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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00355-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00355-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal a) del numeral tercero de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará de la siguiente manera: «[…] a) reconozca y pague la pensión gracia a la señora Mercedes Suárez Portilla, efectiva a partir del 30 de diciembre de 2004 con el 75% del promedio de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del estatus.» SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda; de conformidad con las consideraciones expuestas. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polania como apoderada de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 71 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 68001 23 33 000 2016 00355 01 (3458–2017) Demandante: Mercedes Suárez Portilla a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado Nicolas Pataquiva Delgadillo que consta en el mismo índice. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00355-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00355 01 (3458–2017)
Demandante: Mercedes Suárez Portilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Contratos de prestación
de servicio y contratos de trabajo individual. Ley 1437 de 2011

Decisión: Modificar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 23 de mayo de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, que accedió a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resoluciones PAP 011366 del
30 de agosto del 2010 y PAP 032029 del 30 de diciembre de 2010 por medio del
cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia debidamente reajustada e indexada; y el cumplimiento de la
sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Mercedes Suárez Portilla manifestó que prestó sus servicios como
docente de la siguiente manera:

• Mediante Decreto 209 del 10 de marzo de 1975 suscrito por el alcalde

1
Folios 3 al 11 del expediente físico

Radicado: 68001 23 33 000 2016 00355 01 (3458–2017)
Demandante: Mercedes Suárez Portilla

municipal de San José de Cúcuta desde el 26 de marzo de 1975 hasta el 25 de
mayo de 1980 en el municipio de Cúcuta.
• Luego fue vinculada a la docencia en el departamento de Santander a través
de órdenes de prestación de servicios en los siguientes periodos: i) desde el 02
de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1989, ii) desde el 01 de febrero
de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1990, iii) desde el 01 de febrero de 1991
hasta el 30 de noviembre de 1991, iv) desde el 01 de febrero de 1992 hasta el
30 de noviembre de 1992, v) desde el 01 de febrero de 1993 hasta el 20 abril
de 2004.
• Desde el 20 de abril de 2004 hasta el 27 de junio de 2007 en el municipio de
Soledad Atlántico,
• Desde el 28 de junio de 2007 hasta el 12 de diciembre de 2010 en la Escuela
Normal Superior de Bucaramanga.

5. Precisó que le fue reconocida la relación laboral de los periodos laborados
mediante la suscripción de ordenes de prestación de servicio por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 26 de
julio de 2011 en virtud del principio de la realidad sobre las formas de vinculación,
decisión que fue objeto de recurso de apelación siendo confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante sentencia del 12 de junio de 2012.

6. Por lo tanto, solicitó a CAJANAL hoy UGPP, el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada a través de los actos administrativos hoy
demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: Ley 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933.

8. En resumen, en el concepto de la violación, después de relacionar las
disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan la pensión gracia, expone
que cumplió con los requisitos exigidos por la ley, esto por cuanto la prestación de
sus servicios fue de naturaleza nacionalizada en el nivel municipal.

1.4. Contestación de la demanda2
9. Luego de presentada la demanda el 15 de enero de 2016 y admitida el 11 de
mayo de 2016, a través de apoderado la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Indicó, que no se demostró
el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para el otorgamiento de la pensión
gracia, por cuanto no acreditó la actora estar vinculada a la docencia oficial de
carácter departamental, municipal o distrital con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.

2
Folios 115 al 123 del expediente físico

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Demandante: Mercedes Suárez Portilla

10. Asimismo, señaló que no se puede tener en cuenta el tiempo laborado a
través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión
gracia, motivo por el cual no deben ser tenidas en cuenta las vinculaciones
reportadas entre los años 1989 y 1993.

11. Sostuvo que el tiempo de servicio entre 1994 y 2009 es de carácter nacional,
por lo que no es computable para los efectos pretendidos. De manera que no se
probó la prestación de 20 años de servicios como docente del orden departamental,
municipal o distrital.

12. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) prescripción del
agotamiento de la actuación administrativa; ii) inexistencia de la obligación; iii) cobro
de lo debido; iv) presunción de legalidad de los actos administrativo; v) prescripción,
y vi) la genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3
13. El Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, en audiencia inicial el
23 de mayo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, al respecto, i)
declaró no probada la excepción de cobro de lo no debido y probada la excepción
de prescripción de mesadas ii) la nulidad de los actos demandados; iii) y ordenó a
la UGPP a reconocer y pagar una pensión gracia equivalente al 75% del promedio
de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del status, esto es,
el 15 de octubre de 2004; y condenó en costas.

14. Lo anterior, teniendo en cuenta que la señora Mercedes Suárez Portilla se
desempeñó como docente oficial por más de 25 años; y en cuanto a la naturaleza
de las vinculaciones, analizó cada uno de los periodos laborados llegando a concluir
que: i) entre el 26 de marzo de 1975 y el 25 de mayo de 1980 fue como docente
nacionalizada; ii) entre 02 de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1989,
del 01 de febrero de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1990, del 01 de febrero de
1991 hasta el 30 de noviembre de 1991, desde el 01 de febrero de 1992 hasta el 30
de noviembre de 1992, desde el 01 de febrero de 1993 hasta el 30 de noviembre de
1993, la demandante tuvo vinculaciones por contratos de trabajo y órdenes de
servicios de manera directa con el departamento de Santander, la cual resulta válida
para efectos de la pensión gracia; y iii) del 15 de abril de 1994 en adelante fue
docente departamental, pues en el nombramiento no intervino la Nación o
representantes del Ministerio de Educación.

15. Advirtió que operó el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas,
toda vez que, entre la fecha de la solicitud de reconocimiento pensional -28 de
octubre de 2009- y la presentación de la demanda -15 de enero de 2016- transcurrió
un lapso superior a 3 años, por lo anterior declaró prescritas las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 15 de enero de 2013.

3
Folios 135 a 139 del expediente físico

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1.6. Recurso de apelación4
16. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no
cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 con argumentos
similares a los utilizados en la contestación de la demanda.

17. Esto es que, no se acreditó que la solicitante hubiera estado vinculada a la
docencia oficial en el ámbito departamental, municipal o distrital antes del 31 de
diciembre de 1980, requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión
gracia. Asimismo, adujo que el tiempo laborado mediante contratos de prestación
de servicios no puede ser computado para este beneficio, por lo que no son válidas
las vinculaciones reportadas entre los años 1989 y 1993; y reiteró que el servicio
prestado entre 1994 y 2009 corresponde a una vinculación de carácter nacional.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Mediante auto de fecha 14 de diciembre de 20175, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandada, y luego con auto de 22 de junio de
20186, se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión.

19. Así, la señora Mercedes Suárez Portilla5 reiteró que acredita cabalmente
los requisitos para acceder a la pensión gracia

20. A su turno, la UGPP reiteró su petición de revocar la sentencia de primera
instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de fundamentos
fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para acceder a tal
pensión.

21. Por su parte, el agente del Ministerio Público que actúa ante esta
Corporación, guardó silencio.

22. De otro lado, el 22 de junio de 20237, se dictó auto decretando prueba de
oficio requiriendo al Ministerio de Educación Nacional, el departamento de
Santander, y al municipio de Bucaramanga para que allegaran los actos
administrativos de nombramiento y de posesión, contratos de trabajo y órdenes de
prestación de servicio mediante los cuales se haya designado a la actora como
docente desde el año 1975; al igual que certificados de tiempos de servicios, con
indicación de la naturaleza jurídica del vínculo, y de las plazas ocupadas por aquella,

4
Folios 140 a 144 del expediente físico
5
Folio 169 del expediente físico
6
Folio 188 del cuaderno físico.
7
Actuación visible a índice 50 de la plataforma SAMAI

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así como especificar de donde provenían los dineros con los que fueron pagados
los salarios y prestaciones durante la labor docente.

