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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00506-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00506-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander el cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), para, en su lugar: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados al grupo, en relación con el supuesto de error jurisdiccional contenido en la providencia de apertura de investigación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 119 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 120 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido). 121 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00506-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación – Ministerio
de defensa – Policía Nacional
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Tema: Indemnización de perjuicios sufridos por un grupo de personas incursas en una investigación
penal masiva. Subtema 2: La causa común del perjuicio individual que vincula a los actores grupales
y la extensión del grupo. Subtema 3: Privación de la libertad con fines de indagatoria. Subtema 4
Vinculación a una investigación penal – carga ciudadana que se encuentra dentro de la esfera de lo
socialmente soportable. Subtema 5: Privación injusta de la libertad – no acreditada. Subtema 6:
Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial – no acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el grupo demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander el
cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El grupo accionante, conformado por veinticuatro (24) personas1 ─junto con algunos
de sus colectivos familiares─ acudió a reclamar de forma conjunta por los daños y
perjuicios que consideran se les causó con ocasión de su vinculación a una
investigación penal por los delitos de extorsión en concurso con rebelión, dentro de
la cual fueron privadas de la libertad por un lapso de 14 días. Aducen, igualmente,
que de manera injusta permanecieron subjudices por un tiempo aproximado de
cinco años hasta cuando se profirió la resolución de preclusión.

II. ANTECEDENTES

2.1. Martha Cecilia Beltrán García, Adriana Garzón Beltrán, Yenny Paola Garzón,
Alirio Garzón Beltrán, Martha Yaneth Garzón Beltrán, Liliana Garzón Beltrán,
Zoraida Garzón Villalba, Reinaldo Morales Aparicio, Mileidy Karine Morales Beltrán,
Jorge Helí Morales Beltrán, Edith Johanna Morales Beltrán, Carmenza Beltrán
Calderón, Cecilia Aparicio de Morales, María Nelsy Morales Aparicio, Francelina
Morales Aparicio, Henry Morales Aparicio, Carlos Ariel Beltrán García, Alejandrina
Díaz Calderón, Yan Carlos Beltrán Díaz, Miguel Ángel Beltrán Díaz, José Manuel
Rodríguez Díaz, José Alejandro Beltrán Cala, Edelmira García, Flor María Beltrán
García, Luis Alejandro Beltrán García, Luis Aurelio Beltrán García, Edelmira Beltrán
García, Martha Cecilia Beltrán García, Jorge Beltrán García, Benjamín Galvis Pico,
Leopoldina Sierra de Galvis, Nancy Galvis Sierra, Eliécer Galvis Sierra, Hermes
Galvis Sierra, Martha Isabel Galvis Sierra, Olga Lucía Galvis Sierra, David Galvis
Pico, Ricardo Galvis Pico, Rodrigo Galvis Pico, Gustavo Galvis Pico, Ofelia Galvis
Pico, Ana Lucía Galvis Pico, Guillermo Galvis Pico, Néstor Galvis Pico, Cristina
Galvis Pico y, Jesús María Galvis Pico, presentaron demanda en ejercicio del medio

1 La demanda fue presentada por cuatro de las personas privadas de la libertad, junto con sus núcleos familiares,

para un total de 47 actores grupales inicialmente conformados.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

de control de reparación de perjuicios causados a un grupo2, el veintiuno (21) de
abril de dos mil dieciséis (2016)3, en contra de la Nación – Fiscalía General de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se les declare
administrativamente responsables por los daños y perjuicios que se les ocasionó en
el marco de una investigación penal que culminó con decisión de preclusión y,
dentro de la cual estuvieron privados de la libertad durante catorce (14) días
mientras se les resolvía la situación jurídica.

2.1.1. El apoderado de los integrantes del grupo presentó las siguientes
pretensiones: (i) Que se declare que las demandadas son responsables “por los
graves daños inflingidos a los miembros del grupo (…) y por los consecuentes
perjuicios materiales e inmateriales generados a cada uno de los integrantes del
grupo afectado, con ocasión de una irregular investigación penal que se prolongó
por más de 5 años, la cual se adelantó en contra de 24 miembros del grupo”; (ii) que
se condene a los demandados a indemnizar los perjuicios “causados con ocasión
de las numerosas irregularidades ocurridas en el transcurso de la investigación
penal que se adelantó en su contra”.

