Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00077-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00077-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00077-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
Demandado: Nación (Procuraduría General de la Nación)
Temas: Disciplinario (Destitución y suspensión)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, los señores Sonia Serrano Prada y Rodolfo García
Martínez, por conducto de apoderado, formularon demanda ante la jurisdicción, en
orden a que se declare la nulidad de la Resolución 002 de «2008»1 y la decisión
disciplinaria de segunda instancia del 21 de junio de 2013, emitidas por la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga y el procurador primero delegado para la
1 Se precisa que no hay error en la mención del año en que fue expedida tal decisión, sino que hubo
una equivocación al momento de señalar la fecha en dicho acto, como se verifica en la exposición
de hechos que está a continuación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
vigilancia administrativa, respectivamente, mediante los cuales se les declaró
disciplinariamente responsables por los cargos formulados y se les impusieron las
sanciones de destitución y suspensión en el cargo por 4 meses, respectivamente, e
inhabilidad general para desempeñar cargos públicos, respecto de la primera, por
el término de 13 años; y se confirmó tal decisión, con algunas correcciones, frente
a lo decidido en primera instancia.
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitaron (i) retirar la inscripción de la sanción en los antecedentes
disciplinarios y hoja de vida de los demandantes; (ii) condenar a la entidad
demandada a pagar, a cada uno de ellos, el equivalente a doscientos cincuenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes, como restablecimiento por los daños
materiales y morales causados; y (iii) condenar en costas procesales y agencias en
derecho a la parte accionada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de los demandantes señaló los siguientes:
(i) El origen de la apertura de la indagación preliminar surgió por una queja
interpuesta por el señor Gerardo Carreño Díaz, en contra de la señora Sonia
Serrano Prada, en su calidad de alcaldesa del municipio de Lebrija, y Rodolfo García
Martínez, quien ostentaba el cargo de secretario de Planeación de ese municipio,
por la presunta celebración de los contratos 097, 115, 124, 132 y 133 de 2008, toda
vez que en ellos se habría incurrido en fraccionamiento de contratos y posibles
sobrecostos de la maquinaria para la ejecución del objeto contractual.
(ii) Como consecuencia de ello, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga expidió
la providencia del 22 de julio de 2009, en la que dispuso iniciar indagación preliminar
respecto de la alcaldesa de Lebrija. Más adelante, dicha dependencia ordenó la
apertura de la investigación en contra de la mencionada funcionaria y del señor
Rodolfo García Martínez, en su condición de secretario de Planeación de dicha
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entidad territorial.
(iii) El 26 de septiembre de 2011, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga
formuló cargos en contra de los disciplinarios y estos presentaron oportunamente
sus descargos.
(iv) Una vez se agotó el trámite probatorio y procesal, mediante providencia del 27
de febrero de «2008», la Procuraduría Provincial de Bucaramanga declaró
responsables disciplinariamente y sancionó a los demandantes, así: a Sonia
Serrano Prada, en su condición de alcaldesa «MUNICIPAL DE EL PLAYÓN» le impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el
término de 13 años; a Rodolfo García Martínez, en su calidad de secretario de
Planeación de Lebrija, le impuso la sanción de «SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO EL
CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER» por el término de cuatro
meses. Como se puede advertir, hubo incongruencias en fechas, identificación y
cargos de los disciplinados.
(v) Se interpuso el recurso de apelación en el término de ley, el cual se concedió
por el procurador provincial, mediante providencia del 10 de abril de 2012.
(vi) A través de auto del 27 de julio de 2012, la Procuraduría General de la Nación
resolvió el impedimento manifestado por la procuradora provincial de Bucaramanga,
en su calidad de procuradora regional de Santander, y designó como funcionario
especial para resolver el recurso interpuesto, al procurador primero delegado para
la vigilancia administrativa.
(vii) El 21 de julio de 2013, el procurador primero delegado para la vigilancia
administrativa confirmó la decisión proferida en primera instancia por la
Procuraduría Regional de «la Guajira» en lo que respecta a las sanciones impuestas
a cada uno de los servidores citados, y, en el numeral segundo de la decisión,
corrigió la de primera instancia en cuanto a la fecha de su expedición, el número de
identificación y cargo ocupado por cada uno de los investigados, a pesar de que no
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tenía competencia para corregir dicha providencia.
(viii) Las decisiones cuestionadas transgreden el artículo 29 constitucional, que
garantiza el derecho al debido proceso, el cual fue acogido por el artículo 6 de la
Ley 734 de 2002, como principio rector de la ley disciplinaria, pues debido a que los
demandantes son particulares, que de manera transitoria ejercieron funciones
públicas, se debió aplicar el procedimiento disciplinario, según lo establecido en la
ley, el cual se debió acatar al pie de la letra por la autoridad disciplinaria, tanto en
primera como en segunda instancia.
(ix) El procedimiento que se llevó a cabo en la investigación disciplinaria fue el
ordinario, establecido en el Título IX de la Ley 734 de 2002, en cuyo capítulo primero
señala que se inicia con la indagación preliminar, la cual tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria o si se actuó al amparo de alguna causal de exclusión de
responsabilidad. Así, la Procuraduría provincial de Bucaramanga, en providencia
del 22 de julio de 2009, dispuso a iniciar indagación preliminar respecto de la
demandante en su calidad de alcaldesa municipal de Lebrija (Santander). Por su
parte, el artículo 152 de la norma en comento señala las circunstancias que ameritan
la investigación disciplinaria, fue así como dicha dependencia, a través de auto del
17 de noviembre de 2010, dispuso la apertura de investigación contra la antes
mencionada y contra el señor Rodolfo García Martínez, en calidad de secretario de
planeación de dicho municipio, y les formuló cargos el 26 de septiembre de 2011,
los cuales fueron contestados en su oportunidad legal.
(x) Una vez agotadas las instancias se dio paso a la etapa de fallo, el cual se emitió
el «27 de febrero de 2008»2 por parte de la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga, es decir, en una fecha en la cual aún no había iniciado la indagación
preliminar, ni la investigación disciplinaria, e, incluso, antes de que ocurrieran los
hechos y que iniciara la actuación procesal. Tal situación afecta de manera grave el
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Ver pie de página anterior.
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debido proceso y la igualdad ante la ley disciplinaria, pues se alteró el rumbo normal
de la investigación en cuanto inició con un fallo sancionatorio para, posteriormente,
mediante providencia del 22 de julio de 2009, disponer la indagación preliminar y
luego, el 17 de noviembre de 2010, ordenar la apertura de la investigación
disciplinaria.
(xi) La anterior situación también transgredió el numeral primero del artículo 170 de
la Ley 734 de 2002, que se refiere al contenido del fallo, dentro del cual debe estar
inmerso lo decidido en el auto de cargos. En el caso que se analiza hubo
incongruencias en la identidad de la señora Sonia Serrano Prada, pues su
documento no fue expedido en la ciudad de Santa Marta, como erradamente se
indicó en la decisión de primera instancia, es decir que esta contiene una alteración
en la identidad de la disciplina; por otro lado, al relatar los hechos, se hizo referencia
a que ocurrieron cuando ella ostentaba su condición de «ALCALDESA MUNICIPAL DE EL
PLAYÓN (SANTANDER)» y las sanciones se impusieron respecto de este cargo,
situación que no está ajustada a la realidad, comoquiera que nunca ha ocupado
dicho empleo. Por su parte, al señor Rodolfo García Martínez se le suspendió del
ejercicio del cargo de «ALCALDE MUNICIPAL DE SAN GIL (SANTANDER)» cuando nunca
ha fungido como tal; en las anteriores condiciones se vio alterada la ritualidad del
proceso y se configuró una afectación sustancial al debido proceso, lo que conlleva
una causal de nulidad, conforme al numeral 3 del artículo 143 del Código
Disciplinario Único y, pese a ello, no se accedió a la reposición de la actuación
irregular por parte del órgano competente.
(xii) Por su parte, al interponer el recurso de apelación, se advirtieron al fallador de
segunda instancia las imprecisiones en que se incurrió; sin embargo, el procurador
primero delegado, a quien le fue asignado el conocimiento del asunto para resolver
el recurso, sorpresivamente, desconoció la ley disciplinaria, pues, en providencia
del 21 de julio de 2013, confirmó «una decisión proferida en primera instancia por la
PROCURADURÍA REGIONAL DE LA GUAJIRA» pese a que dicho órgano de control jamás
investigó a los demandados.
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(xiii) Por otra parte, en la decisión de segundo grado, se «confirma una inhabilidad
General para ocupar cargos públicos por el término de trece (13) años y
posteriormente en el literal primero del segundo artículo acápite 2.1 le establece una
inhabilidad de DIEZ (10) AÑOS, LUEGO CONFIRMA Y CORRIGE». Adicionalmente, en el
numeral segundo se corrigió la fecha de la providencia de primera instancia, emitida
por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, en el sentido de aclarar que fue
expedida el 27 de febrero de 2012 y no como erróneamente se anotó en dicho
proveído; también se corrigió el número de identificación y cargo público ocupado
por los disciplinados, circunstancias que desconocen el artículo 121 de la Ley 734
de 2002, que señala que la facultad para corregir, aclarar y adicionar los fallos radica
en el funcionario que los profirió; de manera que la competencia al respecto era
propia del procurador provincial de Bucaramanga y no del procurador primero
delegado para vigilancia administrativa, quien hizo dicha gestión. Tal situación
impone anular los actos acusados por ser manifiestamente opuestos a la
Constitución y a la ley.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 6, 15, 66, 143,
numeral 3, 170, numeral 1, de la Ley 734 de 2002.
Al desarrollar el concepto de violación,3 el apoderado de los demandantes expuso
los siguientes argumentos:
(i) Las decisiones disciplinarias violaron el artículo 29 de la Constitución Política,
que garantiza el debido proceso, y el artículo 66 de la Ley 734 de 2002, que se
refiere a la aplicación del procedimiento disciplinario, el cual debe ser acatado al pie
de la letra por la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación.
