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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00187-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00187-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia apelada del 25 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Olmedo Ruiz Casas en contra del Banco Agrario de Colombia S.A. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Con salvamento parcial de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00187-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00187-01 (3957-2024)
Demandante: Olmedo Ruiz Casas
Demandado: Banco Agrario de Colombia

Tema: Disciplinario. Falta Gravísima

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 25 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.2. La demanda1
1.2.1. Las pretensiones

1. Olmedo Ruiz Casas en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia del 20 de octubre de 2014 y 18 de febrero de 2015,
proferidos por la Coordinación Disciplinaria Regional Oriental de la Oficina de
Control Disciplinario Interno y la Presidencia del Banco Agrario de Colombia, en
virtud de los cuales fue declarado responsable de una falta disciplinaria gravísima a
título de dolo y fue sancionado con destitución del cargo de director de la Oficina de
Bolívar (Santander), e inhabilidad general de 12 años.

1 El expediente puede ser consultado en el link visible en el documento 5 del expediente digital de

primera instancia en Samai.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Olmedo Ruiz Casas

2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) la eliminación de la sanción
disciplinaria de cualquier base de datos y de su hoja de vida; y ii) el pago de
$128.870.000 por concepto de perjuicios morales y « daño a la vida en relación».

1.2.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. El 3 de agosto de 2010, el encargado del área de Seguridad Bancaria del Banco
Agrario de Colombia rindió un informe dirigido al asesor penalista de esa entidad en
el que informó sobre presuntas irregularidades en el cobro de la pensión de de Ana
Julia Medina de Téllez quien falleció en julio de 2008, pero recibió pagos hasta julio
de 2010.

3.2. El 6 de agosto de 2010, Rita Delia Téllez Medina, hija de Ana Julia Medina de
Téllez, rindió declaración ante la Oficina de Control Interno del Banco Agrario en la
que manifestó que luego del fallecimiento de su madre ocurrido el 23 de julio de
2008, realizó el cobro mensual de la mesada aprovechándose de la buena fe de los
empleados, para lo cual aportó autorizaciones de cobro en las que falsificó la firma
y huella de la beneficiaria, suplantó la rúbrica de un notario para dar apariencia de
legalidad a los documentos y certificados de supervivencia obtenidos irregularmente
en la Alcaldía Municipal de Bolívar (Santander).

3.3. El 5 de enero de 2011 el Banco Agrario inició un proceso disciplinario
identificado con el radicado 135-007-2010 en contra de Jenny Paola Camacho
Medina, asesora comercial, y Diana Claritza Rodríguez Jiménez y Yurani Andrea
Cuervo Becerra, cajeras de la entidad, quienes eran las encargadas de verificar la
documentación aportada y realizar el respectivo pago mensualmente. En esa
oportunidad se les investigó por falta grave a título de culpa.

3.4. El 17 de noviembre de 2011, en una nueva diligencia testimonial, Rita Delia
Téllez Medina cambió su declaración y afirmó que los pagos contaban con la
anuencia de Olmedo Ruiz Casas, director de la Oficina del Banco Agrario de Bolívar,
y de las disciplinadas, a quienes les pagaba una suma mensual proveniente del
dinero cobrado y quienes sí tenían conocimiento del fallecimiento de la titular de la
pensión. También afirmó que Olmedo Ruiz Casas coordinó el mecanismo de pago
de las mesadas y que las demás intervinientes recibían los documentos falsos sin
objeciones y realizaban el respectivo pago. Tuvo miedo de aceptar la participación
de los empleados bancarios en la primera diligencia, pero su cónyuge, Germirto
Téllez González, podía corroborar su declaración.

3.5. El 4 de enero de 2012 la Oficina de Control Interno Disciplinario modificó la falta
de Jenny Paola Camacho Medina, Diana Claritza Rodríguez Jiménez y Yurani

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Demandante: Olmedo Ruiz Casas

Andrea Cuervo Becerra a gravísima a título de dolo, mientras que el 21 de marzo
de 2013 inició el proceso disciplinario en contra de Olmedo Ruiz Casas por los
mismos hechos, proceso identificado con el radicado 2013-007-0014.

3.6. El 23 de febrero de 2012, Rita Delia Téllez Medina fue condenada a 55 meses
de prisión por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento
privado y estafa agravada.

3.7. Por medio de decisión del 28 de enero de 2013 la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Banco Agrario declaró responsables a Jenny Paola Camacho Medina y
Diana Claritza Rodríguez Jiménez por haber incurrido en la falta gravísima descrita
en el ordinal 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, relativa a realizar una conducta
típica prevista en la norma como un delito sancionable a título de dolo y las sancionó
con la destitución e inhabilidad general por 12 años.

3.8. El 20 de octubre de 2014 se profirió decisión disciplinaria de primera instancia
dentro del proceso adelantado contra Olmedo Ruiz Casas, lo declaró responsable
de haber incurrido en la falta gravísima descrita en el ordinal 1 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, relativa a realizar una conducta típica prevista en la norma como
un delito sancionable a título de dolo y lo sancionó con destitución del cargo e
inhabilidad general por el término de 12 años. La anterior decisión fue confirmada
el 18 de febrero de 2015.

1.2.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 15 y 29 de la Constitución Política;
4, 19, 48, 105, 128, 140 y 141 de la Ley 734 de 2002.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

5.1. En el proceso disciplinario no se acreditó el fallecimiento de Ana Julia Medina
de Téllez a través del medio idóneo, esto es, el registro civil de defunción, lo que
implicó un incumplimiento de la carga de la prueba por parte del ente investigador y
que el hecho base sobre el cual se estructuró la imputación careciera de
demostración. Además, se tuvo por probada la falsedad de los documentos
aportados para el cobro de la mesada sin que se practicaran dictámenes periciales
que así lo demostraran y se les otorgó pleno valor a las pruebas trasladadas desde
otro proceso disciplinario sin agotarse la debida contradicción y sin garantizar el
debido proceso.

5.2. Se asumieron hechos sin ningún respaldo probatorio como el conocimiento del
deceso de la titular del derecho, conclusión a la que se llegó a partir de argumentos
relacionados con la demografía del municipio, la cercanía geográfica y la existencia

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Demandante: Olmedo Ruiz Casas

de un sistema de perifoneo en el que supuestamente se informó abiertamente el
deceso en todo el municipio, pero sin establecer las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de esa comunicación. Además, la declaración de Jenny Paola Camacho no
fue recaudada con intervención de su apoderado judicial y se desconoció lo
ordenado en el artículo 140 de la Ley 734 de 2002.

5.3. Se desconocieron las reglas de la valoración probatoria al otorgarle plena
credibilidad al testimonio contradictorio de Rita Delia Téllez Medina y no tomar en
consideración que Ana Julia Medina de Téllez nunca asistió personalmente a cobrar
la mesada pensional, circunstancia que fue aprovechada para cometer el delito
valiéndose de la buena fe de la asesora comercial y la cajera de la entidad. En esa
misma línea, no se valoró el manual de funciones del que podría concluirse que la
verificación de documentación y pago de mesadas no hacía parte de las
responsabilidades del director de la oficina.

5.4. Dentro del proceso se probó que el director de la oficina solo interviene en el
pago de pensiones cuando el monto es alto, requisito que no cumplía en ese caso,
al paso que las labores de asesoría y caja se ejercían de manera autónoma por lo
que no se requería la intervención del director.

5.5. Se tuvo por cierta unas supuestas instrucciones impartidas de instrucciones a
Jenny Paola Camacho Medina y Diana Claritza Rodríguez Jiménez sobre el pago y
no verificación de la documentación aportada por Rita Delia Téllez Medina a partir
de declaraciones vagas e imprecisas.

5.6. En el proceso quedó probado que Rita Delia Téllez Medina recibió beneficios
penales que le fueron otorgados por vincular a otras personas relacionadas con la
comisión del delito, lo cual afectó su credibilidad. La falta de pruebas llevó al « uso
excesivo» de la sana crítica, el sentido común y la experiencia sin acudir a material
probatorio que permitiera tener por cierta la comisión de la conducta investigada y
se tomaron sus declaraciones como indicios de responsabilidad, de modo que se
desconoció el derecho a la no auto incriminación.

5.7. No se configuró falta disciplinaria, en tanto no se acreditaron los elementos
objetivos y subjetivos de la conducta imputada ni se probó la realización del tipo
penal de cohecho propio, al no demostrarse la recepción de dádivas ni la ejecución
de actos contrarios al deber funcional.

1.3. Contestación de la demanda

6. El Banco Agrario de Colombia se opuso a las pretensiones por las siguientes
razones3:

3 Documento 34.

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6.1. En el presente proceso se reprodujeron los argumentos ya formulados en sede
disciplinaria, los cuales fueron resueltos en aquella instancia, por lo que no son más
que un inconformismo con lo decidido en lugar de verdaderos reparos de carácter
probatorio.

6.2. El proceso disciplinario se adelantó con sujeción estricta al Código Único
Disciplinario y se garantizó el ejercicio del derecho de defensa, la contradicción
probatoria y la doble instancia, por lo que las decisiones sancionatorias estuvieron
debidamente motivadas, sustentadas en prueba suficiente y adoptadas conforme
con la realidad procesal.

