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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00762-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00762-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 5 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Mabel Valdivieso Matilla, en su lugar se dispone: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. Tercero. Condenar en constas en ambas instancias a la señora Mabel Valdivieso Matilla, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Santander. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-00762-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-2017)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla
Demandado: Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del
Municipio de Bucaramanga

Temas: Insubsistencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, la señora Mabel Valdivieso Mantilla, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
la Resolución 098 del 5 de agosto de 2014, por medio de la cual la Directora
General del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de
Bucaramanga, en adelante IMEBU declaró insubsistente su nombramiento en el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

cargo de asesor jurídico, grado 02, código 105, adscrito a la planta de esa entidad.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó i) ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando o a
otro de igual o superior categoría sin solución de continuidad; ii) reconocer y pagar
las prestaciones sociales, salarios, intereses de cesantías, primas de navidad,
vacaciones remuneradas, prima de vacaciones, aportes por salud y pensión y
demás emolumentos que dejó de percibir desde la desvinculación hasta cuando
se produzca el reintegro; iii) reparar el daño causado por perjuicios morales
tasados en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; iv) cumplir la
sentencia que ponga fin al proceso al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y
195 del CPACA; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 12 de abril de 2004, mediante la Resolución 010, la señora Mabel
Valdivieso Mantilla fue nombrada en el cargo de asesor jurídico, grado 02, código
105, adscrito a la planta del IMEBU.

ii) Ejerció el empleo hasta el 6 de agosto de 2014, fecha en la que se expidió
la Resolución 098, por la cual se declaró insubsistente su nombramiento sin
ninguna motivación.

iii) En su hoja de vida quedaron consignadas las razones determinantes de su
retiro a saber: «desacertada orientación y administración de los procesos de
contratación, hallazgos de control interno, y falta de compromiso para adquirir
habilidades para el manejo del SECOP» conductas calificadas como «generadoras
de pérdida de confianza».

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

iv) Tan evidente es la desviación de poder en la que incurrió la entidad
demandada que solicitó su renuncia días antes de su remoción y nombró en
remplazo a la señora Olga Piedad Guerrero Muñoz, quien cuenta con menor
trayectoria y experiencia profesional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 122, 125, 209 y 272 de
la Constitución Política; y 2 y 5 de la Ley 909 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) El acto de declaratoria de insubsistencia incurrió en los siguientes cargos:
a) infracción de las normas en que debía fundarse, de las que se deriva una
estabilidad laboral reforzada dados los requisitos de edad y semanas cotizadas
que tenía acreditados al momento de la desvinculación; b) desviación de poder,
por cuanto su retiro buscó satisfacer fines ajenos al buen servicio al haber
mediado una solicitud de renuncia por parte de la directora del IMEBU y haber
nombrado en su remplazo una persona de menor trayectoria y experiencia
profesional; y c) falsa motivación y expedición irregular, ya que se afirmó que el
empleo desempeñado es de libre nombramiento y remoción cuando en realidad es
de carrera administrativa y por ende, al estar ocupado en provisionalidad, requería
de motivación expresa; además porque las anotaciones hechas en la hoja de vida
sobre las causas de retiro no corresponden a la realidad, amén de que no se
brindó la oportunidad de controvertirlas.

ii) La accionante, al momento de la expedición del acto acusado, ostentaba
una inamovilidad relativa por encontrarse a menos de tres años para pensionarse,
luego gozaba de estabilidad laboral reforzada y por ende tenía derecho a
permanecer en el empleo hasta tanto no le fuera reconocida su pensión de
jubilación.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

iii) Lo anterior por cuanto nació el 2 de noviembre de 1959, luego a la fecha de
su desvinculación tenía 54 años y 9 meses de edad, además de que reunía el
tiempo de servicio suficiente para acceder al derecho pensional bajo el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, puesto que a 1° de abril de 1994 «tenía más de
15 años de servicios».

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado del IMEBU se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1

i) La entidad actuó en virtud de la facultad discrecional prevista en el artículo
26 del Decreto 2400 de 1968 para desvincular un empleado de libre nombramiento
y remoción, siendo esta la naturaleza del cargo ocupado por la demandante, no la
de carrera administrativa, tal como lo dispone el literal b) del artículo 5 de la Ley
909 de 2004.

ii) El acto acusado no requería motivación, porque el cargo ocupado era de
libre nombramiento y remoción de manera que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, el IMEBU estaba habilitado para apartarse del
procedimiento allí señalado. Además, dando cumplimiento a la exigencia prevista
en el citado artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 la directora de la entidad realizó la
respectiva anotación en la hoja de vida de la demandante expresando las
causales de retiro (mejoramiento del servicio), así como las circunstancias
relativas a la confianza inherente al cargo en mención.

iii) En reemplazo de la actora fue nombrada la abogada Olga Piedad Guerrero
Muñoz cuya hoja de vida fue previamente estudiada por el asesor jurídico externo
de la entidad quien emitió concepto favorable al encontrar acreditados los
requisitos de experiencia e idoneidad exigidos para el ejercicio del cargo,

1 Folios 69 a 85.

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

asegurando de esta manera que dicho nombramiento contribuyera a la prestación
eficiente del servicio público a cargo de la entidad.

iv) En cuanto a la estabilidad laboral reforzada alegada por la parte actora
sostuvo que en tratándose de cargos de libre nombramiento y remoción no se
genera fuero de estabilidad alguno, ni puede invocarse la condición de pre
pensionado, la que solo se predica de aquellos servidores que son cobijados por
el retén social en el marco de los procesos de renovación administrativa. En todo
caso se hace énfasis en que la demandante no acreditó la edad ni el número de
semanas de cotización al sistema de seguridad social requerido en el régimen de
prima media o el de ahorro individual con solidaridad para hacerse acreedora de
dicha figura, falencia probatoria que la excluye del mencionado beneficio.

