Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2014-00328-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2014-00328-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2014-00328-03
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: LEONOR PATRICIA GIRALDO GONZALEZ
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OTRO
Tema: Se acreditó un daño antijurídico por ocupación permanente de
una franja de terreno por obra pública. Liquidación de perjuicios.
Principio de non reformatio in pejus.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 29 de diciembre de 2006, el entonces INCO (hoy ANI) suscribió el contrato de
concesión No. 002 con la sociedad Autopistas de Santander S.A., para que ésta
última adelantara la adquisición de los predios necesarios para desarrollar el
proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga”. Según lo narrado en la
demanda, con la ejecución de la obra vial se ocupó permanente una franja de
terreno de 5.990,39 m2 del predio “La Palmita”, de propiedad de Leonor Patricia
Giraldo González, sin que a la fecha ninguna de las entidades haya adquirido el
área de terreno ocupada.
La demandante considera que la ANI y la sociedad Autopistas de Santander S.A.
son patrimonialmente responsables por la ocupación permanente de una franja de
terreno de su propiedad.
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Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 29 de abril de 20141, Leonor Patricia Giraldo González, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda
en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI) y la sociedad
Autopistas de Santander S.A., por los perjuicios ocasionados por la ocupación
permanente de una franja de terreno de su propiedad.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las
entidades demandadas a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $50.000.000;
por daño emergente, la suma de $724.837.190, correspondiente “al valor de la
franja de terreno de 5.990,39 m2 ocupada por las entidades demandadas”; y por
lucro cesante, la suma de $395.365.740.
En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que, mediante Escritura
Pública No. 104 del 26 de mayo de 2005, adquirió el predio rural “La Palmita”,
ubicado en el municipio de Girón (Santander) e identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 300-229587.
Sostiene que, el 29 de diciembre de 2006, el INCO suscribió el contrato de
concesión No. 002 con la sociedad Autopistas de Santander S.A., con el objeto de
“realizar los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión
ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y
mantenimiento del proyecto de concesión vial Zona Metropolitana de Bucaramanga
• ZMB”.
Aduce que, mediante el “acta de entrega anticipada” del 21 de abril de 2008, Leonor
Patricia Giraldo González entregó materialmente una franja de terreno de
2.641,13m2 del predio “La Palmita” a la sociedad Autopistas de Santander S.A.
1 Fl. 168 a 178, C. 1.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Señala que, en el año 2009, la concesionaria presentó oferta de compra a Leonor
Patricia Giraldo González - por la suma de $13.181.220 -, por una franja de terreno
de 2.590,61m2 del predio “La Palmita”.
Indica que, el 6 de abril de 2010, la sociedad Autopistas de Santander S.A. le
comunicó a la señora Giraldo González que actualizaría la oferta de compra, pues
requería una franja de terreno de mayor extensión del predio “La Palmita”.
Manifiesta que, el 18 de agosto de 2010, la concesionaria formuló oferta de compra
a la propietaria del predio “La Palmita” - por la suma de $70.381.092 - por una franja
de terreno de 5.990,39m2.
Señala que, el 15 de septiembre de 2010, la propietaria del predio “La Palmita”
presentó objeciones a la oferta de compra, puntualmente frente al avaluó del
inmueble de su propiedad.
Advierte que a la fecha de presentación de la demanda, las entidades accionadas
no han resuelto las objeciones presentadas, ni han adquirido el área de terreno
ocupada.
La demandante considera que la ANI y la sociedad Autopistas de Santander S.A.
son patrimonialmente responsables por la ocupación permanente de una franja de
terreno del inmueble de su propiedad.
2. Contestaciones
El 18 de junio de 20142 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda
y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.
2.1. La ANI3 manifestó que había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad
del medio de control de reparación directa, por cuanto el escrito de la demanda se
2 Fl. 192 y 193, C. 1.
3 Fl. 237 a 247, C. 1.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
había presentado más de 2 años después del momento en que había finalizado la
construcción de la obra pública.
2.2. La sociedad Autopistas de Santander S.A.4, demandada y llamada en garantía
por la ANI5, se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no
ocasionó un daño antijurídico a la demandante, pues sus actuaciones se
adelantaron en cumplimiento del contrato de concesión No. 002 de 2006, suscrito
con el INCO. Formuló como excepciones las que denominó “caducidad” y “falta de
pruebas de los perjuicios alegados”.
2.3. Seguroexpo de Colombia S.A.6, llamada en garantía por la ANI7, se opuso a las
pretensiones de la demanda, alegando que no existía prueba que comprometiera la
responsabilidad de la entidad pública, pues la ejecución de la obra estuvo a cargo
de la sociedad Autopistas de Santander S.A.
3. Audiencia inicial
El 31 de mayo de 20168 el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Respecto de este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar si “se produjo el daño antijurídico alegado en la
demanda, consistente en la perdida de una franja de terreno de 5.990,39 metros
cuadrados del inmueble denominado ‘La Palmita’ de propiedad de la demandante,
respecto de la que no le fue cancelada suma alguna […]”.
4 Fl. 212 a 217, C. 1.
5 Mediante auto del 12 de agosto de 2015 (Fl. 323 a 331, C. 1.) esta Corporación aceptó el llamado
en garantía realizado por la ANI, con fundamento en el contrato de concesión No. 002 de 2006 que
suscribieron dichas entidades y que otorgó a la Agencia el derecho a exigir el reembolso del pago
que pudiese efectuar como resultado de una sentencia condenatoria.
6 Fl. 345 a 364, C. 1.
7 Mediante auto del 27 de noviembre de 2014 (Fl. 294 y 295, C. 1.) el Tribunal Administrativo de
Santander aceptó el llamado en garantía realizado por la ANI.
8 Fl. 583 a 586, C. Ppal.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
En la misma diligencia, el Tribunal a quo reconoció como sucesores procesales de
Leonor Patricia Giraldo González a Hortencia Yaneth Giraldo González (albacea),
Eduardo Noriega Ortiz (cónyuge) y a Mauricio Alberto y Laura Sofia Noriega Giraldo
(hijos).
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 5 de septiembre de 20179 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La demandante10, la ANI11, la sociedad Autopistas de Santander S.A.12 y
Seguroexpo de Colombia S.A.13 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito
de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 17 de septiembre de 202114 el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que
las entidades accionadas ocasionaron un daño antijurídico a la demandante por la
ocupación permanente de su bien.
Al efecto indicó lo siguiente: “El daño en el presente caso lo hace consistir la
demandante en la ocupación permanente del área correspondiente a 5.990.39 m2
la cual pertenece al predio de su propiedad denominado ‘La Palmita’, el cual fue
entregado a la concesionaria Autopistas de Santander para la ejecución del
proyecto Zona metropolitana de Bucaramanga… Lo anterior, permite a la Sala tener
por acreditada la ocupación permanente del terreno de propiedad de la
9 Fl. 836, C. Ppal.
10 Fl. 841 a 844 y 873 a 875, C. Ppal.
11 Fl. 877 a 885, C. Ppal.
12 Fl. 869 a 872, C. Ppal.
13 Fl. 845 a 867, C. Ppal.
14 Índice 159, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
demandante, frente a lo cual valga resaltar no hay debate entre las partes… De la
reseña que antecede concluye la Sala que el daño ocasionado a la demandante es
imputable a las entidades demandadas, por las razones que pasan a explicarse: Se
advierte que entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO hoy Agencia
Nacional de Infraestructura ANI se suscribió el contrato de concesión No. 002 de
2006… En cumplimiento de tal obligación, Autopistas de Santander S.A suscribió
convenio con la Sra. Leonor Patricia Giraldo González para la realización de las
obras necesarias para la ampliación de la vía, así mismo, quedó consignado en
dicho convenio que paralelamente a la firma de la entrega anticipada del predio, se
realizaría el proceso de negociación pertinente para la adquisición del mismo… En
tal virtud, el daño es imputable tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
como a la sociedad concesionaria Autopistas de Santander S.A.”.
De otro lado, declaró infundada la objeción por error grave presentada por las
entidades demandadas contra el dictamen pericial rendido por el ingeniero Luis
Alfredo Duarte Rueda. Sobre el particular, el juzgador de primera instancia
consideró que “los argumentos esbozados en contra del dictamen pericial realizado
por el auxiliar de la justicia no están llamados a prosperar por cuanto, los
documentos que sirvieron de fundamento para la elaboración de la pericia fueron
debidamente incorporados al expediente, sin que fueran tachados de falsos por las
partes, adicional a que provienen de una institución especializada de reconocida
trayectoria e idoneidad, como lo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como
máxima autoridad en regulación, producción y articulación con altos estándares de
calidad, de la información geográfica, catastral y agrológica del país, razón
suficiente para acoger dicha pericia que establece los perjuicios a título de daño
emergente ocasionado por la ocupación del terreno de 5990.39 M2 del predio ‘La
Palmita’ de propiedad de la demandante”.