6.3. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo no puede convertirse en una
tercera instancia destinada a reabrir el debate probatorio agotado en sede
disciplinaria, de manera que el control judicial tenía que limitarse a verificar la
legalidad del procedimiento, el respeto por las garantías fundamentales y la
razonabilidad de la decisión, sin sustituir la valoración de la prueba, salvo que esta
resultara abiertamente irrazonable o contraria a derecho.

6.4. El fallecimiento de la beneficiaria de las mesadas pensionales se tuvo por
acreditado a partir de un conjunto de elementos tales como certificaciones
administrativas, declaraciones juradas y decisiones judiciales penales, por lo que la
ausencia del registro civil de defunción no puede desvirtuar ese hecho, así que el
acervo probatorio resultó suficiente para demostrar la ocurrencia del hecho
investigado y la responsabilidad disciplinaria del sancionado.

1.4. Sentencia de primera instancia

7. Mediante sentencia proferida el 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.
Las razones fueron las siguientes4:

7.1. En el proceso disciplinario adelantado contra Olmedo Ruiz Casas se determinó
que el disciplinado conoció la irregularidad en el pago de mesadas pensionales y,
pese a ello, decidió participar en su ejecución, en contravía de los procedimientos
establecidos en el manual de funciones, el cual asignaba al director de la oficina
funciones específicas dentro del proceso de autorización y control de pagos, de
modo que no es cierto que fuera completamente ajeno a sus labores.

7.2. Se probó que el demandante conocía a Delia Rita Téllez Medina porque era una
empleada del municipio con la que solía tener contacto y que conoció del

4 Documento 7 del expediente digital de la primera instancia en Samai del Tribunal Administrativo de

Santander.

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fallecimiento de su madre Ana Julia Medina de Téllez, pues el hecho fue perifoneado
en el municipio y la oficina del Banco Agrario se encuentra ubicada en un local de
la casa cural, contigua a la iglesia en la que se celebraron las honras fúnebres,
además de que el municipio es pequeño, indicios que fueron valorados de manera
conjunta con los testimonios rendidos por Rita Delia y por las investigadas Jenny
Paola Camacho Medina y Diana Claritza Rodríguez Jiménez.

7.3. También se acreditó el dolo con el que se llevó a cabo la falta por la existencia
de un acuerdo entre el disciplinado y las demás involucradas para continuar el cobro
de las mesadas pensionales con posterioridad al fallecimiento de la titular, a cambio
de una retribución económica, así como la participación activa del disciplinado en la
coordinación del actuar irregular y en la vinculación de sus subalternas en la
ejecución de la conducta.

7.4. La participación de Olmedo Ruiz Casas resultó determinante, en tanto no solo
consintió el fraude, sino que lo promovió e indujo a otros servidores a participar en
él, circunstancia de la que dio cuenta Rita Delia Téllez, quien afirmó de manera
reiterada haber informado al disciplinado sobre la muerte de su madre, que él le dio
el pésame y las instrucciones para continuar con los cobros irregulares.

7.5. El fallecimiento de la beneficiaria no constituyó un hecho controvertido dentro
del proceso disciplinario, toda vez que fue plenamente probado en el proceso penal
en el que resultó condenada Rita Delia Téllez, de modo que no era admisible que el
demandante pretendiera poner en duda ese hecho para «desarticular la base de la
falta gravísima endilgada». Adicionalmente, la sanción se basó en el conocimiento que
él tenía sobre el cobro posterior de las mesadas.

7.6. La incorporación de pruebas provenientes de otros procesos disciplinarios
cumplió con las garantías procesales, toda vez que el disciplinado conoció su
existencia, tuvo acceso a ellas y contó con oportunidades procesales para
controvertirlas en distintas etapas, incluyendo descargos, alegatos y recursos,
mientras que la imposibilidad de practicar una de las pruebas solicitadas obedeció
a las dificultades para establecer contacto con Jenny Paola Camacho Medina.

7.7. Con ocasión de sus funciones como director de oficina, el demandante tenía el
deber de supervisar las operaciones y verificar la autenticidad de los soportes
documentales, supervisar las transacciones y verificar el cumplimiento de los
procedimientos internos, de modo que incumplió con dichos deberes funcionales al
permitir la ejecución de pagos irregulares durante un periodo prolongado, sin
adoptar medidas correctivas.

7.8. Del testimonio del cónyuge de Rita Delia, se corroboró la existencia de reuniones
entre los involucrados orientadas a resolver la situación irregular y la propuesta de

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que ella realizara un préstamo bancario para devolver el dinero, que reforzó la
inferencia sobre la participación conjunta en la conducta investigada.

7.9. No es cierto que la acusación realizada por Rita Delia obedeciera a la obtención
de beneficios penales indebidos porque al verificar tales prebendas se advirtió que
surgieron del simple allanamiento a los cargos y no de la incriminación de terceros
como afirmó el actor.

7.10. Las decisiones disciplinarias acusadas fueron debidamente motivadas,
sustentadas en un análisis integral del acervo probatorio y ajustadas a las normas
aplicables, en virtud de las cuales se concluyó que Olmedo Ruiz Casas, con pleno
conocimiento del fallecimiento de la beneficiaria, permitió y facilitó el cobro irregular
de mesadas pensionales a cambio de una contraprestación económica,
configurándose así la falta disciplinaria gravísima imputada.

1.5. El recurso de apelación

8. Olmedo Ruiz Casas solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y
que se accediera a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos5:

8.1. El juez de primera instancia tuvo por cierto que, en su calidad de director de la
oficina del Banco Agrario de Bolívar (Santander), permitió el cobro irregular de las
mesadas pensionales que en vida devengaba Ana Julia Medina de Téllez a cambio
de una remuneración mensual, pero ni al proceso disciplinario ni a este se aportó el
registro civil de defunción, único medio de prueba idóneo para acreditar
jurídicamente la muerte de una persona.

8.2. Se le dio plena validez al certificado de fallecimiento expedido por el secretario
de gobierno del municipio de Bolívar y el supuesto perifoneo que se realizó en el
que se anunció sobre la muerte de la titular de la pensión, elementos que no
sustituyen el registro civil de defunción, no son prueba oficial del estado civil y
tampoco permiten concluir que él tuviera conocimiento sobre el fallecimiento de la
pensionada.

8.3. No se valoró el hecho de que nunca se había emitido condena penal en su
contra por los hechos que dieron origen al proceso disciplinario, circunstancia
certificada el 22 de noviembre de 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Vélez y el 27 de mayo de 2024 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
ese municipio. Además, se pasó por alto su trayectoria profesional, caracterizada
por un comportamiento íntegro y ajustado a los deberes éticos. Se le dio plena
credibilidad a los testimonios de los servidores que lo involucraron en los hechos

5 Documento 8 del expediente en Samai del Tribunal Administrativo de Santander.

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investigados, pese a que dichas declaraciones obedecían a una estrategia
defensiva para obtener beneficios o rebajas de pena dentro de los respectivos
procesos penales.

8.4. Se le atribuyeron responsabilidades que no hacían parte de sus funciones como
director de oficina del Banco Agrario, pues el pago de mesadas pensionales por
ventanilla correspondía exclusivamente a los cajeros de la entidad, mientras que las
funciones del director se limitaban a labores de supervisión, dirección y gestión
administrativa, de conformidad con el manual de funciones.

1.6. Trámite en segunda instancia

9. En auto del 30 de agosto de 20246 se admitió el recurso de apelación presentado
por el demandante contra la sentencia del 25 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, en los términos de la Ley 2080 de 2021.

10. El 20 de enero de 2025 se emitió auto que negó las pruebas aportadas por el
demandante relativas a los certificados del 22 de noviembre de 2023 y el 27 de
mayo de 2024, proferido por los juzgados primero y segundo penal del circuito de
Vélez, Santander. Sin embargo, se decretaron oficiosamente.

11. El 5 de marzo de 20257 se corrió traslado de los citados documentos a la parte
demandada, pero guardó silencio. El agente del ministerio público delegado ante el
Consejo de Estado no se pronunció en esta oportunidad.

II. Consideraciones

2.2. Competencia8

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

6 Samai, índice 4.
7 Samai, índice 14.
8 Se deja constancia de que, si bien la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo en anteriores
oportunidades manifestó impedimento para conocer de asuntos en los que la Sala de Decisión de
primera instancia estaba integrada, entre otros, por la doctora María Eugenia Carreño Gómez, este
fue declarado infundado por esta Subsección al estimar que no se configuraba la causal prevista en
el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, se puede consultar, entre
otros, la providencia del 27 de junio de 2025, proferida en el proceso identificado con el radicado
68001-23-33-000-2016-00684-01 (3922-2024).