Propuso las excepciones de inexistencia de falta de motivación, inexistencia de
una sanción de facto en la decisión de declaración de insubsistencia, y la
declaratoria de insubsistencia no debe motivarse cuando se trata de cargos de
libre nombramiento y remoción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia escrita del 5 de mayo
de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:2

i) Comoquiera que el cargo de asesor jurídico, grado 2, código 105 es de libre
nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, prima facie, la
estabilidad de quien lo ocupa depende de la facultad discrecional del nominador
pudiéndose disponer su retiro mediante acto no motivado según lo dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, caso en el que es dable
presumir que la decisión del nominador obedeció a razones estrictamente
personales o de confianza sin que ello, por regla general, suponga una

2 Folios 417 al 428. Con ponencia de la magistrada Solange Blanco Villamizar.

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

vulneración de derechos fundamentales.

ii) En cuanto a la renuncia protocolaria que según afirman los testigos traídos
al proceso le fue exigida a la demandante por parte de la directora del IMEBU, ello
no comporta irregularidad alguna ni afecta la legalidad del acto de retiro como
equivocadamente se plantea en la demanda, pues, tal como ha sostenido la
jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de empleos de libre
nombramiento y remoción la solicitud o insinuación de renuncia que hace el
nominador a sus subalternos con el fin de reorganizar su planta de personal de
confianza constituye un mecanismo acorde a la investidura de tales cargos que
busca evitar las molestias propias de una declaratoria de insubsistencia y que si
bien puede resultar indelicada, respecto a los intereses de los empleados, es
usual en esos niveles y en nada vicia los actos que definen el retiro.

iii) No obstante, en este caso particular surge tensión entre la facultad
discrecional para desvincular el empleado de libre nombramiento y remoción con
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de un pre pensionado. Lo anterior por
cuanto la señora Valdivieso Mantilla nació el 2 de noviembre de 1959, por lo que
para el momento de la desvinculación (5 de agosto de 2014) contaba con 54 años
y 9 meses de edad, es decir, que le faltaban 2 años y 3 meses para alcanzar la
edad de 57 años requerida para pensionarse por el régimen general de prima
media con prestación definida, o de cobijarla la Ley 33 de 1985, como se insinuó
en la demanda, le faltaban tan solo tres meses para contar con los 55 años de
edad que exige dicho régimen.

iv) Así mismo, con el certificado de tiempo de servicios y salarios visible en el
dossier, para la fecha de retiro la demandante cumplía con holgura el requisito del
tiempo de semanas o cotizaciones establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993, con un total de 23 años, 9 meses y 8 días laborados que equivalen a 1222
semanas.

v) De suerte que la accionante sea titular del fuero de estabilidad derivado de

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la prepensión porque ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, que no
estaba catalogado como de alta dirección, ni tenía asignadas funciones
relacionadas con la formulación, diseño, o dirección de políticas institucionales y le
restaban menos de tres años para reunir los requisitos de edad y tiempo de
servicio o de semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de
jubilación.

vi) Finalmente, no habrá lugar a realizar alguna condena por concepto de
perjuicios morales por no haber sido probados debidamente en el proceso.

vii) En suma, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó al
IMEBU reintegrar a la actora al cargo que venía desempeñando o a otro igual

categoría, sin solución de continuidad, desde el 5 de agosto de 2014 y hasta la
fecha de su reintegro efectivo, o hasta el momento en que sea o haya sido incluida
en nómina de pensionados, lo que ocurra primero; reconocer todas las sumas de
dinero correspondientes a sueldos, primas, prestaciones sociales, vacaciones y
demás emolumentos inherentes al cargo dejados de percibir; realizar las
respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones,
salvo que hubieran sido cubiertas por la accionante de manera particular, caso en
el cual deberán devolverse las erogaciones que por este concepto hubiese hecho;
y negó las demás pretensiones de la demanda.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La demandante

El apoderado de la señora Mabel Valdivieso Mantilla interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia con el propósito de que se revoque la
decisión denegatoria del reconocimiento de los perjuicios morales deprecados por
cuanto no existe exigencia jurídica alguna respecto de la acreditación de una
«magnitud significativa que pueda dar lugar a la indemnización, esto es, no existe
un dolorímetro» y por tanto el juez de instancia no podía sino observar la

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

existencia del daño inmaterial para decretar su reparación.3

1.4.2. La demandada

El apoderado del IMEBU interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:4

i) La exfuncionaria no demostró ante el IMEBU su condición de pre pensionada,
esto es, la edad y semanas de cotización al sistema de pensiones, lo cual, en
principio la sacaría del beneficio que ha establecido el legislador en la materia, por
cuanto solo se limitó a enunciar tal condición sin adjuntar documentos que así lo
soportaran.

ii) Contrario sensu, la señora Valdivieso Mantilla mediante derecho de petición
del 22 de octubre de 2014, solicitó los certificados necesarios para la expedición
de bonos pensionales, por cuanto se encontraba tramitando su pensión, esto es,
trató de esclarecer su situación pensional mucho después de la fecha de retiro.

iii) Lo anterior permite evidenciar que ni siquiera la demandante a la fecha de
la desvinculación tenía claridad sobre su estado ante el régimen pensional, esto
es, si ya cumplía con el estatus para tramitar la pensión o efectivamente contaba
con la calidad de pre pensionada.

