República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00379-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00379-02 (2387-2025)
Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal.
Subtema 1: reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por
la deducción del 30 % del salario básico por concepto de prima especial. Subtema 2:
prima especial como factor salarial únicamente para efectos pensionales. Subtema 3:
carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones. Subtema 4: prescripción trienal de obligaciones
salariales. Subtema 5: prevalencia de la garantía de las acreencias laborales frente a
argumentos presupuestales.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
el 17 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante, en calidad de juez de la República, solicitó la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100 % de la asignación básica
mensual, toda vez que de este le fue deducido un 30 % por concepto de prima especial
de servicios.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante
ha desempeñado el cargo de juez de la República, ostentando el derecho a que la
entidad demandada le reconozca y pague (a) las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor, teniendo en cuenta que dicha acreencia sólo constituye
factor salarial para efectos de la pensión; (b) reliquidación de las prestaciones sociales
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00379-02 (2387-2025)
Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión
del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
La Subsección confirmará la decisión, en lo relativo al reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios, la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y la
abstención de la condena en costas, y la modificará respecto de: (a) la delimitación del
periodo sobre el cual procede la reliquidación de las prestaciones sociales y (b) que la
prima especial corresponde al treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual.
Por último, ordenará la reliquidación de los aportes a pensión.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Tony Alberto Jiménez Efres, por conducto de apoderada, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan1:
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones 4181 del 29 de agosto de
2013 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
y 5085 del 11 de octubre de 2013 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
—primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías y bonificaciones —,
derivadas de la aplicación del 30 % de la prima especial de servicios como factor
salarial, respecto de los periodos comprendidos entre el 11 de marzo de 1997 y el 1
de mayo de 1998, en calidad de juez promiscuo municipal de Macaravita, y desde el 2
de mayo de 1998 hasta la fecha2, como juez promiscuo municipal del Cerrito, así como
aquellas que se causaran con posterioridad.
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se ordene a la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar las
prestaciones sociales —primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías,
bonificaciones y demás emolumentos—, liquidadas con fundamento en la aplicación
del 30 % de la prima especial de servicios como factor salarial.
4. Asimismo, pidió que se condene a la entidad demandada a pagar la suma total
correspondiente a lo pretendido en el numeral anterior, junto con los intereses
1 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 117, archivo «28ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 117»,
documento «003Demanda.PDF».
2 Fecha de presentación de la demanda: 14 de mayo de 2014.
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
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previstos en el artículo 195 del CPACA, una vez quede ejecutoriada la sentencia que
ponga fin al proceso.
5. Finalmente, requirió que se actualicen o indexen los valores reconocidos,
conforme a lo establecido en el artículo 195 del CPACA y se dé cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos
6. El demandante manifestó que el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de la
Constitución Política atribuyó al Congreso de la República la facultad de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos. Indicó que, en ejercicio de dicha
competencia, se expidió la Ley 4 de 1992, mediante la cual se facultó al Gobierno
nacional para establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
7. Señaló que, en desarrollo de esa habilitación normativa, el Gobierno nacional
expidió distintos decretos3 relacionados con el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Rama Judicial, mediante los cuales se dispuso que el 30 % del salario
básico mensual de jueces y otros funcionarios se consideraría prima especial de
servicios sin carácter salarial.
8. Refirió que, antes de la expedición de la Ley 4 de 1992, a los funcionarios
judiciales se les reconocían como factores salariales todas las sumas percibidas de
manera habitual y periódica como contraprestación por sus servicios, conforme al
Decreto 717 de 1978.
9. Indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de febrero de
20024, declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 1999, relacionado con el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la
Nación, el cual establecía que el 30 % del salario básico mensual se consideraba como
prima especial de servicios sin carácter salarial.
10. Afirmó que los decretos que establecieron para los jueces la prima especial de
servicios sin carácter salarial5 desconocieron el principio de igualdad y generaron un
trato diferenciado respecto de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
11. Expuso que la aplicación de tales disposiciones produjo una disminución en la
liquidación de prestaciones sociales, dado que únicamente se tuvo en cuenta el 70 %
de la remuneración y se excluyó el 30 % correspondiente a la prima especial de
servicios. En consecuencia, señaló que tiene derecho al reconocimiento y pago de los
3 Ver: decretos 053 y 057 de 1993; 106 de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y
64 de 1998; 038 044 de 1999; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2729 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002 y 356 de 2003.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de
2002, exp. 11001-03-2500-001999-0031-00.
5 Ver: pie de página 3.
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
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valores dejados de percibir correspondientes al 30 % de la prima especial como factor
salarial, los cuales deben ser pagados desde 1993.
12. Precisó que se desempeñó como juez promiscuo municipal de Macaravita entre
el 11 de marzo de 1997 y el 1 de mayo de 1998 y, posteriormente, como juez
promiscuo municipal del Cerrito desde el 2 de mayo de 1998 hasta la fecha6.
13. Manifestó que presentó petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga con el propósito de obtener el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales liquidadas con inclusión del 30 % de la prima
especial de servicios como factor salarial.
14. Señaló que la administración negó la solicitud mediante las resoluciones 4181
del 29 de agosto de 2013 y 5085 del 11 de octubre de ese mismo año, al considerar
que dicha prestación carecía de carácter salarial y, por ello, no podía incluirse para
efectos de liquidar la bonificación por servicios prestados y demás prestaciones
sociales. En ese sentido, manifestó que agotó la vía gubernativa.
15. Finalmente, refirió que el 11 de marzo de 2014 presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos de Bucaramanga y que
el 6 de mayo del mismo año, mediante audiencia pública, se declaró fallida por
ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes, razón por la cual consideró satisfecho
el requisito de procedibilidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
16. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Constitución Política.
• Ley 482 de 1998.
• Ley 270 de 1996.
• Ley 4 de 1992.
• Código Sustantivo del Trabajo.
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
• Decreto 717 de 1978.
17. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante propuso los siguientes
argumentos:
18. Señaló que antes de la expedición de la Ley 4 de 1992 a los funcionarios
judiciales se les reconocían como factores salariales todos los valores percibidos
periódicamente como contraprestación por sus servicios, por disposición del artículo
12 del Decreto 717 de 1978.
6 Fecha de radicación de la demanda: 14 de mayo de 2014.
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19. Indicó que el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 estableció los criterios para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y dispuso que el Gobierno
nacional debía respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado.
Asimismo, refirió que el artículo 10 ibidem previó que los regímenes establecidos en
contravía de dicha normativa carecerían de efectos.
20. Manifestó que el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996 reconoció a
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial el derecho a percibir una
remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, sin posibilidad de
disminución. Agregó que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo estableció el
carácter irrenunciable de los derechos laborales.
21. Afirmó que los actos administrativos demandados vulneraron el Decreto 717 de
1978, la Ley 4 de 1992, la Ley 270 de 1996 y el Código Sustantivo del Trabajo, pues,
en su criterio, no se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y
prestacionales de los servidores públicos, como sucede en el presente.
22. Refirió que los decretos salariales expedidos para los servidores de la Rama
Judicial entre 1993 y 20037 calificaron como prima especial sin carácter salarial el 30
% del salario básico mensual de los jueces de la República. Sostuvo que dicha
regulación produjo una disminución injustificada en su remuneración, por cuanto afectó
la liquidación de primas, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones,
bonificaciones y futuras prestaciones pensionales.
23. Señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de
disposiciones relacionadas con el régimen salarial de algunos servidores de la Fiscalía
General de la Nación y, con fundamento en esa decisión, consideró que el mismo
tratamiento debía extenderse a los jueces de la República, en aplicación de los
principios de igualdad, equidad y justicia.
24. Indicó que los artículos 1, 4 y 13 de la Constitución Política prevén el modelo de
Estado Social de Derecho, el principio de supremacía constitucional y el derecho a la
igualdad. A partir de ello, sostuvo que la entidad demandada desconoció tales
postulados al aplicar disposiciones que, en su criterio, resultaban incompatibles con el
orden constitucional.
