Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2016-00153-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2016-00153-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2016-00153-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
2 de junio de 2017
INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Alcance / DEROGACIÓN – Concepto / SUBROGACIÓN – Concepto / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS – Si bien el concejal participó, con voto afirmativo, en la aprobación del proyecto de acuerdo que fijó prima de gestión a favor del alcalde, dicho acto fue subrogado por otro / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Claro es que las dos disposiciones tienen la misma jerarquía normativa, así como que el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo nro. 001 de 2001 reproduce el texto del parágrafo del artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000, adicionando, únicamente, que dicha prima de gestión «no constituye factor salarial». Puede colegirse, entonces, que el parágrafo del artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000 fue subrogado por el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo nro. 001 de 2001, esto es, se sustituyó una norma por otra. No operó, como lo considera el secretario general del concejo del municipio de Bucaramanga en la certificación que expidió con destino a este despacho (fol. 150, cuaderno Consejo de Estado) la derogatoria tácita del Acuerdo nro. 043 de 2000, sin embargo, para la Sala la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos no puede estar sustentada en la ejecución de un acto administrativo de contenido general que ha sido sustituido por otro que nunca fue mencionado por el actor en su demanda y que se refiere específicamente a la remuneración del alcalde de aquel municipio, puesto que, finalmente, es el Acuerdo nro. 001 de 2001 el que termina siendo ejecutado por la administración municipal y el que daría lugar a que se destinaran recursos públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados. Nada aporta a este proceso judicial, entonces, la prueba de que el señor Carlos Alberto Morales Delgado, en su condición de concejal del municipio de Bucaramanga para el período 1998-2000, haya votado positivamente el proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo nro. 043 de 2000, cuestión medular dentro del recurso de apelación, dedicando pocos apartes a controvertir la afirmación del Tribunal Administrativo de Santander en relación a la materialización de los efectos del Acuerdo nro. 043 de 2000, cuando resulta ser este aspecto fundamental para la configuración de la causal de pérdida de investidura.
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 86 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 3 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 71 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 72
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00153-01(PI)
Actor: RONALD PICON SARMIENTO
Demandado: CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO
Referencia: Medio de control de Pérdida de investidura
Referencia: Indebida destinación de dineros públicos
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, en contra de la sentencia del 15 de abril de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura presentada en contra del ciudadano Carlos Alberto Morales Delgado, concejal del municipio de Bucaramanga (Santander) para el período 1998 - 2000.
1.- ANTECEDENTES
1.- La demanda
1.1.- La causal de pérdida de investidura alegada
El ciudadano Ronald Picon Sarmiento, obrando en nombre propio, solicitó que se decretara la pérdida de la investidura de Carlos Alberto Morales Delgado, concejal del municipio de Bucaramanga (Santander) para el período 1998-2000, por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada
Para sustentar su pretensión, el demandante relata que el señor Carlos Alberto Morales Delgado fue elegido concejal del municipio de Bucaramanga (Santander) para el período 1998-2000, en las elecciones del 26 de octubre de 1997, cargo del cual tomó posesión.
Manifiesta que durante el período en que el concejal ejerció el cargo, el alcalde del municipio de Bucaramanga (Santander) presentó a consideración del concejo de ese municipio, el proyecto de Acuerdo nro. 100 de 2000 por el cual se pretendía fijar las escalas de remuneración de la administración central, de la planta de directivos docentes, de los docentes y administrativos de los planteles educativos del municipio, de la planta transitoria, de los trabajadores oficiales y de los servidores públicos del concejo municipal para la vigencia fiscal del año 2001.
El demandante manifiesta que el citado proyecto tuvo el siguiente trámite en el concejo del municipio de Bucaramanga (Santander), así:
«[…] SEXTO: El mencionado Proyecto de Acuerdo se estudió por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, siendo aprobado en primer debate el 03 de noviembre de 2000 de conformidad a la Constancia de aprobación y acta No. 018 – 2000. La Ponencia del proyecto de Acuerdo 100 de 2000 fue desarrollada y presentada por el Honorable Concejal EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO, quien dio ponencia favorable para SEGUNDO DEBATE.
SÉPTIMO: Con la constancia de aprobación en primer debate del citado Proyecto de Acuerdo, el 10 de Noviembre del año 2000 se cita para segundo debate presentándose en dicha sesión por la Concejal Yolanda Blanco Arango proposición para devolver el proyecto de Acuerdo 100 de 2000 a la Comisión, para que se estudie con la correspondiente estructura administrativa, el aumento propuesto por la administración, la cual fue sometida a consideración, siendo aprobada. Lo anterior, tal como obra y consta en Acta Legislativa No. 128 de noviembre 10 de 2000.
OCTAVO: El proyecto de Acuerdo se estudió en Comisión Conjunta de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Administrativos siendo aprobado tal como se registra en el Acta No. 006 de 2000 del 04 de Diciembre del 2000 en PRIMER DEBATE, de conformidad a (sic) constancia de aprobación emitida por los secretarios de cada una de las comisiones. La Ponencia fue presentada por los Concejales Ponentes: EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO y ALFONSO PRIETO GARCÍA la cual fue desarrollada y con ponencia favorable para segundo Debate, en la sala plena del Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga.
NOVENO: De conformidad al orden del día y al audio adjunto a la presente demanda el 10 de Diciembre de 2000 se estudió en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 100 de 2000, por el cual se fijan las escalas de remuneración de la administración central municipal, planta de directivos docente y administrativos de los planteles educativos del municipio de Bucaramanga, planta transitoria, trabajadores oficiales y concejo municipal, para la vigencia del año 2001, y se dictan otras disposiciones.
DÉCIMO: El señor CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO en su calidad de concejal de la ciudad de Bucaramanga APROBÓ EL PROYECTO DE ACUERDO 100 DE 2000 EN PRIMER Y SEGUNDO DEBATE elevándose el mismo a ACUERDO 043 DEL AÑO 2000 […]».
Mediante dicho acuerdo, el concejo municipal de Bucaramanga (Santander) estableció que a partir del primero de enero de 2001, el alcalde de ese municipio continuaría devengando una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual. Así mismo indica que:
«[…] DECIMO OCTAVO: Además de la prima de gestión o técnica aprobada en favor del alcalde de la época, el Dr. FREDY ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ, Contralor Municipal en el período 1998-2000 recibió una prima de gestión o técnica durante el año 1998 por valor de $611.478 y de julio a diciembre de $865.304; durante el año 1999 recibió prima por valor de $945.840 y, en el año 2000 se le canceló al Contralor una prima por $945.840, estos valores se cancelaban mensualmente. […] A la Dra. OLGA LUCIA PINEDA VILLAMIZAR ex Contralora de Bucaramanga para el período 2001-2004, se vio beneficiada también con una prima de gestión o técnica cancelada así: De enero a mayo de 2001 $1.144.000; de junio a Diciembre la suma de $1.033.141 y durante el mes de Diciembre la suma de $1.189.600; durante el año 2002 recibió una prima así: $1.189.600 de Enero a Junio, de Julio a Agosto recibió $1.245.332; durante el año 2003 recibió una prima de gestión mensual de $1.245.332 […]».
El demandante expresa que el Acuerdo nro. 043 del 12 de diciembre de 2000, en cuya aprobación intervino el concejal Carlos Alberto Morales Delgado, contraviene los artículos 4°, 6°, 150 (numeral 19, literal e) y 313 (numeral 6) de la Carta Política, toda vez que:
«[…] VIGÉSIMO TERCERO: El artículo 313 Constitucional consagra las competencias de los Concejos municipales, entre las que se encuentra, en su numeral 6, la de “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos...”
VIGÉSIMO CUARTO: En el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se facultó a los Gobernadores y Alcaldes para que adoptaran los mecanismos necesarios con el objeto de aplicar la prima técnica de los empleados públicos del nivel territorial, norma esta que fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 19 de Marzo de 1988 […] por considerar que solo los servidores públicos del orden nacional tienen derecho al reconocimiento de tal prestación.
VIGÉSIMO QUINTO: Los Concejos Municipales, en materia salarial, de conformidad con el artículo 313, numeral 6, de la Constitución Política, solo están facultados para determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, atribución que NO COMPRENDE LA DE CREAR NI PRESTACIONES NO PERMITIDAS POR LA LEY, NI NUEVOS FACTORES SALARIALES NO DEFINIDOS POR EL LEGISLADOR, como lo hizo CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO y los demás miembros de la corporación pública, al otorgar una PRIMA DE GESTIÓN al Alcalde de Bucaramanga de la época, NO CONTEMPLADA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO, amén de que ello es función privativa del Congreso de la República y el Gobierno Nacional.