23. En respuesta a los requerimientos realizados las entidades en mención
aportaron lo solicitado.

24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a
lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico
27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Mercedes
Suárez Portilla, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia
28. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

29. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha
prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no

8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir
50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

30. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de
la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

31. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.

32. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

33. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

34. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos

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Demandante: Mercedes Suárez Portilla

citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»10

35. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201811 previó pautas jurisprudenciales relacionadas con el origen de los recursos
con los cuales se sufragaron los salarios y prestaciones de los docentes; los efectos
de la intervención de, además del representante legal de la entidad territorial la del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional; así como se
refirió a la prueba de la calidad de docente territorial, la cual también aplica para
determinar el docente nacionalizado; se destaca:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

36. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».12

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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37. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

38. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los
demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

39. 2.3.2 Contratos de prestación de servicio docente
40. Sobre la suscripción de órdenes o contratos de prestación de servicio
docente, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C – 555 de 1994, al
estudiar la legalidad de los artículos 6 de la Ley 60 y 105 de la Ley 115 de 1994,
decisión de la que se puede extraer que los docentes vinculados por intermedio de
contratos y órdenes de prestación de servicio de manera permanente se
encontraban en condiciones de desigualdad, principalmente en lo que a
prestaciones se refiere, respecto de quienes sí estaban adscritos a la planta de
personal docente del ente territorial, razón por la cual, se llegó a la conclusión de
que toda labor docente realizada de manera continua y permanente resulta válida
para efectos de tenerla en cuenta en asuntos prestacionales.

41. De manera similar se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 6 de
mayo de 2010, e igualmente la Corte Constitucional en sentencia C – 954 de 2000.
42. Así las cosas, existe claridad respecto a que para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia se debe acreditar la naturaleza en que se ostentó dicha
vinculación junto con los demás requisitos de ley aplicables en materia de pensión
gracia, y no exactamente la forma de contratación, la cual puede obedecer a una
relación legal y reglamentaria, en temporalidad, por contrato de prestación de
servicio, entre otros.

2.4. Actuación administrativa

43. La señora Mercedes Suárez Portilla el 28 de octubre de 2009 a través de
apoderado solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la
cual fue resuelta desfavorablemente con la Resolución PAP 011366 del 30 de
agosto de 2010, con fundamento en que la demandante no cumple con los 20 años
al servicio docente del orden territorial y/o nacionalizado, toda vez que el tiempo de
servicio a partir de 1994 es del orden nacional.

44. Inconforme con la respuesta de la entidad interpuso recurso de reposición el

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Demandante: Mercedes Suárez Portilla

cual fue resuelto mediante la Resolución PAP 032029 de 30 de diciembre de 2010
confirmando la negativa.

2.5. Caso concreto
45. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad
46. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora Mercedes
Suárez Portilla nació 02 de julio de 1953, así el 02 de julio de 2003 cumplió 50
años de edad13, aspecto frente al que no existe discusión.

• Buena conducta
47. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios
48. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como
docente oficial, siendo pertinente rememorar que sobre esta exigencia gira la
inconformidad principal de la entidad.

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 26 de marzo de
1975 hasta el 25 de mayo de 1980

49. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de fecha 26 de marzo
de 1975, que da cuenta que la actora tomó posesión del cargo de 2da categoría
seccional de la escuela rural integrada Kennedy del municipio de Cúcuta – Norte de
Santander, para el cual fue nombrada mediante Decreto 209 de 10 de marzo de
1975, acto este último que no obra en el plenario.