2.1.2. Como sustento fáctico de las pretensiones, el apoderado del grupo expuso,
en síntesis, que con fundamento en unas entrevistas que el GAULA de la Policía
efectuó a desmovilizados del E.L.N. y que fueron recogidas en el “informe de Orden
de Batalla”, la Fiscalía Delegada ante el Gaula de la Regional Bucaramanga dio
apertura el 4 de febrero de 2008 a una investigación previa ─núm. 1220 de 2008─,
dentro de la que se dispuso recabar, entre otros, las declaraciones inculpatorias de
dos reinsertados del E.L.N y, adicionalmente, el GAULA allegó informes con
declaraciones de otros desmovilizados y de supuestas víctimas desplazadas por el
grupo guerrillero, esto, con reconocimiento fotográfico que se practicó sin presencia
del Ministerio Público, ni del defensor de las personas inculpadas.

Arguyeron que las pruebas eran incipientes, pues básicamente se reducían a las
declaraciones de dos reinsertados que no merecían ninguna credibilidad, con las
cuales se incriminó a humildes campesinos de las poblaciones del Hato y Simacota,
y se decidió dictar “Resolución de Apertura de Investigación el 25 de marzo de 2009”
y librar órdenes de captura que se llevaron a cabo el 29 de marzo siguiente en las
veredas donde residían los campesinos frente a sus familias y la comunidad y, luego
fueron trasladados en un camión hasta Bucaramanga, todo con esto, con exposición
mediática en Vanguardia Liberal.

Narraron que, entre el 1 y el 4 de abril de 2009 rindieron indagatoria, se les profirió
boleta de encarcelación dirigida a la cárcel de Berlín en el Socorro y les elevaron
cargos por el delito de rebelión. El expediente fue remitido por competencia al Fiscal
Tercero Delegado ante los Jueces Penales del Circuito del Socorro, quien sentó su
protesta ante el Director de Fiscalías de San Gil, por “encontrar numerosas
irregularidades en la investigación”, como la indebida ruptura de la unidad procesal.
El 9 de abril de 2009 se les resolvió la situación jurídica, absteniéndose de imponer
medida de aseguramiento y se dispuso la libertad inmediata, esto, teniendo en
cuenta la “nula credibilidad de las versiones incriminatorias” y las “múltiples
irregularidades de que adolecía la investigación”. Finalmente, luego de varios
cambios de asignación y competencia, el 15 de agosto de 2014 se calificó el mérito
del sumario con decisión de preclusión, pues, los procesados eran, en realidad,
“ciudadanos humildes dedicados a las labores del campo en sus respectivas
veredas y fincas”.

2.2. El Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, mediante auto del treinta
y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016)4 admitió la demanda y dispuso las
notificaciones de rigor.

2 Escrito de demanda obrante a folios 1-34 del c. 1.
3 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.
4 Folio 361 del c. 2.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

2.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación
de la demanda5 en el que se opuso a las pretensiones, con el argumento de que la
acción de grupo era improcedente por la “inexistencia de uniformidad que existe
entre la privación injusta de la libertad de las víctimas, con los perjuicios inmateriales
que presuntamente trascendieron a los 49 familiares”. Adujo que no era clara la
responsabilidad de la Fiscalía por la privación de la libertad, pues, aun en el contexto
de un régimen objetivo no estaba probado el daño y, a lo sumo, solamente estaba
demostrado que cuatro personas ─Alirio Garzón Villalba, Reinaldo Morales Aparicio,
Carlos Ariel Beltrán García y Benjamín Galvis Pico fueron privados de la libertad.
Indicó que la acción procedente era la de reparación directa y no la de grupo, dado
que no era posible “colectivizar perjuicios individuales y reclamarlos a través de una
acción que exigía condiciones uniformes”, porque la situación particular en la que
se encontraban los demandantes ─familiares─ no permitía el tratamiento como
“grupo”, ya que el daño revestía caracteres distintos en función de quienes sí fueron
privados de la libertad, respecto de quienes no lo fueron, pues el “derecho a la
libertad no podía agruparse ni tratarse como un todo en relación con los derechos
de los otros demandantes”.

2.3.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional6, presentó escrito de
contestación de la demanda en el que arguyó que cada una de las actividades que
adelantó la Policía se enmarcaron dentro del cumplimiento de la ley, y se
encaminaron a cumplir órdenes del fiscal del caso, como ocurrió con la labor de
captura y el desarrollo del plan metodológico (sic)7, aunado a que es la Fiscalía
quien goza de prerrogativas para privar de la libertad y quien, en este asunto, se
apartó del valor probatorio de los testimonios de las víctimas de desplazamiento y
de los desmovilizados, demostrando en ello una falla en la investigación criminal.
Propuso las excepciones previas de (i) “indebida representación y, (ii) “haberse
dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde” 8.