[…]
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos – art. 150.19 e) de la C.P.-. Dentro de este orden de ideas, el Gobierno señala el límite máximo salarial de los empleados públicos del Orden Territorial, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional –par. art 12 de la ley 4ª de 1993-.
Adviértase como el Constituyente fue claro al señalar que el régimen salarial de los empleados públicos lo determina el Gobierno Nacional, estableciendo una competencia general sobre la materia. Ahora bien, indefectiblemente forman parte del régimen los factores salariales y su monto, de suerte que al no estar atribuida la potestad de fijarlos a las autoridades seccionales o locales mencionadas, tal atribución recae en aquel.
En este orden de ideas, es preciso concluir, entonces, que LA POTESTAD OTORGADA A LAS CORPORACIONES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES PARA ESTABLECER “LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS” NO COMPRENDE LA ATRIBUCIÓN DE ESTABLECER FACTORES SALARIALES NO DEFINIDOS POR EL LEGISLADOR, NI DE CREAR PRESTACIONES SOCIALES NUEVAS COMO EN ESTE CASO UNA PRIMA DE GESTIÓN O PRIMA TÉCNICA, NO ESTABLECIDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
VIGÉSIMO OCTAVO: La Primas Técnicas o Primas de Gestión están previstas para los empleados públicos del orden nacional, QUE ESTÉN NOMBRADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, como un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios altamente calificados que se requiera para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o, la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismos, presupuestos que no concurren en el sub lite, dado que el cargo de alcalde es DEL ORDEN TERRITORIAL Y DE PERÍODO FIJO […]».
Así las cosas, el actor encuentra que el demandado, al aprobar el Acuerdo nro. 043 de 2000, incurrió en indebida destinación de dineros públicos.
2.- La contestación de la demanda por parte del concejal demandado
En la oportunidad procesal correspondiente, el concejal Carlos Alberto Morales Delgado, mediante apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones.
Luego de hacer referencia a los hechos de la demanda, el concejal demandado alegó, inicialmente, que la prima de gestión prevista en el Acuerdo nro. 043 de 2000 no es factor salarial, por cuanto no aparece calificada como tal en el mencionado acuerdo ni en aquellos expedidos desde el año 1995 en los cuales se ha reconocido esa prima. Adicionalmente, expresa que
«[…] esta prima no aparece relacionada en ninguna de las disposiciones de orden nacional o territorial como una prestación social. Por el contrario, en varios decretos que establecen esta compensación o prima, expresamente se ha aclarado esa condición o características, vale decir, que no constituye factor salarial ni prestacional. […]».
Manifiesta que este tema no puede estudiarse bajo la óptica jurídica del año 2016, pues en la actualidad ya se encuentran clarificados los alcances de las competencias de los concejos y asambleas departamentales en materia salarial y prestacional. Para la fecha de expedición del Acuerdo nro. 043 de 2000, la situación era otra como lo describe el demandado:
«[…] situación que no era ni vista ni apreciada de esa forma en el año 1995 a 2000 cuando las corporaciones no solo aprobaron primas, prestaciones y otros reconocimientos, sino además hasta requisitos pensionales, lo que ha llevado a que una vez clarificado el alcance de las competencias, se hubiesen presentado infinidad de demandas contra dichos actos administrativos, sin que ello pueda constituir mérito suficiente para iniciar procesos de pérdida de investidura para quienes en aquella época aprobaron los acuerdos y ordenanzas respectivas […] »
Resalta que el actor omite señalar que esta prima venía siendo reconocida y cancelada desde el año 1995 y «[…] se mantuvo de igual forma hasta el año 2001, lo que daría lugar entonces a que se vincularan e hicieran responsables no solo al concejal CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO sino a todos los concejales que participen en la discusión y aprobación de acuerdos que sean demandados y anulados por la jurisdicción, especialmente cuando el que motiva la acción no ha sido sometido siquiera a este control de legalidad jurisdiccional […]».
Posteriormente, el demandado afirma que no existe prueba de que hubiere votado el acuerdo que genera la causal de pérdida de investidura invocada. Explica lo afirmado, en la siguiente forma:
«[…] En efecto, la demanda adolece de la prueba acerca de que el Ingeniero CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO votó favorablemente el proyecto de acuerdo 100 del año 2000. Por el contrario, existe la planilla de asistencia (documento público) que usualmente utilizaba y utiliza el secretario del Concejo municipal (para esa época el Dr. JORGE CARRERO AFANADOR), en donde al verificar la asistencia a la reanudación de la sesión en la que se votó en segundo debate el mencionado proyecto de acuerdo, mi defendido no contestó a lista, lo que significa que no estaba en el recinto del Concejo Municipal.
[…]
Si a esta prueba documental le sumamos el documento de audio (CD) en donde se recogió el acontecer de la mencionada sesión, corroboraremos que el Concejal CARLOS ALBERTO MORALES no contesta a lista, lo que significa que no voto el mencionado proyecto porque no se encontraba en el recinto. Un indicio más, abona esta tesis de la defensa, y lo es el hecho de que existe certificación de la Secretaria del Concejo Municipal en donde consta que el proyecto fue votado por 13 de los 19 concejales, es decir, que seis se hallaban ausentes. […]».
Finalmente, el demandante señala que en caso de que se «[…] considere que por la simple asistente (sic) a parte del debate en el que se aprobó el proyecto (o por cualquier otra razón) le cabe el juicio de culpabilidad a mi defendido […]», solicita que se tengan en cuenta, en forma subsidiaria, los siguientes argumentos:
«[…] 3) Para hacer el juicio de reproche subjetivo, es necesario analizar las diferentes circunstancias de tiempo y de modo que rodearon al hecho que se juzga. El año en que ocurrieron los hechos fue el año 2000, es decir, hace 16 años cuando existía confusión jurisprudencial hacer de la procedencia de la prima técnica y no existía reparo alguno de autoridad judicial, disciplinaria o administrativa en relación con la procedencia de la prima técnica y no existía reparo alguno de autoridad judicial, disciplinaria o administrativa en relación con la procedencia de la prima de gestión. Por el contrario la prima de gestión venía autorizándose y cancelándose año a año desde el año 1996, sin que los acuerdos municipales que la aprobaron hubiesen sido objeto de control de legalidad por parte del Gobernado (sic) o de demanda de nulidad ante el Contencioso Administrativo. Tampoco se hizo reproche disciplinario alguno ni se iniciaron proceso de responsabilidad fiscal contra concejales o beneficiarios de la mencionada prima de gestión. Luego al novel concejal de la época y quien llegó por primera vez a esa corporación en el año de 1998, le quedaba material y jurídicamente imposible dudar de la procedencia y legalidad del acto de aprobación de la mencionada prima de gestión. Menos cuando el proyecto de acuerdo fue presentado por un Alcalde conocido en el ámbito Regional y Nacional como gran jurista y experto en Derecho Administrativo. De igual manera, la iniciativa gubernamental fue aprobada y estudiada por los expertos administrativistas del Municipio de Bucaramanga, del Concejo Municipal (como si fuera poco), y con ponencia favorable por considerarlo un acto legal, del gran jurista y experto en derecho Administrativo Dr. EDGAR HIGINIO VILLABONA, Concejal Ponente del mencionado proyecto de acuerdo.
Vale que decir, de llegarse a considerar, en el plano hipotético, la incompetencia del concejo municipal para aprobar dicha prima de gestión, tendríamos que reconocer por fuerza jurídica, el error como circunstancia excluyente de responsabilidad, institución reconocida en el Derecho Sancionatorio Colombiano, v.g. en el art. 28 de la ley 734 de 2000.
[…]
Entonces, los presupuestos necesarios para que opere esta causal, son: […] a. Que el sujeto actúe con la convicción errada e invencible de que no está obrando contrario a derecho, y […] b. Que el sujeto no esté en condiciones de evitar o superar el error bajo el que actúa.
Como dijimos para determinar que el sujeto no hubiere podido evitar el error, debe tomarse en cuenta sus características personales y las circunstancias de tiempo y de modo que se circunscribieron los hechos aquí investigados y que ya se anotaron en párrafo anterior […]».
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 15 de abril de 2016, negó las pretensiones de la demanda. Inicialmente planteó el problema jurídico que se debía resolver en este proceso, en la siguiente forma:
«[…] 2. Problema jurídico […] El señor CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO en calidad de Concejal del Municipio de Bucaramanga período 1998-2000 incurre en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 48, numeral 4°, de la Ley 617 de 2000, denominada “indebida destinación de dineros públicos”, en razón de la expedición que hace el Concejo Municipal de esta ciudad, del Acuerdo Municipal No. 043 del 2000 […] en donde en el parágrafo de su artículo octavo establece literalmente que “a partir del primero (1) de enero de 2001, el señor alcalde continuará devengando mensualmente una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual”?
