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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00575-03

Permanente o temporal de inmuebles

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00575-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y cinco mil pesos $55’895.000 para el Municipio de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A., en partes iguales; la suma de dinero establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso los señores Rafael Ernesto Tristancho Mutis y Alfredo Valeck Tristancho, en partes iguales. 14 La demanda se presentó el 20 de marzo de 2013. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente para ese momento. 28 Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050) Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros Referencia: medio de control de reparación directa TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2013-00575-03

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)

Actor: ALFREDO VALECK TRISTANCHO Y OTRO

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OCUPACIÓN
PERMANENTE O TEMPORAL DE INMUEBLES / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA– la parte demandante no logró acreditar la titularidad del
derecho real de dominio sobre el predio.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda la responsabilidad extracontractual de Metrolínea S.A. y otros, por los
perjuicios causados a los demandantes, por la construcción de la Estación de
Transferencia Provenza Costado Oriental, en un predio que, según los demandantes,
era de propiedad de su abuelo materno.

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de abril de 2013, los señores Alfredo Valeck Tristancho y Rafael Ernesto Mutis
Tristancho, mediante apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra el Área Metropolitana de Bucaramanga,
Metrolínea S.A., el Municipio de Bucaramanga, La Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro.

La parte demandante solicitó que se profirieran las siguientes declaraciones y
condenas:

PERJUICIOS MORALES

A) A ALFREDO VALEK TRISTANCHO en su condición de NIETO del señor
PEDRO VICENTE TRISTANCHO por concepto de perjuicios morales que ha
sufrido y está sufriendo pagándole el equivalente a 500 salarios mínimos legales
a la fecha de ejecutoria del fallo.

B) A RAFAEL MUTIS TRISTANCHO en su condición de nieto del señor PEDRO
VICENTE TRISTANCHO por concepto de perjuicios morales que ha sufrido y está
sufriendo pagándole el equivalente a 500 salarios mínimos legales a la fecha de
la ejecutoria del fallo.

Reconocer a mis poderdantes un interés no inferior al seis por ciento (6%) anual,
aumentados de acuerdo al incremento promedio que en el mismo período haya
tenido el índice de precios al consumidor, sobre las sumas que resulten a su favor,
desde la fecha en que el fallo deba cumplirse hasta el día que el pago se haga en
su totalidad.

PERJUICIOS MATERIALES

Los estimo en una suma superior a los $5.000.000.000. teniendo en cuenta el área
de terreno que se tomó de manera irregular la empresa METROLÍNEA S.A., con
la aquiescencia de las entidades que debieron “intervenir” de manera directa o
indirecta en la planificación y ejecución de la obra, teniendo en cuenta el valor
actual del metro cuadrado en el sector.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró:

El señor Pedro Vicente Tristancho Trillos era el padre de Ana Tristancho de Valeck,
Amira Tristancho de Mutis, Rodrigo Alfonso Tristancho, Heriberto Tristancho, Ligia
Tristancho de Cáceres y Mery Tristancho. La señora Tristancho de Valeck era la
madre del demandante Alfredo Valeck Tristancho, y la señora Tristancho de Mutis fue
la madre del señor Rafael Mutis Tristancho.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

El señor Pedro Vicente Tristancho Trillos, abuelo de los demandantes, adquirió un
inmueble de mayor extensión denominado «Hacienda El Diamante», ubicado en el
barrio San Luis en Bucaramanga, Santander. El inmueble, según manifestaron,
contaba con un área aproximada de 97.000 metros cuadrados y se identifica con la
matrícula inmobiliaria 300-180522 y el número de identificación predial 01-04-0040-
0001-000, de conformidad con la escritura pública 490 del 4 de mayo de 1934 de la
Notaría Primera de Bucaramanga. El referido inmueble fue comprado a los señores
Ezequiel Alarcón, Flor de María Rodríguez de Alarcón y Luis Francisco Alarcón.

Mediante la escritura pública 233 del 22 de febrero de 1938 de la Notaría Primera de
Bucaramanga, el señor Tristancho Trillos transfirió el 50% de su derecho sobre la
Hacienda el Diamante, al señor Roberto Parra. Posteriormente, a través de la
Escritura Pública 605 del 15 de abril de 1939, el señor Roberto Parra transfirió el 50%
del predio al señor Pedro Vicente Tristancho Trillos.

En los diferentes negocios que efectuó, el señor Tristancho Trillos se reservó todas
las «cañadas y hondonadas, entre ellas el inmueble identificado con el número predial
010407490086000 y matrícula 180522».

El señor Pedro Vicente Tristancho Trillos falleció en 1970. El trámite de la sucesión
se encontraba aún en curso, al momento de la presentación de la demanda, ante el
Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga.

Metrolínea S.A., en el mes de diciembre de 2010, adelantó las obras de construcción
de la Estación de Transferencia Provenza Costado Oriental de Metrolínea S.A. sobre
el inmueble identificado con número predial 01-04-0040-0001-000 y con matrícula
inmobiliaria 300-180522, de propiedad del señor Tristancho Trillos. Para la ejecución
de esa obra se requirió la intervención de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, del
Área Metropolitana, del CDMB, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de Metrolínea S.A.

La obra fue adelantada sin: (i) la autorización de los sucesores del señor Tristancho
Trillos; (ii) efectuar el respectivo desenglobe del predio de mayor extensión; (iii) haber
adelantado negocio jurídico alguno con los herederos; (iv) expropiación administrativa
o judicial; (v) orden judicial alguna que lo autorizara.

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

Señalaron que, de manera preventiva, informaron a la Inspección de Policía de
Bucaramanga y presentaron querella policiva ante la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, el 12 de enero de 2011, por perturbación a la posesión, perturbación
a la propiedad, perturbación al uso y goce de la propiedad privada, daño en bien
ajeno, ocupación de hecho, invasión de tierras y daño ambiental, pero la querella solo
fue admitida el 3 de mayo de 2011. También informaron de esa situación a la
Procuraduría Regional de Santander, el 21 de octubre de 2010.

A la fecha de presentación de la demanda, Metrolínea S.A. culminó y puso en
funcionamiento la Estación de Transferencia Provenza Costado Oriental de
Metrolínea S.A.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Mediante auto del 20 de mayo de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga remitió, por competencia, el expediente al Tribunal Administrativo de
Santander, toda vez que la estimación razonada de la cuantía establecida en la
demanda superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En providencia del 19 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander
rechazó la demanda, con fundamento en que había operado la caducidad del medio
de control de reparación directa, por cuanto los demandantes conocían desde el año
2010 la ocupación y el proyecto que se iba a desarrollar en el predio identificado con
matrícula inmobiliaria 300-18052. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

Mediante auto del 12 de marzo de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la providencia recurrida y, en su lugar, inadmitió la
demanda («para que allegara la totalidad de las copias de la demanda, sus anexos y
la copia magnética»). Como fundamento de su decisión consideró que del material
probatorio allegado al expediente no era posible establecer la fecha de terminación
de la obra pública, por lo que, en esas condiciones, se debía dar aplicación a los
principios pro actione y pro damato.

En providencia del 27 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda y ordenó notificarla a las entidades demandadas, al Ministerio
Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

2.2. El Área Metropolitana de Bucaramanga solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
porque los demandantes no demostraron la propiedad ni la posesión del inmueble
con matrícula inmobiliaria 300-180522, así como tampoco la inscripción de la
posesión efectiva de la herencia del señor Pedro Vicente Tristancho Trillos, en los
términos de los artículos 757 del Código Civil y 607 del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no fue la entidad que ejecutó las obras, pues estas fueron realizadas
por Metrolínea S.A.

2.3. Metrolínea S.A. indicó que la obra fue ejecutada en el predio, con número predial
010400400001000 y con matrícula inmobiliaria 300-135847, era propiedad del
Municipio de Bucaramanga desde 1967, por cesiones tipo A que le hizo la sociedad
Palmera Limitada, las cuales fueron protocolizadas en la escritura 2067 del 30 de
junio de 1967, en la Notaría Segunda de Bucaramanga.

