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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01491-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 30 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-01491-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-2019)
Demandante: Solangela Araque Hernández
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 30 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Solangela Araque Hernández, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP024303 del 17 de junio de 2015, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP38678 del 21 de septiembre de 2015
que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual percibido al
momento de la adquisición del estatus pensional, esto es, el 18 de octubre de 2011;
ii) cancelar el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los
correspondientes reajustes de ley desde la fecha de acreditación de requisitos de
pensionada; iii) cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y
195 del CPACA; y iv) condenar en costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Solangela Araque Hernández nació el 4 de febrero de 1959, luego
cumplió 50 años de edad, el 4 de febrero de 2009.

ii) Prestó servicios como docente territorial por más de 20 años de la siguiente
manera:

TIEMPO AÑO MES DÍA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER

Sep 10/1980 Dic 10/1980 0 3 0
Feb 20/1981 Agos 04/1982 1 5 14
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GIRON

Mar 15/1985 Feb 17/1987 2 1 2
Mar 22/1995 Nov 30/2015 20 8 8
TOTAL TIEMPO DE SERVICIO 24 5 24

iii) Cumplió 20 años de servicio al magisterio con honradez, idoneidad y buena
conducta.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

iv) El 17 de febrero de 2015, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; 10
del Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley
116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto 1743 de
1966; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) Los actos administrativos demandados transgredieron las disposiciones
citadas, por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas. Los
decretos por medio de los cuales se vinculó a la actora fueron expedidos por la
Secretaría de Educación de Santander y la Alcaldía municipal de Girón, con el
propósito de proveer plazas de docentes territoriales, al paso que fueron suscritos
por el alcalde, el gobernador y el secretario de educación, respectivamente, por lo
tanto, en los términos del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, son designaciones
eminentemente territoriales o nacionalizadas, contrario a lo argumentado por la
demandada.

ii) La UGPP interpretó los textos normativos de manera restrictiva «a fin de hacer
decir a la norma lo que ella no dice», práctica que en las técnicas de la hermenéutica
jurídica está prohibida. Así las cosas, para poder negar la pensión reclamada,
conforme a la realidad fáctica, debía demostrar que la demandante fue nombrada
por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual resultaba imposible, por cuanto, se
itera, sus designaciones provinieron de autoridades de orden departamental y
territorial, luego los actos enjuiciados adolecen de falsa motivación.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1

Conforme los tiempos de servicio aportados, se advierte que estos fueron prestados
con nombramiento del orden nacional, en consecuencia, no hay lugar al
reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada.

Propuso las excepciones de falta de requisito de procedibilidad por no adelantar
previamente la conciliación, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
presunción de legalidad de los actos administrativos y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia escrita proferida el 30
de agosto de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2

i) En cuanto al requisito anterior al 31 de diciembre de 1980, se observa que la
señora Araque Hernández fue nombrada por el gobernador de Santander y el
secretario de educación departamental el 2 de septiembre de 1980.

ii) Respecto de la exigencia de contar con más de 50 años de edad, está
demostrado que aquella nació el 4 de febrero de 1959, es decir, que para la fecha
en la que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia (17 de febrero de 2015),
había cumplido 56 años.

iii) Frente a la acreditación de no haber recibido otra pensión o recompensa de

1 Folios 135 al 144.
2 Folios 200 al 208. Con ponencia del magistrado Milcíades Rodríguez Quintero.

4

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

carácter nacional, la Alcaldía Municipal de Girón certificó que la accionante no
cuenta con ningún otro beneficio económico nacional en calidad de docente.

iv) Ahora, en lo que se refiere a la prestación de labores durante más de 20 años
al servicio de la docencia departamental, distrital y/o municipal se tiene que entre el
10 de septiembre y el 10 de diciembre de 1980, la actora fue nombrada maestra por
el gobernador de Santander atendiendo a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, es
decir, su vinculación tuvo carácter nacionalizado.