[…]
3. Respuesta al problema jurídico y Tesis de la Sala […] No.
Posteriormente hizo alusión a la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura y al principio de culpabilidad, para indicar que en el presente asunto no está acreditada la culpabilidad del demandado. Lo anterior por cuanto:
[…] 4. Análisis de la culpabilidad en el caso concreto
En los procesos de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, el H. Consejo de Estado no ha entrado a analizar de una forma rigurosa la culpabilidad que debe revestir toda conducta jurídicamente sancionable; sin embargo, desde el punto de vista programático, sí ha fundamentado decisiones absolutorias con base en argumentos propios de un juicio de culpabilidad como en sentencia de fecha 24 de febrero de 2004, Exp. AC-1149, Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández E., en la cual el H. Consejo de Estado denegó la pérdida de investidura de un congresista, que encontrándose en uso de licencia no remunerada, hizo uso de un vehículo oficial.
Consideró la Alta Corporación, que si bien la utilización de un vehículo oficial para un fin distinto del previsto en la ley daba lugar a la causal referida, en el citado caso no había lugar a su estructuración, toda vez que el demandado había utilizado el vehículo por razones de seguridad, debido a las amenazas de muerte que enfrentaba en dicho momento, lo que justificaba el uso distinto que se había dado al automotor.
Así mismo, en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2014 (exp. 2012-00610 01 (P.I.) C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, la sección primera conoció en segunda instancia de una demanda de pérdida de investidura promovida contra un concejal que en su calidad de presidente del Concejo Municipal, había ordenado el pago de un auxilio de transporte a otro concejal por residir en zona rural, no siendo esto cierto, dado que vivía dentro del casco urbano. En este caso el H. Consejo de Estado desestimó las pretensiones al encontrar que el demandado había reconocido dicho subsidio bajo la creencia razonada de que el beneficiario efectivamente vivía en un sector rural.
Conforme a los anteriores fallos, se extrae una regla jurisprudencial clara, la cual está ligada estrechamente al elemento de culpabilidad que se está analizando; por lo tanto no hay lugar a configurar la causal de indebida destinación de dineros públicos cuando el presunto infractor ha actuado sin culpabilidad; es decir, de una manera razonada sin que a la luz del ordenamiento jurídico, se le pueda exigir una conducta diferente.
Ahora, La Alta Corporación en un caso similar al caso que ocupa a esta Sala, concluyó que el Concejal que ha participado en el reconocimiento de una prima técnica a favor del Alcalde Municipal, se encuentra incurso en la causal consagrada en el artículo 48.4 de la Ley 617 de 2000, puesto que ello supone “destinar dineros públicos a objetos, actividades o propósitos prohibidos por la Constitución y la Ley”.
[…]
Sin embargo, para esta Sala la conclusión anterior a la que llegó el H. Consejo de Estado, no se puede aplicar en el caso que nos ocupa; toda vez que en esta ocasión, las particularidades fácticas impiden estructurar el elemento de la culpabilidad que se predica de toda conducta jurídica que puede llegar a ser sancionada.
Si bien es cierto no existe duda sobre la improcedencia de la prima técnica a favor de empleados públicos del orden territorial, también lo es que para la época en que se profirió el Acuerdo Municipal No. 043 de 2000; por medio de la cual le reconoció una prima de Gestión al Alcalde Municipal de la época, dicha postura no era tan evidente y una interpretación contraria, resultaba absolutamente razonable.
[…]
Evidencia lo anterior, que para el año 2000 en que se aprobó el acuerdo objeto de esta Litis, algunas Salas de Decisión del Consejo de Estado consideraban legal que mediante actos administrativos de corporaciones o autoridades del nivel territorial se dispusiera el reconocimiento de la prima técnica. Resalta la Sala que para la fecha de la ocurrencia de los hechos, la jurisprudencia de las Altas Cortes era considerada como criterio auxiliar y solo a partir de la Sentencia C-836 de 2001, se estableció que sus decisiones fungieran como precedente judicial en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano, y además de la exigencia a las autoridades administrativas colombianas del precedente, se viene a imponer en el ámbito legal con la Ley 1437 de 2011.
Se colige entonces de lo anterior, que a lo largo del tiempo, las posiciones del Consejo de Estado no han sido claras respecto a la procedencia de la primera técnica para los servidores públicos del orden territorial, siendo aún para el año 2006 procedente, conforme a lo señalado en Sentencia del 21 de septiembre de 2006, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, donde se preceptuó: (se cita la decisión judicial)
Ahora bien, en relación con la naturaleza salarial de la prima técnica, ésta fue creada como un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieren para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o para la realización de labores de dirección de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Asimismo es un reconocimiento al desempeño en el cargo. (Decreto Ley 1661 de 1991, art. 1°). Desde su origen se definió la prima técnica como un porcentaje del salario que la entidad debe asignar según criterios propios y atendiendo las condiciones personales del funcionario. Por ello el artículo 4° del Decreto 1661 de 1991 y 10 del Decreto Reglamentario 2164 de 1991 establecen que será “… un porcentaje de la asignación básica mensual que no podrá ser superior al 50% del valor de la misma”
El referido Decreto, en su art. 13, facultó a los Gobernadores y Alcaldes para que adoptaran mecanismos con el objeto de aplicar la prima técnica de los empleados públicos del nivel territorial, pero esta norma fue declarada nula, como se dijo anteriormente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 19 de marzo de 1998 por considerar que solo los servidores públicos del orden nacional tienen derecho al reconocimiento de esta prestación.
[…]
No obstante, si para el año 1998 la prima técnica era procedente para los entes territoriales, lo cierto es que para el presente caso, y en el período 1998-2000, si el H. Consejo de Estado no tenía una posición clara y unánime sobre el tema, no puede reprocharse la conducta del Concejal CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO para esta época, quien muy seguramente actuó bajo la convicción errada de que su actuación era legal, certeza que se encontraba razonablemente fundada en pronunciamientos del Consejo de Estado vigentes para la época, pues no se tenía el convencimiento de la procedencia de dicha prima técnica a favor de los alcaldes de turno. En consecuencia no se puede entonces exigir el reproche de la conducta al concejal accionado, quien actuó bajo la creencia de la legalidad de su actuar, encontrando su fundamento en pronunciamientos anteriores a esas épocas del H. Consejo de Estado. […]».
Finalmente el Tribunal Administrativo de Santander estima que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda en la medida en que no se encuentra acreditado que el concejal Carlos Alberto Morales Delgado efectivamente hubiera votado en forma positiva el proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo nro. 043 de 2000. Agregó que:
«[…] el hecho de que el accionado hubiera cobrado todas las sesiones conforme a prueba aportada, tampoco indica que el señor Carlos Alberto Morales Delgado haya estado cuando se votó el Acuerdo, o votado o no el mismo y lo haya hecho en forma positiva o negativa, dado que por la simple asistencia, y firma de la lista de asistencia y no importando el tiempo en que se están en la sesión, pueden cobrar los honorarios; además no existe una norma que indique el tiempo en que deber permanecer los Concejales; por lo tanto, la prueba de que el Concejal aquí demandado cobró dichos honorarios, no es suficiente para que esta Sala proceda a quitarle su investidura.
Además, no se materializaron efectos jurídicos del Acuerdo 043 de 2000, porque fue subrogado por el Acuerdo 01 de 2001, a través del cual se regularon de manera integral las asignaciones civiles del señor Alcalde, entre ellas la prima de gestión, con efectos fiscales a primero de enero de 2001.
Así mismo, no se pudo individualizar la conducta del aquí demandado; por cuanto conforme a declaraciones de los doctores Alfonso Prieto García y Edgar Higinio Villabona Carrero (ponentes del proyecto de Acuerdo 100/00), testimonio del Dr. Jorge Enrique Carrero (Secretario General del Concejo) y el interrogatorio del señor Morales Delgado, no se pudo comprobar que este último hubiera aprobado el proyecto de Acuerdo 100 de 2000, el cual posteriormente se convirtió en Acuerdo 43 de 2000 en sesión del 10 de diciembre de 2000. […]».
4.- El recurso de apelación presentado por la parte demandante
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el demandante presentó recurso de apelación con el fin de que revoque dicha providencia y, en su lugar, se despoje al demandado de su investidura, esgrimiendo para el efecto los siguientes argumentos:
«[…] 1.- La sentencia recurrida no analizó de fondo la hipótesis jurídica que planteó el accionante con fundamento en los artículo 47, 49 y 50 del acuerdo municipal 062 de 1996, contentivo del reglamento interno del concejo municipal de Bucaramanga vigente para la época de los hechos y que nos informa que a no ser que exista excusa firmada por el presidente del concejo o constancia de voto negativo se entenderá en la votación ordinaria que el voto es positivo.