2.4. El Tribunal celebró audiencia de conciliación el ocho (8) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las
partes9. En ese mismo acto procesal se incorporaron las pruebas aportadas por los
actores grupales.

2.5. En la etapa de alegaciones, la Policía Nacional reprodujo los argumentos
defensivos expuestos en precedencia10. La parte actora11 enfatizó en que no
solamente era procedente la acción de grupo, sino que se encontraba acreditado el
proceder reprochable en que las demandadas incurrieron de manera sistemática
por varios años, particularmente a través de “capturas masivas” con endebles y
precarios elementos probatorios, conducta que ha sido censurada por organismos
internacionales como la CIDH y que se dio en el presente asunto en el que tan
siquiera las declaraciones de las víctimas y los reinsertados aludían expresamente
a los 24 capturados, todo por lo cual estaba probada la responsabilidad del Estado,
así como los perjuicios irrogados a las víctimas.

2.6. El Tribunal Administrativo Oral de Santander, mediante sentencia dictada el
cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), negó las pretensiones de la demanda.
Tras analizar la resolución de apertura de investigación, la providencia que resolvió
la situación jurídica y la que calificó el mérito del sumario con preclusión, concluyó
que estas decisiones se encuentran ajustadas a los requisitos que preveía la Ley
600 de 2000, norma que rituó la investigación penal y, para su momento, tuvieron
sustento en las pruebas recaudadas dentro de las pesquisas previas. Así mismo,
advirtió que aun cuando el Fiscal Tercero Delegado ante los Jueces Penales del

5 Folios 369-388 del c. 2
6Folios 403-407 del c. 2.
7 Bajo el entendido que en Ley 600 de 2000 no existía como tal un denominado “plan metodológico”.
8 Estas excepciones fueron declaradas como “no probadas” por auto del 25 de septiembre de 2017, folios 412-

414 del c. 2.
9 Folios 458-459 del c. 2.
10 Folios 460-462 del c. 2.
11 Folios 463-468 del c. 2.

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

Circuito del Socorro cuestionó las actuaciones del fiscal predecesor, ello no
significaba que para el momento de los hechos no existieran pruebas e indicios
graves suficientes para ordenar la captura con fines de indagatoria y, una vez
escuchada esta, mantenerlos privados hasta cuando se resolviera la situación
jurídica. Lo propio ocurrió con la decisión preclusiva en la cual, incluso se valoró
que a pesar de la retractación de uno de los reinsertados, subsistían otras pruebas
incriminatorias y, que, valoradas en conjunto proporcionaban un estadio de duda
que impedía continuar la investigación. En definitiva, que la investigación penal no
se revistió de irregularidad, dado que las circunstancias que rodearon la conducta
punible investigada eran, en principio, suficientes para que el ente investigador
cumpliera el deber legal de privarlos de la libertad mientras se esclarecían los
hechos.

2.7. El apoderado del grupo interpuso recurso de apelación contra la sentencia12.
Como argumentos de disenso expuso:

2.7.1. El Tribunal extendió su análisis a las 29 personas investigadas penalmente;
sin embargo, el grupo desde sus inicios estuvo conformado por 24 personas que
sufrieron graves trasgresiones de sus garantías constitucionales y procesales. No
se incluyeron los demás, dado que no compartían la misma situación fáctica del
grupo previamente señalado.

2.7.2. En relación con los 24 investigados, tanto la apertura de investigación como
la posterior captura carecían por completo de sustento legal, lo que no ocurre con
los otros implicados respecto de quienes sí había “cuando menos indicios que, en
ese momento, permitían inferir preliminarmente su participación en conductas
criminales”, en cambio, respecto de los 24 actores grupales su vinculación y su
captura se fundamentó en pruebas ilegales; pese a ello, el Tribunal incurrió en la
misma generalización que realizaron los entes encargados de la investigación
penal.