25. Finalmente, manifestó que el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de abril de
2009, precisó que la prima constituye un reconocimiento adicional de carácter
retributivo y adujo que los convenios internacionales del trabajo integran la legislación
interna y, por tanto, debían ser atendidos en materia de derechos prestacionales.
7 Ver: decretos 57 de 1993; 106 de 1994; 43 de 1995; 36 de 1996; 76 de 1997; 64 de 1998; 44 de 1999; 2740 de
2000; 2777 de 2001; 673 de 2002; y 3569 de 2003.
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2.2. Contestación de la demanda
26. La entidad accionada se opuso a las pretensiones al considerar que los actos
administrativos demandados fueron expedidos según la normativa vigente para la
época de los hechos y, por lo tanto, se encuentran amparados por la presunción de
legalidad propia de los actos administrativos en firme. Asimismo, propuso las
siguientes excepciones8:
27. Respecto de la «legalidad de los actos administrativos demandados» manifestó
que el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de la Constitución Política atribuyó al
Congreso de la República la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos y que, en desarrollo de dicha facultad, se expidió la Ley 4
de 1992, mediante la cual se habilitó al Gobierno nacional para determinar el régimen
salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, basado en
criterios propios.
28. Refirió que en desarrollo de la Ley 4 de 1992, se expidió el Decreto 57 de 1993,
mediante el cual se dispuso que el 30 % de la remuneración mensual de determinados
servidores de la Rama Judicial constituía una prima especial sin carácter salarial.
Dedujo que, por disposición legal expresa, dicho porcentaje no podía ser considerado
factor salarial para la liquidación de primas, cesantías, vacaciones y la bonificación por
servicios prestados.
29. Indicó que la prima especial de servicios tenía fundamento en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 y no contrariaba mandatos constitucionales, puesto que la
Constitución facultó al legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos. En ese sentido, sostuvo que el legislador conserva un margen de
configuración para establecer qué componentes integran el salario y cuáles no.
30. Asimismo, señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
particularmente la sentencia C-279 del 24 de junio de 1996, reconoció la facultad del
legislador para determinar los factores constitutivos de salario y declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
31. Finalmente, afirmó que las pretensiones formuladas no están llamadas a
prosperar, dado que la prima especial de servicios conservaba naturaleza no salarial
y, por ende, no podía incluirse para efectos de liquidar prestaciones sociales.
32. En relación con la «prescripción de los derechos reclamados», señaló que las
sumas pretendidas se encuentran parcialmente prescritas, en tanto la interrupción del
término prescriptivo ocurrió con la solicitud presentada por la parte accionante ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
8 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 117, archivo «28ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua 117»,
documento «031EscritoContestacion».
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33. Indicó que la prescripción es un modo de extinguir obligaciones que surge con
el simple transcurso del tiempo y la inactividad del titular del derecho. Asimismo, señaló
que, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, al artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 y a la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, las
acciones derivadas de derechos laborales de los servidores públicos prescriben en el
término de tres años contados desde la exigibilidad de la obligación.
34. Finalmente, refirió que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional ha reconocido la aplicación del fenómeno prescriptivo trienal respecto
de derechos laborales causados a favor de empleados públicos. Con base en ello,
sostuvo que, en caso de prosperar las pretensiones, debían declararse prescritas las
sumas causadas con anterioridad a los tres años previos a la presentación de la
reclamación administrativa.
2.3. Sentencia de primera instancia
35. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 17 de mayo de 2024,
mediante la cual9 declaró la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
resoluciones 4181 del 29 de agosto de 2013 y 5085 del 11 de octubre de 2013,
expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
36. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a: (a)
reconocer y liquidar la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
sin carácter salarial, en cuantía equivalente al 30 % de la asignación básica mensual
(sueldo, gastos de representación y bonificación judicial), entendida como un agregado
o valor adicional, desde el 27 de agosto de 2010, por el periodo efectivamente laborado
y por las sumas que se causaran hasta la finalización de su vínculo laboral; y (b)
reliquidar y pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales
devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada en el numeral anterior.
37. Asimismo, condenó a la entidad demandada a pagar la indexación de las
condenas, conforme al artículo 187 del CPACA, dar cumplimiento a lo dispuesto en la
sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019 por el Consejo de Estado, Sala
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces y dar
cumplimiento al fallo, en los términos del artículo 192 del CPACA. Finalmente, el
Tribunal se abstuvo de condenar en costas.
38. Como fundamento de la anterior decisión, expuso los siguientes argumentos:
39. Frente a los hechos probados, señaló que el 27 de agosto de 2013 la parte
demandante, a través de apoderado judicial, radicó una petición ante la entidad
9 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 129, documento «32Sentencia de Pr_68001233300020140037(.pdf)
NroActua 129».
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
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demandada con el fin de obtener la reliquidación de las prestaciones sociales, con
inclusión de la prima especial del 30 %, desde el 11 de marzo de 1997 hasta la fecha
y por las sumas que continuaran causándose.
40. Indicó que mediante las resoluciones 4181 del 29 de agosto de 2013 y 5085 del
11 de octubre siguiente se negó la solicitud y se resolvió el recurso de reposición10
interpuesto. Asimismo, refirió que obra certificación expedida por el pagador de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en la que consta que
el accionante se desempeñó como juez de la República.
41. Respecto de los actos administrativos demandados, manifestó que estos
generaban repercusiones económicas desfavorables en el régimen prestacional de la
parte demandante y contrariaban principios y postulados de rango constitucional
contenidos en los artículos 1, 2, 35, 53 y 150 numeral 19 literal e) de la Constitución
Política, además de las disposiciones previstas en la Ley 4 de 1992 relativas a la
estructura salarial de la función pública.
42. Señaló que, conforme al marco jurídico y jurisprudencial analizado, los actos
administrativos demandados debían declararse nulos, pues quien promovió la
demanda ostentó la calidad de juez de la República y, por ende, tenía derecho a la
reliquidación de las diferencias salariales, así como de los aportes pensionales con
inclusión de la prima especial de servicios del 30 %, la cual solo constituía factor
salarial para efectos pensionales.
43. Refirió que la sentencia del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Plena
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, estableció que la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye un
incremento de la asignación básica y que sus beneficiarios tienen derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten a su favor. Añadió que dicha
providencia precisó que esta prestación únicamente constituye factor salarial para
efectos pensionales y que la reliquidación de las prestaciones sociales debía
efectuarse sobre el 100 % del salario básico, con inclusión del porcentaje previamente
excluido.
44. En relación con la prescripción trienal, indicó que la mencionada sentencia
precisó que el derecho derivado de la prima especial de servicios surgió desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y que su exigibilidad ocurrió a partir del Decreto
57 de 1993, razón por la cual desde ese momento podía interrumpirse la prescripción.
45. Manifestó que, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y
teniendo en cuenta la reclamación presentada el 27 de agosto de 2013 ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, operó la
10 Revisada la documentación obrante en el expediente, se advierte que dicha resolución resolvió el recurso de
apelación.
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prescripción trienal respecto de los derechos causados con anterioridad al 27 de
agosto de 2010.
46. Frente a las órdenes impartidas, refirió que debía accederse a las pretensiones
y declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. No obstante, precisó
que, como prosperó la excepción de prescripción, únicamente procedía el
reconocimiento y pago del 30 % del salario básico establecido en los decretos
salariales anuales desde el 27 de agosto de 2010, por cada mensualidad laborada.
47. Señaló que la diferencia salarial dejada de percibir debía reconocerse conforme
a los parámetros fijados en la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Además, indicó
que procedía la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario
básico, sin la disminución correspondiente al 30 % de la prima especial de servicios.
48. Asimismo, sostuvo que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 constituía factor salarial para efectos pensionales, razón por la cual ordenó
reliquidar las cotizaciones correspondientes sobre un ingreso equivalente al 130 % del
salario básico.
49. Finalmente, respecto de las costas, señaló que el artículo 188 del CPACA y el
artículo 365 del Código General del Proceso facultan al juez para abstenerse de
imponer condena cuando prosperan parcialmente las pretensiones, como ocurrió en
esta oportunidad.