(ii) En el caso que se analiza, el procedimiento disciplinario que se aplicó respecto
3 Mediante memorial de subsanación de la demanda, visible en folios 802 a 806.
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de la investigación fue el contemplado en el título IX de la Ley 734 de 2002, y, dentro
de ese marco, mediante providencia del 22 de julio de 2009, se inició la indagación
preliminar en contra de la señora Sonia Serrano Prada, en calidad de alcaldesa del
municipio de Lebrija (Santander); más adelante, por auto del 17 de noviembre de
2010, se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en contra de esta y de
Rodolfo García Martínez, quien fungía como secretario de planeación de dicho
municipio, y se formularon cargos en su contra el 26 de septiembre de 2011.
(iii) Por su parte, se emitió fallo de primera instancia por parte de la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga el 27 de febrero de «2008», una vez agotadas las
instancias; sin embargo, ello ocurrió antes de que se iniciara la investigación, la
indagación preliminar, la investigación disciplinaria e, incluso, de que ocurrieran los
hechos que dieron origen a la actuación procesal, situación que afecta el principio
constitucional del debido proceso y la igualdad ante la ley disciplinaria porque se
inicia con el fallo sancionatorio, para, posteriormente, en providencias del 22 de julio
de 2009 y 17 noviembre de 2010, disponer la indagación preliminar y la apertura de
la investigación.
(iv) Se afectó el procedimiento ordinario toda vez que el fallo debe ser motivado e
incluir la identidad del investigado, el contenido del auto de cargos, la identificación
del autor o autores de la falta, la denominación del cargo desempeñado para la
época de la comisión de los hechos; sin embargo, debido a las incongruencias en
la identidad de la señora Serrano Prada, pues su documento de identidad no fue
expedido en la ciudad de Santa Marta, sino en Bucaramanga, se vio alterada dicha
información; también hubo error en el cargo respecto del cual se le destituyó e
inhabilitó, pues tal decisión se adoptó respecto de hechos que habrían ocurrido
cuando ella fungía como alcaldesa de municipio de El Playón, calidad que nunca
ostentó. Por su parte, en relación con el señor Rodolfo García Martínez, se le
suspendió en su condición de «alcalde del municipio de San Gil»; sin embargo, él
nunca ocupó dicha dignidad. Todo ello desconoció la ritualidad del proceso y
configuró un desconocimiento el derecho al debido proceso.
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(v) En la oportunidad procesal correspondiente, se advirtió de la presencia de una
causal de nulidad, prevista en el artículo 143, numeral 3, del Código Disciplinario
Único; sin embargo, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga no accedió a
modificar dicha actuación irregular.
(vi) Al resolver el recurso de apelación, el procurador primero delegado para la
vigilancia administrativa, sorpresivamente, desatendió las leyes disciplinarias pues,
por un lado, confirmó una decisión de primera instancia emitida por la Procuraduría
Regional de «La Guajira», cuando dicho ente de control nunca investigó ni sancionó
a los disciplinados y, por otro lado, confirmó la inhabilidad general para ocupar
cargos públicos por el término de 13 años, pero posteriormente estableció una
inhabilidad de 10 años. Adicionalmente, corrigió la fecha de expedición de la
providencia de primera instancia, el número de identificación, y el cargo público
ocupado por los investigados, y, con ello, transgredió el artículo 121 de la Ley 734
de 2002, pues la competencia para la aclaración o adición de los fallos es del
funcionario que los profirió. Todo lo expuesto ataca el principio de legalidad del acto
administrativo, pues la actuación debió sujetarse el ordenamiento jurídico, de
manera que la exposición anterior conlleva la anulación de los actos acusados.
1.2. Contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de su apoderado, contestó la
demanda,4 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con base en los
siguientes argumentos:
(i) La actuación disciplinaria tuvo origen en la queja presentada por el señor
Gerardo Carreño Díaz, en contra de la señora Sonia Serrano Prada, en su calidad
de alcaldesa de Lebrija (Santander), con ocasión de la celebración de los contratos
097, 115, 124, 132 y 133 de 2008, suscritos, en su momento, con el contratista
Carlos Fernando Prada Rey, y sustentada en el hecho de que habría un presunto
4 Folio 828 a 858.
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fraccionamiento de contratos y posibles sobrecostos de la maquinaria para su
ejecución. Ante ese escenario, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga dio inicio
a la indagación preliminar respecto de dicha funcionaria, mediante providencia del
22 de julio de 2009; posteriormente, en auto del 17 de noviembre de 2010, se inició
la investigación disciplinaria respecto de Sonia Serrano Prada y Rodolfo García
Martínez, en calidad de alcaldesa y secretario de planeación del municipio de
Lebrija, respectivamente, y, en providencia del 26 de septiembre de 2011, se
formularon los cargos.
(ii) Una vez agotado el trámite probatorio y procesal, mediante providencia del 28
de febrero de 2008 —se precisó en pie de página. Que la providencia en realidad
fue expedida en el año 2012— se les declaró disciplinariamente responsables y se
sancionó, a la primera, en calidad de alcaldesa del municipio de Lebrija, con
destitución en el cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el
término de 10 años y, al segundo, como secretario de planeación de dicho
municipio, con suspensión en el ejercicio del cargo por cuatro meses. Contra dicha
decisión, se interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 10 de abril de
2012, y se designó al procurador primero delegado para la vigilancia administrativa
para resolverlo, debido a que, mediante auto del 27 de julio de 2012, se aceptó el
impedimento manifestado por quien fungía como procuradora regional de
Santander.
(iii) Ahora bien, en lo que respecta a los cargos formulados en la demanda, se debe
señalar que la afirmación según la cual la decisión disciplinaria de primera instancia
se habría emitido mucho antes de haberse iniciado la actuación procesal no
constituye una causal de nulidad por desconocimiento del debido proceso, pues
aunque es evidente que hubo un yerro, se trató de un asunto mecanográfico al
momento de incluir la fecha en la providencia, lo que de ninguna manera constituye
la afectación anotada por la parte demandante, según la cual el fallo de primera
instancia se produjo con antelación al inicio y trámite de toda la investigación. En
efecto, si se revisa el expediente, se acredita y verifica la superación de todas las
etapas procesales, en orden cronológico y no una inversión temporal de ellas, de
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modo que, se repite, se trató de un error de escritura al momento de expedir la
providencia, que al analizarla en forma coherente y sistemática con la totalidad del
expediente no resulta trascendente ni mucho menos violatorio del debido proceso
de los investigados.
(iv) En lo que respecta a la ocurrencia de posibles falencias en la investigación en
cuanto a los cargos ocupados por los disciplinados, se advierte que, en efecto, dicha
situación es cierta, pero también fue resultado de una equivocación mecanográfica
o lapsus de la primera instancia, pues se indicó que el documento de identificación
de la demandante se expidió en Santa Marta y que se le sancionaba en calidad de
alcaldesa del municipio de El Playón, cuando, en realidad, el empleo que ejerció fue
el de alcaldesa de Lebrija y su documento fue expedido en Bucaramanga. Igual
ocurrió respecto del señor Rodolfo García Martínez ya que se indicó que se le
suspendía del cargo de alcalde municipal de San Gil, cuando, en realidad, la sanción
se imponía por hechos ocurridos cuando fungió como secretario de planeación
municipal de Lebrija. Sobre lo anterior se debe señalar que es cierto que se incurrió
en tales falencias en la providencia de primera instancia; sin embargo, en todo el
curso del proceso los disciplinados fueron identificados correctamente y se enunció
adecuadamente los cargos que desempeñaban al momento de la comisión de la
falta, tal como se puede constatar en el auto de cargos y en el contenido de la
providencia, con excepción de algunos apartes de su parte resolutiva, situación que,
al igual que la analizada previamente, no resulta trascendente ni violatoria del
debido proceso de los investigados y tampoco puede conllevar la nulidad de las
decisiones censuradas.
(v) Se precisa, además, que las pruebas que sirvieron de fundamento para endilgar
cargos y sancionar a los dos demandantes, a pesar de que se trató de conductas
diferentes, conllevaban la imposición de la sanción para cada uno de ellos, pues se
trató de medios de convicción legalmente producidos y aportados al proceso. Y si
bien la responsabilidad se imputó y sancionó de manera individual, la búsqueda de
pruebas, de manera conjunta, llevó al juzgador disciplinario a concluir que existía
responsabilidad de los investigados en lo que a cada uno de ellos correspondía y
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ello sirvió para imputar y sancionarlos disciplinariamente de la manera expresada
en las decisiones cuestionadas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 2 de
octubre de 2014,5 denegó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo
siguiente:
(i) En primer lugar, en lo que respecta a las irregularidades reseñadas por los
demandantes frente a las decisiones censuradas, se debe señalar que no cualquier
defecto formal está llamado a quebrar la presunción de legalidad de los actos
administrativos. En efecto, en el proceso quedaron demostrados los errores
exaltados por la parte demandante; sin embargo, estos fueron de carácter
meramente formal y no afectaron la ritualidad del procedimiento.
(ii) De la documental allegada se pudo establecer que la queja se formuló el 30 de
marzo de 2009, la resolución de apertura de investigación se emitió el 17 de
noviembre de 2010, el pliego de cargos se formuló el 1.º de septiembre de 2011, el
traslado para llegar se corrió el 13 de diciembre de 2011 y el fallo de primera
instancia o Resolución 002 de 2008, aunque en su encabezado registra una fecha
anterior a la de la queja disciplinaria, su contenido y relación del trámite surtido lleva
una secuencia cronológica razonable que permite concluir que se realizó antes de
emitir la decisión. Valga aclarar que en el pliego de cargos se refiere concretamente
a los contratos sobre los cuales se cuestionaban los fraccionamientos y
sobrecostos, de manera que dentro de una lógica razonable no se puede entender
que el fallo de primera instancia se hubiera emitido con antelación a los hechos que
dieron lugar a las irregularidades que se investigaron.
