Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00225-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00225-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00225-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Rosa María Ortega Villamizar, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 11361 del 4 de abril; RDP 15480 del 19 de mayo; y RDP 16723
del 28 de mayo de 2014, proferidas por la UGPP, por medio de las cuales se le negó
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocer una pensión gracia liquidada con base en todos los
factores salariales consignados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y
percibidos durante el último año de servicio, con efetos fiscales desde el 19 de abril
de 2011, fecha de adquisición del estatus pensional [sic]; (ii) indexar el valor de la
condena; (iii) ajustar las mesadas adeudadas de acuerdo con el índice de precios
al consumidor; (iv) pagar los intereses moratorios a que haya lugar de acuerdo con
el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) La señora Rosa María Ortega Villamizar nació el 19 de abril de 1951, por lo que
cumplió 50 años de edad en el año 2001; laboró como docente nacionalizada del
departamento de Norte de Santander, vinculada por medio del Decreto 237 del 14
de marzo de 1975, para cubrir una licencia concedida a otro docente, durante 56
días, contados a partir del 1 de abril de 1975. A través del Decreto 650 [del 2 de
septiembre de 1975] fue nombrada para desempeñar otra licencia por el término de
[1 mes y 26 días]
ii) El 12 de noviembre de 1993, la demandante fue nombrada como docente en
propiedad del departamento de Norte de Santander por medio del Decreto 932,
suscrito por el gobernador y el secretario de educación, para desempeñar funciones
en la Escuela Rural El Placer, del municipio de Chitaga.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
iii) El 17 de marzo de 2014, solicitó ante la demandada el reconocimiento de la
pensión gracia de jubilación, por considerar cumplidos los requisitos exigidos por la
norma, petición que fue negada por medio de los actos administrativos
demandados, al estimar que el tiempo de servicio posterior al año 1993 era de
origen nacional, por lo que no podía ser tenido en cuenta para los fines pretendidos
y, en consecuencia, no cumplía con la exigencia mínima de 20 años de servicio
docente territorial o nacionalizado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política; y las Leyes 114 de [1913]; 116 de 1928; y 37 de 1933. Como desarrollo del
concepto de la violación se expusieron los siguientes argumentos:1
i) La señora Rosa María Ortega tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, pues cumple los requisitos previstos por el legislador; así, cuenta con
vinculaciones al servicio docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980, toda vez
que según los Decretos 237 del 14 de marzo y 650 del 2 de septiembre de 1975,
fue designada para reemplazar a docentes territoriales a quienes se les habían
concedido una serie de licencias.
ii) La demandante fue vinculada al servicio docente, en propiedad, en el año 1993,
en donde ha ejercido sus funciones hasta la interposición de la demanda, por lo que
acredita más de 20 años de servicio público docente, el cual, además, es de carácter
territorial, pues todos los actos de nombramiento han sido proferidos por el
gobernador del departamento de Norte de Santander; finalmente, cuenta con más
de 50 años de edad y no registra ningún tipo de sanción.
1.2. Contestación de la demanda
1 Folios 7 al 10.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
La UGPP, por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda y expuso las siguientes razones de defensa:2
i) La pensión gracia a la que se refiere la Ley 114 de 1913 solo beneficia a los
docentes que hayan estado vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 y para
su reconocimiento en necesario acreditar 50 años de edad y 20 años de servicio.
Para efectos de computar el tiempo de servicio mencionado, no es posible tener en
cuenta los periodos con vinculación laboral de carácter nacional, pues esta
prestación está solo prevista para educadores territoriales o nacionalizados.
ii) De acuerdo con el recuento laboral de la accionante, se puede observar que el
tiempo de servicio de la señora Rosa Ortega es de carácter nacional, razón por la
que no cumple con el requisito mínimo de 20 años de servicio territorial o
nacionalizado, es decir, no están satisfechas las exigencias previstas en la Ley 114
de 1913 y, en consecuencia, los actos demandados están revestidos de legalidad.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda por medio de sentencia del 20 de septiembre de 2018. Las razones son
las siguientes:3
i) En virtud de los documentos allegados al proceso, está probado que la señora
Rosa María Ortega Villamizar nació el 19 de abril de 1951, por lo que para el 17 de
marzo de 2014, momento en que elevó el requerimiento administrativo de
reconocimiento de la pensión gracia, contaba con 62 años de edad.
