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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00439-01

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00439-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Se confirma la sentencia del 13 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Santander, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Esmeralda Ariza Rincón contra la DIAN. Segundo: Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la parte demandada, las cuales se liquidarán por el a quo. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2014-00439-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

21 de febrero de 2019

PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANDAS NACIONALES – Sólo puede ser reconocida en favor del personal de planta / SUPERNUMERARIOS Y EMPLEADOS DE CARRERA POR INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA – No son beneficiarios de la prima técnica

La demandante no demostró el cumplimiento del primer requisito para acceder a la prima técnica, esto es, ejercer el cargo en propiedad como lo exige el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que se verificó que su ingresó a la DIAN fue como supernumeraria -modalidad en la cual no se hace nombramiento en propiedad- y con posterioridad fue incorporada de forma automática al cargo de profesional en ingresos públicos, con base en el Decreto 2117 de 1992, vinculación para la que –según lo ha definido la postura unificada de la Corporación-, no procede el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de 29 de enero de 2015, radicación: 4499-13, C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1661 DE 1991 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 2164 DE 1991 – ARTÍCULO 4 / DECRETO 2164 DE 1991 – ARTÍCULO 8 / DECRETO 2164 DE 1991 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 1268 DE 1999 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1336 DE 2003 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2177 DE 2006 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00439-01(4670-15)

Actor: ESMERALDA ARIZA RINCÓN

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Sentencia O-023-2019

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ariza Rincón en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, en síntesis formuló las siguientes,

Pretensiones:

Que se declare la nulidad parcial del oficio 100000202-000664 del 13 de abril de 2012 por medio del cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y de la Resolución 4757 del 26 de junio de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición y se confirmó en su integridad lo decidido en el oficio inicial.

Como consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del derecho se reconozca y pague a la demandante la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en un 50% de la asignación básica mensual, teniendo en cuenta que con la Resolución 8011 del 23 de noviembre de 1995 acredita:

PORCENTAJE
REQUISITOS
25%
Cumple con los requisitos mínimos
10%
Jefe de división
5%
Jefe de grupo
10%
Más de 900 horas en educación no formal durante los años 1982 a la fecha
10%
Experiencia adicional a la requerida para la prima técnica y el cargo, desde el 25 de agosto de 1992 a la fecha.

Que la ponderación de factores y la acreditación de requisitos adicionales sea tomado desde la fecha de ingreso a la entidad y hasta aquella en que se profiera el acto administrativo que dé cumplimiento a la sentencia.

Que el reconocimiento sea por todos los años, desde cuando cumplió con los requisitos para acceder al beneficio y se siga pagando mientras subsistan los elementos de hecho y de derecho que dieron origen al reconocimiento.

Considerando que la prima solicitada constituye factor salarial, se reliquiden y paguen todas las prestaciones e incentivos correspondientes.

Que las sumas de dinero sean indexadas, hasta el día en que se verifique el pago y se reconozcan intereses.

Que se de aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1427 de 2011.

Que se ordene la expedición de copias auténticas de la providencia, según el artículo 115 del «C.P.C.».

Fundamentos fácticos relevantes:

La demandante está vinculada a la DIAN desde el 25 de agosto de 1992.

A la fecha de presentación de la demanda ocupaba el cargo de gestor II, código 302, grado 02, en la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Por reunir los requisitos de ley fue nombrada e incorporada a la planta de personal, mediante Resolución 001 del 1.º de junio de 1993 en el cargo de profesional en ingresos públicos y cuenta con los derechos de carrera, de acuerdo con los Decretos 2117 de 1992, 1267 de 1999 y 4051 de 2008.

La demandante no tiene antecedentes disciplinarios.

Desde su ingreso a la entidad, se ha desempeñado en propiedad en el nivel profesional.

Las funciones que desempeñan como jefe de grupo y jefe de división no corresponden a un cargo del nivel directivo sino a una responsabilidad que deben asumir, con lo cual adquieren experiencia altamente calificada, pero siguen nombrados en el nivel profesional.

La demandante reúne los requisitos para ser merecedora del reconocimiento de la prima reclamada, pues desde la vigencia del Decreto 1661 de 1991 ha adelantado estudios profesionales, de los cuales ha obtenido títulos universitarios de pregrado y postgrado y tiente experiencia altamente calificada.

