RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-01506-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01506-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01506-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por José Antonio Albino Flórez, salvo el ordinal tercero que se revoca. En su lugar, se dispone: no condenar en costas por la primera instancia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-01506-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Tema: Retiro de soldado profesional por pérdida de la capacidad
psicofísica.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. José Antonio Albino Flórez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad «de los actos administrativos por medio de los cuales, se declaró
no apto para actividad militar», es decir:

1.1. Acta 30221 del 14 de abril de 2009 suscrita por la Junta Médica Laboral, en la
cual se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 23.5%. Notificada el
16 de abril de 2009.

1
En adelante CPACA.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

1.2. Acta 3925(14) del 7 de octubre de 2009 suscrita por el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, en la que se ratificó la decisión de la Junta
Médica Laboral. Notificada el 9 de octubre de 2009.

1.3. Orden Administrativa de Personal del Comando del Ejército 1659 del 30 de
octubre de 2009, por el cual fue retirado del servicio, en virtud del porcentaje
de pérdida de capacidad laboral establecido.

2. Adicionalmente, se declarara que (i) el retiro fue ineficaz, en razón a que se
realizó con desconocimiento del artículo 15.2 del Decreto 1796 de 2000 y de las
normas constitucionales sobre la estabilidad laboral reforzada; y (ii) no existió
solución de continuidad en la prestación del servicio desde el momento de su
desvinculación hasta la fecha del reintegro.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reintegro en el cargo que
desempeñaba o a otro igual o de superior categoría en labores administrativas o,
en su defecto, se asignaran labores con las que pudiera cumplir una «función útil a
la institución»; y (ii) el pago de los salarios, primas de servicios, cesantías, intereses
a las cesantías, vacaciones, subsidio familiar, subsidio de alimentación y demás
emolumentos dejados de percibir desde el 30 de octubre de 2009 hasta la fecha en
que se hizo efectivo su reintegro, es decir el 18 de mayo de 2015.

4. De forma subsidiaria, si la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Santander determinaba una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se
reconociera la pensión de invalidez.

1.1.2. Fundamentos fácticos

5. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

5.1. Prestó el servicio militar obligatorio como soldado regular desde el 6 de julio de
2000 hasta el 8 de enero de 2002. Posteriormente, fue vinculado como soldado
profesional.

5.2. El 8 de junio de 2002, el superior jerárquico le ordenó abordar un vehículo oficial
y, cuando se desplazaba al municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, ocurrió un
accidente de tránsito en el que sufrió trauma craneoencefálico leve y fractura de
huesos nasales. Fue remitido al Hospital Militar de Bucaramanga, en donde se
prestó la atención médica.

5.3. El 14 de abril de 2009 fue convocado por la Dirección de Sanidad Militar. En el
acta 30221 del 14 de abril de 2009, la Junta Médica Laboral concluyó que las
lesiones eran «1) trauma malar derecho secundario accidente de tránsito, valorado y
tratado quirúrgicamente por cirugía oral y maxilofacial que deja como secuela a) deformidad

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

del piso de la órbita b) enoftalmos ojo derecho, 2) conjuntivitis alérgica valorado y tratado
por oftalmología con medicamentos 3) estrabismo de ojo derecho valorado y tratado
quirúrgicamente por oftalmología sin secuelas en el momento».

5.4. Inconforme con el dictamen, convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía. Este ratificó que la pérdida de la capacidad psicofísica era del
23.5%.

5.5. Con ocasión de lo anterior, se expidió la Orden Administrativa 1659 del 30 de
octubre de 2009, mediante la cual fue retirado del servicio por disminución de la
capacidad psicofísica.

5.6. El 25 de enero de 2010 presentó demanda de tutela -como mecanismo
transitorio- en contra del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que
se ordenara su reubicación en labores administrativas e instructivas; sin embargo,
fue negada por improcedente en ambas instancias.

5.7. El 18 de mayo de 2015 le fue notificada la Orden Administrativa de Personal
1982 del 5 de septiembre de 2014, por medio de la cual se dio cumplimiento a la
sentencia proferida el 2 de septiembre de 2014 por la Corte Constitucional en la que
se ampararon sus derechos y se ordenó a la entidad (i) dejar sin efectos el acto de
retiro; y (ii) reintegrarlo a las filas castrenses a un cargo igual al que desempeñaba
o reubicarlo en una labor en la que pudiera desempeñar funciones administrativas.

5.8. Fue reintegrado al Batallón de Instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento
10 y ha desarrollado labores administrativas desde la fecha en que fue notificado
del acto de cumplimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. Como tales, se citaron los artículos 1, 2, 11, 13, 25, 29, 47, 48, 53 y 54 de la
Constitución Política; 137 del CPACA; 7 y 15.2 del Decreto 1796 de 2000; y 55.3 y
59 del Decreto 1791 de 2000; asimismo, la Declaración de los Derechos del
Deficiente Mental, Declaración de los Derechos de los Impedidos, Convenio 159 de
la OIT, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; en su concepto, porque:

7. El principio de estabilidad laboral reforzada fue establecido como un mecanismo
de integración social aplicable a la población vulnerable, tal como lo estableció la
Corte Constitucional en las sentencias C-531 de 2000, T-1040 de 2001, T-687 de
2006, T-437 de 2009 y T-413 de 2014, en las cuales se estableció que esa
protección comprendía 2 ámbitos: uno positivo que consistía en la garantía de que
las limitaciones que sufriera una persona no impedía prima facie su vinculación
laboral y, uno negativo, en el sentido de que estaba prohibido dar por terminado el
contrato de trabajo de una persona en condición de discapacidad, sin que

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

previamente hubiera obtenido la autorización del Ministerio del Trabajo.
Adicionalmente, este incluía el derecho a la reincorporación o reubicación del
trabajador, sin que ello significara desmejorar sus condiciones de empleo, «sino
buscar alternativas laborales compatibles con su situación».

8. Lo anterior, sumado a que la Corte sostuvo que, si bien era imperioso propender
que el Ejército Nacional contara en sus filas con personal idóneo para lograr su
cometido constitucional, las personas en condición de discapacidad podían ser
aptas para el desempeño de otras labores propias de la institución; en
consecuencia, la entidad castrense tenía «el deber constitucional de intentar su
reubicación a un cargo en el que [pudiera] seguir siendo útil».

9. Además, si bien estaba adscrito a las filas del Ejército Nacional como soldado
profesional, cuando se conoció la disminución de su capacidad laboral fue asignado
a una unidad del Batallón Nueva Granada en la que se desempeñó como auxiliar
de archivo, inclusive, antes de que fuera convocada la Junta Médica Laboral y el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar. No obstante, a pesar de que les fue
informada verbalmente su reubicación laboral, desconocieron el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional.

10. De otro lado, las actas suscritas por dichos órganos colegiados incurrieron en
la causal de nulidad por falsa motivación, en razón a que (i) los conceptos de cirugía
oral y maxilofacial y otorrino se expidieron el 2 y 31 de marzo de 2009; y (ii) el 14 de
abril de 2009 fue convocado a la Junta Médica Laboral y el 7 de octubre del mismo
año al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, lo que significaba
que aquellos «se encontraban vencidos, tal como lo determin[ó] la normatividad vigente».
En consecuencia, el retiro no se podía sustentar en los dictámenes, comoquiera que
no tenía validez por haber transcurrido los 3 meses previstos en la norma.

11. En ese orden, al vencerse los 3 meses, recobró el concepto de aptitud para la
prestación del servicio, como lo sostuvo esta corporación en las sentencias
proferidas el 25 de noviembre de 2010 (0509-10) y el 3 de noviembre de 2011 (2103-
10).

1.2. Contestación de la demanda

12. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

12.1. El solicitante fue reintegrado a la institución desde el 18 de mayo de 2015, en
cumplimiento de la sentencia proferida en sede de revisión por la Corte
Constitucional. En esta providencia, se ampararon los derechos de manera
transitoria y el medio de control fue presentado de manera extemporánea.

12.2. El acto administrativo se ajustó a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1793

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

de 2000, el cual estableció como causal de retiro temporal con pase a la reserva la
disminución de la capacidad psicofísica; asimismo, se agotó el procedimiento de
convocar a la Junta Médica Laboral, la cual estableció una disminución del 23.5% y
fue declarado no apto para la actividad militar, decisión que fue ratificada por el
Tribunal de Revisión Militar y de Policía.

12.3. La afirmación relacionada con la violación de normas superiores era una
apreciación subjetiva y, además, se pretendió que no se diera aplicación a la norma,
sino que se debieran analizar otras circunstancias que «en últimas van en contravía
del sentido de lo que es la Institución Militar y sus fines propiamente dichos» ; ello, por
cuanto el soldado profesional se encargaba de actuar en las unidades de combate
y apoyo, ejecutar operaciones militares para la conservación y restablecimiento del
orden público.

13. Propuso las siguientes excepciones:

13.1. Caducidad: el 30 de octubre de 2009 se expidió el acto por el cual fue retirado
del servicio; sin embargo, no acudió dentro del término de 4 meses a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino que presentó la demanda de tutela el
25 de enero de 2010 aun cuando el término fenecía el 9 de febrero de 2010;
además, acudió al trámite prejudicial hasta el 10 de septiembre de 2015. En ese
orden, no se podía contabilizar el plazo desde la fecha en que conoció la sentencia
proferida por la Corte Constitucional, esto es el 5 de septiembre de 2014, o desde
que fue reintegrado, «pues lo que el actor quería nulitar [era] la orden administrativa de
personal con la que se le retiró del servicio».

13.2. No haber agotado el trámite ante la administración: no se radicó la solicitud
de reconocimiento de la pensión de invalidez.

1.3. Auto que resolvió las excepciones

14. En auto proferido el 7 de septiembre de 2020, el a quo declaró no probada la
excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, por las siguientes
razones:

15. Debía darse aplicación al término de caducidad especial previsto en el artículo
8 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de garantizar su acceso efectivo a la justicia;
en ese sentido, se debía contabilizar desde el día siguiente a la notificación de la
sentencia que otorgó el amparo, pues fue la que surtió efectos condicionados
[ejercer el medio de control ordinario] y transitorios.

16. En el caso concreto, la Orden Administrativa de Personal 1659 del 30 de octubre
de 2009 ordenó su retiro y el 25 de enero de 2010, esto es antes de configurarse la
caducidad, el actor presentó la demanda de tutela que fue negada por improcedente
en primera y segunda instancia; después, en sentencia del 1 de julio de 2014, la

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

Corte Constitucional -en sede de revisión- resolvió levantar la suspensión de
términos, revocar las providencias dictadas y amparar el derecho al trabajo como
mecanismo transitorio hasta tanto la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo
resolviera las acciones que se «hubieren interpuesto con anterioridad o en un término no
mayor a cuatro meses».

17. En ese orden de ideas, como (i) el acto fue notificado el 18 de mayo de 2015,
los 4 meses corrieron desde el 19 de mayo al 19 de septiembre de 2015; (ii) la
solicitud de conciliación fue radicada el 10 de septiembre de 2015; y (iii) el 23 de
noviembre siguiente se expidió la constancia de «no conciliación», la demanda fue
presentada oportunamente el 25 de noviembre de 2015.