v) De igual modo, entre el 15 de marzo de 1985 y el 17 de febrero de 1987 y del
22 de marzo de 1995 al 17 de enero de 2014, se observa que fue vinculada al
municipio de Girón por «órdenes de prestación de servicios» y en provisionalidad,
actos de designación que fueron suscritos por el ente territorial con recursos
provenientes del presupuesto general, por lo tanto, dichos períodos se pueden tener
en cuenta para efectos pensionales al reputarse territoriales. Así las cosas, la
peticionaria acreditó todos los requisitos para beneficiarse de la prestación
reclamada.

vi) La señora Araque Hernández consolidó el estatus pensional el 4 de agosto
de 2011, solicitó el reconocimiento prestacional el 17 de febrero de 2015, y se
instauró el medio de control el 14 de diciembre de 2015, en consecuencia, se
encuentra probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 17 de febrero de 2012.

vii) En suma, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
probada la excepción de prescripción propuesta con relación a las sumas causadas
con anterioridad al 17 de febrero de 2012; ordenó a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a la actora en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los
factores salariales devengados durante su último año de servicios anterior a la
causación del derecho pensional, con los reajustes de ley, y condenó en costas a la
parte vencida.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los siguientes argumentos:3

i) Conforme los tiempos de servicio que se pretenden hacer valer, se advierte
que estos fueron prestados con nombramiento del orden nacional, en consecuencia,
no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada. En ese orden,
la sentencia del a quo aplicó e interpretó indebidamente las normas que regulan
dicha prestación.

ii) De manera subsidiaria, y en el evento de confirmarse la decisión, no se
comparte la determinación de condenar en costas a la entidad en tanto la oposición
ejercida no fue temeraria, pues la actuación se acomodó a un adecuado ejercicio
del derecho de defensa y contradicción y sin abuso del derecho.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.4

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

3 Folios 213 al 217.
4 Memoriales obrantes en los índices 10, 13 al 15 de la Plataforma Samai.

5 Folio 246.

6

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9

6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción

Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de

carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de

16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

7

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

8

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de

la sentencia transcrita.

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Demandante: Solangela Araque Hernández

de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad y tiempo de servicios

i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Solangela Araque Hernández
nació el 4 de febrero de 1959, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 4 de febrero
de 2009.18

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folio 18.

12

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

ii) El 2 de septiembre de 1980, mediante la Resolución 2020, «por la cual se
conceden unas licencias», el secretario de educación del departamento de
Santander, en uso de sus atribuciones legales, concedió 90 días de licencia sin
remunerar a una educadora de la Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez del
municipio de Girón y en su remplazo nombró maestra a la señora Solangela Araque
Hernández.19 Tomó posesión del cargo el 10 de septiembre de 1980.20

iii) El 2 de febrero de 1981, con el Decreto 0120, «por el cual se suspende una
maestra de enseñanza primaria», el gobernador del departamento de Santander,
en uso de sus atribuciones legales, suspendió en forma provisional a una educadora
de la Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez y a partir de esa fecha nombró a la
demandante como docente mientras durara la suspensión de su antecesora.21
Tomó posesión del empleo el 20 de febrero de 1981, en el despacho del jefe de
personal del departamento de Santander.22

iv) El 15 de marzo de 1985, por medio el Decreto 0118, «por el cual se declara
insubsistente un nombramiento y se nombra su remplazo», el alcalde del municipio
de Girón, en uso de sus atribuciones legales, nombró a la accionante profesora de
la Escuela Rural el Cedro.23 Se posesionó en la misma fecha.

v) El secretario general de la Alcaldía Municipal de Girón hizo constar que la señora
Solangela Araque Hernández laboró en esa entidad por órdenes de prestación de
servicios de la siguiente manera:24