(iii) Por otro lado, en lo que atañe al error en la mención del lugar de la expedición
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Folios 863 a 866.
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de la cédula de ciudadanía de la señora Sonia Serrano Prada, se observa que,
conforme a la Resolución 146 del 18 de enero de 2000, emitida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, lo relevante para la identificación de las personas es el
número del documento de identificación y no hay necesidad de reseñar el lugar de
su expedición porque no hay números repetidos, razón suficiente para afirmar que
un error de tal naturaleza es inocuo. Consideración que también se extiende a los
errores en la denominación de los empleos desempeñados por los sancionados, ya
que se trata de lapsus o descuidos que no desvirtúan la presunción de legalidad de
los actos acusados y no son suficientes para declarar su nulidad.
(iv) En lo que se refiere a la falta de competencia de la segunda instancia
disciplinaria para corregir la fecha de la providencia proferida por la Procuraduría
Provincial, el número de identificación y los empleos ocupados por los investigados,
tampoco constituyen circunstancias que ameriten enervar la legalidad de las
decisiones censuradas, máxime cuando tales aspectos fueron objeto del recurso de
apelación y no de una solicitud de corrección frente a la decisión de primera
instancia; por ello, el juzgador disciplinario de segundo grado acudió a la figura de
la corrección, en estricta técnica jurídica, con el objeto de precisar el marco fáctico
del caso y de atender el objeto de la apelación. Siendo así, se trata de yerros que
no trascienden en lo sustancial y, en ese sentido, no es el caso acceder a las
pretensiones.
1.4. El recurso de apelación
Los demandantes, por intermedio de su apoderado, interpusieron recurso de
apelación,6 que fue sustentado en los siguientes términos:
(i) Para el despacho de primera instancia no existe vulneración de los derechos de
los demandantes producto de los yerros que se hicieron notar en la demanda, lo
que quiere decir que a pesar de que se quebrantó el numeral 1.º del artículo 170 de
6
Folios 868 a 871.
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la Ley 734 de 2002, referente al contenido del fallo, se concluyó que no hubo una
alteración en la ritualidad del proceso. Sin embargo, se insiste en que dicha norma
dispone que en el contenido del fallo debe ir inmerso lo decidido en el auto de
cargos, la denominación del empleo o función desempeñada por los disciplinados
para el momento de la comisión de los hechos, circunstancias que no fueron
identificadas correctamente en el acto censurado, pues se investigaban hechos
ocurridos a la Alcaldía municipal de Lebrija y no en otra, como erradamente se
insertó en la decisión de primera instancia. Tampoco se puede desconocer que al
señor Rodolfo García lo suspendieron en calidad de alcalde del municipio de San
Gil, empleo que nunca ocupó; todo ello alteró la ritualidad del proceso y constituyó
una afectación sustancial del debido proceso.
(ii) Las anteriores circunstancias no pueden considerarse lapsus o errores por
descuido, pues se trata de una vulneración de la ley que da lugar a desvirtuar la
presunción de legalidad que reviste a los actos acusados y, por ende, a declarar su
nulidad. Incluso, aunque hubieran sido manifestaciones producto de errores, es
evidente que se vulneró el numeral 1.º del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 en
cuanto se sancionó a los funcionarios producto del desempeño de funciones que no
ejercieron en los municipios de El Playón y San Gil, cuando las conductas
investigadas correspondían a hechos que habrían acaecido en el municipio de
Lebrija.
(iii) En lo que respecta a la enmienda realizada en la decisión de segunda instancia,
es claro que al haberse advertido los yerros cometidos, lo procedente era que el
juzgador disciplinario de primera instancia declarara la nulidad y repusiera la
actuación, de manera que corrigiera las imprecisiones, pero no lo hizo y, en su lugar,
otorgó el trámite de segunda instancia. A su vez, el funcionario de la Procuraduría,
encargado de resolver el recurso, erró al corregir tal providencia pues, según el
artículo 121 de la Ley 734 de 2002, dicha gestión le correspondía al funcionario que
profirió la decisión que debía ser objeto de corrección y, en ese sentido, se
quebrantó la ley disciplinaria y, por ende, el debido proceso. Lo que debe llevar a
su anulación por ser manifiestamente opuesta a la Constitución y la ley y
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
desconocedora del principio de legalidad de los actos administrativos.
(iv) Así las cosas, se insiste que el artículo 66 del Código Único Disciplinario exige
que el procedimiento sea acatado al pie de la letra por la jurisdicción disciplinaria, y
por la Procuraduría General de la Nación, lo que no ocurrió en el caso bajo examen
y debe conllevar la nulidad de los actos demandados.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La Procuraduría General de la Nación descorrió el término para alegar7 y solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda;
la parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.8
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si se configuraron los vicios planteados en la demanda
respecto de las decisiones disciplinarias objeto de censura. Previo a ello, se deberá
analizar la legalidad de estas teniendo en consideración que, respecto de uno de
los demandantes, recayeron en un servidor público elegido por voto popular, de
modo que, para ese efecto, se verificará si se sujetan a la normativa que rige en
7
Folios 894 a 903.
8
Según el informe secretarial visible en el folio 907.
9
Informe secretarial de folio 907.
14
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materia de restricción de los derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de
lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Acerca de las competencias de la Procuraduría General en materia
disciplinaria
El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones»10.
El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los
órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley»11.
Por su parte, los artículos 277 y 278, numerales 6 y 1, ibidem, respectivamente,
confieren en el procurador general de la Nación las funciones de «[e]jercer vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario;
adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley» y «[d]esvincular del cargo, previa audiencia y
mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las
siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar
evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus
funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la
Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta
10 Negrilla de la Sala.
11 Negrilla fuera de texto.
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negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que
tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo».
Entre tanto, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron y dieron
origen a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, regía la Ley 734 de 2002,
en cuyo artículo 3 otorgaba a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del
poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación
o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las
entidades públicas»12 y según el libro I del título I ibidem, el ejercicio del poder
disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso,
presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros;
además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.
Producto de una investigación de tal naturaleza, el ente de control podía imponer
las sanciones a que alude el artículo 44 de la ley citada, dentro de las cuales están:
i) destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial,
para las faltas graves dolosas y gravísimas culposas; iii) la suspensión, para las
faltas graves culposas; v) la multa, para faltas leves dolosas; y v) la amonestación
escrita, para las faltas leves culposas.
En particular, las faltas gravísimas que daban lugar a imponer la sanción de
destitución e inhabilidad general, están expresamente señaladas en el artículo 48
de la ley en comento, entre ellas, las de los numerales 1 y 17, que consisten en
«[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo» y [a]ctuar u omitir, a
12 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.
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pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de
intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales», que le fueron
atribuidas al demandante y que dieron lugar a la imposición de la sanción que se
cuestiona en este proceso.
2.2.1. Acerca de los derechos políticos y sus restricciones
El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a
«participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» y, para hacer
efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin
embargo, tal derecho no es ilimitado, toda vez que encuentra restricciones, entre
ellas, las señaladas en los artículos 98, 122, 172, 177 y 171 ibidem relacionados
con la pérdida o suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la comisión de delitos, la
nacionalidad y la edad, respectivamente.
Por su parte, en la Ley 734 de 2002, concretamente en su artículo 44, se estableció
como sanción disciplinaria, entre otras, la destitución, que tiene como destinatarios
a aquellos que hubieren cometido las faltas gravísimas de que trata el artículo 48
ibidem, cometidas a título de dolo o culpa gravísima. En ese sentido y como el
artículo 277 constitucional confirió al procurador general de la Nación la función de
ejercer la potestad disciplinaria y, en ese marco, sancionar a los infractores, entre
ellos, a quienes desempeñen funciones públicas, incluso, si fueren elegidos por voto
popular, se infiere que ese marco normativo le daba la competencia para imponer
la aludida sanción a este tipo de servidores.
No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por Colombia a través de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en
materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:
Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
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a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal. (Se resalta)
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.3.1. Acerca del trámite de la actuación disciplinaria y la identificación de los
disciplinados dentro de ella
(i) El 30 de marzo de 2009,13 la procuradora provincial de Bucaramanga expidió el
auto mediante el cual ordenó iniciar indagación preliminar, en los siguientes
términos:
Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del Artículo 150 de la Ley 734 de 2002,
en aras de determinar la existencia de responsabilidad por parte de la señora SONIA
SERRANO PRADA, Alcaldesa del Municipio de Lebrija - Santander, para la época de
los hechos, en las presuntas irregularidades endilgadas en su contra por parte del
señor GERARDO CARREÑO DÍAZ. [Se destaca]
(ii) El 10 de agosto de 2009,14 se notificó a la demandante del auto que dio inicio a
la indagación preliminar. Y en el acta correspondiente aparece lo siguiente.
[...] se hizo presente la Doctora SONIA SERRANO PRADA, identificada con la c.c. No.
63.351871 expedida en Bucaramanga [...] [negrilla fuera de texto].
13 Folios 10 a 132 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos.
14 Folio 16 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos.
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(iii) El 17 de noviembre de 2010,15 la procuradora provincial de Bucaramanga emitió
el auto que ordenó la apertura de la investigación disciplinaria. En su parte resolutiva
se dispuso lo siguiente:
Abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de los señores SONIA SERRANO PRADA,
identificad[a] en (sic) la cédula de ciudadanía No 63.351.871 en su condición de
calidad de Alcaldesa Municipal de Lebrija (S) y RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.671.028, en su calidad de Secretario
de Planeación del municipio de Lebrija (S) para la época de los hechos. [Se
destaca]
Para notificar la anterior decisión se publicó el edicto del 26 de enero de 2011,16 en
el cual está inserta la información de los disciplinados en los términos antes
anotados.