Aceptando lo probado y que fuera señalado como tal por el Tribunal, acoge más fuerza la tesis planteada por este actor en sentido que para el presente caso se debió aplicar lo contemplado en los artículos 47, 49 y 50 del acuerdo 062 de 1996 reglamento interno del concejo municipal de Bucaramanga donde se señala expresamente que: (se citan los artículos)
[…]
La tesis del actor expuesta en sala a la hora de los alegatos de conclusión fue que estos artículos del referido acuerdo municipal del concejo, invertían la carga de la prueba, obligando a los concejales a demostrar que ellos efectivamente no habían votado positivamente el acuerdo municipal, sino que lo habían hecho en forma negativa, pues tales preceptos informan que a no ser que exista excusa firmada por el presidente del concejo por ausencia o conflicto de intereses, o se deje constancia expresa de que el voto es negativo se entenderá que el voto es positivo.
Si está plenamente probado como lo advirtió la Magistrada ponente (sic) que el DR. CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO asistió y cobró la mencionada sesión de diciembre 10 de 2000, entonces es dable dar aplicación a lo contemplado en los precitados artículos, debiendo concluirse indubitablemente a no ser que obre prueba en contrario, que este concejal voto positivamente el referido acuerdo municipal 043 de 2000 que aprobó una prima ilegal en favor de un funcionario del orden territorial.
[…]
Reitero entonces que el artículo 47 del mencionado reglamento señala que los concejales solo podrán excusarse de votar, con autorización del presidente, cuando al verificarse una votación no haya estado presente en la primera decisión, o cuando en la discusión manifiesta tener conflicto de interés con el asunto que se debate, hecho que para el caso en comento NO ocurrió tal como consta y obra en audio de sesión del 10 de Diciembre de 2000.
Así mismo el artículo 49 del reglamento señala, como vimos, que Ningún Concejal podrá retirarse del recinto cuando cerrada la discusión hubiere de procederse a la votación, constancia de retiro que no obra ni se demostró dentro de la foliatura.
De igual forma el artículo 50 del reglamento es muy claro y preciso al normar que entre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo concejal que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido, no obstante si el concejal es renuente y permanece dentro del recinto, su presencia se tendrá en cuenta para la conformación del quórum. Para el caso el Dr. CARLOS ALBERTO MORALES no logró probar su ausencia del recinto una vez cerrada la discusión para proceder al voto. Y al tratarse de una votación ordinaria esta se configura con el quórum al momento de votar. No existe CONSTANCIA alguna de retiro del Concejal, o permiso para retirarse que este pidiera a quien presidiere la plenaria como presidente de la Corporación. Luego es evidente que la asistencia y presencia constatada con la firma de asistencia tiene el peso jurídico probatorio que demuestra su presencia y voto positivo al momento de votarse el proyecto de acuerdo 100 de 2000.
Ahora bien, si el concejal se hubiese querido abstener de votar debió dejar la constancia de su decisión, so pena de entenderse votar afirmativamente, tal como lo señala el parágrafo del artículo 50 del acuerdo 062 de 2000.
DE LA CULPABILIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA
[…]
El hecho de vulnerar las disposiciones precedente (se refiere a los artículos 10 a 12 de la Ley 4 de 1992) por el concejal accionado, lo sumergen en CULPA GRAVÍSIMA por VIOLACIÓN MANIFIESTA DE REGLAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, que no permiten excepcionar este aspecto de responsabilidad.
[…]
Todos estos argumentos nos llevan necesariamente a definir que no puede haber inculpabilidad por parte del concejal MORALES DELGADO, puesto que él conocía plenamente el acuerdo municipal vigente para la época, y que sabía de la expedición de la ley 617 de 2000, la cual prohibió este tipo de desviaciones de los recursos públicos, sumado a que el desconocimiento de la norma no le exime de su cumplimiento, pues de aceptarse la tesis planteada por la Magistrada ponente, entonces ningún cabildante en este país sería merecedor de reproche alguno, solo con alegar desconocimiento o indebida interpretación de las normas de obligatorio cumplimiento.
[…]
DEL ACUERDO 001 DE 2001
Erradamente advierte la Sala que no se materializaron los efectos jurídicos del Acuerdo 043 de 2000, porque fue subrogado por el acuerdo 01 de 2001, a través del cual se regularon de manera integral las asignaciones civiles del alcalde.
De lo anterior omite la ponente, dilucidar que el acuerdo 01 de 2001, mantuvo la prima de gestión aquí objeto de la acción, por lo que su defensa al respecto causa desconcierto. […]».
5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante auto de 31 de agosto de 2016, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
El demandante presentó sus alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso y en su recurso de apelación.
A su turno el demandante presentó lo que denominó «Replica al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Ronal Picón (sic) Sarmiento», señalando, en primer lugar, que el Acuerdo nro. 001 del 19 de enero de 2001 había derogado el artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000 y, por ello, no tuvo eficacia jurídica, lo que lleva a concluir que con causa en este acuerdo no hubo ninguna destinación de dineros públicos.
Resalta que el Acuerdo nro. 043 de 2000 no creó prima técnica alguna, sino que continuó reconociendo al alcalde del municipio de Bucaramanga una prima de gestión, las cuales considera que se trata de instituciones de derecho laboral distintas.
Manifestó que la defensa logró acreditar que el comportamiento del demandado fue lícito en la medida en que para la época en que fue aprobado el acuerdo, en su concepto, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideraban que la asambleas departamentales y los concejos municipales tenían la competencia para crear y establecer diferentes tipos de prestaciones constitutivas de factor salarial.
Subraya que está probado que los concejales de Bucaramanga, al aprobar el citado Acuerdo nro. 043 de 2000, tenían plena conciencia de la licitud del mismo, basados en las decisiones judiciales de los tribunales, el Consejo de Estado y la doctrina nacional, soportada en decretos y circulares de la máxima autoridad de la función pública.
Explicó que en modo alguno, existe prueba de que el concejal Carlos Alberto Morales Delgado hubiera votado en forma positiva el Acuerdo nro. 043 de 2000 por cuanto, ante la imposibilidad de evocar lo sucedido 16 años antes, se acudió a las pruebas documentales, las cuales tampoco permiten dar certeza de dicho hecho.
Por su parte, el agente del Ministerio Público intervino en esta instancia mediante escrito del 31 de octubre de 2016, en el que solicitó, luego de un estudio integral del proceso judicial, la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se despojara de la investidura de concejal del municipio de Bucaramanga (Santander) al señor Carlos Alberto Morales Delgado, cuyos apartes más importantes son los siguientes:
«[…] De lo anterior se advierte que con la expedición del Acuerdo No. 043 del mismo año, a través del cual se creó una Prima Técnica para el Alcalde del Municipio de Bucaramanga (S), se arrogó una función dada al Congreso de la República por el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política, la cual, de conformidad con el inciso final de la citada disposición es indelegable en las Corporaciones Públicas Territoriales.
Lo anterior, aunado al hecho de que dicha prestación social está prevista para los empleados públicos del orden nacional, que estén nombrados con carácter permanente, como un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios altamente calificados que se requiera para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo, presupuesto que no concurren en el sub lite, dado que el cargo de Alcalde es del orden territorial y de período fijo.
Ahora bien, el hecho de que el Concejal demandado hubiera interpretado de manera errónea la Ley, tal circunstancia no justifica su actuar, pues sabido es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplir las normas y menos pretender ser relevado de las consecuencias legales que ello acarrea, máxime si la causal endilgada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos, prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 de 2000, no contempla causal de justificación alguna, como sí las consagró el Legislador para las indicadas en los numerales 2 y 3; y el hecho de que durante años se haya otorgado la prima Técnica al Alcalde, no hace legal su reconocimiento.
Todo lo anterior indica, contrario a lo sostenido por el Tribunal de instancia, que para “el período 1998-2000, si el Consejo de Estado no tenía una posición clara y unánime sobre el tema, no puede reprocharse la conducta del Concejal CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO para esta época, quien muy seguramente actuó bajo la convicción errada de que su actuación era legal…”, toda vez, que, es claro que la norma que la norma – Decretos 1660 y 2164 de 1991 – artículo 13 -, que facultaba a los Gobernadores y Alcaldes para que adoptaran los mecanismos necesarios con el objeto de aplicar la prima técnica de los empleados públicos del nivel territorial, fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 19 de marzo de 1998 (Radicado 11955, M.P. Dr. Silvio Escudero Castro), y el Acuerdo No. 043 fue expedido dos años y medio después, esto es el 12 de diciembre del año 2000; situación y certeza jurídica frente a la cual, para los época de los hechos, no existía ni siquiera duda razonable sobre la incompetencia de los entes territoriales para la creación del tan mencionado factor salarial.