iv) No se puede perder de vista que el ordenamiento jurídico es claro al indicar
que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho en sus alegaciones y de
no hacerlo deben sufrir las consecuencias de su propia inactividad.

v) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al señalar que el
simple hecho de estar próximo a consolidar el estatus pensional no produce fuero

3 Folios 439 y 440.
4 Folios 253 al 261.

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

de estabilidad relativa en el empleo de libre nombramiento y remoción.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la señora Mabel Valdivieso Mantilla, como el IMEBU reiteraron en esta etapa
procesal los argumentos esgrimidos en los recursos de apelación.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si la señora Mabel Valdivieso Mantilla estaba cubierta por la protección de
estabilidad laboral de pre pensionada, pese a ocupar un cargo de libre
nombramiento y remoción y si el IMEBU desconoció las garantías propias de tal
condición, y en caso afirmativo,

2. Si se deben reconocer, además de las prestaciones otorgadas en el fallo de
primera instancia, una indemnización a título de reparación de perjuicios morales.

2.2. Marco normativo

5 Folios 483 al 560.
6 Folio 601.

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2.2.1. De la declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre
nombramiento y remoción

El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
(…)
Parágrafo (adicionado por el artículo 6 del acto legislativo Nº 1 de 2003). Los
períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para
ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el
resto del período para el cual este fue elegido.

A su turno el artículo 1.º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la
siguiente forma:

Artículo 1.º. Objeto de la ley.
(…)
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

Y el artículo 5.° ibidem, preceptúa lo siguiente:

Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y
la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas
en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

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a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica
la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación;
Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e
Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario
General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de
Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo;
Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u
Operativo, Director de Gestión; (…); Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de
Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional;
Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

Como puede advertirse, en Colombia, por querer del constituyente, la regla
general es que la totalidad de los cargos de la administración pública deben ser de
carrera administrativa, salvo los de libre nombramiento y remoción, que son los
contemplados en el artículo 5º de la Ley 909 de 2004. Esto quiere significar que
para los primeros el ingreso debe hacerse mediante el sistema de mérito, mientras
que para los segundos la administración goza de cierta libertad para seleccionar y
retirar a sus empleados, en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y al grado de confianza que se exige. En este último caso, al
nominador le está permitido disponer su provisión y retiro, incluso sin que sea
necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.

En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros
de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, ha identificado7
como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una
norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la
autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de
causa.

7 Sentencia T-372 de 2012.

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A su turno, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los
hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para
adoptar la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo
cual hace que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, de
suyo, comporta un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y
remoción.

En suma, la potestad discrecional se traduce en la voluntad libre de apreciación y
valoración de una autoridad administrativa, ejercida dentro del marco jurídico, de
su autonomía y de su competencia, de determinar y decidir un asunto concreto,
buscando siempre la consecución de un interés general y la satisfacción de los
derechos de los coasociados, haciendo la ponderación respectiva.

Según lo ha precisado la doctrina, la discrecionalidad tiene su fundamento en el
concepto de Estado Social de Derecho, puesto que atañe a elementos de
oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; en la circunstancia de que la ley
necesita ejecutarse y, en varias oportunidades, por obvias razones, no da
respuesta concreta a casos puntuales; en la existencia de conceptos jurídicos
indeterminados; y en la progresiva actuación de la administración.

Por otro lado, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968,8 establece lo siguiente:

Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del
servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente
libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo,
deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la
respectiva hoja de vida. Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán
ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos
establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración
de insubsistencia conlleva la pérdida de los derechos del funcionario de carrera.

8 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan

otras disposiciones.

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Este artículo fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional, corporación
que al ocuparse del cargo de violación erigido sobre la expresión normativa «sin
motivar la providencia», lo encontró exequible sin condicionamiento alguno en la
sentencia C-734 de 2000, al considerar lo siguiente:

7. En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la
Constitución, ha decantado jurisprudencia que indica que la posibilidad de
desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores, no
contraría la Carta, pues su estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las
labores que cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del
nominador.
(…)

9. El artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que en la
respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá dejarse constancia del
hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la
facultad discrecional que se contiene en la norma, de la posibilidad de ejercerse en
forma caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria,
de la motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario.
Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia
que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la
motivación de tal decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en la
hoja de vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las
razones que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que
ellas configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los
medios de defensa judicial a su alcance.
(…)

10. De esta manera, la lectura completa de la disposición acusada, lleva a concluir
sobre su exequibilidad. No sólo la falta de motivación de los actos administrativos de
funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se vio, no se opone a la
Constitución, sino que en el caso presente, la exigencia de motivación posterior
excluye la posibilidad de que la desvinculación así efectuada se erija en un acto
arbitrario y caprichoso contra el cual no exista la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa, como lo aduce la demanda. No hay en este caso, excepción al principio de
publicidad de los actos administrativos, pues el interesado puede conocer la
motivación que originó su retiro. En virtud de lo anterior, la Corte declarará la
exequibilidad de la proposición jurídica completa conformada por el artículo 26 del
Decreto Ley 2400 de 1968, toda vez que la expresión parcialmente acusada, no
puede ser considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del
texto de la norma.

Como puede observarse, la Corte, sin condición alguna, declaró la exequibilidad
de la norma acusada y reafirmó que el establecimiento de la facultad discrecional
dentro del Estado de derecho no desconoce las garantías del servidor retirado.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

En este orden de ideas, una vez efectuado el análisis armónico de las anteriores
normas y según lo expresado por el máximo tribunal constitucional, es viable
concluir que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados
de libre nombramiento y remoción es una facultad discrecional del nominador que
se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado,
no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva
prestación del servicio público.