(iv) El 26 de septiembre de 2011,17 se emitió el auto mediante el cual se formularon
cargos en contra de los disciplinados, del cual se extraen los siguientes apartes:
IV. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS DISCIPLINADOS
La señora SONIA SERRANO PRADA, identificada con la Cédula de ciudadanía
número 63.300 51.871 expedida en Bucaramanga (S), en su calidad de Alcaldesa
Municipal de Lebrija (S), para la época de los hechos, cargo para el cual fue electa
el día 28 de octubre de 2007, tomando posesión del mismo el 1 de enero de 2008, tal
y como se desprende de la copia de la credencial electoral y del acta de posesión de
la citada señora que acreditan su calidad de servidor público de elección popular, para
el periodo 2008 a 2011 [...]
El señor RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ identificado con la cédula de ciudadanía número
5.671.025 expedida en Lebrija (S), en su condición de Secretario d[e] Planeación
Municipal de Lebrija (S), para la época de los hechos, cargo para el cual fue
designado por Decreto No 08 de enero 2 de 2008 y del cual tomó posesión en la
misma fecha. [...]
DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA
DEL SEÑOR RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ
CARGO ÚNICO
15 folios 367 a 370 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos.
16 Folio 411 del expediente.
17 Folios 477 a 507 del expediente.
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
Usted en su condición de Secretario de Planeación municipal de Lebrija (S)
desconoció el principio de planeación de la contratación estatal al no elaborar los
estudios de conveniencia y oportunidad para la realización de obras de mantenimiento
vial en los tramos ubicados entre La Carbonera y la Escuela El Líbano y Los Naranjos
y La Azufrada de la vía Uribe Uribe, de manera técnicamente adecuada lo que
conllevó la contratación directa a través de los contratos No. 097, 115, 124, 132 y 133
de 2008, sin surtir el proceso de selección abreviada del contratista que legalmente
correspondía, dada la naturaleza de las obras a ejecutar y la disponibilidad
presupuestal del municipio para la ejecución de las obras por un único contrato,
incurriendo con ello en presunta falta gravísima consagrada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
[...]
DE LA SEÑORA SONIA SERRANO PRADA
CARGO ÚNICO
Usted en su condición de Alcaldesa Municipal de Lebrija (S) suscribió los
contratos No. 097-2008 por valor de [doce millones] (se introduce el texto anterior,
pues no se encuentra en el documento original) ciento noventa y cuatro mil ciento
sesenta pesos ($12.194.160), No. 115-2008 por valor de doce millones setecientos
cuarenta mil pesos ($12.740.000), No. 124-2008 por valor de doce millones
novecientos quince mil trescientos veinte pesos ($12.915.320), No 132-2008 por valor
de doce millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta pesos
($12.849.760) y No. 133-2008 por valor de doce millones cuatrocientos veintiún mil
quinientos pesos ($ 12.421.500) para el alquiler de maquinaria y la realización de
diversas obras de mantenimiento de los tramos conocidos como La Carbonera,
escuela El Líbano, Los Naranjos y La Azufrada de la vía Uribe Uribe, mediante
contratación directa debiendo celebrar un único contrato dada la naturaleza de las
obras a contratar y la disponibilidad presupuestal del municipio para su ejecución,
mediante el procedimiento de selección abreviada establecido en el artículo 44 del
Decreto 066 de 2008 dado que la cuantía total de las obras ascendía a la suma de
sesenta y tres millones ciento veinte mil setecientos cuarenta pesos ($ 63.120.740),
desconociendo con ello el principio de transparencia de la contratación estatal e
incurriendo en presunta falta gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002.
[...]
PRIMERO: Formular Auto de Cargos contra el señor RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 5.671.025 expedida en Lebrija (S), en
su calidad de Secretario de Planeación del municipio de Lebrija (s), como
presunto autor responsable de quebrantar la Ley 734 de 2002, hecho constitutivo de
falta disciplinaria al tenor del artículo 23 ibídem, por las razones y el cargo
puntualizado en la motivación de este pronunciamiento.
Segundo: Formular Auto de Cargos contra la señora SONIA SERRANO PRADA,
identificada con la cédula de Ciudadanía No. 63.351.871 expedida en
Bucaramanga en su calidad de Alcalde Municipal de Lebrija (S) como presunto
autor responsable de quebrantar la Ley 734 de 2002, hecho constitutivo de falta
disciplinaria al tenor del artículo 23 ibídem, por las razones y el cargo puntualizado en
la motivación de este pronunciamiento. [...] [Negrilla de la Sala]
20
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(v) El 6 de enero de 2012,18 el secretario de la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga pasó ante el despacho la actuación procesal, informando que se
surtieron los trámites correspondientes a los alegatos de conclusión, se dio aviso a
los sujetos procesales del término de que disponían para su presentación, del cual
hicieron uso oportunamente.
2.3.2. Acerca de las decisiones disciplinarias censuradas
(i) El 27 de febrero de 2008,19 [sic]20 la Procuraduría Provincial de Bucaramanga
expidió la resolución 02, mediante la cual profirió el fallo disciplinario de primera
instancia, en el cual se relataron cronológicamente los antecedentes que dieron
origen a dicha investigación y las actuaciones desarrolladas dentro de ella, así: a.
indagación preliminar, a la cual se dio inicio mediante auto del 22 de julio de 2022;
b. la apertura de la investigación disciplinaria, decisión que se adoptó mediante
providencia del 17 de noviembre de 2010; c. la formulación de cargos [se precisa
que no se menciona la fecha de la providencia, pero más adelante se transcribirá el
contenido del acápite respectivo]; d. los descargos presentados por el apoderado
de los demandantes el 27 de octubre de 2011; y e. la etapa de alegatos de
conclusión, los cuales se presentaron por los disciplinados el 19 de diciembre de
2012. Adicionalmente, de dicho acto administrativo se extrae lo siguiente:
IV. CARGOS
[...]
SONIA SERRANO PRADA
Usted en su condición de Alcaldesa Municipal de Lebrija (S) suscribió los contratos
No. 097-2008 por valor de doce millones ciento noventa y cuatro mil ciento sesenta
pesos ($ 12.194.160), No. 115-2008 por valor de doce millones setecientos cuarenta
mil pesos ($ 12.740.000), No. 124-2008 por valor de doce millones novecientos quince
mil trescientos veinte pesos ($ 12.915.320), No 132-2008 por valor de doce millones
ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta pesos ($ 12.849.760) y No. 133-
18 Folio 534 revés.
19 Folios 475 a 507 del expediente.
20 Aunque así se señaló en el acto administrativo, la secuencia cronológica de hechos relatados en
ella y el trámite surtido en la actuación disciplinaria permiten concluir que la decisión fue emitida en
el año 2012, tal como dejó claro en la corrección realizada por la segunda instancia disciplinaria.
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2008 por valor de doce millones cuatrocientos veintiún mil quinientos pesos ($
12.421.500), para el alquiler de maquinaria y la realización de diversas obras de
mantenimiento de los tramos conocidos como La Carbonera, escuela El Líbano, Los
Naranjos y La Azufrada de la vía Uribe Uribe, mediante contratación directa debiendo
celebrar un único contrato dada la naturaleza de las obras a contratar y la disponibilidad
presupuestal del municipio para su ejecución, mediante el procedimiento de selección
abreviada establecido en el artículo 44 del Decreto 066 de 2008 dado que la cuantía
total de las obras ascendía a la suma de sesenta y tres millones ciento veinte mil
setecientos cuarenta pesos ($63.120.740), desconociendo con ello el principio de
transparencia de la contratación estatal e incurriendo en presunta falta gravísima
consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ
Usted en su condición de Secretario de Planeación Municipal de Lebrija (S)
desconoció el principio de planeación de la contratación estatal al no elaborar los
estudios de conveniencia y oportunidad para la realización de obras de mantenimiento
vial en los tramos ubicados entre La Carbonera y la Escuela El Líbano y Los Naranjos
y La Azufrada de la vía Uribe Uribe, de manera técnicamente adecuada lo que conllevó
la contratación directa a través de los contratos No. 097, 115, 124, 132 y 133 de 2008,
sin surtir el proceso de selección abreviada del contratista que legalmente
correspondía, dada la naturaleza de las obras a ejecutar y la disponibilidad
presupuestal del municipio para la ejecución de las obras por un único contrato,
incurriendo con ello en presunta falta gravísima consagrada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Finalmente, en su parte resolutiva se indicó:
PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado a la señora SONIA
SERRANO PRADA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 63.351.871 de Santa
Marta, en su condición de Alcalde Municipal de El Playón (S), conforme a lo expuesto
en la parte motiva de este proveído; en consecuencia declararla disciplinariamente
responsable del hecho investigado y sancionarla con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD
GENERAL para ocupar cargos públicos, en el ejercicio del cargo de Alcalde
Municipal de Lebrija (S), por el término de DIEZ (10) AÑOS.
SEGUNDO: Declarar probado y no desvirtuado [el] cargo formulado al señor RODOLFO
GARCÍA MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.671.025, en su
condición de Secretario de Planeación Municipal de Lebrija (S) conforme a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído; en consecuencia declararlo
disciplinariamente responsable de este hecho investigado y sancionarlo con
SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de San Gil (S), por el
término de CUATRO (4) MESES. [Negrilla fuera de texto]
(ii) El 28 de marzo de 2012,21 el apoderado de los demandantes interpuso recurso
de apelación en contra de la decisión de primera instancia, en él se destacan, entre
otras circunstancias, la fecha en que se emitió el fallo, lo que habría ocurrido «año
21 Folios 561 a 580 del expediente.
22
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y cinco meses antes» de que se hubiera iniciado la actuación disciplinaria y se
asegura que ello constituye una afrenta al debido proceso, pues no se puede emitir
una decisión disciplinaria antes del inicio de la indagación preliminar; de igual
manera, se hicieron notorios los errores en los que se refirió incorrectamente el
empleo de los investigados y el lugar de expedición del documento de identificación
de la señora Serrano Prada, lo cual habría constituido una irregularidad en la
identificación de los investigados y una consecuente transgresión del artículo 170,
numeral 1, de la Ley 734 de 2002.