[…]
Aceptando en gracia de discusión que el Concejal MORALES DELGADO no voto favorablemente para la aprobación del Proyecto No. 100 de 2000 que se convirtió posteriormente en el Acuerdo No. 043 del mismo año, cierto si es que, obra en el expediente a folios 49 a 56 Acta No. 128 de 2000 en la que se evidencia que el señor Juan Carlos Morales Delgado respondió el llamado a lista de asistencia a la sesión con voz y voto de 10 de noviembre de 2000, así como el llamado a lista de 10 de diciembre del mismo año, respecto de la aprobación del estudio en segundo debate del Proyecto No. 100 de 2000 (fls. 57 y 58).
Así mismo, está probado en el expediente a folios 771 y 772 que mediante Resolución No. 175 de diciembre 20 de 2000 el Concejo Municipal de Bucaramanga, reconoció honorarios a los Concejales de Bucaramanga, por los 10 días de prórroga del tercer período ordinario de sesiones, por la asistencia comprobada del 1° al 10 de diciembre de 2000, en la cual se indica las sesiones cobradas por cada uno de los Concejales, así:
[…]
CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO 10
[…]
De igual manera, se allegó al expediente interrogatorio realizado al Concejal CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO (fls. 148-156) del cual el A-quo extrajo lo siguiente: […] Haber asistido el 10 de diciembre 2000 al segundo debate de la aprobación del proyecto de Acuerdo 100 de 2000 que posteriormente se convirtió en Acuerdo 043 de 2000 y que intervino al inicio de la sesión. […] Que después de un receso contestó al llamado a lista (…) No puede afirmar o negar que votó positiva o negativamente; por cuanto al escuchar el audio no da una prueba fehaciente. […] Que probablemente sí cobró los honorarios de la sesión; por cuanto el reglamento interno no dice qué tiempo debe permanecer el Concejal en la sesión. […] Que a través del Acuerdo 072 de 1995 se creó la prima de Gestión.
[…]
Ahora bien, esta Delegada en pro de establecer las diferencias circunstancias en que pudo encontrarse en Concejal acá demandado al momento de la votación en cuestión, de conformidad con el acervo probatorio allegado al plenario, pone de manifiesto las siguientes situaciones basadas con fundamento jurídico a lo establecido en el Reglamento Interno – Acuerdo No. 062 de 1996 artículo 50 – el cual enfáticamente se debe “respetar” toda vez que, es deber y obligación de todos los Concejales dar cabal cumplimiento a lo establecido en ese ordenamiento jurídico – artículo 14 ibídem -. Dichas situaciones son: i) si estuvo ausente se debió en el llamado a lista, dejar constancia en la respectiva Acta la transcripción textual de las razones de la excusa invocada; ii) si estuvo en el recinto debió votar en uno u otro sentido, sin embargo si no vota estando presente dentro del recinto, su presencia se tendrá en cuenta para establecer el quórum, en cuyo caso se entenderá decisorio de conformidad con el artículo 50 ibídem; iii) si se abstiene de votar deberá dejar constancia de ello, y si no lo hiciere, se entenderá que votó positivamente.
De cara a estas circunstancias, no hay prueba en el expediente, es decir, no hay constancia que acredite que al momento de la votación del Acuerdo No. 043 de 2000 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, el Concejal MORALES DELGADO se ausentó, evento en el cual debió dejar constancia en la respectiva Acta del llamado a lista la transcripción textual de las razones de la excusa invocada, sin olvidar que “ningún Concejal podrá retirarse del recinto cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación” – art´. 49 -; o si estuvo presente debió votar favorable o desfavorablemente – que según el interrogatorio que se le realizó al Concejal demandado, sostuvo el A-quo que “No puede afirmar o negar que votó positiva o negativamente” (fl. 24 sentencia) – diligencia procesal en donde el señor CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO tuvo la oportunidad probatoria de dejar sentado que su voto fue negativo, obviamente si así hubieses sucedido, empero no lo hizo; tampoco hay constancia o prueba de que se abstuvo de votar, frente a lo cual su voto se entiende que fue afirmativo, según se reitera, lo establecido en el artículo 50 transcrito en precedencia. […]»
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Procedibilidad de la acción pérdida de investidura
El demandante aportó con su demanda un disco compacto en el cual se allegan diferentes archivos en formato PDF. Dentro de los archivos que se anexan se encuentran los siguientes:
«[…] 1. Oficio 716 original de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde anexa el pantallazo en 4 folios y certifica que el doctor Carlos Alberto Morales Delgado fue elegido como concejal de Bucaramanga para el período 1998-2000 por el partido liberal. Lo anterior porque el archivo físico ya no existe.
2. Copia simple de Acta de Posesión de los Honorables Concejales de Bucaramanga para el período constitucional 1998 – 2000. […]»
Así mismo, el demandante, dentro del acápite que denominó «[…] DOCUMENTALES QUE SE SOLICITAN […]», pidió al Tribunal Administrativo de Santander que solicitara al concejo municipal de Bucaramanga «[…] copia auténtica de los documentos que anexo como pruebas documentales».
Mediante auto del 2 de marzo de 2016, providencia judicial mediante la cual se abrió el proceso a pruebas, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó:
«[…] 1.2. DOCUMENTOS A OFICIAR […] Por Secretaría de la Corporación ofíciese a las siguientes entidades para que se sirvan remitir dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación, certificaciones y documentos que a continuación se relacionan: […] Al Concejo Municipal de Bucaramanga a fin de que se sirva remitir con destino a esta Corporación, copia auténtica de los siguientes documentos: […] Oficio 716 original de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde anexa el pantallazo en 4 folios y certifica que el doctor Carlos Alberto Morales Delgado fue elegido como concejal de Bucaramanga para el período 1998-2000 por el partido liberal. […] Copia del Acta de Posesión de los Honorables Concejales de Bucaramanga para el período constitucional 1998-2000. […]»
El concejo municipal de Bucaramanga, mediante oficio del 15 de marzo de 2016, contestó el requerimiento formulado por el Tribunal Administrativo de Santander, manifestando lo siguiente:
«[…] 1. Oficio 717 original de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde anexa el pantallazo en 4 folios y certifica que el Doctor Rene Rodrigo Garzón Martínez fue elegido como concejal de Bucaramanga para el período 1998-2000 por el partido liberal […] Revisado el archivo del Concejo de Municipal (sic) de Bucaramanga no se encontró el oficio 717 de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitado por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander […] 2. Copia del acta de posesión de los Honorables Concejales de Bucaramanga para el período constitucional 1998-2000 […] Revisado el archivo del Concejo Municipal de Bucaramanga en este no reposa acta de posesión de los Honorables Concejales de Bucaramanga para el período constitucional 1998-2000 […]».
Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, la Sala procederá a la valoración de la copia simple del Acta nro. 001 del 2 de enero de 1998 que se encuentra en 4 archivos en formato pdf, en el disco compacto que se acompañó a la demanda, copias simples que, en criterio de esta Sala, «[…] tienen el mismo valor del original hasta tanto sean tachadas de falsas o controvertido su contenido […]», cuestión que no ha ocurrido en este proceso por cuanto las copias no han sido tachadas o controvertidas por ninguna de las partes.
En dicha sesión, según la citada acta, se dio posesión a los concejales elegidos para el período 1998-2000, así: «[…] 5. POSESIÓN DE LOS CONCEJALES DE BUCARAMANGA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1998 – 2000. […] La Presidencia procede a tomar el respectivo juramento y posesionar oficialmente a todos los Honorables Concejales electos […]», por lo que resulta claro que el demandado es sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.
2.- La causal de pérdida de investidura alegada por la parte demandante
El demandante considera que el concejal Carlos Alberto Morales Delgado, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el nro. 4 del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.
Al respecto cabe de indicar que conforme al artículo 86 de la Ley 617, «[…] El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los cuales se refiere la presente ley, regirá para las elecciones que se realicen a partir del año 2001 […]», razón por la que la norma aplicable al presente asunto no es dicha ley, sino la Ley 136, que en su artículo 55, estableció que los concejales perderían su investidura «[…] 3. Por indebida destinación de dineros públicos […]», disposición cuya redacción es igual a la contenida en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617.
Precisado lo anterior, esta Corporación ha determinado, en repetidas oportunidades, el alcance de esta causal de pérdida de investidura en los siguientes términos:
«[…] Como la causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura, resulta pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha dado. En efecto, en sentencia de 3 de octubre de 2000 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a este respecto precisó:
“[...]