En otras palabras, el acto del nominador por medio del cual se declara
insubsistente el nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción
no es motivado, y el deber de explicar en la hoja de vida del empleado las causas
que originaron la desvinculación no hace parte de la esencia misma del acto, no
constituye elemento para su validez o eficacia, ni un presupuesto para su
conformación, sino tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse
en su hoja de vida.

2.2.2. La garantía de la pre pensión para los empleados de libre
nombramiento y remoción

La Ley 790 de 2002,9 se expidió con el propósito de renovar y modernizar la
estructura de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y con tal fin ordenó la
liquidación o fusión de algunas entidades públicas, lo que ocasionó la afectación
de sus plantas de personal y el retiro de servidores públicos.

Así las cosas, con ocasión de la posible afectación de los derechos de aquellos
que pudieran tener una situación que ameritara un trato especial, se creó el
denominado «reten social», el cual fue definido en el artículo 12 de la Ley 790 de
2002, en los siguientes términos:

9 «por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al presidente de la República».

14

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el
Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del
Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia
sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o
auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el
término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, no pueden ser retirados del servicio, entre otros
servidores públicos, aquellos que cumplieran con la totalidad de los requisitos para
acceder a la pensión de vejez dentro de los tres años siguientes a su
promulgación, lo que buscaba proteger que aquellos no quedaran cesantes
laboralmente y se afectara su derecho pensional.

Dicho beneficio, en principio, fue concebido exclusivamente para casos en los que
las entidades públicas se encontraban en reestructuración; empero, la
jurisprudencia ha manifestado que esta es solo una de las situaciones en las que
debe ser aplicado, puesto que la prerrogativa en cuestión no se origina en un
mandato legal, sino que tiene su fundamento en la Constitución Política de 1991.
Al respecto, esta Sección ha señalado lo siguiente:10

Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un
asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene
raigambre constitucional, es decir, “opera para la satisfacción de los derechos
fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente
interferidos por el retiro del empleo público”; así las cosas, sostuvo que la
mencionada estabilidad no solo es aplicable en los casos que el retiro del cargo se
sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad, o en el marco de los
procesos de restructuración de la Administración Pública (retén social), siendo estos
casos, apenas una especie de mecanismo, dentro de los múltiples que pueden
considerarse para garantizar los derechos fundamentales involucrados por la
permanencia en el empleo público de los servidores próximos a pensionarse.

Asimismo, la Corte Constitucional ha afirmado que esta garantía cubre, no solo a
los empleados en carrera administrativa o en provisionalidad, sino también a
quienes ocupan empleos de libre nombramiento y remoción, lo que se fundamentó

10
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, exp.
050012333000201200285-01 (3685-2013). Ver también Corte Constitucional sentencia T-186 de
2013.

15

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

en la obligación de brindar un tratamiento igual a aquellos que conforman un grupo
de especial protección como los pre pensionados, toda vez que por el tipo de
vinculación no se pierde esta calidad.11 En concreto, la Corte Constitucional dispuso
lo siguiente:

En consecuencia, si bien es cierto, las personas que se encuentran en cargos de libre
nombramiento y remoción tienen una estabilidad laboral precaria, dentro de estos
procesos administrativos deben ser tratados de manera igualitaria cuando hacen parte de
este grupo de protección especial. Pues resulta claro que la intención de legislador es
proteger a un grupo de personas en estado de vulnerabilidad, por ello se estableció que el
retén social opera para los procesos de liquidación y de reestructuración
independientemente si es del orden nacional o departamental, es así, que por la
naturaleza de la vinculación como en cargos de libre nombramiento y remoción, no se
pierde la condición de ser un sujeto de especial protección constitucional. Esta situación
que debe ser evaluada dentro del desarrollo del estudio técnico utilizando los medios para
establecer quienes hacen parte del grupo, mediante el análisis de las hojas de vida y de
información que resulta de fácil acceso para el empleador, como es el caso de los
prepensionados.

3.8. Así las cosas, en los procesos de reestructuración, aún en los cargos de libre
nombramiento y remoción, deberán respetarse los mandatos constitucionales y los
derechos fundamentales de los sujetos de especial protección; no obstante, su estabilidad
sea precaria. En estos eventos, la administración pública está obligada a adoptar
medidas de diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda llegar a ser
considerado como sujeto de especial protección y que resulte afectado con la supresión
del cargo del que es titular, independientemente de la naturaleza de su nombramiento.

A su turno, esta Subsección, al respecto consideró lo siguiente:12

a) La protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos
a consolidar el status pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad,
como a empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, respecto
de cualquier escenario que materialice una causal objetiva de retiro del
servicio.

b) Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la
administración deberá tener en cuenta que la protección especial de quienes están
próximos a consolidar el status pensional es un imperativo constitucional, razón por
la cual es necesario que el nominador realice un ejercicio de ponderación entre
los derechos fundamentales de los pre pensionados (mínimo vital, igualdad,
seguridad social) y la satisfacción del interés general del buen servicio

11
Sentencia T-862 de 2009.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 8 de febrero de 2018, rad. 25000-23-25-000-2012-01184-01 (2130-2016). Véase
además la sentencia del 29 de febrero de 2016, exp. 05001-23-33-000-2012-00285-01 (3685-
2013).