18. Finalmente, en lo que concernía a la excepción de inepta demanda por falta de
requisitos formales, la pretensión del pago de la pensión de invalidez estaba
relacionada con el caso bajo examen y, por lo tanto, sería analizada en la sentencia.

1.4. La sentencia apelada

19. Mediante sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Santander (i) declaró la nulidad de la Orden Administrativa de
Personal 1659 del 30 de octubre de 2009; (ii) ordenó el pago de «todos los salarios,
primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y demás prestaciones
dejadas de percibir» desde el momento en que fue dado de baja por disminución de
la capacidad psicofísica hasta cuando fue incorporado en virtud del fallo de tutela
[18 de septiembre de 2015]; «dicho reconocimiento se efectua[ría], con fundamento en
el cargo al que fue incorporado»; y (iii) condenó en costas a la parte vencida.

20. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo de los siguientes temas: retiro
del servicio por disminución de la capacidad psicofísica de los soldados y el derecho
a la permanencia o reubicación de los soldados. A continuación, reseñó los hechos
probados y resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

21. Se solicitó la anulación de las actas de la Junta y Tribunal Médico Laboral; sin
embargo, al momento de fijar el litigio no se dispuso el estudio de estas
valoraciones, en razón a que eran actos de trámite o preparatorios del acto
definitivo. De ese modo, se debía examinar la legalidad de la orden administrativa
de personal porque fue la decisión que modificó la condición laboral del actor, al
disponer su retiro del servicio por pérdida de la capacidad psicofísica.

• Ineficacia de los actos administrativos acusados, por omisión en la aplicación
del inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000

22. De acuerdo con lo demostrado en el proceso, las valoraciones por las
especialidades de «otorrino, cirugía oral y maxilofacial» se practicaron el 2 y 31 de
marzo de 2009, mientras que el dictamen de la Junta Médica Laboral se expidió el

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

14 de octubre de 2009, es decir, no transcurrió un plazo mayor al previsto en la
norma.

23. El actor partió de la fecha en que se convocó al Tribunal Médico Laboral; sin
embargo, este fue integrado como consecuencia de la apelación que presentó
contra la decisión de la Junta Médica Laboral, «decisión esta que sí se profirió dentro
de la oportunidad que señala el artículo 7º del Decreto 1796 de 2000».

• Ineficacia de los actos administrativos por omisión en la aplicación del inciso
segundo del artículo 59 del Decreto 1791 de 2000

24. El artículo referido tenía como destinatarios a los miembros de la Policía
Nacional y, para efectos de lo discutido en la litis y en razón a que la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad condicionada, el Ministerio de Defensa
debió tener en cuenta dicho precedente al momento de disponer el retiro del servicio
por la disminución de la capacidad psicofísica inferior al 50%.

25. En la sentencia C-381 de 2005 se indicó que el retiro del servicio solo procedía
cuando el concepto de la Junta Médica Laboral sobre la reubicación no fuera
favorable y las capacidades del policial no pudieran ser aprovechadas en
actividades administrativas, docentes o de instrucción. En el mismo sentido, se
pronunció la Corte en las sentencias T-437 de 2009 y T-503 de 2010 e, incluso, en
la sentencia que amparó el derecho del actor, pues se indicó que la entidad debía
«adoptar las medidas necesarias para brindar una reubicación, inclusión en programas de
rehabilitación, así como afiliación a seguridad social para continuar con los tratamientos
médicos que se [requiriera] en cada caso, teniendo en cuenta el grado de escolaridad,
habilidades y destrezas».

26. En ese contexto, el Ministerio de Defensa desconoció el precedente
constitucional al ordenar el retiro sin que existiera un pronunciamiento por parte de
la Junta Médica Laboral respecto de la posibilidad de reubicarlo en otras áreas de
la entidad, máxime si (i) el porcentaje y la patología que dio lugar a la pérdida de la
capacidad laboral le daba la posibilidad de laborar en la institución; y (ii) los órganos
colegiados no analizaron sus capacidades residuales, así como sus competencias
para ejercer otras actividades.

27. Aunado a lo anterior, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Santander estableció que la pérdida de la capacidad laboral era del 3.45% y que la
única secuela que presentaba el actor era una lesión ósea facial que producía
alteración en grado mínimo.

28. Así las cosas, si bien el ejercicio de la actividad militar implicaba que el personal
se encontrara en condiciones óptimas para su desempeño, la entidad no podía
pasar por alto que las secuelas no le impedían el ejercicio de otras labores.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

29. En consecuencia, procedía la anulación del acto que lo retiró del servicio, pues
la entidad «no desplegó ninguna actividad tendiente a proteger al demandante en su
trabajo, a pesar de ser sujeto de especial protección, por una parte, y por otra, porque
efectivamente no resulta[ba] aceptable que el retiro se diera por la discapacidad que
padec[ía]».

1.5. El recurso de apelación

30. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:

31. El a quo consideró que las actas de la Junta Médica Laboral y del Tribunal
Médico de Revisión Militar debían excluirse del estudio de legalidad porque fueron
consideradas actos de trámite; sin embargo, ello quebrantó el derecho al debido
proceso, en razón a que estas fueron las decisiones que soportaron la de retiro, «por
tanto no se [podían] mirar de manera aislada como [se] hizo».

32. En la sentencia se indicó que, si bien el ejercicio de la actividad militar requería
que el personal se encontrara en condiciones óptimas para su desempeño, la
entidad no podía desconocer que las secuelas del actor no impedían el desarrollo
de otras actividades en la institución; no obstante, ello no fue señalado por los
miembros de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander. Esta
señaló que «no era su resorte adentrarse en un estudio de posibilidad de reubicación», lo
que significaba que el a quo no pudiera sustentar la decisión «bajo supuestos o
subjetividad impregnada al fallo» al considerar que el actor —por tener una capacidad
inferior al 50%— estaba en condiciones óptimas para desempeñarse como soldado
profesional.

33. Tampoco era aceptable que no se tuviera en cuenta la realidad médica para el
año 2009 y que 14 años después se declarara la nulidad del acto con fundamento
en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander estableció un
porcentaje menor de pérdida de la capacidad psicofísica, «cuando lo que ha debido
desentramar el despacho como quedo fue pedido en las pretensiones y plasmado en el
litigio, si las decisiones de las Actas de Junta Médica y Tribunal eran legales de acuerdo a
la situación médica del señor Albino para ese momento y no lo hizo» [sic].

34. El 7 de octubre de 2009 se determinó la pérdida de capacidad psicofísica por
trauma malar derecho, conjuntivitis alérgica y estrabismo de ojo derecho, las cuales
son secuelas que no eran de menor importancia respecto del desarrollo y funciones
laborales; igualmente, eran estas las que se debían tener en cuenta al momento de
dictar la sentencia y no el concepto rendido 13 años después.

35. Para las afecciones que fueron diagnosticadas, debía acudirse a la literatura
médica para significar su connotación y gravedad, pues —en el caso del
estrabismo—, se presentaba visión doble [diplopía] y superposición de imágenes,
las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de dictar la sentencia y que

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

demostraban que la aptitud para permanecer en la institución estaba por debajo de
los límites y parámetros que las autoridades han propuesto como factibles para
seguir en la fuerza, a tal punto que no se recomendó la reubicación. Ello, sumado a
que, en su momento, el actor no manifestó inconformismo alguno con la decisión de
no reubicarlo.

36. También se incurrió en error al afirmar que el acto de retiro violó las normas de
carácter superior, pues se trató de una apreciación subjetiva del a quo, «enarbolando
su tesis bajo una prueba que no existe (pues la Junta en manera alguna jamás se pronunció
frente a la reubicación), como mal lo sostuvo el despacho».

37. La orden administrativa de personal fue expedida con plena observancia de los
requisitos y formalidades previstas en el artículo 8 del Decreto 1793 de 2000 que
estableció como causal de retiro temporal con pase a la reserva la disminución de
la capacidad psicofísica, especialmente si se tenía en cuenta que esta valoración
solo podía ejecutarse por la autoridad instituida en la ley para tal efecto.

1.6. Trámite de la segunda instancia

38. En auto del 23 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de diciembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en los términos de la Ley 2080
de 2021.

39. Dentro del término de ejecutoria, el Ministerio de Defensa Nacional presentó
escrito de «intervención en segunda instancia», en el que reiteró los argumentos
expuestos en la apelación.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

40. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones
y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

41. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

41.1. ¿José Antonio Albino Flórez, quien se desempeñó como soldado
profesional del Ejército Nacional, tiene derecho al pago de los salarios y

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

prestaciones, en razón a que el acto administrativo que ordenó su retiro fue
expedido con desconocimiento de las normas que prevén la estabilidad
laboral reforzada de quienes ven menguada su capacidad laboral?

41.2. ¿Debía realizarse el análisis de legalidad de las actas suscritas por la Junta
Médica Laboral y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía o era suficiente
el examen del acto administrativo que ordenó el retiro de José Antonio
Albino Flórez por pérdida de la capacidad psicofísica?

42. Para resolver el anterior problema jurídico, se seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero, se desatará lo relativo al retiro del servicio; y segundo, se
resolverá el cargo de apelación relacionado con el examen de legalidad de las actas
suscritas por la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. El retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica de los
uniformados del Ejército Nacional

43. El Decreto 094 de 19892 previó que la capacidad sicofísica era necesaria para
el ingreso y permanencia en el servicio, de acuerdo con la categoría y cargo [artículo
2]. Esta se calificaba con los siguientes conceptos: (i) apto: el que presentara
condiciones psicofísicas que permitieran desarrollar normal y eficientemente la
actividad militar, policial o civil; (ii) aplazado: quien presentara alguna enfermedad
y que, mediante tratamiento, pudiera recuperar su capacidad para el desempeño
del cargo, empleo o funciones; y (iii) no apto: quien sufriera alguna alteración
psicofísica que no le permitiera desarrollar normal y eficientemente la actividad
militar, policial o civil [artículo 3].

44. A su turno, en su artículo 19 dispuso que los organismos médico-laborales
militares y de policía serían la Junta Médica Laboral y el Tribunal de Revisión, los
cuales tendrían la función de «llevar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y
secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los
correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar» y
revisar las reclamaciones que se presentaran contra aquellas, respectivamente.
Asimismo, aquellas [las juntas] debían estar fundamentadas en la ficha de aptitud
psicofísica, el examen clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes
remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y diagnóstico de las
lesiones o afecciones basados en conceptos escritos de especialistas [artículo 21].

2
«Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional».

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

45. Por su parte, el Decreto 1796 de 20003 definió la capacidad psicofísica como el
conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y
psicológico que se debían reunir para ingresar y permanecer en el servicio, en
consideración al cargo, empleo o funciones [artículo 2].