Contratación con el municipio de Girón

núm Fecha inicio Duración Objeto

1 05/02/1993 9 meses y 25 Docente en la Escuela
días Rural Juan Cristóbal

19 Folios 22 y 23
20 Folios 25 y 514.
21 Folios 26 y 27.
22 Folio 28.
23 Folios 29 y 30.
24 Folio 62.

13

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

2 01/03/1994 9 meses Martínez

vi) El 17 de marzo de 1995, con el Decreto 085, «por el cual se hacen unos
nombramientos de personal docente de educación básica primaria», el alcalde del
municipio de Girón, en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Decreto
2626 de 1994 y la Ley 115 de 1994, nombró en propiedad a la actora como maestra
de educación primaria en la Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez.25 Tomó
posesión del empleo el 22 de febrero siguiente.26

vii) Mediante el formato de certificación de períodos de vinculación laboral para
bonos pensionales y pensiones la Alcaldía Municipal de Girón hizo constar que la
actora estuvo vinculada al «sector público municipal» por los siguientes lapsos:27

viii)A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Girón certificó que el tipo de vinculación
del demandante fue municipal, recursos propios, a través de los siguientes
nombramientos:28

25 Folios 26 y 27.
26 Folios 31 al 34.
27 Folio 63.
28 Folios 64 y 65. Certificado del 17 de octubre de 2014.

14

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

ix) Según el certificado de salarios emitido el 14 de noviembre de 2014 por la
Secretaría de Educación del municipio de Girón, la señora Araque Hernández
devengó entre 2008 y 2011, los factores salariales de asignación básica, auxilio de
movilización, prima de clima, prima de navidad y prima de vacaciones.29

x) El 9 de diciembre de 2014, la Procuraduría General de la Nación certificó que la
actora no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.30

2.3.2. Actuación administrativa

i) El 17 de junio de 2015, la UGPP profirió la Resolución RDP024303 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 17 de febrero de 2015,31 al desestimar los
tiempos prestados bajo órdenes de prestación de servicios y aquellas vinculaciones
provenientes de la nación.32

29 Folios 61 y 66.
30 Folio 20.
31 Folios 13 al 15.
32 Folios 2 al 8.

15

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

ii) El 21 de septiembre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP038678 por
las cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.33

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en cuatro momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 10 de septiembre al 10 de diciembre de 1980
y del 20 de febrero de 1981 al 4 de agosto de 1982

En este lapso la señora Solangela Araque Hernández laboró como maestra en la
Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez del municipio de Girón, en virtud de la
designación efectuada con el Decreto 2020 del 2 de septiembre de 1980.

33 Folios 10 y 11.

16

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, se encuentra acreditado que
entre el 10 de septiembre y el 10 de diciembre de 1980 la demandante tuvo una
vinculación como docente territorial, teniendo en cuenta que el nombramiento fue
efectuado por la gobernación de Santander atendiendo a las atribuciones que con
antelación había otorgado el legislador sobre la prestación del servicio educativo en
primaria y por el término de duración de una licencia otorgada a otra educadora.

17

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

Aunado a esto, la Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la
vinculación en interinidad «es plenamente computable para efectos del
reconocimiento y pago de la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó
como un mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de
contar con docentes de carrera, designaba con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos».34

En efecto, la Sala ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo
de los 20 años exigidos en la norma. En tal sentido se pronunció la Subsección en
sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:35

En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic)
al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró
por los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de
otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó
relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional36 ha
venido sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].

En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación de la señora Araque
Hernández como docente en interinidad puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, «sin que para ello sea relevante la forma en la
que fue provisto el empleo, es decir, si lo fue en carrera o en forma interina o

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,

radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,

radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
36 Sentencia C-517 de 1999

18

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores desarrollan
la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en propiedad».37

Así las cosas, la actora fue nombrada como docente en enseñanza primaria por el
secretario de educación del departamento; luego no se puede perder de vista que,
desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las entidades territoriales, por regla
general, estuvieron únicamente a cargo y bajo la dirección de la educación primaria,
por lo que la referida designación sería consecuente con la atribución que otorgó el
legislador al departamento, máxime cuando en el acto no se especifica que la plaza
sea nacional y este tampoco proviene directamente o por autorización del Ministerio
de Educación Nacional.