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13. Además de lo anterior, la Sala considera necesario explicar que de conformidad
con el artículo 233 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el
artículo 47 de la Ley 795 de 2003, el Banco Agrario de Colombia SA es una sociedad
de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y
comercial del Estado, organizada como establecimiento de crédito bancario y
vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

14. Adicionalmente, los decretos 1619 de 2002, 4827 de 2007 y 2680 de 2008, así
como los estatutos de la entidad establecen que únicamente el presidente y el jefe
de Auditoría Interna ostentaban la condición de empleados públicos, mientras que
los demás servidores tenían la calidad de trabajadores oficiales. En esa línea, en el
expediente obra el contrato de trabajo suscrito entre Olmedo Ruiz Casas y el Banco
Agrario de Colombia SA, así como la documentación que acredita que desempeñó
el cargo de director de la Oficina de Bolívar (Santander) desde el 23 de agosto de
2004 hasta el 30 de junio de 2010. Igualmente, reposa el manual de funciones y
descripción del cargo correspondiente. En consecuencia, luego de analizar los
criterios orgánico, funcional y estatutario derivados de lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 5 del Decreto 3135 de 19689-10, debe señalarse que para la época de los
hechos el demandante ostentaba la calidad de trabajador oficial.

15. No obstante, dicha circunstancia no desplaza la competencia de esta jurisdicción
para conocer de la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le
impuso la sanción disciplinaria, pues esta corporación11 ha precisado que la

9 Artículo 5º.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios

en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras
públicas son trabajadores oficiales.

En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. [Tachado declarado
inexequible Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional]

Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de
dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados
públicos. [Subrayado declarado exequible sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional].
10 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias del 13 de febrero de 2014, radicado 11001-03-25-

000-2011-00130-00(0427-11); 1 de diciembre de 2016, radicado 11001-03-25-000-2011-00329-01
(1237-11); 11 de abril de 2018, radicado 11001-03-25-000-2011-00213-00 (0738-11). En particular,
en el auto proferido el 10 de marzo de 2011 en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2008-
00126-00(2740-08), MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, se señaló que «la potestad
disciplinaria se manifiesta sobre los servidores públicos, esto es, sobre aquellas personas naturales
que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado, incluida una relación derivada de
un contrato de trabajo. En efecto, en aquellos casos en los cuales existe una relación laboral de
subordinación entre el Estado y una persona, se crea una relación de sujeción o supremacía especial

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potestad disciplinaria se ejerce sobre quienes prestan una función pública bajo una
relación de subordinación con el Estado, «incluso cuando esta proviene de un contrato
de trabajo».

16. En ese sentido, aun cuando la naturaleza del empleo ocupado era la de un
trabajador oficial, correspondía a esta jurisdicción conocer de la demanda dirigida
contra los actos administrativos que le impusieron la sanción disciplinaria.

17. Esta Sección ha reiterado su postura sobre la competencia de esta corporación
frente al control de legalidad sobre los actos disciplinarios, indistintamente de la
calidad del servidor sancionado a partir de 8 postulados descritos a continuación 12:

«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción
de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado
por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y
la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal,
serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los
derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.» [sic]

18. De acuerdo con lo anterior, y con las consideraciones que al respecto ha
planteado también la Corte Constitucional13, la imposición de una sanción
disciplinaria por parte de una entidad estatal constituye una manifestación del
ejercicio de la potestad disciplinaria. En consecuencia, dichos actos están regidos
por normas de derecho administrativo y su control corresponde a esta jurisdicción,
con independencia de la naturaleza del vínculo laboral del disciplinado.

19. En aplicación de ese precedente, la Sala es competente para resolver, en
segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia apelada
por Olmedo Ruiz Casas.

debido a la situación particular en la cual se presenta el enlace entre la administración y la aludida
persona. Por ello, la Corte Constitucional ya había señalado que el “régimen disciplinario cobija a la
totalidad de los servidores públicos que le son, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, los
miembros de corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios” [C-417/93 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo]».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,

radicado 76001-23-33-000-2014-00036-01, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
13 Por ejemplo, pueden consultarse los autos 026 y 381 de 2022 y 488 de 2023.

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2.1. Problemas jurídicos

20. De conformidad con el recurso de apelación, los problemas jurídicos se
circunscriben a establecer lo siguiente:

20.1. ¿si el fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez fue un hecho debidamente
probado dentro del proceso disciplinario?

20.2. ¿si la inexistencia de una condena penal previa puede condicionar la decisión
disciplinaria relacionada con la falta gravísima descrita en el ordinal 1 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, relativa a haber incurrido en una conducta típica prevista en
la norma como un delito sancionable a título de dolo? Y ¿si se valoró la posibilidad
de que el testimonio rendido por Rita Delia Téllez Medina en sede penal haya tenido
como único propósito obtener la rebaja punitiva concedida?

20.3. ¿si en el trámite disciplinario se demostró plenamente la tipicidad y la ilicitud
sustancial de la conducta investigada?

2.2. Análisis de la Sala

2.2.1. Sobre la prueba del fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez

2.2.1.1. Marco Normativo y jurisprudencial

21. En materia disciplinaria, la determinación de los hechos relevantes se rige por el
principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual pueden emplearse todos los
medios de prueba legalmente admisibles para acreditar las circunstancias objeto de
investigación. El capítulo IV de la Ley 734 de 2002 no prevé un sistema de tarifa
legal en materia probatoria, sino que adopta un modelo flexible que permite al
operador disciplinario acudir a distintos medios de convicción, siempre que estos
resulten pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, en
armonía con las garantías del debido proceso.

22. De acuerdo con lo previsto en dicho capítulo, la actividad probatoria en el
proceso disciplinario se orienta a la búsqueda de la verdad material, lo que implica
que las autoridades disciplinarias tienen la facultad y el deber de decretar, practicar
y valorar las pruebas necesarias para verificar la ocurrencia de la conducta
investigada y la responsabilidad del disciplinado. En esa medida, no se trata de un
sistema estrictamente dispositivo, sino de uno en el que el operador disciplinario
cumple un papel activo en la conformación del acervo probatorio, sin perjuicio de la
posibilidad de las partes de solicitar y controvertir los medios de prueba. Sobre el

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particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado en el
siguiente sentido14:

«Fue claramente voluntad del Legislador el dotar a las autoridades que ejercen la
potestad disciplinaria de una facultad de valoración y apreciación probatoria -o facultad
de libre formación del conocimiento del operador disciplinario- que incluye el poder para
determinar cuándo se ha logrado recaudar un nivel de pruebas suficiente como para
concluir con certeza y convicción que se pudo haber cometido una falta. Sobre este
punto, vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una
tarifa probatoria legal; de hecho, el propio Código Disciplinario Unico consagra, en su
artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la
responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de
prueba legalmente reconocidos”. De manera tal que no es aceptable exigir que se haya
recaudado un tipo determinado de prueba -por ejemplo, un testimonio o un documento-
para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión
expresa del Legislador, en cualquiera de los medios de prueba admitidos por el sistema
legal colombiano -e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del artículo
130 ibídem» [sic]

23. En relación con la carga de la prueba, la Ley 734 de 2002 establece que
corresponde a la autoridad disciplinaria demostrar la existencia de la falta y la
responsabilidad del investigado, de manera que la imposición de una sanción exige
la acreditación suficiente de los elementos objetivos y subjetivos de la conducta. No
obstante, ello no implica la exigencia de un medio de prueba específico para la
demostración de cada hecho, pues, de acuerdo con el modelo de libertad probatoria,
la convicción puede formarse a partir de la valoración integral de los distintos
elementos allegados al proceso.

24. Ahora bien, dicha libertad no es absoluta, en tanto se encuentra necesariamente
articulada con los derechos de defensa y contradicción, como garantía esencial del
debido proceso. En esa medida, todo elemento de convicción debe ser puesto en
conocimiento del disciplinado, quien tiene la facultad de controvertirlo, solicitar
pruebas, objetar su validez y participar activamente en su práctica, de modo que la
eficacia de la prueba en materia disciplinaria no depende únicamente de su
existencia o incorporación formal al expediente, sino de que haya sido obtenida y
valorada con respeto por las garantías procesales, particularmente la posibilidad
real y efectiva de contradicción, lo que asegura que la convicción de la autoridad
disciplinaria se funde en un acervo probatorio legítimo, debatido y apreciado de
manera integral conforme con las reglas de la sana crítica.

25. En ese sentido, la ausencia de un medio de prueba específico no impide, per se,
tener por acreditado un hecho, siempre que del conjunto de elementos de
convicción allegados al expediente sea posible inferirlo de manera razonada.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013, radicado

11001-03-25-000-2011-00121-00 (0413-11).

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26. A su turno, la valoración de las pruebas en el proceso disciplinario se rige por las
reglas de la sana crítica, lo que implica que el operador disciplinario debe apreciarlas
en conjunto, de manera lógica, razonada y conforme con las reglas de la
experiencia. En esa medida, no basta con verificar la existencia aislada de
determinados medios de prueba, sino que resulta necesario analizar su coherencia
y capacidad demostrativa frente a los hechos investigados. Así se ha pronunciado
esta corporación15:

«La sana crítica está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la
técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica, podemos destacar, entre
otros, el principio de razón suficiente. En cuánto a la ciencia y la técnica, ello está
asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de los expertos en determinadas
materias. A su vez, las reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas,
cómo también pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados. Una regla
de la experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo cómo lo
público. Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin que sea
necesario una prueba o cierta formalidad».