(iii) El 10 de abril de 2012,22 el procurador provincial de Bucaramanga concedió, en
efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por los disciplinados.
(iv) El 21 de junio de 2013,23 el procurador primero delegado para la vigilancia
administrativa emitió la decisión de segunda instancia, en la cual resolvió lo
siguiente:
PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida en primera instancia por la Procuraduría
Regional de La Guajira, al declarar al declarar [sic] responsable y sancionar
disciplinariamente a SONIA SERRANO PRADA con DESTITUCIÓN DEL CARGO E INHABILIDAD
GENERAL para ocupar cargos públicos POR EL TÉRMINO DE TRECE (13) AÑOS y a
RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ, con SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, por el término
de CUATRO (4) MESES.
SEGUNDO. CORREGIR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA:
2.1. CORREGIR la fecha de la providencia proferida en primera instancia, por la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, en el sentido de aclarar que la Resolución
No 002, fue expedida el 27 de febrero de 2012 y no como erróneamente se anotó en
dicho proveído. [Las subrayas son propias del texto original]
2.2. CORREGIR, el número de identificación y cargo ocupado por los investigados SONIA
SERRANO PRADA Y RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ, en los numerales primero y segundo de
la Resolución No 002 del 27 de febrero de 2012, proferida por la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga, los cuales quedarán de la siguiente manera:
• PRIMERO. Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado a la señora SONIA
SERRANO PRADA identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.351.871 expedida
en Bucaramanga (S), en su calidad de Alcaldesa Municipal de Lebrija, Santander,
22 Folio 543 del expediente.
23 Folios 606 a 628 del expediente.
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
conforme a lo expuesto en la parte motivada de este proveído; en consecuencia
declararla disciplinariamente responsable del hecho investigado y sancionarla con
DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ocupar cargos públicos en el ejercicio
del cargo de Alcaldesa Municipal de Lebrija (s), por el término de DIEZ (10) AÑOS.
• SEGUNDO. Declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado al señor
RODOLFO GARCÍA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.671.025, en su calidad de Secretario de Planeación Municipal de Lebrija,
Santander, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído; en
consecuencia, declararlo disciplinariamente responsable de este hecho
investigado y sancionado con SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo de Secretario
de Planeación Municipal de Lebrija, Santander, por el término de CUATRO (4)
MESES. [Subraya original y lo resaltado, en todo el texto en negrilla es de la Sala]
3. El caso concreto. Análisis de la Sala
3.1. Análisis respecto de la señora Sonia Serrano Prada
En el asunto sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio de la
legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, a través de las cuales se impusieron, en contra de la señora Sonia Serrano
Prada, las sanciones de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos
públicos, producto de conductas que se reprocharon en su condición de alcaldesa
del municipio de Lebrija (Santander).
Pues bien, según se anunció en el acápite marco normativo de esta providencia, la
Constitución Política de Colombia revistió al procurador general de la Nación, por sí
o por medio de sus delegados y agentes, de la función de investigar y sancionar a
los infractores de la ley disciplinaria, incluso de aquellos de elección popular, y, para
tal efecto, imponer los correctivos que se establecen en la ley, entre ellos, la
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
Sin embargo, en estudio reciente, realizado por la Sala de la Sección Segunda de
esta Corporación24 se llegó a la conclusión de que si bien es cierto la Constitución
y la ley colombianas confirieron tales facultades en el aludido funcionario, la
normativa al respecto riñe con la garantía de derechos políticos de los servidores
elegidos por voto popular, en los términos previstos en el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la interpretación
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a tal normativa, toda
vez que la limitación de tales derechos tan solo procede por parte de un juez
competente. Así se discurrió:25
74. Por ello, en virtud de esta competencia constitucional y legal, el Procurador
General de la Nación se encuentra facultado para investigar y sancionar a los
servidores públicos, incluso los de elección popular, “conforme a la Ley”. (Negrilla
y cursiva propia del texto transcrito)
[…]
86. En este sentido, para la Sección Segunda del Consejo de Estado es importante
puntualizar que la interpretación que debe darse al concepto de “condena, por juez
competente, en proceso penal”, contenido en el artículo 23.2 de la Convención, está
referido no solo al proceso regulado en el Código de Procedimiento Penal, sino a
cualquier tipo de proceso desarrollado en ejercicio del poder punitivo del
Estado, que sea de carácter judicial, como lo es la pérdida de investidura, por
ejemplo, en el que su fin, además de ser una medida sancionadora, correctiva y
restablecedora de la ética en las corporaciones públicas de elección popular, es
connaturalmente ejemplarizante. [Resalta esta Sala]
Como consecuencia de lo anterior, en la providencia citada, la Sala de la Sección
Segunda realizó un estudio armónico entre las previsiones de la Constitución
Política con las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a
la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto
popular, en el siguiente sentido:
88. La Sección Segunda del Consejo de Estado en su deber de aplicar
preferentemente las normas constitucionales y a la vez cumplir con los instrumentos
internacionales, máxime cuando hacen parte del bloque de constitucionalidad por el
carácter vinculante que le otorga la misma Constitución Política, considera que, con
24 Providencia respecto de la cual, el ponente de la presente aclaró el voto.
25 Sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018),
M.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
el fin de consolidar la efectividad de los derechos humanos, los artículos 277.6 de la
Constitución Política y el 23 de la CADH deben armonizarse, mediante una
interpretación integradora, finalista y sistemática.
[…]
90. Efectivamente, en este proceso de armonización debe quedar claro que no se
puede privar de contenido ni la CADH ni la Constitución Política; corresponde al
interprete conciliar, hacer efectivas las dos normas en el sentido de reconocer que, si
bien es cierto, conforme con el artículo 9 Superior, las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos; también lo es que, conforme a la misma disposición y a los artículos 26
y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados de 1969, esta relación se fundamenta en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos, el deber de
cumplir los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda. 91. Pues bien, sobre
el principio de jurisdiccionalidad que se encuentra ínsito en el artículo 23.2 de la CADH,
de cara a las facultades de la Procuraduría para destituir a funcionarios públicos de
elección popular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia, reconoció que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero
del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia no eran incompatibles con el
artículo 23 de la Convención Americana, pero su interpretación debía darse de
manera que no quebrantara dicha disposición. […]
92. La interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que ha efectuado la CIDH, como quedó explicado en el acápite anterior,
tiene fuerza vinculante, comoquiera que es el intérprete auténtico de la Convención,
por lo tanto, en esta labor armonizadora, se debe tener en cuenta no solo las normas
convencionales sino la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana.
93. De acuerdo con lo anterior, y en la perspectiva de una interpretación integradora
de la Constitución Política con la CADH, y dado el alcance fijado por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, la Sección Segunda de la Corporación considera que el
artículo 277.6 de la Carta es una norma que goza de todo su rigor y que la
Procuraduría General de la Nación, como autoridad autónoma, tiene intacta sus
atribuciones para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos de
elección popular, cuando dicha sanción no implique la restricción de sus derechos
políticos, por lo tanto, una lectura armónica y sistemática del bloque de
constitucionalidad significa que frente a tales servidores el órgano de control puede
aplicar otro tipo de sanciones, pero que no lleve a suspender o inhabilitar el ejercicio
de derechos políticos. 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con
la Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que puede
imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este artículo claramente remite
a la Ley, que es la que contiene el catálogo de sanciones. En este contexto, la
Procuraduría goza de la potestad disciplinaria frente funcionarios elegidos
democráticamente, siempre que las sanciones a imponer no restrinjan sus derechos
políticos.
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
95. No sucede lo mismo con los artículos 4426 y 4527 del Código General Disciplinario,
sobre los cuales, la CIDH, en el fallo del 8 de julio de 2020, consideró que sí eran
incompatibles con la Convención, por violación del principio de jurisdiccionalidad, en
los siguientes términos: [se cita lo pertinente]
96. Este pronunciamiento de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia es claro
en señalar que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer
sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios democráticamente electos,
previstas en el Código Disciplinario Único constituyen un incumplimiento al deber de
adoptar disposiciones de derecho interno; por ello, el Estado es responsable por la
violación al artículo 23 de la Convención Americana.
[…]
98. Ante este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al
Estado colombiano que efectuara los ajustes al ordenamiento interno, a través de
medidas legislativas, como también así lo había exhortado la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el fallo del 15 de noviembre de
201741, al que hace referencia la CIDH en su sentencia del 8 de julio de 2020.
[…]
102. De acuerdo con lo anterior, pese a la intención de la Ley 2094 de 2021 de ajustar
la competencia de la Procuraduría General de la Nación al sistema interamericano de
derechos humanos que consagra la reserva judicial para los casos de sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad de servidores de elección popular, lo cierto es
que, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional, este ente de control en
tanto es una autoridad que ejerce función disciplinaria de orden administrativo, la
naturaleza de sus actos sancionatorios siguen siendo administrativos.
Y, a partir del anterior análisis, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó:
26 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 44. Clases de sanciones. El servidor público está
sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas
dolosas o realizadas con culpa gravísima. 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas. 3. Suspensión, para las faltas graves
culposas. 4. Multa, para las faltas leves dolosas. 5. Amonestación escrita, para las faltas leves
culposas.»