En la parte resolutiva el a quo condenó a la ANI y a la sociedad Autopistas de
Santander S.A. a pagar, por daño emergente, la suma de $724.837.190 a los
sucesores procesales de Leonor Patricia Giraldo González. Adicionalmente, ordenó
protocolizar e inscribir la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, para que sirviera como título traslaticio de dominio del área de 5.990,39
m2 del predio “La Palmita”, en favor de la ANI.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Por último, frente a la llamada en garantía Seguroexpo de Colombia S.A., el Tribunal
Administrativo de Santander consideró que “los actos de ocupación permanente del
inmueble de propiedad de la demandante no corresponden a riesgos asegurables,
sino que atañen a decisiones tomadas por el concesionario sin el lleno de los requisitos
legales, por lo que no hay lugar a condenar a la aseguradora”. Frente a la llamada en
garantía Autopistas de Santander S.A., el a quo guardó silencio.
6. Recursos de apelación
Los días 515 y 616 de octubre de 2021, la sociedad Autopistas de Santander S.A. y la
ANI, interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron
concedidos el 28 de julio de 202217 y admitidos el 30 de septiembre siguiente18.
6.1. La ANI19 adujo que los medios de prueba obrantes en el expediente permitían
constatar que el daño alegado por la demandante devino de actuaciones
adelantadas por la sociedad Autopistas de Santander S.A., pues dicha entidad fue
quien, por su cuenta y riesgo, debió adelantar la adquisición del predio. De otro lado,
solicitó condenar a la llamada en garantía al reintegro de todo lo que fuera
condenada a pagar.
6.2. La sociedad Autopistas de Santander S.A.20 señaló que el daño alegado en la
demanda no le era atribuible, pues la adquisición del predio de la actora no se logró
concretar, dado que el contrato de concesión No. 002 se terminó anticipadamente
y por mutuo acuerdo, quedando a cargo de la ANI continuar con la gestión predial.
De otro lado, indicó que la objeción por error grave del dictamen pericial rendido al
interior del proceso debía prosperar, pues el perito no fundó adecuadamente el
dictamen, en tanto se limitó a tener en cuenta el avalúo realizado por el IGAC a la
franja de terreno del predio “La Palmita”.
15 Índice 165, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
16 Índice 167, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
17 Índice 188, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
18 Índice 4, Samai. Consejo de Estado.
19 Índice 167, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
20 Índice 165, Samai. Tribunal Administrativo de Santander.
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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de
conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del
artículo 67 de la Ley 2080 del 202121, no se decretaron pruebas en segunda
instancia. En esta etapa del proceso el Ministerio Público22 indicó que había operado
el fenómeno preclusivo de la caducidad del medio de control de reparación directa
frente a la ocupación permanente del inmueble de propiedad de la demandante, por
cuanto se acreditó que la señora Giraldo González tuvo conocimiento del daño el
16 de septiembre de 2010 y presentó la demanda el 29 de abril de 2014, es decir,
cuatro años después de la ocupación alegada.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi)
la especial para la paz.
Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
21 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
22 Índice 14, Samai. Consejo de Estado.
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Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de
las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.
Al efecto, esta Corporación ha definido que23, de manera regular, la competencia se
fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y
la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que
concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la función que
desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del
proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y desarrollarse el
proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente determinada para otro
proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros
asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser promovidos con
posterioridad (factor de conexidad o de atracción)24.
En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o
entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
atribuyen en el libelo introductorio25.
Justamente, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto
de 200726, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la
formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe una
probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con
un sujeto de derecho privado, pueda resultar condenada.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.
24 Corte Constitucional. Sentencia C 328 de 2015
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.:
43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.
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En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando
el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto de
derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la responsabilidad de
todos los accionados27.
De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en conjunto
con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales la
competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en
sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó
lo siguiente:
“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el
competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con
particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos
en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra
jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere
competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. […]
Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa
administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse
de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta
jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción
ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso
Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la
responsabilidad de las dos demandadas”28
Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con
las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la
demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan razonablemente a pensar
que su responsabilidad pueda verse comprometida29.
Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-02076-
01.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.
29 Ibídem
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uniforme y reiterado, como se hizo recientemente en sentencia del 3 de agosto de
202030, en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio
que “[…] la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera
concurrente tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se
les pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.
Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso
sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta
jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el
demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u
omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta
jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la
sentencia absuelve o no a la entidad pública.
Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados31, siendo menester, para dichos efectos,
estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
alega32.
Descendiendo al caso en concreto, se advierte que la demandante pretende la
declaratoria de responsabilidad de la ANI y de la sociedad Autopistas de Santander
S.A.33, pues aduce que estas ocuparon permanente una franja de terreno del predio
“La Palmita”, con ocasión de la ejecución del proyecto vial “Zona Metropolitana de
Bucaramanga”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
51687.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.
33 Sociedad comercial constituida mediante escritura pública No. 3471 del 13 de diciembre de 2006
(Fl. 6 a 8, C. 1.).
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Lo anterior permite inferir, razonablemente, que la responsabilidad de la entidad
pública puede quedar comprometida, al igual que aquella de la entidad de carácter
privado, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum
establecido en el libelo introductorio así lo permite establecer. En efecto, los hechos
que dan origen a la demanda se relacionan con la ocupación permanente de una
franja de terreno del predio “La Palmita”, producto de la ejecución de una obra
pública, y se advierte que estas entidades tienen una relación directa con los
hechos por ser las encargadas de la obra.
Así pues, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada para
pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial que la sociedad Autopistas de
Santander S.A. pudiera tener por la ocupación permanente de una franja de terreno
del predio “La Palmita”. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
10434 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, normatividad vigente al momento en que se presentó la demanda,
toda vez que se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de la ANI, y
esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad predicada
frente a la sociedad Autopistas de Santander S.A., contratista de la obra.
Por demás, esta Sala es competente para desatar los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, puesto que la cuantía, dada por el valor de la
mayor pretensión de la demanda35, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación36, de conformidad con lo dispuesto
34 “Artículo 104: […] La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares […]”.
35 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta
o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin
que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean
los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”.
La demanda se presentó durante su vigencia el 29 de abril de 2014 (Fl. 168 a 178, C. 1.).
36 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda se estima en $900.000.000, lo cual es
superior a 500 SMLMV ($308.013.500) del año en que ésta se presentó (2014).
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
en los artículos 150 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo37.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma, según lo dispone el artículo 14038
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama una indemnización por la ocupación permanente de un inmueble realizada
presuntamente por la ANI y la sociedad Autopistas de Santander S.A.
3. Vigencia del medio de control
Comoquiera que las entidades demandadas y el Ministerio Público señalaron en el
trámite de primera instancia que había operado la caducidad del medio de control
de reparación directa, es necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo
por cuanto se trata de un presupuesto procesal39.
37 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispuso en relación con los procesos que a la entrada en
vigencia de dicha disposición (16 de junio de 2011) no se hubiere notificado el auto admisorio de la
demanda o cuando no se hubiere expedido y cuyas demandas se presentaran antes del 2 de julio
de 2012, que la norma para determinar la competencia en razón de la cuantía sería la prevista en el
artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
38 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general40, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción41, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
40 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.
41 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure42 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia43, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación44, el término para
42 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
43 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 9 de febrero de 2011, Rad.: 38271.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
presentar la demanda en los casos de ocupación permanente por causa de una obra
pública, debe computarse desde que la obra fue finalizada, o desde que el actor
conoció de la terminación de la obra si no pudo conocer tal hecho en un momento
anterior.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que el dictamen pericial obrante en el plenario, el cual goza
de eficacia probatoria por cuanto se rindió de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 226 y 232 del Código General del Proceso, acredita que 5.990,39 m2 del
predio de la demandante resultaron permanentemente ocupados por la vía
Bucaramanga-Barrancabermeja entre las abscisas K66+876,99 y K67+156,40; ii)
que se desconoce la fecha exacta de terminación de la construcción que afectó la
franja de terreno objeto de demanda, pero se establece que fue ejecutada por
Autopistas de Santander S.A. en su calidad de concesionaria del proyecto vial para
la ampliación de la doble calzada; iii) que el 7 de noviembre de 201345, la ANI y la
sociedad Autopistas de Santander S.A. conciliaron la terminación anticipada por
mutuo acuerdo del contrato de concesión de obra No. 002 de 200646; iv) que la
libelista presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 8 de febrero de 2013, la
cual se declaró fallida el 18 de abril de 201347; y v) que la demanda se presentó el
29 de abril de 201448, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años
establecidos en la ley.