27. En consecuencia, en el ámbito disciplinario no es exigible la demostración de los
hechos a través de un único medio de prueba preestablecido, sino que es posible
acudir a una pluralidad de elementos probatorios que, valorados de manera integral,
permitan alcanzar un grado de certeza suficiente sobre su ocurrencia. Por ello, la
eventual ausencia de un documento específico —como el registro civil de
defunción— no conduce automáticamente a desvirtuar un hecho, si este puede
tenerse por acreditado a partir de otros medios de convicción válidamente
incorporados al proceso y debidamente valorados por la autoridad disciplinaria.

2.2.1.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

28. Pues bien, en primer lugar, el apelante sostiene que no se acreditó el
fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez porque dentro del proceso disciplinario
no se aportó el registro civil de defunción, único medio idóneo para demostrar ese
hecho. Sin embargo, dicho planteamiento parte de una premisa que desconoce el
desarrollo probatorio del expediente y el alcance mismo de la investigación
disciplinaria.

29. Así, la muerte de Ana Julia Medina de Téllez constituye un hecho que no ofrece
discusión en el presente asunto, pues quedó demostrado que mediante sentencia
del 23 de febrero de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil condenó
a Rita Delia Téllez Medina por continuar cobrando las mesadas pensionales de su
madre después de su fallecimiento y dejó expresamente establecido que este
ocurrió el 23 de julio de 2008. Incluso, en dicha providencia se precisó que la
condena se sustentó, entre otros elementos de convicción, en el correspondiente

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicado

52001-23-33-000-2015-00155-01 (3093-16).

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registro civil de defunción, documento que fue aportado al proceso penal y valorado
como medio de convicción para tener por probada la comisión del delito confesado
por la procesada16.

30. En esas condiciones, no resulta admisible que el apelante pretenda reabrir el
debate acerca de un hecho que ya fue establecido judicialmente mediante una
providencia ejecutoriada y que, además, nunca fue seriamente desvirtuado dentro
de la actuación disciplinaria. La inexistencia material de una copia del registro civil
de defunción dentro del expediente disciplinario no implica, por sí sola, que el
fallecimiento no hubiera ocurrido ni desvirtúa el conjunto de pruebas que acreditan
ese supuesto fáctico.

31. Además, aun si se aceptara el planteamiento del apelante, ello no conduciría a
la nulidad de las decisiones disciplinarias porque lo verdaderamente relevante en
esta actuación no era establecer exclusivamente el fallecimiento de Ana Julia
Medina de Téllez, sino determinar si Olmedo Ruiz Casas incumplió con los deberes
funcionales propios de su cargo al permitir, autorizar y facilitar el pago irregular de
mesadas pensionales contrariando los procedimientos internos del Banco Agrario,
circunstancia, además, constitutiva de conductas penalmente reprochables.

32. En ese sentido, la responsabilidad disciplinaria no se edificó únicamente sobre
el conocimiento del fallecimiento de la pensionada, sino sobre la demostración de
que el demandante participó activamente en un esquema mediante el cual se
realizaron pagos con soportes manifiestamente irregulares y al margen de los
procedimientos establecidos por la entidad, circunstancia descrita como una
conducta típica prevista en la norma como un delito sancionable a título de dolo y
descrita en el ordinal 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 como una falta
gravísima, mismos hechos por los que en la jurisdicción penal se sancionó a Rita
Delia Téllez Medina con la imposición de una pena de 55 meses de prisión.

33. En relación con el proceso penal citado, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de San Gil profirió sentencia condenatoria el 23 de febrero de 2012, en contra de
Rita Delia Téllez Medina por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad
en documento público y estafa agravada, la condenó a 55 meses de prisión y le
concedió la prisión domiciliaria17. La decisión obedeció a que, tras el fallecimiento
de Ana Julia Medina de Téllez, ocurrido el 23 de julio de 2008, continuó cobrando
las mesadas pensionales hasta junio de 2010, para lo cual elaboró certificaciones
falsas de supervivencia y suscribió los documentos requeridos para el pago de las
prestaciones, apropiándose de $86.816.314,27.

16 La valoración de este medio probatorio puede corroborarse con la lectura del acápite denominado

«fundamentación jurídico-probatoria» de la sentencia penal en el folio 236 del documento 2 del
expediente digitalizado.
17 Folios 234 al 247

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34. La condena se sustentó en el allanamiento a cargos y en las pruebas recaudadas
por la Fiscalía, entre ellas, el registro civil de defunción de Ana Julia Medina de
Téllez, los informes del investigador de campo, las entrevistas e interrogatorios
practicados, la denuncia presentada por el Banco Agrario, las comunicaciones en
las que la procesada reconoció su responsabilidad y ofreció reparar los perjuicios,
la declaración rendida dentro de la investigación disciplinaria y la relación de los
pagos efectuados con fundamento en documentos falsificados. Para la dosificación
de la pena tuvo en cuenta la aceptación de cargos, la colaboración con la
administración de justicia, las gestiones de reparación y el señalamiento de las
personas que, según su versión, participaron en los hechos.

35. La citada sentencia fue aportada al proceso disciplinario 135-007-2010 el 16 de
noviembre de 201218, en cumplimiento del requerimiento realizado por la
Coordinación Disciplinaria del Banco Agrario por medio de Oficio C.D.R.O. 637-
12/135-007-2010 del 23 de octubre de 201219.

36. En tal sentido, tanto en el proceso disciplinario como en el penal, Rita Delia Téllez
Medina afirmó de manera reiterada y consistente que fue Olmedo Ruiz Casas quien
autorizó continuar con los pagos luego del fallecimiento de su madre y quien
coordinó la participación de las demás funcionarias de la oficina. Tales afirmaciones
no permanecieron aisladas, pues fueron corroboradas por Dania Claritza Rodríguez
Jiménez y Jenny Paola Camacho Medina, quienes en sus respectivos descargos
manifestaron que las actuaciones cuestionadas obedecieron a instrucciones
impartidas por quien se desempeñaba como director de la oficina.

37. Así las cosas, aun dejando de lado el hecho del fallecimiento, las pruebas
continúan demostrando que el demandante permitió la realización de pagos
desconociendo los manuales internos del Banco, le indicó a Rita Delia el modo en
el que debía aportar los documentos falsos, toleró el uso de documentación irregular
y omitió ejercer las funciones de dirección y supervisión inherentes al cargo que
desempeñaba, circunstancias suficientes para estructurar la falta disciplinaria
imputada. En consecuencia, el primer argumento de la apelación no tiene vocación
de prosperidad.

2.2.2. Sobre la inexistencia de una condena penal previa y la valoración del
testimonio de Rita Delia Téllez Medina

2.2.2.1. Marco normativo

38. En el ordenamiento jurídico colombiano la acción disciplinaria es autónoma e

18 Según oficio visible en el folio 233
19 Folio 232

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independiente de la acción penal, en la medida en que ambas responden a
finalidades, objetos y bienes jurídicos distintos. En efecto, mientras el proceso penal
está orientado a la protección de bienes jurídicos de carácter general y a la
imposición de sanciones frente a conductas tipificadas como delitos, el proceso
disciplinario tiene como finalidad garantizar la correcta prestación de la función
pública, mediante el control del comportamiento de quienes la ejercen, de acuerdo
con parámetros de moralidad, eficiencia y legalidad.

39. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado20, dicha diferencia
estructural implica que no existe identidad de causa ni de objeto entre ambos
regímenes sancionatorios, razón por la cual pueden adelantarse de manera paralela
o independiente, aun cuando versen sobre los mismos hechos. En ese sentido, la
corporación ha precisado que en el proceso disciplinario se evalúa la conducta del
servidor público frente a normas administrativas de contenido ético y funcional,
mientras que en el proceso penal se juzga la eventual comisión de un delito, lo que
evidencia la diversidad de intereses jurídicos protegidos en cada ámbito.

40. En esa línea, esta Subsección ha sostenido que la absolución en el proceso
penal no implica, por sí misma, la exoneración de responsabilidad disciplinaria, en
tanto los juicios de reproche se estructuran sobre presupuestos normativos distintos.
Así, una misma conducta puede no configurar delito y, sin embargo, constituir falta
disciplinaria, o viceversa, lo que reafirma la independencia entre ambos escenarios
de responsabilidad. La postura fijada por esta corporación es la siguiente21:

«[L]a Sala precisa que de acuerdo con el principio de la autonomía estos regímenes
sancionatorios son independientes y cada una cumple una función y finalidad dentro del
Estado Social de Derecho, por esta razón la acción disciplinaria objeto de estudio no
tenía que correr la misma suerte que el proceso penal cuya decisión fue la preclusión de
procedimiento a favor del actor. Por lo tanto, tampoco se exige que se haga en forma
idéntica la valoración de las pruebas arrimadas, debido a la independencia de estos
procesos. (…) Sentado lo anterior, la Sala determina que si bien, al señor Luis Enrique
Osorio Toloza no se le encontró responsable penalmente por el comportamiento que en
el sub examine se le sancionó por la falta gravísima consagrada en los numerales 1 y 4
del Artículo 25 de la Ley 200 de 1995. (…) No puede perderse de vista que en los
procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad
de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal, que le
autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran
en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de
la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la
comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. En el caso estudiado una
vez analizadas las pruebas se llegó a la certeza de los hechos y la responsabilidad del
encartado tal como se manifestó anteriormente.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de noviembre de 2010,

radicado 63001-23-31-000-2004-00151-01 (0639-10).
21 Sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 11001-03-25-000-2014-00254-00 (0733-14).