46. Igualmente, estableció que serían organismos médico-laborales militares y de
policía la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía [artículo
14]. La primera, se encargaría de (i) valorar y registrar las secuelas definitivas de
las lesiones o afecciones diagnosticadas; (ii) clasificar el tipo de incapacidad y
aptitud para el servicio, «pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo
amerite»; (iii) determinar la disminución de la capacidad psicofísica; (iv) calificar la
enfermedad según sea profesional o común; (v) registrar la imputabilidad al servicio;
y (vi) fijar los correspondientes índices de lesión. El segundo, conocería en última
instancia de las reclamaciones que se presentaran contra las decisiones de la junta
y, en consecuencia, podría ratificarlas, modificarlas o revocarlas.

47. Y, en el artículo 22, se dispuso que «[l]as decisiones del Tribunal Médico-Laboral
de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden
las acciones jurisdiccionales pertinentes».

48. Para el caso de los soldados profesionales, el Decreto 1793 de 20004 en su
artículo 8 dispuso que una de las causales de retiro temporal con pase a la reserva
sería la disminución de la capacidad psicofísica, esto es —según el artículo 10—
cuando no reuniera «las condiciones de capacidad y aptitud [...] determinadas por las
disposiciones legales vigentes [...]».

49. Este último canon fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-068 de 2018, bajo el entendido de que «el retiro por disminución de la
capacidad psicofísica de los soldados profesionales del Ejército Nacional sólo procede
cuando el concepto de la Junta Médica Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus
capacidades no puedan ser aprovechadas en otras actividades administrativas, de
mantenimiento o de instrucción, entre otras».

50. Del mismo modo, en el artículo 37 se previó que los soldados profesionales
quedaban sometidos al Código Penal Militar, el Reglamento Disciplinario de las
Fuerzas Militares, a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades,
invalideces e indemnizaciones del personal de las Fuerzas Militares y a las normas
que regulaban el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

3
«[P]or el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
4
«[P]or el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto de Personal de Soldados Profesionales
de las Fuerzas Militares».

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

2.3.2. La diversidad funcional, cognitiva o anatómica

2.3.2.1. Delimitación del concepto

51. La dignidad humana, entendida como «una expresión del alma que aflora en el
cuero y por ello vence todos los peligros y adversidades, permitiendo la realización de los
derechos que universalmente se le ha reconocido a todo hombre por su sola condición
humana»5 y, por consiguiente, como un valor central del cual se derivan derechos
como la justicia, vida, igualdad y solidaridad, implica «reconocer al otro como otro yo»6
y representa un elemento de la naturaleza de todos los seres humanos que se
aprecia en la realidad de cada uno cuando se evidencia una amenaza o vulneración
a los derechos a través de hechos o palabras constitutivas de discriminación.

52. En efecto, se ha señalado que la dignidad «es el valor básico que fundamenta los
derechos humanos, ya que su afirmación no sólo constituye una garantía de tipo negativo
que protege a las personas contra vejámenes y ofensas de todo tipo, sino que debe también
afirmar positivamente a través de los derechos el pleno desarrollo de cada ser humano y
de todos los seres humanos»7.

53. A pesar de que se han dado múltiples connotaciones a la dignidad del ser
humano, todas se encaminan a la protección de su existencia y de los derechos que
de esta se derivan, entre los cuales está la igualdad en el trato, así como la garantía
de que, en cualquier escenario, el Estado y demás seres humanos deberán evitar
la discriminación en cualquiera de sus formas.

54. Ciertamente, toda persona tiene el derecho a exigir un trato justo, igual y/o
equitativo acorde con su condición y ninguna otra o el Estado pueden limitarla en
ninguna circunstancia, en razón a que es a partir de ella que se erigen todas las
condiciones para una existencia apropiada. Por ello, su garantía debe provenir de
las acciones, costumbres, palabras y de cualquier otro escenario que represente la
evolución de la sociedad.

55. Lo anterior, por cuanto la calificación de las diversas circunstancias o
situaciones, así como de la persona en sí misma considerada, ha evolucionado en
el transcurso del tiempo y, por ello, deben ajustarse a los postulados de este valor
y a la realidad actual, como ocurre con el uso del lenguaje. Así lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-1088 de 2004:

«En este orden de ideas, frente a un sistema político y jurídico que afianza la
legitimidad del poder público en el respeto irrestricto que merece la persona
humana como un ser con múltiples potencialidades en vías de realización, ya
no puede manejarse la lógica discursiva de hace dos siglos. En este

5
Pro Humanitas. El concepto de “dignidad de la persona humana” a la luz de la teoría de los derechos
humanos. II semestre de 2007. N° 1. Enlace de consulta:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/R21814.pdf
6
Ibidem.
7
Óp. Cit.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

momento, los derechos humanos son el fundamento y límite de los poderes
constituidos y la obligación del Estado y de la sociedad es respetarlos,
protegerlos y promoverlos. De allí que al poder político ya no le esté permitido
aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología
que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de cosas.»

56. Justamente, ese deber de protección, garantía y respeto de la dignidad humana
concierne a todas las personas y al Estado, máxime cuando se trata de la
apreciación de sujetos que se encuentran en situaciones de vida diversas y que
pueden ser sometidos a tratos discriminatorios que están proscritos por el derecho
internacional y la Constitución Política.

57. De ahí que, desde aquel —el lenguaje—, se exija sumo cuidado en la
descripción de las condiciones de vida de cualquier ser humano, pues «el léxico de
toda lengua encarna, reproduce y afianza las construcciones sociales, económicas,
políticas, culturales e ideológicas dominantes»8, en razón a que «el lenguaje influye
poderosamente sobre el pensamiento»9 y, por consiguiente, en el avance de la
sociedad de cara a la diversidad de circunstancias en las que se pueden encontrar
las personas. En otras palabras, «el lenguaje no tiene como función la expresión de los
individuos, sino el control mutuo de la conducta por parte de los actores sociales»10.

58. Ello se evidencia, concretamente, en la terminología utilizada por el legislador
para referirse a las personas con disminución de su capacidad psicofísica y que ha
sido objeto de análisis por la Corte Constitucional.

59. Por ejemplo, en la sentencia C-478 de 2003 se declaró la inexequibilidad de las
expresiones «los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos
a [...]», «[...] de imbecilidad o idiotismo» y «[...] o de locura furiosa» de los artículos 140.3
y 545 del Código Civil, con fundamento en que era discriminatorio y contrario a la
dignidad humana.

60. En la sentencia C-1088 de 200411 se sostuvo que era posible que el legislador,
para definir una institución, acudiera a una terminología que en el momento de
expedición de la norma fuera compatible con el estado de la ciencia y también que
quedara relegada «ante la redefinición de los parámetros de racionalidad de las
sociedades modernas y que lo [fuera] de tal manera que no solo no se adecu[ara] a tales
parámetros, sino que los contrar[iara]. Por esto, era comprensible que en el Código
Civil las enfermedades mentales se hubieran calificado como «locura furiosa» porque
en ese momento no existían razones para atribuirle la carga peyorativa que hoy
tiene; no obstante, a la luz del Estado social de derecho, «la lectura de la valía del ser
humano [era] muy diferente y lo [era] al punto que su dignidad y sus derechos, de la mano

8
Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015.
9
Beltrán, Miguel. Sobre el lenguaje como realidad social. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales No. 7, Universidad Autónoma de Madrid, 1990.
10
Ibidem.
11
En la que se examinó las expresiones «si la locura fuere furiosa» y «loco» del artículo 548 del Código
Civil.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

de la democracia pluralista, se [convertían] en el fundamento del nuevo orden institucional.
En esta nueva visión, el ser humano [debía] ser tratado como tal y no como un espécimen
más de la naturaleza o como una cosa susceptible de definirse con cualquier tipo de
lenguaje». Por lo anterior, respecto de las expresiones «loco» y «locura furiosa»,
expuso lo siguiente:

«No puede perderse de vista que las normas demandadas generan una
discriminación cierta contra las personas con discapacidad mental. En efecto,
el contenido expresivo del modo peyorativo de las expresiones “loco” o “locura
furiosa” ubica el asunto de la discapacidad mental en un ámbito de división
entre la normalidad y la anormalidad, en el cual se excluye a los
discapacitados de su condición de personas con iguales condiciones y
derechos, situación que es diametralmente opuesta al cumplimiento de los
deberes positivos de promoción hacia las personas que por su condición
mental están en condiciones de debilidad manifiesta y que son impuestos al
Estado por el artículo 13 Superior.»

61. En la sentencia C-458 de 2015 se analizaron —entre otras— las expresiones
«inválido», «minusvalía», «discapacitados», «personas con limitaciones», «personas
discapacitadas», «limitado auditivo», «sordo», «personas con limitación», «limitados»,
«individuos con limitaciones», «población minusválida», «inválido» y «discapacitado» que
se incluyeron en Las Leyes 100 de 199312, 115 de 199413, 119 de 199414, 324 de
199615, 361 de 199716, 546 de 199917, 860 de 200318, 797 de 200319, 1114 de
200620, 1438 de 201121 y 1562 de 201222.

62. En esta providencia se realizó un amplio examen de las impropiedades
lingüísticas del legislador y, en el caso concreto, sostuvo que expresiones como
«inválido», «con capacidades excepcionales» o «sordo», para el momento de
expedición de las normas, no tenían la connotación peyorativa, sino que «fueron

12
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
13
«Por la cual se expide la Ley General de Educación».
14
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149
de 1992 y se dictan otras disposiciones».
15
«Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda».
16
«Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones».
17
«Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales
a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su
financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones».
18
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
19
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
20
«Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y
el artículo 6 de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social».
21
«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones».
22
«Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional».

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

concebidas en su momento como una alternativa léxica neutra y sustituyeron otros vocablos
que adquirieron un matiz discriminatorio»; en cambio, los voces «minusvalía»,
«discapacitados», «personas con limitaciones», «población minusválida» [entre otros] sí
atentaban contra la dignidad humana, comoquiera que no se trataba de palabras o
frases que respondieran a criterios definitorios de técnica jurídica, sino que solo eran
formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o situaciones, «opciones para
designar que no [eran] sensibles a los enfoques más respetuosos de la dignidad humana».
Igualmente, consideró:

«Los fragmentos acusados generan discriminación porque corresponden a un
tipo de marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones
reduccionistas y que radican la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad.
Con ello, definen a los sujetos por una sola de sus características, que
además no les es imputable a ellos, sino a una sociedad que no se ha
adaptado a la diversidad funcional de ciertas personas.

No cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje como forma
en la que se manifiesta la legislación, que es un vehículo de construcción y
preservación de estructuras sociales y culturales. Ese rol de las palabras
explica que las normas demandadas puedan ser consideradas
inconstitucionales por mantener tratos discriminatorios en sus vocablos. Cabe
recordar que el mandato de abstención de tratos discriminatorios ostenta
rango constitucional (art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de este tipo –
incluso cuando se expresa a través de la normativa- está proscrito.