Corolario a ello, esta Sala ha precisado que «El carácter territorial de la designación
[…] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que
son territoriales aquellos “docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”».

Ahora, teniendo en cuenta el Decreto 120 del 2 de febrero de 1981, la demandante
tuvo una nueva vinculación temporal en el departamento de Santander, por el
tiempo de duración de la suspensión provisional de la que fue objeto otra educadora.
La relación laboral corrió entre el 20 de febrero de 1981 y el 4 de agosto de 1982.38

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
38 De conformidad con la certificación obrante en el folio 64.

19

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

De suerte que, verificada la pertinencia del medio de prueba para establecer la
naturaleza del vínculo sostenido por la actora durante el lapso en mención, no cabe
duda de que aquella fue designada por el gobernador de Santander como maestra
municipal de primaria en la Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez del municipio de
Girón, sin que se mencione o se aduzca la intervención directa o por autorización

20

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

del Ministerio de Educación Nacional en la ejecución de dicho nombramiento.

Aunado a ello, la afirmación de que la mentada designación tiene el carácter
territorial también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91
de 1989, y adicionalmente, aun cuando aquella fue temporal (o en interinidad), como
ya se explicó, es válida para efectos del reconocimiento prestacional deprecado.

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 año, 8 meses y 16 días, y
adicionalmente acredita el requisito de haber ostentado una vinculación territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

2.4.2. Segundo período. Del 15 de marzo de 1985 al 17 de febrero de 1987

Este segundo período está determinado por el Decreto 0118 del 15 de marzo de
1985, proferido por el alcalde del municipio de Girón, mediante la cual se nombró a
la accionante como maestra en la Escuela Rural de El Cedro. Este acto se fundó en
las siguientes consideraciones:

21

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

De acuerdo con la anterior motivación, se encuentra acreditado que la actora fue
nombrada como docente territorial, pues el acto de designación fue suscrito por
una autoridad del orden municipal, en ejercicio de sus atribuciones legales.

Corolario a ello, no obra alusión alguna a que la autoridad territorial hubiera
realizado la designación con ocasión del proceso de nacionalización de la educación
adelantado por la Ley 43 de 1975, al paso que no se evidencia la intervención directa
o por autorización del Ministerio de Educación Nacional para adoptar dicha decisión.
Adicionalmente, tal como se indicó con anterioridad, la afirmación de que dicha
designación tiene el carácter territorial también encuentra respaldo en lo dispuesto
en el artículo 1° de la ley 91 de 1989, en tanto dispone que son territoriales aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975».

Por consiguiente, se observa a partir de la prueba bajo análisis es que la
demandante fue nombrada como maestra de primaria, sin que, se itera, se
mencione o se aduzca la participación del Ministerio de Educación Nacional para
adoptar dicha decisión, más aún cuando la plaza en la que fue designada
correspondía a una propia de la entidad territorial.

En este orden de ideas, este segundo período analizado, que suma un total de 1
año, 11 meses, y 3 días, tal como acertadamente lo consideró el a quo, también
resulta válido para estudiar las pretensiones de la demandante.

2.4.3. Tercer período. A partir del 5 de febrero de 1993

Pese a que en los hechos de la demanda no se hizo referencia expresa a este
período, en el expediente obra certificación en la que el secretario general de la
Alcaldía Municipal de Girón hizo constar que la actora «laboró» en esa entidad
mediante contratos de prestación de servicios de la siguiente manera:

22

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

Debe precisar la Sala que, tal como lo indicó el a quo en sus consideraciones, los
contratos de prestación de servicios son computables para a efectos de acreditar
los 20 años de ejercicio de la docencia en el nivel territorial o nacionalizado
requeridos para beneficiarse del derecho pensional reclamado. En reciente
providencia, esta Sala sostuvo lo siguiente respecto de la vinculación contractual en
la docencia oficial:39

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de que
la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido
ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos
a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.