La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados;
Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
[...]” […]»
3.- El problema jurídico
El problema jurídico a resolver en este proceso judicial consiste en determinar si el demandado, Carlos Alberto Morales Delgado, en su condición de concejal del municipio de Bucaramanga (Santander), incurrió en indebida destinación de dineros públicos, causal de pérdida de investidura prevista en el nro. 3 del artículo 55 de la Ley 136, por haber participado, con su voto afirmativo, en la expedición del Acuerdo nro. 043 de 2000, acto administrativo en el cual se estableció que el alcalde de ese municipio continuaría devengando, a partir del primero de enero de 2001, una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo, la cual fue devengada efectivamente por dicho servidor público, desconociendo las disposiciones constitucionales y legales que le impiden a los concejos municipales crear factores salariales.
4.- Análisis del problema jurídico y del caso concreto
Para el análisis de la cuestión debatida, esta Sala debe señalar que mediante auto del 6 de febrero de 2017, el despacho instructor del proceso ordenó la práctica de pruebas de oficio con el fin de esclarecer puntos oscuros o difusos que se presentaban en el proceso judicial, señalando:
«[…] Al respecto advierte el despacho que en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander indica que «(…) Además, no se materializaron efectos jurídicos del Acuerdo 043 de 2000, porque fue subrogado por el Acuerdo 01 de 2001, a través del cual se regularon de manera integral las asignaciones civiles del señor Alcalde, entre ellas la prima de gestión, con efectos fiscales a primero de enero de 2001 (…)».
Dicho Acuerdo núm. 001 de 19 de enero de 2001 fue aportado, junto con otros documentos (fol. 162-163, cuaderno núm. 2), por el demandado en la diligencia de interrogatorio practicada al demandado (fol. 148-156, cuaderno núm. 2), la cual transgredió la garantía consistente en que nadie «(…) podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (…)», prevista en el artículo 33 de la Carta Política, de la cual se ha derivado la prohibición de que se ordene la práctica de esa prueba en los procesos de pérdida de investidura, de lo cual da cuenta numerosas decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de esta Sala.
De otro lado, el demandado en sus alegatos de conclusión, manifestó que si bien el artículo 8 del Acuerdo núm. 043 de 2000, el cual estableció que a partir del 1° de enero de 2001 el alcalde de Bucaramanga continuaría devengando mensualmente una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual, nació a la vida jurídica, también lo es que mediante el Acuerdo núm. 001 del 19 de enero de 2001 se reguló de manera integral la remuneración de ese servidor público, por lo que el citado Acuerdo núm. 043, en su concepto, no tuvo eficacia jurídica alguna por haber sido derogado tácitamente por el acuerdo del 2001, acompañando para el efecto una certificación del Secretario General del concejo de Bucaramanga, documento que no puede ser tenido como prueba en la medida que no fue aportado en las oportunidades probatorias establecidas por el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La vigencia del artículo 8° del Acuerdo núm. 043 de 2000 es, entonces, un asunto que resulta confuso y cuyo esclarecimiento resulta de la mayor importancia en el análisis de la configuración de la causal de pérdida de investidura, por lo que este despacho, siguiendo los lineamientos del artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, oficiará: (1) al concejo municipal de Bucaramanga a fin de que remita a este proceso judicial: (i) copia del Acuerdo núm. 001 de 19 de enero de 2001 y (ii) Certificación sobre la vigencia del Acuerdo núm. 043 de 2000; (2) a la alcaldía municipal de Bucaramanga para que remita certificación sobre los valores que fueron pagados al alcalde de ese municipio con sustento en el Acuerdo núm. 043 de 2000 y con sustento en el Acuerdo núm. 001 de 19 de enero de 2001, relativos a la prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual […]»
El Secretario General del Concejo Municipal de Bucaramanga, Sergio Andrés Galindez Riveros, mediante comunicación del 27 de marzo de 2017, dio respuesta al Oficio nro. 588 enviado por la secretaría de esta Sección para dar cumplimiento al auto citado, anexando «(…) el certificado solicitado y copia del acuerdo municipal 001 del 19 de enero de 2001 (…)» (fol. 149-153, cuaderno Consejo de Estado). En el certificado allegado al expediente (fol. 150, cuaderno Consejo de Estado), el funcionario mencionado manifiesta:
«[…] CERTIFICA: […] Que el artículo octavo del Acuerdo Municipal 043 del año 2000 quedó en firme el 12 de Diciembre del año 2000, fecha en que el Alcalde Municipal sancionó este Acuerdo y fue publicado de conformidad con los mandatos legales. […] Que el 19 de enero de año 2001 el Concejo Municipal expidió el Acuerdo Municipal 001 el cual derogó tácitamente solo lo preceptuado en el artículo octavo (8) del Acuerdo Municipal 043 del año 2000. […] Que en consecuencia el artículo octavo (8) del Acuerdo 043 del 12 de diciembre del año 2000 perdió eficacia, por esta razón no pudo ser aplicado o ejecutado por la Alcaldía Municipal en la vigencia fiscal correspondiente al año 2001 […] Que el título del Acuerdo 043 del 12 de diciembre del año 2000 dice que este acuerdo entrará a regir en la vigencia fiscal del 2001, por lo tanto el Acuerdo 043 del 2000 no tenía la fuerza ejecutoria para ser aplicado en el año 2000 […]».
Junto a la certificación anterior, se encuentra el Acuerdo nro. 001 del 19 de enero de 2001 (fol. 151-153, cuaderno Consejo de Estado).
Los citados documentos fueron puestos en conocimiento de las partes y el Ministerio Público por el término común de tres (3) días (fol. 155, cuaderno Consejo de Estado). La parte demandada, por intermedio de apoderado judicial, emitió su pronunciamiento en relación con las pruebas allegadas por el Concejo de Bucaramanga (folio 160-183, cuaderno Consejo de Estado).
Así, manifestó que, como lo indicó el concejo del municipio de Bucaramanga en la certificación allegada al proceso, si bien el artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000 nació a la vida jurídica en relación con la prima de gestión y demás emolumentos del Alcalde Municipal, no tuvo eficacia jurídica, en virtud de que este artículo fue subrogado o derogado tácitamente por el Acuerdo nro. 001 del 19 de enero de 2001, el cual reguló de manera integral toda la materia relacionada con los emolumentos reconocidos al alcalde municipal de la época, por lo que a través suyo no se destinaron dineros públicos de manera ilegal y, en esa medida, no existe prueba de la causal de pérdida de investidura que se le endilga.
Por ende consideró que se debía aplicar al presente caso, la sentencia del 9 de febrero de 2017, Magistrado Ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, pues en dicha decisión judicial se analizó la misma causal de pérdida de investidura frente a similares supuestos de hecho de los aquí estudiados, y en la que se negaron las pretensiones de la demanda por cuanto en el plenario no se encontraba la prueba de que se hubiera pagado valor alguno por concepto de prima técnica al alcalde del municipio de Bucaramanga, situación que, continua el demandado, se predica también en este proceso.
Finalmente reiteró los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión en primera y en segunda instancia, los cuales, en su entender, constituyen «[…] otros caminos diferentes a través de los cuales se llega a la misma conclusión jurídica, esto es, la inexistencia de prueba de la indebida destinación de dineros públicos […]».
Ahora bien, como lo señaló el auto del 6 de febrero de 2017, resulta de la mayor importancia determinar si el Acuerdo nro. 043 de 2000 fue derogado (como lo señala el concejo del municipio de Bucaramanga) o subrogado (como lo indica el Tribunal Administrativo de Santander) al ser este acto administrativo que estableció, en el parágrafo del artículo octavo, la prima de gestión al alcalde del municipio de Bucaramanga, y cuya materialización, de acuerdo con la posición del demandante, originaría la indebida destinación de dineros públicos.
Resulta pertinente, entonces, recordar los conceptos de derogación y subrogación. Conforme los artículos 71 y 72 del Código Civil, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita. Es expresa «[…] cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua […]» (Art. 71, C.C.) y tácita «[…] cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior […]» (Art. 71, C.C.). Así mismo, «[…] La derogación de una ley puede ser total o parcial […]» (Art. 71, C.C.). El artículo 72 del Código Civil, a su turno, indica que «[…] La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. […]».
Al revisar la constitucionalidad de las anteriores disposiciones del Código Civil, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-159 de 2004, recordó:
«[…] El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define derogar como “abolir, anular una cosa establecida como ley o costumbre”.
Según el derecho romano, la derogación viene del latín derogare, que supone la revocación parcial de la ley, a diferencia de la abrogación que significa la supresión completa de una ley.
En nuestro sistema el sustantivo derogación, es el único que define a todas las formas enunciadas de modificación o supresión de una ley. Así, de conformidad con los artículos 71 y 72 del Código Civil, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la ley dice expresamente que deroga la antigua. Y tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
En la derogación expresa, el legislador señala en forma precisa y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria ninguna interpretación, pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o varios preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador.