Señaló que con la cesión de los terrenos ubicados en la urbanización el Diamante I,
el bien adquirió la calidad de uso público y, por tanto, no era susceptible de ser
adquirido por particulares. Adicionalmente, sostuvo que el bien inmueble en el que se
construyó la estación Oriental Provenza se encuentra registrado en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos bajo el número 300-135847, por lo que con los
documentos aportados con la demanda, los demandantes no acreditaron la propiedad
sobre el referido inmueble.

Solicitó que se declarara la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
Al respecto, argumentó que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1504 de
1988, la estructura objeto de cuestionamiento corresponde a un paradero, que hace
parte de los elementos que conforman el espacio público y, en aplicación al POT de
Bucaramanga es una zona de equipamiento urbano dedicada a la prestación de
servicios relacionados con el sistema integrado de transporte. Reiteró que el inmueble
en cuestión es propiedad del Municipio de Bucaramanga, en virtud del contrato de
cesión.

Explicó que con el fin de ejecutar la obra, le solicitaron a la oficina de registro de
instrumentos públicos el certificado de libertad y tradición, como consta en el oficio

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

del 7 de octubre de 2009, suscrito por el director de la Defensoría del Espacio Público
de Bucaramanga, con la escritura pública de cesión.

Señaló que como el área objeto de intervención era una zona sísmica 2B, la
Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga profirió la Resolución
009724 del 11 de agosto de 2009, a través de la cual aprobó el documento de
seguimiento y control ambiental para el proyecto. Posteriormente, solicitaron a la
Oficina Asesora de Planeación la autorización para la ejecución de la obra.

2.4. La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que el número de matrícula
inmobiliaria 300-180522 fue abierto con ocasión de la escritura 1064 del 11 de abril
de 1991 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, en el que actuó como otorgante el
señor Rodrigo Alfonso Tristancho Carvajal «quien no era el propietario», y en razón a
que este no había sido facultado para realizar actos de disposición sobre el bien
inmueble, se ordenó que el acto se consignara como «falsa tradición». Contra esa
decisión se interpusieron recursos de reposición y apelación. La decisión fue
confirmada mediante la Resolución 12529 del 27 de diciembre de 2012.

Propuso como excepción la inexistencia del daño y del nexo causal, porque no se
advertía que, de conformidad con los hechos de la demanda, fuera posible imputarle
responsabilidad alguna.

2.5. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no participó en la ejecución de las obras
que, en criterio de la parte demandante, le ocasionaron los perjuicios que se estaba
reclamando.

Adicionalmente, sostuvo que en el presente proceso se configuró la caducidad de la
acción, pues de conformidad con los hechos de la demanda, las obras ejecutadas por
Metrolínea S.A. tuvieron lugar desde el mes de diciembre de 2010, y como el
agotamiento del requisito de procedibilidad suspendió los términos desde el 28 de
noviembre de 2012, hasta el 27 de febrero de 2013, en su criterio fue inoportuna la
demanda, pues solo se presentó hasta el «11 de junio de 2013».

En relación con la titularidad del predio 01-04-0040-0001-000, sostuvo que estaba
inscrito en el IGAC a nombre del señor Pedro Vicente Tristancho Trillos. Expuso que,
de conformidad con los linderos mencionados en la escritura 2067 de 1967, además

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
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Referencia: medio de control de reparación directa

del predio 01-04-0040-0001-000, los predios 01-04-0676-0001-000 y 01-04-0308-
0001-000 estaban inscritos a nombre del señor Tristancho Trillos, que estos eran
aledaños al predio 01-04-0040-0001-000, pero sobre ellos, «el municipio no ha hecho
requerimiento alguno». Señaló que en la demanda se indicó que el predio objeto de
la litis hace parte de una de las cañadas y hondonadas que el señor Pedro Vicente
se reservó, pero «dicho inmueble no colinda con el predio donde se construyó la
estación de Metrolínea».

Expuso que, en relación con el predio 01-04-0040-0001-000, el IGAC profirió la
Resolución 110 de 1991, en la que canceló como propietario al municipio de
Bucaramanga y, en su lugar, inscribió al señor Pedro Vicente Tristancho Trillos. En el
año 2009, se rectificó el nombre del propietario «agregándole la preposición suc, que
significa sucesión».

2.5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se
opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la supuesta ocupación del
predio objeto de la litis provino de Metrolínea S.A. y no de la CDMB, pues esta solo
aprobó el documento de seguimiento y control ambiental con el fin de evitar cualquier
impacto desfavorable de las obras. Asimismo, que lograron acreditar que Metrolínea
tenía la propiedad de los predios intervenidos, de conformidad con el folio de matrícula
inmobiliaria 300-2425 y 300-135847. Propuso como excepciones la falta de
legitimación en la causa por pasiva y por activa, con fundamento en que los
demandantes no acreditaron la titularidad sobre el bien objeto de la reclamación, ni la
posesión, ni mucho menos la posesión efectiva de la herencia.

2.6. El Municipio de Bucaramanga sostuvo que es el propietario del predio en el que
se construyó la Estación de Transferencia Costado Oriental Provenza del SIMIT, de
conformidad con la escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967 y del folio de
matrícula inmobiliaria 300-135847 «así como también conforme a la información de
los planos e historia de titularidad del mismo». De igual modo, propuso la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa.

2.7. La parte demandante se pronunció sobre las excepciones propuestas por las
entidades demandadas. Reiteró que acudieron al proceso en calidad de herederos
por representación de sus madres, tal como se encuentran reconocidos en el proceso
sucesoral que cursa ante el Juzgado Noveno Municipal de Bucaramanga. Señaló que
el avalúo corporativo 191-01 efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
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Referencia: medio de control de reparación directa

fue presentado en septiembre de 2001, el cual fue solicitado por el Área Metropolitana
de Bucaramanga en el que se indica que el propietario del bien es la sucesión de
Pedro Vicente Tristancho Trillos.

2.8. En audiencia inicial celebrada el 13 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo
de Santander declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Inconforme con la anterior decisión, el Área Metropolitana de
Bucaramanga interpuso recurso de apelación. Asimismo, se declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Para ello tenemos que se aportó al proceso el registro civil que acredita el
parentesco frente a quien figura como dueño del predio mediante escritura 490,
que se acredita que el señor Pedro Vicente Tristancho era propietario del predio.
Voy a ser claro. Puede que haya habido una mutación, una traslación, una cesión
de propiedad o una venta, pero en el expediente ya figura por lo menos que el
señor Tristancho fue propietario sin saber las condiciones eso se podrá discutir en
el fondo del asunto. Pero ya demostramos que el señor figura en la escritura como
propietario. La parte de la sucesión se discutirá con el fondo del asunto.

En providencia del 10 de marzo de 2016, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado confirmó la providencia apelada, toda vez que, en el momento en
que se encontraba el proceso, la participación de la entidad recurrente en el hecho
dañoso o la injerencia en la producción del daño «son aspectos de fondo que no
pueden ser resueltos en este momento», por lo que, en su criterio, debían ser
decididos en la sentencia que pusiera fin al proceso. El 20 de octubre de 2016, se
continuó con la audiencia inicial y se decretaron las pruebas que fueron aportadas
por los sujetos procesales.

El 1° de diciembre de 2016 y el 1° de febrero de 2017, se celebró la audiencia de
pruebas, y se corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de
conclusión y el Ministerio Público rindiera el respectivo concepto.

2.9. El Municipio de Bucaramanga reiteró que estaba probado que el predio con
matrícula inmobiliaria 300-135847 era de su propiedad, de conformidad con la
escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967, además que se convirtió en bien de
uso público y fue utilizado para la construcción de una estación del sistema de

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Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
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Referencia: medio de control de reparación directa

transporte masivo de Bucaramanga. Añadió que la matrícula 300-180522 no
corresponde con el lugar en el que se ejecutó la obra.