27 Cita propia del texto transcrito «ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. 1. La destitución e
inhabilidad general implica: a) La terminación de la relación del servidor público con la administración,
sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La
desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la
Constitución Política, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores,
la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado
en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 2. La suspensión implica la separación del ejercicio
del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad
de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.
3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 4. La amonestación escrita implica un llamado de
atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo el
servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la
misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción
al representante legal o a quién corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.»
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
103. La Sección Segunda del Consejo de Estado considera que es imperioso para el
juez contencioso administrativo, en sede del control de legalidad de los actos
sancionatorios disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación que restringen
los derechos políticos de servidores públicos elegidos popularmente, tener en cuenta
los postulados trazados por el derecho convencional, aun de forma oficiosa, por el
deber de respeto como Estado parte de la CADH.
104. Lo anterior, por varias razones; la primera, porque, conforme al artículo 9 de la
Constitución Política y los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, el Estado colombiano
reconoce los principios de derecho internacional y debe cumplir los tratados de buena
fe, principio pacta sunt servanda; sin que sea permitido invocar disposiciones de
derecho interno para incumplir los tratados internacionales28.
[…]
109. Así las cosas, el Estado colombiano, al haber suscrito el documento
internacional, tiene la obligación de cumplir los derechos reconocidos en el texto, así
como el deber de efectuar el control de convencionalidad de manera obligatoria, tarea
en cabeza de toda autoridad administrativa y judicial. Este control difuso de
convencionalidad a un caso concreto constituye la aplicación de la excepción de
inconvencionalidad.
110. Adicionalmente, porque el control de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, sobre las decisiones adoptadas por los titulares de la
acción disciplinaria, es pleno, comoquiera que no está supeditado a limitaciones ni
restricciones, sin que por ello se constituya en una tercera instancia29; e integral, pues
incluye un juicio sustancial del acto sancionador a la luz del respeto por la garantía de
los derechos fundamentales del disciplinado30. […]
112. Bajo el anterior contexto, el juez del control de legalidad debe considerar, y tener
en cuenta al momento de emitir sentencia, el entorno de la realidad en virtud del
derecho viviente que obliga a todas las autoridades, sin excepción alguna -cuanto
más a quienes administran justicia-, a realizar una interpretación de la normativa
interna de cara a los postulados y mandatos trazados por órganos judiciales
internacionales, frente a los cuales no se puede oponer.
[…]
119. Por ello, sin duda alguna, la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, marca
un precedente en relación con la manera como deben interpretarse y acatarse en
nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones de la Convención Americana sobre
28 Cita propia del texto transcrito «Artículo 26. Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27. El derecho interno y la observancia
de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado.»
29 Cita propia del texto transcrito «Sentencia del 11 de julio de 2013 radicación interna (1982-09)
M.P. Gerardo Arenas Monsalve.»
30 Cita propia del texto transcrito «Este control integral comprende, por supuesto, el tema de la ilicitud
sustancial, al considerar que el juez está autorizado para realizar el análisis de racionalidad,
razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de esta, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar
los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones
expuestas por el disciplinado.»
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
Derechos Humanos, por cuanto el instrumento jurídico internacional y las sentencias
proferidas por la CIDH constituyen, en conjunto, la convencionalidad como fuente
normativa en la teoría del derecho viviente31.
[…]
121. El juicio de convencionalidad efectuado por la CIDH al sistema normativo interno
para condenar al Estado colombiano como responsable por la violación del derecho
político del demandante, protegido por el artículo 23 del tratado internacional, sentó
como ratio decidendi que el Código Disciplinario Único le otorgó a la Procuraduría
General de la Nación la facultad de imponer sanciones como la destitución a
funcionarios públicos elegidos democráticamente, contraviniendo la norma
convencional que excluye dicha competencia por vía de autoridad administrativa.
[…]
128. Ahora bien, el control de convencionalidad efectuado por la CIDH en el caso Petro
Urrego Vs. Colombia no se agotó con el principio de jurisdiccionalidad; su estudio
abarcó también el examen al cumplimiento de los derechos a las garantías judiciales
previstas en el artículo 8 Convencional, lo que a juicio de la Sala significa,
adicionalmente, la aplicación del principio de favorabilidad, in dubio pro disciplinado o
pro homine, que, tratándose del ius puniendi tiene una importancia superlativa, como
pasa a explicarse.
[…]
136. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la resolución de los casos en que se
analice la conformidad de sanciones disciplinarias impuestas por la PGN a servidores
de elección popular, debe atender al principio de favorabilidad, el cual se encuentra
reforzado por el hecho de estar involucrados sus derechos políticos que son
protegidos por la CADH y sus derechos laborales, que, como se señaló al principio de
este acápite, deben garantizarse en virtud del principio pro homine, conforme con el
artículo 53 Superior.
[…]
150. Ciertamente, a juicio de la Sala, dentro de la actuación disciplinaria debe
garantizarse una independencia e imparcialidad de parte de quien investiga como de
quien sanciona y no que se constituya al mismo tiempo en juez y parte, como sucede
en el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002. 151. De acuerdo con lo
anterior, adicional a la vulneración al principio de jurisdiccionalidad, como quedó
analizado en el acápite anterior, se evidencia, a partir de la interpretación de las
normas convencionales, en especial del artículo 8, que en el proceso sancionatorio
disciplinario adelantado por la PGN, conforme a las disposiciones de la Ley 734 de
2002, no se cumplen con las garantías judiciales para el disciplinado de (i) ser oído
por un juez imparcial; (ii) presumirse su inocencia y (iii) ejercer realmente su derecho
de defensa.
31 Cita propia del texto transcrito «A pesar de que la Ley 16 del 20 de diciembre de 1972 mediante
la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en nuestro sistema normativo,
fue expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, lo cierto
es que sus preceptivas tienen total aplicación en virtud del artículo 93 superior que le reconocen
prevalencia en el ordenamiento interno, por tratarse de un tratado internacional ratificado por el
Congreso de la República que reconoce derechos humanos.»
29
Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
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152. Ahora bien, la excepción de inconvencionalidad aplicada con base en las
consideraciones efectuadas en los acápites anteriores sobre los principios de
jurisdiccionalidad y de las garantías judiciales, de conformidad con las normas
convencionales y con el fallo del 8 de julio de 2020, proferido por la CIDH en el caso
Petro Urrego Vs. Colombia, debe ser adoptada por los jueces y por la administración
en los asuntos de supuestos jurídicos similares, no solo por virtud de la obligatoriedad
de su aplicación por el hecho que el país hace parte del Pacto de San José de Costa
Rica, y por el principio de favorabilidad, como quedó explicado sino por derecho a la
igualdad y a la protección judicial […]
En ese sentido, a partir de la decisión judicial en comento, es criterio de la Sección
Segunda que «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que
restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe
aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho
viviente sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección
judicial.».
Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las
normas que radican en el procurador general de la Nación, en su condición de
autoridad administrativa, la competencia para imponer sanciones como la
destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los
principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de
una autoridad judicial, y favorabilidad en materia laboral, según el cual se debe
preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en caso de que una
norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a
la igualdad y a la protección judicial, la Sala revocará parcialmente la decisión de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declarará la nulidad parcial de los actos administrativos cuestionados en este
proceso, en lo que atañe a las sanciones impuestas a la señora Sonia Serrano
Prada, comoquiera que, a través de ellos, se impuso en una servidora pública
elegida popularmente, la sanción de destitución, lo que conlleva una restricción de
derechos políticos, facultad que, según el criterio antes expuesto, está reservada a
las autoridades judiciales competentes.
30
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Ahora bien, en las pretensiones de restablecimiento del derecho formuladas en la
demanda, la señora Serrano Prada reclamó «[el] retiro de la inscripción efectuada
de la sanción de en los antecedentes disciplinarios y la hoja de vida de los
sancionados y se condene a la Procuraduría General de la Nación cancelar a cada
uno de los demandantes una suma equivalente a los 250 SMLMV, para la época del
fallo, como restablecimiento de los daños materiales y morales ocasionados por los
fallos antes mencionados».
Sin embargo, en el acápite de pruebas de la demanda se solicitó reconocer y tener
como tales, las siguientes:
1. Fotocopia autenticada de la actuación disciplinaria adelantada por la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, en contra de los demandantes y radicada
bajo el No. IUS-2009-8829 IUC – D – 2009 – 153340, dentro de la cual se encuentra
debidamente autenticados los actos administrativos demandados.
2. Copia del auto de fecha Noviembre 20 de 2.013 emanado de la Procuraduría
102 Judicial Para Asuntos Administrativos en donde consta el tr[á]mite surtido por la
Solicitud de Conciliación presentada por los demandantes.
3. Copia del Acta de la Audiencia de Conciliación adelantada ante la
Procuraduría 102 Judicial para Asuntos Administrativos el día 16 de Diciembre de
2.013.
4. Copia de la Constancia emitida por la Procuraduría 102 Judicial I para
Asuntos Administrativos del 16 de Diciembre de 2.013 en donde certifica el
agotamiento del requisito de procedimentalidad [sic].
5. Copia del pago del arancel judicial.
Una vez inadmitida la demanda,32 el apoderado de la parte actora la subsanó33 y,
en su escrito, tan solo se refirió a los defectos anotados por la magistrada a cargo
de la sustanciación del proceso en primera instancia, pero no agregó nada en torno
a las pruebas que pretendía hacer valer; tampoco lo hizo en el término de que
disponía para adicionar o reformar la demanda.34
Pues bien, lo anterior quiere decir que la parte demandante no efectuó ningún
esfuerzo probatorio, ni pidió que se practicara ningún medio de convicción orientado
32 Folios 800 y 801 del expediente.
33 Folios 802 a 806 del expediente.
34 Como consta en el informe secretarial que obre en el folio 860 del expediente.
31
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a demostrar los perjuicios materiales y morales que reclamó en la demanda,
situación que impide acceder al resarcimiento económico que depreca.