2.4. Recurso de apelación
50. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita11. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones:
51. Como cuestión previa relacionada con la «caducidad del medio de control»,
señaló que de las pruebas allegadas al proceso se advertía que el señor Tony Alberto
Jiménez Efres contaba con un acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se
negó el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, correspondiente al tiempo laborado como funcionario judicial. Indicó que la
Resolución 5085 del 11 de octubre de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso
interpuesto contra la decisión inicial, fue notificada personalmente el 14 de noviembre
de 2013 y quedó en firme al no proceder medio de impugnación alguno contra ella.
52. Manifestó que la parte actora presentó petición el 27 de agosto de 2013 ante la
Dirección Seccional de Administración Judicial, con el propósito de obtener el
reconocimiento de la prima especial y las correspondientes reliquidaciones y pagos
derivados de dicha prestación. Refirió que la solicitud fue negada mediante la
11 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 132, documentos «34_MemorialWeb_Recurso-
APELACION201400379(.pdf) NroActua 132».
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Resolución 4181 del 29 de agosto de 2013 y posteriormente confirmada a través de la
Resolución 5085 del 11 de octubre de la misma anualidad.
53. Sostuvo que, de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, la demanda debía presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la
notificación del acto administrativo definitivo. Agregó que, en virtud del requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y de conformidad con la Ley 640 de 2001,
el término de caducidad se suspendió con la presentación de la solicitud radicada el
11 de marzo de 2014.
54. Indicó que la audiencia de conciliación se declaró fallida el 6 de mayo de 2014,
razón por la cual el término suspendido se reanudó desde el día siguiente y restaban
5 días para acudir ante esta jurisdicción. Con fundamento en ello, afirmó que el plazo
vencía el 12 de mayo de 2014; sin embargo, la demanda fue presentada el 14 de mayo
siguiente. En ese sentido, concluyó que el medio de control fue ejercido por fuera del
término previsto en el artículo 164 del CPACA y, por tanto, solicitó declarar configurada
la caducidad, incluso de oficio.
55. Respecto de la excepción «prescripción trienal de los derechos reclamados –
jurisprudencia del H. Consejo de Estado Sala de Conjueces», señaló que la sentencia
de primera instancia aplicó adecuadamente el fenómeno de la prescripción respecto
de las sumas reclamadas por concepto de prima especial de servicios y reliquidación
prestacional.
56. Indicó que, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, las acciones derivadas de derechos laborales de los servidores
públicos prescriben en el término de tres años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación, y que dicho término solo se interrumpe mediante reclamación escrita
presentada ante la autoridad competente.
57. Refirió que la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019
precisó que, en materia de prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, el derecho se tornó exigible desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993,
razón por la cual los interesados podían interrumpir la prescripción desde el 7 de enero
de 1993 y, en consecuencia, únicamente procede reconocer los tres años anteriores
a la reclamación administrativa.
58. Sostuvo que la referida sentencia estableció que la contabilización de la
prescripción debe realizarse teniendo en cuenta la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y reconocer únicamente las sumas causadas durante los
tres años anteriores a esta, sin posibilidad de extender dicho término.
59. Asimismo, señaló que diversos pronunciamientos judiciales, entre ellos una
decisión proferida por un Juzgado Administrativo Ad-Hoc del Circuito Judicial de
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00379-02 (2387-2025)
Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Bucaramanga, han reiterado la aplicación de la prescripción trienal en asuntos
relacionados con la prima especial de servicios.
60. Con fundamento en lo anterior, afirmó que las sumas reclamadas corresponden
a prestaciones de tracto sucesivo y que la inactividad del demandante no puede afectar
a la administración, razón por la cual, aun en caso de acceder a las pretensiones, debía
declararse la prescripción de las acreencias causadas con anterioridad a los tres años
previos a la reclamación administrativa y, en consecuencia, confirmar la decisión de
primera instancia en ese aspecto.
61. En ese sentido, concluyó que no es viable acceder a las pretensiones en la
forma planteada por la parte demandante, sino que, al momento de reconocer las
acreencias laborales reclamadas, debía aplicarse la prescripción trienal respecto de
todas las sumas causadas con más de tres años de anterioridad a la solicitud
presentada en sede administrativa.
62. Respecto de la excepción «falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de integración del litisconsorcio necesario», señaló que la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial ha efectuado el pago de salarios y prestaciones sociales de la parte
demandante con estricta sujeción a los parámetros fijados por el Gobierno nacional,
razón por la cual sostuvo que carece de competencia para modificar el régimen salarial
y prestacional aplicable a los servidores judiciales.
63. Indicó que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos corresponde al Congreso de la República y al Gobierno nacional,
en virtud de los artículos constitucionales y legales que regulan la materia, así como
de la Ley 4 de 1992 y los decretos expedidos en su desarrollo. En ese sentido, afirmó
que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cumple únicamente funciones de
ejecución y ordenación del gasto, sin facultades para alterar escalas salariales o
modificar asignaciones presupuestales.
64. Manifestó que las pretensiones de la demanda buscaban, en realidad, la
inaplicación de decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional y la
modificación del esquema remuneratorio aplicable a los funcionarios judiciales. Por
ello, consideró que debían vincularse al proceso entidades como la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, por ser las autoridades con competencia para
expedir, conceptuar y adoptar decisiones relacionadas con el régimen salarial y
presupuestal.
65. Refirió que una eventual decisión favorable tendría efectos directos sobre el
Presupuesto General de la Nación y sobre la distribución de recursos públicos,
circunstancia que imponía la comparecencia de las entidades antes mencionadas.
Agregó que la Rama Judicial se encuentra sometida a las reglas del Estatuto Orgánico
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del Presupuesto y, por ende, no puede asumir obligaciones económicas sin
disponibilidad presupuestal o apropiaciones previamente autorizadas.
66. Asimismo, sostuvo que la falta de comparecencia de dichas entidades generaba
una indebida integración del contradictorio y configuraba la excepción relativa a la
ausencia de litisconsorcio necesario, dado que las decisiones que eventualmente se
adoptaran afectarían competencias y actuaciones propias del Gobierno nacional.
67. Reiteró que la Rama Judicial no puede ser llamada a responder por una
presunta ilegalidad o inconstitucionalidad de los decretos salariales expedidos por el
Ejecutivo, ni asumir consecuencias derivadas de modificaciones al régimen salarial de
los funcionarios judiciales, motivo por el cual solicitó declarar probadas las
excepciones propuestas y, subsidiariamente, ordenar la vinculación de las entidades
señaladas.
68. También alegó la «caducidad del medio de control», señaló que los decretos
salariales expedidos desde 1993 y aquellos que regularon anualmente el régimen
salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama Judicial conservan su presunción
de legalidad, en la medida en que no han sido anulados ni declarados inexequibles,
razón por la cual continúan produciendo efectos jurídicos y resultan de obligatorio
cumplimiento para las autoridades encargadas de su aplicación.
69. Manifestó que la parte demandante, pese a considerar que dichas disposiciones
contenían vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que afectaban sus derechos
salariales, omitió controvertirlas oportunamente mediante los mecanismos judiciales
previstos para ello. En ese sentido, sostuvo que las pretensiones de la demanda
perseguían realmente la inaplicación de normas de carácter general y el
restablecimiento automático de derechos económicos derivados de ellas.
70. Indicó que, conforme a los artículos 138 y 164 del CPACA, cuando se pretenda
el restablecimiento automático de un derecho derivado de un acto administrativo de
carácter general, la demanda debe promoverse dentro de los términos establecidos
por la ley. Bajo esa perspectiva, afirmó que la parte actora pretendía eludir el término
de caducidad mediante la formulación de una solicitud de inaplicabilidad de decretos
vigentes, pese a que debió acudir oportunamente a la jurisdicción para cuestionar
directamente los actos que regulaban su remuneración.
71. Refirió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se limitó a liquidar
y pagar salarios y prestaciones conforme a los decretos expedidos por el Gobierno
nacional y carecía de competencia para modificar el régimen salarial de los
funcionarios judiciales. Agregó que los pagos efectuados se realizaron con fundamento
en disposiciones vigentes y obligatorias, por lo que cualquier inconformidad debía
dirigirse frente a las normas expedidas por el Ejecutivo y no respecto de los actos
administrativos particulares que simplemente las aplicaron.