Cuenta con la siguiente acreditación académica:
Contadora pública de la Universidad Santo Tomás, 25 de octubre de 1991.
Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Santo Tomás, 22 de noviembre de 1996.
Ha cursado y aprobado varios diplomados, seminarios y cursos de capacitación no formal desde 1982, acreditando más de 900 horas.

De acuerdo con la certificación de experiencia suscrita por el subdirector de Gestión de Personal de la DIAN, la demandante cuenta con más de 20 años de experiencia en la entidad, así:
Profesional en ingresos públicos, de agosto 25 de 1992 a julio 31 de 1997.
Auditor Fondo y Gestión, de agosto 1.° de 1997 a agosto 1.° de 1999.
Liquidador tributario, de agosto 2 de 1999 a mayo 8 de 2007.
Jefe división de Devoluciones, de mayo 9 de 2007 a noviembre 3 de 2008.
Jefe Grupo interno de trabajo de Devoluciones, División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de noviembre 4 de 2008 a marzo 23 de 2010.
Liquidador Tributario de Revisión y Liquidador de Sanciones Tributarias, de marzo 24 de 2010, a la fecha.

Para la vigencia de los Decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997 la demandante ya era empleada de la DIAN y la favorece el régimen de transición consagrado en éste último y en el Decreto 1336 de 2003.

Antes de entrar en vigencia el Decreto 1724 de 1997 la demandante cumplía lo exigido para ser merecedora de la prima técnica, pues según la Resolución 2229 del 7 de septiembre de 1993, artículos 49 y 50, al momento del nombramiento como profesional de ingresos públicos el requisito exigido para ese nivel era únicamente Título profesional.

Solicitó el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, el 21 de marzo de 2012.

Mediante el oficio 100000202-000664 del 13 de abril de 2012 la DIAN negó el derecho reclamado, razón por la que se interpuso recurso de reposición que se resolvió a través de la Resolución 004757 del 26 de junio de 2012.

La entidad demandada mediante la Resolución 8011 del 23 de noviembre de 1995, derogada por la Resolución 2227 del 27 de marzo de 2000 regula los parámetros que determinan el porcentaje de asignación de la prima técnica y los requisitos para su obtención.

Decisiones relevantes en la audiencia inicial.

En el marco de la parte oral del proceso bajo el CPACA, la principal función de la audiencia inicial es la de definir el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso, a folio 810 vto. se indicó lo siguiente:

«[…] el H. Magistrado Ponente informa que el apoderado de la entidad demandada propuso en su escrito de demanda la excepción denominada “PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LA PRIMA TÉCNICA” que sustenta en que si se reconoce a la demandante la prima técnica, solo tendría derecho a la misma desde el momento en que radicó la petición para acceder a tal beneficio, es decir, desde el 21 de marzo de 2012, Frente a esta excepción, el H. Consejo de Estado […], concluye el Despacho Ponente que para poder resolverla es necesario, en primer término, determinar si la señora ESMERALDA ARIZA RINCÓN tiene o no derecho al reconocimiento […] para con ello establecer si hay lugar o no a declarar la prescripción del beneficio causado antes del 21 de marzo de 2012, lo cual se hará la momento de proferir sentencia que en derecho corresponda. En consecuencia, el suscrito Magistrado Ponente RESUELVE: DECLARASE (sic) que no existen excepciones previas por resolver en el presente asunto, en consecuencia, se precluye esta etapa de la audiencia y se continua con la diligencia. Decisión que se notifica en estrados.» (negrillas y mayúsculas del texto original)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.

A folio 811 en la audiencia inicial el a quo fijó el litigio así:

«[…] para lo cual informa que se han analizado los hechos de la demanda (fl. 223-230) y se han agrupado en aquellos que considera tienen circunstancias comunes con el fin de que en asocio con los apoderados de las partes se proceda a la fijación del litigio. Se han tenido también en cuenta aquellos hechos respecto de los cuales el apoderado de la entidad demandada ha manifestado expresamente que no está de acuerdo o que deben someterse al correspondiente debate probatorio (fl. 269-270). […] Se concede la palabra a los intervinientes para que se pronuncien al respecto, quienes manifiestan que están conformes con lo planteado por el Despacho Ponente. Dicho lo anterior, el H. Magistrado señala que el desacuerdo o litigio que se concreta o sintetiza de la siguiente manera: se deberá determinar si la señora ESMERALDA ARIZA RINCON tiene derecho al reconocimiento y pago de la PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA, en su condición de empleada de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –DIAN-, por haber cumplido los requisitos para ello antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997, o si por el contrario, no le asiste el derecho reclamado por cuanto nunca solicitó ni le fue asignada la prima técnica en vigencia de la Resolución 8011 de 1995 que aplicaba para los funcionarios de la DIAN y del Decreto 1661 de 1991, además, en vigencia de este último decreto, la demandante no tenía acreditada una formación avanzada y altamente calificada. Se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que se pronuncien al respecto, quienes manifiestas (sic) estar de acuerdo con la fijación del litigio. […]» (negrillas y mayúsculas del texto original)