2.10. El Área Metropolitana de Bucaramanga sostuvo que, de conformidad con el
testimonio rendido por la señora Claudia Patricia Olaya Galvis, la intervención en el
inmueble fue realizada por Metrolínea S.A. y no por ellos. De otra parte, en relación
con el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, solicitado por
el AMB, indicó que «no establece la relación de la presunta ocupación del inmueble
al predio», pues las entidades estatales deben contar con los avalúos para poder
entrar al proceso de enajenación voluntaria o expropiación. Finalmente, sostuvo que
el predio objeto de ocupación por parte de Metrolínea S.A. es de propiedad del
Municipio de Bucaramanga, dada la cesión a título gratuito contenida en la escritura
pública 2067 del 30 de junio de 1967.

2.11. La parte demandante manifestó que el avalúo corporativo 191-01 del 8 de
septiembre de 2001, realizado por la lonja a solicitud del Área Metropolitana de
Bucaramanga fue tenido en cuenta por Metrolínea S.A. a pesar de encontrarse
desactualizado. Además, indicó que no resulta coherente afirmar que, a pesar de que
en el avalúo se señaló que el propietario del predio era el señor Tristancho Trillos no
se adelantaran las gestiones para adquirirlo.

Sostuvo que de la lectura de la escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967 es
posible advertir que el objeto de la donación realizada por la sociedad La Palmera
Ltda. fueron las «calles del barrio DIAMANTE I» y no otra clase de terreno. Sostuvo
que en ningún espacio de la escritura se estableció que los terrenos de la carrera 27
hasta la carrera 30 hubieran sido cedidos.

2.12. Metrolínea S.A. reiteró que el predio era del Municipio de Bucaramanga en virtud
de la cesión realizada en 1967. Asimismo, precisó que con anterioridad al inicio de la
obra actuó diligentemente al solicitar la certificación de propiedad del predio objeto de
construcción, así como la escritura pública y el folio de matrícula inmobiliaria para
verificar la titularidad de la propiedad.

Sostuvo que, en gracia de discusión, si el Municipio de Bucaramanga no fuera el
propietario del predio, lo cierto es que desde 1967 ostenta la calidad de poseedor de
buena fe por cuanto tiene justo título contenido en la escritura pública 2067 de ese
mismo año.

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Referencia: medio de control de reparación directa

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 19 de octubre de 2017 negó
las pretensiones de la demanda. Al respecto, consideró que la demanda fue
presentada de manera oportuna, toda vez que las obras fueron terminadas y puestas
en operación el 28 de julio de 2011 y como se está discutiendo la ocupación
permanente de un bien inmueble, se debe contar a partir de la culminación de la obra,
de conformidad con los pronunciamientos del Consejo de Estado.

De otra parte, sostuvo que los demandantes se encontraban legitimados al
acreditarse la calidad de hijos de las señoras Ana Tristancho de Valeck y Amira
Tristancho de Mutis, las cuales, a su vez, eran hijas del señor Pedro Vicente
Tristancho Trillos, por lo que, en criterio del Tribunal tienen un interés legítimo «en
representación de sus madres dentro del proceso sucesoral de los bienes del señor
Pedro Vicente».

Puso de presente que el certificado de tradición 300-180522 aportado por los
demandantes, y el certificado 300-135847 aportado por Metrolínea S.A. son
coincidentes en indicar que mediante las escrituras 490 del 4 de mayo de 1934 y 605
del 15 de abril de 1939, el señor Pedro Vicente Tristancho Trillos adquirió la totalidad
del predio denominado «Hacienda el Diamante».

Sostuvo que el primero de los certificados difiere con el segundo, en cuanto a que
este señala que mediante escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967, la sociedad
«LA PALMERA LTDA» cedió los terrenos al Municipio de Bucaramanga, los cuales
había adquirido a través de las escrituras 3450 del 28 de diciembre de 1965 y 2633
del 29 de diciembre de 1965, por cesión realizada por el señor Tristancho Trillos y sus
hijos; mientras que el segundo «se abre a partir de la escritura pública 1064 del 11 de
abril de 1991 relacionada a la sucesión del señor Pedro Vicente Tristancho».

Luego de estudiar la escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967, allegada por el
archivo histórico de la UIS, evidenció que la sociedad La Palmera Ltda. transfirió el
derecho de dominio y posesión que tenía sobre determinadas zonas de terreno del
primer sector de la Urbanización el Diamante I, dentro de los cuales se encontraba
un área de 40.450 metros cuadrados «comprendido entre las carreteras que de
Bucaramanga conduce a Floridablanca y el parámetro sur de la calle 96 relacionado

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Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

al predio objeto de controversia, en cumplimiento a disposiciones legales y acuerdos
municipales que reglamentan lo relativo a urbanizaciones».

Indicó que a pesar de que no obraba en el expediente copia de la escritura pública
1064 del 11 de abril de 1991, con el oficio 1182 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga fue posible establecer que el folio de
matrícula inmobiliaria 300-180522 había sido abierto en falsa tradición «con la
escritura pública 1064 relacionada al acto de identificación de la sucesión del señor
PEDRO VICENTE TRISTANCHO TRILLOS».

El a quo concluyó que la última transferencia de dominio válida realizada sobre el
predio en el que se ejecutaron las obras fue la escritura pública 2067 del 30 de junio
de 1967, por la cesión realizada por la sociedad la Palmera Ltda. al Municipio de
Bucaramanga, predio que había sido adquirido por esa sociedad por aporte del señor
Pedro Vicente Tristancho y sus hijos. Adicionalmente, consideró que se encontró
acreditado en el expediente, de conformidad con el estudio de títulos realizado por
Metrolínea S.A., que el último título registrado fue la escritura 2067 de 1967.

Consideró que, en esas condiciones, los demandantes no lograron acreditar que eran
los titulares del derecho de dominio del predio en el que se construyó la subestación
de Provenza, costado oriental y, por tanto, había lugar a negar las pretensiones de la
demanda.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante y a favor del Área
Metropolitana de Bucaramanga, Metrolínea S.A. y el Municipio de Bucaramanga.

4. Recurso de apelación

Inconforme con lo resuelto, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en
el que solicitó que se revocara la sentencia impugnada y, en su lugar, se accediera a
las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, alegó que la cesión realizada por la sociedad La Palmera Ltda. se
limitó a las calles y carreras de la Urbanización. Agregó que era necesario indagar
todo lo relacionado con el folio de matrícula inmobiliaria 300-180522 para determinar
a quién le correspondía la titularidad del predio objeto de disputa y, por tanto, de los
documentos que obran en el proceso, a su juicio, es posible establecer que las

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

demandadas reconocen que el propietario del predio es el señor Pedro Vicente
Tristancho Trillos.

Señaló que en el avalúo realizado por la Lonja «se reconoce como propietario» al
señor Tristancho Trillos. Adicionalmente, manifestó que los antecedentes
administrativos del inmueble de mayor extensión eran necesarios para decidir la
presente controversia, pero que, no obstante, el Tribunal a quo decidió desvincular al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Precisó que el avalúo realizado hizo referencia
al predio 300-180522 y no al 300-135847, asimismo, que no existe claridad sobre el
área y linderos de ninguno de los dos predios.

Sostuvo que era necesario establecer cuántas ventas, donaciones, permutas y
cesiones tiene la propiedad, para poder «llegar a la verdad material del inmueble (…)
lo cual no fue considerado por el señor magistrado y por esa razón se cuestiona el
fallo».

El 19 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Santander concedió el recurso
de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de primera instancia.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. Por auto del 13 de abril de 2018, se admitió el recurso de apelación formulado
por la parte demandante. En providencia del 7 de febrero de 2019, se negó una
solicitud probatoria presentada por la parte actora en el recurso de apelación y, el 8
de marzo de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes para que presentaran
los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que, a su juicio, no se logró
demostrar el nexo de causalidad entre el supuesto daño sufrido por los demandantes
y alguna conducta realizada por esta entidad.