4. Legitimación en la causa
Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis49.
45 Esta fecha se tendrá como extremo inicial para la contabilización del término de caducidad, pues
se probó que la obra pública contratada no se terminó de ejecutar, razón por la cual tratándose de
un plazo que corre de manera objetiva y que opera de pleno derecho, no puede quedar sometido a
la indeterminación, pues ello iría en detrimento de la seguridad jurídica, que protege el ordenamiento
jurídico para evitar la parálisis del tráfico jurídico.
46 Fl. 433 a 438, C. 2.
47 Fl. 104, C. 1.
48 Fl. 168 a 178, C. 1.
49 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
4.1. Leonor Patricia Giraldo González está legitimada en la causa por activa, pues
acreditó ser propietaria del predio “La Palmita”, identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 300-229587, que aduce resultó ocupado permanentemente
por las entidades accionadas, según da cuenta copia auténtica del folio de matrícula
inmobiliaria No. 300-22958750.
4.2. La ANI está legitimada en la causa por pasiva, pues conforme se acreditó en
el plenario, el entonces INCO51 suscribió el contrato de concesión No. 002 del 29
de diciembre de 200652 con la sociedad Autopistas de Santander S.A., con el fin de
que esta última adelantara la adquisición de los predios requeridos para la
ejecución del proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga”, y según lo
narrado en la demanda, esta entidad omitió vigilar y controlar la gestión predial que
concesionó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.
4.3. La sociedad Autopistas de Santander S.A., demandada y llamada en garantía
en razón a la posible condena que pueda impartirse en contra de la ANI, está
legitimada en la causa por pasiva, pues se probó que era la entidad encargada de
adquirir los predios requeridos para la ejecución del proyecto vial “Zona
Metropolitana de Bucaramanga”, en virtud del contrato de concesión No. 002 del 29
de diciembre de 2006, suscrito con la ANI. Además, según se alega en el libelo
introductorio, dicha entidad ocupó el inmueble sin agotar el trámite de adquisición
por enajenación voluntaria o por expropiación administrativa, conforme lo disponía
la Ley 388 de 1997.
4.4. Seguroexpo de Colombia S.A., llamada en garantía por la ANI, está legitimada
en la causa por pasiva, atendiendo a la póliza de cumplimiento No. 0000499653,
suscrita con aquella, aunado al hecho que dicha entidad también está legitimada
por pasiva. Al efecto, debe recordarse que la legitimación en la causa frente a la
50 Fl. 4 y 5, C. 1.
51 Mediante el Decreto 4165 de 2011 se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto
Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura.
52 Fl. 364A (CD1), C. 1.
53 Fl. 263 y 264, C. 1.
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llamada en garantía debe mirarse en relación con aquella que se predica frente al
demandado llamante.
5. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si la ocupación permanente de una franja de
terreno del predio de la actora es atribuible fáctica y jurídicamente a la ANI y a la
sociedad Autopistas de Santander S.A. Asimismo, si ello prospera, si corresponde
a las llamadas en garantía reembolsar a la ANI el 100% del valor de la condena
impuesta en su contra.
6. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del
Estado por ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199154 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho55, que contraría el orden legal56 o que está desprovista de una
causa que la justifique57, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
54 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
56 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
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o protegida58, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros59.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por ocupación temporal o
permanente de bienes inmuebles
El artículo 58 Constitucional dispone que se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Por su parte, el artículo 14060 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prescribe la ocupación temporal o permanente de
58 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
60 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
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inmuebles por trabajos públicos o cualquier otro motivo como causal para solicitar
directamente la reparación del daño.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de
ocupación de inmuebles, es dable aclarar que este es un título de atribución de
responsabilidad de carácter objetivo, desligado de toda noción de culpa o de falla
del servicio, y fundado no en la noción de “riesgo” sino en el principio general de
derecho público que proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas
públicas61. Así las cosas, el fundamento de la responsabilidad en estos eventos no
tiene que ver con la omisión en el ejercicio de los instrumentos que la ley le otorga
a la administración para adquirir inmuebles en forma forzosa o para expropiarlos,
sino en el necesario restablecimiento del equilibrio frente a las cargas públicas,
respecto de quien ha sido privado, en procura del interés general, del derecho de
propiedad que la ley protege y que de acuerdo con el artículo 58 Superior no puede
ser desconocido por el Estado sin previa indemnización.
En suma, para que el Estado deba responder por la ocupación de un inmueble, en
los términos del artículo 90 Constitucional, basta con que se demuestre el daño,
entendido como la ocupación del predio que ha causado lesión a un bien jurídico
del accionante y que esta es imputable a la autoridad demandada.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 17 de
septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la ANI adujo adujo que los medios
de prueba obrantes en el expediente permitían constatar que el daño alegado por
la demandante devino de actuaciones adelantadas por la sociedad Autopistas de
Santander S.A., pues dicha entidad fue quien, por su cuenta y riesgo, debió
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 1987, Rad.: 4729.
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adelantar la adquisición del predio. De otro lado, solicitó condenar a la llamada en
garantía al reintegro de todo lo que fuera condenada a pagar.
De otro lado, la sociedad Autopistas de Santander S.A. señaló que el daño alegado
en la demanda no le era atribuible, pues la adquisición del predio de la actora no se
logró concretar, dado que el contrato de concesión No. 002 se terminó
anticipadamente y por mutuo acuerdo, quedando a cargo de la ANI continuar con la
gestión predial. De otro lado, indicó que la objeción por error grave del dictamen
pericial rendido al interior del proceso debía prosperar, pues el perito no fundó
adecuadamente el dictamen, en tanto se limitó a tener en cuenta el avalúo realizado
por el IGAC a la franja de terreno del predio “La Palmita”.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandada presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos
aspectos frente a los que la parte demandada manifestó su inconformidad en la
alzada62.
A propósito de esta temática, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 201263
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
62 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.
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congruencia64 como el dispositivo65.
En vista de lo expuesto, entonces, la Sala analizará exclusivamente el cargo
formulado contra la decisión recurrida, esto es, si la ocupación permanente de una
franja de terreno del predio de la actora para desarrollar el proyecto vial “Zona
Metropolitana de Bucaramanga” es atribuible fáctica y jurídicamente a la ANI y a la
sociedad Autopistas de Santander S.A.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si se encuentran acreditados los elementos que estructuran
la responsabilidad del Estado.
7.1. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se acreditó que mediante Escritura Pública No. 104 del 26 de mayo de 2005,
Leonor Patricia Giraldo González adquirió la propiedad del predio rural “La Palmita”,
ubicado en el municipio de Girón (Santander) e identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 300-229587, según da cuenta copia auténtica de dicha escritura66.
64 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,
(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
65 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
66 Fl. 79 a 81, C. 1.
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Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
7.1.2. Se demostró que el 29 de diciembre de 2006, el INCO suscribió el contrato
de concesión No. 002 con Autopistas de Santander S.A., con el objeto de “realizar
los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental,
financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento
del proyecto de concesión vial Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB”. De esta
información da cuenta copia auténtica de dicho contrato67.
7.1.3. Consta que en abril de 2008, Leonor Patricia Giraldo González suscribió el
Convenio No. 001 con la sociedad Autopistas de Santander S.A., mediante el cual
la primera se comprometió a “entregar la zona requerida para el proyecto”, y la
concesionaria, a su vez, a “realizar el proceso de negociación pertinente para la
adquisición del predio”, según da cuenta copia auténtica de dicho convenio68.