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41. De esta manera, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la autoridad
disciplinaria no está obligada a supeditar su decisión a la existencia de un
pronunciamiento previo de la jurisdicción penal, ni a esperar su resultado para
ejercer su potestad sancionadora. Por el contrario, puede adelantar y decidir la
actuación disciplinaria con fundamento en el acervo probatorio recaudado en el
respectivo proceso, precisamente por la autonomía que caracteriza este régimen.

42. En consecuencia, la inexistencia de una sentencia penal, o incluso la existencia
de una decisión absolutoria, no constituye un obstáculo para la adopción de
decisiones en materia disciplinaria, pues cada jurisdicción responde a lógicas
propias y ejerce controles diferenciados sobre la conducta de los sujetos sometidos
a su conocimiento.

2.2.2.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

43. En cuanto al segundo reparo relacionado con que no existió una condena penal
en su contra y que esa circunstancia impedía atribuirle responsabilidad disciplinaria,
la Sala debe decir que no comparte dicho planteamiento, pues los procesos penal
y disciplinario son autónomos e independientes, en tanto responden a finalidades
distintas, protegen bienes jurídicos diferentes y se rigen por reglas propias de
valoración probatoria. En consecuencia, la inexistencia de una condena penal no
condiciona ni determina el resultado del proceso disciplinario.

44. En tal sentido, mientras el proceso penal busca establecer la responsabilidad por
la comisión de un delito y la imposición de las consecuencias previstas en la
legislación penal, el derecho disciplinario pretende verificar si el servidor público
incumplió con los deberes funcionales derivados del ejercicio del cargo o utilizó este
en contravía de los fines de la función pública. Por ello, la ausencia de una condena
penal no constituye un obstáculo para declarar la responsabilidad disciplinaria
cuando esta se encuentra plenamente acreditada.

45. Aunque los hechos que dan origen a las actuaciones puedan ser los mismos, el
juicio disciplinario no depende de la existencia de una condena penal previa, toda
vez que la responsabilidad que aquí se analiza se deriva de la comisión una
conducta típica sancionable como delito, para cuya consecución se haya
instrumentalizado el cargo desempeñado en abierta contravención de los
procedimientos internos de la entidad.

46. Tampoco prospera el argumento según el cual Rita Delia Téllez Medina involucró
al demandante únicamente para obtener beneficios penales porque, si bien ella
inicialmente asumió toda la responsabilidad, posteriormente explicó las razones por
las cuales decidió revelar la participación de los servidores del Banco Agrario y

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mantuvo esa versión de manera consistente en las distintas declaraciones que
rindió dentro de las actuaciones disciplinarias.

47. La demandada se pronunció sobre este argumento en los fallos disciplinarios
comentados en el sentido de indicar que carecería de lógica que Rita Delia aceptara
una responsabilidad penal con el único propósito de inculpar a los trabajadores del
banco y que sus beneficios penales obedecieron a la aceptación de los cargos, no
exclusivamente a la confesión sobre los demás partícipes del delito, circunstancia
que obedeció primordialmente al relato de cómo sucedieron los hechos y que le
otorgaron mayor credibilidad a su dicho, pues solo a partir de esa confesión se pudo
comprender y corroborar cómo se llevó a cabo el acto fraudulento.

48. Además, esa hipótesis defensiva pierde fuerza al advertirse que la participación
del demandante no fue afirmada exclusivamente por Rita Delia Téllez Medina, sino
que las exservidoras Dania Claritza Rodríguez Jiménez y Jenny Paola Camacho
Medina también manifestaron que los pagos irregulares se realizaron por
instrucciones de Olmedo Ruiz Casas, declaraciones que fueron rendidas dentro del
proceso disciplinario adelantado en su contra y que no estaban encaminadas a la
obtención de los beneficios penales a los que alude el apelante.

2.2.3. Sobre la tipicidad y la ilicitud sustancial de la conducta

2.2.3.1. Marco normativo

49. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional22. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

50. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

51. De acuerdo con el citado régimen disciplinario, la configuración de la
responsabilidad disciplinaria exige la verificación de la tipicidad y la ilicitud sustancial
de la conducta, como presupuestos diferenciados, pero complementarios. En ese

22 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.

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sentido, el Consejo de Estado23 ha precisado que dichos elementos hacen parte de
una estructura dogmática propia, en la cual la tipicidad corresponde a un juicio de
adecuación y la ilicitud a un juicio de valoración sobre la relevancia de la conducta
frente a los fines de la función pública.

52. En lo que respecta a la tipicidad, se ha señalado que esta implica un doble
ejercicio: de una parte, la determinación fáctica de la conducta atribuida al
disciplinado y, de otra, su subsunción en una norma jurídica que establezca
deberes, prohibiciones o límites funcionales. Así, el operador disciplinario debe
verificar si el comportamiento constituye una infracción a un deber funcional, una
violación de prohibiciones o una extralimitación de funciones, de acuerdo con la
Constitución, la ley o el reglamento.

53. En esa misma línea, el Consejo de Estado24 ha indicado que la tipicidad no se
satisface con una afirmación genérica de incumplimiento normativo, sino que exige
un verdadero proceso de subsunción, en el cual se exponga de manera clara la
correspondencia entre los hechos probados y la descripción normativa de la falta
disciplinaria, como expresión del principio de legalidad y del debido proceso.

54. Por su parte, la ilicitud sustancial no se agota en la simple adecuación típica de
la conducta, pues esta corporación25 ha sido enfática en señalar que no basta el
incumplimiento formal de una norma para estructurar una falta disciplinaria, sino que
se requiere verificar que la conducta haya implicado un quebrantamiento sustancial
del deber funcional, esto es, una afectación relevante del buen funcionamiento de
la administración, del interés general o de los fines del Estado.

55. En ese sentido, la ilicitud sustancial se configura cuando la conducta típica
comporta una afectación del deber funcional sin justificación, lo que supone un
análisis de su relevancia material y no simplemente formal. Así, el Consejo de
Estado ha precisado que este elemento cumple una función delimitadora del poder
sancionador, al excluir del ámbito disciplinario aquellas conductas que, aun siendo
contrarias a una norma, no tienen la entidad suficiente para comprometer los
principios que orientan la función pública.

56. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, en materia
disciplinaria no se exige la producción de un daño o resultado lesivo para que se
configure la ilicitud, pues esta se satisface con la verificación del quebrantamiento

23 Al respecto pueden consultarse, por ejemplo, sentencias de la Sección Segunda del 6 de octubre

de 2016 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012); 26 de septiembre de 2019, radicado 05001-
23-33-000-2014-00154-01 (2143-16); y 21 de mayo de 2020, radicado 52001-23-33-000-2015-
00045-01 (3779-17).
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de agosto de 2020,

radicado 11001-03-25-000-2012-00406-00 (1564-12).

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sustancial del deber funcional. En consecuencia, la responsabilidad disciplinaria
puede estructurarse aun en ausencia de un perjuicio concreto, siempre que se
acrediten la tipicidad de la conducta y su carácter sustancialmente ilícito en los
términos expuestos.

2.2.3.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

57. El apelante insistió en que la sanción disciplinaria que le fue impuesta se basó
en actuaciones que no le eran fácticamente atribuibles porque las labores
relacionadas con el pago de las mesadas pensionales correspondían
exclusivamente a los cajeros de la entidad y que, por tanto, no podía atribuírsele
responsabilidad por actuaciones ajenas a sus competencias.

58. Pues bien, de la lectura de las decisiones disciplinarias cuestionadas se advierte
que la autoridad sancionadora partió de la ocurrencia de un hecho de corrupción
consistente en el cobro irregular de mesadas pensionales de la señora Ana Julia
Medina de Téllez con posterioridad a su fallecimiento el 23 de julio de 2008. Para la
adecuación típica e ilícita de la conducta, la parte demandada valoró los siguientes
hechos:

58.1. El 3 de agosto de 2010, el profesional en seguridad bancaria del Banco Agrario
rindió un informe dirigido al asesor penalista de esa entidad, sobre irregularidades
presentadas en la oficina del municipio de Bolívar con ocasión del pago de la
pensión de Ana Julia Medina de Téllez, quien murió el 23 de julio de 2008, a su hija
Rita Delia Téllez Medina entre agosto de 2008 y julio de 2010, por un total de
$78.820.261 de los cuales 56 mesadas fueron pagadas por Dania Claritza
Rodríguez Jiménez y 1 por Yurani Andrea Cuervo Becerra, cajeras de la entidad.
Los soportes documentales del pago correspondían a autorizaciones con la
supuesta firma y huella de la titular fallecida y aparentemente autenticadas en una
notaría26 de Floridablanca27. El monto defraudado fue corregido por medio de
informe del 24 de septiembre de 2010 en el que se indicó que el valor real ascendía
a $86.816.31428.