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72. Asimismo, indicó que la expedición del Decreto 272 de 2021 evidenciaba que
únicamente el Gobierno nacional cuenta con competencia para modificar o redefinir el
alcance de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que, a
su juicio, reforzaba la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial para adoptar decisiones que implicaran modificar la escala salarial aplicable al
demandante y, en consecuencia, acceder a las pretensiones reclamadas.
73. Finalmente, sostuvo que las pretensiones orientadas al reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales causadas desde años anteriores se
encontraban afectadas por el fenómeno de la caducidad, pues la parte demandante
guardó silencio frente a los decretos que regulaban su remuneración y dejó transcurrir
los términos previstos en la ley para cuestionar su legalidad, razón por la cual solicitó
declarar probada la excepción propuesta.
74. En relación con la «excepción de inexistencia del demandado», sostuvo que la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales,
pues dicha atribución corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, en virtud de
los artículos 150.19 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992. Indicó que la entidad
únicamente ejecuta y aplica los decretos salariales expedidos anualmente por el
Ejecutivo, por lo que sus actuaciones constituyen actos de ejecución y no decisiones
autónomas capaces de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. En ese
sentido, afirmó que la controversia realmente recae sobre decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional y no sobre actuaciones propias de la Dirección
Ejecutiva.
75. Agregó que la entidad demandada no participó en la expedición de las
disposiciones cuya inaplicación o inconstitucionalidad pretende la parte actora, razón
por la cual consideró improcedente atribuirle responsabilidad frente a las
consecuencias presupuestales y jurídicas derivadas de una eventual modificación del
régimen salarial. Reiteró que la competencia para adoptar tales decisiones
corresponde al presidente de la República, los ministros y directores de departamentos
administrativos que integran el Gobierno nacional, por lo que insistió en la necesidad
de vincular dichas autoridades al proceso.
76. Asimismo, argumentó que las actuaciones expedidas por la Dirección Ejecutiva
corresponden a simples actos de cumplimiento de normas generales vigentes y, por
tanto, carecen de control jurisdiccional autónomo al no constituir actos definitivos en
los términos del CPACA. Precisó que su función se limita a liquidar y ordenar pagos
conforme a los parámetros fijados por el Gobierno nacional y al marco presupuestal
asignado, sin facultades para modificar la estructura remuneratoria de los servidores
judiciales.
77. Finalmente, reiteró que solo a partir del Decreto 272 de 2021 el Gobierno
nacional modificó el tratamiento de la prima especial de servicios para empleados
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judiciales, circunstancia que —a su juicio— evidencia que cualquier variación del
régimen salarial depende exclusivamente del Ejecutivo. Con fundamento en ello,
solicitó declarar probada la excepción propuesta y, subsidiariamente, integrar el
contradictorio con las entidades del Gobierno nacional que consideró competentes
para asumir la defensa de las normas salariales cuestionadas.
78. Frente a la «excepción de inepta demanda», sostuvo que la acción fue dirigida
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, pese a que esta carece de competencia para fijar
o modificar el régimen salarial de los servidores judiciales, atribución que corresponde
exclusivamente al Gobierno Nacional. En ese sentido, afirmó que la autoridad
demandada actúa únicamente como ejecutora de los decretos salariales y ordenadora
del gasto, por lo que los actos expedidos en cumplimiento de tales disposiciones
constituyen actos de ejecución y no decisiones susceptibles de control jurisdiccional
autónomo. Asimismo, alegó la indebida conformación del contradictorio, al considerar
necesaria la vinculación del Gobierno Nacional, y sostuvo que la demanda incurrió en
indebida acumulación de pretensiones, al combinar solicitudes de nulidad y
restablecimiento del derecho con cuestionamientos orientados a la inaplicación o
inconstitucionalidad de normas de carácter general.
79. En relación con la «excepción de cobro de lo no debido», ligada a la falta de
vinculación de las autoridades que, según la entidad demandada, debían integrar el
extremo pasivo de la litis, sostuvo que no existe obligación alguna a cargo de la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, pues el régimen salarial y prestacional de los servidores
judiciales corresponde a una materia cuya regulación compete exclusivamente al
Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 150 numeral
19 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992. En ese sentido, afirmó que los actos
expedidos por la entidad constituyen simples actuaciones de ejecución de los decretos
salariales anuales y que, por ello, las sumas reclamadas por la parte actora
corresponden a un cobro de lo no debido. Asimismo, reiteró que las autoridades del
Gobierno nacional debieron ser vinculadas al proceso, dado que cualquier decisión
sobre la modificación del régimen salarial o sus efectos presupuestales excede la
órbita funcional de la entidad demandada.
80. En relación con la «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos
reclamados por la parte actora», sostuvo que resulta presupuestalmente inviable
reconocer las acreencias laborales reclamadas respecto de periodos anteriores al 1
de enero de 2021, pues el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asignó recursos
para cubrir tales obligaciones. Señaló que el reconocimiento y pago de diferencias
derivadas de la reliquidación de prestaciones sociales y de la prima especial del 30 %
implicaría comprometer recursos sobre apropiaciones inexistentes, en contravía del
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015,
normas que prohíben adquirir obligaciones sin disponibilidad presupuestal previa.
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81. Indicó que aunque el Decreto 272 de 2021 estableció la prima especial
equivalente al 30 % adicional al salario básico y ordenó su pago con efectos fiscales a
partir del 1 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
únicamente procedió a incluir dicho reconocimiento desde abril de ese año, conforme
a los recursos asignados. Asimismo, afirmó que la entidad carece de competencia para
modificar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios judiciales, pues solo
ejecuta las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional y aplica las normas
vigentes en la materia.
82. Expuso que, en cumplimiento del deber de aplicación uniforme de la
jurisprudencia, la entidad adelantó actuaciones administrativas dirigidas a obtener
recursos adicionales y a coordinar con otras autoridades la implementación de la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. Sin embargo, insistió en que la inexistencia de
apropiación presupuestal impedía asumir obligaciones adicionales y que, conforme al
Decreto 272 de 2021 y a la aclaración efectuada a dicha providencia, la prima especial
tiene naturaleza no salarial y debe reconocerse dentro de los límites y condiciones
fijados anualmente por el Gobierno nacional.
83. Por último, respecto de la «no condena en costas», solicitó mantener la decisión
de primera instancia de abstenerse de imponerla, tanto en primera como en segunda
instancia, con fundamento en los numerales 5 y 8 del artículo 365 del CGP y el artículo
188 del CPACA.
84. Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el
régimen actual de costas responde a un criterio objetivo-valorativo, según el cual no
basta la condición de vencido dentro del proceso, sino que debe verificarse si
efectivamente estas se causaron y si aparecen acreditadas en el expediente. Indicó
que ello exige valorar los gastos ordinarios y la actividad desplegada por el apoderado
durante el trámite judicial.
85. Con fundamento en lo anterior, afirmó que en el presente asunto no se
encuentran demostrados los presupuestos necesarios para imponer condena en
costas a la entidad demandada. Agregó que una condena sin acreditar que estas se
causaron afectaría injustificadamente el Tesoro Público, razón por la cual solicitó
confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia sobre este aspecto.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
86. Mediante auto del 27 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte accionada, se ordenó notificar personalmente al procurador
delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA, y a las
partes según el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de
2021. Asimismo, se requirió al Tribunal Administrativo de Santander para que remitiera
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el expediente debidamente digitalizado12.
2.6. Ministerio Público
87. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto13.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
88. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
89. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
90. ¿La demanda es inepta por no: (a) haber acusado los decretos salariales anuales
que reglamentan los salarios de los empleados de la Rama Judicial; (b) dirigirse contra
las autoridades que los expidieron o intervinieron en su adopción; y (c) haberla
presentado dentro del término previsto en el artículo 164.2, literal d) del CPACA luego
de dichos decretos se publicaron?
91. De ser negativa la respuesta, la Sala deberá establecer si:
92. ¿Se configuró la caducidad del presente medio de control respecto del acto
administrativo particular que negó el reconocimiento y pago de la prima especial y la
reliquidación de las prestaciones sociales?
