RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-00924-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00924-02

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00924-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia apelada, para en su lugar, CONDENAR en costas a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. CONFIRMAR en los demás la sentencia proferida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Tercero. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-00924-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)
Demandante: Alicia Arenas de Pinzón y otros1
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Improcedencia de considerar la bonificación por compensación
como factor salarial para el cálculo de las cesantías. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante
como demandada contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de diciembre de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de
la cual se declaró no probada la excepción de caducidad y se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Alicia Arenas de Pinzón en calidad de cónyuge, y, los señores Javier
Orlando, Diego Fernando, Diana Ximena y Sandra Paola Pinzón Arenas en su
condición de hijos del señor Marey Pinzón Pinzón, instauraron demanda contra la
Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 02785 del 30 de abril de 2014 y
5778 del 31 de diciembre de la misma anualidad, por medio de las cuales la entidad
demandada negó el reconocimiento y pago de las cesantías causadas entre 1999 y
2008, teniendo en cuenta el carácter salarial de la bonificación por compensación.

1 La señora Alicia Arenas de Pinzón en calidad de cónyuge del señor Marey Pinzón Pinzón. Los señores Javier

Orlando, Diego Fernando, Diana Ximena y Sandra Paola Pinzon Arenas en su condición de hijos.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

3. Que se inaplique la expresión «solo» contenida en el inciso segundo del artículo
1 del Decreto 610 de 1998, en lo que respecta al postulado de no tener tal
emolumento como factor salarial para el cálculo de las cesantías.

4. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca e incluya para la fijación
de la liquidación de las cesantías entre 1999 y 2008, el 100% de la bonificación por
compensación. Sumas que tendrá que reconocerse debidamente indexadas.

5. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que el señor Marey Pinzón Pinzón (QEPD) prestó sus servicios como magistrado
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Penal, entre el 1 de enero
de 1999 y el 12 de julio de 2008.

7. La cónyuge e hijos solicitaron la inclusión del 100% de la bonificación por
compensación en la liquidación de las cesantías. Sin embargo, la entidad
demandada negó lo reclamado mediante los actos administrativos reprochados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Consideró vulnerados: los artículos 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 27 del
Decreto 3118 de 1968; 14 y 143 del CST; 1 literal b) y 2 literal a) de la Ley 4ª de
1992; 1 inciso 2, y 2 y 3 del Decreto 610 de 1998.

9. Afirmó que constituye salario, no solo la remuneración ordinaria, fija o variable,
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
o retribución directa del servicio. De ahí que, en su criterio, la bonificación por
compensación es un verdadero factor que influye en la liquidación de las cesantías.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. El 3 de abril de 2017 fue admitida la demanda2. La entidad accionada3 aseveró
que los actos acusados se emitieron de conformidad con la Constitución y la ley.
Asimismo, que durante el tiempo en que el señor Marey Pinzón Pinzón ocupó el
cargo de magistrado de tribunal le fueron pagados los salarios y prestaciones que
previó la ley. Particularmente, las cesantías se liquidaron de acuerdo con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. En ese sentido, aseveró que

2 Índice 17 de SAMAI, otros despachos
3 Índice 21 de SAMAI, otros despachos.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

el mismo Decreto 610 de 1998 dispone que la bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para efectos pensionales.

11. Propuso las excepciones: i) caducidad y ii) prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

12. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 19 de diciembre
de 2025 declaró no probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de
la demanda.

13. Señaló que, teniendo en cuenta que la Resolución 5778 del 31 de diciembre de
2014, se notificó el 3 de marzo de 2015; que la solicitud de conciliación se radicó el
2 de julio del mismo año; que la constancia de no conciliación se expidió el 21 de
agosto de 2015 y que la demanda se presentó el 24 de agosto de la misma
anualidad, es posible concluir que el medio de control se promovió dentro del
término legal.

14. Explicó que si bien el Consejo de Estado5 ha sostenido que la bonificación por
compensación se fija como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los
magistrados de altas cortes, y por lo tanto su cuantía depende de la base utilizada
para el cálculo de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, reconocida a dichos funcionarios, dentro de la cual las cesantías han
sido reconocidas como ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por
tanto, consideradas como factor de liquidación de esta prima. También lo es que
ello no implica que aquella bonificación constituya factor salarial para efectos de
determinar las cesantías, pues el Decreto 610 de 1998 previó de forma expresa que
solo lo será para establecer las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

15. Encontró probado que el señor Marey Pinzón Pinzón se desempeñó como
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Penal desde
el 1 de enero de 1999 hasta el 12 de julio de 2008. Asimismo, que fue beneficiario
de la bonificación por compensación. No obstante, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Decreto 610 de 1998 en armonía con la jurisprudencia6
desarrollada sobre aquella prestación por parte del órgano de cierre de la
jurisdicción, concluyó que la misma no constituye factor salarial para liquidar las
cesantías.

4 Índice 81 de SAMAI, otros despachos.
5 Para el efecto, citó:

Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-
25-000-2010-00246-02 (0845-2015).
6 Para el efecto citó la sentencia del 10 de junio de 2008, radicación 11001-03-27-000-2006-00020-00. Así como

la sentencia de la Corte Constitucional C-244 de 2013.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

16. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas porque no encontró que la
demanda careciera de fundamento.

RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante7 interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de
que la bonificación por compensación tiene carácter salarial de conformidad con lo
expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 18 de mayo de 2016, bajo el
radicado: 250002325000201000246-02. Expresamente, indicó que «la presente
solicitud se trata de una reclamación de inclusión en la liquidación anual de cesantías
correspondientes al año 1999 al año 2011, y años subsiguientes, del 100% de la
denominada Bonificación por Compensación».

