Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00697-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-00697-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2013-00697-02
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00697-02 (4012-2017)
Demandante: ECODIESEL COLOMBIA S.A
Demandad o: MINISTERIO DE TRABAJO
Tema: Imposición de sanción del artículo 433 del C.S.T . Ley 1437
de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
interpuesto por el MINISTERIO DE TRABAJO contra la sentencia
de 26 de enero de 201 7, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES.
2.1. Pretensiones
2.1.1. ECODIESEL COLOMBIA S.A , por intermedio de apoderad a
judicial, demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos
(i) Resolución 283 del 13 de noviembre de 2012 , mediante la cual
se resuelve una investigación administrativa y se sa nciona a la
empresa ECODIESEL COLOMBIA S.A, con una multa equivalente a
SEISCIENTOS SEIS MILLONES TR ESCIENTOS S ESENTA Y
NUEVE MIL PESOS M/CTE ($606.369.000) , igualmente se conminó
a la demandante para que en el término de cinco (5) día s calendario
iniciara las conversaciones de arreglo directo previsto en el artículo
433 del CST y se ordena remitir copia a la Fiscalía General de la
Nación por la ne gativa a negociar el pliego de peticiones . (ii)
Resolución 0347 del 18 de diciembre de 2012 mediante la cual se
rechaza el recurso de reposición y en subsidio apelación
interpuesto contra la Resoluc ión 283 del 13 de noviembre de 2012
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y se confirma en todas sus partes el acto recurrido (iii) Resolución
0067 del 1 de marzo de 2013 por el cual se resolvió el recurso de
reposición en cumplimiento de un fallo de tutela de primera
instancia y (iv) acto fic to por el cu al se resuelve el recurso de
apelación en virtud del silencio administrativo negativo.
2.1.2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene
devolver la suma cancelada a cargo de ECODIESEL COLOMBIA S.A
indexada a la fecha de la s entencia.
2.2. Hechos
En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resumen:
2.2.1 La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO
radicó ante ECODIESEL COLOMBIA S.A un presunto pliego de
peticiones fechado a 11 de abril de 2 011 pretendiendo generar un
conflicto colectivo.
2.2.2 El pliego de peticiones no se encuentra conforme con las
normas laborales po r cuanto (i) fue aprobado por la Junta Directiva
y es una atribución exclusiva de la Asamblea General (ii) fue
presentado extemporáneamente, toda vez que , la norma prevé que
sea dos meses después de adoptado, en este caso el acta es del
20 de enero de 2012 y el pliego se r ad icó el 13 de abril d e 2012, es
decir, dos meses y veintitrés días, por fuera del t érmino señalado
en la ley (iii) a la fecha de radicación del pliego no había
trabajadores de ECODIESEL COLOMBIA S. A en el sindicato (iv) la
solicitud de afiliación de los presuntos trabajadores fue sometida a
consideración de la USO Subdirect iva Barrancabermeja y quien
adoptó el pliego fue la Uso Subdirectiva Casabe.
2.2.3 ECODIESEL COLOMBIA S. A . mediante escrito del 20 de abril
de 2012 rechazó el pliego de peticiones pre sentado el 13 de abril
porque la razón so cial de la empresa a la cual iba d irig ido no era la
1 Folios 1 al 37 del expediente. Cuaderno 1
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correcta, debido a que se presentó a ECODIESEL DE COLOMBIA
S. A.
2.2.4 Como consecuencia del rechazo la USO presen tó querella
administrativa contra la empresa mediante oficio 26 de abril de
2012, al Ministerio de Trabajo - Oficina Especial de
Barrancabermeja por elusión a negociar el pliego de peticiones.
2.2.5 Simultáneamen te ECODIESEL COLOMBIA S. A . radicó
querella administrativa al Ministe rio de Trabajo - Dirección
Territo rial de Santander, por medio de oficio de fecha 3 de mayo de
2012, contra la USO con el propósito de que sea exonerada de
negociar el pliego de peticione s.
2.2.6 La Dirección Territo rial de Santander del Ministerio de Trabajo
celebró una mesa de trabajo el 1 de junio de 2012 en la que se
acordó “ que el Ministerio se pronuncie al respecto y que se
realice la observancia necesaria los trabajadore s que se
encuentran en este momento afectados por pertenecer al Sindicato,
para que se haga efectivo el derecho de asociación ,” y avocó la
querella mediante auto del 12 de junio de 2012.
2.2.7 En forma concomitante la Oficina de Trabajo de
Barrancabermeja traslad ó la querella presentada por la USO a la
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo , por tener la empresa
sede en Bucaramanga avocando conocimiento de la misma , la
inspectora de Trabajo Territo rial de S antander mediante auto de 20
junio de 2012.
2.2.8 La Dirección Territo rial de Santander del Ministerio de Trabajo
pese a que asumió el conocimiento, remitió al nivel central de la
misma Cartera consulta sobre la competencia por factor territorial
de los inspectores de trabajo, dado que el artículo 5 del Código de
Procedimiento Laboral había sido declarado inexequible.
2.2.9 El Ministerio de Trabajo absolvió la consulta en el sentido que
se debe aplicar el Código de Procedimiento Laboral y como norma
supletiva el Código de Procedimiento Civil, concepto que en sentir
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del demandante, es errado por cuanto estas normas se aplican en
un proceso jurisdiccional y no administrativo como el ca so que nos
ocupa.
2.2.10 El apoderado de ECODIESEL COLOMBIA S. A . no fue
notificado del traslado del expediente y solo tuvo conocimiento por
el oficio remitido por la Coordinado ra del Grupo de C onflictos-
conciliación del Ministerio del Traba jo de Santander , el 22 de
agosto de 2012 , oficio que se origin ó por el escrito que dirigió el
abogado de la empresa en donde se deja constancia de la violación
al derecho de defensa por la no notificación del t raslado del
expediente.
2.2.11. El Ministerio de Trabajo inform ó que el escrito d el abogado
citado con anterioridad fue remitido a la Directora de Inspección
Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo para lo de su
competencia sin que se haya dado respuesta .
2.2.12 El Inspector de Trabajo de la Oficina Especial de
Barrancabermeja avocó conocimiento de ambas querellas mediante
auto notificado el 5 de octubre de 2012.
2.2.13 El inspector asumió el conocimiento de la querella sin
indagar sobre la legalidad del pliego de peticiones como era su
obligación, de conformidad con el artículo 17 del C.S.T, debiendo
ser rechazada.
2.2.14 El 16 de octubre de 2012 se celebró en la Oficina Especial
de Barrancabermeja diligencia de descargos de ECODIESEL
COLOMBIA S. A en la que se le indic ó al inspector que no se podía
hablar de conflicto colectivo por cuanto solo afectaba a un
trabajador el cual estaba sindicalizado por un reintegro que se
hiciera por fallo de tutela de manera transitoria.
2.2.15 Haciendo caso omiso a lo anterior, el inspector de trabajo el
31 de octubre de 2012 fija fecha para dar inicio a las
conversaciones de la etapa de arreglo directo del supuesto conflicto
económico.
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2.2.16 No obstante haber citado audiencia para inicio de
conversaciones , se llevó a cabo diligencia de concertación por la
negativa de la empresa demandante sin considerar los argumentos
de la misma.
2.2.17 El 13 de noviembre de 2013 se emite la Resolución 283
mediante la cual se impone multa a ECODIESEL COLOMBIA S. A
por haberse negado a negociar el pl iego de peticiones.
2.2.18 Mediante escrito No. 14368 -081-00001750 de 14 de
noviembre de 2012 el inspector de trabajo cita a ECODIESEL
COLOMBIA S.A para que se notifique del acto administrativo.
2.2.19. El 7 de diciembre de 2012 ECODIESEL COLOMBIA S.A
interpone los recursos de reposición y en subsidio apelación para
que se revoque la Resolución 283.
2.2.20 La Dirección Territorial - Oficina Especial de
Barrancabermeja del Ministe rio de Trabajo expide la Resolución
0347 del 18 de diciembre de 2012 , notificada el 11 de enero de
2013, en la que rechaza los recursos por no obrar la prueba de
consignación que acredite el pago de la sanción impuesta y
confirma en todas sus partes la Resolución 283.
2.2.21 Ante la “abrupta” violación del debido proceso ECODIESEL
COLOMBIA S.A interpone acción de tutela ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial, Sala Civil Familia , la cual ordenó al Ministerio
del Trabajo resolve r los recursos, lo cu al hizo desatando el recurso
de reposición, un mes después , mediante Resolución 0067 del 1 de
marzo de 2013.
2.2.22 La Corte Suprema de Justicia al conocer de la impugnación
de la acción de tutela revoc ó el fallo de primera instancia por lo que
el Ministerio no resolvió el recurso d e apelación entendiendo que
se produce un acto ficto ante el silencio negativo.
2.3. Concepto de la violación .
La apoderada del demandante consideró como normas vulnerada s:
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• Artículos 6, 29, 109, 121 y 122 de la Constitución Política .
• Artículos 3 y parágrafo del art. 33 del Decreto 01 de 1984.
Como concepto de violación señala : (i) Falta de competencia del
funcionario , (ii) Falsa Motivación y (iii) Violación al debido proceso
y al derecho de defensa.