21. La discriminación aludida se manifiesta porque las expresiones
acusadas -“los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales”, “y
minusvalía”, “minusvalía” “y minusvalías”, “los discapacitados”, “personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas”, “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales”, “personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales”, “personas con
limitaciones”, “personas discapacitadas”, “limitado auditivo”, “limitados
auditivos”, “personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona
con limitación”, “población con limitación” o “personas limitadas físicamente”,
“población limitada”, “limitación”, “limitaciones”, “disminución padecida”,
“limitados”, “limitada”, “población minusválida”, “minusválidos”,
“discapacitado” y “discapacitados”- contribuyen a la generación de una mayor
adversidad para las personas en situación de discapacidad, pues ubican su
situación como un defecto personal, que además los convierte en seres con
capacidades restringidas que tienen un menor valor. Esta carga propia de las
palabras citadas hace que los procesos de dignificación, integración e
igualdad sean más complejos.

En efecto, las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen
una carga no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria
de derechos en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido
el enfoque social de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser
exequibles expresiones que no reconozcan a las personas en condición de
discapacidad como sujetos plenos de derechos, quienes a pesar de tener
características que los hacen diversos funcionalmente, deben contar con un
entorno que les permita desenvolverse con la mayor autonomía posible, pues
son mucho más que los rasgos que los hacen diversos y pueden ser parte de
la sociedad si ella se adapta a sus singularidades y les da el valor que les

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

corresponde como individuos, en concordancia con el derecho a la dignidad
humana (art. 1º CP).

22. De los fundamentos anteriores puede concluirse que los fragmentos
acusados son inconstitucionales por utilizar un lenguaje vejatorio frente a
sujetos de especial protección constitucional.»

63. A pesar de lo anterior, indicó que no era factible adoptar un fallo de
inexequibilidad simple debido a la naturaleza de las normas, toda vez que, a pesar
de que quisieron adoptar medidas para las personas en condición de discapacidad,
usaron una terminología vejatoria y discriminatoria. Por tal razón, declaró la
exequibilidad condicionada, en el entendido que: (i) «minusvalía» debía
reemplazarse por «invalidez»; (ii) «los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales»
por «personas en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial»; y (iii) las demás
por «personas en situación de discapacidad».

64. Luego, en sentencia C-147 de 2017 —al examinar la expresión «al
discapacitado» del artículo 2 de la Ley 1145 de 200723— expuso que «los términos
utilizados en la ley no [eran] solamente el reflejo de una representación social o cultural
preexistente, sino que [contribuían] a mantener determinadas formas de entender la
realidad, y crear nuevas maneras de comprenderla», pero precisó que la sola carga
emotiva o la connotación negativa de una expresión lingüística no era suficiente
para declarar la inconstitucionalidad porque debía tener la potencialidad de afectar
el sistema axiológico «sobre el que descansa[ba] la Constitución» y desde el año 200724
se puntualizó que al juez constitucional le estaba prohibido excluir del ordenamiento
una expresión lingüística al margen de su contenido normativo solamente por
deficiencias sintácticas o semánticas.

65. No obstante, consideró que el fragmento mencionado era la expresión de un
escenario de exclusión «velado y oculto» que configuraba una expresión
reduccionista sobre una sola de las características de la persona que, además, no
le era imputable porque aquella recaía «en una sociedad que no se adapta[ba] a la
diversidad funcional de los seres humanos». Más adelante, sostuvo que ese léxico
generaba una mayor adversidad para las personas en situación de discapacidad y
constituía una carga peyorativa y vejatoria que hacía más difíciles los procesos de
dignificación, integración e igualdad de este especial grupo.

66. A más de los anteriores pronunciamientos, la Corte Constitucional se refirió al
lenguaje utilizado por el legislador que puede resultar peyorativo y discriminatorio
en las sentencias T-170 de 2024, C-025 de 2021, T-436 de 2022, SU-049 de 2017,
T-019 de 2023, SU-380 de 2021, C-046 de 2019, C-135 de 2017, C-110 de 2017,
C-001 de 2018, entre otras.

23
«Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras
disposiciones».
24
En la sentencia C-078 de 2007.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

67. En suma, el lenguaje como elemento de construcción social, debe erigirse sobre
el mandato de eliminar cualquier forma de discriminación. Este recae en todas las
personas, pero especialmente en el legislador, el juez y todas las autoridades
estatales, en razón a que son las decisiones, leyes, reglamentos y actos
administrativos los que demarcan la protección de la dignidad humana y estructuran
la cultura de protección e inclusión de las personas con disminución de la capacidad
psicofísica.

68. Por lo anterior, en línea con lo expuesto en precedencia, en esta providencia se
hará alusión a dichos sujetos de especial protección constitucional como personas
en condición de discapacidad o en situación de diversidad funcional, anatómica o
cognitiva, descripción que también fue adoptada, por ejemplo, en las sentencias C-
042 de 2017, T-573 de 2016 y T-875 de 2014.

69. Precisado lo anterior, se abordará el marco normativo y jurisprudencial que
regula la protección de los uniformados con disminución de la capacidad laboral.

2.3.2.2. Los uniformados como sujetos de especial protección
constitucional en razón de su capacidad psicofísica

70. Tanto en el plano internacional como nacional, se ha propendido por garantizar
a todos los ciudadanos su dignidad humana.

71. En efecto, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se
dispuso que toda persona «tiene derecho a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo», «considerando
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana».

72. Por su parte, en la Declaración de Cartagena de Indias [1992] se estableció que
uno de los objetivos se debía contraer a ayudar a las «personas con discapacidades»
a obtener y conservar un empleo adecuado, a progresar profesionalmente y, en
definitiva, a lograr su integración social; estas medidas de capacitación profesional
debían ser accesibles y habría de extenderse a todos los «sectores de actividad», a
fin de acrecentar las oportunidades ocupacionales y adaptarse a la evolución de los
mercados de trabajo. A más de ello, debían «adoptarse medidas para evitar cualquier
tipo de discriminación contra las personas con discapacidades en el acceso al trabajo, en
la cuantía de las retribuciones y en la promoción laboral».

73. Lo anterior, con fundamento en el Convenio 159 de la OIT25, según el cual se
debía considerar que «la finalidad de la readaptación profesional [era] la de permitir que
la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que

25
Aprobado por el Congreso de la República con la Ley 82 de 1988 y ratificado el 7 de diciembre de
1989.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad» y,
también en la Recomendación 168, en la cual se indicó que dichas personas debían
disfrutar en igualdad de oportunidades y trato en cuanto al acceso, la conservación
y la promoción de un empleo que, siempre que fuera posible, correspondiera a su
elección y a sus aptitudes individuales.

74. Del mismo modo, en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad26, se consignó
que toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, que tuviera
«el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de
las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales» se
consideraba discriminación y, por ello, se debían adoptar las medidas para
promover su integración.

75. Y, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
[2006]27, también se estableció la obligación de tomar las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada, discriminara por motivos de
discapacidad y se reconoció el derecho a trabajar «en igualdad de condiciones con las
demás [personas]; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado»; alentar las
oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y «apoyarlas para la búsqueda, obtención,
mantenimiento del empleo y retorno al mismo»; y emplear a las personas con
discapacidad en el sector público.

76. A nivel nacional, los cánones de la Constitución Política también protegen
ampliamente a las personas en situación de diversidad funcional, cognitiva o
anatómica:

76.1. Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.

76.2. Artículo 2: los fines esenciales del Estado se concretan, particularmente, en
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes. Así, las autoridades están instituidas para proteger a
todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertados y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.

76.3. Artículo 5: el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona.

26
Ratificada por Colombia el 12 de abril de 2003.
27
Aprobada en la Ley 1346 de 2009.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

76.4. Artículo 13: todas las personas son iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Además, el Estado (i)
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados; y (ii) protegerá
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

76.5. Artículo 25: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

76.6. Artículo 47: el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran.

76.7. Artículo 54: es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y «garantizar
a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud».

76.8. Artículo 68: la erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales, son obligaciones especiales del Estado.

77. Asimismo, se ha protegido a las personas en condición de discapacidad en las
Leyes 361 de 199728, 909 de 200429, 982 de 200530, 1306 de 200931, 1618 de
201332, 1752 de 201533, entre otras.

28
«Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones».
29
«Artículo 52. Protección a los desplazados por razones de violencia y a las personas con algún
tipo de discapacidad. Cuando por razones de violencia un empleado con derechos de carrera
administrativa demuestre su condición de desplazado ante la autoridad competente, de acuerdo con
la Ley 387 de 1997 y las normas que la modifiquen o complementen, la Comisión Nacional del
Servicio Civil ordenará su reubicación en una sede distinta a aquella donde se encuentre ubicado el
cargo del cual es titular, o en otra entidad. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación
con las respectivas entidades del Estado, promoverá la adopción de medidas tendientes a garantizar,
en igualdad de oportunidades, las condiciones de acceso al servicio público, en empleos de carrera
administrativa, a aquellos ciudadanos que posean discapacidades físicas, auditivas o visuales, con
el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su condición. En todo caso, las entidades del Estado,
estarán obligadas, de conformidad como lo establece el artículo 27 de la Ley 361 de 1997 a preferir
entre los elegibles, cuando quiera que se presente un empate, a las personas con discapacidad.»
30
«[P]or la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las
personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones.»
31
«Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación de las personas con discapacidad mental absoluta».
32
«Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad».
33
Que modificó la Ley 1482 de 2011, para sancionar la discriminación contra las personas con
discapacidad.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

78. Y, para las Fuerzas Militares y de Policía, también se han expedido distintas
normas como la Ley 1471 de 2011 «[p]or la cual se dictan normas relacionadas con la
rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de
formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de
la Policía Nacional» y los Decretos 1381 y 1382 de 2015 relacionados con la Dirección
del Centro de Rehabilitación Inclusiva, en razón a que en la Resolución 4584 de
2014 -expedida por el ministro de defensa nacional- se adoptó la política de
discapacidad del sector seguridad y defensa

79. En igual sentido, (i) el instructivo 056 de 2010 de la Dirección de Sanidad, por
el cual se impartieron las orientaciones para la formulación, suministro y control de
insumos y productos de apoyo para los usuarios en situación de discapacidad del
sistema de salud; (ii) la Circular 324 de 2014 en la que se establecieron los
lineamientos de la inscripción al Registro para la Localización y Caracterización de
las Personas con Discapacidad de la Fuerza Pública; (iii) el Acuerdo 059 de 2015
que estableció la política para la atención en salud; y (iv) el Acuerdo 062 de 2015,
por el cual se definieron las políticas generales y se señalaron los lineamientos para
la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia en salud pública.

80. También, en la Directiva Transitoria DIR 2014-2, se mencionó la política de
discapacidad, la cual pretendía «articular esfuerzos de las entidades del Sector
Seguridad y Defensa así como la coordinación con las entidades externas, para militar la
deuda social con los Miembros de la Fuerza Pública». En aquella, se establecieron, entre
otros, los siguientes principios orientadores:

80.1. Dignidad humana y corresponsabilidad: «[l]as personas con discapacidad
deberán verse como agentes activos, con derechos y deberes, y todas las acciones
que se tomen dentro del sector deberán ir encaminadas a fortalecer esta visión».