SENTENCIA APELADA

El a quo, profirió sentencia en audiencia del 13 de julio de 2015, en la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Como primer punto hizo referencia al marco jurídico y jurisprudencial aplicable al caso y a continuación pasó a verificar si la demandante cumple con los requisitos relativos al desempeño en propiedad del cargo, a la solicitud del reconocimiento y a la acreditación del título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada para ser acreedora a lo pretendido.

Indicó que la demandante, antes del 11 de julio de 1997, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, no cumplía con el criterio indicado en el literal a) del artículo 2º del Decreto 1661 de 1991 o con título de formación avanzada y experiencia altamente calificada por un término no menor de 3 años, pues si bien demostró ser contadora pública desde 1991, esto no puede ser admitido como formación avanzada, pues el grado como especialista en Gerencia Tributaria lo obtuvo en 1996, por lo que sólo contaba con seis meses de experiencia luego de alcanzar el título de formación avanzada, lo que conlleva que no se acredite lo requerido para acceder a lo deprecado.

Agregó que tampoco es posible observar el inciso 2º del artículo 4º del Decreto 2164 de 991, toda vez que la experiencia por tres años para efecto de compensar el título de formación avanzada, no puede tenerse como altamente calificada al no acreditarse la calificación por parte del jefe del organismo o su delegado con base en la documentación que para tal efecto el empleado acreditará, como lo ordena la disposición citada.

Con base en lo expuesto, concluyó que a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento reclamado, pues antes del 11 de julio de 1997, fecha en que entró en vigencia el Decreto 1724 del mismo año, no reunía los requisitos generales de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, reglamentados por la entidad mediante las Resoluciones 3682 de 1994 y 8011 de 1995, requerimientos que debían exceder los mínimos para acceder al cargo, razón por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

Sostuvo el apoderado de la parte demandante que la norma atinente al caso exige que la experiencia altamente calificada sea adquirida con posterioridad a la terminación de estudios universitarios, y no específica, «[…] como lo interpretó el fallador, que tiene que ser de los de postgrados […]»

Citó sentencia de tutela de esta Corporación del 16 de enero de 2014, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas y afirmó que conforme a lo allí considerado el fallador no debe pasar por alto los requisitos regulados por las resoluciones que reglamentaron la prima técnica en la entidad y exigir adicionales que no se encuentran en ellas, como por ejemplo, que la experiencia altamente calificada sea adquirida después del título de formación avanzada, pues por el contrario, es a partir de haber cumplido con los presupuestos para acceder al cargo.

De igual modo, indicó que esta Corporación en providencia del 22 de julio de 2014, con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren definió que la experiencia «[…] hacendaria […]» satisface el requisito legal, por lo tanto, en atención a que la demandante se ha desempeñado en el sector hacendario en el nivel profesional, desde el 25 de agosto de 1992 cuando fue nombrada como profesional en ingresos públicos, para el 11 de julio de 1997 que entró a regir el Decreto 1724 de 1997, que restringió la prima para el nivel profesional, ella acreditaba cuatro años y once meses de experiencia altamente calificada, pues durante varios periodos cumplió funciones como jefe de división y jefe de grupo.

Agregó que la DIAN es una entidad eminentemente técnica y que requiere funcionarios altamente calificados, por ello, el solo hecho de demostrar el ejercicio del cargo durante más de tres años antes del cambio de norma, acredita el cumplimiento del requisito de experiencia.

Finalmente, aseveró que de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del «Código de Procedimiento Civil» al no existir en el expediente comprobación de que las costas se hayan causado, no se debía condenar a la demandante.

Por todo lo reseñado, solicitó revocar en su integridad la sentencia, para que en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Entidad demandada: Se refirió al incumplimiento de los requisitos exigidos en el literal a) del artículo 2 del Decreto 1661 de 1991, por cuanto la experiencia altamente calificada se debe contabilizar a partir de la obtención del título de especialización y la demandante tenía solo dos años, dos meses y cuatro días de experiencia antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997 que restringió los niveles a los cuales se les puede otorgar la prima técnica y excluyó de dicho beneficio al nivel profesional.