5.3. Metrolínea S.A. reiteró los alegatos de conclusión presentados en primera
instancia.

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Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

5.4. El Área Metropolitana de Bucaramanga indicó que el tribunal de primera instancia
sí realizó un estudio juicioso de los certificados de libertad y tradición que obraban en
el expediente, pues concluyó que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
300-135847, fue adquirido por el Municipio de Bucaramanga, de conformidad con la
escritura pública 2067 del 30 de junio de 1967.

5.5. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia,
pues los demandantes no lograron demostrar que eran los propietarios del predio en
el que ocurrió la ocupación permanente, teniendo en cuenta que el mismo fue
adquirido por el Municipio de Bucaramanga a título de cesión gratuita por parte de la
Sociedad La Palmera Ltda. Adicionalmente, expuso que el predio sobre el cual se
alega la titularidad es el que corresponde al folio de matrícula inmobiliaria 300-
180522, mientras que el que aportó la entidad territorial demandada es el 300-
135847, en el que sí figura la respectiva escritura de cesión 2067 de 1967.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615
del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia,
de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación».

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes».

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa1, razón por la cual se concluye que
esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto

1 La pretensión mayor corresponde a lo pedido por concepto de perjuicios materiales, los cuales

ascendieron a la suma de $5.000’000.000 y para la fecha de presentación de la demanda -25 de abril
de 2013- 500 SMLMV equivalían a $294’750.000.
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Referencia: medio de control de reparación directa

por la parte actora contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 19 de octubre de 2017.

2. Ejercicio oportuno de la acción

La caducidad es la sanción que establece la ley por el ejercicio tardío del derecho de
acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento
jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se
trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para eventos como el que aquí se analiza, la norma de caducidad aplicable es la
contenida en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
según el cual «caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa». Lo anterior, pues si bien la
demanda se presentó en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 624 del
Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, «los
términos que hubieren comenzado a correr (…) se regirán por las leyes vigentes
cuando (…) empezaron a correr los términos», de ahí que resulte aplicable la
legislación vigente para el 28 de julio de 2011, esto es, el Decreto 01 de 1984, pero
solo en cuanto al conteo del término de caducidad.

Como en el presente asunto se pretende la declaratoria de responsabilidad de las
entidades demandadas, por la supuesta ocupación permanente de un bien inmueble,
la Sala considera necesario realizar un breve examen jurisprudencial del sobre ese
tema:

La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, en este tipo de
situaciones, el particular perjudicado por la construcción de obras públicas podrá
accionar dentro de los dos años siguientes al momento en el cual culminaron las
mismas2; sin embargo, para contabilizar el término de caducidad de la pretensión de
reparación directa derivada de la ocupación permanente de un bien inmueble con
ocasión de la ejecución de trabajos públicos se requiere tener claridad acerca de la

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

de 1 de octubre de 2014, exp. 33.767, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Referencia: medio de control de reparación directa

fecha en la cual se culminó la obra en el predio afectado, pues será a partir de ese
momento que se deberá computar el plazo3.

Sin embargo, se deben hacer dos precisiones: i) el término de caducidad no se
extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o
de las obras que lo integran, porque el plazo deberá empezar a contarse desde el
momento en que las obras que afectan directamente el inmueble hubieren culminado
respecto de este, aun cuando todavía quedare por ejecutar una porción; ii) el hecho
de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su
consolidación -finalización de la construcción en este caso- no puede evitar que el
término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuere así, en los casos en los
cuales los daños tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen
unas viviendas en el inmueble de un particular, la pretensión jamás caducaría 4.

Así quedó explicado en el fallo del 28 de enero de 1994 5, en el cual se expresó,
además, que el derecho de acción nace cuando se inicia la producción del daño y que
su fenecimiento acaece al transcurrir 2 años desde que la obra se ha concretado en
el inmueble del demandante por la culminación de los trabajos que afectaron su
predio, aunque el proyecto u obra final no hubiera terminado y aunque subsistan los
efectos de la ocupación. De forma más reciente, la jurisprudencia de la Sala de la
Sección Tercera ha reiterado esta posición, en los siguientes términos:

En relación con el término de caducidad, cuando se trata de la ocupación temporal
o permanente de inmuebles con ocasión de la ejecución de trabajos públicos, la
Sala ha sostenido que se requiere tener claridad acerca del momento en que se
tiene conocimiento de la consolidación de la misma o, en su defecto, de la fecha
en la cual culminó la obra en el predio afectado, pues a partir de un momento o
del otro, según el caso, debe contabilizarse el término de dos años que prevé la
ley para accionar contra la respectiva entidad pública; es decir, el término de
caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que se conoce la
consolidación de las obras que afectaron directamente un inmueble o desde que
estas hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar
una parte del respectivo proyecto general, es decir, el término no necesariamente

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de abril

de 2010, exp. 17.815, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
4 Al respecto consultar, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008, exp. 16.240.

M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
5 “Como regla general entonces, podrá sostenerse que en las acciones indemnizatorias por daños de

ocurrencia prolongada en el tiempo (periódicos o sucesivos) originados en trabajos públicos en los que
la ejecución de la obra pública es la causa eficiente de los mismos, no podrá hacerse caso omiso de
la época de ejecución de ésta para hablar sólo de la acción a medida que los daños vayan apareciendo,
así su ocurrencia sea posterior a los daños de construida la obra. En otros términos, el legislador al
establecer la caducidad en la forma explicada partió de un supuesto que le da certeza y estabilidad a
la institución: que en este campo el perjuicio debe concretarse, nacer, a más tardar dentro de los dos
años siguientes a la ejecución de los trabajos, así puedan agravarse o continuar su ocurrencia con
posterioridad a dicho bienio”. Sección Tercera, expediente 8610, M.P.: Carlos Betancur Jaramillo.
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Referencia: medio de control de reparación directa

empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras
que lo integran, sino que también puede correr desde cuando culmina o se
consolida la afectación del predio, bien con la terminación de la obra en el predio
o bien con la finalización de la parte de la obra que afecta a ese predio6.

Es claro que, en casos específicos al igual que sucede cuando existe ocupación
permanente de inmuebles por trabajos públicos, el interesado no debe esperar a que
el daño cese, por cuanto, como se dejó visto, dicho supuesto no acontecerá, dado
que la construcción no desaparecerá, circunstancia por la que no puede entenderse,
entonces, que la caducidad se torne imperecedera; por el contrario, deberá atenderse
al conocimiento del daño y su consolidación para efectos de determinar el punto de
partida de la misma, en los términos antes anotados7.

En conclusión, el cómputo de la caducidad de la pretensión de reparación directa
iniciará8, por regla general, en el momento en que se termina o finaliza la obra pública
que configura la ocupación; sin embargo, cuando la obra construida tenga vocación
de permanencia -por ejemplo una vía pública- y, por tanto, la ocupación material se
proyecte indefinidamente en el tiempo, no significará la supresión del fenómeno de la
caducidad; por el contrario, deberá computarse una vez éste se consolide, aspecto
que deberá establecerse en cada caso concreto9.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto no se
configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, pues tal como lo consideró el a quo,
la culminación de las obras que consistían en la construcción de la Estación de
Transferencia Provenza Costado Oriental tuvo lugar el 28 de julio de 2011, de
conformidad con lo señalado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga 10 .
Asimismo, se advierte que la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 28 de
noviembre de 2012, la cual se declaró fallida el 27 de febrero de 2013, y como la

6 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2016, exp. 35.947, M.P.: Carlos

Alberto Zambrano Barrera.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de

27 de octubre de 2016, exp. 54792, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de

19 de julio de 2017, exp. 58712, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
9 “El hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no

puede evitar que el término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en
los cuales los perjuicios tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas
viviendas en el inmueble de un particular, la acción no caducaría jamás”. Ver sentencia del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2008,
exp. 16240, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
10 «Las obras concernientes a la Estación de Transferencia Provenza Costado Oriental han culminado

en su totalidad y se ha puesto en marcha la operación desde el pasado 28 de julio de 2011».
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demanda se radicó el 25 de abril de 2013, es claro que el medio de control de
reparación directa fue presentado dentro del término legal.