80.2. Accesibilidad, igualdad de oportunidades y no discriminación: «[...]
independientemente del grado, género o condición socioeconómica de [las]
personas con discapacidad (PcD), se les deberá garantizar a todos y cada uno la
igualdad de oportunidades en el acceso a las herramientas para desarrollar un
nuevo proyecto de vida».

80.3. Visión holística de la discapacidad: «[l]as acciones que se tomen para la
prevención de la discapacidad y para la rehabilitación integral deberán tener en
cuenta todas las dimensiones en las que se desenvuelve el ser humano: personal,
familiar y social, así como el aspecto funcional, psicológico, profesional, etc., de la
mano con el nuevo paradigma de la discapacidad».

80.4. Enfoque diferencial: «[a]unque la PDSSD [Política de Discapacidad del sector
Seguridad y Defensa] provea los principios genéricos para la rehabilitación, el
proceso será diferente para cada individuo, teniendo en cuenta factores como el
origen de su lesión, sus habilidades y capacidades, sus expectativas, su contexto

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

familiar, género, condición socioeconómica. [...] Por consiguiente, para garantizar
el pleno ejercicio de los deberes y derechos de los miembros de la Fuerza Pública,
será vital la coordinación entre las entidades del sector con entidades externas,
familia y comunidad».

81. Para desarrollar la política en los términos de la Ley 1471 de 2011, se
establecieron las fases del Sistema de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Integral
como (i) previsión, prevención y protección: (ii) rehabilitación funcional; y (iii)
inclusión.

82. Por último, la jurisprudencia también ha desarrollado la protección de las
personas en condición de discapacidad como los uniformados que ven menguado
su estado de salud por las labores que desarrollan.

83. La Corte Constitucional, en la sentencia C-531 de 2000, al analizar la
constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, señaló que dichas personas
gozan de una estabilidad laboral reforzada, la cual garantiza la permanencia en el
empleo, luego de haber adquirido la limitación física sensorial o psicológica;
además, que para lograr ese fin debían «adelantarse programas de rehabilitación y
capacitación necesarias para que se les permit[iera] alcanzar una igualdad promocional en
aras del goce efectivo de sus derechos».

84. En la sentencia C-381 de 2005, al estudiar la legalidad de los artículos 55, 58 y
59 del Decreto 1791 de 200034, puntualizó que «no puede vulnerarse el derecho a la
igualdad de las personas discapacitadas y que por contera ello constituye un acto
discriminatorio, por lo menos en dos situaciones “por un lado la conducta, actitud o trato,
consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y
oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio
consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los
discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u
oportunidad”».

85. Por su parte, en la sentencia C-063 de 2018, al estudiar el artículo 10 del
Decreto 1793 de 2000 supra citado, ahondó en la igualdad en sentido material que
apunta a superar las desigualdades que afrontan las personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta y en el deber del Estado de desarrollar acciones
afirmativas en relación con las personas en condición de discapacidad, con el fin de
eliminar las barreras sociales, lograr su integración y hacer posible su participación
en las distintas actividades que desarrollan en la sociedad.

86. Seguidamente, abordó lo relativo al retiro de los soldados profesionales por
disminución de su capacidad psicofísica y adelantó un test estricto de igualdad, en
el cual consideró que, era cierto que los soldados profesionales actuaban en las
unidades de combate y como apoyo en la ejecución de las operaciones militares,

34
«[P]or el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

además, ejecutaban las maniobras de combate, por lo tanto, era claro que debían
estar en el pleno uso de sus capacidades porque de ello dependía el éxito de la
misión militar; por ello, el retiro pretendía que una persona que no estuviera en su
100% de aptitud no fuera a combate, lo cual atendía un fin válido.

87. Sin embargo, consideró que el retiro del soldado con pase a la reserva
vulneraba la Constitución y el sistema de protección de las personas en situación
de discapacidad, toda vez que si bien el Ejército Nacional tenía como objeto la
defensa de la soberanía nacional, también ejecutaba actividades de otro tipo como
las administrativas, docentes o de mantenimiento que podían ser ejecutadas por
personas que, si bien tenían algún grado de discapacidad [menor al 50%], podían
ser empleadas en otro tipo de labores. En ese orden, dicha medida [retiro] era la
que más afectaba los derechos de los soldados, aunado a que la legislación no
buscó alternativas que armonizaran el objetivo de la norma con la obligación de
eliminar barreras y de satisfacer los derechos de las personas que tienen
habilidades o potencialidades diversas que podían ser aprovechadas. A renglón
seguido, expuso in extenso:

«65. Finalmente, es evidente que los beneficios de retirar a los soldados
profesionales del servicio por la pérdida de sus capacidades psicofísicas, no
se comparan con las restricciones a los derechos fundamentales a la igualdad
y a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condiciones de
discapacidad, pues tal sacrificio de derechos resulta altamente
desproporcionado.

Es claro que si la norma asume a los soldados como personas que deben ser
retiradas cuando se disminuye su capacidad psicofísica, la misma se funda
en un modelo de marginación de la discapacidad, que contribuye a perpetuar
las barreras sociales de discriminación, y que tanto los mandatos nacionales
como los internacionales pretenden derrumbar. Más aún si se tiene en cuenta
que el Legislador, a través de las consagraciones normativas demandadas,
lejos de propiciar por la materialización del derecho a la igualdad, lo que
genera es la habilitación para que los despidos discriminatorios estén
avalados y sea el mismo Estado quien perpetúe estereotipos y contribuya al
rechazo y exclusión de una población que, en términos constitucionales, es
sujeto de especial protección.

En conclusión, el ordinal 2 del literal a) del artículo 8º y el artículo 10º del
Decreto 1793 de 2000, establecen una medida que es desproporcionada
(tercera respuesta).

66. En suma, si bien los artículos 8º y 10º acusados tienen un fin legítimo,
imperioso e importante, la medida adoptada no es adecuada, necesaria, ni
proporcional, pues quebranta los derechos a la igualdad y a la estabilidad
laboral reforzada de las personas en condiciones de discapacidad.

[...]

68. En ese orden de ideas, las normas acusadas resultarían
inconstitucionales, salvo que se las armonice con la acción positiva por parte
del Estado que debe brindar a este grupo poblacional la posibilidad de
potenciar sus otras habilidades en términos de inclusión social, y no de

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

exclusión, lo anterior de conformidad con el modelo social de la discapacidad.
Así, en los fundamentos jurídicos 38 a 44 se recordó que el Estado también
tiene una obligación de hacer derivada de los artículos 13, 53 y 54, que se
materializa con la consagración de acciones afirmativas en favor de los grupos
marginados, vulnerables o históricamente discriminados. Por ello, es
necesario que el contenido de las normas sea ajustado a la Constitución a
través de un pronunciamiento condicionado.

69. Una afectación menor de los derechos de las personas en condición de
discapacidad, que les permita seguir trabajando en la institución siempre que
posean capacidades diversas para desempeñar aquellas funciones que no
tengan relación con las operaciones militares o de combate, permitiría que el
fin normativo se cumpla y que la protección constitucional y el modelo social
de la discapacidad no se quebranten. Por ello, si se demuestra que un soldado
profesional puede realizar otro tipo de funciones dentro de la institución, no
resulta razonable que se le retire de la misma.

Con fundamento en lo expuesto, una persona con disminución de su
capacidad psicofísica (no superior al 50%) no podrá ser retirada del Ejército
por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de
realizar alguna otra labor administrativa, de mantenimiento o de instrucción,
entre otras. Lo anterior no implica que exista un derecho absoluto para los
soldados profesionales, pues esta Corte también ha indicado que cuando se
desborda la capacidad del empleador la medida de reubicación laboral no
puede ser oponible a este. En efecto, la sentencia T-1040 de 200135, precisó
que se trata de un derecho cuyo ejercicio se encuentra condicionado por 3
aspectos relacionados entre sí: (i) el tipo de función que desempeña el
trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del cargo y (iii) la capacidad del
empleador. Al respecto, esa providencia dijo:

“Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o
dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del
servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el
interés legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación de
poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la
oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación.”

70. Por ello es imprescindible que la autoridad técnica especializada (Junta
Médica Militar) que realice una valoración médica e integral al individuo que
tenga alguna disminución en su capacidad psicofísica, revise a partir de
criterios técnicos, objetivos y especializados la posibilidad de que dicha
persona sea reubicada en labores acorde a sus capacidades. Solamente
después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se
concluya que el Ejército Nacional no tiene una fuente de empleo para que esa
persona desarrolle alguna actividad acorde con sus capacidades dentro de la
institución, podrá ser retirada del Ejército Nacional. Esa autoridad, conforme
a lo indicado en los fundamentos jurídicos 26 a 31, es la Junta Médica Laboral.
No puede dejarse tal atribución a la mera liberalidad del superior o a
cuestiones eminentemente subjetivas.» [se resalta]

88. De acuerdo con este pronunciamiento, compartido pacíficamente por esta
corporación, cuando un soldado sufra lesiones o enfermedades que disminuyan su
capacidad laboral que le impidan desarrollar su actividad militar, la entidad deberá

35
M. P. Rodrigo Escobar Gil.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

determinar si sus habilidades o conocimientos le permiten desarrollar otras labores
que no afecten su estado de salud y contribuyan a garantizar su derecho al trabajo.
Si después de valorar estos aspectos se concluye que no es posible «aprovechar»
sus aptitudes en otra área, procederá el retiro del servicio.

89. Es menester indicar que la Corte Constitucional sostuvo que la Junta Médica
Militar es la encargada de realizar la valoración y determinar si es posible la
reubicación; sin embargo, la Sala considera que puede ocurrir que, al momento de
emitir el dictamen, esta no tenga todos los documentos necesarios para establecer
la situación real del uniformado y que sí se encuentran en los archivos de otra
dependencia.

90. Por ello, la Sala considera que, si bien es cierto que es la junta el organismo
habilitado para determinar si es posible o no la reubicación laboral, ello no constituye
una camisa de fuerza para la entidad, pues es esta la que tiene conocimiento sobre
su planta de personal, de todas las funciones alternativas que se pueden desarrollar
y de la hoja de vida completa del militar. En ese orden, previamente a expedir el
acto administrativo, esta deberá también adelantar el examen correspondiente.

91. Lo señalado de manera alguna se opone al criterio expuesto por la Corte
Constitucional, por el contrario, garantiza que no solo un organismo, sino otras
autoridades, también efectúen una valoración objetiva y razonada de las labores
administrativas, de docencia o instrucción que podría desarrollar el militar de cara a
su estado de salud disminuido. Además, con ello se cumple en estricto sentido el
deber del Estado de evitar la discriminación por esta razón y garantizar la protección
laboral reforzada impuesta por la Constitución.