2.7.3. El análisis del Tribunal atenta contra la dignidad de los demandantes, ya que
se refirió a estos con desconfianza y los puso nuevamente bajo sospecha, sin
detenerse a analizar los razonamientos y pruebas contenidas en el auto de
preclusión que “apuntaban a la inexistencia de la conducta en unos casos y a la
insuperable coacción ajena en otros”, mas no a un «indubio pro reo», pues nunca
existieron pruebas en su contra, tanto así que la Fiscalía cinco años después
reconoció el error en que incurrió, en cuanto dijo que “quizá por la extensión y gran
número de involucrados, se permitió diluir los propósitos concretos de la
investigación a efectos de centrar y concretar la participación de cada uno de los
procesados en acciones precisas de carácter delictivo”. Por tanto, el análisis que
haga la segunda instancia no debe incurrir en “inicuas generalizaciones y
prejuicios”.

2.7.4. La sentencia impugnada es incongruente porque no realizó un
pronunciamiento sobre la totalidad de los hechos generadores de daño, dado que
la demanda abarca varias actuaciones y omisiones que vulneraron las garantías de
los demandantes, tales como, que fueron capturados en sus lugares de residencia,
frente a su comunidad y sus familias; privados de la libertad por más de quince (15)
días; sometidos a un proceso excesiva e innecesariamente extenso de más de cinco
años y, entre tanto, expuestos a toda clase de señalamientos y la zozobra constante
de no poder reivindicar su inocencia ante sus vecinos, en una zona con presencia
de guerrilleros y paramilitares. Se imputó error jurisdiccional y se advirtieron por lo
menos seis irregularidades previas al procedimiento de captura y en la captura
misma; así como la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento
del aparato jurisdiccional por la inadmisible e ilegal demora en el adelantamiento de
la investigación penal. Con todo, el Tribunal se limitó solamente a analizar la

12 Folios 531-539 del c. ppal.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

privación de la libertad, contrariando, inclusive, la línea que en esa materia tiene el
Consejo de Estado.

2.7.5. No se tuvo en cuenta que las capturas se produjeron en Simacota, comunidad
rural históricamente azotada por la violencia; las presiones y el amedrantamiento de
los grupos al margen de la ley; y victimizados por el Estado.

2.7.6. No se analizaron las siguientes irregularidades: (i) se violó el principio de
investigación penal integral, (ii) se desconoció el mandato del artículo 314 del C.P.P.
que prescribía que los señalamientos de los reinsertados efectuados en la
investigación previa solo servían como criterios orientadores y en ningún caso como
testimonios ni como indicios, (iii) la infracción al artículo 322 del C.P.P., pues desde
la investigación previa se hacía evidente la ausencia de responsabilidad y no había
necesidad de someterlos a una ominosa captura; (iv) se dio apretura a la
investigación penal sin que existiera claridad sobre los supuestos delitos, ni sobre
los posibles autores, dado que la captura se realizó por el punible de extorsión en
concurso con rebelión y, al finalizar la indagatoria los cargos solamente se hicieron
por rebelión; (v) se realizaron varios reconocimientos fotográficos sin presencia del
Ministerio Público ni el defensor como lo preveía el artículo 304 del C.P.P. y, (vi) la
violación de los artículos 325 y 329 del C.P.P., en los cuales se establecían claros
términos para las distintas fases de la investigación.

2.7.7. Se deben tener en cuenta los argumentos del salvamento de voto que
consideró que se debieron acoger las pretensiones en procura de la justicia material
de los humildes campesinos que conforman el grupo demandante.

2.8. El recurso de apelación interpuesto por el grupo fue concedido por el Tribunal
y admitido por esta Corporación mediante auto del tres (3) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018)13. En auto posterior14, el despacho corrió traslado a las partes
para que presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para que emitiera
concepto. Esta oportunidad fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación15
para reiterar sus argumentos sobre la improcedencia de la acción de grupo, sobre
su actuación ceñida a la ley, y la inexistencia de daño antijurídico, así como argüir
que no está probado el supuesto de error judicial invocado. La parte demandante
reiteró lo expuesto en la alzada16. La Policía Nacional y el agente del Ministerio
Público guardaron silencio17.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello,
de conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 152.1618 del CPACA,
pues se trata de un proceso iniciado en ejercicio del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo, que conoce la Sección Tercera en aplicación del
“criterio de especialidad” previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado19.

3.2. Oportunidad del medio de control. En lo atinente a la oportunidad para el
ejercicio del medio de control, el término de caducidad aplicable al presente asunto
es el establecido en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el

13 Folio 552 del c. ppal. Auto aclarado en proveído del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019),
obrante a folio 555 del c. ppal.
14 Auto del veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), visible a folio 559 del c. ppal.
15 Folios 562-572 del c. ppal.
16 Folio 574 del c. ppal.
17 Folio 575 del c. ppal.
18 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la
protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento,
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas”.
19 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.12.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

literal h, del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir, es de dos
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se causó el daño.