Valga aclarar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; además, sobre tal
disposición, en materia de lo contencioso administrativo, esta Corporación35 ha
sostenido lo siguiente:
[…] Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le
indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de
sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en
relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el
libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan
demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más
aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean
reconocidos. Sobre la carga de la prueba esta Corporación explicó36: “En procesos
contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones
que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le
corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se
incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de
Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte
afectado…”. […]
En razón de lo anterior, y como en el caso bajo análisis la señora Serrano Prada no
solicitó, ni aportó, ni pidió la práctica de ninguna prueba que tuviera el propósito de
demostrar los perjuicios que se causaron en su contra con las decisiones
disciplinarias censuradas, no es viable acceder al reconocimiento económico que
se dreclamó en la demanda.
Por otra parte, la Sala observa que a la demandante no solo se le impuso la sanción
de destitución, sino la de inhabilidad para el acceso a cargos públicos, lo cual le
habría impedido devengar un salario en ese sector, por el término que permaneció
dicha inhabilidad; sin embargo, tal determinación, en sentir de la Subsección, no
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2011, radicación:
05001-23-26-000-1994-02376-01(18048), M.P. Enrique Gil Botero.
36 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia de Diciembre 4 de 2006. Exp. 16.188. CP. Mauricio
Fajardo Gómez».
32
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
vulnera el derecho al trabajo ni le impide el desarrollo de alguna actividad
profesional que le permita recibir ingresos, pues la limitación de acceso a un empleo
solo se presentó en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse
que la decisión disciplinaria, por sí sola, conlleva la materialización de perjuicios
materiales y morales, los cuales, se repite, no se probaron en el sub lite.
En todo caso, como la sanción impuesta a la demandante fue registrada en División
de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,37 se ordenará oficiar
a dicha dependencia para que incorpore esta decisión en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a
efectuar la desanotación de la respectiva sanción.
3.2. Análisis respecto del señor Rodolfo García Martínez
La censura formulada en la alzada, consistió en insistir, como se hizo en la
demanda, en las presuntas irregularidades que están inmersas en los actos
acusados, en cuanto a tres aspectos,38 a saber: por un lado, lo relacionado con la
fecha de expedición de la providencia de primer instancia, por otro lado, el error en
la mención del empleo que ocupaba el señor García Martínez, y respecto del cual
se le impuso la sanción disciplinaria en primera instancia y, por último, la falta de
competencia del juzgador disciplinario de segundo grado para corregir la decisión
emitida por la Procuraduría Provincial.
En primer lugar, en lo que se refiere a la fecha de la decisión disciplinaria de
primera instancia, denominada Resolución No. 002 «de 2008», la parte demandante
cuestiona el hecho de que tal providencia se hubiera emitido en el año resaltado,
37 Por virtud de lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión del 27 de
febrero de 2008 [que debe entenderse emitida en 2012], confirmada en segunda instancia
disciplinaria.
38
Se precisa que como en este acápite se analiza exclusivamente la situación del señor Rodolfo García Martínez,
pues la controversia en torno a la señora Sonia Serrano Prada de estudió en el acápite anterior, y, por ello, solo
se examinarán los reparos concretos que frente a los actos censurados, se formularon respecto de lo decidido en
torno a aquel.
33
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cuando la apertura de la indagación preliminar y demás actuaciones disciplinarias
tuvieron ocurrencia, en forma posterior.
Al respecto, la Sala considera que con la relación cronológica de las diferentes
actuaciones surtidas durante el trámite disciplinario, que se incuyeron en el acápite
2.3.1. de esta providencia, se puede evidenciar, de manera clara y sin lugar a dudas,
que la decisión disciplinaria de primera instancia no se emitió en forma anterior al
adelantamiento del trámite propio de esa actuación, pues lo primero que se hizo fue
dar apertura a la indagación preliminar, posteriormente, se dio inicio a la
investigación disciplinaria, más adelante, se formularon los cargos y, finalmente, a
través de informe secretarial del 6 de enero de 2012,39 se dejó a disposición de la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga para lo de su competencia, en este caso,
la emisión de la decisión de primera instancia.
Ahora bien, es cierto que la mencionada Resolución 002 del 27 de febrero,
menciona como año de expedición el 2008; sin embargo, dentro de ella se relatan
los hechos y circunstancias que enmarcaron la actuación disciplinaria, el trámite
llevado a cabo, todo lo cual ocurrió entre los años 200940 y 2011,41 por lo que no
sería lógico entender que en el año 2008 se surtieron etapas procesales futuras, y
mucho menos, como lo pretende el apoderado recurrente, que se emitió una
decisión disciplinaria antes del agotamiento de todas las etapas propias de un
proceso de tal naturaleza.
Bajo ese entendido, y, se repite, atendiendo el orden cronológico de todas las
gestiones adelantadas dentro de la actuación disciplinaria, así como el relato que
de estas se hizo en la decisión disciplinaria de primera instancia, es forzoso concluir
que al mencionar el año 2008 como aquel en que se emitió dicho acto administrativo
lo que se produjo fue un error de digitación o un error por cambio de palabras, que,
39 Folio 534 revés.
40 Fecha en la que se dispuso adelantar la indagación preliminar, a través del auto del 22 de julio de
ese año.
41 En diciembre de ese año se corrió traslado para que los sujetos procesales alegaran de conclusión
y estos procedieron de conformidad.
34
Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
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en momento alguno puede considerarse como transgresor del derecho de defensa
del investigado ni afectar la legalidad de la decisión adoptada en él.
En el caso concreto de errores en la fecha de las providencias disciplinarias, esta
Corporación42 ha sostenido lo siguiente:
[…] la fecha de las providencias disciplinarias, si bien no constituye un elemento
esencial del fondo de la decisión -que permita por vía directa la nulidad del fallo
disciplinario-, s[í] resulta indispensable para la materialización de garantías del debido
proceso como la publicidad y contradicción, y, es bajo ese contexto -afectación de las
garantías de publicidad y contradicción-, que por vía indirecta deben analizarse los
cargos de anulación referidos a este tipo de irregularidades, a fin de establecer si el
defecto -el error en la fecha de la providencia disciplinaria- da lugar a la nulidad del
acto administrativo acusado […]
Atendiendo la anterior interpretación, la Sala concluye que el desacierto incluido en
el encabezado del acto acusado, en cuanto indicó un año de expedición incorrecto,
constituye un error de índole formal que en momento alguno conllevó
desconocimiento del debido proceso del demandante, máxime cuando, se insiste,
no se trató de una decisión adoptada en forma previa al agotamiento de las etapas
procesales disciplinarias, sino de un error humano de digitación al momento de
señalar la fecha de expedición de la decisión, y que no le impidió ejercer sus
derechos de defensa y contradicción dentro del trámite sancionatorio; por el
contrario, el disciplinado fue debidamente enterado de la decisión adoptada por la
primera instancia e interpuso oportunamente el recurso de apelación, con lo cual
pudo materializar los derechos aludidos, lo que quiere decir que la inconsistencia
en el año de la expedición del acto no tiene la relevancia suficiente para desvirtuar
la legalidad de la actuación e impone confirmar la decisión de primera instancia en
cuanto consideró que tal circunstancia no ameritaba anular los actos enjuiciados.
En segundo lugar, el recurrente cuestiona el hecho de que, en la parte resolutiva
de la decisión disciplinaria de primera instancia, se hubiera declarado
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2020,
radicación: 81001 23 39 000 2016 00135 01, número interno: 5803-18, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
35
Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
disciplinariamente responsable y sancionado al señor García Martínez por los
hechos investigados y se haya dispuesto la suspensión «en el ejercicio del cargo de
Alcalde Municipal de San Gil» cuando, en realidad, nunca ostentó tal empleo,
circunstancia que, en su sentir, da lugar a considerar que no hubo una plena
identificación del sujeto disciplinado y, por ende, transgredió el artículo 170, numeral
1, de la Ley 734 de 2002, que exige, en el fallo, identificar plenamente al investigado.
En torno a dicho reproche, la Sala reitera el análisis efectuado en torno al cargo
anterior, pues se trató de un error desafortunado, inmerso en el numeral segundo
de la parte resolutiva de la decisión disciplinaria de primera instancia, en la cual
quedó consignado lo siguiente:
SEGUNDO: Declarar probado y no desvirtuado [el] cargo formulado al señor RODOLFO
GARCÍA MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.671.025, en su
condición de Secretario de Planeación Municipal de Lebrija (S) conforme a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído; en consecuencia declararlo
disciplinariamente responsable de este hecho investigado y sancionarlo con
SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de San Gil (S), por el
término de CUATRO (4) MESES. [Negrilla fuera de texto]
Tal como se advierte en el anterior enunciado, por un lado, se refirió que el sujeto
disciplinado ostentaba el empleo de secretario de planeación municipal de Lebrija
(Santander), pero, por otro lado, se indicó que se le suspendía del ejercicio del cargo
de alcalde del municipio de San Gil (Santander), es decir que hubo una
incongruencia en el aludido numeral.
Sin embargo, en toda la actuación desplegada por el ente de control,
particularmente, en el auto de apertura de investigación, en la formulación de cargos
e, incluso, en la parte considerativa de la decisión disciplinaria de primera instancia,
se explicó que los hechos que se investigaban respecto del señor García Martínez,
habían ocurrido durante el tiempo en que ocupó el cargo de secretario de planeación
municipal de Lebrija, empleo al que se hizo referencia en la primera parte del
numeral transcrito, de donde se infiere que no se trató de un error u omisión en la
plena identificación del sujeto disciplinado, como lo sugiere el recurrente, sino de un
error por cambio de palabras, inmerso en la parte resolutiva de la decisión
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disciplinaria de primera instancia, pero que, leído ese acto administrativo, en su
integridad, guarda coherencia y no da lugar a concluir algo diferente a que la sanción
se imponía respecto del empleo que ostentaba el actor en el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron origen al trámite disciplinario, que no es otro que
el de secretario de planeación del municipio de Lebrija.