92. Incluso, también se acompasa con lo sostenido por la Corte en sede de tutela,
pues en la sentencia T-928 de 2014, señaló que (i) en el principio de integración
laboral, el Estado tiene la obligación de reubicar a los sujetos que merecen especial
protección constitucional en la medida de sus capacidades; y (ii) para determinar la
reubicación, es necesario tener en cuenta 2 elementos:

92.1. El subjetivo, que se refiere a que la persona esté física y mentalmente en la
capacidad de desarrollar labores administrativas, docentes o de instrucción
dentro de la institución.

92.2. El objetivo, que se relaciona con la definición de la labor que efectivamente
puede ser asignada, teniendo en cuenta la disponibilidad de un cargo que
corresponda a los estudios, preparación y capacitación del sujeto.

93. Precisamente, es en el segundo en el que la entidad, a través de la respectiva
dependencia, debe examinar las alternativas para propender por la reubicación del
soldado, esto es todas las labores, distintas de la militar, que se realizan en la
institución de acuerdo con la afección que presente.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

94. Agregase a lo expuesto que en la sentencia T-1048 de 2012, la alta corporación
también sostuvo lo siguiente:

«En efecto, como se indicó en el acápite de consideraciones de esta
providencia, una vez la Junta Médica Laboral o el Tribunal Médico Laboral
concluyan que el afectado no es apto para el desarrollo de la actividad policial,
esas autoridades deben analizar, con base en “criterios técnicos, objetivos y
especializados […] si dicha persona tiene capacidades que puedan ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción
propias de la institución”.

En ese sentido, lo que está dentro de sus competencias es la definición de si
las condiciones de salud, físicas y mentales, del personal afectado le
permitirán o no desarrollar otro tipo de labores —administrativas, docentes o
de instrucción— manteniéndose como miembro de la Policía, y no el análisis
general y abstracto de la suficiencia de su formación académica. Ese juicio,
evidentemente, escapa al ámbito de especialidad que se predica de este tipo
de autoridades: el ámbito médico.

Así las cosas, si la Junta o el Tribunal determinan que la persona física y
mentalmente está en capacidad de desarrollar labores administrativas,
docentes o de instrucción, su recomendación debe ser la reubicación, siendo
asunto de las jefaturas o de las direcciones de personal de la institución la
definición del cargo al que efectivamente será asignado, teniendo en cuenta,
aquí sí, sus estudios, su preparación, su capacitación y sus intereses
particulares.

Pero lo que no puede suceder es que las autoridades médicas, a priori y sin
tener los elementos suficientes para el efecto, decidan que, con
independencia de sus condiciones médicas, los afectados no tienen la
formación académica suficiente para desempeñarse en ninguna otra labor
distinta a la meramente operativa.»

95. Adicionalmente, en la sentencia citada se mencionó que solo después de que
se concluya que la entidad no tiene una fuente de empleo para que la persona
desarrolle una actividad acorde con sus capacidades, puede ser retirada del
servicio. Como esta decisión se adopta a través de un acto administrativo, la Sala
considera que deviene razonable, necesario y respetuoso de los derechos a la
defensa y debido proceso del uniformado que se expongan las razones por las
cuales no es posible la reubicación al tenor del elemento objetivo mencionado.

96. En suma, el retiro del servicio procederá exclusivamente cuando, después de
realizar la valoración del estado de salud del uniformado y de sus capacidades,
conocimientos y habilidades, se concluya objetivamente que no puede desempeñar
actividades administrativas, de docencia o instrucción; en caso contrario, la entidad
deberá propender por su reubicación.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

2.4. Análisis de la Sala, caso concreto

2.4.1. Hechos probados

97. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos:

97.1. José Antonio Albino Flórez se desempeñó como soldado profesional del
Ejército Nacional desde el 19 de febrero de 2002 al 30 de octubre de 2009.

97.2. En el informe administrativo por lesión 020-2.002 del 8 de junio de 2002, se
anotó que José Antonio Albino Flórez sufrió un «trauma craneoencefálico leve, fractura
huesos propios nasales» cuando se desplazaba en un vehículo oficial. Fue remitido
al Hospital Militar de Bucaramanga en donde le prestaron atención médica.

97.3. En el acta 30221 del 14 de abril de 2009, la Junta Médica Laboral estableció
lo siguiente:

«VI. SITUACIÓN ACTUAL

A. ANAMNESIS
PACIENTE REFIERE CEFALEA FRONTAL AL PARECER POR SINUSITIS
FRONTOMAXILAR CON ANTECEDENTES DE FRACTURA DE PISO DE LA
ORBITA DE OJO DERECHO, Y EN TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO
(POSTQUIRURGICO) SATISFACTORIO CORRECCION DE ESTRABISMO.

B. EXAMEN FÍSICO
PACIENTE CON TRAUMA MALAR DERECHO Y FRACTURA DE HUESOS
PROPIOS DE LA NARIZ – CON SINUSITIS MOLAR EN TRATAMIENTO
MEDICO – HAY FRACTURA DE PISO DE ORBITA DERECHA,
ENOFTALMOS CONJUNTIVITIS ALÉRGICA – ARMETROPIA
CORREGIDAS CON FORMULAS 20/20 ESTRABISMO OJO DERECHO
CORREGIDOS QUIRURGICAMENTE.

VI. CONCLUSIONES

A- DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES

1). TRAUMA MALAR DERECHO SECUNDARIO ACCIDENTE DE
TRANSITO, VALORADO Y TRATADO QUIRURGICAMENTE POR CIRUGÍA
ORAL Y MAXILOFACIAL QUE DEJA COMO SECUELA A). DEFORMIDAD
DEL PISO DE LA ORBITA, B). ENOFTALMOS OJO DERECHO 2)
CONJUNTIVITIS ALÉRGICA VALORADO Y TRATADO POR
OFTALMOLOGÍA CON MEDICAMENTOS. 3) ESTRABISMO DE OJO
DERECHO VALORADO Y TRATADA QUIRURGICAMENTE POR
OFTALMOLOGÍA SIN SECUELAS EN EL MOMENTO.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio.

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral

LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL
VEINTITRÉS PUNTO CINCO PORCIENTO (23,5%)

[...]»

97.4. En el acta 3925(14) del 7 de octubre de 2009, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía consideró lo que se transcribe:

«III. SITUACIÓN ACTUAL.

El calificado se presenta el 07 de octubre de 2009, solo, quien manifiesta su
inconformidad: Desacuerdo con el informativo administrativo en literal A. Sufre
accidente en camioneta se voltearon y sufrió la lesión ojo derecho. Presenta
fotocopia de informativo por lesión No. 020 de 2002 calificado en el literal B
con error en numero de cedula. Actualmente refiere dolor en orbita ojo
derecho. Inconforme con los índices asignados por su lesión. Se aplica gotas
oftálmicas para conjuntivitis de Ketotifeno.

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Se revisan antecedentes, Junta Médica Laboral N° 30221 del 14 de abril de
2009 y demás documentación del paciente. Los miembros del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, examinan al paciente
evidenciando: Paciente en buen estado en general, pupilas normoreactivas a
la luz y a la acomodación, aplanamiento malar derecho, no dolor a la
palpación de región orbitaria, apertura ocular derecha 1 cm, izquierda 1.2 cms,
fosas nasales permeables, laterorrinia izquierda, apertura bucal de 4 cms no
click en Articulación Temporo Mandibular, hipoestesia infraorbitaria derecha,
no presenta inyección conjuntival ni secreción.

V. CONSIDERACIONES

Al examen físico se evidencia que sus lesiones fueron bien calificadas por
tanto se decide Ratificar las conclusiones de la Junta Medica Laboral.

VI. DECISIONES

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 094/89, los miembros del Tribunal
Medico Laboral por unanimidad deciden RATIFICAR las conclusiones de la
JML N° 30221 del 14 DE ABRIL DE 2009» [sic].

97.5. En la Orden Administrativa de Personal 1659 del 30 de octubre de 2009 se
ordenó su retiro.

97.6. Con ocasión de lo anterior, presentó demanda de tutela con el fin de que le
fuera amparado su derecho al trabajo, pero fue negada por improcedente en primera
y segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

97.7. Posteriormente, fue asumida para su revisión por parte de la Corte

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

Constitucional, la cual —en auto del 13 de agosto de 2010— requirió al subdirector
de personal del Ejército Nacional para que informara los motivos de retiro, a lo que
contestó:

«En cuanto a la exposición de motivos que pudieron incidir para que se tomara
la determinación de retiro con posterioridad a las lesiones sufridas con
ocasión del servicio -2002-, del señor ALBINO FLOREZ; me permito aclarar
a este Honorable despacho que el pronunciamiento de la administración se
tomo una vez se obtuvo el pronunciamiento definitivo, por parte del
TRIBUNAL MEDICO LABORAL cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en
el DECRETO 1793 REGIMEN DE CARRERA DE SOLDADOS
PROFESIONALES, de lo contrario se hubiese violado el derecho al debido
proceso, pues téngase en cuenta que el pronunciamiento se obtuvo mediante
Acta No. 3925(14) registrada a folio 343 de fecha 07 de octubre de 2009, y el
retiro se realizo con la novedad fiscal inmediatamente posterior a este fecha
de fecha 30 de octubre de 2009.» [sic]

97.8. Asimismo, José Antonio Albino Flórez rindió informe ante dicha corporación,
en el cual expuso lo siguiente:

«Fui asignado en el Departamento de Archivo del Comando de la Quinta
Brigada de Bucaramanga, en el que me desempeñe como auxiliar de archivo
de esta dependencia, en el que permaneció por un largo periodo de más de
cuatro meses [...]» [sic]

97.9. A través de la sentencia T-413 de 2014, la Corte resolvió revocar las
decisiones y, en su lugar, (i) tutelar el derecho al trabajo, como mecanismo
transitorio, hasta tanto la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo resolviera la
acción que hubieran interpuesto «o en un término no mayor de 4 meses, para que esta
sentencia no [dejara] de surtir efecto, iniciando por ende con la suspensión de los efectos
del acto administrativo controvertido»; (ii) ordenar al Ejército Nacional que dejara sin
efectos la orden de retiro del servicio activo y se efectuara el reintegro a un cargo
igual o similar al que desempeñaba o en su defecto, dependiendo de la aptitud y
condiciones de salud, se diera la reubicación «a una labor en la cual [pudiera] cumplir
con una función útil a la institución». Ello, con sustento en que:

«5.9. La Sala de Revisión considera que, si bien es cierto que el Ejército
Nacional procedió a calificar el grado de incapacidad de los peticionarios; que
aquél dispuso de los recursos administrativos legales existentes para
controvertir la decisión adoptada por la Junta Médica Laboral de la Dirección
de Sanidad del Ejército ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, y que igualmente en uno de los casos se recibió una indemnización
por la incapacidad sufrida, también lo es que, como se explicó, el Estado debe
asegurarle una debida protección a las personas que han sufrido una
discapacidad en actos relacionados con el servicio, como son los soldados
profesionales; tanto más y en cuanto se trate de padres cabeza de familia.»