16

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

público, con el fin de tomar la decisión más “adecuada a los fines de la norma
que la autoriza” y “proporcional a los hechos que le sirven de causa”,
buscando en lo posible, armonizar el ejercicio de la facultad discrecional del literal a)
del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las disposiciones que consagran la
protección especial de los sujetos que están próximos a pensionarse.

c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre pensionado”,
resulta aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a
pensionarse, es decir, le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos
de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute
de la pensión de jubilación o vejez”, por lo tanto, quien para la fecha de retiro
del servicio ya tiene consolidado su estatus pensional, no se encuentra en la
situación fáctica de sujeto pre pensionable, aunque sí goza de otro tipo de
garantía otorgada por el legislador para la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra establecida
en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los fondos
encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la
persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión.

Así las cosas, la sola condición de estar próximo a consolidar el estatus
pensional no tiene el alcance de enervar la facultad discrecional con que
cuenta la administración para retirar del servicio a un empleado de libre
nombramiento y remoción, mediante la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento (negrita de la Sala).

Dicha posición fue reiterada recientemente por esta Subsección en las sentencias
del 22 de octubre de 2020, exp. 25000-23-42-000-2016-05246-01 (3487-2018) y
del 10 de noviembre 2022, exp. 85001-23-33-000-2016-0036-01 (0516-2019), C.
P. William Hernández Gómez.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la condición de pre pensionado la tienen los
funcionarios que les falten tres o menos años para reunir los requisitos para la
pensión; de igual modo, esta condición también se predica del servidor de libre
nombramiento y remoción, pero no excluye el ejercicio de la facultad discrecional
del nominador porque la decisión de retiro debe consultar, en cada caso concreto,
la afectación de los derechos fundamentales del funcionario.

Adicionalmente, en ningún caso, la protección de estabilidad laboral de pre
pensionado se aplica para quien tiene cumplidos los requisitos para adquirir la
pensión.

17

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

Asimismo, la Corte Constitucional ha protegido los derechos de las personas en
esta situación, cuando su desvinculación suponga una afectación de su mínimo
vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión son la fuente de su
sustento económico. En efecto, la mera condición de pre pensionado no es
suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador, sino que es necesario
evidenciar en cada caso concreto que la desvinculación pone en riesgo los
derechos fundamentales de este donde su edad resulta un indicador de la falta de
probabilidades de integrarse al mercado laboral, circunstancia que debe
apreciarse, junto con el hecho de que el sueldo sea la única fuente de ingresos o,
en todo caso, que los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para
garantizar una vida en condiciones dignas.13

Concretamente, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente:14

En todo caso, a pesar de haberse superado el contexto de la renovación de la
administración pública como requisito para ser considerado sujeto de especial
protección constitucional en el caso de los prepensionados, la Corte ha protegido los
derechos de estas personas cuando su desvinculación suponga una afectación de
su mínimo vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión son la
fuente de su sustento económico. En efecto, la mera condición de prepensionado no
es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que es necesario
evidenciar en el caso concreto que la desvinculación está poniendo en riesgo los
derechos fundamentales del accionante, donde la edad del mismo es un indicador la
falta de probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto
con el hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo
caso, que los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una
vida en condiciones dignas ante la ausencia del primero.

Pese a ello, en pronunciamiento de unificación la Corte Constitucional15 fue
enfática al señalar que los servidores pre pensionados que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad cuando el único requisito
faltante para acceder a la pensión de vejez es el de la edad. Concretamente se
señaló lo siguiente:

13
T-357 de 2016.
14 Corte Constitucional, Acción de tutela, Sentencia T-357 del 6 de julio de 2016.
15
SU/003 de 2018 Sentencia del 8 de febrero de 2018. Referencia: T- 5.712.990.

18

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único
requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que
se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no
hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad
laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad
puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral
vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez. Para
fundamentar esta segunda regla de unificación jurisprudencial se hace referencia a
la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado la figura y a su finalidad
específica, en aras de determinar por qué, en el supuesto de unificación, no se
frustra el acceso a la pensión de vejez. (Resalta la Sala).

Se tiene entonces que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional
circunscribió el concepto de pre pensionado a la expectativa del trabajador de
obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de
una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo
y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, para consolidar los requisitos de tiempo de servicio que le faltare
para acceder a su pensión de vejez, en tratándose de empleos de libre
nombramiento y remoción. Así las cosas, cuando el único requisito faltante para
ser beneficiario de la prestación es la edad, no hay lugar a considerar que la
persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada.

En cuanto a la consideración de que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad sean considerados pre pensionables la Corte definió lo siguiente:

Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de
los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la
pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido
en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la
pensión. (Subraya la Sala).

2.3. Hechos probados

2.3.1. En relación con la vinculación laboral de la demandante

19

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

i) Mediante la Resolución 010 del 12 de abril de 2004 «por la cual se hace un
nombramiento de libre nombramiento y remoción» emitida por el gerente del
IMEBU, la señora Mabel Valdivieso Mantilla fue nombrada en el cargo de asesor

jurídico, grado 02, código 105.16 Tomó posesión en el empleo el mismo día.17

ii) De conformidad con el Acuerdo del Consejo Directivo 001 de 2006, por el
cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales para
los empleos de la planta de personal del IMEBU, el cargo de asesor jurídico, grado
02, código 105, tiene funciones de asesoría a la dirección del instituto en la
realización de estudios de carácter legal.18