ii) La accionante prestó sus servicios como docente oficial nacionalizada desde el 1
de abril hasta el 26 de mayo y del 5 de septiembre al 30 de octubre de 1975,
nombrada por medio de los Decretos 237 del 14 de marzo y 650 del 2 de septiembre
2 Folios 78 al 79 reverso.
3 Folios 153 al 157 reverso.
4
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
de 1975, respectivamente.
iii) En cuanto al tiempo de servicio suscitado entre el 20 de marzo de 1993 y el 20
de abril de 2016, en el certificado de historia laboral número 25022, expedido el 5
de marzo de 2015 [sic] se informa que es del orden nacional. Adicionalmente, según
la constancia del 5 de marzo de 2017, proferida por la Secretaría de Educación del
departamento de Norte de Santander se reitera que ese periodo es de carácter
nacional «en cargo de plaza municipal y con fuente de recursos del situado fiscal»,
razón por la que este lapso no puede ser computado para el reconocimiento de la
mesada y, por lo tanto, no se encuentra cumplido el requisito de 20 años de servicio
público territorial o nacionalizado.
1.4. El recurso de apelación
La señora Rosa María Ortega Villamizar, por medio de apoderado, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Las razones son las
siguientes:4
i) Los nombramientos por medio de los cuales se vinculó a la accionante al servicio
docente oficial fueron expedidos por una autoridad territorial, para desempeñar
funciones en instituciones de la misma índole y sus salarios fueron pagados con
recursos propios o provenientes del situado fiscal, contexto del que se puede
concluir que nunca ha ostentado el carácter de docente nacional; además, están
acreditados todos los requisitos de la Ley 114 de 1913 y, por ello, la sentencia de
primera instancia debe ser revocada para, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Ambas partes guardaron silencio.5
4 Memorial en folios 160 al 162.
5 Constancia secretarial en folio 192.
5
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la señora Rosa María Ortega
Villamizar tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación
del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la
vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la
última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Según la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento la señora Rosa
María Ortega Villamizar nació el 19 de abril de 1951, es decir, cumplió 50 años de
edad el 19 de abril de 2001.18
ii) El 14 de marzo de 1975, la gobernadora y el secretario de educación del
departamento de Norte de Santander, suscribieron el Decreto 237 por medio del
cual, en uso de sus facultades legales, nombraron a la señora Rosa María Ortega
Villamizar como docente directivo en reemplazo de la señora Aquilina Rojas de Vera
a quien se le concedió una licencia por el término de 56 días, a partir del 1 de abril
de ese año, para desempeñar funciones en la Escuela Rural Piedras del municipio
de Chitaga.19
iii) El 2 de septiembre de 1975, la gobernadora y el secretario de educación del
departamento de Norte de Santander, a través del Decreto 650, nombraron a la
señora Rosa María Ortega Villamizar como docente directiva de la Escuela Rural
Las Piedras del municipio de Chitaga, en reemplazo de una docente a la que se le
concedió una licencia de 56 días. La accionante tomó posesión del cargo el 5 de
septiembre de ese año, según acta de la fecha.20
iv) El 12 de marzo de 1993, el alcalde del municipio de Chitaga, Norte de Santander,
y la secretaria general, en uso de sus facultades legales, nombraron en propiedad
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folios 37 y 38.
19 Folio14.
20 Folio 15, información reiterada en los actos administrativos demandados y en el certificado de
historia laboral en folios 44 y 45.