Contrario a lo anterior, la derogación tácita supone un cambio de legislación, una incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley y la ley que antes regía. Hecho que hace necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer qué ley rige la materia, o si la derogación es total o parcial.
La ley 153 de 1887 en su artículo 3º establece otra forma de derogación y es la derogación orgánica. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de marzo 28 de 1984, señaló que:
“La derogación orgánica, que para no pocos autores no pasa de ser una faz de la derogatoria tácita, sólo se da es verdad cuando la nueva ley “regule íntegramente la materia” que la anterior normación positiva regulaba. Empero, determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, depende de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre éstas y las de la ley anterior.
Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que por tanto responde mejor al ideal de justicia, ideal y necesidad éstos que tornan urgente la aplicación de la nueva ley; aplicación que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva. Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente prevalece”
Por su parte, sobre la derogación de las leyes, esta Corporación, en sentencia C-443 de septiembre 18 de 1997 señaló:
“[e]n términos generales, se puede decir que la derogación tiene como función, tal y como lo señala la doctrina y lo ha establecido esta Corporación, dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior, por cuanto la derogación no se basa en un cuestionamiento de la validez de la norma -como sucede cuando ésta es anulada o declarada inexequible por los jueces- sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes, por el Congreso. Esta Corte ya había precisado esa diferencia con claridad. Dijo entonces esta Corporación:
“Así, la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del Legislador, pues ese órgano político decide expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación de la materia quede sometida a los principios generales del ordenamiento. Es pues un acto de voluntad política pues el Legislador evalúa, conforme a criterios de conveniencia, cuando es oportuno derogar una determinada disposición (....) En cambio, la inexequibilidad surge de un conflicto normativo entre la Constitución y la ley, que es resuelto jurídicamente por el órgano a quien compete preservar la supremacía de la Carta. El juez constitucional no decide entonces conforme a su voluntad política sino que se limita a constatar esa incompatibilidad, y a expulsar del ordenamiento la disposición legal, por ser ésta de menor jerarquía. (...) En síntesis, y tal y como esta Corporación ya lo había señalado, "la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación (Sentencia C-145/94. MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamento Jurídico No 5)" […]».
En la Sentencia C-668 de 2008, la Corte Constitucional reiteró lo expuesto anterior, en la siguiente forma:
«[…] Cómo lo recordó la sentencia C-159 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la derogación expresa ocurre cuando el legislador señala en forma determinante y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria interpretación alguna de las normas en cuanto a su vigencia, pues simplemente se excluyen del ordenamiento los preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador. En contraposición a esa figura, la derogación tácita supone con el cambio de legislación, una incompatibilidad entre lo regulado en la nueva ley y lo establecido en la ley anterior. En tal caso, se hace necesario interpretar ambas leyes, para establecer cuál es la ley que rige la materia, o si la derogación es total o parcial, o si se dio una subrogación, que involucra la sustitución de un texto por otro, derivado de la derogación de la norma.
Una interpretación normativa en tal sentido, requiere del análisis de los artículos 71 y 72 del Código Civil, así como del 2º y 3º de la Ley 153 de 1887, que consagran la figura de la derogatoria tácita y determinan sus efectos.
Los artículos 71 y 72 del Código Civil, autorizan la derogatoria tácita, especificando que existe y opera, cuando la norma anterior sobre una misma materia es contraria a las disposiciones de la nueva ley. Los artículos 2 y 3 de la Ley 153 de 1887, de otro modo, imponen a las autoridades judiciales en materia de interpretación legal, reconocer que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. A su vez, que una ley puede derogarse por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.
También puede producirse la sustitución de una norma por otra posterior que es una forma de derogación que se ha llamado por la teoría jurídica, subrogación.
Es claro entonces que las leyes nuevas derogan las anteriores que les sean contrarias, y que la derogatoria es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogatoria, tácita o expresa, por lo tanto, es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social El Congreso tiene competencia para derogar las normas precedentes de acuerdo a la atribución que expresamente le confiere la Carta (Art. 150 C.P) así como en atención al propio principio democrático y en la soberanía popular (Art. 1 y 3 C.P), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, sean inagotables. En ese sentido, es la propia libertad política del legislador la que le permite a ese órgano, expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición o para regular toda una materia.
Con todo, la derogación de una norma no afecta tampoco ipso iure la eficacia de las normas, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella. Ello justifica que la Corte se pronuncie en ocasiones, sobre preceptos derogados, en los casos en que éstos siguen produciendo efectos […]».
En relación con la subrogación, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-019 de 2015, ha precisado este concepto en la siguiente forma:
«[…] 4.- La jurisprudencia constitucional se pronunciado en diversas ocasiones sobre los distintos fenómenos propios de la dinámica y la estática jurídicas (derogación expresa, tácita y subrogación) y ha afirmado que
“El Congreso tiene competencia para derogar las normas precedentes de acuerdo a la atribución que expresamente le confiere la Carta (Art. 150 C.P) así como en atención al propio principio democrático y en (sic) la soberanía popular (Art. 1 y 3 C.P), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, sean inagotables. En ese sentido, es la propia libertad política del legislador la que le permite a ese órgano, expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición o para regular toda una materiahttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-668-08.htm - _ftn33.”
La Corte ha considerado a la subrogación como una modalidad de la derogación y estima que estos dos fenómenos transforman el ordenamiento jurídico por su virtud de sustituir o excluir normas del sistema. Este tipo de cambios tienen relevancia constitucional no sólo por la innovación en sí misma, sino por sus efectos sobre la vigencia de las disposiciones subrogadas o derogadas y la eventual determinación de la competencia del juez constitucional para estudiarlas, elemento fundamental para establecer la procedencia del juicio de constitucionalidad. En efecto, la comprensión de estos fenómenos permite determinar si, a pesar de que una preceptiva jurídica haya sido subrogada o derogada, mantiene su producción de efectos jurídicos. En ese caso el juez constitucional podría adelantar el cotejo de la norma con la Constitución, si se cumplen los demás requisitos para iniciar el proceso.
Aunque haya una relación estrecha entre la derogación y la subrogación, la sentencia C-241 de 2014 se pronunció sobre las diferencias entre la derogatoria tácita y la subrogación e hizo un recuento de otros pronunciamientos sobre el tema, de hecho citó la sentencia C-668 de 2008 que indicó lo siguiente: “También puede producirse la sustitución de una norma por otra posterior que es una forma de derogación que se ha llamado por la teoría jurídica, subrogación.” El mismo fallo distinguió este fenómeno de la derogatoria tácita, fenómeno en el cual “la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.”http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-668-08.htm - _ftn31 Y también recordó que el tránsito constitucional no generó la derogación automática de todas las normas preconstitucionales.
5.- Cuando se presentan estas transformaciones normativas en casos bajo el conocimiento de la Corte, ésta deberá establecer la vigencia de las disposiciones demandadas y, con esto, determinará su competencia. La metodología de análisis inicia con la comprobación del fenómeno ocurrido: derogatoria explícita, tácita orgánica, o subrogación. Luego procede verificar si, aun en presencia de alguna de estas situaciones, la norma derogada o subrogada mantiene su producción de efectos jurídicos, caso en el cual el Tribunal Constitucional es competente para iniciar el juicio de constitucionalidad. En este paso, una de las posibles hipótesis es que el texto demandado haya sido subrogado por una norma de la misma jerarquía que, además, reproduzca su contenido de manera idéntica. En estos casos la Corte debe analizar la eventual aplicación de la integración normativa bajo circunstancias específicas, tal como lo ha explicado la jurisprudencia. Esta figura opera como consecuencia de la continuación en la producción de los efectos jurídicos de la disposición, del principio pro actione, de la economía procesal y del debido proceso.
(…)
El mantenimiento de la competencia de la Corte es justificable porque la subrogación sustituye una norma por otra, no es una derogación simple, pues en lugar de abolir o anular una disposición, lo que hace es poner un texto normativo en lugar de otro. Como lo resaltó la sentencia C-502 de 2012 “Como resultado de la subrogación, las normas jurídicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en parte ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas.”
(…)
6.- La jurisprudencia descrita explica una de las hipótesis posibles durante el proceso de subrogación. En efecto, existen varias posibilidades cuando los elementos a considerar son (i) los contenidos: la reproducción total o parcial del contenido de la norma subrogada por parte de la subrogatoria; (ii) la jerarquía de la disposición subrogada y (iii) la claridad en la producción de efectos jurídicos de la regla subrogada. Las hipótesis y su correspondiente solución en torno a la competencia de la Corte constitucional podrían formularse como sigue:
6.1.- La norma subrogada y la subrogatoria tienen la misma jerarquía e idéntico contenido, por lo tanto la Corte mantiene competencia aunque la norma demandada haya sido subrogada. En ese caso –ejemplificado por la jurisprudencia precitada- la Corte puede hacer la integración normativa según las subreglas constitucionales vigentes. Se puede decir que la norma subrogada continúa con la producción de sus efectos jurídicos porque su contenido material pervive en la disposición subrogatoria.