De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se
trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un caso

39 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01

(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).

23

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el
carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo
53 de la CP [...]».

En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.

Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante
contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en
propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.

Por consiguiente, el lapso en que se desarrollen actividades docentes a través de
la figura de la contratación es claramente computable para adquirir la prestación
deprecada, pues «el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión gracia
no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, debido a
que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de
educador»,40 siempre y cuando, la vinculación sea territorial.

Aunado a ello, la Sala debe precisar que no existe un único documento o una única
prueba que permita acreditar el tipo de vinculación de los docentes que pretendan
el reconocimiento de la pensión gracia. Sobre la procedencia de la prueba para la
verificación de la vinculación de los docentes, la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 señaló lo siguiente:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-
000-2014-1000-01 (0823-2017).

24

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

Teniendo en cuenta todo ello, de la certificación allegada se advierte que la señora
Araque Hernández se desempeñó bajo contratos de prestación de servicios como
docente en la Escuela Rural Juan Cristóbal Martínez del municipio de Girón,
primero, por 9 meses y 25 días, a partir del 5 de febrero de 1993 y, luego, por 9
meses contados desde el 1° de marzo de 1994. No obstante, de aquel documento
no se extraen otros elementos que permitan determinar de manera inequívoca el
tipo de vinculación, en punto a establecer quién suscribió los contratos con la actora,
esto es, no se tiene certeza de si se inmiscuyó al Ministerio de Educación Nacional
en la contratación, o si fue el alcalde o el gobernador del departamento, así como si
los emolumentos fueron cancelados con recursos propios o por medio de algún
programa educativo a cargo de la Nación.

Así las cosas, de acuerdo con el análisis integral de los medios de prueba, no se
tiene certeza en este caso de que los contratos celebrados el 5 de febrero de 1993
y el 1° de marzo de 1994 hubieran sido suscritos directamente por el municipio de
Girón. Llama la atención de la Sala que en el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación del ente
territorial, que se reprodujo en el acápite de hechos probados de esta providencia,
no se hizo mención alguna respecto de la suscripción de los referidos contratos u
órdenes de prestación de servicios, al paso que no obra ningún otro documento que
complemente y otorgue elementos de convicción respecto de las condiciones en las
que se celebraron los encargos.

Aclara la Sala que aunque el a quo realizó una argumentación tendiente a sostener
que los lapsos laborados bajo contratos de prestación de servicios se pueden tener
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, al realizar el conteo
del tiempo de servicios exigido en este caso (20 años) no contabilizó los periodos a
los que se hizo referencia en la certificación que se estudia, por ello aseveró que la
accionante adquirió el estatus pensional el 4 de agosto de 2011, sin que el
apoderado de aquella hubiera manifestado su inconformidad respecto de dicha
determinación.

25

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

En suma, resulta claro que el tiempo de servicio prestado a través de contratos de
prestación de servicios para ejercer la función docente resulta válido para completar
el requisito exigido en la ley para beneficiarse de la pensión gracia, siempre y
cuando se encuentre probado que la vinculación tuvo carácter territorial,
circunstancia que no se demostró en el plenario. Así pues, no podrá computarse el
referido período.

2.4.4. Cuarto período. Del 22 de marzo de 1995 al 4 de agosto de 201141

Por último, dicho lapso se encuentra delimitado con el nombramiento suscrito por el
alcalde (E) del municipio de Girón, en el que designó a la señora Araque Hernández
como maestra de educación básica primaria en la Escuela Rural Juan Cristóbal
Martínez, llevado a cabo mediante el Decreto 082 del 17 de marzo de 1995, que a
continuación se trascribe:

41 Fecha a partir de la cual adquirió el estatus pensional, según lo determinó el Tribunal Administrativo

de Santander.