50. Por su parte, la secretaría de educación departamental de Norte de
Santander en certificado de fecha 18 de febrero de 2004, indicó que la señora
Suárez Portilla fue nombrada en propiedad a través del Decreto 209 de 10 de marzo
de 1975, y con efectos fiscales al 26 de marzo de 1975, en el cargo de 2da categoría
seccional de la escuela rural integrada Kennedy del municipio de Cúcuta – Norte de
Santander, en donde laboró desde el 26 de marzo de 1975 hasta el 08 de enero de
1978, siendo trasladada por orden del Decreto 79 de 09 de enero de 1978 al “Centro

13 Copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31 del expediente físico.

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Doc Int Pablo VI #43” ubicado en el mismo municipio, y prestó sus servicios desde
el 09 de enero de 1978 hasta el 25 de mayo de 1980, con una vinculación de
naturaleza nacionalizada continua. Véase:

51. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que el
tiempo de labor oficial de la demandante como educadora en la escuela rural
integrada Kennedy del municipio de Cúcuta – Norte de Santander durante el periodo
comprendido desde el 26 de marzo de 1975 hasta el 25 de mayo de 1980 (5 años
y 2 meses), resulta válido para acreditar la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esa
designación fue del orden territorial, más no nacionalizado como se sostuvo por la
entidad en el certificado de 18 de febrero de 2004. Ello, por cuanto el nombramiento
fue efectuado con anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 43 de 1975 que
ocurrió el 11 de diciembre de dicha anualidad y por medio de la cual se adelantó la

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nacionalización de la educación; observándose además que la docente tomó
posesión del cargo ante el alcalde y el secretario de Cúcuta, y sin que se haga
mención a la participación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional para
efectuar el nombramiento antes señalado.

52. En todo caso, advierte la Sala que, de conformidad con el cálculo total de
ausencias señalado en el certificado del 20 de noviembre de 2015 expedido por la
secretaria de educación municipal de Bucaramanga14, la actora se ausentó por un
término de 2 meses y 29 días, por lo tanto, este periodo será restado de la totalidad
de tiempo de servicio docente, siendo posible computar tan solo 4 años 11
meses y 1 día.

53. Por lo anterior, no le asiste razón a la parte demandada cuando alega que se
debe excluir tal tiempo ya que, en todo caso, siendo el vínculo nacionalizado o
territorial, resulta computable para efectos de pensión gracia de conformidad con la
norma y la jurisprudencia sobre el asunto.

• Tiempos laborados en virtud de órdenes de prestación de servicio (4
años y 2 meses)
54. La Sala previo a analizar el material probatorio aportado con el cual se
pretende demostrar un tiempo servido a través de contratos de prestación de
servicios, estima necesario señalar que, no tiene vocación de prosperidad el
argumento de la entidad apelante en orden a que no es posible computar para
efectos de reconocimiento de pensión gracia, la labor desempeñada con ocasión de
los mentados contratos, pues, por el contrario esta Corporación ha considerado
válido este tipo de vinculación docente, siempre y cuando se cumpla con la
condición de ser al servicio de entidades territoriales o nacionalizadas15 sin que
resulte necesaria la existencia de una declaración de existencia de relación laboral.

55. Así entonces, obra en el plenario distintas órdenes de prestación de servicios
y contrato individual a término fijo mediante las cuales el presidente de la Junta de
Acción Comunal 24 de mayo de la vereda Río Frío y El Verde autorizó la prestación
de servicio docente de la actora en la escuela Río Frío del municipio de
Floridablanca, así:

Orden de Desde – hasta Tiempo total
prestación y/o
contrato
individual
N°537 (contrato 1° de febrero a 30 de noviembre 10 meses
individual) de 1989

14 Folio 22 del expediente físico
15 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01 (0823-
2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de 2016, radicado
52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad: 25000234200020150003201
(2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018,
radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).

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N° 271 (contrato 1° de febrero a 30 de noviembre 10 meses
individual) de 1990

N° 630 1° de febrero a 30 de noviembre 10 meses
de 1991

N° 434 1° de febrero a 30 de noviembre 10 meses
de 1992

Sin número 1° de febrero a 30 de noviembre 10 meses
de 1993

56. Además se allegó certificación del de abril de 2004, emitida por el coordinador
Grupo Administración de Documentos - Secretaría General de la gobernación de
Santander, en la que precisa que la señora Suárez Portilla prestó servicios al
departamento en la Secretaría de Educación -soluciones educativas- desde i) 1° de
febrero de 1993 al 30 de noviembre de 1993 (incluido en cuadro anterior) y ii) desde
el 16 de abril de 1994 al 30 de diciembre de 1994, y que los aportes de pensiones
se realizaron la Fondo de Pensiones Territorial de Santander. Y a su vez reposa
certificación de la coordinadora de Historias Laborales de la Secretaría de
Educación de Santander que data del 11 de junio de 2009, que reafirma el tiempo
de servicios relacionado.