3. Legitimación en la causa

Como se expuso en el acápite de antecedentes, los señores Alfredo Valeck
Tristancho y Rafael Mutis Tristancho manifestaron que acudieron al presente proceso
en calidad de herederos por representación de sus señoras madres, Ana Tristancho
de Valeck y Amira Tristancho Mutis, quienes a su vez eran hijas del señor Pedro
Vicente Tristancho Trillos.

El Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia de primera instancia
concluyó que los demandantes tenían un «interés legítimo», pues:

Con las pruebas aportadas con la demanda, se evidencia que los señores
ALFREDO VALEK TRISTANCHO Y RAFAEL ERNESTO MUTIS TRISTANCHO
son hijos de las señoras ANA TRISTANCHO DE VALECK y AMIRA TRISTANCHO
DE MUTIS (ya fallecidas) y que su abuelo materno es el señor PEDRO VICENTE
TRISTANCHO, por lo que se encuentran legitimados para acudir en
representación de sus madres dentro del proceso sucesoral de los bienes del
señor PEDRO VICENTE.

De los documentos que obran en el expediente, se resaltan los siguientes
documentos que acreditan lo siguiente:

• Certificado de defunción de la señora Ana Tristancho de Valeck el cual indica
que falleció el 25 de agosto de 1975.

• Registro civil de nacimiento de los señores Alfredo Valek Tristancho en el que
consta que su madre es la señora Ana Cristancho de Valeck y que sus abuelos
maternos son los señores Pedro Vicente Tristancho y Ana Carvajal.

• Registro civil de nacimiento del señor Rafael Ernesto Mutis Tristancho en el que
consta que su madre es la señora Amira Cristancho de Mutis y que sus abuelos
maternos son los señores Pedro Vicente Tristancho y Ana Carvajal.

La Sala advierte que, a pesar de que en la demanda y en la sentencia de primer grado
se reconoció que la madre del señor Rafael Ernesto Mutis Tristancho ya falleció, de
las pruebas aportadas no resulta posible arribar a esa conclusión, pues no obra el

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Referencia: medio de control de reparación directa

registro civil de defunción ni ningún otro documento que permita corroborar esa
información.

Ahora, cabe resaltar que en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 20 de
octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander negó el decreto de la prueba
solicitada en la demanda consistente en que se oficiara al Juzgado Noveno Civil
Municipal de Bucaramanga «a fin de que certifique el estado actual de la sucesión
que allí se tramita de PEDRO VICENTE TRISTANCHO bajo la radicación 0888-
2001», al considerarla impertinente porque «la sucesión y el trámite que se esté
surtiendo allá, no afecta para nada la decisión que se deberá tomar en este proceso,
porque no está demandando la sucesión, sino personas naturales cada uno en forma
independiente».

En los anteriores términos, la Sala concluye que:

La señora Ana Tristancho de Valeck falleció con posterioridad a su padre, el señor
Pedro Vicente Tristancho Trillos, de ahí que el señor Alfredo Valeck Tristancho tiene
vocación sucesoral respecto de este, pero no en calidad de heredero por
representación11 como se afirmó en la demanda, sino en calidad de heredero por
transmisión. Lo anterior, en los términos del artículo 1014 del Código Civil 12. Con la
salvedad que la Sala desconoce la calidad en la que fue reconocido en el proceso
que cursa ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga.

Caso contrario ocurre con el señor Rafael Ernesto Tristancho Mutis, pues como no se
logró acreditar que su señora madre hubiera fallecido, a pesar de que el Tribunal
Administrativo de Santander así lo afirmó en la sentencia de primer grado, para la
Sala no resulta posible determinar la calidad en la que este asiste al presente proceso,

11 Artículo 1041 «Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de
representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene
el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su
padre o madre si ésta o aquél no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un
padre o una madre que, si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de
representación» y artículo 1044 «Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha
repudiado. Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que
repudió la herencia del difunto».
12 «Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de

haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, trasmite a sus
herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca
sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la
persona que lo trasmite».
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pues no hay certeza si actúa en calidad de heredero por representación o por
transmisión, o ninguna de ellas.

Ahora bien, los demandantes alegaron que su abuelo materno Pedro Vicente
Tristancho Trillos era el propietario del predio en el que se construyó la Estación de
Transferencia Provenza Costado Oriental de Metrolínea S.A., con fundamento en la
escritura pública 1064 del 11 de abril de 1991, registrada ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, en la que se dio apertura al folio de
matrícula inmobiliaria 300-180522.

Por su parte, el Municipio de Bucaramanga manifestó que el predio en el que se
ejecutó la obra era de su propiedad, con ocasión de la cesión a título gratuito que
realizó la sociedad La Palmera Ltda., protocolizada a través de la escritura 2067 del
30 de junio de 1967, que dio lugar a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 300-
135847.

Pues bien, con el fin de determinar si los demandantes tienen un interés legítimo en
solicitar la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por la
supuesta ocupación permanente de un inmueble, la Sala considera pertinente realizar
un análisis de los documentos que obran en el proceso para establecer sobre quién
recae la titularidad del derecho real de dominio del predio en el que se construyó la
Estación de Transferencia Provenza Costado Oriental de Metrolínea S.A.

En el certificado de matrícula inmobiliaria n° 300-180522, con fecha de apertura del
22 de abril de 1991, código catastral 6800101406760001000, y código catastral ant
01-04-07-49-00-86-000, cuyos linderos se encuentran contenidos en la escritura
pública 1064 del 11 de abril de 1991 en la Notaría Segunda de Bucaramanga. Se
indica lo siguiente en cuanto a la historia del bien:

TRISTANCHO PEDRO VICENTE ADQUIRIÓ EN UN GLOBO MAYOR, ASÍ: 1-
POR ESCRITURA N. 490 DE 4 DE MAYO DE 1.934 DE LA NOTARÍA 1 DE
BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23 DEL MISMO MES, EN EL LIBRO 1.
TOMO II PAR, PARTIDA 477, LOS ESPOSOS ALARCÓN EZEQUIEL Y
RODRÍGUEZ DE ALARCÓN FLOR DE MARÍA Y ALARCÓN LUIS FRANCISCO
VENDIERON A TRISTANCHO PEDRO VICENTE UN GLOBO DE TERRENO- -
2. POR ESCRITURA N. 233 DE 22 DE FEBRERO DE 1.938 DE LA NOTARÍA 1.
DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 29 DE MARZO SIGUIENTE, EN EL
LIBRO 1. TOMO 1 IMPAR, PARTIDA 257, TRISTANCHO PEDRO VICENTE
VENDIÓ LA MITAD DE ESE GLOBO, A PARRA F. ROBERTO, Y 3- POR
ESCRITURA N. 605 DE 15 DE ABRIL DE 1.939 DE LA NOTARÍA 1. DE
BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 22 DE JUNIO SIGUIENTE, EN EL LIBRO 1.

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TOMO 1. IMPAR, PARTIDA 622, PARRA F. ROBERTO VENDIÓ ESA MITAD A
TRISTANCHO PEDRO VICENTE.

La anotación número 1 fue corregida, en la que se señala que la «sucesión de
Tristancho Trillos Pedro Vicente» dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria por
«falsa tradición», de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 00227 del 8 de
junio de 2012, expedida por el registrador de Instrumentos Públicos de Bucaramanga
que consideró lo siguiente:

Bajo estos parámetros, entremos a analizar el contenido de la escritura pública
No. 1064 de fecha 11-04-1991 notaría 2ª de Bucaramanga, de lo cual se infiere
que el compareciente RODRIGO ALFONSO TRISTANCHO CARVAJAL
comparece a efectuar una serie de declaraciones respecto a la situación jurídica
de un predio que no es de su propiedad, procediendo a identificar un saldo, cuya
área y linderos quedaron consignados allí.