La parte demandante los presentó extemporáneamente y el Ministerio Público guardó silencio, según lo informa el secretario de la Sección en constancia visible a folio 961 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico:

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

¿La demandante tiene derecho a que se le reconozca la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, consagrada en los Decretos 1661 de 1991, 2164 del mismo año y 1724 de 1997?

¿En la controversia procede la condena en costas en primera instancia a la parte vencida?

Primer problema jurídico:

¿La demandante tiene derecho a que se le reconozca la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, consagrada en los Decretos 1661 de 1991, 2164 del mismo año y 1724 de 1997?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: La señora Ariza Rincón no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, por las razones que se explican a continuación:

La prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

El Decreto Ley 1661 de 1991, en el artículo 2º regula la formación avanzada y la experiencia altamente calificada como uno de los criterios para acceder al reconocimiento de la prima técnica. Para ello, se tendrán en cuenta los requisitos adicionales a los básicos exigidos para el ejercicio del cargo, la norma prevé:

«[…] Criterios para otorgar la Prima Técnica (…)

a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de tres (3) años; o,

b) […]

Parágrafo 1.º Los requisitos contemplados en el literal a) podrán ser reemplazados por experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de seis (6) años.

Parágrafo 2.º La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite».

El Decreto 2164 de 1991, hizo precisiones importantes en torno a la reglamentación de la prima técnica, así:

«[…] ARTÍCULO  4.º De la prima técnica por formación avanzada y experiencia. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años.

El título de estudios de formación avanzada podrá compensarse por tres (3) años de experiencia en los términos señalados en el inciso anterior, siempre y cuando se acredite la terminación de estudios en la respectiva formación.

PARÁGRAFO.- La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe del organismo, con base en la documentación que el empleado acredite.

Se observa que la prima técnica por el concepto en estudio se reconoce en favor de quienes desempeñan cargos en propiedad, en los niveles ya indicados, con la posibilidad de compensar el título de formación avanzada con 3 años de experiencia, siempre que se acredite la terminación de estudios.

Según el artículo 8.º de la norma en cita, «[…] se entenderá como título universitario de especialización todo aquel que se haya obtenido como resultado de estudios de postgrado no inferiores a un (1) año académico de duración, en universidades nacionales o extranjeras, debidamente reconocido u homologado de acuerdo con las normas legales que regulan la materia. […]» y para obtener el derecho el empleado que ocupe, en propiedad el empleo susceptible de esa asignación deberá presentar por escrito la solicitud al Jefe de Personal o a quien haga sus veces, acompañada de los documentos que legalmente acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

En vista de lo reseñado, es requisito sine qua non estar desempeñando el cargo en propiedad, en los niveles ejecutivo, asesor o directivo para ser beneficiario de la prima técnica.

Ahora bien, el artículo 7º del mismo Decreto 2164 de 1991, confirió facultades al jefe de la entidad o junta o consejo directivo superior, para instituir según las necesidades del servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal, los niveles de escalas o grupos ocupacionales, dependencias y empleos susceptibles de reconocérseles la prima técnica. La norma dice lo siguiente:

«Artículo 7º.- De los empleos susceptibles de asignación de prima técnica. El Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o Consejos Directivos o Superiores, conforme con las necesidades específicas del servicio, con la política de personal que se adopte y con sujeción a la disponibilidad presupuestal, determinarán, por medio de resolución motivada o de acuerdo, según el caso, los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima técnica, teniendo en cuenta la restricción establecida en el artículo 3 del Decreto-Ley 1661 de 1991, y los criterios con base en los cuales se otorgará la referida prima, señalados en el artículo 3 del presente Decreto.»

En ejercicio de esta facultad el Director de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución 3682 de 16 de agosto de 1994, a través de la cual se reguló el procedimiento para otorgar la prima técnica.

Ahora bien, a través de la Resolución 3682 de 16 de agosto de 1994, se desarrollaron los criterios de formación avanzada y experiencia altamente calificada.