Falta de competencia Argumenta que al interior del Ministerio de
Trabajo se presentó un conflicto de competencias que nunca fue
resuelto como se narr ó en los hechos de la demanda , pero que
incluso, si se estab leciera que tal conflicto no existió , el f uncionario
que avocó el conocimiento de la querella presentada por la empresa
debió manifestar que no era competente dentro del t érmino
establecido en el art. 33 del Decret o 01 de 1984 , por lo que se
demuestra que el procedimiento administrativo estuvo al capricho
de los servidores públicos de la D ire cción Territorial de Santander
de dicho Ministerio .
Además, ECODIESEL COLOMBIA S.A presentó ante el Ministerio
de Trabajo el 20 de noviembre de 2012, solicitud de tra slado de la
investigación administrativa de la Dirección Territoria l de
Barrancabermeja en virtud del poder preferente y para que se le
garantizara el debido proceso , igualdad e imparcialidad. Solicitud
que fue atendida por el Viceministro de Relaciones Laborales solo
hasta febrero de 2013 , reasignando el expediente a la Dirección
Territo rial de Antioquia, cuando ya habían sido expedidos y
notificados por el Inspector de Trabajo de la Oficina Especial de
Barrancabermeja los actos administrativos acusados .
Violación al debido proceso y al derecho de defensa . Se violó el
debido proceso, tal como lo sostiene el Viceministro de Relaciones
Laborales del Ministerio de Trabajo en la resolución en la que
reasignó la competencia al afirmar:
“ Encuentra este Despacho que con dicha citación irregular con el
fin de iniciar conversaciones, la inspección de trabajo evidenció un
procedimiento anormal, en el cual pret endió que se diera inicio a la
etapa de arreglo directo dentro de un conflicto colectivo, aún
cuando la empresa querellada había sido enfática en indicar sus
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argumentos jurídicos para no negociar y a pesar del fracaso de la
mesa de trabajo citada para dar inicio a las conversaciones
efectuada a instancias de la Direcció n Territorial de Santander, el
día 1 de junio de 2012.
Así las cosas, se evidencia que dicha citación implica el
desconocimiento a la garantía del debido proceso y genera a todas
luces que quebranta no solo el derecho de defensa, sino también el
derecho a la igualdad de la empresa solicitante, pues claramente
implicó un llamamiento a ECODIESEL COLOMBIA S.A para ini cia r
un escenario de inicio de conversaciones respecto de un pliego de
peticiones , aspecto sobre el cual ya se había hecho énfasis en un
escrito que fuera trasladado…” 2
Además, se viola el debido proceso dado que, (i) no se dirimió el
conflicto de competencia y el funcionario que avocó conocimiento
fue en contravía de los factores que la determinan , (ii) el Ministerio
nunca se pronunció como lo habían acordado en la mesa de trabajo
de fecha 1 de junio de 2012 y (iii) no se notificó al apoderado de la
empresa del traslado del expediente.
Falsa motivación. La Resolución No. 283 de noviembre 13 de 2012
fue motivada en fundamentos equivocados y falsos a l basarse en
que ECODIESEL COLOMBIA S.A es filial de Ecopetrol, lo que no es
cierto, toda vez que , la estatal petrolera ejerce un control conjunt o
por no poseer m ás del 51%, además determinar esta situación no
es competencia del funcionario.
Adicionalmente, se legitimó al sindica to sin hacer las verificaciones
pertinentes puesto que , sostuvo que el mismo puede asociar a los
trabajadores de la empresa sancionada al ser Ecopetrol socio
mayoritario de la misma y ECODIES EL COLOMBIA S. A . producir
biocombustible, afirmaciones que carecen de sustento jurídico.
Por otra parte, dentro de las pruebas que relacionó para
fundamentar l a decisión (i) mencionó la mesa de trabajo, prueba
que no fue valorada, pues no tuvo en cuenta que en ella no se
2 Folios 363 al 368 del expediente.
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resolvió la querella y que se originó en la invitación a iniciar
conversaciones, que en voces del Viceministro de Relaciones
Laborales, descono ció el debido pro ceso y (ii) tuvo en cuenta el
acta No. 012 del 20 de enero de 2012 en la que se aprobó el pliego
de peticiones de los trabajadores afiliados a la USO ignorando que
a esa fecha no existía tal afiliación y desconoció el término de 2
meses al que se refiere el art. 376 del C.S.T
Afirma que las pruebas no fueron valoradas en su conjunt o y no se
consideró que:
( a) El pliego fue apro bado por la Junta Directiva Nacional siendo
atribución exclusiva de la Asamblea.
( b) Se presentó extemporáneamente, en la medida en que la norma
prevé que sea dos meses después de adoptado, en este caso el
acta es del 20 de enero de 2012 y el pliego se radicó el 13 de
abril de 2012, es decir , corrió dos meses y veintit rés días, fuera
del término señalado en la ley.
( c) A la fecha de radicación del pliego no había trabajadores de
ECODIESEL COLOMBIA S. A en el sindicato, prueba de ello es
que la solicitud de afiliación fue sometida a consideración el 12
de marzo de 2012 mediante acta No. 213.
d) La solicitud de afiliación de los p resuntos trabajadores fue
sometida a consideración de la USO Su bdirectiva
Barrancabermeja y quien adopt ó el pliego fue la Uso Subdirectiva
Casabe, quien no tenía la competencia porque era de la
Asamblea General del Sindicato.
Por último, sostiene que el inspector basa su competencia en unas
acciones de tutela interpuestas por la empresa que se declararon
improcedentes y que para el funcionario “rodean de garantías al
despacho para su pronunciamiento“ cuando en ellas, no se defi nió
la competencia ni tom ó decisiones de fondo sobre el asunto.
2.4 Solicitud de medida cautelar
Se solicitó junto con la demanda se decrete como medida cautelar
la suspensión provisional del acto acusado , la cual fue negada
mediante auto del 6 de dicie mbre de 2013 proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander 3 No se presentó recurso.
3 Folios 4 y 5 del Cuaderno de Medida Cautelar
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2.5. Contestación de la demanda
El Ministerio de Trabajo , por medio de apoderad a judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda 4, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Señala que el Ministerio del Trabajo est á facultado para imponer
sanciones por los artículos 485 y 486 del C.S.T en ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y control y que el motivo por el
cual se sancion ó a ECODIESEL COLOMBIA S.A fue por la violación
a la normatividad laboral y a los derechos de los trabajadores al
negarse a iniciar conversaciones tras la presentación del pliego de
peticiones, sin just ificación v álida.
Aduce que , el art. 55 de la Constitució n Política señala q ue es deber
del Estado garantizar el derecho a la nego ciación colectiva y que
debe promover la concertación y la solución pac ífica de los
conflictos colect ivo s , citando apartes del Convenio de la OIT 154 y
jurisprudencia con stitucional sobre la importancia de la negociación
colectiva y de la et apa de arreglo directo al presentar el pliego de
peticiones.
Estima que la empresa se negó a reconocer la representación de
los trabajadores de la USO presumiendo irregularidades que no
probó en su afiliación y limitando equivocadamente el campo de
aplicación a la industria del petróleo , lo cual no es ciert o porque en
sus estatutos es claro que puede afiliar a los traba jadores de
biodisel, agro y/o biocombustible. Además, no podía dudar del ac to
de afiliación por cuanto la buena fe se presume.
Afirma que las dudas que ten ía tanto de la afiliación como de los
estatutos debió ventilarlas en el inicio de conversaciones , pues no
estaba obligada a llegar a acuerdos en esta etapa.
Considera que el Ministerio no es competente para determinar la
legalidad o no del pliego pero si lo e s para sancionar e n el evento
en que presentado la empresa no inicie conversaciones al tenor del
art. 433 del C.S.T, como en efecto ocurrió.
4 Folios 895 al 923 del expediente.
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Frente a la competencia de la Oficina Especial de Barrancabermeja
sostiene que debe aplicarse el artículo 23 del Código de
Procedimiento Civil, dado que en el Código Contencioso
Administrativo no hay norma prevista para los procedimientos
administrativos, determin ándose a elección de la persona que
presenta la querella , en el lugar donde se dieron los hechos de la
presunta vulneració n o en el domicilio de la querella da. En el
presente caso se radicó en Barrancabermeja por ser el lugar donde
se presentaron los hecho s que generaron la vulneración del art 433
del C.S.T y por ello, también la querella presentada en la Dirección
Territo rial de Santander fue remitida a esa Oficina , por lo cual no
se presenta conflicto de competencias que dirimir.
Sostiene que los actos administrativos demandados no adolecen de
falsa motivación comoquiera que de ellos se determina claramente
la razón por la cual se impone la sanción que fue la negativa de la
empresa a iniciar conversaciones una vez la USO presentó el pliego
de peticiones, tampoco se vulner ó el debido proceso ni ninguna
norma de carácter constitucional o legal.
Presenta como excepciones las de:
(i) Improcedencia de la demanda. Uno de los requisit os
previos es interponer los recursos de acuerdo con la ley y
aunque den tro del término legal la empresa así lo hizo, no
demostró la consignación previa de la multa, por este
motivo fueron rechazados y no se cumplió con lo previsto
en el art 161 del CPACA .