58.1.1. El 6 de agosto de 2010 Rita Delia Téllez Medina afirmó que era hija de Ana
Julia Medina de Téllez quien falleció en el mes de julio de 2008 y quien era titular
de una pensión de jubilación que le fue sustituida. Reconoció que después del
deceso de su madre continuó cobrando irregularmente la mesada pensional
valiéndose de documentación falsa, pedía que le dieran los formularios de pago
para llevárselos a su casa y supuestamente hacerlos firmar por su madre, pero la
firma y huella estampada en realidad eran suyas, no contó con la anuencia de

26 Los documentos no indican a qué notaría se referían y el supuesto sello notarial es ilegible.
27 Folios 1 al 12 del documento 2.
28 Folios 13 al 15 del documento 2.

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ningún empleado de la entidad bancaria, encontró un sello y firma de un notario y
decidió escanearlos y luego los ponía a través de fotocopias en los documentos que
aportaba. Afirmó estar arrepentida, pidió «colaboración» para no salir tan afectada
«en lo penal» y manifestó estar dispuesta a devolver el dinero29.

58.2. El 5 de enero de 2011 se abrió investigación disciplinaria en contra de Jenny
Paola Camacho Medina, Dania Claritza Rodríguez Jiménez y Yurani Andrea Cuervo
Becerra por no acatar los manuales para pagos a titulares o autorizados30. El 19 de
agosto de 2011 se les formuló pliego de cargos por infracción disciplinaria grave a
título de culpa y el proceso se identificó con el radicado 135-007-201031.

58.3. El 17 de noviembre de 201132, Rita Delia Téllez Medina amplió su testimonio
ante la personera municipal de Bolívar y manifestó que, contrario a lo afirmado en
su declaración inicial, sí contó con la colaboración de 3 servidores del Banco Agrario
para continuar cobrando las mesadas pensionales de su madre, Ana Julia Medina
de Téllez, después de su fallecimiento. Pocos días después del deceso, se reunió
con Olmedo Ruiz Casas, director de la oficina, para preguntarle si podía seguir
reclamando las 3 pensiones que aquella percibía, él le respondió que debía hablar
con Dania y Jenny y, días después, le confirmó que sí era posible hacerlo, para lo
cual debía presentar una autorización de cobro, un certificado de supervivencia y
fotocopias de las cédulas de ambas.

58.4. Además de lo anterior señaló que llevaba al banco documentos que «a leguas»
se advertía que no eran auténticos y los entregaba directamente a Jenny Paola
Camacho Medina, quien conocía su propósito y le suministraba los desprendibles
correspondientes. Aclaró que no era cierto que se llevara los formularios a su casa
para diligenciarlos, pues siempre los firmó e imprimió su huella en las instalaciones
del banco con el consentimiento de los servidores involucrados. La documentación
era entregada a Dania Claritza Rodríguez Jiménez, quien efectuaba el pago de las
mesadas.

58.4.1. La participación de los 3 servidores era evidente porque ninguno revisaba o
cuestionaba la documentación presentada y, por el contrario, facilitaban el trámite
de los pagos. Por esa colaboración entregaba a cada uno la suma de $500.000 y,
cuando se trataba del pago de primas, el valor ascendía a $800.000. Durante los
últimos meses dejó de presentar la autorización de cobro, pues Jenny Paola
Camacho Medina le entregaba directamente un comprobante con el cual acudía a
la caja para recibir el dinero.

29 Folios 20 al 22 del documento 2.
30 Folios 90 y 91
31 Folios 139 al 159
32 Folios 175 y 176

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58.4.2. Dania Claritza Rodríguez Jiménez fue quien le informó que en el banco ya
habían advertido las irregularidades en los cobros, motivo por el cual los 4 se
reunieron en 2 oportunidades en su residencia, reuniones de las que fue testigo su
cónyuge. En una de ellas, Olmedo Ruiz Casas le sugirió solicitar un préstamo para
reintegrar los dineros, pues él ya no tenía trabajo y las otras 2 servidoras
devengaban un salario muy bajo. Finalmente señaló que nunca conoció a Yuranny
Andrea Cuervo Becerra y se sorprendió de verla involucrada en el proceso.

58.4.3. Los documentos a que se refería Rita Delia Téllez Medina, tales como
autorización de cobro, certificado de supervivencia y desprendibles bancarios para
el cobro de las mesadas, fueron aportados por la división de seguridad del Banco
Agrario y se observa que tales documentos fueron fechados con posterioridad al
fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez, pero contienen su supuesta firma y
huella33.

58.4.4. El 28 de noviembre de 2011, Rita Delia Téllez Medina en ampliación de su
testimonio por solicitud de Jenny Paola Camacho Medina, insistió en que solo había
acordado el pago con Olmedo Ruiz Casas y él, a su vez, lo acordó con las otras 2
servidoras. Su cónyuge Germirto Téllez González fue testigo de las dos reuniones
que se llevaron a cabo en su residencia en las que conversaron la forma de
responder por los dineros cobrados. Al responder las preguntas formuladas por
Jenny Paola afirmó que ella sí conocía la irregularidad porque recibía la
documentación sin formular objeción alguna, le entregaba los formularios o
comprobantes para el cobro y recibía el sobre con el dinero que les entregaba
personalmente. Los documentos utilizados para acreditar la supervivencia de su
madre eran evidentemente falsos, como lo indicó el profesional en seguridad
bancaria del Banco Agrario y, pese a ello, fueron aceptados por los servidores del
banco, además de que sí conocían el fallecimiento de su madre porque le
extendieron sus condolencias34.

58.4.5. El 12de diciembre, Germirto Téllez Medina declaró ante la personera
municipal de Bolívar, que tuvo conocimiento de los hechos a comienzos de agosto
de 2010, cuando Rita Delia llegó visiblemente afectada después de que funcionarios
del Banco Agrario le informaran sobre la investigación. Le sugirió a su esposa que
asumiera la responsabilidad y convocara a las personas del banco, por lo que
Olmedo Ruiz Casas, Dania Claritza Rodríguez Jiménez y Jenny Paola Camacho
Medina acudieron a su residencia en 2 oportunidades para dialogar sobre la forma
de responder por los dineros y aunque no permaneció dentro de las reuniones,
estuvo en el corredor de la vivienda y escuchó las conversaciones. Durante la
segunda reunión, Rita Delia propuso que todos respondieran económicamente,
pero Olmedo Ruiz Casas manifestó que ni él ni las otras 2 servidoras tenían

33 Folios 27 al 61 del documento 2.
34 Folios 178 al 181

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recursos para hacerlo, por lo que sugirió que ella solicitara un préstamo y que
posteriormente ellos contribuirían con cuotas mensuales para pagar la deuda. Es
pensionado del FOPEP y de la Fiduprevisora y cobra regularmente sus mesadas en
la oficina del Banco Agrario de Bolívar, por lo que siempre ha debido presentarse
personalmente para efectuar el cobro y exhibir la documentación requerida, la cual
es revisada de manera minuciosa. En un municipio pequeño como Bolívar, era
prácticamente imposible que los trabajadores del banco desconocieran el
fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez, debido a la cercanía de la oficina con
la iglesia y a que los anuncios fúnebres se realizaban mediante altoparlantes
ubicados cerca de la entidad bancaria y la reiterada utilización de documentos falsos
para el cobro de las mesadas evidenciaba la falta de control por parte de quienes
tenían a cargo su revisión35.

58.5. El 4 de enero de 2012, la Oficina de Control interno varió el pliego de cargos
respecto de Jenny Paola Camacho Medina y Dania Claritza Rodríguez Jiménez
para investigar la conducta gravísima a título de dolo de que trata el ordinal 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 relativa a « realizar objetivamente una descripción
típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en
razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.»
36. En los descargos rendidos por ambas investigadas coincidieron en afirmar que

los pagos se realizaron por el supuesto estado de enfermedad de Ana Julia Medina
Téllez y por autorización de su jefe directo Olmedo Ruiz Casas37.

58.6. El 28 de enero de 2013, la Oficina de Control Interno Disciplinario dictó decisión
disciplinaria dentro del proceso 135-007-2010 en la que declaró responsables a
Dania Claritza Rodríguez Jiménez y Jenny Paola Camacho Medina por falta
gravísima y las sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años, mientras
que a Yurani Andrea Cuervo Becerra la sancionó por falta grave a título de culpa
con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo. Finalmente «compulsó copias»
para que se investigara la conducta de Olmedo Ruiz Casas38.