2.3.2. En relación con el acto administrativo acusado

i) A través de la Resolución 098 del 5 de agosto de 2014, la directora general
del IMEBU declaró insubsistente el nombramiento de la señora Mabel Valdivieso
Mantilla en el cargo asesora jurídica, código 105, grado 02, de nivel asesor de libre
nombramiento y remoción dependiente de la dirección general, a partir del 6 de
agosto de 2014.19

ii) Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2400 de 1968, la
directora general del IMEBU realizó la siguiente anotación en la hoja de vida de la
accionante sobre los razonamientos que dieron lugar a la declaratoria de
insubsistencia:20

El cargo de asesor jurídico del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, se clasifica en los
denominados de libre nombramiento y remoción, dado que las funciones asignadas
al mismo prescritas en el manual, cobijan la coordinación de todos los asuntos
jurídicos de la entidad; en virtud de la norma en mención, esta clasificación tiene
razón de ser en circunstancias de confianza en el manejo y la gestión ante el
funcionario y el nominador, ello por cuanto en el deber ser funcional, es a estos

16 Folio 18.
17 Folio 19.
18 Folios 86 al 105.
19 Folio 14.
20 Folios 15 y 16.

20

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

cargos a los que en mayor proporción compete el desarrollo del eje misional de la
entidad.

Aunado a lo anterior, bajo la consideración de que el instituto materializa los planes
de inversión del municipio en lo relacionado con el componente social del Plan de
Desarrollo Municipal a través de los procesos contractuales, es palmario que el
funcionario quien se asigna el direccionamiento de los diferentes procesos de
selección debe ser objetivo y transparente, siendo la confianza el eje fundamental
de dicha vinculación.

Frente al caso concreto, dicha confianza de resaltada trascendencia se encuentra
resquebrajada por el acaecimiento de eventos como: la desacertada orientación y
administración de los procesos de contratación que celebra la entidad en general,
hallazgos de control interno, y falta de compromiso en la adquisición de habilidades
para el manejo de los sistemas de información exigidos por la normatividad
contractual, como lo es el SECOP, siendo corolario la necesidad de la declaratoria
de insubsistencia.

Empero tal acto administrativo es de carácter discrecional relativo, se adopta una
vez verificado que la funcionaria no se encuentra en ninguna situación de debilidad
manifiesta o especial protección constitucional que deba garantizar la entidad.

iii) Por Resolución 0101 de 14 de agosto de 2014, la directora general del
IMEBU nombró a la señora Olga Lucia Piedad Guerrero, en el cargo de asesora

jurídica, código 105, grado 02.21

2.3.3. En relación con el tiempo de servicios

i) De conformidad con el registro civil de nacimiento, la señora Mabel Valdivieso
Mantilla nació el 2 de noviembre de 1959.22

ii) En el expediente reposan los formatos de certificación de períodos de
vinculación laboral para pensiones o bonos pensionales expedidos por las
entidades del sector público para las cuales prestó servicios la accionante, de los
que se extrae la siguiente información respecto del tiempo de labor y de las
entidades a las cuales se hicieron aportes al sistema de seguridad social:

Caja o
Entidad que Desde Hasta Tiempo de entidad a la

21 Folio 20.
22 Folio 361.

21

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

certifica servicio que se Folios
Día Mes Año Día Mes Año Día Mes Año realizaron
aportes
Gobernación de 11 2 1987 10 2 1992 29 11 4 ISS 338
Santander
Empresa Social del 10 9 1992 31 7 1995 21 10 2 CPSM 354
Estado ISABU Alcaldía
B/manga
Empresa Social del 1 8 1995 31 12 1996 30 4 1 Horizonte 354
Estado ISABU
Municipio de 1 1 1997 1 3 2000 - 2 3 359
Bucaramanga
Empresa Social del 10 4 2000 31 3 2001 21 11 - Horizonte 354
Estado ISABU
IMEBU 12 4 2004 5 8 2014 22 3 10 Porvenir 346

Total tiempo de servicio 21 9 23

2.3.4. De las declaraciones rendidas en el proceso

El 15 de junio de 2016, en el trámite de la audiencia de pruebas de que trata el
artículo 181 del CPACA, rindieron testimonio los señores María Victoria Ramírez
Rangel, Manuel Albeiro Vargas Diaz; María Esperanza Valdivieso de Arenas, Lina
María Chaparro Rivera, y Sergio Andrés Hinestroza Valdivieso.23

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Resulta necesario precisar, previo a desatar los recursos de alzada, que el cargo
que desempeñaba la señora Mabel Valdivieso Mantilla como asesor jurídico,
código 105, grado 02 en el IMEBU, es de libre nombramiento y remoción, conforme
fue determinado por el a quo, conclusión que comparte esta Sala teniendo en
cuenta el artículo 5º de la Ley 909 de 2002 y el contenido del acto de designación,
al paso que dicha circunstancia no fue objeto de reproche por los apelantes.

Aclarado ello, se observa que la entidad demandada afirmó, tanto en la
contestación de la demanda, como en el recurso de apelación que al momento de
la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la actora esta no
acreditaba la condición de pre pensionada a la que hizo referencia en el curso
del proceso, circunstancia que hace necesario verificar la situación de aquella

23 Folios 379 al 380c.

22

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

frente a la posibilidad de adquirir el estatus pensional.

De suerte que, en primer lugar, se debe determinar cuál es el régimen pensional
aplicable a la demandante, en punto a establecer si aquella reunía las exigencias
previstas por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 para ser acreedora de la
protección especial por encontrarse próxima a adquirir el estatus pensional dentro
del período de protección allí referido (tres años), al momento de la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento.

De conformidad con las consideraciones de la sentencia de primera instancia, la
accionante es titular del fuero de estabilidad derivado de la pre pensión porque
para el momento de su desvinculación (6 de agosto de 2014) le faltaban menos de
2 años y 3 meses para alcanzar la edad de 57 años requerida en el régimen de
prima media con prestación definida en los términos del artículo 33 de la Ley 100
de 1993, o 2 meses, para completar los 55 años que exigía la Ley 33 de 1985.