12
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
a la señora Rosa María Ortega como docente rural, en virtud del Convenio número
189-PD-92 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y esa entidad
territorial, para la creación de plazas docentes municipales con ocasión del Plan de
Universalización de la Educación Básica Primaria, para desempeñar funciones en
la Escuela Rural El Placer, cuyos pagos estarían a cargo del Fondo Educativo
Regional de Norte de Santander.21 La accionante tomó posesión del cargo el 20 de
marzo de 1993.22
v) El 12 de noviembre de 1993, el gobernador y el secretario de educación del
departamento de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades asignadas por
el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, expidieron el Decreto 932 por medio del cual
nombraron como «docente seccional» en propiedad a la señora Rosa María Ortega
Villamizar, para desempeñar sus funciones en la Escuela Rural El Placer del
municipio de Chitaga, dada la imposibilidad de ese municipio de asumir el pago
salarial de las plazas docentes del programa de soluciones educativas del gobierno
nacional, por lo que los efectos fiscales de ese nombramiento fueron desde el 20 de
marzo de 1993.23
vi) El 5 de marzo de 2017, el Área Administrativa y Financiera de la Gobernación de
Norte de Santander expidió constancia en la que da cuenta de que la señora Rosa
María Ortega prestó sus servicios como docente de ese departamento entre el 20
de marzo de 1993 y el 20 de abril de 2016, en calidad de docente en propiedad
nacional [sic], en una plaza docente municipal y cuyos pagos salariales provenían
del situado fiscal.24
vii) Según certificado número 54508565 de la Procuraduría General de la Nación, la
señora Rosa María Ortega Villamizar no registra sanciones disciplinarias. 25
21 Folio 133.
22 Folio 134.
23 Folios 16 y 17.
24 Folio 132.
25 Folio 52.
13
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 4 de abril de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP 11361, por medio de la
cual negó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación solicitada por la
señora Rosa María Ortega el 17 de marzo de ese año; la razón de la negativa es,
básicamente, que a pesar de que el tiempo de servicio docente servido durante el
año 1975 es nacionalizado y, por contera, válido para el mencionado
reconocimiento, según la administradora, no ocurre lo mismo con el servicio
prestado entre 1993 y 2012 [sic], por ser de carácter nacional, lo que quiere decir
que no puede ser tomado en consideración.26
ii) El 19 de mayo de 2014, la Unidad expidió la Resolución RDP 15480, por medio
de la cual, al resolver un recurso de reposición, confirmó la negativa plasmada en
la Resolución rdp 11361, al insistir en que el tiempo de servicio a partir del año 1993
es nacional y no nacionalizado territorial,27 posición que fue ratificada en la
Resolución RDP 16723 del 28 de mayo de 2014.28
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante.
El Tribunal consideró que el tiempo laborado por la señora Rosa María Ortega
Villamizar entre el 4 de abril y el 26 de mayo; y entre el 5 de septiembre de y el 30
de octubre de 1975 al servicio del departamento de Norte de Santander resultan
computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto la
docente estuvo vinculada al orden territorial; empero, a su juicio, no ocurrió lo mismo
26 Folios 19 al 21.
27 Folios 33 al 35.
28 Folios 29 al 31.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
con la designación como maestra a partir del 20 de marzo de 1993, pues esta fue
como empleada de carácter nacional.
Dicho análisis respecto de las dos primeras vinculaciones es compartido por esta
Sala, al observar las siguientes circunstancias:
i) Los nombramientos efectuados a través de los Decretos 237 del 14 de marzo y
650 del 2 de septiembre de 1975, son de carácter territorial, pues fueron suscritos
por la gobernadora y el secretario de educación del departamento de Norte de
Santander en uso de sus facultades legales (sin intervención de ningún otro
funcionario y sin delegación del Ministerio de Educación Nacional), para prestar
labores como directora de la Escuela Rural Las Piedra, en el municipio de Chitaga,
por el término de 56 días en cada periodo, para un total de 112 días durante ese
año.
El contenido de los actos administrativos es el siguiente:
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el nombramiento del que fue titular la
accionante fue con el propósito de cubrir dos vacantes transitorias dejadas por
docentes a quienes les fueron concedidas licencias de 56 días cada una; en
consecuencia, las vinculaciones referidas fueron de carácter territorial, pues se
puede inferir razonablemente que prestó su servicios en plazas de igual categoría,
por tratarse de una institución educativa a cargo del referido ente departamental y
bajo el nombramiento de un servidor de dicho orden. Adicionalmente, este periodo
no ha sido discutido por la entidad demandada, que, incluso en sede administrativa,
admitió computarlo para el reconocimiento de la mesada.
Al respecto, vale la pena resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
que ocasione la instrucción primaria».29 De acuerdo con este marco normativo, el
nombramiento que efectuó el departamento de Norte de Santander atendía a las
atribuciones que con antelación había otorgado el legislador.