Valga resaltar que esta Corporación43 ha sostenido que no toda irregularidad que
se presente en la expedición de un acto administrativo tiene la entidad suficiente
para desvirtuar su presunción de legalidad. Así se ha discurrido:
Cabe destacar en este punto, que no toda irregularidad dentro del procedimiento
administrativo o inobservancia de los requisitos formales por parte de la
administración pública, constituye por sí sola, una causal para declarar la
nulidad de los actos administrativos producto de una actuación administrativa.
Estos solo podrán ser anulados, cuando los vicios dentro de procedimiento,
impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de contradicción
y defensa de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, que la
nulidad de un acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
administrativo puede ser decretada únicamente cuando dentro del proceso para su
elaboración se presenten las irregularidades sustanciales o esenciales, que
desconozcan las garantías constitucionales del titular de la decisión.
Las irregularidades o vicios, que puedan presentarse en el desarrollo del proceso de
expedición de un acto administrativo, que no impliquen el desconocimiento de las
garantías constitucionales del afectado, no tienen la relevancia para generar la
nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, entonces tales vicios de procedimiento son considerados como
irregularidades intrascendentes o irrelevantes, los cuales están consagradas por el
legislador en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo44. [Resalta la Sala]
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2020,
radicación: 41001 23 33 000 2013 00445 01, número interno: 5963-18, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
44 Cita propia del texto transcrito: “Ley 1437 de 2011. (…) Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos
de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.
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En el anterior contexto, la Subsección considera que se trató de un aspecto formal
más no sustancial, que si bien denota una incongruencia, no tiene la entidad
suficiente para enervar la legalidad de los actos acusados, pues no conllevó
violación de las garantías fundamentales del disciplinado, ni le impidió ejercer sus
derechos de contradicción y defensa; además, de no haberse presentado tal
inconsistencia, el sentido material de la decisión hubiese sido el mismo; por lo tanto,
no comporta una irregularidad de carácter sustancial que hubiera alterado o
desconocido sus garantías, como sujeto disciplinable.
Adicional a lo anterior, contra dicha decisión el disciplinado interpuso el recurso de
apelación que procedía, en el cual invocó, entre otros, los argumentos relacionados
con tal descuido del operador disciplinario, de donde surge que estuvieron
salvaguardados sus derechos fundamentales. En ese sentido, se considera
acertada la decisión de primer grado, en cuanto no accedió a anular los actos
censurados, producto de dicho desacierto de la autoridad disciplinaria.
Por otra parte, el recurrente asegura que hubo violación del numeral 1.º del artículo
170 de la Ley 734 de 2002, que se refiere al contenido del fallo, dentro del cual debe
estar inmerso lo decidido en el auto de cargos; sin embargo, al revisar la decisión
disciplinaria de primera instancia no se observa omisión al respecto, pues, en ella
se incluyó el capítulo IV en el que se refiere lo decidido en el pliego de cargos y que
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los
siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere
el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público,
político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
(…)”
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guarda coherencia con la formulación que se hizo al respecto,45 lo que desvirtúa la
veracidad de la afirmación realizada por la parte actora.
En todo caso, la Sala entiende que el reproche anterior pudo ir orientado a
cuestionar que no podía incluirse, dentro de una decisión disciplinaria emitida en el
año 2008, una formulación de cargos inexistente para esa época; sin embargo, lo
relativo a la inconsistencia en el señalamiento del año en que se expidió tal decisión
ya fue objeto de análisis por esta Sala, al resolver el primero de los reparos
concretos planteados por el actor, por lo que debe estarse a lo estudiado y resuelto
en cuanto a ese aspecto.
En tercer y último lugar, el apoderado del señor García Martínez asegura que
hubo una irregularidad, por parte del juzgador disciplinario de segunda instancia, en
cuanto no era de su competencia corregir o enmendar los errores en que incurrió la
decisión de primera instancia.
Para resolver el anterior cuestionamiento se debe señalar que, en efecto, el artículo
121 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[e]n los casos de error aritmético, o en el
nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba,
o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión
sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o
adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario
que lo profirió»; sin embargo, no hubo petición de parte en ese sentido, por el
interesado y, por ende, el operador disciplinario no procedió en tal sentido.
Valga aclarar que si bien una corrección de esa naturaleza procede de oficio, para
que ello ocurra es necesario que el funcionario a cargo advierta la existencia de una
circunstancia que amerite proceder de conformidad y, según el trámite llevado a
cabo por el procurador provincial de Bucaramanga, al parecer, no percibió dicha
circunstancia; por ello, una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de los
45 Ver el los acápites 2.3.1. numeral (iv) y 2.3.2. numeral (ii) de esta providencia.
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disciplinados, su gestión fue conceder el recurso,46 para que el superior resolviera
los cuestionamientos planteados por estos.
Ahora bien, como lo que se cuestiona es la falta de competencia del operador
disciplinario de segunda instancia para disponer la corrección de los errores de la
decisión de primer grado, al respecto es forzoso acudir a lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, según el cual el funcionario de segunda
instancia, únicamente tiene competencia para revisar «los aspectos impugnados y
aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de
impugnación».
En el anterior escenario se debe decir que el texto de la norma en comento, en
concordancia con los argumentos invocados por el apoderado del señor García
Martínez en el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión disciplinaria
de primera instancia, fueron los que otorgaron competencia al procurador primero
delegado para la vigilancia administrativa, para «corregir» las inconsistencias
formales advertidas en dicho acto administrativo.
En efecto, tal como se relacionó en el acápite 2.3.2., numeral (ii), de esta
providencia, entre los planteamientos formulados por el apoderado del señor García
Martínez en el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa cuestionó
circunstancias como el año en que se habría expedido la decisión disciplinaria de
primera instancia y el empleo del disciplinado y respecto del cual se impuso la
sanción de suspensión; por ello, ante las inconsistencias advertidas, y dentro del
marco de sus competencias, pues aquellas fueron puestas de relieve en el recurso,
el operador disciplinario de segunda instancia estaba facultado para hacer
referencia a ellas y decidir lo que en derecho correspondiera que, en este caso,
consistía en corregir los yerros formales encontrados en el acto recurrido.
46 Como lo hizo en el auto del 10 de abril de 2012, visible en el folio 543 del expediente.
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Así las cosas, la Sala no vislumbra el desbordamiento de competencias en que,
según el recurrente, incurrió el operador disciplinario de segunda instancia y, por el
contrario, coincide con la argumentación del Tribunal Administrativo de Santander
en cuanto concluyó que se trató de «una decisión que asum[ió] dentro del ámbito
de competencia, cual es, el de precisar […] el marco fáctico y la precisión del caso
y atender el objeto de la apelación».
Finalmente, y aunque no se hizo mención a ello en el recurso de apelación, la Sala
advierte que también hubo un error por cambio de palabras en la parte resolutiva de
la decisión disciplinaria de segunda instancia, pues, en ella, se confirmó la de primer
grado que habría sido emitida por la «Procuraduría Regional de La Guajira»
cuando, en realidad, la autoridad disciplinaria que emitió el acto recurrido fue la
Procuraduría Regional de Bucaramanga; sin embargo, se entiende que se trató de
un error de digitación que no altera lo resuelto, en lo sustancial, y que, revisado el
hilo conductor de la actuación desarrollada, se puede notar que la decisión que se
confirmó fue la expedida por la última autoridad citada, sin que tal inconsistencia
amerite desvirtuar su presunción de legalidad.
Corolario de lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la decisión de primera
instancia, en cuanto denegó las súplicas de la demanda en lo que se refiere al señor
Rodolfo García Martínez.
4. La condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
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condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,47
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
5. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia, pues
considera que (i) se logró desvirtuar parcialmente la presunción de legalidad de los
actos acusados, en lo que se refiere a la sanción disciplinaria impuesta a la señora
Sonia Serrano Prada, lo que da lugar a su anulación parcial; (ii) se dispondrá oficiar
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para
que, en sus sistemas de información, registre esta decisión y efectúe la
desanotación de la sanción impuesta a la demandante; (iii) no hay lugar a reconocer
los perjuicios reclamados por la señora Serrano Prada, por las razones antes
descritas; (iv) se confirmará, en lo demás, la decisión recurrida; y (v) no hay lugar a
imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR, parcialmente, la sentencia proferida el 2 de octubre de 2014,
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las
pretensiones en la demanda formulada por Sonia Serrano Prada y Rodolfo García
Martínez contra la Nación (Procuraduría General de la Nación), según lo expuesto
en las consideraciones que anteceden.
Segundo. ANULAR, parcialmente, las decisiones disciplinarias emitidas el 27 de
febrero de 201248 y el 21 de junio de 2013 por la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga y el procurador primero delegado para la vigilancia administrativa, en
cuanto declaró responsable a la señora Sonia Serrano Prada, y se le impuso
sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos, según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.
Tercero. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de
la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro
48 La referencia al año se toma según la corrección que de él se hizo en la decisión disciplinaria de
segunda instancia.
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Radicado: 68001 23 33 000 2014 00077 01 (0826-2015)
Demandante: Rodolfo García Martínez y otra
de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a efectuar la
correspondiente desanotación de las anteriores sanciones impuestas respecto de
la señora Sonia Serrano Prada.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de restablecimiento del derecho formuladas
por la señora Sonia Serrano Prada, según lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.
Quinto. Confirmar, en lo demás, la providencia recurrida, particularmente, en cuanto
no accedió a anular los actos censurados, respecto de las decisiones que en ellos
se adoptaron en torno al señor Rodolfo García Martínez, conforme a lo expuesto en
la parte motiva.
Sexto. No imponer condena en costas.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
44
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