7.1.4. Acreditado está que el 21 de abril de 2008, Leonor Patricia Giraldo González
suscribió un “Acta de Entrega Anticipada” con la sociedad Autopistas de Santander
S.A., mediante la cual realizó la entrega material de una franja de terreno de
2.641,13m2 del predio “La Palmita” a la referida entidad, según da cuenta copia
auténtica de dicho documento69. Al efecto, el documento señaló lo siguiente:
“… a los 21 días del mes de Abril de 2008, con el fin de recibir en forma real y
materialmente la zona de terreno y mejoras que hacen parte de un predio de mayor
extensión denominado La Palmita, de propiedad de la señora Leonor Patricia
Giraldo González, con las especificaciones que anteceden, para el proyecto de la
referencia…y con el fin de que los propietarios efectúen la entrega real y material de
la zona de terreno y mejoras al Instituto Nacional de Concesiones - INCO, para que
se puedan llevar a cabo los trabajos necesarios para el desarrollo del proceso
constructivo de la obra en mención y la entrada de maquinaria y personal requerido.
El representante legal del Instituto Nacional de Concesiones - INCO, manifiesta
recibir la zona de terreno a satisfacción y se compromete a custodiarla en debida
forma mientras da comienzo a las obras requeridas para el proyecto vial.
Las partes que aquí intervinieron declaran expresamente que la zona de terreno
objeto de la presente acta, será destinada exclusivamente al desarrollo del objeto
del contrato de concesión No. 002 de 2006.
Se deja constancia que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO supervisará el
proceso de legalización pertinente para la adquisición del predio suscribiendo los
documentos de ley.
67 Fl. 364A (CD1), C. 1.
68 Fl. 10 y 11, C. 1.
69 Fl. 10 y 11, C. 1.
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Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
No obstante la cabida y los linderos mencionados, el Instituto Nacional de
Concesiones - INCO recibe la zona de terreno de los propietarios como cuerpo
cierto…”
7.1.5. Se probó que el 23 de abril de 2008, Leonor Patricia Giraldo González autorizó
a la sociedad Autopistas de Santander S.A. para que ejecutara “la ampliación de
dos alcantarillas, la disposición y conformación en zona de nivelación” en el predio
de su propiedad, según da cuenta copia auténtica de dicho documento70.
7.1.6. Está probado que en el año 2009, la sociedad Autopistas de Santander S.A.
presentó oferta de compra No. 023-08 a Leonor Patricia Giraldo González por una
franja de terreno de 2.590,61 m2 del predio “La Palmita”, por la suma de
$13.181.220, según da cuenta copia auténtica de dicho oficio71. En el documento
referido, se indicó lo siguiente:
“En cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la ley a esta entidad y como
uno de los proyectos prioritarios dentro de las obras viales de la actual
administración, se aprobó el Proyecto Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga-
ZMB, por lo cual Autopistas de Santander S.A. en nombre del Instituto Nacional de
Concesiones INCO, requiere comprar una zona de terreno del inmueble de la
referencia, conforme a la afectación de la ficha predial No CAS-1-R-030 del Trayecto
1 Sector Palenque - T Aeropuerto de fecha marzo de 2008, de la cual se anexa
copia, esta contiene un área requerida de terreno de Dos Mil Quinientos Noventa
con Sesenta y Un Metros Cuadrados (2590,61 m2), debidamente delimitada y
alinderada, dentro de las abscisas inicial K 66 +911,13 y final K 67+180.74, del
mencionado trayecto.
El valor total de la oferta de compra es por la suma de ($13.181.220,00), por
concepto de la totalidad del terreno en la zona afectada.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el
articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 1420 de julio 24 de
1998, se anexan a esta oferta, el avalúo elaborado por Alianza Inmobiliaria S.A.,
según informe técnico de avalúo ficha predial No CAS-1-R-030, del predio La
Palmita, de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008,en su parte pertinente.
A partir de la comunicación de la presente oferta de compra, cuenta Usted con un
plazo de treinta (30) días hábiles para llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria;
lo cual debe manifestarse mediante oficio dirigido a la oficina de la Sociedad
Autopistas de Santander S.A. ubicada en el Kilómetro 64 + 200 costado derecho
sentido Lebrija- Girón.
70 Fl. 12, C. 1.
71 Fl. 13 y 14, C. 1.
25
Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Según estudio de títulos de fecha abril de 2008, la propietaria de la zona de terreno
que se requiere es LEONOR PATRICIA GIRALDO GONZALEZ y por eso, es la
destinataria de esta oferta de compra…”
7.1.7. Demostrado está que el 24 de marzo de 2010, la señora Giraldo González
presentó objeciones a la oferta de compra No. 023-08, puntualmente frente al avaluó
del inmueble de su propiedad, según da cuenta copia auténtica del referido
memorial72.
7.1.8. Consta que el 6 de abril de 2010, la sociedad Autopistas de Santander S.A.
le comunicó a Leonor Patricia Giraldo González que “realizaría un nuevo alcance
de la oferta formal de compra en donde se actualizaría el área afectada y el valor
de adquisición, toda vez que la primera oferta se hizo en vigencia del Decreto 2770
de 1953 y ahora se encuentra vigente la Ley 1228 de 2008, norma que amplió la
zona de exclusión vial”, según da cuenta copia auténtica de dicho oficio73.
7.1.9. Se acreditó que el 18 de agosto de 2010, la sociedad Autopistas de Santander
S.A. formuló oferta de compra No. 061-10 a Leonor Patricia Giraldo González por
una franja de terreno de 5.990,39 m2 del predio “La Palmita”, por la suma de
$70.381.092, según da cuenta copia auténtica de dicho oficio74. En el documento
referido, se indicó lo siguiente:
“Con posterioridad a la notificación de la oferta de compra No. 023-08, se incrementó
el área requerida por actualización de la zona de exclusión de acuerdo con la Ley
1228 de 2008 que exige 20 mtrs desde el eje de la calzada correspondiente. Por lo
anterior se remitió a Alianza Inmobiliaria. S.A, para que realizará la valoración
respectiva acerca del aumento de esta, expidiendo nuevo avaluó de fecha 07 de
mayo de 2010. Como producto de lo anterior, se modifica el valor total de la oferta
formal de compra en cuanto al área de terreno requerido, haciendo necesario
efectuar el presente alcance, en los siguientes términos:
… En cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la ley a esta entidad y
como uno de los proyectos prioritarios dentro de las obras viales de la
administración, adelanta el Proyecto Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga -
ZMB, por lo cual Autopistas de Santander S.A. en nombre del Instituto Nacional de
Concesiones – INCO, requiere comprar el inmueble de la referencia, conforme a la
afectación de la ficha predial No. CAS-1-R-030 del Trayecto 1 Sector Palenque - T
Aeropuerto de fecha mayo de 2010, de la cual se anexa copia, esta contiene un área
requerida de terreno de Cinco Mil Novecientos Noventa coma Treinta y Nueve
72 Fl. 20 a 23, C. 1.
73 Fl. 24 y 25, C. 1.
74 Fl. 26 a 28, C. 1.
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Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Metros Cuadrados (5.990,39 m2), debidamente delimitada y alinderada, dentro de
las abscisas inicial K66+876,59 y final K67+156,40, del mencionado trayecto.
El valor de la oferta de compra es por la suma de ($70.381.092) por concepto de la
totalidad del terreno, construcciones y anexos existentes en la zona afectada.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989, el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 1420 de julio 24 de
1998, se anexan a esta oferta, el avalúo elaborado por Alianza Inmobiliaria S.A.,
según informe técnico de avalúo 1774, del predio Lote La Palmita, de fecha siete
(07) de Mayo de 2010, en su parte pertinente.
A partir de la comunicación de la presente oferta de compra, cuenta usted con un
plazo de treinta (30) días hábiles para llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria;
lo cual debe manifestarse mediante oficio dirigido a la oficina de la sociedad
Autopistas de Santander S.A., ubicada en el Kilómetro 64 + 200 costado izquierdo
sentido Lebrija-Girón.
En caso de no llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria durante el término de
los treinta (30) días hábiles establecidos en la norma, es obligación legal del INCO
iniciar el procedimiento de la expropiación, de conformidad con el artículo 58 de la
Constitución Política de Colombia el articulo 61 inciso 4 y el articulo 62 Ley 388 de
1997 y demás normas que sean concordantes y aplicables al caso.