(ii) Caducidad del medio de control. El término de caducidad
previsto para el medio de control de nulidad y
restablecimiento es de 4 meses. La Resolución 0347 de
2012 fue notificada a la empresa el 11 de enero de 2013,
por lo tanto, el término vencía el 11 de mayo del mismo
año. La solicitud de conciliación extrajud icial se presentó
el 7 de mayo, suspendiendo el término hasta el 12 de julio
de 2013, venciéndose el plazo para presentar la demanda
el 17 de julio, sin embargo se radicó el 19 de julio de 2013.
(iii) Innominada.
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2.6. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 5
El Tribunal Administrativo de Santander procedió a resolver las
excepciones previas de improcedencia de la dem anda y caducidad
del medio de control presentadas por el Ministerio de Trabajo ,
negándolas.
La excepción de improcedencia de la demanda se encontró no
probada, por cuanto el requisito de procedibilidad si se agotó al
presentar ECODI ESEL DE COLOMBIA S.A los recursos de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 283 de
2012, aunque hub ieran sido rechazados por no cumplir el requisito
de ley, al no acreditar previamente la consignación de la multa ,
además, la legalidad de la Resolución 347 de 2012 por la cual se
rechaza los recursos, se debate en la presente litis.
En relación con la e xcepción de caducidad del medio de control
el Tribunal sostuvo que el término de caducidad es de 4 meses
contados a partir del día siguiente a la notificación del acto
administrativo. La Resolución 347 del 2012 fue notificada el 11 de
enero de 2013, por lo que el término d e 4 meses empieza a conta rse
desde el 12 de enero de 2013 venciéndose en principio el 12 de
mayo del mismo año. Sin embargo, en virtud de la suspensión de la
caducidad por razón del trámite de la conciliación extra judicial que
tuvo a lugar desde el 7 de mayo a 12 de julio de 2013, el
demandante contaba hasta el 18 de julio de 2013 para ejercer el
medio de control. Revisada el acta de reparto la demanda fue
presentada el 12 de julio de 2013, por lo que concluye que fue en
tiempo.
La decisión de ex cepciones fue obj eto de recurso de apelación
por la entidad demandada frente a la “improcede ncia de la
demanda”
El Consejo de Estado mediante auto del 1 de octubre de 2014 6
5 Folios1030 y 1031 del expediente. Acta de Reanudación folios 1093 a 1095
del expediente.
6 Folios 1061 al 1067 del expediente.
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decidió de plano el recurso confirmando el auto proferido dentro de
la audiencia inicial por el Tribunal Administr ativo de Santander
frente a la excepción denominada “improcedencia de la demanda”
El litig io fue fijado en los siguientes términos:
Esta orientado “ a det er m inar : 1. Si la Nación - Min ist er io del Tr aba jo
con la expedic ión de las Resoluc iones N° 283 del 13 de noviem br e de
2012 y N° 0347 del 18 de diciem br e de 2012, por m edio de las cuales se
r esuelve una invest i gación adm in ist r at iva y se sanciona con m ult a a la
em pr esa ECO DI ESE L CO LO MBI A S. A. , y se r echazan los r ecur sos de
r eposició n y apelaci ón int er puest os contr a la Resolución N° 283 de 2012,
r espect ivam ent e, vulner an nor m as de la Const it ución y de la Ley,
incur r iendo en un vicio de ileg al idad que los har í a anulab les por : a.
Vio lació n de nor m as en que deber í an f undar se al haber t r am it ado la
invest igac ión adm in ist r at iva por quer ella pr esent ada por la USO en
cont r a ECO DI ESEL CO LO MBI A S. A. , por elusión a negoc iar el pl iego de
pet iciones y p or el desconoci m i ent o de las r eglas de la sa na cr it ica en
la valor ac ión de las pr uebas ar r im adas a la invest igaci ón ad m inist r at iva,
que or iginó los act o s acusados. b. Falta de com pet encia del I nspect or
del Tr abajo par a dar inicio a las conver saciones en la et apa de ar r eg lo
dir ect o , a t r avés de la celebr ac ión de au dienc ia de concer t ación dent r o
de la quer el la int er p uest a por la USO c. Vio lació n al Deb ido Pr oceso por
el desconocim ie nt o de la quer ella pr esent ada por ECO DI ESEL
CO LO MBI A S. A. , cont r a la USO a f in de que aquella f uese exoner ada de
negociar el pl iego pr esent ado por la USO , ant e la ausencia de
pr onunciam ie nt o de f ondo por par t e del M inist er io y por r azón de las
posici ones adopt ad as f r ent e a la querella por ést a últ im a pr esent ada.
Adem ás, por ausencia de not if icac ión a ECO DI ESEL de l t r aslado del
expedient e a la Dir ección Ter r i t or ial O f icina Especia l de
Bar r ancaber m eja de la quer ella pr esent ada por la USO cont r a
ECO DI ESEL y por no r esolución del con f lict o de com pet encias sur gido
al int er ior del M inis t er io del Tr abajo. d. Falsa m ot ivación en t ant o la
r ealida d no conc uer da con el es cenar io f act ico ( sic) que la
Adm inist r ació n supu so que exist í a a l t om ar la decis ión q ue se cuest iona.
e. Violació n al debid o pr oceso y der echo de def ensa y desconocim ient o
de pr ecedent e judic i al, por no r esolució n de los r ecur sos de r eposición
y apelación i nt er pue st os cont r a la Resolución N° 283 de 2012, ant e la
inap licac ión por inconst it uciona l del ar t í culo 433 del C. S. T que debió ser
declar ada , o 2. S i p or el cont r ar io, conf or m e los ar gum ent os de def ensa
de la ent i dad dem an dada, no se conf igur ó ningún c ar go de i le gali dad que
pueda i nval idar l os act os acusados, en t ant o el M in ist er io del Tr aba jo
act úo de conf orm idad con las f acult ades que las nor m as legales y
r eglam ent ar ias le h an ot or gado par a el ejer cic io de sus co m pet encias,
por lo que debe m ant ener se su legali dad . ”
2.7. La sentencia apelada 7
El Tribunal Administrativo d e Santander por medio de la sentencia
de 26 de enero de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda,
con base en los argumentos que se resumen a continuación:
7 Folios 2292 a 2300 del expediente.
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Competencia. Para establecer la competencia del Ministerio de
Trabajo para decidir la querella es necesario determinar si se
trataba exclusivamente de un asunto jurídico de definición de
derechos individuales de conocimiento del juez o de
desconocimiento de normas de naturaleza social respe cto de las
cuales la autoridad administr ativa laboral debe ejercer el control.
Es así como, para determinar la competencia del Ministerio de
Trabajo el Tribunal parte de dos premisas a. ) la empresa no puede
negarse a negociar un pliego de condic iones si éste ha sido
presentado de conformidad con la ley y b.) al Ministerio le
corresponde la vigilancia y el control de las nomas consagradas en
el C.S.T, entre e llas, las que tienen que ver con las garantías
sindicales y en ejercicio de esta función tiene asignadas
atribuciones de policía que le pe rmit en imponer sanciones por el
incumplimiento de tales disposiciones.
En el caso de estudio ECODIESEL tenía argumentación de piso
legal que lo llevaban a no proceder a la negociación con el
sindicato, estas razones debían ser establecidas para que en
ejercicio de la autoridad de policía el Min isterio determ inara si se
trataba de un mero incumplimiento de normas contenidas en el
C.S.T que atentaran contra el derecho sindical o de plant eamientos
jurídicos de atribución legal que debían ser dirimidos por el Juez.
Pese a que existían asuntos jurídicos pendientes de resolver (
argumentos presentados por ECODIESEL COLOMBIA S.A para no
negociar) la querella debía ser resuelta de fondo como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, siempre y cuando , no declare
derechos individuales ni resuelva controversia entre las partes
(esto sí es de competencia de l juez) por lo que concluye que el
Ministerio tenía la competencia para decidir de fondo la querella
presentada e imponer la multa, con las limitaciones a que hizo
referencia.
Debido proceso. Destaca la Sala del Tribunal de instancia que se
trata de un procedimiento sancionatorio y aunque la co mpetencia
radicara en el Ministerio, éste no podía imponer la sanción hasta
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tanto estableciera si los argumentos esgrimidos por la empresa le
permitían negociar o no el pliego , es decir, el inspector no podía
citar a iniciar con versaciones con miras a un arregl o directo sin
establecer la veracidad de los fundamentos f ácticos y jurídicos que
aducía el empleador , en este caso ECODIESEL COLOMBIA S.A, a
fin de determinar si el pliego se presentó con apego o no a la
normatividad.
Sostiene que examinada la Resolución 283 de 2012 se encuentra
que en las consideraciones el inspector aborda el punto de que
ECODIESEL es filial de Ecopetrol y en consecuencia la USO estaba
legitima da para asociar a los trabaja dores de ECODIES EL y que el
pliego fue presentado extemporáneamente por dilataciones de la
empresa, situaciones que en sentir del Tribunal no consulta n los
parámetros alegados , toda vez que , se trataba de la fecha de
presentación del pliego a la empresa , sin que tenga incidencia en
ello, hechos posteriores a la radicación del pliego, como el hecho
de que ECODIESEL hubiera argumentado que no le constaba la
afiliación de los trabajadores o que la empresa no pertenece a la
industria del petróleo . Lo que debió hacer el investigador fue “
tomar la fecha de a dopción del pliego, previa determinación de cuál
era valida, si la d el 20 de enero de 2012 o la del 9 de abril y
conforme a la fecha que fue pr esentado el pliego y establecer si
este lo fue o no oportunamente.”