93. De resolverse negativamente el anterior interrogante, corresponderá a la Sala
determinar si:
94. ¿El hecho de que la parte accionada justificara su comprensión de la prima
especial de servicios como parte de salario, en los decretos anuales del Gobierno
nacional que así lo decían, resulta un argumento suficiente para revocar las órdenes
proferidas por el juez de primera instancia?
12 Samai, expediente digital, índice 11, documento «13Autoqueadmite_0623872025Autoqueadm(.pdf) NroActua
11».
13
Samai, expediente digital, índice 14, documento «Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 14 ».
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95. ¿El Tribunal incurrió en una imprecisión al declarar la prescripción trienal
únicamente respecto de la prima especial de servicios y no frente a las prestaciones
sociales reclamadas?
96. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la parte demandada impide el
cumplimiento de la sentencia de primera instancia respecto del reconocimiento y pago
de las acreencias reclamadas por el demandante?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. De la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
97. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
98. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
14 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
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99. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones15, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
100. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de
los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».
101. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»16.
102. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»17.
103. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7.° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
15 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
104. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»18. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 19.
105. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/o asignación básica»20.
En este escenario, estableció unos criterios de interpretación del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, en el siguiente orden:
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
19 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18).
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80 % es un piso y un techo.
106. Frente a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el cómputo
de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el momento en
que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió la prescripción,
para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito), contar 3 años hacia
atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción».
107. En lo atinente a la exigibilidad precisó que «el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…) En consecuencia, desde el 7 de
enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00379-02 (2387-2025)
Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
108. Por último, en sentencia del 9 de abril de 202421, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
109. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.4. Hechos probados relevantes
110. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra
acreditado lo siguiente:
111. El señor Tony Alberto Jiménez Efres presta sus servicios a la Rama Judicial en
el cargo de juez municipal desde el «1 de enero de 1997 hasta la fecha», según la
certificación del 5 de febrero de 2014 del pagador de la Dirección Seccional22.
112. El 27 de agosto de 2013 solicitó a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga «el reconocimiento y pago de la reliquidación de mis
prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales, desde
el 11 de marzo de 1997 y hasta la fecha», según se evidencia en la Resolución 4181
del 29 de agosto de 201323.
113. Mediante la Resolución 4181 del 29 de agosto de 2013, notificada el 10 de
septiembre de 2013, la entidad negó lo pretendido24. Contra la anterior decisión el
demandante interpuso recurso de apelación. No obstante, la entidad demandada, a
través de la Resolución 5085 del 11 de octubre de 2013, notificada el 14 de noviembre
de 2013, confirmó en todas sus partes la decisión recurrida25.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
9 de abril de 2024, exp. 11001032500020190060900(4735-2019).
22 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 117, archivo «28ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua
117», documento «003Demanda.PDF», folios 37 al 41.
23 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 117, archivo «28ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua
117», documento «003Demanda.PDF», folios 19 al 21.
24 Ibidem.
25 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 117, archivo «28ED_LINKDEACCESOALEXPEDI(.pdf) NroActua
117», documento «003Demanda.PDF», folios 24 al 36.
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114. A partir de la certificación de los factores salariales26 devengados por el
demandante, atinentes a algunos de los años en los que se desempeñó como juez
municipal, se tiene que recibió la asignación básica y la prima especial en montos que
equivalen a la remuneración anual establecida por el Gobierno nacional, así:
Vigencia Asignación Prima Suma Decreto Remuneración
básica especial de asignación mensual
servicios básica y decreto anual
prima
especial
1997 $1.278.841 $383.653 $1.662.494 76 de 1997 $1.662.496
1998 $1.587.533 $476.260 $2.063.793 64 de 1998 $2.063.794
1999 $1.793.913 $538.174 $2.332.087 44 de 1999 $ 2.332.088
2002 $2.121.530 $636.459 $2.757.989 673 de 2002 $2.757.989
2003 $2.210.635 $663.190 $2.873.825 3569 de 2003 $2.873.825
2004 $2.306.798 $692.039 $2.998.837 4172 de 2004 $2.998.837
2005 $2.433.672 $730.102 $3.163.774 936 de 2005 $3.163.774
2006 $2.555.355 $766.608 $3.321.963 389 de 2006 $3.321.963
2007 $2.670.346 $801.106 $3.471.452 618 de 2007 $3.471.452
2008 $2.822.289 $846.689 $3.668.978 658 de 2008 $3.668.978
2009 $3.081.095 $924.329 $4.005.424 723 de 2009 $4.005.424
2010 $3.158.123 $947.438 $4.105.561 1388 de 2010 $4.105.560
2011 $3.258.236 $977.472 $4.235.708 1039 de 2011 $4.235.707
2012 $3.421.148 $1.026.345 $4.447.493 874 de 2012 $4.447.493
Tabla 1. Suma de los rubros para alcanzar la remuneración mensual establecida por el Gobierno nacional
115. De la anterior tabla, además de evidenciarse que la remuneración mensual
establecida por el Gobierno nacional fue fraccionada en asignación básica y prima
especial, también se destaca que la anterior prima se calculó sobre la base del 30 %
del concepto de asignación básica27, más no de la suma establecida por el Gobierno
nacional para cada año.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la supuesta ineptitud de la demanda por no: haberse (a) acusado los
decretos salariales anuales, (b) dirigido contra las autoridades que los
expidieron y (c) presentado dentro de los 4 meses a la publicación de aquellos
116. Le corresponde a la Sala determinar si la demanda es inepta por las anteriores
circunstancias, precisando en primer lugar, que la parte accionada no las invocó
durante el presente trámite al contestar la demanda, aunque por excelencia es la
oportunidad para invocar las circunstancias que impiden que se lleve a cabo la
discusión de fondo (artículos 175 del CPACA y 100, 101 y 102 del CGP). No obstante,
dicha omisión, que revela una desatención del principio de preclusión, la Sala se
referirá brevemente a las situaciones expuestas, comoquiera que ponen en entredicho
el presupuesto procesal de demanda en forma, cuyo cumplimiento debe verificarse a
fin de que sea procedente dictar la decisión de fondo correspondiente.
26 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 39, documento «5_ED_01EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 39»,
folios 26 al 32.
27 Esto puede comprobarse al tomar el rubro de asignación básica de cada año y multiplicarlo por el 30%, cuyo
resultado es el equivalente a la prima especial de la respectiva anualidad.
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117. Sobre el particular, se recuerda que la entidad demandada señaló que el
demandante, al pretender en realidad la nulidad de los decretos salariales anuales del
Gobierno nacional, debió dirigirse en contra de las autoridades que intervinieron en su
adopción, dentro del término que contempla la ley. Asimismo, añadió que, al no tener
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales,
no tenía a su cargo obligación alguna, sobre todo cuando los actos administrativos
particulares demandados constituyen simples actuaciones de ejecución de los actos
administrativos generales.
118. Sobre el particular, se destaca que de acuerdo con el artículo 138 del CPACA
cualquier persona que considere vulnerado un derecho subjetivo estará legitimada
para solicitar la nulidad del acto administrativo correspondiente y, de manera
consecuente, reclamar el restablecimiento de dicho derecho. En esa medida, le
corresponde al afectado acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para
demandar el acto administrativo que contiene la manifestación de la voluntad mediante
la cual se creó, modificó o extinguió su situación jurídica.
119. Según la anterior norma, se podrá pedir que se declare la nulidad de un acto
administrativo particular y se restablezca el derecho cuando una persona se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Asimismo, se
recuerda que los actos particulares pueden demandarse de forma autónoma cuando
contienen una decisión propia, que generan efectos jurídicos directos y no se limitan a
ejecutar mecánicamente un acto general.
120. En ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda son las que determinan
el marco decisorio del juez, y su análisis permite establecer el alcance y los efectos
jurídicos que eventualmente se derivarían de la declaratoria de nulidad del acto
administrativo enjuiciado. Tratándose del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, resulta indispensable identificar con precisión la
actuación que originó la afectación; esto es, debe demandarse el acto administrativo
que produjo la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, de modo que dicha
declaratoria pueda traducirse válidamente en un restablecimiento a favor de la parte
demandante.