57. También obran Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral proferidos el 20 de noviembre de 2015, que respaldan cada uno de
los periodos ya citados entre los años 1989 y 1993.

58. Para la Sala, las labores docentes ejecutadas durante los extremos en
mención resultan computable para efectos del reconocimiento de pensión gracia, ya
que se trató de un docente territorial, en tanto, como ya se expresó, el simple hecho
de tratarse de contratos de prestación de servicios no es impedimento para su no
valoración; sumado a que, la actora si bien contrató inicialmente con la Junta de
Acción Comunal, aquella en virtud del proceso de nulidad y restablecimiento
adelantado ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga en
el que se dictó fallo el 26 de julio de 2011, confirmado por el Tribunal Administrativo
de Santander el 12 de junio de 2012, obtuvo el reconocimiento de una relación
laboral con el departamento de Santander por los tiempos anteriormente
relacionados, oportunidad en la que se señaló que el servicio educativo se prestó a
favor de dicho ente territorial, se destaca:

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59. Así entonces, se insiste en que la naturaleza de tal designación es del orden
territorial, pues, como se expuso, al declararse la existencia de la relación laboral
se indicó que fue la gobernación de Santander la que realmente contrató los
servicios de la actora y se benefició de ellos; sin que de las pruebas recaudadas se
pueda establecer en modo alguno la participación del Ministerio de Educación y
menos aún se advierte que la plaza sea del orden nacional.

60. Ahora, no habría lugar a considerar que se trató de un vínculo nacionalizado
dado que, si bien se originó en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se
nacionalizó la educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha normativa,
y menos aún se desprende del material probatorio aportado, que la plaza ocupada
corresponda a las nacionalizadas; tampoco se avizora que los recursos sean de
aquéllos que a la luz del artículo 6 de la ley en cita, para atender el proceso en cita
fueran administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los
planes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

61. El servicio prestado como docente territorial en este caso, se acompasa con
lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone: «Personal territorial.
Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1
de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975»,

62. En ese orden, contrario a lo alegado por la entidad recurrente, si es viable
tener en cuenta este tiempo de servicio a fin de obtener la pensión gracia, esto es
en un total de 4 años y 2 meses, atendiendo a las fechas de inicio y terminación de
cada contrato.

• Desde el 1° de febrero de 1994 hasta el 28 de octubre de 2009 (15 años,
8 meses y 27 días)
63. Con relación a este periodo de servicios, reposa acta de posesión de fecha
15 de abril de 1994, que da cuenta que la actora tomó posesión del cargo de docente
de básica primaria grado 1° en el plantel educativo La Malaña del municipio de

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Bucaramanga, para el cual fue nombrada mediante Decreto 0096 de 06 de abril de
1994, acto este último que no obra en el plenario.

64. En igual sentido, la secretaría de educación de municipal de Bucaramanga,
en Formato Único para la Expedición de Historia Laboral del 20 de noviembre de
201516, certificó que la demandante fue nombrada como docente primaria en
propiedad mediante Decreto 0096 de 06 de abril de 1994 en el centro educativo
rural la Malaña, en donde laboró desde el 15 de abril de 1994 hasta el 19 de abril
de 2004 con un régimen de pensiones departamental.