18. De ser el caso, consideró que en el presente asunto no operó la prescripción
trienal.

19. La parte demandada8 promovió recurso de apelación, con el fin de que se
revoque el numeral tres de la sentencia de primera instancia, porque, en su criterio,
la entidad incurrió en cargas procesales y costos derivados de la contratación del
personal encargado de ejercer la defensa de la misma. Expresamente, indicó que
el «desconocimiento de la condena en costas a la parte demandante como vencida implica
un detrimento patrimonial para la entidad convidada al proceso»

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 10 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación9, la parte demandante
y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir. La parte demandada expuso
que, contrario a lo sostenido por la parte demandante, en el presente asunto no
resulta aplicable el criterio desarrollado en la sentencia del 18 de mayo de 2016,
emitida por el Consejo de Estado, en tanto que en ella se analizó la incidencia de la
prima especial en la liquidación de la bonificación por compensación, y no, la
inclusión de este último emolumento en un 100% para el cálculo de las cesantías.

21. Destacó que tampoco está en discusión el reconocimiento de la bonificación por
compensación, toda vez que ello ya se obtuvo a través de la sentencia de segunda
instancia del 23 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado.

Se decidirá previas las siguientes,

7 Índice 83 SAMAI, otros despachos.
8 Índice 84 de SAMAI, otros despachos
9 Índice 4 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

CONSIDERACIONES

22. La Sala debe determinar si la bonificación por compensación es o no factor
salarial para el cálculo de las prestaciones sociales de la reclamante, en particular
de las cesantías y si procede la condena en costas.

Marco normativo y jurisprudencial

Sobre la bonificación por compensación

23. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.

24. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.

Resolución del caso concreto

25. De acuerdo con los argumentos de apelación, el objeto de discusión en el
presente caso se circunscribe a determinar si la bonificación por compensación
constituye factor salarial para liquidar las cesantías y si procede la condena en
costas en primera instancia.

26. Sobre el particular, lo cierto es que este haber laboral constituye factor salarial
únicamente para efectos pensionales, pues así lo señala de manera expresa el
inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 que prevé lo siguiente: «La
Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes (…)», al igual que el
inciso 3.° del artículo 1.° del Decreto 4040 de 2004 respecto de la bonificación de
gestión judicial.

27. Por tal motivo, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202210 al concluir que, tanto el legislador en ejercicio

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-

000-2013-01009-01(2263-2018).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

de su libertad de configuración legislativa, como el Gobierno nacional en su
configuración reglamentaria, tienen la facultad de regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, así como de decidir qué emolumentos
constituyen factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales y cuáles no,
potestad que no vulnera derechos de los trabajadores pues no existe una obligación
constitucional que exija que todos los ingresos deban ser tenidos en cuenta como
base para dichos ingresos laborales.

28. Lo anterior se ajusta por analogía a la postura adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, en la cual se declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ª de
1992, pues si bien se trata de otro haber laboral, se consideró de manera general
que esta clase de disposiciones restrictivas no desconocen derechos laborales,
pues ninguna norma que aumente la remuneración de los trabajadores puede
considerarse contraria a la protección laboral, y en todo caso, el legislador cuenta
con un margen de configuración para determinar qué conceptos integran el salario
y para desarrollar su definición. Además, concluyó que excluir esta clase de
emolumentos de la base para liquidar prestaciones no les quita su naturaleza
remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado colombiano.

29. Con base en lo expuesto se concluye que, tal como lo señaló el juez de
instancia, la bonificación por compensación no constituye factor salarial para liquidar
las cesantías, sino solo para efectos pensionales. Sin que ello de manera alguna
implique el desconocimiento de los derechos de la parte demandante. De manera
que, en ese sentido se confirmará la sentencia apelada.

30. Ahora, en lo que se refiere a la decisión del 18 de mayo de 2016, proferida por
esta corporación bajo el radicado: 250002325000201000246 02, la Sala estima
pertinente aclarar que, contrario a lo expuesto por la recurrente, en esta decisión no
se aseveró que la bonificación por compensación constituyera factor salarial para
las prestaciones sociales, en concreto, para las cesantías, por el contrario, en ella
se indicó la forma cómo debía calcularse la bonificación por compensación, teniendo
en consideración la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que perciben
los magistrados de alta corte.

31. Ciertamente, dicha bonificación se fija como un porcentaje de lo que por todo
concepto reciben los magistrados de altas cortes, por lo que su cuantía también
depende de la base utilizada para el cálculo de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, reconocida a dichos funcionarios. A
su vez, esta prima se liquida con fundamento en la equiparación de la totalidad de
los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales las cesantías
han sido reconocidas11 como ingresos laborales anuales de carácter permanente,
que deben tenerse en cuenta para determinar el monto de la referida prima. Sin que

11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

por ello sea viable concluir que la bonificación constituye factor salarial para
determinar las cesantías, en tanto que, se repite, el Decreto 610 de 1998 previó que
solo lo será para efectos pensionales.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

32. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

33. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes, salvo cuando se trate de
procesos donde se ventile un interés público.

34. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

35. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

36. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

37. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
en primera instancia contra la parte demandante al haberse negado las
pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra, sin que
fuera del caso efectuar un análisis sobre la conducta asumida por esta. En
consecuencia, deberá revocarse el numeral tercero de la providencia en este
sentido.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00924-02 (0783-2026)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia apelada, para en su lugar,
CONDENAR en costas a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. CONFIRMAR en los demás la sentencia proferida el diecinueve (19) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Santander,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Tercero. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.