Dicho de otra forma, el Tribunal determinó la condición de pre pensionada de la
actora al advertir que se encontraba próxima a acreditar el requisito de edad
para acceder al beneficio pensional al momento en que fue retirada del servicio.

En este punto es necesario precisar que al dossier no se aportó copia de la
historia laboral de la demandante expedida por el fondo de pensiones respectivo,
sino únicamente fueron allegados los certificados de períodos de vinculación
laboral para pensiones respecto de las vinculaciones suscritas con el sector
público entre 1987 y 2014, salvo algunas interrupciones.24

24
En el escrito de la demanda el apoderado de la accionante hizo énfasis en que para la fecha de
retiro se encontraba a menos de tres años de cumplir el tiempo para su pensión, ya que a 1°de
abril de 1994, ya contaba con 15 años de servicio en el sector privado, al margen de ello, contaba
con aportes pensionales efectuados como empleada publica entre 1987 y 2014, salvo algunas
interrupciones, y además cotizó como independiente y contratista; empero no aportó pruebas que
soportaran su dicho.

23

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

Por consiguiente, solo respecto de dicho período podría emitirse un
pronunciamiento tendiente a esclarecer la presunta condición de pre pensionada
de la actora y el régimen aplicable a su prestación.

En ese orden, esta Sala pudo constatar, luego de realizar el análisis probatorio
correspondiente, que, para el 30 de junio de 1995, fecha en la que entró a regir la
Ley 100 de 1993 para empleados del orden territorial25 como es el caso, la señora
Valdivieso Mantilla contaba con 35 años, 7 meses y 28 días de edad26 y 2 años, 8
meses y 7 días de servicio,27 presupuestos que le permitían ser beneficiaria del
régimen de transición contenido en el artículo 36 ibidem.

En estos términos, en principio, se podría afirmar que la situación pensional de la
actora se encontraba regulada por el régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985. Dicha norma prevé los siguientes requisitos:

Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio

Así las cosas, la señora Valdivieso Mantilla, podría pensionarse al llegar a la edad
de 55 años y al completar 20 años de servicio.

Ahora, no se puede perder de vista que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció
un límite al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual no
podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los afiliados que,
a la entrada en vigencia del referido acto legislativo, tuvieran al menos 750
semanas cotizadas, caso en el cual el régimen de transición se extendía hasta el
31 de diciembre de 2014.

25 Teniendo en cuenta que para esa fecha se encontraba vinculada al sector público municipal en

la ESE Isabu
26 Pues nació el 2 de noviembre de 1959.
27 En atención a los certificados de períodos de vinculación laboral para pensiones que se

detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia.

24

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

Según los certificados de períodos de vinculación laboral para pensiones que se
detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia, para el 31 de
julio de 2010, la señora Valdivieso Mantilla tenía acumulado un tiempo de servicio
en el sector público de 19 años y 9 meses, equivalente a 1.037 semanas
cotizadas, por lo tanto, podía acreditar el cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicio exigidos en el régimen anterior hasta el 31 de diciembre de
2014.

En estos términos, para la fecha en que se produjo la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de la actora, esto es, el 6 de agosto de 2014, a
aquella le faltaban 2 meses y 25 días para adquirir el estatus de pensionada en
virtud del requisito de edad previsto en la Ley 33 de 1985, y ya tenía acreditado
con suficiencia el tiempo de servicios exigido (20 años).

Así las cosas, la demandante, posiblemente, hubiera alcanzado los requisitos
exigidos en la Ley 33 de 1985 el 2 de noviembre de 2014, como beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.28

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que la demandante no es
beneficiaria de la protección especial prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de
2002, por cuanto a la fecha de la declaratoria de insubsistencia había completado
23 años, 9 meses y 21 días de servicio, es decir, acreditaba con suficiencia el

28 De igual modo, si la prestación pensional de la actora se rigiera por las previsiones de la Ley 71

de 1988, de encontrarse probados los aportes efectuados como trabajadora del sector privado
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 que anunció su apoderado en el escrito de
demanda, aquella también se vería beneficiada por el régimen de transición del articulo 36 ibidem y
en ese orden hubiera alcanzado el estatus pensional el 2 de noviembre de 2014, al cumplir 55 años
de edad.

Los requisitos para adquirir la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988 son los siguientes:

Artículo 7º. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años
de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

25

Radicación: 68001-23-33-000-2015-00762-01 (3441-17)
Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

tiempo de servicio que se requiere para acceder a la pensión de vejez en el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985.

En consecuencia, en los términos de la sentencia de unificación SU-003 de 2018
de la Corte Constitucional, para la fecha del retiro no se encontraba en riesgo la
consolidación de la expectativa pensional de la demandante, en la medida en que
la única exigencia restante para el reconocimiento de la prestación era el
cumplimiento de la edad, condición que se puede acreditar con o sin vinculación
laboral vigente.

De suerte que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales explicados en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, la sola condición de estar
próximo a consolidar el estatus pensional no tiene el alcance de enervar la
facultad discrecional con que cuenta la administración para retirar del
servicio a un empleado de libre nombramiento y remoción, mediante la
declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, por cuanto, tal como lo ha
considerado la Corte Constitucional, en especial en relación con los cargos de libre
nombramiento y remoción, en aquellos supuestos en los que solo resta el requisito
de edad (dado que se acredita el número de semanas de cotización o el tiempo de
servicio, en el caso del régimen de prima media con prestación definida), no se ha
considerado que la persona sea titular de la garantía de «prepensión», en la
medida en que la consolidación del derecho pensional no está sujeta a la
realización de cotizaciones adicionales al sistema general de seguridad social en
pensiones.