121. Descendiendo al caso concreto, se tiene que se pretende la nulidad de la
Resolución 4181 del 29 de agosto de 2013, mediante la cual la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga le negó al accionante el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales —primas, vacaciones, cesantías,
intereses sobre las cesantías y bonificaciones —, derivadas de la aplicación del 30 %
de la prima especial de servicios como parte de la remuneración mensual; además, de
la Resolución 5085 del 11 de octubre de 2013, que confirmó el primer acto
administrativo.
122. En esta medida, no se evidencia que el demandante esté pretendiendo la
anulación de los decretos salariales que dictó el Gobierno nacional, es decir, que estos
23
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se excluyan del ordenamiento jurídico con efectos erga omnes28, de manera tal que no
se advierte yerro alguno al no haberlos incluido como parte de los actos acusados.
123. Desde luego, no se pasa por alto que, como fundamento de la petición de nulidad
de la referida resolución, se hayan controvertido las disposiciones en que esta se
sustentó, entre los cuales se encuentran los decretos anuales del Gobierno nacional,
en la medida que determinaron que la prima especial de servicios hace parte de la
remuneración mensual.
124. Así, se advierte que con el anterior reproche lo que la parte accionante pretendió
fue la inaplicación de los decretos salariales anuales, es decir, que para el caso
concreto se considere que no son el referente normativo válido para analizar su
situación, más no que se excluyan del ordenamiento jurídico para todos los efectos;
petición que resulta válida de conformidad con el artículo 148 del CPACA que señala:
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando
vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte
125. Vale la pena recordar que la petición de declaratoria de nulidad de un acto
administrativo, a través de los distintos medios de control previstos en el
CPACA, conlleva la depuración del ordenamiento jurídico, a fin de que la decisión
cuestionada deje de hacer parte de este con efecto erga omnes, es decir, frente a
todos o respecto de todos, como lo indica el artículo 189 del CPACA29. Distinto ocurre
con la petición o la posibilidad que existe de inaplicar por inconstitucional o ilegal un
acto administrativo, escenario en el que no se está buscando la depuración del
ordenamiento jurídico en términos generales y frente a todas las personas, sino
simplemente que una decisión de la administración no se aplique a una situación
particular y respecto de personas concretas, como lo señala el artículo 148 del mismo
estatuto.
126. Teniendo claro lo anterior, se precisa que la intención del accionante es
que se defina la legalidad de las resoluciones 4181 del 29 de agosto de 2013 y 5085
del 11 de octubre de 2013 que la confirmó, es decir, la exclusión de dichos actos del
ordenamiento jurídico, lo cual se circunscribe a su situación particular, y no a que
dicha pretensión (estudio de legalidad) se extienda a todos los decretos salariales
anuales que rigieron durante buena parte de su vinculación laboral. En tal sentido, se
aclara que, para decidir sobre la nulidad del acto administrativo particular, no es
28 Es decir, frente a todos.
29 «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se
haga el examen. […]».
24
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imperativo que se defina la permanencia en el ordenamiento jurídico, con efecto erga
omnes, del acto general en el que este se fundamentó.
127. En suma, se estima que resulta válido que la parte demandante, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, únicamente solicitara la
nulidad del acto administrativo particular que definió su situación laboral. Dicho de otro
modo, no incurrió en error alguno al formular las pretensiones y no incluir dentro de
estas la solicitud de nulidad (con efectos erga omnes), algunas de las decisiones
que hacen parte de los fundamentos de los actos enjuiciados.
128. En el mismo sentido se pronunció esta sala en sentencia del 30 de abril de
202630.
129. En ese orden de ideas, también resulta impertinente que la parte demandada
alegue la ineptitud de la demanda porque no se vincularon al presente proceso a las
autoridades que participaron en la adopción de los señalados decretos, en especial,
cuando las resoluciones acusadas fueron dictadas por la entidad accionada, de
manera tal que es la única llamada a responder frente a las pretensiones formuladas,
relacionadas con la forma en que se reconocieron y pagaron algunas de las acreencias
del señor Jiménez Efres como juez municipal.
130. La misma conclusión se predica de la excepción de caducidad respecto de los
decretos que fijaron anualmente el régimen salarial y prestacional de los jueces de la
República, debido a que dicha exigencia no se predica frente a decisiones cuya nulidad
no se solicitó en esta oportunidad.
131. Por lo expuesto, en forma alguna se evidencia la configuración de la excepción
de ineptitud de la demanda.
3.5.2. De la presentación oportuna de la demanda respecto del acto
administrativo particular que negó lo solicitado en sede administrativa
132. Le corresponde a la Sala definir si se configuró la caducidad frente al acto
administrativo particular que negó el reconocimiento y pago de la prima especial y la
reliquidación de las prestaciones sociales.
133. La accionada indicó que el demandante tenía hasta el 12 de mayo del 2014 para
presentar la demanda. Sin embargo, fue hasta el 14 de mayo de la misma anualidad
en que la radicó, esto es, 2 días después de haber vencido el término de 4 meses
contemplado en el literal d numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30
de abril de 2026, exp. 68001-23-33-000-2017-00579-02 (2598-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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134. Al respecto, el artículo 164 del CPACA prevé que la demanda deberá ser
presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos administrativos que
reconozcan o nieguen prestaciones periódicas.
135. Al respecto, esta Sección ha destacado que las reclamaciones de naturaleza
laboral relacionadas con acreencias periódicas no están sujetas al término de
caducidad de cuatro meses previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, siempre que el vínculo laboral con la entidad demandada
se mantenga vigente. Esto, comoquiera que, mientras persista la relación laboral, se
mantiene el carácter periódico del pago. No obstante, una vez termina dicho vínculo,
la acreencia pierde su connotación de periodicidad y, en consecuencia, su exigibilidad
por la vía judicial se sujeta al término dispuesto en el artículo 164.2, literal d del
CPACA31.
136. Sobre el tema, se señala que las prestaciones periódicas son «aquellas que
percibe el beneficiario de forma habitual y reiterada «con el propósito de cubrir los
riesgos o las necesidades a las que se ve expuesto el trabajador o empleado, que se
originan durante la relación de trabajo […]» y pueden ser transitorias o permanentes
«[…] por lo general, se denominan subsidios a las indemnizaciones periódicas con
corta duración y pensiones cuando se abonan durante bastante tiempo e incluso con
carácter vitalicio»32.
137. Descendiendo al caso concreto, se tiene que se pretende la nulidad de la
Resolución 4181 del 29 de agosto de 2013, mediante la cual la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga le negó al accionante el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que fueron indebidamente
liquidadas por un entendimiento incorrecto del alcance de la prima especial de
servicios y, por consiguiente, que en lo sucesivo sus acreencias se reconozcan en
debida forma.
138. Así, se advierte que los actos contra los que se dirige la demanda son aquellos a
través de los cuales se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales —
primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, etc.—, derivadas de la
aplicación del 30 % de la prima especial de servicios; acreencias que tienen el carácter
de periódico, en la medida en que el demandante las percibe de forma mensual. Esto
aunado, a que para la fecha de presentación de la demanda el accionante mantenía
el vínculo laboral con la Rama Judicial en el cargo de juez de la República,
circunstancia que tampoco fue controvertida por la entidad demandada.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 23 de agosto de 2018, exp. 25001-23-42-
000-2016-01473-01 (4312-2017); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 16 de octubre de
2025, exp. 23001-23-33-000-2017-00142-02 (4196-2019), M.P. Juan Enrique Beboya Escobar.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 23 de agosto de 2018, exp. 25001-23-42-
000-2016-01473-01 (4312-2017).
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139. Por ende, al tener las prestaciones reclamadas el carácter de periódico, de
acuerdo con el artículo 164 del CPACA, no operó la caducidad del medio de control.
3.5.3. De la improcedencia de justificar el fraccionamiento salarial en los
decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional
140. La parte recurrente alegó que el demandante no tiene derecho a que se
reliquiden sus prestaciones sociales con la inclusión del 30 % que había sido excluido
por concepto de prima especial de servicios, toda vez que la entidad efectuó el pago
de salarios y prestaciones sociales conforme a lo dispuesto en los decretos salariales
anuales expedidos por el Gobierno nacional. En consecuencia, sostuvo que los actos
administrativos demandados constituyen simples actuaciones de ejecución de tales
decretos y que, por ello, las sumas reclamadas por la parte actora corresponden a un
cobro de lo no debido.