97.10. Fue reincorporado a la entidad a través de la Orden Administrativa de
Personal 1582 del 5 de septiembre de 2014 y fue trasladado al «Batallón de
Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento # 10» el 10 de septiembre de 2014.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

97.11. El 15 de septiembre de 2016 recibió la condecoración «Citación presidencial
de la “Victoria Militar”».

2.4.2. El retiro del servicio

98. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, si bien la
disminución de la capacidad psicofísica establecida por la Junta Médica Laboral y
el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía pueden dar lugar al retiro del
uniformado, previamente a adoptar tal determinación se deben salvaguardar los
derechos de las personas en condición de discapacidad, en razón a que gozan de
estabilidad laboral reforzada. Ello implica que se adelante una valoración de las
condiciones de salud, habilidades, destrezas y capacidades que pueda desarrollar
en otras áreas de la entidad.

99. En el sub examine, al revisar el acta de la Junta Médica Laboral se observa que
no emitió pronunciamiento alguno sobre la reubicación, sino que se limitó a
establecer la disminución de la capacidad laboral del 23.5% con base en las
valoraciones realizadas en el año 2009 de las cuales se puede extraer que tenía un
pronóstico bueno.

100. Adicionalmente, en el acápite de situación actual y diagnóstico se indicó que se
trataba de un paciente con trauma malar derecho y fractura de huesos de la nariz,
con sinusitis molar en tratamiento médico, «armetropia» corregida con fórmulas en
20/20 y estrabismo de ojo derecho, corregidos quirúrgicamente, sin secuelas «en el
momento».

101. A su turno, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía realizó la
valoración del paciente y lo encontró en general en buen estado y, por ello, ratificó
la decisión de la junta; sin embargo, omitió resolver uno de los motivos de
inconformidad del uniformado, esto es:

«1- Solicito se revise, analice en su integridad en Acta [...] y como
consecuencia de esta revisión, y se modifique, en cuanto a la evaluación de
la disminución de la capacidad laboral de tan solo el 23.5%

2- La clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio, se me declaro una INCAPACIDAD
PERMANENTE PARCIAL y NO APTO, para el servicio militar obligatorio, y no
se manifiestan sobre mi Reubicación Laboral.» [sic] [se resalta]

102. A pesar de lo anterior, la entidad resolvió retirarlo del servicio sin realizar una
valoración objetiva y suficiente sobre sus habilidades y competencias respecto de
otras labores administrativas, de docencia o instrucción, pues solo fundamentó la
decisión en el porcentaje establecido por la junta, ratificado por el tribunal.

103. Ello permite concluir que, aunque no se realizó una valoración de las

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

condiciones de salud del soldado de las cuales se sugiriera la reubicación, lo cierto
es que la entidad debía, previamente al retiro, adelantar un análisis de la suficiencia
de su formación académica y aptitudes en otras labores, máxime si entre el
accidente de tránsito y el retiro desempeñó actividades como auxiliar de archivo.

104. A más de lo anterior, lo señalado por la junta no era motivo suficiente para
retirarlo del servicio, pues en el acta se consignó que no era apto para la actividad
militar, no para otras que desarrollara la entidad [administrativas, de docencia o
instrucción].

105. En ese orden, la Sala no evidencia que se haya considerado -cuando menos-
la experiencia en otras áreas mientras se definió su condición laboral y la posibilidad
de mantenerlo o reubicarlo; en otros términos, la entidad no consideró sus aptitudes
para prestar sus servicios sin que se afectara su estado de salud. Así lo sostuvo
esta Sección -por ejemplo- en la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2019:

«Frente a esto, si bien el Tribunal Administrativo del Cauca consideró que el
dictamen médico realizado fue concluyente en señalar que no procedía la
reubicación laboral con base en los hallazgos médicos y la formación del
señor Gómez Medina, esta Sala de Subsección conforme a las pruebas
obrantes en el expediente, no encuentra que el Ejército Nacional haya
revisado si el accionante podía desarrollar labores de instrucción, esto,
atendiendo a que la información que brinda el Tribunal Médico Laboral es un
concepto sobre el cual la institución tiene la facultad de hacer un estudio
posterior con el fin de garantizar plenamente los derechos de una persona
que ha sido víctima de una lesión por causa y razón del servicio.

En ese sentido, retirar del servicio a un soldado profesional que perdió el
17.64% de su capacidad laboral y fue declarado no apto para la actividad
militar sin haber estudiado antes la posibilidad de reubicarlo en otras
actividades, es violatorio de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la
estabilidad laboral reforzada por disminución de capacidad. Si bien es cierto
que la reubicación no opera de forma automática, esta debe ser interpretada
y aplicada de conformidad con la protección que la jurisprudencia ha
reconocido a los soldados profesionales afectados por la pérdida de la
capacidad de trabajo en servicio activo.» [se resalta]

106. Ahora, la entidad [en el recurso de apelación] sostuvo que el a quo no podía
suponer que por el hecho de tener una pérdida de la capacidad laboral inferior al
50%, el actor estaba en condiciones óptimas para desempeñar funciones como
soldado profesional y, además, no podía sustentarse la decisión en que la junta
regional de invalidez otorgó un porcentaje menor.

107. Pues bien, en la audiencia inicial se decretó el dictamen de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Santander, la cual estableció un porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral del 3.45%. Esta se sustentó en los conceptos de
oftalmología, cirugía maxilofacial y otorrinolaringología que señalaron lo siguiente:

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

Oftalmología Cirugía maxilofacial Otorrinolaringología
31 de octubre de 2002: 2 de abril de 2022: 2 de abril de 2022:
«Cirugía de corrección de «Secuela de trauma facial «Refiere estar
fractura de piso de órbita por con manejo de órbita asintomático. En el
cirugía plástica. Agudeza visual derecha sin limitación de examen identifica en
sin corrección 20/20 ojo función o movimiento. Mal fosa nasal derecha
derecho, 20/20 ojo izquierdo. oclusión dental asociada a desviación septal del
Refiere diplopía en mirada edentulismo parcial postero área II-IV con
inferior, hay paresia del oblicuo inferior bilateral. Paciente hipertrofia moderada
ojo izquierda. Indica valoración sin ningún tipo de de cornetes inferiores,
por estrabismo.» restricción de movimiento o compromiso de
función en zona facial, sin permeabilidad nasal
6 de abril de 2022: «Paciente requerimientos quirúrgicos [...]. El paciente puede
no presenta ninguna limitación adicionales. Requiere desempeñar cualquier
visual que le impida ejercer rehabilitación oral y terapia actividad laboral
cualquier actividad laboral. de mantenimiento usando protección
Reporta agudeza visual sin periodontal con pronóstico auditiva al ruido en
corrección 20/20 ojo derecho favorable». [sic] caso de que su labor
20/20 en ojo izquierdo.» [sic] lo amerite.»

108. Ello guarda relación con lo señalado por la Junta Médica Laboral, pues desde
el 31 de marzo de 2009 la especialidad de otorrinolaringología estableció un
pronóstico bueno y, de igual manera, el especialista en oftalmología señaló que era
excelente.

109. En ese orden, aun cuando la prueba mencionada no puede servir de sustento
para determinar la legalidad del retiro, permite ratificar que sí era posible la
reubicación del actor, no solo porque la Junta Médica Laboral ya había establecido
los pronósticos de bueno y excelente para las patologías, sino además porque
permite determinar que las afecciones diagnosticadas evolucionaron a tal punto de
reducir el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

110. En ese orden, no es cierto que la consideración del a quo, relacionada con que
las secuelas presentadas por José Antonio Albino Flórez no le impedían desarrollar
otras actividades, se hiciera a partir del dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez [como lo sostuvo la entidad]. Esto -para la Sala- deviene
del mismo concepto de la Junta Médica Laboral al señalar los pronósticos y la
omisión de esta y de la entidad de pronunciarse sobre la reubicación.

111. Lo anterior -se insiste- agregado a que desde el año 2009 al 2014 desempeñó
funciones distintas de la militar e, incluso, después de su reintegro por orden de la
Corte Constitucional, fue sujeto de condecoraciones por el debido desarrollo de sus
funciones de docencia. Por ejemplo, en el orden del día 139 para los días 28 a 31
de agosto de 2015, se consignó lo que sigue:

«CONDICIONES PROFESIONALES. En la fecha el Comando de Batallón de
Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento de la Décima Brigada Blindada,
realiza un reconocimiento especial al personal que adelante se relaciona, por

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

su excelente desempeño en las materias dictadas al personal de Soldados
Profesionales Regulares que se encuentran reentrenándose, demostrado en
la aplicación de conocimientos, idoneidad, dominio de la metodología,
mejoramiento de la disciplina de los soldados. Son ellos:

[...]
SLP. ALBINO FLOREZ JOSE ANTONIO.» [se resalta]

112. En lo que respecta a la patología de «estrabismo de ojo derecho», la cual debía
ser analizada al tenor de la literatura médica [según el recurso], ha de señalarse
que en el acta de la Junta Médica Laboral se anotó que había sido corregido
quirúrgicamente, de lo cual se infiere que no le impedía desarrollar otras funciones;
además, no le corresponde al juez establecer su gravedad al tratarse de un
concepto que solo puede ser emitido por un organismo médico especialista.

113. En ese orden, contrario a lo sostenido por la entidad, la Sala considera que sí
se quebrantaron las normas nacionales e internacionales que protegen a las
personas en condición de discapacidad, toda vez que la entidad no realizó ningún
juicio objetivo para determinar si era viable o no la reubicación a partir de la
experiencia, conocimientos y habilidades en áreas diferentes de la militar. En
consecuencia, se confirmará la sentencia que accedió a las pretensiones de la
demanda.

2.5. Naturaleza jurídica de las actas suscritas por la Junta Médica Laboral y
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

114. En la sentencia de primera instancia se expuso que no procedía el examen de
legalidad de las actas de la Junta y el Tribunal Médico Laboral, en razón a que
«dichos pronunciamientos son meros actos de trámite o preparatorios de un acto
administrativo definitivo». Sin embargo, en criterio de la entidad demandada, dicha
consideración vulneraba el derecho al debido proceso porque estos conceptos
fueron los que sustentaron la decisión de retiro.

115. Para resolver el cargo de apelación, ha de precisarse que el procedimiento
administrativo está compuesto por actos de distinta naturaleza que impulsan o
resuelven una situación jurídica particular, los cuales se explican a continuación:

• Actos definitivos

116. Son aquellos en los cuales confluyen, de manera general, los siguientes
elementos: la manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de la función
administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir,
produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los elementos esenciales
para su validez. De conformidad con los artículos 43 y 104 del CPACA, son
susceptibles de control jurisdiccional.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

• Actos de trámite y preparatorios

117. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que son actos «de trámite o
preparatorios» aquellos que «se producen en el trayecto de un procedimiento
administrativo y que conducen al acto definitivo»36 o que «se expiden como parte del
procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente
instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones
jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración»37.