En este caso, se itera, el acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por la
gobernadora y el secretario de educación, sin que se observe intervención alguna
de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo
referencia a una autorización por parte de la Nación para hacer la designación, ni
que la plaza a ocupar fuera nacional. Así las cosas, este primer período resulta
computable para determinar el derecho a la pensión gracia reclamada, el cual
corresponde a 3 meses y 22 días y, además, acredita el requisito de haber ostentado
una vinculación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
ii) La vinculación de la accionante a partir del 20 de marzo de 1993 se concretó en
los siguientes términos:
29 Artículo 27.
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Sobre los anteriores actos administrativos es importante aclarar que a través del
Decreto 16 del 12 de marzo de 1993, el alcalde municipal de Chitaga, Norte de
Santander, nombró a la señora Rosa María Ortega Villamizar como docente rural
de primaria, designada a la Escuela Rural El Placer, de ese municipio, vinculación
que se originó en el Convenio 189-PD-92 suscrito entre el municipio de Chitaga y el
Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo del Plan de Universalización de la
Educación Primaria.
Sin embargo, por medio del Decreto 932 del 12 de noviembre de 1993, el
gobernador del departamento de Santander y la secretaria de educación, en
desarrollo del programa de Soluciones Educativas, y en atención a que «algunos
municipios del departamento no [habían] asumido la responsabilidad educativa
contenida en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989» y que, en consecuencia, no podían
efectuar el pago de los docentes que habían nombrado hasta ese momento, en
virtud de lo consignado en el artículo 10 de la referida ley, adoptaría los pagos
salariales de la señora Rosa María Ortega, para lo cual efectuó un nuevo
nombramiento, pero con efectos fiscales desde el 20 de marzo de ese año, es decir,
fecha de posesión en el cargo en el que fue nombrada por la Alcaldía de Chitaga.
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
De acuerdo con lo anterior, si bien existió un traslado de la responsabilidad
económica para el pago de los emolumentos salariales de la señora Ortega
Villamizar, lo cierto es que ello no puede entenderse como una mutación del origen
del nombramiento, pues, en todo caso, los recursos siguieron proviniendo del
programa soluciones educativas y no existió intervención o designación alguna del
ministerio de Educación Nacional en dicho trámite administrativo.
En lo que respecta al programa de soluciones educativas del Plan de
Universalización de la Educación Básica Primaria, es pertinente citar el siguiente
pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se estudió la naturaleza de
algunos componentes del referido plan de universalización:30
59. El programa denominado “soluciones educativas” hizo parte del plan de
universalización de la Educación Básica Primaria que adelantó el Ministerio de
Educación con el propósito de mejorar ese nivel de educación tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo ofreciendo a los alumnos, maestras y escuelas un
conjunto integrado de bienes y servicios educativos.
60. Según el documento del Departamento Nacional de Planeación de 19 de marzo
de 1991, denominado “Plan de Apertura Educativa 1991-1994”, el Consejo Nacional
de Política Económica y Social, mediante el CONPES 2158 de 1991, aprobó la
medida conforme al referido plan para el cuatrienio 19911994 y fue institucionalizado
por medio del Decreto 61 de 14 de enero de 199231.
61. En efecto, el sistema de “Soluciones Educativas”, consistía en la contratación
anual de docentes por los municipios, con recursos del gobierno nacional, con cargo
a sus propios recursos, de suerte que se convirtió en una opción flexible por la
facilidad de vinculación de docentes y posibilitó que se llevara la educación a zonas
de difícil acceso.
[…]
64. De acuerdo con el anterior recuento, el tiempo servido como docente en
programas de “soluciones educativas” debe tomarse como servido en educación
primaria en entidades territoriales, razón por la cual es posible computarlo para
efectos de acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la pensión
gracia32. [Resalta la Sala]
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018,
radicado 50001-23-31-000-2009-00316-02 (2470-2015).