La resolución citada fue deroga por la Resolución 8011 de 23 de noviembre de 1995, que indicó:

«ARTÍCULO 1º: CAMPO DE APLICACIÓN DE PRIMA TECNICA. La prima técnica se otorgará a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales altamente calificados, que, de acuerdo con las necesidades específicas de la DIAN, se encuentren en las siguientes circunstancias:

1. Que desempeñen cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados; o

2. Que realicen labores de dirección o de especial responsabilidad […]».

El artículo 4º del citado acto administrativo, por su parte reguló los requisitos para la obtención de la prima técnica por formación avanzada.

El régimen de la prima técnica previsto en el Decreto Ley 1661 de 1991, reglamentado por el Decreto 2164 de 1991, fue modificado por el Decreto 1335 del 22 de julio de 1999, principalmente en lo relativo a los niveles beneficiarios en virtud de lo estipulado en el Decreto 1724 de 1997; limitándolo a quienes se encontraran nombrados en propiedad de manera permanente en cargos de los niveles «directivo, asesor o ejecutivo», contemplando así mismo un régimen de transición para los funcionarios a quienes ya les hubiese sido reconocida.

Para el caso puntual de la DIAN, con el Decreto 1268 de 13 de julio de 1999, se regulo el régimen salarial y prestacional, en lo relativo a la prima técnica, se dispuso:

«[…] ARTICULO 2º. PRIMA TECNICA. Consistirá en un reconocimiento económico que, a criterio del Director General de la Entidad y previa certificación de disponibilidad presupuestal, podrá ser otorgado a servidores de la contribución, en los siguientes casos:

1. Cuando desempeñen labores de jefaturas de la Dirección General, de las Secretarías, Direcciones, Oficinas, Subdirecciones, Subsecretarías, Direcciones Regionales, Administraciones y Divisiones, y mientras permanezcan en tal situación. En este caso, el monto máximo a otorgarse será hasta del cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual y no constituirá factor salarial para ningún efecto. El reconocimiento de la prima a que se refiere este numeral excluye la prima de dirección y no será procedente cuando se trate de jefaturas que tengan asignada prima técnica automática.

2. Para mantener al servicio de la entidad a funcionarios que acrediten títulos de formación avanzada y experiencia altamente calificada, que se desempeñen en cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados. El porcentaje máximo que podrá ser asignado en este caso podrá ser hasta el cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual y constituirá factor salarial.

El Director General de la DIAN reglamentará el procedimiento y demás condiciones necesarias para la cabal aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

PARAGRAFO 1º. Para efectos de asignar la Prima Técnica ésta se concederá en los mismos términos y condiciones señalados en los decretos generales que regulan la materia.

PARAGRAFO 2º. Los servidores de la contribución pertenecientes al sistema específico de carrera que tengan asignada prima técnica conforme a las normas generales aplicables a los funcionarios públicos, continuarán percibiéndola en los términos y condiciones allí previstas […]».

En ejercicio de las facultades conferidas en la disposición anterior, el Director de la DIAN expidió la Resolución 2227 del 27 de marzo de 2000, por medio de la cual se fijó el procedimiento y la ponderación de factores para conceder la prima técnica, allí se definió la experiencia como:

«[…] los conocimientos, la habilidades y las destrezas adquiridas a través del ejercicio profesional en el desempeño de cargos en entidades públicas o privadas; en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, y el ejercicio independiente de la profesión. La experiencia deberá ser por un término no menor de tres (3) años y adquirida con posterioridad a la terminación de los estudios universitarios […]».

Para el año 2003, se expidió el Decreto 1336 de 27 de mayo, «por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado», y con él se introdujo una modificación en cuanto a los cargos que serían susceptibles de su reconocimiento, la cual fue prevista únicamente para los niveles «directivo, jefes de oficina asesora y asesor que estén adscritos a ciertos despachos». De lo anterior, se observa que el nivel profesional fue excluido de la prima técnica. Dice la norma:

«[…] Artículo 1º. La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. […]».

Posteriormente, el Decreto 2177 del 29 de junio de 2006, modificó los criterios para tener derecho a la prima técnica, con lo cual se precisó, que además de ocupar un cargo en propiedad en uno de los niveles señalados en el artículo 1.º del Decreto 1336 de 2003, serían alternativamente los siguientes:

«[…] a) Título de estudios de formación avanzada y cinco años de experiencia altamente calificada; para lo cual el funcionario debe acreditar requisitos que excedan los establecidos para el cargo que desempeñe.  El título de estudios de formación avanzada ya no podría compensarse por experiencia, y debería estar relacionado con las funciones del cargo.

b) Evaluación del desempeño […]».