Es decir que RODRIGO ALFONSO TRISTANCHO CARVAJAL no tiene título
antecedente que lo faculte para dicho acto de disposición, contenido en la
escritura pública N°. 1064 de fecha 11-04-1991 notaría 2ª de Bucaramanga.

Así las cosas, es claro que el título se encasille en la llamada Falsa Tradición y
que se suprima la X que indica propiedad a quien aparece como persona
interviniente del acto, esto es, sucesión de Tristancho Trillos Pedro Vicente.

(…)

Vistas así las cosas, es evidente que la escritura pública N° 1064 de fecha 11-04-
1991 notaría 2ª de Bucaramanga, no es título mediante el cual el señor PEDRO
VICENTE TRISTANCHO TRILLOS haya manifestado su voluntad de identificar un
saldo de un globo de terreno, porque como bien se anotó en el mismo instrumento
público, para la fecha de otorgamiento, ya había fallecido. Y de igual modo, mucho
menos su registro le daría propiedad.

La anterior decisión fue confirmada por la Resolución 12529 del 27 de diciembre de
la misma anualidad, proferida por el director de la Superintendencia de Notariado y
Registro, en la que se concluyó:

No obstante lo anterior, aunque la oficina de registro inscribió en el folio de
matrícula inmobiliaria medidas cautelares y gravámenes de valorización contra
PEDRO VICENTE TRISTANCHO TRILLOS Y RODRIGO ALFONSO
TRISTANCHO CARVAJAL, no se puede concluir deliberadamente que esas
personas son titulares del derecho de dominio o poseen algún derecho real sobre
ese predio, pues como se ha indicado en la presente resolución, concierne a los
interesados efectuar el estudio pertinente de las anotaciones que publicita el folio
de matrícula inmobiliaria No. 300-180522 para determinar quién tiene la calidad
de propietario, por ser ese un derecho que otorga la ley y no las oficinas de registro
de instrumentos públicos.

Ahora bien, contrario a lo considerado por el Tribunal de primera instancia, en el
expediente sí obra la Escritura Pública 1064 del 11 de abril de 1991, con fundamento

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en la cual se aperturó el folio de matrícula inmobiliaria 300-180522. En esta, se indicó
lo siguiente:

SEGUNDO: Que PEDRO VICENTE TRISTANCHO TRILLOS adquirió por
escritura pública número cuatrocientos noventa (490) del cuatro (4) de mayo de
mil novecientos treinta y cuatro (1934) de la Notaría Primera del Círculo de
Bucaramanga, registrada el veintitrés (23) en esa misma fecha a la partida 477
del libro 1º, tomo II par, matrícula R – 2857, folio 202, tomo 13, adquirió un predio
de una extensión aproximada de doscientas hectáreas (200 htrs) – por compra
que hiciera a los señores EZEQUIEL Y LUIS FRANCISCO ALARCÓN como
también a FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ DE ALARCÓN. TERCERO: PEDRO
VICENTE TRISTANCHO TRILLOS vendió zonas y lotes a varias sociedades
comerciales, como a entidades oficiales y a particulares, reservándose o
quedando de su propiedad varios lotes y especialmente barrancos y hondonadas,
entre estas la que figura bajo el número predial número 01-4-040-001 de la finca
denominada EL DIAMANTE hoy barrio del mismo nombre, y cuyo plano se adjunta
para su protocolización expedido este por el INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI, Sección del Santander, correspondiente a la Carta Catastral
Urbana, Plancha No. 26, manzana No, 039.040 del Sector No. 4, predio este que
tiene dos hectáreas aproximadamente y que se encuentra alinderado así: NORTE:
con el barrio LA PEDREGOZA; POR EL ORIENTE: con el barrio LA LIBERTAD y
parte del barrio EL DIAMANTE; POR EL SUR: con la autopista de Bucaramanga
a Floridablanca y parte del barrio EL DIAMANTE y POR EL OCCIDENTE, con la
Urbanizadora Colseguros. (…) QUINTO: El mencionado y descrito predio tiene las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas y no tiene construcción de
ninguna especie y actualmente se encuentra en posesión de esta hondonada o
cañada el doctor RODRIGO ALFONSO TRISTANCHO CARVAJAL.

Como se puede observar, la anterior escritura pública fue protocolizada por el señor
Rodrigo Alfonso Tristancho Carvajal, quien manifestó ser hijo del señor Pedro Vicente
Tristancho Trillos.

También obra el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria 300-135847, con fecha de apertura del 29 de octubre de 1985
en el que se indica que los linderos se encuentran contenidos en la escritura 2067 del
30 de junio de 1967, de la Notaría 2 de Bucaramanga, con un área de 40.540 metros
cuadrados. En este se indicó que la sociedad La Palmera Ltda. adquirió en mayor
extensión, así:

MITAD INDIVISA, POR APORTE DE SUS SOCIOS TRISTANCHO CARVAJAL
HERIBERTO, TRISTANCHO DE REYES MARY, TRISTANCHO DE CÁCERES
MARIA LIGIA, TRISTANCHO DE MUTIS AMIRA, TRISTANCHO DE VALEK
ANITA Y TRISTANCHO CARVAJAL RODRIGO A., MEDIANTE ESCRITURA
#3450 DE 28 DE DICIEMBRE DE 1965, DE LA NOTARÍA 3 DE BUCARAMANGA,
REGISTRADA EL 25 DE ENERO DE 1966 EN EL LIBRO 1. TOMO 1. C. PARTIDA
97 Y LIBRO 2. TOMO 1. N.V. PARTIDA 64, Y MITAD INDIVISA RESTANTE, POR
TRANSFERENCIA QUE LE HIZO TRISTANCHO PEDRO VICENTE, A TÍTULO
DE DACIÓN EN PAGO DE PARTE DEL VALOR DE UNA RENTA VITALICIA, A
CARGO DE ESA SOCIEDAD Y FAVOR DE AQUEL, MEDIANTE ESCRITURA
#3308 DE 28 DE OCTUBRE DE 1967 DE LA NOTARÍA 3 DE BUCARAMANGA,
REGISTRADA EL 10 DE ENERO DE 1968 EN EL LIBRO 2. TOMO 1. N.V.,

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

PARTIDA 15, TRISTANCHO PEDRO VICENTE Y “LA PALMERA LIMITADA”,
DIERON POR TERMINADA DICHA RENTA POR LA SUMA DE $3.320.147.60
M/L QUE EL RENTADO DIJO HABER RECIBIDO (…) ESTE TERRENO FUE
SEGREGADO DEL PREDIO “EL DIAMANTE” QUE TRISTANCHO PEDRO
VICENTE ADQUIRIÓ ASÍ: 1.- POR ESCRITURA #490 DE 4 DE MAYO DE 1934
DE LA NOTARÍA 1 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 23 IBIDEM EN EL
LIBRO 1. TOMO 1. IMPAR PARTIDA 257, TRISTANCHO PEDRO VICENTE. 2.
MEDIANTE ESCRITURA #233 DE 22 DE FEBRERO DE 1938 DE LA NOTARÍA
1 DE BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 29 DE MARZO SIGUIENTE EN EL
LIBRO 1. TOMO 1. IMPAR, PARTIDA 257, TRISTANCHO PEDRO VICENTE,
VENDIÓ LA MITAD DE ESE PREDIO A PARRA F. ROBERTO. 3. MEDIANTE
ESCRITURA #605 DE 15 DE ABRIL DE 1939, DE LA NOTARÍA 1 DE
BUCARAMANGA, REGISTRADA EL 22 DE JUNIO SIGUIENTE EN EL LIBRO 1.
TOMO 1. PARTIDA 622, PARRA F. ROBERTO VENDIÓ ESA MITAD A
TRISTANCHO PEDRO VICENTE.