58.7. El 14 de junio de 2013, Olmedo Ruiz Casas declaró ante la personera municipal
de Barbosa (Santander) y manifestó que se había desempeñado como director de
la oficina del Banco Agrario en Bolívar «desde febrero de 2002» [sic] hasta junio de
2010 y que, mientras ejerció ese cargo, nunca tuvo conocimiento de los pagos
irregulares de las mesadas pensionales de Ana Julia Medina de Téllez. En la oficina
también laboraban Jenny Paola Camacho Medina y Dania Claritza Rodríguez
Jiménez. No conoció a Ana Julia Medina de Téllez y a Rita Delia Téllez Medina solo
la conoció porque trabajaba en la alcaldía municipal y mantenía relación con el

35 Folios 182 al 187
36 Folios 190 al 201
37 Folios 160 y 161 y 165 al 168
38 Folios 261 al 297

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banco por asuntos de tesorería. No recordó los documentos exigidos para el pago
de pensiones, pues esa labor no hacía parte de sus funciones, sino de las del oficial
comercial y el cajero. Nunca se presentó una situación similar durante el tiempo en
que permaneció en la oficina y entendía que, cuando fallecía un pensionado, los
familiares debían informar esa circunstancia a la entidad administradora de
pensiones. Desconocía el procedimiento para el pago de pensiones a terceros, las
servidoras de la oficina nunca le consultaron sobre el trámite para pagar las
mesadas a Rita Delia Téllez Medina y, aunque ejercía funciones de supervisión
sobre la operación general de la oficina, la verificación específica de cada
transacción correspondía al oficial comercial. Finalmente, no sabía si en el municipio
se había perifoneado el fallecimiento de Ana Julia Medina de Téllez39.

58.8. El 6 de diciembre de 2013 se formuló pliego de cargos contra Olmedo Ruiz
Casas por falta gravísima a título de dolo prevista en el ordinal 1 del artículo 48 de
la Ley 734 de 200240 y se le corrió traslado de todo el expediente, incluyendo en su
integridad el proceso disciplinario 135-007-2010 cuyas copias se compulsaron41.

59. En el pliego de cargos, la autoridad disciplinaria estructuró la imputación típica a
partir de la existencia de un esquema fraudulento sostenido en el tiempo, mediante
el cual se realizaron pagos irregulares de mesadas pensionales a nombre de una
persona fallecida, conducta que, según se indicó, no habría podido ejecutarse sin la
aquiescencia y colaboración de los servidores de la oficina del Banco Agrario, en
ese contexto, se atribuyó al señor Olmedo Ruiz Casas, en su condición de director
de la oficina, una participación activa en la materialización de ese acto.

60. Desde el punto de vista fáctico, el pliego de cargos señaló que, con fundamento
en las ampliaciones del testimonio de Rita Delia Téllez Medina, los pagos irregulares
fueron el resultado de un acuerdo con los trabajadores de la entidad que implicaba
el acceso al sistema, la falsificación de documentos públicos y privados y la
autorización de las transacciones para defraudar a las administradoras de
pensiones a través del pago irregular de mesadas, cuyos dineros se encontraban
bajo la guarda del Banco Agrario, todo ello a cambio de una compensación
económica derivada de los recursos obtenidos ilícitamente.

61. Asimismo, se destacó que, de acuerdo con el informe de seguridad bancaria, los
pagos se realizaron de manera reiterada entre agosto de 2008 y julio de 2010,
período en el cual se efectuaron aproximadamente 56 pagos sin el cumplimiento de
los requisitos de exigidos para su desembolso.

39 Folios 349 y 350
40 ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título
de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o
abusando del mismo.
41 Folios 353 al 375

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62. En ese marco, la adecuación típica de la conducta atribuida al investigado se
sustentó en que este no solo habría tenido conocimiento de la irregularidad, sino
que habría intervenido directamente en su ejecución, al colaborar con la gestora del
fraude indicándole los documentos necesarios, la necesidad de gestionar el acuerdo
con otros funcionarios de la oficina y de aceptar una compensación económica por
su participación. De igual forma, la autoridad disciplinaria consideró inverosímil que,
en su calidad de director, desconociera tanto el cobro reiterado de las mesadas
como el fallecimiento de la beneficiaria, lo que reforzaba la inferencia sobre su
conocimiento y participación.

63. Así, el pliego de cargos construyó la imputación típica a partir de un conjunto de
elementos probatorios que daban cuenta de una conducta consistente en la
facilitación, autorización y ejecución de pagos indebidos, en contravía de los
deberes funcionales, lo que permitía subsumir el comportamiento en una falta
disciplinaria de carácter gravísimo, en tanto implicaba la realización de una conducta
objetivamente constitutiva de ilícito relativas a la falsedad en documento público,
falsedad en documento privado y estafa, mismos delitos por los que fue investigada
y condenada Rita Delia Téllez Medina.

64. A su turno, la ilicitud de la conducta se estructuró a partir de la gravedad material
del comportamiento atribuido a Olmedo Ruiz Casas, al considerar que este implicó
un uso indebido del cargo para facilitar la comisión de un ilícito penal y la obtención
de beneficios económicos ilegales. En particular, se sostuvo que la conducta se
enmarcaba en una falta disciplinaria gravísima, de acuerdo con el ordinal 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la medida en que correspondía objetivamente
a una descripción típica prevista como delito y se cometió con ocasión y en razón
del ejercicio de sus funciones.

65. Desde la perspectiva fáctica, la autoridad indicó que el investigado aceptó una
contraprestación económica a cambio de colaborar con Rita Delia Téllez Medina en
la ejecución del fraude consistente en el cobro indebido de mesadas pensionales
de una persona fallecida, para lo cual se emplearon documentos falsificados que
permitieron defraudar recursos de distintas entidades administradoras de
pensiones. En ese contexto, se destacó que la maniobra fraudulenta no habría sido
posible sin la aquiescencia de los funcionarios del banco, quienes, pese a la
evidente irregularidad de los documentos, permitieron su utilización, lo que
evidenciaba la existencia de un acuerdo previo orientado a viabilizar la conducta
ilícita.

66. A partir de estos elementos, la autoridad disciplinaria concluyó que la conducta
era sustancialmente ilícita, en tanto implicó un quebrantamiento grave del deber
funcional, al desconocer principios esenciales de la función administrativa como la

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transparencia y la legalidad. En efecto, se reprochó que el investigado utilizara su
posición como director de la oficina para favorecer intereses particulares, facilitando
la apropiación indebida de recursos, lo que desnaturalizó por completo la finalidad
del cargo y comprometió el adecuado funcionamiento de la administración.

67. En consecuencia, el pliego de cargos sostuvo que la ilicitud no se agotaba en la
mera infracción formal de normas, sino que se evidenciaba en la afectación del
deber funcional, al haberse instrumentalizado el cargo para la obtención de
beneficios económicos ilegales, sin que existiera justificación alguna que amparara
dicho comportamiento, lo que permitía calificar la conducta como antijurídica en el
ámbito disciplinario.

68. Finalmente, en relación con la culpabilidad se consideró que su comportamiento
fue desplegado con pleno conocimiento de su ilicitud y con la voluntad dirigida a la
obtención de un beneficio económico indebido. En ese sentido, se sostuvo que la
naturaleza misma del fraude investigado (ejecutado de manera reiterada en el
tiempo y con la participación coordinada de varios intervinientes) exigía
necesariamente la concurrencia del conocimiento y la determinación para su
realización, lo que excluía cualquier hipótesis de conducta culposa o de
desconocimiento de los hechos.

69. De ese modo, la versión libre del disciplinado, en la que negó conocer a la
beneficiaria fallecida, desconoció los pagos realizados y afirmó no tener injerencia
en los procedimientos operativos, fue desestimada al considerarla inconsistente
frente al acervo probatorio. En particular, se estimó que sus afirmaciones resultaban
inverosímiles a la luz de su calidad de director de la oficina y de los testimonios que
daban cuenta de su participación directa, lo que permitía inferir que su postura
obedecía a una estrategia defensiva y no a una explicación plausible de los hechos.
En consecuencia, la conducta debía imputarse a título de dolo, en tanto se acreditó
la concurrencia del conocimiento de la irregularidad y la voluntad de participar en
ella.

70. Antes de proferir una decisión de fondo, Rita Delia Téllez Medina rindió nueva
declaración el 13 de marzo de 2014 en la que ofreció nuevos detalles sobre los
hechos. Reconoció que le propuso a Olmedo Ruiz Casas el pago de $500.000
mensuales, acuerdo que aceptó con la condición de que la cifra aumentara a
$1.000.000 en los meses cuando se pagaran primas, aunque finalmente se
acordaron $800.000. Cuando alguno de ellos salía de vacaciones, le indicaban que
esperara su regreso para efectuar los cobros y, posteriormente, las servidoras le
informaron que ya no era necesario presentar certificados de supervivencia ni
autorizaciones, pues bastaba con firmar unos formatos de consignación que ellas
diligenciaban. Inicialmente asumió toda la responsabilidad penal porque creyó que
podía resolver la situación sin involucrar a los funcionarios, sin embargo, decidió

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mencionarlos al considerar que era evidente que la continuidad de los pagos no
habría sido posible sin su participación. Reiteró que, una vez descubiertos los
hechos, sostuvo reuniones con Olmedo Ruiz, Jenny Paola Camacho y Dania
Claritza Rodríguez para buscar una forma de responder por los dineros apropiados
e insistió en que los 3 tuvieron la misma responsabilidad que ella en la ejecución de
los hechos42.