Sentencia de unificación jurisprudencial del 19 de mayo de 2016.

Esta Corporación, a través de sentencia del 19 de mayo de 2016, con ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, unificó su jurisprudencia respecto al tema del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En la citada providencia se concluyó que la incorporación automática a cargos de carrera realizada por la DIAN con sustento en el Decreto 2117 de 1992, es inconstitucional. Por este motivo, aquellas personas que se beneficiaron con dicha norma no ostentan derechos de carrera administrativa, en consecuencia no pueden ser beneficiarias de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada en cuanto a que su ingreso a la carrera administrativa no se debió a un proceso de selección por méritos.

Para arribar a dicha conclusión, esta Sección se fundamentó en los siguientes argumentos:

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia regula que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, a excepción de los de elección popular y los de libre nombramiento y remoción. Lo anterior como parte de la exigencia del mejoramiento del servicio público, la necesidad de preservar los derechos de los empleados públicos y garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.

El artículo 116 del Decreto 2117 de 1992 reguló que para la conformación de la nueva planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos y Nacionales y Aduanas Nacionales, quedarían automáticamente incorporados e incluidos en carrera, sin ninguna formalidad ni requisito adicional.

Ambos artículos son evidentemente contradictorios en tanto que el primero prevé como regla general el concurso público para el ingreso a cargos de carrera, el segundo dispuso la incorporación automática sin formalidades ni requisitos adicionales.

La Corte Constitucional ha declarado en diversas oportunidades la inexequibilidad de los sistemas de inscripción automática en la Aeronáutica Civil, la Rama Judicial, de los funcionarios del orden nacional y departamental de la administración, al considerar que el fundamento de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quienes ingresan a ella.

En consonancia con la posición de la Corte Constitucional «[…] los derechos derivados de la carrera como el derecho a la estabilidad laboral, provienen no del hecho mismo de la inscripción, sino de que la misma ocurra como consecuencia de la superación de un concurso abierto y objetivo que asegure la libre e igual competencia; y una vez surtido y superado dicho concurso, tiene sentido la defensa del derecho a la estabilidad en el cargo, del cual no son titulares los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ni quienes son incorporados de manera automática […]».

Por lo anterior, la sentencia de unificación jurisprudencial aludida concluyó:

«[…] En consecuencia, la Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos. […]»

En ese orden de ideas, la subsección mantendrá la posición expuesta en la sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016, en el sentido de que aquellos funcionarios de la DIAN que fueron incorporados automáticamente al sistema de carrera administrativa de la entidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, no tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, con excepción de quienes antes de dicha incorporación automática, tuvieran derechos de carrera o estuvieran vinculados mediante concurso interno realizado por la entidad.

Corolario de lo anterior y en aplicación al caso puntual de la demandante se encuentra demostrado que se ha desempeñado en la DIAN, como se relaciona:

LAPSO
CARGO
UBICACIÓN
NOVEDAD
FOLIO
Del 25 de agosto de 1992 al 3 de junio de 1993
Supernumeraria
Administración Local de Santander

143, 303 a 305, 320 a 322 y 326 a 327
Del 4 de junio de 1993 al 7 de agosto de 1994
Profesional en Ingresos Públicos I nivel 30 grado 18
División de cobranzas de la administración local de Bucaramanga
INCORPORACION AUTOMÁTICA (Resolución 001 de junio 1 de 1993)
143, 333 a 335 y 340
Del 8 de agosto de 1994 al 2 de octubre de 1996
Profesional en Ingresos Públicos II nivel 31 grado 21
División de cobranzas de la administración local de Bucaramanga

143 y 349 a 350
Del 3 de octubre de 1996 al 31 de julio de 1997
Profesional en Ingresos Públicos II nivel 31 grado 21
División fiscalización de la administración local de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

143
Del 1 de agosto de 1997 al 1 de agosto de 1999
Profesional en Ingresos Públicos II nivel 31 grado 21
División de control tributario y aduanero de la administración local de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

143
Del 2 de agosto de 1999 al 24 de abril de 2001
Profesional en ingresos públicos II nivel 31 grado 22
División fiscalización de la administración local de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
INCORPORACIÓN (Resolución 001 del 2 de agosto de 1999)
143 y 415
Del 25 de abril de 2001 al 11 de febrero de 2002
Liquidador Tributario
Grupo interno de trabajo de verificación previa de la división de devoluciones de la administración de impuestos y aduanas de Bucaramanga