31 Por el cual se institucionaliza el “Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria”.
32 El tiempo laborado como docente de soluciones educativos fue tenido en cuenta para efectos de
la pensión de jubilación gracia en sentencia de 2 de agosto de 2018, C.P Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, Expediente 70001233300020150024301 (2739-2016), Demandante: Nellys del Carmen
Taborda Bohórquez.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Así las cosas, el plan de universalización de la educación básica primaria se
sufragaba con dineros de la Nación y/o con recursos propios de los municipios y en
el artículo 2.º del Decreto 61 de 14 de enero de 1992 se definió de la siguiente
manera:
Artículo 2o. Definición. El plan de universalización de la educación básica primaria
consiste en la prestación de un conjunto integrado de bienes y servicios educativos
ofrecidos a los seis primeros años de la educación básica; capacitación de docentes;
suministro de textos para los niños, bibliotecas para las escuelas, material de
instrucción para los maestros, provisión de mobiliario escolar para alumnos, maestros
y escuelas; renovación y mejoramiento de la planta física de las escuelas en términos
de construcción y reparación de aulas, unidades sanitarias, servicio de agua y pozo
séptico. Además, prevé el desarrollo de acciones y proyectos de fortalecimiento del
sector mediante una estrategia global que cuenta con la estructura básica del sistema
educativo y que comprende la renovación curricular y la descentralización
administrativa.
En dicha norma se señaló, además, que el plan tenía cobertura nacional y su
ejecución se extendería hasta el año de 1995, atendiendo todos los municipios,
siguiendo los criterios trazados por el Ministerio de Educación Nacional y sujeto a
evaluaciones periódicas para detectar su estado de avance en cada región.
En efecto, el artículo 4 del Decreto 61 de 1992 determinó que el plan sería
financiado «con recursos del Crédito Internacional 3010 BIRFCO, con las
contrapartidas nacionales estipuladas en éste, con aportes de los presupuestos
departamentales, municipales cuando se suscriban los convenios respectivos, y con
aportes de la comunidad». A su vez, el artículo 7 ibidem previó que, en el nivel
municipal, el alcalde será el director del plan cuando se suscribieran los respectivos
convenios.
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional adelantó el referido
plan de universalización que estuvo financiado con recursos mixtos, es decir,
nacionales, departamentales y municipales, e inclusive con aportes de la comunidad
y provenientes del crédito internacional. Además, las entidades territoriales debían
suscribir convenios interadministrativos con el fin de ejecutar dichos recursos y
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
desarrollar la política educativa, teniendo en cuenta los alcances y propósitos
definidos por ella.
Bajo este escenario normativo y jurisprudencial el tiempo laborado por la señora
Ortega Villamizar en desarrollo del Plan de Universalización de la Educación Básica
Primaria, tuvo carácter territorial, pues el municipio de Chitaga y el departamento
de Norte de Santander especificaron que la vinculación de los docentes se hacía
para prestar labores dentro del referido programa en escuelas rurales municipales
de educación primaria y en virtud del Convenio 189-PD-92 para la cofinanciación de
plazas docentes municipales rurales.
Aunado a ello, no existe duda de que en ese acto de nombramiento no hubo
intervención directa por parte del Gobierno nacional, y en ningún momento se indicó
que se fuere a ocupar una plaza nacional; empero, sí se estableció que se trataba
de plazas docentes municipales rurales del Plan de la Universalización de la
Educación Básica Primaria.
En este punto, es oportuno advertir que en cada caso particular debe analizarse la
forma en que los docentes fueron vinculados al Plan de Universalización de la
Educación Básica Primaria, pues esta Subsección en otras oportunidades ha podido
constatar que la vinculación es nacional y no puede computarse para acceder a la
pensión gracia, por ejemplo, cuando el acto de nombramiento de manera expresa
e inequívoca establece que los docentes ocuparán plazas que se encuentran a
cargo del Ministerio de Educación Nacional o que se pagarán con recursos
provenientes de la Nación.33
A todo esto, en el sub examine se advierte que la vinculación ocurrida a partir del
20 de marzo de 1993 se considera territorial y que debe ser computada para el
33 En ese sentido pueden consultarse las siguientes sentencias, proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A: i) del 16 de junio de 2016, radicado 73001-23-33-000-2013-00529-
01 (3533-14); y ii) del 20 de octubre de 2022, radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-
2016).
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
reconocimiento de la pensión gracia, en atención a que no existe prueba diferente
que demuestre que el nombramiento estuvo a cargo del Ministerio de Educación
Nacional, ya que la autoridad que nominó a la demandante como docente, fue el
alcalde municipal de Chitaga y el gobernador de Norte de Santander con base en
las facultades conferidas por el articulo 9°de la Ley 29 de 1989 y el artículo 26 del
Decreto 2277 de 1979, y al verificar la plaza educativa en la que fue nombrada,
Escuela Rural Las Piedras, es evidente que pertenece al orden territorial.