141. Al respecto, se advierte que el Tribunal ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales del accionante, al considerar que la prima especial de servicios
no se pagó en la forma ordenada por la ley, circunstancia que incidió en la base de
liquidación de dichas acreencias.
142. De igual manera, según se expuso en el acápite de hechos probados de esta
providencia, el demandante recibió la asignación básica y la prima especial en montos
que, en conjunto, equivalían a la remuneración mensual establecida anualmente por
el Gobierno nacional, conforme se ilustró en la «Tabla 1. Suma de los rubros para
alcanzar la remuneración mensual establecida por el Gobierno nacional». Asimismo,
se acreditó que el señor Tony Alberto Jiménez Efres ha prestado sus servicios como
juez municipal desde el 11 de marzo de 1997.
143. Por consiguiente, se estima que ostentó uno de los empleos públicos que otorga
el derecho a la prima especial de servicios en los términos del artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y se encuentra en una situación fáctica y jurídica análoga a la decidida en la
sentencia proferida por esta corporación el 2 de septiembre de 2019.
144. Ahora bien, en la referida decisión se hizo referencia a la sentencia del 29 de abril
de 201433, en la que se declaró la nulidad parcial de los decretos emitidos por el
Gobierno nacional entre 1993 y 2007, que establecieron que el 30 % correspondiente
a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hacía parte del salario.
Se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una interpretación errada por parte
de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron que el 30 % del
salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación básica. En ese orden,
indicó que la forma de liquidación que se ajustaba a los principios constitucionales de
progresividad, favorabilidad y no regresividad era la de reconocer como prima especial
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,
rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00379-02 (2387-2025)
Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el 30 % del 100 % del salario, es decir, como una adición de la asignación básica
mensual.
145. Así las cosas, se destaca que, aunque la Rama Judicial considerara en el recurso
de alzada que obró conforme a derecho al actuar en cumplimiento de los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional, lo cierto es que lo hizo bajo una
interpretación errónea, contraria a las normas superiores que pretenden desarrollar
aquellos, la cual debe ser corregida para garantizar los principios antes mencionados,
particularmente, en escenarios en los que está demostrado que se fraccionó la
remuneración mensual, se pagó el 30 % de esta a título de prima especial, y liquidaron
las prestaciones sociales sobre el 70 % restante.
146. En esa medida, se estima que como lo decidió el Tribunal, le asiste el derecho al
demandante a la reliquidación de las prestaciones con el 100 % de la remuneración
mensual, dado que la prima especial no forma parte de ese porcentaje, sino que
constituye un emolumento adicional equivalente al 30%. En consecuencia, sobre el
particular se confirmará la sentencia apelada.
3.5.4. De la imprecisión de la declaración de la prescripción trienal únicamente
respecto a la prima especial de servicios
147. Le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal incurrió en una imprecisión al
declarar la prescripción trienal únicamente respecto de la prima especial de servicios
y no frente a las prestaciones sociales reclamadas.
148. La Rama Judicial señaló que respecto de las acreencias reclamadas por el
demandante, al tratarse de sumas de dinero causadas de manera sucesiva, se debe
aplicar la prescripción trienal, la cual se interrumpe con la presentación de la
reclamación administrativa, de manera que únicamente hay lugar al reconocimiento de
las sumas causadas dentro de los 3 años anteriores a dicha solicitud.
149. En el caso concreto, se observa que el Tribunal, al analizar la prescripción
trienal, señaló lo siguiente:
En vista de lo anterior y de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
teniendo en cuenta el derecho de petición radicado por la demandante el 27 de agosto
de 2013, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, se declarará la prescripción trienal de los derechos reclamados, es decir
el reconocimiento y pago se dará a partir del 27 de agosto de 2010, y por los periodos
que se haya desempeñado como Juez de la República de conformidad con la sentencia
de unificación del 2 de septiembre de 2019.
150. Ahora bien, dado que lo alegado por la parte recurrente recae sobre lo dispuesto
en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
se observa que el Tribunal dispuso lo siguiente:
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR, a la NACION –
RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, si aún no lo ha hecho, a reconocer y
reliquidar a favor de TONY ALBERTO JIMENEZ EFRAZ (SIC), la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial, en cuantía
equivalente al 30% de la asignación básica mensual (sueldo, gastos de representación
y bonificación judicial), entendida como un agregado o valor adicional, desde el 27 de
agosto de 2010 por el tiempo efectivamente laborado y las que se sigan causando
hasta la finalización de su vínculo laboral.
TERCERO: CONDENAR a la NACION – RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a
reliquidar y pagar al demandante TONY ALBERTO JIMENEZ EFRAZ (SIC), a pagar
las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que
resulten de la reliquidación ordenada en el numeral anterior.
151. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal declaró
correctamente la prescripción trienal respecto de las acreencias reclamadas por la
parte demandante, esto es, reconociendo las sumas causadas dentro de los 3 años
anteriores a dicha solicitud, aspecto que no fue objeto de inconformidad por el
recurrente.
152. No obstante, se advierte que incurrió en una imprecisión, toda vez que, aunque
en la parte considerativa señaló que la prescripción trienal operaba respecto de los
derechos causados con anterioridad al 27 de agosto de 2010, en la parte resolutiva,
específicamente en el numeral tercero, no precisó expresamente que la reliquidación
de las prestaciones sociales únicamente procedía respecto de las causadas a partir
de dicha fecha y por el tiempo laborado, así como las que se siguieran causando, tal
como sí lo indicó en el numeral segundo frente a la prima especial de servicios. En
consecuencia, la decisión apelada será modificada en este aspecto.
153. Adicionalmente, la Sala advierte que el Tribunal también incurrió en una
imprecisión en la orden impartida, toda vez que en el numeral tercero dispuso la
reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de
servicios, mientras que en el numeral segundo reconoció dicha prima sin carácter
salarial, lo que significa que no puede ser tenida en cuenta para calcular el monto de
otras acreencias, lo cual es correcto, pues de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, en consonancia con el artículo 1 de la Ley 332 de 1996, únicamente es base de
liquidación de los aportes a pensión.
154. Es decir, aunque el juez de primera instancia destacó que la prima especial no
tiene carácter salarial, a la vez ordenó la reliquidación pretendida teniendo en cuenta
dicha acreencia. Frente a dicha circunstancia y revisada la motivación de la sentencia
cuestionada, se estima que lo que en realidad quiso señalar el Tribunal, es que
procede la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100 % de
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la remuneración, sin deducir de ella el 30 % que incorrectamente se consideró como
parte de él, a título de prima especial.
155. En consecuencia, y con el fin de evitar dificultades en el cumplimiento de la
sentencia, la Sala precisará la orden en el sentido de indicar que la reliquidación de
las prestaciones sociales deberá efectuarse teniendo en cuenta el 30 % deducido de
la asignación básica mensual por concepto de prima especial de servicios. Por lo
anterior, la decisión de primera instancia será modificada en este punto.
156. De otra parte, a propósito de las imprecisiones en que incurrió el Tribunal, se
evidencia que en el numeral segundo de la parte resolutiva, a través del cual ordenó
el reconocimiento de la prima especial, indicó que corresponde «al 30% de la
asignación básica mensual (sueldo, gastos de representación y bonificación
judicial)».
157. Se destaca que el juez de primera instancia haya incluido como parte de la
remuneración, como factor salarial, dicha bonificación, aunque ese alcance respecto
de la mencionada acreencia no fue un aspecto discutido durante el proceso, en la
medida que ni siquiera fue puesto de presente en la demanda34, de manera tal que el
reconocimiento realizado en los términos expuestos resulta incongruente, por lo que
se modificará sobre el particular el fallo de primera instancia, en el sentido de señalar
que la referida prima corresponde al «treinta por ciento (30 %) de la remuneración
mensual», a partir de la expresión que emplea la norma que fijó su porcentaje, esto
es, el Decreto 57 de 1993 (artículo 7).