26

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

De acuerdo con el acto de nombramiento se encuentra acreditado que la actora fue
designada como docente territorial, pues no obra alusión alguna a que la autoridad
nominadora hubiera realizado la designación con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación adelantado por la Ley 43 de 1975, al paso que no
se evidencia la intervención directa o por autorización del Ministerio de Educación
Nacional para adoptar dicha decisión, así como tampoco mención sobre la
existencia de una plaza nacional o institución con tal carácter que permita inferir que
el nombramiento tenía por objeto ocupar un empleo del referido nivel.

Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter territorial
también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 91 de 1989,
en tanto dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

Adicionalmente, se observa que la demandante fue objeto de varias comisiones y
traslados en este período. La Sala precisa que en el dossier se encuentra copia de
los actos administrativos mediante los cuales aquella fue comisionada y trasladada

27

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

a diferentes instituciones educativas al interior del municipio de Girón,42 de los que
se extrae con claridad que las condiciones de la vinculación docente no se
modificaron a pesar de dichas situaciones administrativas, comoquiera que el último
nombramiento se efectuó el 17 de marzo de 1995, para desempeñarse en una plaza
municipal y este se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.43

En este orden de ideas, este cuarto período analizado, equivalente a 16 años, 4
meses y 9 días, tal como acertadamente lo consideró el a quo, también resulta
válido para estudiar las pretensiones de la demandante.

Ahora, respecto del motivo de inconformidad de la entidad apelante frente a la
condena en costas de primera instancia se tiene que por mandato del artículo 188
del CPACA la imposición de estas obedecía a un criterio objetivo, sin que para ello
debiera evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le correspondía
efectuar una valoración objetiva-valorativa para comprobar su causación conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiriera un examen
de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los sujetos procesales.

En ese orden de ideas, la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso correspondía a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debía haber una
disposición o decisión acerca de la condena, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en
costas a la parte vencida en el medio de control.

Así las cosas, en virtud del criterio anotado era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de la defensa de los

42
Decretos 080 del 27 de septiembre de 1993; 1293 del 10 de diciembre de 1998; 0514 del 10 de
octubre de 2002 y 0344 del 10 de octubre de 2002, detallados en el acápite de hechos probados de
esta providencia.
43 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo

de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023,
radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).

28

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

intereses de las partes, como en efecto ocurrió.

De suerte que la decisión de condenar en costas tomada por el Tribunal
Administrativo de Santander no desatendió los postulados del artículo 188 del
CPACA para el momento en que fue proferida la decisión,44 razón por la cual se

encuentra ajustada a derecho.

No obstante, aprovecha la Sala para precisar que a partir de la promulgación de la
Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo 47 adicionó un inciso al artículo 188 del
CPACA para señalar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal», se debió ajustar el mencionado criterio objetivo.

De esta manera, debe entenderse que a partir de la anterior modificación el juez
está llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente
o no imponer costas a cargo de alguna de ellas. Sin embargo, se insiste, para la
fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (30 de agosto de 2018),
no habían comenzado a regir las previsiones de la mentada norma, cuya publicación
data del 25 de enero de 2021, luego su decisión no desatendió los postulados del
artículo 188 del CPACA vigentes al momento de su promulgación.

En suma, una vez fueron estudiados uno a uno los argumentos esbozados en el
recurso de apelación impetrado, la Sala advierte que ninguno tiene vocación de
prosperidad y, en tal sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile

44
De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía hacerse una
valoración objetivo - valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de
una actuación temeraria o de mala fe de las partes.

29

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,45 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en

45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

30

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01491-01 (0387-19)
Demandante: Solangela Araque Hernández

casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues
se acreditaron los requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia
reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 30 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

31

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