En el acto sancionatorio se ignora completamente el argumento de
que ningún trabajador de ECODIESEL estaba afiliado al sindicato
de la USO y tampoco se refiere al cargo relacionado con la
competencia para aprobar el pliego a l interior del sindicato, por lo
que es claro que al desatar la querella no se resolvieron los cargos
en su totalidad para el efecto de establecer si se estaba
incumpliend o el deber legal de negociar el pliego de peticiones.
Además, el inspector no podía citar a que se asumiera la etapa de
arreglo d irecto sin comprobar los argumentos de ECODIESEL para
no negociar, mas aun cuando existía una doble querella.
Trae a colaci ón la resolución que resuelve la solicitud de poder
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preferente por el Viceministro de Relaciones Laborales “ … se
evidencia que dicha citación implica el desconocimiento de la
garantía del debido proceso y genera a todas luces una
prejudicialidad que quebr anta no solo el derecho de defensa sino
también el de recho a la igualdad de la empresa solicitant e. ”
El Tribunal manifiesta que comparte las aseveraciones realizadas
por el Viceministro por cuanto del art ículo 433 del C.S.T se
desprende que la etapa de arreglo directo es subsiguiente a la
presentación del pliego cuando el mismo es aceptado por el
empleador, en este caso no lo fue, y no estaba obligado a aceptarlo
debido a que no se encuentra conforme a l ordenamiento jurídico.
El a quo concluye que la empresa no incumplió el deber legal de
dar inicio a la negociación colectiva y , por lo tanto, la autoridad
laboral debió exonerarlo y dar vía libre al sindicato para que
acudiera a la jurisd icción.
Por las razones expuestas, declara la nulidad de las Resoluciones
283 y 0347 de 2012 y , a título de restablecimiento del derecho ,
expresa que ECODIESEL no est á obligado a cancelar la multa
impuesta, y en el evento en que la haya pagado será devuelta por
la administración debidamente actualizada.
2.8. Recurso de apelación
El apoderad o de la parte deman dada apeló 8 la anterior decisión
solicitando se revo que la sentencia con base en los argumentos que
a continuación se resumen:
Competencia. Sostiene que el Ministerio de Trabajo como
autoridad de policía administrativa la boral ejerce la vig ilancia y el
control de las normas laborales o de seguridad social sin que
implique la declaratoria de derechos individuales o d efinición de
controversias, po r consiguiente la función consiste en la
verificación objetiva del cumplimiento de las normas o sea la
constatación de unos hechos frente al contenido obligacional de la
disposición a efecto de establecer si se incumplió o no por el
destinatario de la misma. Afirma que esta actuación se encuentra
8 Folios 2306 al 2308 del Expediente
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enmarcada en un procedimiento especial para atender las
relaciones de la administración pública con los empleadores,
trabajadores y organizaciones sindicales.
Aduce que, en el caso concreto el Ministerio no debe determinar la
legalidad o no del pliego de peticiones sino debe revisar si el
empleador cumple o no con la obligación normativa y si concluye
que objetivamente incumplió , debe sancionar.
Debido proceso. Manifiesta que no le asiste razón al Tribunal
Administrativo de Santander al sostener que el Ministe rio violó el
debido proceso por cuanto, esa Cartera se rigió por las reglas
mínimas sustanciales y procedimentales con el fin de proteger las
derechos de las personas involucradas.
Así las cosas, no tiene la competencia para revisar los argumentos
de la empresa sobre la presunta ileg alidad del pliego, la sanción
impuesta surge de revisar si se cumple o no la norma laboral
objetivamente.
Cita apartes de la sentencia T 248 de 2014 de la Corte
Constitucional en la que ordenó se acatara la decisión d el Ministerio
de Trabajo relacionada con el inicio de conv ersaciones con la USO.
“ La em pr esa Ecodi esel Co lom bia S. A. vulner ó l a gar ant í a
f undam ent al de neg ociaci ón col ect iva d e la Un ión S ind ical
O br er a de la I ndus t r ia del P et r óleo, p ues su negat iva a
inic iar conver sacion es acar r ea la im posi bil idad de in ici ar la
et apa de ar r eglo d ir ect o y post er ior m ent e los m ecanism os
alt er nat ivos de soluci ón de cont r over sias colect ivas,
est ablecid os pr evia m ent e por el Legislador en caso de
f r acasar la pr im era et apa; dej ando de est a f orma
desprot egi do al sindi cat o, si n posi bil i dad de di rimi r el
conf l i ct o. Así mi smo, no se evi denci a que l a negat i va de
l a empresa de i nici ar conversaci on es responda a l a
prot ecci ón de bi e nes const i t uci onal ment e rel evant es;
pues úni cament e f undament a su act i tud en que el pl i ego
de pet i ci ones no podí a ser present ando p or di cha
organi zaci ón si ndi cal por no hacer part e de l a mi sma
i ndust ri a de l a empresa, por haber si d o aprobado p or l a
Junt a Di rect i va del si ndi cat o y present ado de manera
ext emporánea . ” ( Subr aya y negr ill a del t ext o por el
apelant e )
“ La Cor t e consider a , que Ecodiese l Co l om bia S. A. , vulner ó
el der echo a la a sociaci ón sin dica l y a la ne gociac ión
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colect iva d e la or ganizac ión s indic al accionant e, pues
desconoce l a obl igat or iedad de la r eso lu ción pr of er ida p or el
Min ist er io de l Tr aba jo, lo cua l const it uy e una obst rucci ón
i nj ust i fi cada al proceso de negoci aci ó n ent re el si ndi cat o
y l a empresa, que t i e ne por obj et o opt i mi zar l as
condi ci ones l aboral es, pues el derecho a l a negoci aci ón
col ect i va garant i za el i ni ci o de l as conversaci ones
col ect i vas, más no i mpl i ca l a obl i gaci ón de l l egar a
acuerdos conce di endo l o pet i ci onado” ( Subr aya y negr illa
del t ext o por el apel ant e)
Concluye que el Ministerio del Trabajo no vulneró el debido proceso
por cuanto (i) la ley no lo faculta para determinar la legalidad o no
del pliego de peticiones , (ii) pero si lo faculta para sancionar a las
empresas que incumplen con l a norma laboral realizando un control
objetivo no jurisdiccional.
2.9. Alegatos de conclusión
El apoderado de l demandante co nsidera que los argumentos
expuestos por el apelante “distan de la realidad jurídica ” toda vez
que, el Tribunal frente al cargo de la falta de competencia del
Ministerio lo decla ró no probado, por lo que no es cierto, como lo
afirma el recurrent e, que la Corporación estim ó violado el debido
proceso porque no se pronunció sobre los motivos de ilegalidad del
pliego.
En relación con el debido proceso manifiesta que el apelante se
limita a defender la actuación desplegada afirmando que tiene la
competencia para sancionar pero la Sala del Tribunal f ue clara al
establecer la viola ción del debido proceso por cuanto no comprobó
lo argumentos expuestos por la empresa para no sentarse a
negociar.
La entidad demandada y el Ministeri o Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 9 y el artículo
9 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de ap elación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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13 10 del Acuerdo 80 de 2019 expedido por La Sala Plena del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para resolver el recu rso
de apelación interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 11, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin limitaciones.
3.3. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde
a la Sala determinar si el Ministerio de Trabajo violó el debido
proceso de ECODIESEL COLOMBIA S.A. al expedir las
Resoluciones 248 del 13 de noviembre de 2013 y 0347 del 18 de
diciembre de 2012 por no analizar los argumentos expuestos por la
empresa para no iniciar conversaciones con el Sindicato de la USO
Tesis de la Sala. Sí se vulneró el d ebido proceso por parte de la
autoridad administrativa al no estudiar previamente todas las
razones expuestas por la empresa para no iniciar las
conversaciones.
Para el efecto d e resolver el pro blema jurídico se examinará
previamente la importancia del plie go de peticiones dentro del
conflicto colectivo y la garantía del debido proceso en el
procedimiento administrativ o sancionatorio.
10 ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(..)Sección Segunda (…) 4. Los procesos contra los actos de nat uraleza laboral
expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.” ( hoy Ministerio de
Trabajo)
11 « C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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3.4. Marco normativo y Jurisprudencial.