142
Del 12 de febrero de 2002 al 8 de mayo de 2007
Liquidador Tributario
División de liquidación de la administración de impuestos y aduanas de Bucaramanga
Mediante Resoluciones 0582 del 14 de agosto de 2006, 0504 del 19 de julio de 2006, 0400 del 16 de junio de 2006 y 0730 del 26 de diciembre de 2003, le fueron asignadas funciones como jefe de división (A)
141, 492
Del 9 de mayo de 2007 al 3 de noviembre de 2008
Jefe de división
División de devoluciones de la administración de impuestos y aduanas de Bucaramanga

140
Del 4 de noviembre de 2008 al 5 de enero de 2010
Gestor II código 302 grado 02 -Jefe de grupo
Grupo interno de trabajo de devoluciones de la división de gestión de recaudo y cobranzas de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga
INCORPORACIÓN (Resolución 0000005 del 4 de noviembre de 2006)
140, 577 a 579
Del 6 de enero de 2010 al 23 de marzo de 2010
Jefe de división (A)
Grupo interno de trabajo de devoluciones de la división de gestión de recaudo y cobranzas de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga

139
Del 24 de marzo de 2010 al 4 de noviembre de 2010
Liquidador tributario de revisión, liquidador de sanciones tributarias, auditor tributario de fondo, asistente técnico
División de gestión de liquidación de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Bucaramanga
Encargo del 5 de mayo de 2010 al 4 de noviembre de 2010, como Gestor III código 303 grado 03
135, 138 y 631 a 633
Del 5 de noviembre de 2010 a la fecha de expedición de la certificación el 22 de febrero de 2013.
Liquidador tributario de revisión y liquidador de sanciones tributarias – gestor II código 302 grado 02
División de gestión de liquidación de la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
Mediante Resoluciones 1703 del 31 de agosto de 2012, 552 del 12 de marzo de 2012, 357 del 16 de febrero de 2012, 3087 del 30 diciembre de 2011 y 1587 del 11 de julio de 2011, le fueron asignadas funciones como jefe de división (A)
134 y 135 y 685

Así mismo, en la certificación expedida por la Subdirección de Gestión de Personal de la DIAN expresamente se consignó lo siguiente:

«[…] Que revisada la historia laboral respectiva, se encontraron actas de incorporación efectuadas de conformidad con las disposiciones que se trascriben:

Artículo 116. Decreto 2117 de 1992, PLANTA DE PERSONAL E INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS. … Para efectos de la incorporación a la nueva planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se entenderá realizada el primero de junio de 1993, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos Nacionales y de Aduanas Nacionales, quedarán automáticamente incorporados e incluidos en carrera, sin ninguna formalidad ni requisito adicional…”

De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 001 de junio 1 de 1993 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la Entidad.

“Artículo 2. Decreto 1267 del 13 de junio de 1999, (transcrito) INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL. Para efectos de la incorporación a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se realizara a más tardar en los dos meses siguientes a la fecha de publicación del presente decreto, los funcionarios de carrera del sistema específico de carrera quedarán automáticamente incorporados sin requisitos adicionales al cargo actualmente desempeñado o a su equivalente e incluidos en el Registro de Carrera de la Entidad, con la suscripción del acta de posesión respectiva.

De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 0001 de agosto 1 de 1999 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la Entidad.

“Artículo 5º. Decreto 4051 del 2008, INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL” Para efectos de la incorporación a la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se establecen en los artículos 2º y 3º del presente decreto se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a su vigencia, los funcionarios de carrera del sistema específico de carrera de la DIAN, quedarán automáticamente incorporados, sin requisitos adicionales, al cargo equivalente a aquel del cual es titular, para lo cual únicamente deberá suscribir el acta de posesión respectiva”.

De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 006 de noviembre 4 de 2008 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la entidad […]»

La relación de las anteriores pruebas demuestra fehacientemente que la aquí demandante fue beneficiaria de la incorporación automática al sistema específico de carrera de la DIAN, de conformidad con el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992. Por esta razón no ostenta derechos de carrera, al no haber superado un proceso de selección público y abierto, que garantizara la igualdad de condiciones entre los participantes.

Aunado a lo precedente, no existe documento alguno que acredite que la demandante ingresó a la entidad a través del sistema de carrera por un concurso de méritos, por el contrario, la documental relacionada a folios 143, 303 a 305, 320 a 322 y 326 a 327 da cuenta de que su ingreso a la DIAN fue como supernumeraria y luego como profesional en Ingresos Públicos I nivel 30 grado 18, en razón a la incorporación automática consagrada en el Decreto 2117 de 1992.