Según estudio de títulos de fecha abril de 2010, la propietaria de la zona de terreno
que se requiere es LEONOR PATRICIA GIRALDO GONZALEZ y por eso, es la
destinataria de esta oferta de compra…”
7.1.10. Se demostró que el 15 de septiembre de 2010, Leonor Patricia Giraldo
González presentó objeciones a la oferta de compra No. 061-10, solicitando la
revisión por parte del IGAC del avalúo practicado a su inmueble, según da cuenta
copia auténtica del referido memorial75. En dicho documento se manifestó lo
siguiente:
“En fecha 21 de abril de 2008, entre la suscrita y la Concesión Autopistas de
Santander S.A., se celebró contrato de concesión 002 de 2008, trayecto 1 TE del
aeropuerto - palenque, en donde entregué como propietaria del inmueble del terreno
denominado la Palmita, un área la cual era requerida por el proyecto de 2641.13 M2,
a el Instituto Nacional de Concesiones INCO, con el fin de que se desarrollará los
trabajos necesarios para el desarrollo del proceso constructivo de la obra en
mención, acta elaborada por Autopistas de Santander. Es importante señalar que la
concepción se tomó arbitrariamente un porcentaje superior al establecido en el acta
de entrega, con fecha del 21 de Abril de 2008, en donde se entregaba 2641.13 M2
y se tomaron un área de 5990.39 M2, quedando pendiente la diferencia sin ningún
documento que soporte la entrega por parte mía a autopista de Santander. Por lo
cual fui asaltada en mi buena fe por parte de ustedes.
De lo anterior se presentaron los avalúos por parte de Autopistas de Santander,
siendo este IMPUGNADO en fecha 23 de abril de 2009, en razón a que no fue
75 Fl. 30 a 34, C. 1.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
posible obtener de alianza inmobiliaria la reforma y corrección del avalúo, y es por
esto que se solicita se de el trámite correspondiente conforme lo dispone el artículo
15 y siguientes del Decreto Reglamentario 1420 de 1998, y que se envié al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de que examine el avalúo por cuanto no se
comparte por lo dicho por alianza inmobiliaria, quienes fueron los encargados de
realizar el avalúo al inmueble”
7.1.11. Se probó que el 1º de agosto de 2012, el IGAC, a solicitud de la señora
Giraldo González, avaluó la franja de terreno de 5.990,39 m2 del predio “La Palmita”,
en la suma de $724.837.190. De esta información da cuenta copia auténtica de
dicho avalúo76.
7.1.12. Probado está que el 10 de octubre de 2012, Leonor Patricia Giraldo
González, mediante derecho de petición, solicitó a la sociedad Autopistas de
Santander S.A. que “se le concediera una cita con el representante regional en
Santander que tenga facultades de negociar la franja de terreno de 5.990,39 tomada
para el proyecto que se ejecutó… para finiquitar la transacción y proceder a legalizar
la venta de la franja de terreno”, según da cuenta copia auténtica de dicho
memorial77.
7.1.13. Está probado que el 7 de noviembre de 2013, la ANI y la sociedad Autopistas
de Santander S.A. suscribieron acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada
por mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 002 de 2006, según da cuenta
copia auténtica de dicho acuerdo78.
7.2. Análisis de la responsabilidad de la sociedad Autopistas de Santander
S.A.
En atención a lo expuesto en los recursos de apelación y para determinar si la
ocupación permanente de la franja de terreno de propiedad de la actora es
exclusivamente atribuible a la sociedad Autopistas de Santander S.A. por ser la
entidad encargada de la adquisición de los predios necesarios para desarrollar el
proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga”, es menester establecer si su
76 Fl. 36 a 59, C. 1.
77 Fl. 95, C. 1.
78 Fl. 433 a 438, C. 2.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
conducta, por acción u omisión, incidió causalmente en la producción del daño,
porque ello fue lo que se esbozó en el recurso de alzada y limita la competencia de
la Sala para resolver el asunto sometido a estudio.
Recuérdese que la parte actora pretende la imputación del daño antijurídico a la
sociedad Autopistas de Santander S.A., fundamentada en la ocupación permanente
de una franja de terreno de su inmueble, pues alega que para desarrollar el proyecto
vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” se ocupó un área total de 5.990,39 m2 y
a la fecha no se agotó el trámite correspondiente para su adquisición.
Para dar contexto al caso, es menester poner de presente que el ejercicio de la
función urbanística contempla la adquisición por enajenación voluntaria de los
inmuebles declarados como de utilidad pública por parte de la administración
municipal o distrital, la expropiación por vía judicial y la expropiación administrativa
de dichos bienes.
Para el efecto, el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 dispuso lo referente a los
procedimientos de enajenación voluntaria, de expropiación judicial y de
expropiación administrativa, adelantándose en todos los casos una etapa previa de
negociación, a través de la cual la entidad intenta adquirir el bien, de tal forma que
se evite la iniciación del proceso expropiatorio propiamente dicho.
La fase previa, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, tiene inicio
con la expedición de un acto administrativo que contiene la oferta de compra que
se hace al propietario del bien cuya expropiación se requiere, por el valor comercial
fijado por el Instituto Agustín Codazzi o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes79.
79 Ley 388 de 1997, artículo 61, inciso 2. "Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria.
Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por
la Ley 9ª de 1989: "El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos
en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de
1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta
la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. (...)"
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
En concordancia con lo anterior, el artículo 6680 ibidem establece que el proceso de
expropiación inicia con la expedición del acto administrativo que así lo indique, en
el cual se determina que la expropiación se hará por vía administrativa. Asimismo,
el artículo 67 ibid. dispone que tal acto de iniciación debe establecer el precio
indemnizatorio a ofertar y la correspondiente forma de pago.
A continuación, se surte la etapa de negociación directa con el particular, la cual
tiene una duración máxima de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación
de la oferta de compra, término que el legislador le otorga al ofertado para
manifestar su aceptación, so pena de avanzar en el correspondiente trámite de
expropiación propiamente dicho, conforme lo exige el inciso 6º del artículo 61 de la
Ley 388 de 199781.
Ahora, si se logra un acuerdo entre el particular y la entidad, bien sea porque se
ajustaron los términos de la oferta82 o porque esta fue aceptada en su totalidad por
El Decreto 2150 de 1995, en su artículo 27 dispone lo siguiente: "Avalúo de bienes inmuebles. - Los
avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en
actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o
por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada
por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.
Parágrafo. - Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la lonja determinar, en
cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles". Este artículo
fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C–492 de 1996, "en el entendido
de que, para los efectos que en tales disposiciones se contemplan, las expresiones "lonjas de
propiedad raíz" están referidas a todas las asociaciones y colegios que agrupen a profesionales en
finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles."
80 “Artículo 66.- Determinación del carácter administrativo. La determinación que la expropiación se
hará por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que
legalmente deba observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto
administrativo formal que para el efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho
de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de compra tendiente a obtener un
acuerdo de enajenación voluntaria.”
81 Ley 388 de 1997, Artículo 61, inciso 6: "Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si
transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha
llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de
compraventa."
82 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad 1070 de 2002. “De la Ley 9 de 1989 y de la
Ley 388 de 1997, se infiere que durante la etapa de negociación tanto en el proceso de expropiación
por vía judicial como en el de por vía administrativa, la negociación comprende la posibilidad de
modificar el precio base señalado en la oferta.” Esta posibilidad se infiere, entre otras razones, de la
utilización de la expresión precio base de la negociación (artículo 13, Ley 9 de 1989); de la existencia
de un plazo para negociar (Artículo 61, inciso 6, Ley 388 de 1997); y del hecho que la etapa de
negociación pueda terminar antes de ese plazo, porque el particular rechace cualquier intento de
acuerdo (Artículo 20, Ley 9 de 1989).
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
el particular, la negociación resultará exitosa y, en este evento, se abre paso a la
etapa de transferencia del bien y de pago del precio acordado, mediante la
suscripción de un acuerdo formal de enajenación voluntaria que se perfecciona con
la firma de la respectiva promesa de compraventa o escritura pública de
transferencia del derecho real de dominio83. Así, el proceso administrativo de
adquisición del inmueble de utilidad pública habrá culminado por negociación directa
o enajenación voluntaria.
Por el contrario, si el proceso de negociación fracasa, se abre paso a la etapa
expropiatoria propiamente dicha, ya sea judicial o administrativa, que inicia con la
expedición de un oficio de oferta o de un acto administrativo, según corresponda, y
culmina con el traspaso del título traslaticio de dominio al Estado y el pago de la
indemnización al particular expropiado.
En el caso de la expropiación administrativa, vencido el plazo para la negociación
directa sin que se haya perfeccionado el contrato de promesa de compraventa, la
autoridad competente, mediante acto administrativo motivado, decide
unilateralmente la expropiación, el precio del bien y las condiciones de pago 84.