3.4.1 Importancia del pliego de peti ciones .
De acuerdo con la Organización Internacional del Trab ajo -OIT los
conflictos originados en la re lación laboral pueden ser de dos
clases, así lo ha recogido la jurisprud encia constitucional:
“ De acuer do con los plant eam ient os de la OI T, los conf lict os
que t ienen or i gen e n la r elac ión l abor al , pueden ser de dos
t ipos. De un lado, los llam ados conf l i ct os jur í dicos o de
der echo, que ver san sobr e la i nt er pr et ación o alcanc e de una
nor m a jur í dica – l ey, convención c olect iva, cont r at o
indiv idua l - . De ot r a par t e, apar ecen l os conf l i ct os
económi cos o de i nt ereses, ent endi dos como l as
cont roversi as que surgen, no por la i nt erpret aci ón en
t orno a un derecho, si no sobre l as rei vi ndi caci ones
t endi ent es a cre ar un nuevo derecho, o a modi fi car l os
exi st ent es. Se ent i ende ent onces que, por l o general , son
de nat ural eza col ect i va, en t ant o que se conf i guran ent re
l os t rabaj adores col ect i vament e consi derados
( si ndi cal i zados o no) y el empl eador - o asoci aci ón
pat ro nal - , en desarrol l o de l as reclamaci ones de l os
pri meros. Est os son cono ci dos como conf l i ct os
col ect i vos de trabaj o, par a cuya solución no se acude a
pr ocedim ient os judi ciales, s ino a la ne gociac ión co lect iva
ent r e el gr upo de t r abajador es y el em pl eador –o asociac ión
pat r onal - , a la huelg a o a la convocat or ia de un Tr ibunal de
Ar bit r am ent o…” 12 ( Negr ill a f uer a de t ext o)
Así las cosas, el conflicto colect ivo de trabajo o conflicto de
intereses se solucionan entre el empleador y el colectivo de
trabajadores a través de la negociación colectiva , mecanismo
fundamental de diálogo social por medio del cual se promueve la
solución de las diferencias surgidas en el ámbito laboral.
En nuestra legislación el conflict o colectivo nace con la
presentación del pliego de peticiones al empleado r por los
trabajadores sindicalizados o no y a partir de allí surge la etapa de
arreglo directo qu e es la posibilidad de que los trabajadores y
empleadores lleguen directamente a un acuerdo de sus diferencia s
en un período razonable de negociaciones o conversaciones , sin la
intervención de un tercero. Así lo establece el artículo 433 del
C.S.T:
12 S e n t e n c i a T -556/00
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“ ARTI CULO 433. I NI CI ACI O N DE CO NV ERSA CI O NES.
1. El { em plead or } o la r epr esent ant e, est án en la
obli gació n de r ecib i r a los dele gados de los t r abaja dor es
dent r o de las veint icuat r o hor as siguient es a la pr esent ación
opor t una del pl i ego de pet icio n es par a inici ar
conver saciones. Si la per sona a quién se p r esent ar e el
plie go consider ar e que no est á aut or izada par a r esolver
sobr e él debe hacer s e aut or izar o dar t r aslado a l {em pleador }
dent r o de las veint icuat r o hor as siguient es a la pr esent ación
del pl iego, avis ándo lo así a los t r abajad or es. En t odo caso,
la in iciac ión de las conver saciones en l a et apa de ar r eglo
dir ect o no puede d if er ir se por m ás de ci nco ( 5) dí as hábiles
a par t ir de la pr esent ación del pl iego. ”
2. El { em pleador } qu e se niegue o el uda inic iar las
conver saciones de ar r eglo dir ect o dent r o del t ér m ino
señalado ser á sanc ionado por las aut or idades del t r abajo
con m ult as equivale nt es al m ont o de cinco ( 5) a diez ( 10)
veces el salar io m í nim o m ensual m ás alt o por cada dí a de
m or a , a f avor del Ser vic io Nac ion al de Apr end iza je
SENA. Par a int er poner los r ecur sos l egales co nt r a las
r esolucio nes de mult a, el int er esado deber á consignar
pr eviam ent e su valor a ór denes de dicho est ablecim ient o. ”
( Se subraya)
El inicio de conversaciones de la etapa de arreglo direct o surge con
la presentació n del pliego de peticiones y en Colombia no es
considerado un procedimiento de carácter voluntario, la norma
obliga al empleador a recibir a l os t rabajadores dentro de las 24
horas siguientes a la presentación oportuna del pliego , so pena de
que la autoridad de trabajo imponga una sanción económica.
Esta obligatoriedad se justifica, por cuanto se e stá protegiendo un
derecho constitucional que es el de la negociación colectiva. Esta
Corporación así lo ha reconocido:
“ Ant es de la vigencia del Decr e t o Ley 2351 de 1965, 13 no
habí a ninguna m edida coer cit iva o de apr em io par a el
em pleador que se n egaba a r eci bier a ( si c) los negoc iador es,
quedando pr áct icam ent e en m anos de aquel l a in iciac ión de
las discus iones, co m o quier a que er a f ácil ar gum ent ar t oda
clase de excusas; per o a par t ir de dicho decr et o se apeló a
las sancion es econó m icas par a el em ple ador r enuent e. ” 14
Bajo este entendimiento, e l artículo 433 del C.S.T. (i) garantiza el
derecho constitucional a la negociación colectiva y (ii) le otorga una
13 P o r el cual hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo.
14Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Segunda
Segunda, Subsección B, Sentencia 8 de agosto de 2019 Rad. 11001 -03-25-
000-2014-00716-00(2229-14)
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herramienta efectiva a los trabajadores para forzar al empleador a
iniciar la etapa de arreglo directo acudiendo mediante queja a la
autoridad administrativa del trabajo .
La Corte Constitucional, sostuvo 15 al respecto :
“ De la l ect ur a de la dispos ición puede in f er ir se que la nor m a
desar r olla e l deber del Est ado de pr om over la concer t ación
y los dem ás m edi os par a la so lució n pací f ica de los
conf lict os colect ivos de Tr abajo consagr ada en el ar t í culo 55
Super ior . Fina lida d , no sólo im por tant e, sino incluso
im per iosa dent r o del or denam ient o const it uciona l …. ( …)
El ar t í culo 433 est á dir ig ido a gar ant izar el bien jur í dico de
la negociac ión cole ct iva pr ot egido de for m a especial en un
Est ado Socia l y dem ocr át ico de Der echo, com o un m edio que
f acilit a la par t icipac i ón de los t r abajador es en las decisiones
que los af ect an ( ar t í culos 1 y 2 Super ior es) . De igua l
m aner a, dicho pr ocedim ient o - el d e la negoc iac ión
colect iva - concr et a y f or t alece el acuer do de volunt ades y es
uno de los m ed ios m ás im por t ant es par a f ijar las bases
f undam ent ales del t r abajo.
Por consiguie nt e, la negociació n colect i va libr e y volunt ar ia
“ goza de am plio su st ent o y gar ant í a const it uciona l. [ 6 4 ] P or
ello, par a la Cor t e “ el Est ado no sólo deb e gar ant izar el libr e
ejer cic io de est e de r echo sino que debe “ pr om over la
concer t ación y los dem ás m edios par a la solución pací f ic a
de los conf lict os colect ivos de t r abajo (C. P. inciso 2 del ar t.
55) ” [ 6 5 ] . De ahí que exist a una oblig ac ión en cabeza del
legis lador por gar ant izar que dicha negociació n est é r egida
por r eglas que gar ant icen su avance y se sancione aquel las
conduct as dir ig idas a obst aculizar la. ”
Ahora bien, se ha reconocido que el pliego de peticiones es un
mecanismo válido para plantear el conflicto colectivo y en él se
proponen peticiones sobre las condiciones de trabajo o las
divergencias con el empleador que no puedan ser resueltas a través
de otro mecanismo.
En nuestra legislación se ha n establecido unos presupuestos
legales para la presentación del pliego, entre otros :
1. La adopción del pliego de peticiones es una atribución de la
Asamblea General del Sindicato y la decisión debe ser tomada
con los requerimientos legales de qu órum establecidos . Arts.
376 y 385 del C.S.T.
15 S e n t e n c i a C-741 /2013
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2. Los pliegos de peticiones deben ser presentados al
empleador a m ás tardar 2 meses después de su adopción. Art
376 del C.S.T .