De acuerdo con lo anterior, toda vez que la regla general que rige el ingreso a la carrera administrativa es el concurso público de méritos, para que se entienda que legalmente se desempeña un cargo en propiedad, únicamente aquellos funcionarios que demuestren su acceso al ejercicio del cargo por el sistema de méritos regulado en el artículo 125 Superior, pueden ser beneficiarios y aspirantes a adquirir el derecho en controversia, previa la demostración del cumplimiento de los demás requisitos legales.

No obstante, en el asunto, ante la comprobada carencia de este requisito básico para pretender el derecho, se releva a la Sala del estudio de la comprobación de las demás exigencias para acceder al reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

En conclusión: La demandante no demostró el cumplimiento del primer requisito para acceder a la prima técnica, esto es, ejercer el cargo en propiedad como lo exige el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que se verificó que su ingresó a la DIAN fue como supernumeraria -modalidad en la cual no se hace nombramiento en propiedad- y con posterioridad fue incorporada de forma automática al cargo de profesional en ingresos públicos, con base en el Decreto 2117 de 1992, vinculación para la que –según lo ha definido la postura unificada de la Corporación-, no procede el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

Segundo problema jurídico

2. ¿En la controversia procede la condena en costas impuesta en primera instancia a la parte vencida?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el asunto si es procedente la condena en costas, por las razones que se pasan a explicar:

De la condena en costas

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante resultó vencida en primera instancia al encontrar el a quo que no cumplió con los requisitos legales para acceder a las pretensiones en la controversia, procedía la condena en costas que fue impuesta, toda vez que las costas sí se encuentran acreditadas con la defensa que emprendió la entidad demandada.

Adicionalmente y con base en las anteriores consideraciones, se condenará en costas de segunda instancia teniendo en cuenta que no prosperaron los argumentos de la apelación y la entidad demandada intervino en esta instancia.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, por cuanto no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Se confirma la sentencia del 13 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Santander, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Esmeralda Ariza Rincón contra la DIAN.

Segundo: Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la parte demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

En adelante DIAN. Magistrado ponente: Rafael Gutiérrez Solano.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. Folios 26 a 27. Folios 27 a 31. Folios 810 a 815 vto. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo EJRLB. Hernández Gómez, William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas (2015). EJRLB. Folios 812 a 815 vto. Folios 892 a 901. Folios 922 a 929. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.»
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1661 de 1991. Modificado por el Artículo 2.º del Decreto 1335 de 1999. A través de la cual se estableció el procedimiento para otorgar la prima técnica en la DIAN. Por el cual se modifican los artículos 3 y 4 del Decreto 2164 de 1991. Artículo 4º. Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2 n.º 002 del 2016, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 4499-2013.
«[…] ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción […]»
[…] ARTICULO 116. PLANTA DE PERSONAL E INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS.

La planta de personal que se expida para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá recoger las plantas de las dos entidades que se fusionan, más los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones que en materia de control cambiario y de impuestos territoriales se asumen. La planta seguirá la nomenclatura señalada en el Decreto 1865 de 1992, en cuanto a los funcionarios de carrera. Los cargos de secretario general se asimilan al cargo de subdirector, los cargos de subsecretarios se asimilan al de jefe de oficina para efectos del reconocimiento de prima de dirección. Para efectos de la incorporación a la nueva planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se entenderá realizada el primero de junio de 1993, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos Nacionales y de Aduanas Nacionales, quedarán automáticamente incorporados e incluidos en carrera, sin ninguna formalidad ni requisito adicional. La dirección de Impuestos Nacionales previamente a la fecha de incorporación a la nueva entidad, adoptará la nomenclatura y clasificación señalada en los incisos anteriores, con el concepto previo y favorable de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para efectos de esta incorporación no se tendrán en cuenta los requisitos para ingreso, escalafonamiento, y el sistema de concursos de que trata el Decreto 1647 de 1991 y sólo se exigirá para la posesión la firma de la respectiva acta […]». (Subraya la Sala).

Folios 132 a 144 y 755 768.
El artículo 83 del Decreto Ley 1042 de 1978 refiere que los supernumerarios se vinculan con el fin de suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en casos de vacaciones, licencias o para desarrollar actividades transitorias.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”

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