65. No obstante, en cuanto a este tiempo de prestación de servicio reposa en el
expediente certificado expedido por el director financiero de la secretaria de
educación departamental expedido el 5 de abril de 2004, en el que señaló que la
señora Suárez Portilla laboró en el departamento a través del sistema de soluciones
educativas departamentales durante los años 1989,1990,1991,1992 y 1993 -
relacionados previamente-; y que desde el 1° de febrero hasta el 06 de abril de 1994
se desempeñó como docente en la escuela rural La Malaña del municipio de
Bucaramanga y luego por orden del Decreto 0096 del 06 de abril de 1994 se hizo la
conversión del contrato de servicio que prestaba a plaza docente en esa misma
escuela, lo cual se acompasa con el certificado suscrito por el coordinador del grupo
de administración de documentos adscrito a la secretaria general de la gobernación
de Santander de fecha 06 de abril de 2004 que reposa en el expediente
administrativo que también destacó que la demandante prestó sus servicios al
departamento, razón por la cual se tiene que el inicio del vínculo se dio el 1° de
febrero de 1994.

66. Así, para la Sala la educadora tuvo una designación de tipo territorial
teniendo en cuenta que el acta de 15 de abril de 1994, evidencia que tomó posesión
del cargo de docente de básica primaria grado 1° en el plantel educativo La Malaña
del municipio de Bucaramanga fue expedido por el director administrativo y de
recursos humanos de la gobernación del departamento de Santander sin que en el
mismo se haya dejado constancia que se actúa por instrucciones del Ministerio de
Educación como tampoco se observación intervención alguna de un delegado de
dicha cartera; y menos aún se hace referencia a que se trata de una plaza
nacionalizada.

67. Ahora bien, advierte la Sala que dicha prestación fue objeto de algunas
novedades las cuales unas revisadas y estudiadas, se observa que no mutaron el
vínculo que traía la demandante ya que se desarrollaron de manera continua así:

i) Posesión y nombramiento en la escuela rural La Malaña de Bucaramanga
mediante Decreto 0096 de 06 de abril de 1994 donde laboró desde el 15 de abril
de 199417 hasta el 19 de abril de 2004.

16 Folio 28 del expediente físico
17 De conformidad con el acta de posesión que reposa a folio 35 del expediente físico

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ii) Incorporación sin solución de continuidad en propiedad del cargo docente
“código 9900, escalafonado en el Grado 14 de la Planta GLOBAL DE CARGOS
DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS CON CARGO AL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN EDUCACIÓN, de
conformidad con la Resolución de incorporación Nº 69 del 14 de Febrero de
2003, Decreto de adopción de planta global Nº 45 del 14 de Febrero de 2003,
y Decreto de delegación de funciones Nº 46 del 14 de Febrero de 2003.”18 -
Negrilla del texto-.

iii) Trasladada al municipio de Soledad para continuar ejerciendo la labor
docente mediante Decreto 0075 de fecha 19 de abril 2004 emanado de la
secretaria de educación del municipio de Bucaramanga, amparado en el
convenio interadministrativo 004 de 30 de marzo de 2004, suscrito entre el
municipio de Bucaramanga (Santander) y el municipio de Soledad (Atlántico);
desde el 20 de abril de 200419 hasta el 27 de junio de 2007.

iv) Nombramiento en propiedad en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga
a partir del 28 de junio de 2007 hasta el 28 de octubre de 2009 -fecha de
reclamación administrativa-, según se desprende del acta de posesión 024620,
en el que se afirmó que fue designada mediante Resolución 807 de 28 de mayo
de 2007, emitida por la secretaría de educación, y que en virtud de designación
del alcalde municipal se procedía la ”incorporación sin solución de continuidad,
mediante traslado-permuta, por convenio interadministrativo No 033 del 28 de
mayo de 2007. Celebrado entre el municipio de Bucaramanga (SDER) y el
municipio de Soledad (Atl.).”

68. Por tanto, la naturaleza del vínculo a partir del nombramiento en propiedad
como docente, es del orden territorial, lo cual encuentra respaldo en lo previsto en
el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 citado con anterioridad.

69. En consecuencia, el periodo comprendido entre 1° de febrero de 1994 hasta
el 28 de octubre de 2009- fecha de reclamación administrativa-, para un total de
15 años, 8 meses y 27 días resulta computable a fin de obtener la pensión gracia
objeto de reclamación.

70. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, el
actor no prestó servicio docente nacional, ahora, si bien se indica que el régimen de
pensiones de la demandante es nacional, ello no es suficiente para entender que la
naturaleza de la vinculación también lo es, pues, son asuntos disimiles; y en todo
caso, como quedó expuesto, a partir del material probatorio recaudado, entre esto,
actos de nombramiento y en otros casos de posesión, se logra establecer que se
trató de un servicio territorial.

71. En ese orden de ideas, no tiene vocación de prosperidad el recurso de
apelación, pues, como se ha explicado, el servicio educativo de la demandante tuvo

18 Acta de incorporación que reposa en el expediente
19 De conformidad con el acta de posesión que reposa en las pruebas adjuntas luego del mejor

proveer
20 Suscrita por el secretario de educación

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su origen en designaciones del orden territorial, acreditando con suficiencia los 20
años de servicio exigidos para obtener la pensión gracia, así como una vinculación
antes de 1980, como se destaca:

Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Territorial El 26 de marzo de 25 de mayo de 4 años, 11 meses y
1975 1980 1 día21

Territorial 1° de febrero de 30 de noviembre de 10 meses
1989 1989
Territorial 1° de febrero de 30 de noviembre de 10 meses
1990 1990
Territorial 1° de febrero de 30 de noviembre de 10 meses
1991 1991
Territorial 1° de febrero de 30 de noviembre de 10 meses
1992 1992
Territorial 1° de febrero de 30 de noviembre de 10 meses
1993 1993
Territorial 1° de febrero de 28 de octubre 2009 15 años, 8 meses y
1994 27 días
Total: 24 años, 9 meses y
28 días

72. En esa línea de consideraciones, hay lugar a modificar el numeral tercero de
la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, señalando que, la
actora adquirió el estatus pensional en fecha 30 de diciembre de 2004, momento
para el cumplió los 20 años de servicio, y ya había cumplido 50 años de edad; y no
el 15 de octubre de 2004 como lo señaló el juez de primera instancia. En
consecuencia, para efectos de la liquidación de la prestación, deberá tenerse en
cuenta todos los factores devengados entre el 29 de diciembre de 2003 y el 30 de
diciembre de 2004.

73. En punto a la excepción de prescripción, se advierte que como lo sostuvo el
tribunal de instancia, dicho fenómeno operó respecto a las mesadas causadas con
anterioridad al 15 de enero de 2013, en tanto, siendo exigible el derecho en el año
2004, la reclamación se presentó el 28 de octubre de 2009 y la demanda el 15 de
enero de 2016.

2.6. Conclusión
74. La señora Mercedes Suárez Portilla cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término de 20 años, con una vinculación como
docente del orden territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como
las demás exigencias para ser acreedora de la pensión gracia, por tanto, esta Sala

21 Resultado final luego de excluir la totalidad de ausencias de 2 meses y 29 días en razón a una

licencia no remunerada que se concedió mediante Decreto 114 de 15 de febrero de 1980.

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encuentra la ajustada la decisión del a quo en cuanto consideró acreditados los
requisitos para obtener la prestación; no obstante, como se mencionó resulta
necesario modificar el numeral tercero de la sentencia, a fin de precisar que el
estatus se adquirió el 30 de diciembre de 2004.

2.7. Condena en costas

75. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a la existencia de carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la entidad con el recurso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
se estima que se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver
directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal a) del numeral tercero de la sentencia proferida
el 23 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, el cual quedará
de la siguiente manera:

«[…] a) reconozca y pague la pensión gracia a la señora Mercedes Suárez
Portilla, efectiva a partir del 30 de diciembre de 2004 con el 75% del
promedio de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus.»

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda; de
conformidad con las consideraciones expuestas.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polania
como apoderada de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 71 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado

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Demandante: Mercedes Suárez Portilla

a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado Nicolas Pataquiva Delgadillo
que consta en el mismo índice.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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