Así pues, la decisión de amparo al fuero de estabilidad laboral reforzada en el
caso de la demandante, luego de realizar un análisis detallado al material
probatorio obrante en el proceso carecería de sustento.

Sin perjuicio de la anterior afirmación, en el presente caso, debido al escaso
material probatorio allegado, no existe plena convicción de que la prestación

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Demandante: Mabel Valdivieso Mantilla

pensional de la actora se rija por los postulados del régimen de prima media con
prestación definida.

Lo anterior por cuanto, de conformidad con los certificados de períodos de
vinculación laboral para pensiones que se detallaron en el acápite de hechos
probados de esta providencia,29 se extrae con claridad que a partir del 1° de
agosto de 1995, la señora Valdivieso Mantilla comenzó a realizar aportes al
sistema de seguridad social al Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte,
entidad que por excelencia tiene a su cargo la administración del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad (inclusive, a la fecha de su desvinculación
continuaba afiliada a dicho régimen).

Por consiguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 100 de
1993, para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual
con solidaridad se requiere un capital acumulado en la cuenta de ahorro individual
que permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo
legal mensual vigente. La norma en comento señala lo siguiente:

Requisitos para obtener la pensión de Vejez. Los afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que
escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual
les permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según
la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.
Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional,
cuando a éste hubiere lugar.

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos
del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral,
legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60)
años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre.

Conforme a la normativa en cita, se advierte que, en el régimen de ahorro
individual con solidaridad, el sistema garantiza la pensión de vejez únicamente a
condición de haber reunido en la cuenta individual el capital necesario para
29
única prueba documental que se observa en el proceso con la entidad de sustentar la afirmación
de la actora de ser beneficiaria de la protección por pre pensionada.

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financiarla, sin que sea necesario el cumplimiento de una edad determinada o de
un número mínimo de semanas de cotización, por cuanto esto requisitos, se
insiste, son propios del régimen de prima media con prestación definida.

De conformidad con el examen que antecede, del material probatorio allegado no
se puede extraer con claridad que para la fecha en la que el nominador declaró la
insubsistencia del nombramiento de la demandante, esto es, 6 de agosto de 2014,
aquella contara con el dinero necesario en el fondo privado para obtener derecho
a su pensión de vejez, esto es, no se aportó prueba de la cual se pudiera colegir
que el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permitía o no
obtener una pensión mensual.

Así las cosas, no es dable afirmar que en el proceso se encuentre probado que la
señora Valdivieso Mantilla tuviera la calidad de pre pensionada y, por contera, no
puede inferirse que la administración desconoció las prerrogativas que de esa
condición se desprenden.

En ese orden, se encuentra justificada la aseveración hecha por la entidad
recurrente al señalar que, en efecto, no se tiene certeza de cuáles son las
condiciones que regían la situación pensional de la demandante; por lo tanto, no
se puede afirmar con certeza que aquella estuviera cobijada por la garantía de la
pre pensión debido al escaso material probatorio aportado.

Por consiguiente, y aunado a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso,30 los supuestos fácticos alegados por la demandante con los cuales
pretendía demostrar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la
estabilidad laboral reforzada por encontrarse en condición de pre pensionada,
implicaba necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos
probatorios que le generasen al fallador la certeza de lo afirmado, de tal forma que
al no cumplirse con la carga probatoria que le correspondía asumir, es forzoso

30 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

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concluir que no se encuentran acreditadas las exigencias que consolidan la
garantía reclamada.

Finalmente, en cualquiera de los supuestos que se analizaron en estas
consideraciones la parte demandante tampoco acreditó la afectación de sus
derechos fundamentales con ocasión de la desvinculación, pues como se expuso
en el marco jurídico de esta providencia, la sola condición de pre pensionada no
hubiera sido suficiente para enervar la potestad de libre remoción.31 En
consecuencia, era plausible para la entidad demandada hacer uso de la facultad
discrecional que le permitía retirar del servicio a la señora Valdivieso Mantilla.

En suma, una vez estudiados los argumentos esbozados en el recurso de
apelación impetrado por la parte demandada, la Sala advierte que tienen vocación
de prosperidad y en tal sentido se revocará la sentencia de primera instancia. En
ese orden, no resulta procedente realizar un análisis del segundo problema
jurídico planteado.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201632, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el

31
Al respecto ver la sentencia del 8 de febrero de 2018, Sección Segunda, Subsección A.
Radicado: 250002325000201201184 01 (2130-2016).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

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pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 365 del Código General del Proceso,33 la Sala considera que es dable
condenar en costas de ambas instancias a la demandante, toda vez que se
revocará en su integridad la sentencia del a quo, luego resultó vencida en el
proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que pese a que la protección de estabilidad laboral
de pre pensionados aplica a los empleados de libre nombramiento y remoción, la
señora Mabel Valdivieso Mantilla no probó que tenía tal condición al momento de
la expedición de la resolución por medio de la cual se declaró la insubsistencia de

33 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida

será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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su nombramiento, tal como se explicó en las consideraciones que anteceden. En
ese orden, se revocará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 5 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Mabel Valdivieso Matilla, en su lugar se
dispone:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero. Condenar en constas en ambas instancias a la señora Mabel Valdivieso
Matilla, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de
Santander.

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM

31

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