En la anotación número 1 se especifica que la sociedad La Palmera Limitada cedió al
Municipio de Bucaramanga ese predio, de conformidad con la escritura pública 2067
del 30 de junio de 1967 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, en la que consta la
transferencia del derecho real de dominio «a título gratuito y en cumplimiento de
disposiciones legales y Acuerdos Municipales que reglamentan lo relativo a
urbanizaciones, el derecho de dominio o propiedad y posesión que la mencionada
sociedad tiene en las siguientes zonas de terrenos del primer sector de la
urbanización “El Diamante I”». En esa escritura pública, se especificó que las áreas
cedidas comprendían, entre otros, los siguientes globos de terreno:

PARQUES: Un globo de terreno de forma irregular con un área aproximada de
cuarenta mil quinientos cuarenta metros cuadrados (40.540.00 mtrs2),
comprendido entre las carreteras que de Bucaramanga conduce a Floridablanca
y la autopista en construcción que de Bucaramanga conduce a Floridablanca y el
parámetro sur de la calle noventa y seis (96) de la futura urbanización “El
Diamante” y la cerca al borde del barranco que sirve de lindero a los predios
materia de esta urbanización y alinderada así: Partiendo de la alcantarilla sobre la
quebrada de El Macho en la carretera de Bucaramanga a Floridablanca siguiendo
el borde del barranco hasta la prolongación del paramento norte de la calle ciento
dos (102), con terrenos del Municipio de Bucaramanga – para la Cooperativa de
Empleados (Barrio La Libertad) continuando por el borde del barranco hasta la
prolongación de la calle ciento cuatro (104) con terrenos de los urbanizadores,
continuando en línea quebrada tomando el paramento de la urbanización y
lindando con el paramento occidental de la carrera – veintinueve (29), por ésta
hasta el cruce por el paramento sur de la calle ciento seis (106), continuando hacia
el Oriente, por el citado paramento sur de la calle ciento seis (106) hasta el cruce
con el paramento oriental de la carrera treinta (30), continuando hacia el Norte en
longitud de diez metros (10 mtrs) con el paramento oriental de la carrera treinta
(30) hacia los terrenos destinados para zona religiosa, continuando hacia el
oriente en línea recta hasta encontrar la cerca que sirve de lindero entre el terreno
de los urbanizadores y los terrenos del señor Manuel Serrano, partiendo de los
terrenos para zona religiosa hasta los parqueaderos de la calle ciento cinco (105)
y continuando por el paramento sur de la calle ciento cinco (105) hasta encontrar
nuevamente la cerca que sirve de lindero en línea quebrada siguiendo el borde de
cercas de Manuel Serrano, partiendo de la cerca que sirve de lindero en línea
quebrada siguiendo el borde de cercas de Manuel Serrano con los terrenos de los
Urbanizadores, de este punto hasta encontrar el paramento oriental de la autopista

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

de Bucaramanga a Floridablanca o con terrenos del citado señor Manuel Serrano,
“Provenza Ltda.” y otros. – Del punto de interrupción del borde del barranco con
el paramento oriental de la autopista mencionada de sur a norte hasta encontrar
el paramento sur de la futura calle noventa y seis (96) de la nueva urbanización
“El Diamante” hasta regresar por el paramento sur de la calle noventa y seis (96)
al punto de partida en el alcantarillado de la quebrada El Macho.

SEGUNDA. El área total de zonas verdes es en la urbanización de cuarenta mil
quinientos cuarenta metros cuadrados (40540 mtrs2), que de conformidad con el
Decreto número ciento tres (103) de mil novecientos cincuenta (1.950), de la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, parte séptima, referente a urbanizaciones se
declara que siendo de OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
METROS CUADRADOS (88.440 mtrs2) el área total de la Urbanización “El
Diamante” y el área para zonas verdes que mediante el presente instrumento se
ceden al Municipio en forma gratuita, lo que equivale al cuarenta y cinco ocho por
ciento (45.8%) del área total citada al comienzo de este punto, se consideran
cumplidas las disposiciones legales . (…)

CUARTA. Que tanto las mencionadas fajas de terreno que están destinadas a vías
públicas como los globos de terreno destinados a zonas verdes se hallan libres de
todo gravamen, pleito pendiente, embargo judicial, y contribuciones a que se
refiere la ley primera de mil novecientos cuarenta y tres (1.943) y que las adquirió
la Sociedad por aporte de sus socios en la constitución de la sociedad, según
consta en la escritura pública número tres mil cuatrocientos cincuenta(3.450) del
veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco (1.965) de la
Notaría Tercera del Circuito de Bucaramanga, debidamente registrada.

SEXTA. Que para cualquier ulterior referencia a que hubiere lugar con las zonas
cedidas por medio de este instrumento, se agrega al protocolo una copia del plano
general de la Urbanización “EL DIAMANTE PRIMERO” (primera etapa).

El Acta 16 del 7 de junio de 1967, en la cual de la junta directiva de la sociedad
Palmera Ltda. autorizó la cesión al Municipio de Bucaramanga de «las zonas de
terreno que serán destinadas para vías públicas, jardines y parques en la
URBANIZACIÓN EL DIAMANTE I de la ciudad de Bucaramanga».

El estudio de títulos realizado por Metrolínea S.A. del folio de matrícula inmobiliaria
300-135847, indicó que el propietario del bien inmueble era el Municipio de
Bucaramanga, según la escritura 2067 del 30 de junio de 1967.

Finalmente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en oficio 5682016EE12603-01,
del 15 de noviembre de 2016, informó lo siguiente:

El folio de matrícula inmobiliaria 300-180522 vienen inscritos los predios 01-04-
0040-0001-000, 01-040676-0001-000 y 01-04-0308-0001-000 ubicados en el
municipio de Bucaramanga, pero el folio de matrícula inmobiliaria 300-180522
correspondería solamente a la identificación del predio 01-04-0040-0001-000
de acuerdo con la escritura N° 1064 de 1991 de la Notaría 2 de Bucaramanga en
la cual se protocolizó carta catastral.

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

El Municipio de Bucaramanga reclama la propiedad de dicho predio teniendo
como fundamento la escritura N° 2067 de 1967 de la Notaría 2ª de Bucaramanga
y folio de matrícula inmobiliaria 300-135847.

El predio 01-04-0749-0086-000 ubicado en el municipio de Bucaramanga, de
acuerdo con la ficha predial nació en el catastro con el número 01-04-0413-0002-
000 durante la formación catastral del año 1986 a nombre del INSTITUTO DE
CRÉDITO TERRITORIAL.

Posteriormente mediante resolución No. 68-001-0022-95 se pasó a nombre de
TRISTANCHO TRILLOS PEDRO VICENTE y folio de matrícula inmobiliaria 300-
180522.

Mediante Resolución No. 68-001-0229-2008 el predio 01-04-0413-0002-000 paso
a ser el 01-04-0749-0086-000.

De acuerdo con la Resolución No. 68-001-2459-2014 se corrigió propietario según
la escritura No. 2954 de 1971 de la Notaría Primera de Bogotá, nuevamente a
nombre de INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL.

Luego de realizar una valoración conjunta de todo el material probatorio que obra en
el expediente, en especial de las anteriores pruebas reseñadas, la Sala llega a las
siguientes conclusiones:

Los demandantes no lograron acreditar que el predio en el cual fue construida la
Estación de Transferencia Provenza Costado Oriental de Metrolínea S.A. era de
propiedad del señor Pedro Vicente Tristancho Trillos, pues el título con el que
fundamentaron las pretensiones, consistente en la escritura pública 1064 del 11 de
abril de 1991, que dio lugar a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 300-
180522, fue otorgada por el señor Rafael Alfonso Tristancho Carvajal, quien
manifestó ser el hijo del señor Tristancho Trillos quien para la época en la que se
realizó esa declaración de voluntad ya había fallecido, el cual no era el propietario del
bien.