3. Si existe convención colectiva es necesario que previamente
sea denunciada en los términos de los artículos 478 y 479
del C.S.T
Adicionalmente de la interpretación armónica de los artículos 354 y
374 del C.S.T se infiere que la presentación d el pliego de peticiones
debe reunirlos requisitos determinados por la le y para su
procedencia:
ARTI CULO 354. PRO TECCI O N DE L DERE CHO DE
ASO CI ACI O N ( …)
Consid ér anse com o act os at ent at or ios cont r a el der echo de
asociac ión sind ica l, por par t e del em pleador : ( …)
c) . Negar se a negoc i ar con las or gan izac i ones sind ica les que
hubier en pr esent ad o sus pet icio nes d e acuer do con los
pr ocedim ient os leg a les ; ”
“ ARTI CUL O 374. O TRAS FU NCI O NES. C or r esponde t am bién
a los sind icat os: ( …)
3) . Adelant ar la tr am it ación legal d e los pliegos de
pet iciones , design ar y aut or izar a los que deban negociar los
y nom br ar los concil iador es y ár bit r os a que haya lugar , . . ”
Así también ha sido entendido por la Corte Suprema de Justicia al
sostener:
“ En r esum en, no siem pr e la pr esent ación del pl iego de
pet iciones s upone q ue un conf lict o eco n óm ico ha nacid o con
ar r eglo a la ley pues par a llegar a esa conclusión es
necesar io ver if icar s i t odos y cada uno de los pr esupuest os
lega les se han cum plido , y en pr incipio, solo cuando est o ha
t enido ocur r encia, bien puede asever ar se que dicha
pr esent ación t uvo l a f uer za legal par a em pezar lo con el
ajust e exigi do por la ley que lo r egula, salvo que se
pr esent en cir cunst ancias en e l que m edie la vo lunt ad de l as
par t es de dejar sane ada cualq uier ir r egu l ar idad que se h aya
pr esent ado en el t r ám it e del conf lict o .” 16 ( Subraya fuera de
texto)
16 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, 10 de
diciembre de 2008, Rad. 33750
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Ahora bien , la sanción económica consistente en multa equivalente
al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual
más alto por cada día de mora, prevista en el artículo 433 del C.S.T
citado no puede imponerse por la autoridad laboral de manera
automática debe ser consecuencia del análisis del caso específico
en el que se concluya el incumplimiento injustificado de la
obligación del empleador a iniciar con versaciones :
La Corte Constitucional al examinar la carga impuesta al patrono
de consignar la multa como requisito previo para interponer los
recursos legales contra el acto administrativo de sanción dijo :
“ … la aplicac ión de l num er al 2 del ar t í culo 433 de l Có digo
Sust ant ivo del Tr aba jo, debe basar se en cr it er ios de just ic ia,
equidad y pr opor c io nali dad, y por t ant o, el oper ador jur í dico
est á obligado a aplic ar los de conf or m idad con las
cir cunst ancias del caso, y siem pre gar ant izando la
pr evalenc ia de l os d er echos de las par t es. Ello im pl ica que
debe im pedir los p osibl es excesos qu e se podr í an der iva r
de la ap licac ión m ec ánica de los pr ecept os a cir cunst ancias
cuya especif ic idad n o f ue pr evist a por el legis lado r . Es dec ir ,
dicho oper ador deb e analiz ar las car a ct er í st icas de cada
caso par a det er m inar el alcance de la aplic ación de dic has
nor m as en estas cir cunst ancias especí f icas y
excepciona les.
De igua l m aner a, est a car ga a car go del pat r ono, sólo es
pr ocede nt e cuando no exist an dudas se r ias y f undadas del
incum pl im ient o de la obligac ión de r ecib i r a los t r abajador es
e iniciar las conver saciones de ar r eglo dir ect o . ” 17 ( Subraya
fuera de texto )
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación también ha
reconocido que para hacer exigible la obligación de iniciar
conversaciones consagrada en el art ículo 433 del C.ST, debe
previamente constatarse el cumplimiento de los requisitos legales,
por ejemplo el de (i) ve rificar que se presentó oportunamente el
pliego, 18 (ii) con firm ar la representación sindical de quien radica el
pliego 19 y la (iii) afiliación de los trabajadores 20 al sindicato.
17 S e n t e n c i a C 741/2013
18Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Quinta,
Sentencia 22 de abril de 2005, Rad 25000-23-27-000-2004-01139-02
19Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Segunda,
Sentencia 24 de junio de 2015 Rad. 11001 -03-25-000-2006-00143-00(2263-06)
20Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Segunda,
Sentencia 8 de agosto de 2019 Rad. 11001 -03-25-000-2014-00716-00(2229-
14)
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En este punto es importante mencionar que la autoridad
administrativa, Min isterio de Trabajo, tiene el mismo entendimiento,
toda vez que, al expedir la Resolución 1309 de 2013 mediante la
cual adopta el Manual del Inspector del Trabajo y Seguridad Social 21
que tiene como uno de los objetivos otorgar a los inspectores de
trabajo una herramienta en la que se unifica criterios y conceptos
en los procedimientos adelantados en desarrollo de las
competencias de esa Cartera , contempló que:
“ El em pleador no est á obl i gado a i ni ci ar conversaci ones
ent r e ot r os, en los sigui ent es casos:
a) Cuando la Convención Col ect iva de Tr abajo no se
denunci ó de nt r o de los 60 dí as inm ediat am ent e ant er ior es a
la expir ac ión de s u t ér m ino, conf or m e a los ar t í culos 478 y
479 del Cód igo Sust ant ivo del Tr aba jo.
b) Cuando e l p lieg o de pet ici ones no f ue pr es ent ado dent r o
de los dos m eses siguient es a su adopc ión, de acuer do con
el ar t í culo 16 de la Ley 11 de 1984, que subr og ó el ar tí culo
376 del Cód igo Sust ant ivo del Tr aba jo.
c) Cuando n ingún s indic at o es m ayor it a r io y la a pr obació n
del pl iego no se hizo en f orm a conjunt a, Decr et o 904 de 1951
d) Cuando la com isión negociador a no r eúne los r equisit os
señalados en e l ar t ículo 16 de la Ley 58 4 del 2000” ,
e) Cuando no se ha ent r egado el pliego de pet iciones al
em pleador .
f ) Cuando el plie go de pet iciones no f ue apr obado en
asam blea gener al o sin el quór um r equer ido par a t al f in .”
( Resaltado fuera de texto)
Conforme con todo lo anterior, la Sala concluye que para verif icar
el incumplimiento o no de la obligación d el empleador de iniciar
conversaciones con el Sindicato es necesario que la autoridad de
policía administrativa constate previamente los requisitos legales
previstos para el efecto .
3.4.2 Violación del debido proceso .
El debido proceso es un derecho fundamental constitucional
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política que se
aplica a toda cla se actuaciones judiciales y administrativas ; la
jurisprudencia con stitucional ha entendido el derecho al debido
proceso como:
21h t t p s : / / w w w . m i n t r a b a j o . g o v . c o / d o c u m e n t s / 2 0 1 4 7 / 5 1 9 6 3 / m a n u a l _ d e l _ i n s p e c t
or.pdf/b032aaad-3151-0a2b-a8d6-9cf75eb51d4a. Segunda Parte . En materia
de derechos laborales. Página 159
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“ …el co njunt o de gar ant í as pr evist as en el or denam ient o
jur í dico, a t r avés d e las cua les se bus ca la pr ot ecció n del
indiv iduo incur so en una act uación jud ic ial o a dm inist r at iva,
par a que dur ant e su t r ám it e se r espet en sus der echos y se
logr e la apl icaci ó n cor r ect a de la just icia . La m ism a
jur ispr udenc ia ha e xpr esado, que el r espet o al der ech o
f undam ent al al debi do pr oceso, le im pone a quien asum e la
dir ección de la a ct uación jud ici al o adm inist r at iva, la
obli gació n de obser v ar , en t odos sus actos, el pr ocedim ie nt o
pr eviam ent e est able cido en l a ley o en lo s r eglam ent os, “ con
el f in de pr eser var las gar ant í as - der echos y obligaci ones -
de quie nes se enc u ent r an incur sos en u na r elac ión j ur í dica,
en t odos aquellos casos en que la act uación conduzca a la
cr eación, m odif icac i ón o ext inci ón de un der echo o a la
im posici ón de una sanción " . ” 22 ( Subraya fuera de texto)
Es así como, en virtud de este principio la autoridad administrativa
debe respetar el ordenamiento jurídico establecido previamente,
observando l as formas y procedimientos propios de cada actuación ,
garantizando entre otros, el derecho a la defensa , ser juzgado de
conformidad a las leyes preexistentes, el derecho a la
contradicción, a solicitar y controve rtir las pruebas, ra zonabilidad
en los plazos etc.
Este derecho adquiere una mayor relevancia cuando se ejerce la
facultad ius punendi para impone r una sanción administrativa , por
cuanto es necesario respetar los derechos de los ciudadanos para
obtener decisiones justas y evitar que la administración desborde
sus facultades.
Ahora bien, en el artículo 47 del CPACA se prevé expresamente
que los procedimientos administrativos sancionatorios no regulados
por leyes especiales se sujetarán a las disposiciones de la parte
primera del Código , dentro de las cuales se encuentra el artículo 3
que consagra como principio que se de be respetar en los
procedimientos administrativos e l del debido proceso “…con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción”
Así las cosas, el procedimiento sancionatorio adelantado por el
Ministerio de Trabajo como autoridad de policía administrativa que
ejerce funciones d e inspección, vig ila ncia y control, no e scapa a la
obligatoriedad de garantizar el derecho al debido proces o y como
parte de este , el derecho de defensa y contradicción.
22 S e n t e n c i a C 980/2010
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3.5. Análisis del caso concreto .
En el caso sub examine no se discute la competencia del Ministerio
de Trabajo para imponer la sanción al empleador que eluda iniciar
las conversaciones de la etapa de arreglo directo o la d e resolver
la querella administrativa ; la controve rsia se centra en q ue para el
Tribunal, con el propósito de garantizar el debido proceso, previo a
la decisión de fondo, el Ministerio d ebió analizar los a rgumentos
fácticos y jurídicos en los que fundamenta la empresa su negativa
a iniciar conversaciones con el Sindicato y para el apoderado de la
Cartera administrativa, la sanción se deriva de un procedimiento
netamente objetivo en que solo basta determina r el incumplimiento
por parte del empleador de la norma laboral.