3.5.5. De la imposibilidad presupuestal para dar cumplimiento a la sentencia de
primera instancia
158. Le corresponde a la Sala determinar si la imposibilidad presupuestal alegada por
la parte demandada impide el cumplimiento de la sentencia de primera instancia
respecto del reconocimiento y pago de las acreencias reclamadas por el demandante.
159. La entidad demandada sostuvo que carecía de presupuesto para efectuar el pago
de las acreencias laborales reclamadas respecto de los periodos anteriores al 1 de
enero de 2021, toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha
asignado los recursos para cancelar dichas obligaciones, además de que es contrario
a la norma adquirir obligaciones sin disponibilidad presupuestal previa.
160. Sobre el particular, se precisa que la jurisprudencia constitucional ha indicado
que «la situación económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los
argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento
34 Se destaca esta circunstancia, en la medida que el Decreto 383 de 2013, que creó dicha bonificación
para los servidores de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, a la fecha señala que «constituirá
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema
General de Seguridad Social en Salud».
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del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores»35, ni que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias36.
161. Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó, de manera clara, la
obligación de que se efectúe el reconocimiento y pago de la prima especial, y
posteriormente, el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 estableció que aquella haría parte
del ingreso base, únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.
162. En tal sentido, se considera que la alegada imposibilidad de asumir el
restablecimiento del derecho en el caso concreto por falta de presupuesto, además de
vulnerar el derecho establecido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, supone la
afectación en el pago de los aportes que, por mandato legal, se deben realizar al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por su carácter irrenunciable e
imprescriptible.
163. Por consiguiente, se desestima el reparo formulado en el recurso de alzada.
3.5.6. Consideraciones adicionales. Sobre la procedencia del pago de los
aportes a seguridad social en pensiones
164. La Sala resalta que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 constituye un factor a tener en cuenta para liquidar la pensión, y que los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables37 e imprescriptibles38.
Esta circunstancia supone el deber en cabeza de los jueces de instancia de ordenar
su reconocimiento, en consonancia con el restablecimiento del derecho al que haya
lugar en un determinado caso, para efectos de evitar que se vulnere el derecho
fundamental a la seguridad social y las garantías constitucionales que lo protegen.
165. De acuerdo con lo anterior, la Subsección estima que, en consideración a la
naturaleza irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, se debe adicionar la parte resolutiva de la sentencia para precisar
los términos en los que las cotizaciones deben efectuarse. Esto debido a que a pesar
35 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de 1995,
T-146 de 1996, T-220 de 1998.
36 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.
37 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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de que el juez de primera instancia en la parte motiva realizó algunas consideraciones
sobre particular, en la resolutiva no incluyó la orden respectiva.
166. Así las cosas, en el presente asunto, hay lugar al pago de los aportes a pensión
por los periodos comprendidos desde el 11 de marzo de 1997 y hasta la fecha en que
el demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prestación, sobre el 100 %
de la remuneración básica mensual y el 30 % por concepto de prima especial. Por tal
motivo, se adicionará al numeral tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado un
inciso del siguiente tenor:
La accionada deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes hechos al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones en favor del señor Tony Alberto Jiménez
Efres desde el 11 de marzo de 1997 y hasta la fecha en que el demandante ocupe un
cargo que dé lugar al pago de la prima especial, siempre que la entidad no los hubiera
realizado, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario
básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
167. Asimismo, se adicionará en el sentido de aclarar que lo reconocido con ocasión
del proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando no se supere el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional, y las sumas a pagar por concepto de las
reliquidaciones ordenadas no se hayan sufragado por la entidad accionada
previamente; sin perjuicio de que verifique los pagos realizados, por ejemplo, con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una
acreencia adicional a la asignación básica correspondiente.
3.6. Conclusiones
168. En atención a lo expuesto, la Sala considera que no se configuró la ineptitud de
la demanda alegada por la parte accionada, pues el demandante no pretendió la
nulidad de los decretos salariales anuales con efectos erga omnes39, sino únicamente
su inaplicación para el caso concreto.
169. Asimismo, se determina que no operó la caducidad del medio de control, toda
vez que las acreencias reclamadas tienen naturaleza periódica y el demandante
mantenía vigente su vínculo laboral con la Rama Judicial al momento de presentar la
demanda. Por tal razón, la acción podía ejercerse en cualquier tiempo, de conformidad
con el artículo 164 del CPACA y su entendimiento por esta corporación.
170. De igual forma, se advierte que, aunque el Tribunal declaró correctamente la
prescripción trienal respecto de las acreencias reclamadas, incurrió en una imprecisión
al no delimitar expresamente en la parte resolutiva el periodo respecto del cual
procedía la reliquidación de las prestaciones sociales. En consecuencia, se modificará
39 Es decir, frente a todos.
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la decisión para precisar este aspecto y el relativo a que la reliquidación deberá
efectuarse teniendo en cuenta el 30 % deducido de la asignación básica mensual.
171. De la misma manera, se estima que el Tribunal incurrió en una imprecisión al
incluir la bonificación judicial como factor integrante de la base para liquidar la prima
especial de servicios, pese a que dicho aspecto no fue objeto de discusión dentro del
proceso ni fue planteado en la demanda. En consecuencia, se modificará la decisión
de primera instancia para precisar que la prima especial corresponde al treinta por
ciento (30 %) de la remuneración mensual, en los términos previstos en el artículo 7
del Decreto 57 de 1993.
172. Por otra parte, se desestima el argumento relativo a la imposibilidad
presupuestal para dar cumplimiento a la sentencia de primera instancia, por cuanto las
limitaciones financieras de la administración no justifican el desconocimiento de
derechos salariales, prestacionales y pensionales reconocidos legal y
constitucionalmente.
173. Finalmente, se adicionará la sentencia impugnada en el numeral tercero para
precisar que la entidad demandada deberá reliquidar y pagar los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones a favor del señor Tony Alberto Jiménez
Efres, que no se ven afectados por el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta
como ingreso base de liquidación el 100 % del salario básico mensual más el 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios. Asimismo, se aclarará que los
valores reconocidos procederán siempre que no se supere el tope salarial fijado por el
Gobierno nacional y que no se hayan realizado pagos previos por los mismos
conceptos.
3.7. Costas
174. La entidad accionada solicitó mantener la decisión de primera instancia relativa
a la no condena en costas y, además, abstenerse de imponerla en segunda instancia.
No obstante, la Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento adicional sobre
la decisión adoptada por el Tribunal, toda vez que esta será confirmada en ese
aspecto.
175.Al respecto, la presente providencia acoge el criterio de interpretación
mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
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consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que la parte
vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Bajo ese entendido, la Subsección
considera que no hay lugar a imponer condena en costas, en atención a que no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander el 17 de mayo de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar y adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva de la anterior
sentencia, que quedará así:
Segundo: a título de restablecimiento del derecho, condenar, a la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y reliquidar a favor de Tony Alberto Jiménez
Efres, la prima especial prevista en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sin carácter
salarial, correspondiente al treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual,
entendida como un agregado o valor adicional, desde el 27 de agosto de 2010 por el
tiempo efectivamente laborado y las que se sigan causando hasta la finalización de su
vínculo laboral.
Asimismo, declarar la excepción de prescripción de las acreencias causadas con
anterioridad al 27 de agosto de 2010, salvo lo concerniente a los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones.
Tercero. Modificar y adicionar el numeral tercero de la parte resolutiva de la anterior
sentencia, que quedará así:
Tercero: condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título
de prima especial, a partir del 27 de agosto de 2010 y hasta que ocupe el cargo
que le otorga el derecho.
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Demandante: Tony Alberto Jiménez Efres
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Asimismo, se condena a la entidad accionada a reliquidar y pagar las cotizaciones o
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor del
señor Tony Alberto Jiménez Efres desde el 11 de marzo de 1997 y hasta la fecha en
que el demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima especial, siempre
que la entidad no los hubiera realizado, teniendo en cuenta como ingreso base de
liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
El cumplimiento de la presente sentencia está condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y, sin perjuicio de que verifique los pagos realizados, por
ejemplo, con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del
cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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