No obstante, el a quo consideró que el referido tiempo es de carácter nacional con
ocasión de la certificación expedida por la gobernación de Norte de Santander,
donde se indica que los recursos provenían del situado fiscal, que la plaza es
municipal, pero que la vinculación es nacional, conclusión con la que esta
Subsección no está de acuerdo, por las siguientes razones:
Como tantas veces lo ha indicado la Sección Segunda del Consejo de Estado, y de
acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,34 para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente relevante es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada.35
Adicionalmente dicha providencia también fue clara al establecer la regla de que no
es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además
del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional; o ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
35 máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos
Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Adicionalmente, resulta pertinente agregar que, como consecuencia de la
promulgación y entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993, se expidió el Decreto 196
de 1995, norma en la que plasmaron las siguientes definiciones:
Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los
siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:
Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo
financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado
fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.
Docentes Departamentales, Distritales y Municipales:
a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial
con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;
b) Son Igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran
vinculados a plazas departamentales o municipales (resalta la Sala).
De la normativa citada se colige que el personal de educadores financiados por la
Nación lo integran docentes departamentales, distritales o municipales, lo cual
depende de las plazas a las que se hayan vinculado. En ese sentido, la referida
norma es clara al indicar que los docentes financiados por la Nación mediante
convenios interadministrativos, como ocurrió en el particular, que se encuentren
vinculados a plazas municipales, como es el caso de la Escuela Rural El Placer,
tienen la condición de maestros municipales.
Asimismo, el artículo 4 de la mencionada Ley 60 de 1993, dispuso sobre los
docentes financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación
Nacional mediante convenios, que además de ser afiliados o incorporados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sus prestaciones serán de cargo
de la respectiva entidad territorial.
Como consecuencia de lo anterior, no es correcto afirmar que la señora Rosa María
Ortega tiene la calidad de docente nacional, pues está acreditado que la plaza
docente que ostentaba es de carácter municipal y que los salarios le fueron pagados
con recursos provenientes de un convenio entre el municipio de Chitaga o del
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, como se consignó en la
constancia suministrada por el departamento de Norte de Santander.
A lo anterior se suma que en ninguno de los actos de nombramiento aportados al
proceso se especifica que el demandante ocuparía una plaza docente del nivel
nacional. En ese orden de ideas, el tiempo total de servicio de la demandante es el
siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 14-03-1975 26-05-1975 26 1 0
Territorial 05-09-1975 30-10-1975 26 1 0
Territorial 20-03-1993 20-04-2016 0 1 23
TOTAL 22 4 23
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, cumplió el requisito del tiempo de servicio
previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
Además, el accionante cuenta con más de 50 años de edad y durante su ejercicio
como docente no se registraron sanciones disciplinarias,36 es decir, que demuestra
los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con honradez y
consagración37 previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del
beneficio pensional reclamado, razón por la que se confirmará la sentencia apelada.
Ahora bien, la accionante cumplió los 20 años de servicio el 28 de noviembre de
2012, fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad (los cumplió el 19 de
abril de 2011), es decir, que en ese momento adquirió el derecho pensional.
36 De conformidad con la certificación detallada en el acápite de hechos probados de esta
providencia.
37 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
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Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y el 23 de febrero de 2013.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».38
Ahora bien, la señora Ortega Villamizar consolidó el estatus pensional el 28 de
noviembre de 2012, de modo que tenía hasta el 29 de noviembre de 2015 para
reclamar ante la administración el reconocimiento y pago de la prestación para que
sus mesadas pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente
se materializó a través de la reclamación del 17 de marzo de 2014,39 razón por la
que no operó el fenómeno de la prescripción trienal.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
38 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
39 Según se plasmó tanto en la demanda como en los actos administrativos demandados.
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,40 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia apelada del 20 de septiembre de 2018 dictada por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 11361 del 4 de abril, RDP
15480 del 19 de mayo, y RDP 16723 del 28 de mayo de 2014, mediante las cuales
la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Rosa María Ortega Villamizar,
27
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00225 01 (0569-2019)
Demandante: Rosa María Ortega Villamizar
identificada con cédula de ciudadanía 27.686.172, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 28 de noviembre de 2011 y el 28 de noviembre de
2012.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente41
MLBC
41 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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