Como se advierte en el marco normativo y jurispru dencial la
aplicación de la sanción de multa prevista en el numeral 2 del
artículo 433 del C.S.T cuando el empleador se niegue o eluda a
iniciar conversacio nes de arreglo directo no puede realizarse de
manera “mecánica”, por el contrario, se deduce que en el caso s ub
iudice era necesario efectuar por la autoridad laboral la
investigación administrativa sobre las querellas presentadas , tanto
por la empresa ECODIESEL COLOMBIA S.A como por el sindicato
de la USO para llegar a la conclusión sobre el incumplimiento o no ,
de la obligación contenida en la disposición citada ; y dentro de ella
era imperioso analizar los argumentos esbozados por la em presa y
valorar las pruebas para la comprobación del cumplimiento o no de
los requisitos legales previstos en la normatividad vigente para la
radicación del plie go.
3.5.1 Elementos probatorios frente a la inv estigación
administrativa.
• Por medio del Auto del 12 de septiembre de 2012, el Inspector
de Trabajo de la Oficina Especial d e Barrancabermeja avocó
conocimiento de las dos querellas presentadas (i) por la USO
contra la empresa ECODIESEL COLOMBIA S.A por la negativa a
iniciar conversacio nes y la r adicada p or (ii) empresa ECODIESEL
COLOMBIA S.A para que se le exonere de iniciar tales
conversaciones . 23
23 F o l i o s 104 y 105 del expediente
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• En el citado auto se decreta n entre otras, las siguientes pruebas:
Por parte de la empresa: Relación de los trabajadores afiliados
a la USO y copia de los recibos de pago de descuento de los
aportes sindicales de los trabajadores afiliados. Por parte del
Sindicato: copia de los estatutos vigentes del sindicato a la
fecha de presentación de la querella y listado de los afiliados a
la USO.
• El día 24 de septiembre de 2012 se celebra d iligen cia de
descargos del representante legal de la USO 24
• El 16 de octubre de 2012 se realiza diligencia de descargos de
ECODIESEL COLOMBIA S.A 25
• El 31 de octubre de 2012 se efectuó la audiencia de trámite o
concertación en la que el inspector de trabajo instó a que “a
través del di álog o y la concertación se logre un inicio de
conversaciones” 26.
• El 13 de noviembre de 2012 se expidió la Resolución 283 de
2012 27 “ Po r medio de la cual se resuelve una investigación
administrativa .” y sanciona a la empresa por violació n de la
normatividad laboral con una multa equivalente a SEISCIENTOS
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS M/CTE ( $ 606.369.000)
• ECODIESEL COLOMBIA S.A ejerce su derecho de contradicción
e interpone los recursos de reposición y en subsidio apelación el
día 7 de diciembre de 2012 28
• El Inspector de Trabajo de la Oficina Especial de
Barrancabermeja resuelve rechazar el recurso de reposición y en
subsidio de apelación, mediante Resolución 03 47 del 18 de
diciembre de 2012 , 29 debido a que, no se efectuó la consignación
previa de la multa como lo establece el artículo 433 del C.S.T.
• ECODIESEL DE COLOMBIA S.A inter pone 30 acción de tut ela y el
Tribunal Super ior del Distrit o Judic ial, Sala Civ il F amilia 31, conc ede
24 F o l i o 109 del expediente.
25 F o l i o s 138 y 139 del expediente.
26 F o l i o s 211 y 212 el expediente.
27 F o l i o s 239 al 259
28 F o l i o s 283 al 310 del expediente.
29 F o l i o s 312 y 313 del expediente.
30 F o l i o s 329 al 346 del expediente.
31 F o l i o 348 del expediente.
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el amparo inv ocado y orden a al M inisterio inapli c ar el artículo 433
del C.S.T y resuelv a los r ecurs os.
• El Inspector de Trabajo de la Oficina Especial de
Barrancabermeja en cumplimiento del fallo del Tribunal Superior
resuelve el recurso reposición mediante Resolución 0067 del 1
de marzo de 2013 32 confirmando la Resolución 283 de 2 012.
• El recurso de apelación no se resuelve en virtud de que el fallo
de tutela fue revocado por la Corte Suprema de Justicia. 33
3.5.2 Análisis del acervo probatorio .
Con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso aparece
demostrado que la autoridad del trabajo no analizó o lo hizo en
forma ligera , los argumentos aducidos por la empresa ECO DI ESEL
CO LO M BI A SA para negarse a iniciar la negociación con el sindicato.
Para una mayor ilustración se presentan en un cuadro las razones
expuestas por la empresa en cada una de las etapas de la
investigación administrativa versus el análisis realiza do por el
inspector de trabajo frente a cada una de ellas.
ET APA ARGUMENTO ACTO ANÁLISIS
Querella 1.ECODIESEL COLOMBIA S. A no es Resolución 1.La legitimación
administrativa una filial de Ecopetrol por lo que del sindicato para
283 de 2012
3 / 0 5 / 2 0 1 2 34 ninguno de sus trabajadores puede presentar pliego de
afiliarse válidamente al sindicato. El peticiones.
objeto social y la actividad Concluye frente a
desarrollada es totalmente ajena a las este punto que en el
actividades de la industria del artículo 2 de los
petróleo. estatutos de la USO
2.A la fecha de radicación del pliego establece que
no había trabajadores de ECODIESEL asocia a
COLOMBIA S. A en el sindicato. trabajadores de la
3.La solicitud de afiliación de los industria del
presuntos trabajadores fue sometida petróleo,
a consideración de la USO hidrocarburos,
Subdirectiva Barrancabermeja tres biocombustibles y
meses después de aprobado el pliego carbón.
y los formularios no tienen fecha. Como ECODIESEL
4.En el acta 01 mediante la cual se produce
adopta el pliego de peticiones no biocombustible,
aparece el texto de los 46 artículos, específicamente
solo los títulos, sin embargo en el biodisel y Ecopetrol
pliego se encuentran totalmente es socio mayoritario
desarrollados. de la empresa,
considera que el
sindicato está
l e g i t i m a d o . 35
2.Afiliación de los
trabajadores de la
USO .
La buena fe debe
presumirse y la
carga de la prueba
se traslada a quien
pretende demostrar
lo contrario, por lo
que expresa no es
32 F o l i o s 351 al 359 del expediente.
33 F o l i o s 554 al 564 del expediente.
34 F o l i o s del 54 al 61 del expediente.
35 F o l i o 18 del expediente.
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de recibo como
justificación para no
negociar el pliego y
afirma estaban
legitimados porque
la USO asocia a
trabajadores de la
industria del
petróleo incluidos
los de
biocombustible,
específicamente
biodisel
Descargos 1.El pliego de peticiones fue 1.Presentación
ECODIESEL presentado fuera del término legal.* extemporánea del
COLOMBIA S.A 2.El sindicato afilia a los trabajadores pliego.
1 6 / 1 0 / 1 2 36 a la USO subdirectiva Casabe sin que Aduce que la
ECODIESEL tenga planta u oficinas empresa tiene “en
en dicho territorio. parte“ culpa de que
el término se haya
ampliado toda vez
que, ECODIESEL
dilató el proceso
porque no le
constaba la
afiliación de sus
trabajadores a la
USO y la empresa no
es de la industria.
2.Conocimiento de
la Subdirectiva
Casabe del pliego
de peticiones.
Manifiesta que no es
competente para
abordar el asunto
por cuanto entraría a
revisar situaciones
internas de la
organización
sindical y es un tema
que le corresponde a
la jurisdicción
laboral.
Recurso 1.Cuestiona la competencia del Resolución 1.Esta determinada
7/12/2012 inspector de trabajo. 0067 del 1 de en la facultad de
2.Ecodiesel no es filial de Ecopetrol marzo de 2013 vigilar y controlar el
3.El sindicato no se encuentra cumplimiento de las
legitimado para representar los normas laborales
trabajadores de la empresa 2.En la Resolución
4.Inconsistencias del pliego, en las 283 no se afirmó que
afiliaciones y estatutos como la una fuera filial de la
presentación extemporánea del pliego otra, lo que se
de peticiones, la inconsistencia en la sostuvo es que de
afiliación de los trabajadores al acuerdo con los
sindicato, y la aprobación ilegal del estatutos del
pliego por parte de la Junta cuando sindicato de la USO
le corresponde a la Asamblea. involucra
trabajadores de la
industria de
biocombustibles
4.Declara
incompetencia para
considerarlos.
Sin embargo, al
analizar los hechos
del recurso
presentado afirmó
que existía la
afiliación y prueba
de ello es, que uno
de estos fue
36 F o l i o s 38 y 39 del expediente.
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reintegrado por
acción de tutela al
haber sido
despedido sin justa
causa.
*argumentos adicionales a los expuestos en la querella administrativa
En consideración a lo expuesto, de las pruebas obrantes en el
expediente y de los actos administrativos acusados, la Sala advierte
que tal como lo consideró el Tribunal, aunque si bien es cierto, se
cumplió con un procedimiento en el que se permitió el e jercicio d el
derecho de contradicción y defensa por parte de la e mpresa , al
poder efectuar descargos y desatar el recurso de reposición
también lo es que, al no pronunciarse sobre todas las razones
aducidas por la misma sobre la competencia de la asamblea no por
ejemplo y/o no valorar las p ruebas aportadas , como por ejemplo las
certificaciones de afiliación de los trabajadores, se le violó a
ECODIESEL COLOMBIA S.A, el debido proceso .