118. Por su parte, la doctrina -Luis Enrique Berrocal Guerrero38-, ha señalado que la
naturaleza de aquellos es distinta, pues, de un lado, los de trámite «dan la celeridad
y movimiento requeridos a la actuación administrativa, los que impulsan el trámite propio
de la decisión que ha de tomarse, e incluso los posteriores al mismo tendiente a hacerlo
público y a darle firmeza»39 y pueden convertirse en definitivos cuando impiden la
continuación de la actuación administrativa y, por lo mismo, una decisión de fondo
sobre el asunto.

119. De otro, los preparatorios «contribuyen a formar el juicio o criterio de la
Administración para decidir la actuación administrativa correspondiente. Más que procurar
el impulso de la actuación, su objeto es el de contribuir a formar la decisión o el acto que le
pone fin. Por consiguiente, se consideran como tales los conceptos, dictámenes, consultas,
propuestas, etc. En todo caso, no entrañan o implican orden o decisión alguna para el
desarrollo de la actuación administrativa. En realidad tienen un carácter más probatorio que
de impulso del procedimiento administrativo»40. De ahí, que los diferenciara así41:

«De modo que las diferencias que de ellos cabe señalar son, en primer lugar,
a partir del papel que cumplen o los efectos que tienen en el procedimiento
administrativo, por cuanto los preparatorios constituyen en sí mismos
elementos de juicio para tomar la decisión, y los de trámite simplemente
impulsan la actividad de la administración hacia aquella.»

120. A su turno, Roberto Dromi42 distinguió el acto administrativo y el simple acto de
la administración, entendido este como la «declaración unilateral interna o interorgánica,
realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales

36
Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00.
37
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001-03-26-000-
2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente: «Definición que
esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el tratadista García — Trevijano
Fos, con el fin de determinar y delimitar "su inserción en el procedimiento y recurribilidad. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 25000-23-
42-000-2014-00109-01(1997-16). Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2023, exp. 58022, demandante: Marco Antonio Velilla
Moreno».
38
Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la
doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015.
39
Ibidem, pág. 327.
40
Óp. Cit. Pág. 327.
41
Óp. Cit. Pág. 329.
42
Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000. Pág. 221
y ss.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

en forma indirecta», tales como las propuestas y los dictámenes. A su vez, los
segundos se concretan en la «actividad que realizan los órganos estatales en ejercicio
de la función administrativa», es decir que «son emitidos por órganos competentes que
contienen informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorias de la voluntad
administrativa». Sus características son las siguientes:

«1) Actos jurídicos de la Administración. El dictamen es un acto jurídico
unilateral de la Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos.
Como acto jurídico de la Administración el dictamen no obliga, en principio, al
órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de derecho con efecto
respecto de terceros, sino que se trata de una declaración interna, de juicio u
opinión que forma parte del procedimiento administrativo en marcha.

2) Emitidos por órganos competentes. No todo acto jurídico unilateral de la
Administración es un dictamen. En tanto importa una declaración, debe ser
emitido por el órgano competente, o sea, por aquel órgano al que el
ordenamiento jurídico le atribuye de una manera expresa o razonablemente
implícita, la función administrativa específica de emitir opiniones o pareceres
técnico-jurídicos que faciliten elementos de juicio en la formación de la
voluntad administrativa.

[...]

5) Preparatorios de la voluntad administrativa. [...] el dictamen tiene por fin
facilitar ciertos elementos de opinión o juicio, para la formación de la voluntad
administrativa. El dictamen forma parte de los actos previos a la emisión de la
voluntad, y se integra como una etapa de carácter consultivo-deliberativo, en
el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad estatal.» [se
resalta]

121. Igualmente, Carlos F. Forero Hernández43 indicó lo siguiente:

«Coincidimos con quienes afirman que no se deben confundir los actos de
trámite con los actos preparatorios. Mientras que estos últimos (actos
preparatorios) se limitan a preparar elementos de juicio para la toma de
decisión final; es decir, son actos previos necesarios para adoptar una
decisión de fondo. Vistos como actos previos para expedir el acto
administrativo definitivo. En cambio, los actos de trámite se limita a impulsar
la actuación administrativa (o procedimiento administrativo, algunos
estudiosos). Lo anterior es explicado también por GUECHÁ MEDINA Y
GUECHÁ TORRES (2021): “dichas ritualidades se presentan en los llamados
actos de trámite los cuales dan impulso al procedimiento administrativo y en
los actos preparatorios que además de darle agilidad a la actuación influyen
o determinan la decisión” (p. 268).»

122. En esa perspectiva, cuando del procedimiento administrativo se trata, en
ocasiones resulta difícil establecer si los actos son de trámite o preparatorios, pues
debe examinarse con detenimiento la decisión que plasman. Sin embargo, para el
caso de las actas de la Junta y el Tribunal Médico Laboral, al contener un concepto

43
Forero Hernández, Carlos Ferney. El acto administrativo. 3ª Ed., Grupo Editorial Ibañez, 2023,
pág. 346.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

o dictamen en el cual se establece el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral,
constituyen un elemento de juicio que sustenta la decisión de la entidad y, por lo
tanto, son considerados como actos preparatorios.

123. Aunque Luis Enrique Berrocal Guerrero señaló que «el acto preparatorio no es
susceptible de pasar a ser acto definitivo, mientras que el de trámite sí puede llegar a
serlo», la jurisprudencia de esta Sección ha señalado lo contrario, esto es que
pueden ser examinados por el juez de lo contencioso-administrativo cuando
impiden continuar la actuación administrativa. Por ejemplo, en sentencia dictada el
18 de julio de 201944 se indicó lo que se transcribe a continuación:

«Sobre la naturaleza de los actos expedidos por la junta médica laboral y el
tribunal médico laboral, la Subsección B ha precisado que dichos actos no
crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular, sólo determinan
el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, determinando para el efecto
las lesiones y enfermedades valoradas por los especialistas al momento de la
revisión y los conceptos que obran en la historia clínica, lo que permite
deducir, en principio, que se trata de actos de trámite o preparatorios al acto
definitivo que reconoce las prestaciones que se generan como consecuencia
de la pérdida de la capacidad laboral.

No obstante, la Subsección también ha señalado que en algunos casos, tal
actuación constituye un acto definitivo precisamente porque impide continuar
la actuación administrativa.» [se resalta]

124. Lo anterior, por cuanto carecería de razonabilidad que, a pesar de que estos
establecen un porcentaje inferior al requerido por la norma para el pago de
prestaciones como, por ejemplo, la pensión de invalidez, se le exija al interesado
que solicite a la entidad su reconocimiento. En cambio, es procedente que, ante la
irrevocabilidad de tales actos, acuda a través del medio de control procedente «para
que se estudie si estuvo bien fijado el índice lesional, y si además la pérdida de la capacidad
laboral es imputable al servicio lo que conllevaría, en caso de ser favorable al actor, al
reconocimiento de la prestación»45.

125. En ese hilo argumentativo, si las actas de la junta y del tribunal establecen el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y constituyen el sustento de la
decisión de la entidad, deberán considerarse como actos preparatorios que no
deben ser demandados, pues la decisión es aquella contenida en el acto
administrativo -como en este caso- que ordena el retiro del uniformado. En caso
contrario, es decir, si de las actas de las juntas no se desprende ninguna
consecuencia porque el porcentaje establecido impide el reconocimiento de alguna
prestación, el interesado podrá perseguir su anulación a través del medio de control
procedente, pues se convierten en actos definitivos que impiden continuar con la
actuación.

126. En el caso concreto, José Antonio Albino Flórez solicitó la anulación tanto de

44
Sección Segunda, Subsección A, radicación 05001-23-33-000-2015-01359-01 (4887-2016).
45
Sentencia del 9 de junio de 2022, expediente 4155-2021.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

las actas de la Junta y Tribunal Médico Laboral, como de la orden administrativa de
personal que dispuso su retiro del Ejército Nacional por pérdida de la capacidad
psicofísica y, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro como el pago de
los salarios y prestaciones sociales; además —de manera subsidiaria— que, en
caso de demostrarse una disminución superior al 50%, se reconociera la pensión
de invalidez.

127. No obstante, su argumentación se erigió a que el retiro vulneró las normas
superiores porque era una persona en condición de discapacidad, es decir, un
sujeto de especial protección y, por lo tanto, la entidad no podía apartarlo del
servicio sin considerar que podía realizar otras labores; ello, sin duda, permite inferir
que su intención principal fue cuestionar esta decisión y no el porcentaje otorgado
por los organismos médico-laborales. A más de ello, el reconocimiento de la
pensión de invalidez se incluyó como una pretensión subsidiaria, sobre la cual no
había lugar a pronunciarse, en razón a que se accedió al pago de los emolumentos
causados entre el retiro del servicio y el reintegro.

128. En ese orden de ideas, era este acto administrativo definitivo el que debía ser
controlado judicialmente, pues las actas, para el caso, son consideradas como
actos preparatorios que sirvieron de instrumento para adoptar la decisión y que
pueden ser valoradas al adelantar el examen de legalidad de aquel, pues hacen
parte de la actuación administrativa. Así lo ha sostenido la doctrina, por ejemplo,
Eduardo García de Enterría46:

«La regla de irrecurribilidad de los actos de trámite [o preparatorios, para el
caso], sobre la cual la distinción se ha originado, es una siempre regla de
orden, no es una regla material absoluta. No quiere decirse con ella, en efecto,
que los actos de trámite no sean impugnables, que constituyan una suerte de
dominio soberano de la Administración que resulte absolutamente
infiscalizable por los recursos. Quiere decirse, más simplemente, que los
actos de trámite no son impugnables separadamente. Expresa, pues un
principio de resolución final del procedimiento para, a través de la
impugnación de la misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias
que el recurrente pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se ha
tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite.»

129. También es importante resaltar que en proveído del 14 de diciembre de 2021,
al fijar el litigio, el a quo consideró que los problemas jurídicos se circunscribían a
determinar si era procedente (i) declarar la nulidad de la Orden Administrativa de
Personal 1659 del 30 de octubre de 2009; (ii) ordenar el reintegro y el pago de los
salarios y prestaciones sociales; y (iii) de manera subsidiaria, reconocer la pensión
de invalidez; decisión que fue notificada por estado, sin que la entidad presentara
recurso alguno. En consecuencia, el cargo de apelación no tiene vocación de
prosperidad.

46
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 13
Ed., Ed. Arizandi SA, 2006. Pág. 574.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

2.6. Costas

130. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

131. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201647, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

132. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia y se
revocará el ordinal tercero de la sentencia apelada que las impuso por la primera
instancia.

2.7. Conclusión

133. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
accedió a las pretensiones de la demanda, a excepción de la condena en costas

47
Subsección B, expediente 1908-2014.

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01506-01 (2116-2023)
Demandante: José Antonio Albino Flórez

que será revocada. Se demostró que el acto administrativo que ordenó el retiro de
José Antonio Albino Flórez quebrantó los postulados constitucionales que prevén el
deber de proteger a las personas en condición de discapacidad y procurar su
reubicación laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por José Antonio Albino Flórez, salvo el ordinal tercero que se revoca.
En su lugar, se dispone: no condenar en costas por la primera instancia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.