71. Además de los citados medios de prueba, al proferir las decisiones cuestionadas
en esta oportunidad, la demandada valoró las funciones asignadas al demandante
como director de la oficina del municipio de Bolívar (Santander) 43, que
correspondían a las siguientes44:

«a) Incrementar la base de clientes activos, las colocaciones y los comisionables.
buscando la viabilidad económica de la oficina y asegurando el cumplimiento de las
metas establecidas en el plan de negocios.
b) Promover las líneas de crédito diseñadas por el Banco, garantizar con su firma el
cumplimiento de los requisitos y políticas establecidas y presentar a la instancia
competente las solicitudes de crédito.
c) Asesorar al cliente en alternativas de solución a sus necesidades mediante el
conocimiento del portafolio de productos y servicios del Banco.
d) Conocer cuantitativa y cualitativamente a cada uno de los clientes de la oficina a
través de entrevistas y visitas planificadas y estructuradas para detectar sus
necesidades y viabilidad de vinculación.
e) Mantener un conocimiento permanente de ja situación y evolución del cliente, su
actividad económica y la calidad de su cartera mediante el seguimiento y control al
estado de las garantías, identificando oportunamente las señales de alerta y tomando
las acciones pertinentes con el fin de minimizar los riesgos para el Banco.
f) Reducir los índices de cartera vencida liderando un proceso eficiente y eficaz de
recuperación de cartera de acuerdo con el modelo y etapas de gestión de cobranza
definidas por el Banco.
g) Suministrar oportunamente a la Coordinación de Cobranza, casas de cobranza y
abogados externos, los documentos e información solicitada para la recuperación
efectiva de la cartera.
h) Supervisar que la calidad y actualización de los datos del cliente tanto en la base de
datos como en los fólderes respectivos, sea efectuada en la oficina.
i) Enviar los documentos y títulos valores que deben ser custodiados a las dependencias
responsables de acuerdo con la normatividad establecida por el Banco.
j) Aprobar la solicitud de provisión y evacuación del efectivo de acuerdo con el control
efectuado por los funcionarios encargados de la administración del numerario de la
oficina.
k) Revisar la consistencia y veracidad de la documentación derivada de la operación de
provisión y evacuación de efectivo.
l) Supervisar que se atiendan oportunamente los requerimientos de información de sus
superiores inmediatos y de entidades de vigilancia y control.
m) Corregir las falencias detectadas por los organismos de control interno del Banco o
por las entidades de vigilancia y control del sistema financiero.
n) Controlar que los arqueos periódicos de caja sean efectuados y cumplan con las
normas internas del Banco.

42 Folios 463 al 472
43 Folios 332 al 332 del documento 2.
44 Folios 335 al 342 del documento 2.

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o) Realizar los arqueos sorpresivos de caja conforme con las normas de seguridad de
manejo de efectivo.
p) Verificar que el dinero entregado por cada cajero corresponda con el reporte del
cuadre de caja.
q) Coordinar y verificar que se cumplan las medidas de seguridad y oportunidad
requeridas para el traslado de efectivo generado por la compra del mismo cuya
compensación se efectúa vía SEBRA.
r) Coordinar y verificar que se cumplan las medidas de seguridad y oportunidad
requeridas para realizar los traslados de efectivo entre la oficina en línea más cercana
del Banco y los puntos de pago que se establezcan para atender los convenios y
programas contraídos por la Entidad, de acuerdo con el procedimiento y las medidas de
seguridad establecidas para tal fin.
s) Supervisar los arqueos físicos del cajero automático.» [sic]

72. Con ocasión de lo anterior, se advierte que en las decisiones cuestionadas se
encontró acreditada la participación del investigado en las conductas sancionadas
a partir de un conjunto probatorio conformado por la confesión de Rita Delia Téllez
Medina (tanto en sede administrativa como en la jurisdicción penal) y los testimonios
de las servidoras sancionadas, quienes coincidieron en señalar que el acuerdo para
continuar cobrando las mesadas fue realizado con el director de la oficina, quien
además habría ideado el plan, acordado el valor de la retribución mensual y
autorizado la ejecución de los pagos irregulares.

73. Dichos elementos probatorios dieron cuenta de la participación directa de
Olmedo Ruiz tanto en el procedimiento fraudulento como en la distribución de los
recursos obtenidos. Asimismo, en sede penal se verificó la ocurrencia de conductas
constitutivas de falsedad documental y estafa, lo cual, desde la perspectiva
disciplinaria, permitía tener por configurado el elemento objetivo de la conducta, en
tanto se trataba de un comportamiento que, visto de manera objetiva, correspondía
a un ilícito penal.

74. Desde la óptica de la ilicitud, la autoridad disciplinaria señaló que la conducta
desplegada implicó un uso indebido del cargo para facilitar la apropiación de los
recursos, en abierta contravía de los deberes funcionales y de los principios que
rigen la función administrativa. En particular, se reprochó que el investigado no solo
participó activamente en la ejecución del esquema fraudulento, pues sugirió el modo
de aportar los documentos y medió respecto de cómo sería dividido el dinero, sino
que dejó de cumplir sus obligaciones de control y verificación sobre los pagos
efectuados por la entidad, permitiendo y promoviendo la continuidad de una práctica
abiertamente ilegal.

75. Así, la ilicitud se estructuró en la afectación grave del servicio y en el
quebrantamiento del deber funcional, derivado de la instrumentalización del cargo
para la comisión de conductas ilícitas. Finalmente, la entidad explicó que el
investigado conocía la irregularidad de su actuar y, aun así, decidió ejecutarlo con
el propósito de obtener un beneficio económico indebido. En consecuencia,

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subsumió el comportamiento en una falta disciplinaria gravísima, al estimar que se
trataba de una conducta que, objetivamente considerada, configuraba un delito, lo
que reforzaba tanto la tipicidad como la ilicitud de la actuación atribuida.

76. En esas condiciones, la Sala no advierte que las decisiones disciplinarias hayan
incurrido en una inadecuada tipificación o en una errónea determinación de la
ilicitud, ni que se sean ajenas a la realidad normativa o probatoria del proceso. Por
el contrario, a partir de las pruebas testimoniales y documentales recaudadas en la
actuación disciplinaria, así como de los hechos ilícitos corroborados en el proceso
penal adelantado contra Rita Delia Téllez Medina, se logró establecer la
participación activa del disciplinado en la estrategia mediante la cual se efectuó el
cobro irregular de las mesadas pensionales. Conducta que, por su naturaleza y
prolongación en el tiempo, solo pudo ejecutarse de manera continua gracias tanto
a su intervención directa como al incumplimiento de sus deberes de supervisión,
coordinación, control y verificación. Lo anterior permite evidenciar no solo una
conducta activa en la comisión de los hechos, sino también una omisiva frente a sus
obligaciones funcionales.

77. En efecto, la conducta desplegada por Olmedo Ruiz Casas tenía connotaciones
de un tipo penal en la medida en que cohonestó con otras personas para que se
produjera el engaño que permitió que, a la postre, se obtuviera un provecho ilícito.
De manera que, contrario a lo señalado por el recurrente sí se efectuó una
subsunción entre los hechos acreditados y la descripción normativa de la falta.

78. Así las cosas, el recurso de apelación no pone de presente un error en la
valoración probatoria realizada ni en el proceso disciplinario ni por el tribunal en
sede la primera instancia, sino que expresa una interpretación distinta del material
probatorio y un desacuerdo con las conclusiones a las que arribaron tanto la
autoridad disciplinaria como el a quo. Sin embargo, el apelante no logra desvirtuar
la coherencia, convergencia y suficiencia del conjunto probatorio que sirvió de
fundamento para declarar su responsabilidad disciplinaria.

79. En consecuencia, la Sala comparte las conclusiones del Tribunal Administrativo
de Santander, pues encuentra acreditado que las decisiones disciplinarias
estuvieron sustentadas en un análisis integral de las pruebas, respetaron las
garantías propias del debido proceso y demostraron suficientemente que Olmedo
Ruiz Casas incurrió en la conducta disciplinaria endilgada, razón por la cual la
sentencia apelada será confirmada.

2.3. Costas

80. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00187-01 (3957-2024)
Demandante: Olmedo Ruiz Casas

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

81. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

82. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.

83. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

84. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
de esta instancia, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta
oportunidad.

3. Conclusión

85. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el proceso disciplinario
adelantado en contra Olmedo Ruiz Casas sí quedó debidamente probada la
comisión de la falta gravísima a título de dolo que le fue endilgada, relativa a realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de
la función o cargo, o abusando del mismo, descrita en el ordinal 1 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, razón por la que se confirmará la sentencia apelada que negó
las pretensiones de la demanda.

45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00187-01 (3957-2024)
Demandante: Olmedo Ruiz Casas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 25 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Olmedo Ruiz Casas en contra
del Banco Agrario de Colombia S.A.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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