De hecho, de conformidad con lo considerado por el registrador de Instrumentos
Públicos de Bucaramanga, y posteriormente por el director de la Superintendencia de
Notariado y Registro en la corrección que se realizó en el folio de matrícula
inmobiliaria 300-180522, se advierte que ese folio fue abierto en falsa tradición, pues
la declaración contenida en la escritura pública registrada no tenía como fundamento
un título que acreditara el derecho real de dominio con anterioridad. En ese sentido,
del material probatorio que obra en el expediente, no resulta posible identificar quién
es el titular del predio identificado con ese folio de matrícula inmobiliaria, pues del
estudio del certificado de libertad y tradición 300-180522, en ninguna de las

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

anotaciones aparece registrada la “X” que indica la titularidad del derecho real de
dominio.

Así pues, la Sala concluye que los demandantes no se encuentran legitimados por
activa para obtener las declaraciones y condenas instauradas en el presente proceso,
dado que no acreditaron la titularidad del derecho real de dominio sobre el bien
inmueble objeto de discusión. Resulta pertinente precisar que no se le está exigiendo
a los señores Valeck Tristancho y Mutis Tristancho que demostraran ser los
propietarios del bien inmueble en el que supuestamente las entidades demandadas
construyeron la estación de Metrolínea S.A., pues es claro que estos manifestaron
acudir al presente proceso en su calidad de herederos por representación de sus
madres; no obstante, lo que se echa de menos es que estos no probaron que ese
bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 300-180522 efectivamente fuera
de propiedad de su difunto abuelo, el señor Pedro Vicente Tristancho Trillos, dado
que, se reitera, de los documentos que obran en el proceso no es posible arribar a
esa conclusión.

En todo caso, se advierte que Metrolínea S.A. demostró que la Estación de
Transferencia Provenza Costado Oriental de Metrolínea S.A. fue construida en un
predio cuya titularidad recaía en el Municipio de Bucaramanga, en razón de la cesión
a título gratuito que realizó la sociedad La Palmera Ltda., el 30 de junio de 1967, a
través de la escritura pública 2067, registrada en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga y que dio lugar a la apertura del folio de
matrícula inmobiliaria 300-135847, en el que sí es posible advertir que el titular del
derecho real de dominio es dicho municipio, pues aparece registrada la “X” que
acredita tal condición. La cesión a título gratuito que realizó la sociedad La Palmera
Ltda. al Municipio de Bucaramanga correspondió al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas establecidas en el Decreto 103 de 1950.

Por último, para la Sala no resulta de recibo el argumento de los demandantes, según
el cual, como la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, en septiembre de 2001 realizó
un avalúo corporativo por solicitud del Área Metropolitana de Bucaramanga y en este
indicó que el inmueble ubicado en «la paralela autopista Bucaramanga Floridablanca,
con calle 96, cañada el Macho, Barrio Diamante I», el propietario era «la sucesión de
Pedro Vicente Tristancho Trillos», según la Escritura Pública 1064 del 11 de abril de
1991, el predio en el que se construyó la estación de Metrolínea era de propiedad de
su abuelo. Como se señaló con anterioridad, la apertura de ese folio de matrícula

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

inmobiliaria se realizó por falsa tradición pues el señor Rodrigo Alfonso Tristancho
Carvajal no acreditó tener un título antecedente que lo facultara para ejercer dicho
acto de disposición. Además, se advierte que para la fecha en que se realizó el
respectivo avalúo, no se había realizado la corrección por parte de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga.

Similar situación ocurre con el argumento expuesto en el recurso de apelación
consistente en que las zonas de terreno cedidas por la sociedad La Palmera Ltda. al
Municipio de Bucaramanga en 1967 solo correspondían a «las calles y carreras de la
urbanización». En efecto, en la escritura pública de cesión 2067 de 1967 del 30 de
junio de 1967, fueron cedidas las siguientes zonas de terreno: (i) calle 102; (ii) calle
103 de las carreras 30 a 31; (iii) calle 103 de la carrera 31A-33; (iv) calle 104, carrera
29-30; (v) calle 104, carrera 29-30; (vi) calle 104, carrera 30A-31; (vii) calle 104,
carrera 31-33; (viii) calle 105, carrera 29-30; (ix) calle 105, carrera 30-33; (x) calle
106, carrera 29-30; (xi) carrera 29, calle 105-106; (xii) carrera 30, calles 102-106;
(xiii) carrera 31, calles 102-105; (xiv) carrera 33, calle 102-105; (xv) parqueadero de
la calle 104, con carrera 29; (xvi) parqueadero de la carrera 30, y (xvii) parque de
40.540 metros cuadrados.

Lo anterior da cuenta de que si bien es cierto que en el contrato de cesión a título
gratuito se transfirió la propiedad sobre diferentes calles, también lo es que tal como
quedó reseñado con anterioridad, fue cedido un globo de terreno de 40.540 metros
cuadrados cuyos linderos se encuentran contenidos en la escritura pública 2067 de
1967, que resulta coincidente con la información que reposa en el certificado de
tradición y libertad del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 300-
135847, así: «DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS: SE ENCUENTRAN
CONSIGNADOS EN LA ESCRITURA #2067 DE 30-06-67, NOTARÍA 2 DE
BUCARAMANGA. ÁREA: 40.540 M.2». Adicionalmente, se destaca que la
autorización otorgada por la Junta Directiva de la sociedad La Palmera Ltda. no se
limitó únicamente a las calles y carreras, sino que también incluyó «jardines y parques
en la urbanización El Diamante I». En esas condiciones, queda descartado el
argumento propuesto en el recurso de apelación.

En conclusión, la Sala considera que los demandantes no se encuentran legitimados
por activa para acudir al presente proceso, pues no es posible considerar que tengan
un interés jurídico en reclamar la indemnización por los perjuicios pretendidos, dado
que no demostraron ser los titulares del derecho real de dominio del inmueble sobre

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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

el cual se construyó la obra, por no habérseles adjudicado y tampoco están
legitimados para reclamar para la sucesión de su abuelo, porque no lograron acreditar
que este ostentara la calidad de propietario del bien inmueble en el que fue construida
la estación de Metrolínea S.A., de ahí a que ese bien no hiciera parte de la masa
sucesoral del señor Pedro Vicente Tristancho Trillos. Es claro entonces que se debe
confirmar la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas

Como se resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación debe dársele
aplicación a lo prescrito en el artículo 188 del CPACA, que establece que en la
sentencia debe disponerse sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil, con la salvedad de que, como esa condena
obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los
supuestos consagrados por la norma.

Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem establece que las
costas «están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante
el curso del proceso y por las agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.

Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso13.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales si las hubiere.

13 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

En ese sentido se observa que se trata de un proceso de reparación directa, cuyas
pretensiones equivalían a la suma de $5.589’500.000, asunto en el que la parte
demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió a lo
pretendido con el recurso de apelación.

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda14, en materia de tarifas
de agencias en derecho se debe observar lo prescrito en el Acuerdo 1887 de 2003.

A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el
1% de $5.589’500.000, es decir, la suma de cincuenta y cinco millones ochocientos
noventa y cinco mil pesos $55’895.000 para el Municipio de Bucaramanga, el Área
Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A. en partes iguales; la suma de dinero
acá establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte
vencida en el recurso, en este caso los señores Alfredo Valeck Tristancho y Rafael
Ernesto Tristancho Trillos parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante. Como
agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de cincuenta y cinco millones
ochocientos noventa y cinco mil pesos $55’895.000 para el Municipio de
Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A., en partes
iguales; la suma de dinero establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de
costas a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso los señores Rafael
Ernesto Tristancho Mutis y Alfredo Valeck Tristancho, en partes iguales.

14 La demanda se presentó el 20 de marzo de 2013. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente

para ese momento.
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Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00575-03 (61050)
Demandante: Alfredo Valeck Tristancho y otro
Demandado: Municipio de Bucaramanga y otros
Referencia: medio de control de reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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