83 Ley 9 de 1989, artículo 14 “Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de
la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa,
según el caso. A la promesa de compraventa y a la escritura de compraventa se acompañarán un
folio de matrícula inmobiliaria actualizado. Otorgada la escritura pública de compraventa, ésta se
inscribirá en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, previa cancelación de la inscripción a
la cual se refiere el artículo 13, de la presente ley. Realizada la entrega real y material del inmueble
a la entidad adquirente, el pago del precio se efectuará en los términos previstos en el contrato. El
cumplimiento de la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura
pública de compraventa debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en el cual conste
que se ha perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condición."
84 Ley 388 de 1997, artículo 68: "Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado que
el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y transcurran treinta (30)
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la
presente ley, sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido
en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto
motivado la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente: 1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 2. El valor del
precio indemnizatorio y la forma de pago. 3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de
acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las
condiciones de urgencia que se hayan declarado. 4. La orden de inscripción del acto administrativo,
una vez ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los
efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya
dispuesto la expropiación. 5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros
derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente procedan
en vía gubernativa."
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Contra este acto sólo procede el recurso de reposición en vía gubernativa85, y las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Así las cosas, es menester precisar que las autoridades públicas tienen el deber
constitucional de respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de
bienes y, por consiguiente, cuando requieren inmuebles para cumplir los fines del
Estado, deben obrar con sujeción al principio de legalidad garantizando el derecho
al debido proceso, lo que comporta el deber de adelantar los trámites en orden a la
enajenación voluntaria o la expropiación de los bienes, si aquélla no es posible.
Siendo así, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento sino que ocupa
los bienes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., tendrá que
ser conminado a responder patrimonialmente por los daños que haya ocasionado.
Pues bien, descendiendo al análisis del caso concreto, se probó que el 29 de
diciembre de 2006, el entonces INCO suscribió el contrato de concesión No. 002
con Autopistas de Santander S.A., con el objeto de “realizar los estudios y diseños
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación,
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto
de concesión vial Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB” (hecho probado
7.1.2.).
Aunado a lo anterior, consta que en abril de 2008, Leonor Patricia Giraldo González
suscribió el Convenio No. 001 con la sociedad Autopistas de Santander S.A.,
mediante el cual la primera se comprometió a “entregar la zona requerida para el
proyecto”, y la concesionaria, a su vez, a “realizar el proceso de negociación
pertinente para la adquisición del predio” (hecho probado 7.1.3.).
85 Ley 388 de 1997, artículo 69 “Notificación y recursos. El acto que decide la expropiación se
notificará al propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad
con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo. Contra la decisión por vía administrativa
sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en los términos previstos en el
Código Contencioso Administrativo a partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso no
se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente."
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Igualmente, que el 21 de abril de 2008, Leonor Patricia Giraldo González entregó
materialmente una franja de terreno de 2.641,13 m 2 del predio “La Palmita” a la
sociedad Autopistas de Santander, para la ejecución de la “Zona Metropolitana de
Bucaramanga” (hecho probado 7.1.4.).
Adicionalmente, se acreditó que el 6 de abril de 2010, la sociedad Autopistas de
Santander S.A. le comunicó a la señora Giraldo González que necesitaría un área
mayor a la entregada para la ejecución del proyecto vial y en tal virtud le haría una
nueva propuesta de compra (hecho probado 7.1.8.).
Seguidamente, quedó establecido que el 18 de agosto de 2010, la concesionaria
formuló oferta de compra a la propietaria por una franja de terreno de 5.990,39 m2
del predio “La Palmita”, por la suma de $70.381.092 (hecho probado 7.1.9.).
Posteriormente, se probó que el 15 de septiembre de 2010, la señora Giraldo
González presentó objeciones a la oferta de compra, puntualmente frente al avaluó
del inmueble de su propiedad (hecho probado 7.1.10.).
Asimismo, se demostró que el 10 de octubre de 2012, la demandante solicitó a la
sociedad Autopistas de Santander S.A. “negociar la franja de terreno de 5.990,39
tomada para el proyecto que se ejecutó… finiquitar la transacción y proceder a
legalizar la venta de la franja de terreno” (hecho probado 7.1.12.).
Por último, se acreditó que el 7 de noviembre de 2013, la ANI y la sociedad
Autopistas de Santander S.A. suscribieron acuerdo conciliatorio para la terminación
anticipada por mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 002 de 2006 (hecho
probado 7.1.13.).
Bajo el anterior contexto, se advierte que la ocupación permanente de la franja de
terreno de propiedad de la actora es atribuible fáctica y jurídicamente a la sociedad
Autopistas de Santander, puesto que era la entidad encargada de la gestión predial
para el desarrollo del proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” (hecho
probado 7.1.2.). Tan es así, que mediante Convenio No. 001 de abril de 2008, la
sociedad Autopistas de Santander S.A. se comprometió con Leonor Patricia Giraldo
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Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
González a “realizar el proceso de negociación pertinente para la adquisición del
predio” (hecho probado 7.1.3.). Y aunque la concesionaria inició el trámite
correspondiente para la adquisición del inmueble por enajenación voluntaria, al
formular oferta de compra el 18 de agosto de 2010 a la propietaria por una franja de
terreno de 5.990,39 m2 del predio “La Palmita” (hecho probado 7.1.9.), lo cierto es
que el 15 de septiembre de 2010, la señora Giraldo González presentó objeciones
a dicha oferta (hecho probado 7.1.10.), las cuales no fueron resueltas por la entidad
accionada, comoquiera que la gestión predial se vio suspendida dada la terminación
anticipada por mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 002 de 2006 (hecho
probado 7.1.13.).
De tal suerte, se advierte, entonces, que la ocupación permanente de la franja de
terreno del predio de la demandante es atribuible a la sociedad Autopistas de
Santander S.A., por cuanto se acreditó que dicha entidad ocupó el inmueble de
propiedad de la demandante sin agotar el trámite de adquisición por enajenación
voluntaria o por expropiación administrativa, como lo dispone la norma que regula
dichos procedimientos, pese a que estaba encargada de adelantar dicha gestión.
7.3. Análisis de la responsabilidad de la ANI
Por otro lado, conforme lo alegado en los recursos de apelación y para determinar
si le asiste responsabilidad a la ANI por la ocupación permanente de la franja de
terreno del predio “La Palmita” por ser la entidad que entregó en concesión la
gestión predial para el desarrollo del proyecto vial “Zona Metropolitana de
Bucaramanga”, es menester establecer si su conducta incidió causalmente en la
producción del daño.
Sobre el particular, se tiene que el artículo 14 de la Ley 80 de 199386 prevé que las
entidades estatales al celebrar un contrato tendrán la dirección general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
86 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
34
Radicación: 68001233300020140032803 (68928)
Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Igualmente, el numeral 4º del artículo 32 de la misma norma, frente a los contratos
de concesión celebrados por entidades estatales, estableció que las actividades
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de una obra corre por
cuenta y riesgo del concesionario, pero “bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente”.
Ahora bien, en el caso sub examine, se acreditó que el 29 de diciembre de 2006, el
entonces INCO suscribió el contrato de concesión No. 002 con Autopistas de
Santander S.A., con el objeto de “realizar los estudios y diseños definitivos, gestión
predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial Zona
Metropolitana de Bucaramanga - ZMB” (hecho probado 7.1.2.).
Adicionalmente se demostró que el 7 de noviembre de 2013, la ANI y la sociedad
Autopistas de Santander S.A. suscribieron un acuerdo conciliatorio para la
terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de concesión No. 002 de
2006 (hecho probado 7.1.14.).
Ahora bien, en el recurso de apelación la ANI adujo que no le asistía responsabilidad
por la ocupación permanente de la franja de terreno del predio de Leonor Patricia
Giraldo González, puesto que la entidad encargada de la gestión predial era la
sociedad Autopistas de Santander S.A., de conformidad con lo pactado en el
contrato de concesión No. 002 de 2006.
Al respecto, es menester poner de presente que si bien en el plenario se acreditó
que el entonces INCO entregó en concesión la realización entre otros de la gestión
predial a la sociedad Autopistas de Santander S.A. para el desarrollo del proyecto
vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” (hecho probado 7.1.2.); ello no
significaba de ninguna manera que la entidad pública se hubiese desprendido
totalmente de las obligaciones que se encontraban a su cargo, puesto que éste
35
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
continuaba siendo titular de la obra pública, por adscripción normativa superior y le
correspondía por ende la vigilancia y control de la entidad concedente87.