Esta vulneración ocurrió, primero, por no examinar en los actos
acusados todos los argumentos expuestos por la empresa como el
de (i) la competencia de la junta para aprobar el pliego cuando esta
es exclusivamente de la Asamblea de con formidad con lo
establecido en el artículo 376 del C.S.T ; (ii) la extemporaneidad en
la presentación del pliego, argumento que desestimó sin entrar a
estudiarlo de fondo, simplemente sostuvo que la empresa tuvo la
culpa en la ampliación del término fundamentándose en hechos
ocurridos con p osterioridad a la radica ción del mismo y
adicionalmente , (iii) por no entrar a valorar el material probatorio ,
tal como lo hizo con la afiliación de los trabajadores al sindicato a
la fecha de radicación del pliego ; este cuestionamiento fue
desestimado aduciendo que la buena fe se presume , cuando el
Inspector había decretado como prueba se remitiera la relación de
los trabajadores afiliados a la USO y según se dice en la Resolución
283 se aportaron las certificaciones expedidas por la USO de las
afiliaciones de tres trab ajadores, por lo que se debió verifica r la
fecha de afiliación para constatar si existían trabajadores de
ECODIESEL COLOMBIA S .A al sindicato de la USO al momento de
radicar el pliego.
Ciertamente, l a violación al debido proceso se materializa porque
el Ministerio de Trabajo no consideró todas las razones aducidas
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por el empleador para no iniciar las conversaciones , argumentos
que fueron fundamentados en el incumplimiento de los requisitos
legales para la validez de la presentación del pliego ni valoró las
pruebas recaudadas dentro de la investigación , es decir que, la
autoridad administrativa omitió verificar si el incumplimiento de la
obligación legal de ECODIESEL COL OMBIA S.A era ju stificada o
no, porque de ello se derivaba si había lugar a la sanción
económica.
Es importante resaltar que f rente a la violación del debido proceso
se pronunció el Viceministro de Relaciones Laborales del Ministe rio
de Trabajo mediante Auto 0001 de 20 de febrero de 2013 cuando
ejerció el poder preferente dentro de la actuación administraba sub
examine al expresar que la citación realizada por el ins pector de
trabajo a iniciar conversaciones era “irregular ” y co nstituía un
“procedimiento anormal” que implica el “ … desconocimiento de la
garantía del de bido proceso y genera a todas luces una
prejudicialidad que quebranta no solo el derecho de defensa si no
también el derech o a la igualdad d e la empresa solicitante.” (
Negrilla fuera de texto). Agregó además que, “ Es válido que dentro
de las actuaciones administrativas es dable que las inspecciones
de trabajo ejecuten los mecanismos de concertación, diál ogo y
acercamiento de las partes, máxime cuando se trata de conflictos
colectivos, pero no es dable ni admisible que el inspector de trabajo
que instruye una querella por negativa a negociar, proceda a citar
a las partes para dar inicio a las conversacione s, pues ello (i) Viola
el debido proceso de la parte que bajo sus propios argumentos
considera que no es procedente la negociación del pliego…”
En consecuencia, el Viceministro de Relaciones Laborales reasignó
el expediente contentivo de la querella a la Dirección Territorial de
Antioquia, antes de que fuera resuelto por la Oficina Especial de
Barrancabermeja el recurso de reposición cont ra el acto
administrativo que sancionó, sin embargo, no se adelantaron
oportunamente los mecanismos al interior del Min iste rio de Trabajo
para alertar sobre esta pérdida de competencia; por el contrario, se
resolvió el recurso de reposición y se confirmó
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Demandante: Ecodiesel Colombia S.A.
Los razonamientos de ECODIESEL COLOMBIA S.A re specto a que
el pliego de peticiones fue aprobado por la Junta Directiva de la
USO y que é sta es una atribución exclusiva de la Asamblea General
del sindicat o; que fue presentado extemporáneamente y que a la
fecha de radicación del pliego no había trabajadores de
ECODIESEL COLOMBIA S. A. en el sindicato , eran
cuestionamientos serios que ameritaban ser verificados, porque de
resultar ciertos , la conclusión de la autoridad del trabajo podría
haber sido dif erente.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo:
“ Tam poco desconoce la Sala, que com o m ecanism o r eglado,
en el der echo de negociac ión colect iva , el sindicat o debe
cum plir con una s e r ie de est ándar es m í nim os, que jam ás
lim it an su cam po de acción, sino que por el cont r ar io,
per m it en que se de sar r olle de la m ejo r m aner a, evit ando
abusos cont r a t er cer os, incluso, su pr opia descoor din ación,
com o ocur r e con la pr esent ación del pl iego de pet ic iones,
que com o se sabe , t iene com o f in cr ear der echos nuevos o
consol idando los qu e se encuent r an vigent es en otr a f uent e,
por lo que ese d ocum ent o con las dem andas de los
t r abajador es, debe ser apr obado por la or ganización en su
asam blea gener a l y pr esent ado al em pl eador a m ás t ar dar
dos m eses después, adem ás de designar la com is ión
negociad or a - ar t . 376 del CST - .
Por t ant o, no es de cualqu ier m ane r a que se puede
desar r ollar el conf l ic t o colect ivo y su solución; 8…) ” 37
Ahora bien, el debido proceso no desdibuja la importancia del
derecho de raigambre constitucional a la negociación colectiva y a
la asociación sindical, sino que justamente lo garantiza; dentro de
un proceso tan importante de diálogo entre trabajadores y
empleadores debe partirse de una habilitación válida d el inicio de
las conversaciones, pero ello no se comprobó que estuviera dado
en este caso y por tal razón, no era posible imponer sanción a
ECODIESEL COLOMBIA S.A por eludir la etapa de conversaciones.
En igual sentido, se debe llamar la atención sobre que es a la
autoridad administrativa a quien le corresponde otorgar todas las
garantías a las partes en una investigación administrativa y dentro
de ellas, est á la observar el ordenamiento jurídico en ar as de no
37Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia 21 de
noviembre de 2018, SL5520-2018
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2013-00697-02 (4012-2017)
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generar, como lo afirm ó el Viceministro de Relaciones Laborales al
ejercer el poder preferente, expectativas al querellante al dar inicio
a unas conversaciones cuando los presupuestos legales no se
cumplían. Una advertencia oportuna hubiera podido permitir que se
corrigie ra la actuación por parte del si ndicato y llegar a a buen
término sus reclamaciones.
Por último, es relevante mencionar que la Corte Constitucional en
sentencia T -248/14 concedió de manera transitoria el amparo del
derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva de la
USO, pero partió del supuesto de la presunción de legalidad del
acto administrativo demandado expedido por el Ministerio de
Trabajo y con la finalidad de proteger derechos fundamentales. Así
lo sostuvo:
“ Consider a est a Sa l a de sum a im por t ancia, aclar ar que la
pr ot ección del der ec ho a la negociac ión c olect iva de la Un ión
Sind ical O br er a de la I ndust r ia de l P et r óleo, en nin gún
m om ent o legit im a el pr esunt o act uar ir r egular del sindic at o,
ni subsana las posibles inco nsist enc i as del pliego de
pet icion es pr esent a do ant e la em pr esa Ecodiese l C olom b ia
S. A. , pues com o se m encionó ant er i o r m ent e, al juez de
t ut ela únicam ent e com pet e el est udio de la vulner ación de
der echos f undam ent ales y no el an ál isis de la lega lid ad de
los act os de la f or m ación de l sin dic at o o de apr obació n del
plie go de pet ic ione s, par a los cuales se ha pr evist o la
jur isd icción l abor al y la jur isdi cción cont encioso
adm inist r at iva. ”
Debe precisarse q ue la presente decisión que confirma la nulidad
del acto demandado no contraviene la orde n de tutela proferida por
la Corte Constitucional que amparó los derechos fundamentales a
la asociación sindical de la USO contra Ecodiesel, por cuanto, el
análisis que realizó la Sección de esta Corporación bajo el
escenario del control de legalidad, se r efiere al cargo específico de
violación al debido proceso al expedirse el acto sancion atorio, que
fue el que se invocó en la demanda.
Bajo las consideraciones anteriore s, la Sala estima que el
Ministerio del Trabajo violó el debido proceso al expedir los actos
acusados, y por lo tanto, se confirmará la Sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad de los mismos , desvirtuando la
presunción de legalidad.
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4. Costas.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 38, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 39 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación.
En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
se condenará en costas en segunda instancia a la parte apelante ,
toda vez que se cumplen los presupuestos de los numerales 1, y 3
del artículo 365 del Código General del Proceso , 40 puesto que se ha
resuelto desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, y se acreditó que se
causaron , ya que la empresa demandante alegó de conclusión.
Las mismas se liquidarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autorid ad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia de 26 de enero de 2017 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados en el proceso
de la referencia y a t ítulo de restablecimiento del derecho ordenó
que ECODIESEL no cancele la multa impuesta y en el evento que
haya sido pagada sea devuelta por la administración debidamente
actualizada.
38 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
39 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
40 “ 1 .
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este Código. (…).”
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SEGUNDO. CO NDENAR en costas a la parte apelante en esta
instancia . Las mismas se liquidarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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