6.2.- La norma subrogatoria es de inferior jerarquía, en ese caso, ya sea un contenido idéntico o no, la Corte no sería competente para decidir sobre la disposición subrogatoria. Sin embargo, procede analizar si la norma subrogada aun genera consecuencias jurídicas mediante la revisión de una eventual producción de sus efectos, esto se puede establecer por la práctica real o por el análisis de vigencia determinado por el propio sistema jurídico.
6.3.- La norma subrogada y la subrogatoria tienen la misma jerarquía pero contenidos materialmente distintos, en ese caso, la Corte no podría hacer la integración normativa pues podría incurrir en un control oficioso que le está vedado. En ese caso procede analizar si la norma subrogada mantiene consecuencias jurídicas mediante la revisión de una eventual producción de sus efectos, esto se puede establecer por la práctica o por el análisis de las disposiciones sobre la vigencia.
7.- En síntesis, para saber si hay una subrogación deberán analizarse: (i) las normas subrogada y subrogatoria; (ii) la aptitud formal de la norma subrogatoria para reformar a la subrogada, determinada por la jerarquía normativa, (iii) la aptitud material de la norma derogatoria para sustituir a la norma subrogada, definida por sus contenidos.
Luego del establecimiento del fenómeno ocurrido -puntos (i) a (iii)- si se trata de una subrogación, es importante entender que esta figura pone un texto normativo en lugar de otro. La sustitución genera que el examen inicie con (iv) la verificación de identidad material y jerárquica entre la norma subrogada y la subrogatoria. Si éstas son confirmadas, la Corte debe evaluar la procedencia de la integración normativa para entrar al estudio de fondo, explicable por la pervivencia material de la disposición subrogada a través de la subrogatoria. Si no se presentan identidad material ni jerárquica -porque la preceptiva reformatoria es de inferior jerarquía-, la Corte aún (v) debe preguntarse sobre su competencia ante la eventual producción de efectos por parte de la norma subrogada. Para establecer si la disposición aún genera resultados jurídicos deben verificarse (a) las cláusulas de vigencia del cuerpo normativo subrogatorio, (b) los elementos de la práctica judicial relevantes, (c) los aspectos de eficacia social pertinentes o (d) cualquier otro criterio aplicable que demuestre que la norma continúa con la producción de sus consecuencias. […]».
Siguiendo los lineamientos expuestos, resulta necesaria la comparación del Acuerdo nro. 043 de 2000 (fol. 22-24, cuaderno principal) y el Acuerdo nro. 001 de 2001 (fol. 151-153, cuaderno Consejo de Estado), así:
Acuerdo nro. 043 del 12 de diciembre de 2000
Acuerdo nro. 001 del 19 de enero de 2001
ARTÍCULO OCTAVO.- El sueldo del señor Alcalde se reajustará de acuerdo a lo establecido por la ley.
PARÁGRAFO.- A partir del primero (1) de enero de 2001, el señor Alcalde continuará devengando mensualmente una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual.
ARTÍCULO PRIMERO.- Señalar como asignación mensual al señor Alcalde de Bucaramanga para la vigencia fiscal de 2001, la suma de cinco millones ciento sesenta y cinco mil setecientos seis pesos ($5.165.706.oo).
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir del primero (1°) de enero de 2001, el Señor Alcalde devengará una prima de gestión equivalente al 20% del sueldo mensual la cual no constituye factor salarial.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos fiscales la asignación señalada en el artículo precedente se causará a partir del primero (1°) de enero del año en curso.
Claro es que las dos disposiciones tienen la misma jerarquía normativa, así como que el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo nro. 001 de 2001 reproduce el texto del parágrafo del artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000, adicionando, únicamente, que dicha prima de gestión «no constituye factor salarial».
Puede colegirse, entonces, que el parágrafo del artículo 8 del Acuerdo nro. 043 de 2000 fue subrogado por el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo nro. 001 de 2001, esto es, se sustituyó una norma por otra.
No operó, como lo considera el secretario general del concejo del municipio de Bucaramanga en la certificación que expidió con destino a este despacho (fol. 150, cuaderno Consejo de Estado) la derogatoria tácita del Acuerdo nro. 043 de 2000, sin embargo, para la Sala la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos no puede estar sustentada en la ejecución de un acto administrativo de contenido general que ha sido sustituido por otro que nunca fue mencionado por el actor en su demanda y que se refiere específicamente a la remuneración del alcalde de aquel municipio, puesto que, finalmente, es el Acuerdo nro. 001 de 2001 el que termina siendo ejecutado por la administración municipal y el que daría lugar a que se destinaran recursos públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
Nada aporta a este proceso judicial, entonces, la prueba de que el señor Carlos Alberto Morales Delgado, en su condición de concejal del municipio de Bucaramanga para el período 1998-2000, haya votado positivamente el proyecto de acuerdo que se convertiría en el Acuerdo nro. 043 de 2000, cuestión medular dentro del recurso de apelación, dedicando pocos apartes a controvertir la afirmación del Tribunal Administrativo de Santander en relación a la materialización de los efectos del Acuerdo nro. 043 de 2000, cuando resulta ser este aspecto fundamental para la configuración de la causal de pérdida de investidura.
Esta Sala, entonces, evidencia que no se configuró la indebida destinación de dineros públicos y, en consecuencia, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se decidió no decretar la pérdida de investidura del concejal del municipio de Bucaramanga, señor Carlos Alberto Morales Delgado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Sentencia del 16 de julio de 2015, Rad No.11001-03-24-000-2012-00156-00, Actor: Plásticos Técnicos Mexicanos S.A. de C.V., M.P. Guillermo Vargas Ayala. Sentencia del 10 de septiembre de 2015, Rad No. 25000-23-41-000-2014-01024-01, Actor: Seguros Comerciales Bolívar S.A., M.P. María Elizabeth García González.
«[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de dineros públicos […]»
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI). Actor: JAIRO NÚÑEZ MARTÍNEZ. Demandado: HERNAN TORRES SAENZ. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla. Expediente AC-10529 y AC-10968. Actores Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez. Norma cuya redacción es igual a la contenida en el nro. 4 de la Ley 617, que es la indicada por el actor. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Auto de seis (6) de octubre de dos mil quince (2015), Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01602-00(A), Actor: PABLO BUSTOS SANCHEZ, Demandado: HOLGER HORACIO DIAZ HERNÁNDEZ. Ver CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON, Sentencia de veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00521-01(PI), Actor: ZAFARIS SEÑAS SIERRA, Demandado: CARLOS SEGUNDO DURAN B. Referencia: APELACION SENTENCIA. PERDIDA DE INVESTIDURA
ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5.
Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles. Ver, entre otras, la sentencia C-055 de 1996. Fundamento jurídico No 6. A nivel de la doctrina, ver Hans Kelsen, Ulrich Klug. Normas jurídicas y análisis lógico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp 71. Sentencia C-055 de 1996. Fundamento Jurídico No 7.. Dice el artículo 71 del Código Civil: “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.//Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.//Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.”. El artículo 72 del Código Civil dice lo siguiente: “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”. ARTICULO 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. ARTICULO 3o. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería. Sentencia C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-541 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía
Sentencia C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-145 de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-145 de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-688 de 2008 citada por la sentencia C-241 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia C-241 de 2014. Esta decisión analizó el Decreto Ley 1399 de 1990, referido a la nueva vinculación laboral de empleados oficiales y trabajadores de entidades del sector salud suprimidas, liquidadas o cedidas durante dos años de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República. Esta regulación no fue incluida en la ley posterior, pues la Ley 443 de 1998 -derogada parcialmente por la Ley 909 de 2004- estableció de manera general los derechos de todos los empleados de carrera en situaciones similares, sin establecer un tratamiento especial para los del sector salud. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia C-688 de 2008 citada por la sentencia C-241 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
“POR EL CUAL SE FIJA LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES CENTRAL MUNICIPAL, PLANTA DE DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PLANTA TRANSITORIA, TRABAJADORES OFICIALES Y CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2001 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
“POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA LA ASIGNACIÓN MENSUAL DEL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2001 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Indicó el apelante: «[…] Erradamente advierte la Sala que no se materializaron los efectos jurídicos del Acuerdo 043 de 2000, porque fue subrogado por el acuerdo 01 de 2001, a través del cual se regularon de manera integral las asignaciones civiles del alcalde […] De lo anterior omite la ponente, dilucidar que el acuerdo 01 de 2001, mantuvo la prima de gestión aquí objeto de la acción, por lo que su defensa al respecto causa desconcierto […]».
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