En efecto, pese a que la ANI delegó la adquisición de los predios necesarios para
desarrollar el proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga” a la sociedad
Autopistas de Santander S.A., aún mantenía el deber de ejercer la permanente
vigilancia y control del contrato de concesión88, toda vez que se trataba de la
construcción de una obra pública realizado por un tercero a nombre del Estado en
beneficio de la comunidad.
En consecuencia, comoquiera que se acreditó que la ocupación permanente de la
franja de terreno del predio “La Palmita”, de propiedad de la actora, obedeció al
incumplimiento por parte del concesionario de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997
frente al procedimiento de enajenación voluntaria de los predios necesarios para la
ejecución del proyecto vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga”, en desarrollo del
contrato de concesión No. 002 de 2006, fuerza concluir que le asiste
responsabilidad a la ANI, en tanto, no vigiló ni controló la gestión predial que
concesionó.
87 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de agosto de 2023. Rad.: 56888. Sobre el
punto se analizó lo siguiente: “Es cierto que el servicio de alumbrado público se encontraba
concesionado; no obstante, la concesión no releva a la entidad territorial de sus obligaciones
de vigilancia y control como lo dispone el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 […].
La falta de diligencia en sus obligaciones de control y vigilancia sobre el servicio de alumbrado
público le impidió advertir el peligro creado, para así poder solicitar las correcciones del caso,
actuaciones que habrían evitado la muerte del joven Luis Alejandro Aragón Barragán […] Así las
cosas, el daño antijurídico le resulta imputable tanto fáctica como jurídicamente a título de
falla del servicio tanto al municipio de El Espinal como a la Compañía Energética del Tolima
S.A. E.S.P. Se reitera que el ente territorial contaba con la obligación de la vigilancia y control del
servicio de alumbrado público. Por su parte, la Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. tenía
la obligación de inspección y mantenimiento sobre los elementos empleados para la
conducción de energía eléctrica, en este caso, el templete energizado con el cual la víctima tuvo
contacto, respecto del cual contó con un tiempo razonable para advertir el peligro que representaba
tal elemento, lo anterior aunado al beneficio económico y al poder de control que tenía sobre la
actividad peligrosa”. (Se resalta)
88 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2022. Frente
al objeto del contrato de concesión se desarrolló que “el contrato de concesión de servicios públicos
tiene como objetivo contribuir a la correcta prestación de estos para satisfacer las necesidades
colectivas. Así́ las cosas, al Estado le corresponde definir, dentro de las políticas públicas, si los
prestará de manera directa o indirecta, a efectos de garantizar en mejor forma la continuidad del
servicio, en condiciones de eficacia y eficiencia, para la satisfacción del interés general. Lo anterior,
sin perjuicio de mantener en todo caso la regulación, control y vigilancia de dichos servicios,
dada la titularidad que mantiene sobre estos y el deber que le asiste de proteger los derechos
de los usuarios” (Se resalta).
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
De tal suerte, la Sala considera que está probada la omisión en la que incurrió la
ANI, dado que la entidad demandada no cumplió con el deber de ejercer la
permanente vigilancia y control de las actuaciones desplegadas por la sociedad
Autopistas de Santander S.A., en lo atinente a la gestión predial, desconociendo
así lo dispuesto en los artículos 14 y 32 de la Ley 80 de 1993.
Según lo expuesto, y como concluyó acertadamente el a quo, le asiste
responsabilidad a la ANI por la ocupación permanente de una franja de terreno de
propiedad de Leonor Patricia Giraldo González, puesto que omitió su deber de
vigilancia y control sobre el concesionario respecto de sus obligaciones, todo lo cual
generó el menoscabo al derecho al goce, disfrute y disposición del inmueble “La
Palmita”.
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se advierte que el daño es imputable
a la ANI y a la sociedad Autopistas de Santander S.A., por ello, en aplicación de lo
dispuesto en el inciso final del artículo 14089 del CPACA, se determina que cada
una de las demandantes debe responder por el 50% del valor de los perjuicios que
se tasaran más adelante.
8. Del llamamiento en garantía a Seguroexpo de Colombia S.A. y Autopistas
de Santander S.A.
Mediante auto del 27 de noviembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander
admitió el llamamiento en garantía realizado por la ANI, frente a Seguroexpo de
Colombia S.A.
Ahora bien, se tiene que la ANI suscribió la póliza de cumplimiento No. 00004996
con Seguroexpo de Colombia S.A., la cual tenía vigencia desde el 22 de enero de
2007 y hasta el 10 de abril de 2015. No obstante, se observa que en la referida
89
“En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder
cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia
del daño.”
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
póliza, se señaló como obligación del asegurador “Garantizar el cumplimiento
general del contrato ya sea en razón de su celebración, ejecución o liquidación,
incluyendo pago de multas y clausula penal pecuniaria, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, según contrato de
concesión No. 002 de 2006, durante las etapas de preconstrucción, construcción y
rehabilitación […]”. (Se resalta)
Sobre el particular, se advierte que existen marcadas diferencias entre un seguro
de cumplimiento y un seguro de responsabilidad civil extracontractual, siendo el
primero un mecanismo para amparar la responsabilidad contractual y, el segundo,
un mecanismo para amparar la responsabilidad civil extracontractual90.
En consecuencia, se advierte que la póliza No. 00004996 se era un seguro de
cumplimiento que comprendió en sus coberturas, las de cumplimiento del contrato
de concesión y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales. No obstante, no incluyó ninguna cobertura de responsabilidad civil
extracontractual, destinada a amparar los perjuicios causados a terceros en el
marco de la ejecución del contrato de concesión.
En otras palabras, pese a existir un seguro contratado entre la aseguradora y la ANI,
esta póliza no tenía por objeto amparar la responsabilidad civil extracontractual
derivada del referido contrato, dado que únicamente se contempló el amparo
derivado del cumplimiento de obligaciones contractuales, razón por la cual no
procede reembolso alguno a favor de la entidad demandada por parte de
Seguroexpo de Colombia S.A.
A su vez, se tiene que la ANI suscribió el contrato de concesión No. 002 de 2006
con la sociedad Autopistas de Santander S.A. Al efecto, la cláusula 34 de dicho
contrato señaló “el concesionario mantendrá indemne al INCO por cualquier
reclamación o acción de terceros con ocasión de la gestión predial que
asume, en especial en lo que tiene que ver con el estudio de títulos, valoración de
terrenos y construcciones, pago de los predios y el correcto manejo de los recursos
90 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de febrero de 2024, Exp. 62227.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
que se destinen para el efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o
demandas que se interpongan contra el INCO por hechos u omisiones del
concesionario en su gestión predial... […]” (Se resalta)
Según lo expuesto, se encuentra probado que el clausulado del contrato de
concesión No. 002 de 2006 suscrito entre el entonces INCO (hoy ANI) y la sociedad
Autopistas de Santander S.A. cobijó de manera expresa los perjuicios causados a
terceros en el marco de la ejecución del contrato de concesión, pues amparó
“cualquier reclamación o acción de terceros con ocasión de la gestión predial que
asume… incluyendo las reclamaciones o demandas que se interpongan contra el
INCO [hoy ANI]”.
De ahí que, se concluye, el llamamiento en garantía tiene vocación de prosperar
únicamente frente a la sociedad Autopistas de Santander S.A., y, en tal virtud, será
condenada a reembolsar a la ANI el dinero que pague por la condena que aquí se
imponga, en los términos estipulados en el contrato de concesión referido.
9. Liquidación de perjuicios
A continuación se realizará la liquidación de perjuicios a favor de la actora, teniendo
en cuenta únicamente aquel por el cual fueron condenadas las entidades
demandadas en la sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, esto es, el daño emergente, correspondiente al valor
de la franja de terreno ocupada permanentemente. Ello, por cuanto no puede
hacerse más gravosa la situación de la parte demandada que obra como única
apelante, en atención al principio de la non reformatio in pejus.
