” para ejecutar las actividades de la OT no. 40; ii) que nunca se
informó a Ecopetrol SA sobre la posibilidad de subcontratar algunas de las
actividades u obras propias de la OT no. 40; iii) que tampoco se pidió autorización
para subcontratar la instalación de los pilotes del llenadero de aromáticos; iv) que el
consorcio radicó cuenta de cobro por las labores subcontratadas; v) que los valores
fueron efectivamente pagados al contratista y, vi) que el contratista no canceló las
sumas acordadas con el subcontratista José Miguel Parada Rueda.
4) El apoderado de la parte actora se limitó a reprochar que el tribunal de primera
instancia hubiera sostenido que cualquier tipo de subcontrato requería de previa
autorización de Ecopetrol SA; pero, no refirió ninguna prueba o medio de convicción
que desvirtuara el contenido y alcance del mencionado oficio no. 2-51200-OVB-
1751 del 10 de septiembre de 2008, más allá de las comunicaciones cruzadas entre
las partes.
2.2.4 No decretar el incumplimiento de Ecopetrol SA por el hecho de no
reembolsar las sumas adeudadas
1) El artículo 90 de la Constitución Política regula la responsabilidad patrimonial del
Estado; para que se desencadene la obligación resarcitoria es imperativo que se
acrediten, entre otros, dos elementos, esto es, i) el daño antijurídico y ii) la
imputación al Estado30.
2) En este caso específico, la parte actora aduce que la falta de reembolso de las
sumas adeudadas por cuenta de la ejecución de las actividades de la OT no. 40
genera responsabilidad patrimonial contractual de Ecopetrol SA, por cuanto
conlleva un incumplimiento de la cláusula tercera del negocio jurídico.
30 Cf. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero.
28
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) La Sala reitera que la parte actora no demostró el daño alegado ni tampoco que
existiera un incumplimiento atribuible a Ecopetrol SA; contrario sensu, del acervo
probatorio es factible establecer de manera clara y fehaciente que el consorcio
contratista desatendió obligaciones -constituir las pólizas requeridas- y atentó contra
el principio de buena fe contractual, como se analizó y concluyó previamente.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada debido a que no se demostró
el daño alegado ni menos aún el incumplimiento atribuido a la sociedad demandada
y, por lo tanto, no se configuró la responsabilidad patrimonial contractual del Estado
regulada en el artículo 90 de la Constitución Política.
Conclusión
La Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda en
tanto que no se probó el daño alegado, el incumplimiento invocado ni tampoco el
supuesto desequilibrio económico del contrato celebrado entre las partes; por el
contrario, se demostró que el consorcio contratista desconoció los deberes y cargas
que emanaban del principio de buena fe objetiva incorporado al negocio jurídico,
razón que justificó que Ecopetrol SA suspendiera las actividades de la orden de
trabajo no. 40 y procediera a la liquidación unilateral del contrato celebrado.
Condena en costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que la parte vencida, esto es, la parte actora, no obró de esa forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida el Tribunal
Administrativo de Santander.
29
Expediente: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72.865)
Actor: Consorcio IE-JV
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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