8.1. En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por
daño emergente, la suma de $724.837.190 a Leonor Patricia Giraldo González,
correspondiente “al valor de la franja de terreno de 5.990,39 m2 ocupada por las
entidades demandadas”. Adicionalmente, se evidencia que la sentencia apelada
condenó a las entidades demandadas a pagar, por daño emergente, la suma de
$724.837.190.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Al respecto, en el proceso se decretó un dictamen pericial con el objeto de “avaluar
la franja de terreno ocupada por trabajos públicos… para lo cual deberá analizar los
dictámenes visibles a folios 36 a 89 y 153 a 166”91, el cual fue rendido por el
ingeniero civil Luis Alfredo Duarte Rueda. El tenor literal del dictamen fue el
siguiente:
“… El área que se encuentra afectada es de 5.990,39 m2. Esta área está ocupada
por la vía Bucaramanga-Barrancabermeja dentro de las abscisas K66+876,99 y
k67+156,40. La obra la ejecutó la sociedad Autopistas de Santander S.A., y tenía
como finalidad la ampliación de la doble calzada de la vía Bucaramanga-
Barrancabermeja. La ocupación de la franja es permanente…
Estas son las consideraciones generales que se tuvieron en cuenta para la
determinación del avalúo de la franja objeto de la litis:
• La infraestructura vial existente que hace parte del corredor vial Bucaramanga-
Barrancabermeja que se encuentra en pavimento flexible y en buen estado de
conservación.
• La ubicación de la franja, colindante con la vía mencionada.
• El uso del suelo localizado en un sector con potencial de desarrollo industrial.
• La topografía de la franja.
• La cercanía a los centros urbanos de Bucaramanga, Girón y Lebrija.
• La cercanía al Aeropuerto Internacional de Palonegro.
• La infraestructura de transporte público.
• Para la conformación del predio del bien avaluado, entre otros criterios he tenido
en cuenta los avalúos recientes y las ofertas de bienes en el sector al que
homogéneamente pertenece la franja de la litis.
Método de avalúo
Con base en la información existente dentro del proceso e igualmente el avalúo
particular del Ingeniero Humberto Díaz Rueda, el perito opta por tener en cuenta el
avalúo presentado por el IGAC en el mes de agosto de 2012 teniendo en cuenta el
tipo de investigación realizado por el perito y primordialmente la relevancia de la
entidad ejecutora del avalúo.
Resultado avalúo
Dando el valor al año 2012 a $121.000 m2, es decir, $724.837.190”.
Ahora bien, en su recurso de apelación la sociedad Autopistas de Santander S.A.
indicó que la objeción por error grave del dictamen pericial rendido al interior del
proceso debía prosperar, puesto que el perito no soportó adecuadamente el
dictamen referido, en tanto se limitó a tener en cuenta el avalúo realizado por el
IGAC a la franja de terreno del predio “La Palmita”.
91 Fl. 716 a 728, C. Ppal.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
Sobre este punto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander estimó
que “los argumentos esbozados en contra del dictamen pericial realizado por el
auxiliar de la justicia no están llamados a prosperar por cuanto, los documentos que
sirvieron de fundamento para la elaboración de la pericia fueron debidamente
incorporados al expediente, sin que fueran tachados de falsos por las partes,
adicional a que provienen de una institución especializada de reconocida trayectoria
e idoneidad, como lo es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima
autoridad en regulación, producción y articulación con altos estándares de calidad,
de la información geográfica, catastral y agrológica del país, razón suficiente para
acoger dicha pericia que establece los perjuicios a título de daño emergente
ocasionado por la ocupación del terreno de 5990.39 M2 del predio ‘La Palmita’ de
propiedad de la demandante”.
A estos efectos, es menester poner de presente que el artículo 226 del Código
General del Proceso prevé que este medio de prueba permite verificar hechos que
interesen al proceso y requieran de especiales conocimientos científicos, técnicos
o artísticos.
Para su eficacia probatoria, el dictamen pericial debe reunir ciertas condiciones
como son: (i) la conducencia en relación con el hecho a probar; (ii) la competencia,
es decir, que quien lo rinde tenga los conocimientos para el desempeño del cargo;
(iii) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (iv) que no se
haya probado una objeción por error grave; (v) que la experticia esté debidamente
fundamentada y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones
expuestas; (vi) que haya surtido contradicción; y (vii) que no exista retracto del
mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen92. El dictamen
debe ser claro, preciso exhaustivo y detallado, en el se deben explicar los
exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 226 del CGP.
92 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales,
Editorial ABC, 1984, págs. 346 a 350 y ss.
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A su vez, el artículo 232 del CGP señala que, al valorar o apreciar el juez el dictamen
de los peritos tendrá en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y
calidad de sus fundamentos, la idoneidad de los peritos y los demás elementos
probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es
autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y
resultados, toda vez que lo rinde un auxiliar de la justicia, de manera que el juez no
está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello
fuese así, estos serían falladores…”93.
En ese sentido, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen
pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y
conveniente, podrá tenerlo en cuenta total o parcialmente; o desechar
sensatamente y con razones los resultados de la peritación, por encontrar sus
fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes para
ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho.
A su turno, es menester precisar que si bien el perito tuvo en cuenta el avalúo
realizado el 1º de agosto de 2012 por el IGAC (hecho probado 7.1.11.) para
determinar el valor de la franja de terreno afectada, lo cierto es que ello no constituye
un error grave, pues el auxiliar de justicia tiene la potestad de apoyarse en ese tipo
de documentos para rendir la experticia, más aún cuando fue el mismo Tribunal de
instancia quien se lo requirió expresamente. Justamente, se evidencia que el
Tribunal Administrativo de Santander le solicitó “avaluar la franja de terreno ocupada
por trabajos públicos… para lo cual deberá analizar los dictámenes visibles a
folios 36 a 89 y 153 a 166” (Se resalta).
Así, se advierte que el peritaje rendido por Luis Alfredo Duarte Rueda presta eficacia
probatoria, por cuanto: i) fue rendido por un ingeniero civil y técnico topógrafo; ii)
abordó y desarrolló de manera integral los interrogantes que solicitaron las partes;
y iii) justificó de manera sólida, clara, exhaustiva y precisa sus conclusiones, en
tanto fijó el avalúo teniendo en cuenta el grado de desarrollo urbanístico del sector,
la localización del inmueble, el tamaño, forma, topografía, estructura de los suelos
93 PARRA QUIJANO, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda.,
2004, Pág. 649.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
y demás afectaciones del lote. Dicho de otra manera, el dictamen pericial goza de
eficacia probatoria por cuanto se rindió de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 226 y 232 del Código General del Proceso.
Por demás, debe recordarse que de conformidad con lo previsto en la Resolución
620 de 2008 del IGAC, uno de los métodos de avalúo es el de comparación o de
mercado, según el cual es posible establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo, así como de los avalúos recientes del
inmueble, método que a la postre aplicó el ingeniero Duarte Rueda para arribar al
precio final por metro cuadrado.
De tal suerte, la Sala estima que la condena emitida por el Tribunal Administrativo
de Santander, por concepto de daño emergente, estuvo ajustada a derecho, pues
tuvo como fundamento el avalúo encomendado a Luis Alfredo Duarte Rueda, quien
se apoyó en el dictamen rendido por el IGAC y que tasó el valor de la franja ocupada
en $724.837.190. No obstante, dicho valor será actualizado aplicando para tal efecto
la fórmula utilizada por esta Corporación:
Vp = Vh x índice final
índice inicial
Vp = $724.837.190 x 144.22 (noviembre 2024)
110.04 (septiembre de 2021)
Vp = $949.982.002,38
De conformidad con lo expuesto se reconocerá la suma de $949.982.002,38 a los
sucesores procesales de Leonor Patricia Giraldo González, a título de daño
emergente.
10. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandada, toda vez que los recursos de apelación
que interpusieron no prosperaron.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho94 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora95. A su turno, el Acuerdo 2222 de 200396
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó
94 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
95 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
96 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en
derecho”.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
que en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta
el 5% del valor de las pretensiones97.
En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo pasivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia,
la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR a la ANI y a la sociedad Autopistas de Santander S.A.
patrimonialmente responsables por la ocupación permanente de una franja de
terreno de propiedad de Leonor Patricia Giraldo González, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la ANI y a la sociedad Autopistas de Santander S.A.
cada una en proporción del 50%, a pagar por daño emergente, la suma de
$949.982.002,38 a los sucesores procesales de Leonor Patricia Giraldo González,
correspondiente al valor de la franja de terreno que fue ocupada permanentemente
por dichas entidades.
TERCERO: CONDENAR a la sociedad Autopistas de Santander a reembolsar a la
ANI la suma de dinero que pague por la condena que aquí se impone, en los
términos del contrato de concesión No. 002 de 2006.
CUARTO: La presente sentencia deberá ser protocolizada e inscrita en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, para que sirva como título traslaticio de
dominio del área ocupada de 5.990,39 m2 del predio ‘La Palmita’, en favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, quien será su adquirente.
97 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.
(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.
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Demandante: Leonor Patricia Giraldo González
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF
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