De esta manera, es necesario establecer la causa del daño, esto es, determinar
cuáles son los hechos que, según la demanda, integran la causa que impele el
reclamo grupal. En ese sentido, en el presente asunto son varios los hechos que se
aducen como generadores del daño y ello amerita un análisis separado frente a la
caducidad. En primer lugar, la parte actora indica que la resolución de apertura de
investigación se profirió a expensas de varias irregularidades. En segundo lugar,
alega que existió un evento de privación injusta de la libertad y, en tercer lugar,
refiere que, por un lado, la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones de
policía judicial avasalló las garantías procesales y constitucionales de los
demandantes ya que efectuó el procedimiento de captura sin atender las
circunstancias de modo y lugar en que se encontraban los capturados y, tomó
declaraciones con reconocimiento fotográfico sin la presencia del abogado
defensor, ni del Ministerio Público y, por otro lado, la Fiscalía General de la Nación
prolongó injustificadamente la investigación penal.

Cada uno de esos supuestos, a su vez, obedece a un título de imputación diferente,
situación que no escapa al medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo e incide en la determinación del hito que activa la contabilización del
término bianual de caducidad.

3.2.1. Así, respecto de las supuestas irregularidades en que incurrió la Fiscalía
General de la Nación al momento de proferir la resolución de apertura de
investigación y que la parte actora concreta básicamente en el hecho de que no
debió abrirse la investigación porque desde las labores previas se hacía palmaria
la ausencia de responsabilidad de los investigados, aunado a que, en ese momento
la Fiscalía no tenía claridad sobre los supuestos delitos, dicho examen debe
acometerse bajo los derroteros del factor de imputación de error jurisdiccional,
comoquiera que esa decisión se dictó en vigencia de la Ley 600 de 2000 que
confería funciones jurisdiccionales a la Fiscalía General de la Nación y que, en su
artículo 169.4, enlistaba las “Resoluciones” proferidas por la Fiscalía como
providencias dictadas dentro de la actuación.

En relación con este título de imputación, la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia ─LEAJ─ prevé que se materializa en una providencia judicial contraria a la
ley; por tanto, un daño antijurídico por error jurisdiccional se configura cuando se
presenta una lesión a un interés jurídicamente tutelado a una persona, cometido
por una autoridad investida de una facultad jurisdiccional en el curso de un proceso
y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en
firme y que la víctima no esté en el deber de soportar. Para caracterizar el error
jurisdiccional, la Corte Constitucional ha dicho que éste no puede corresponder a
una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación
jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la
comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación
subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido
proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido
el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de
acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según
los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio
arbitrio”20. De ahí se desprende que el término de caducidad para este factor de
imputación corra en relación con la providencia a la que se le enrostra el error21, la
cual, debe gozar de firmeza ─art. 67.2 LEAJ─.

20
CORTE CONSTITUCIONAL. C- 037/96
21 Al respecto, véase por ejemplo Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2021,

exp. 53730.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

En el caso concreto, la Resolución de Apertura de Investigación, dentro del sumario
No. 0363 SIJUF 290.544 data del 28 de marzo de 200922. Ciertamente, no se
encuentra dentro del proceso constancia o documento indicativo de la fecha en la
cual esa providencia cobró firmeza, ni se avizora que contra aquella se haya
interpuesto recurso alguno; sin embargo, el material probatorio arrimado al plenario
permite inferir que, cuando menos, para el 3 de abril de 2009, fecha en que se
terminaron de recibir las diligencias de indagatoria, ya los demandantes tenían
conocimiento tanto de la apertura de investigación en su contra, como también, de
las supuestas irregularidades que le atribuyen a esa providencia.

Desde luego, el error jurisdiccional, por ser ostensible y palmario, no precisa en su
existencia de una providencia ulterior que lo haga notar o emerger, sino que, de
suyo, adquiere connotación y autonomía en la decisión que lo contiene, a condición
de que aquella haya cobrado firmeza. Siendo así, los demandantes no tenían por
qué esperar hasta cuando se profirió la resolución de preclusión para reclamar por
un supuesto de error jurisdiccional del cual conocían con anticipación, pues,
inclusive, los mismos yerros que le enrostran a la providencia de apertura de
investigación fueron los que remarcó el Fiscal Tercero Delegado al momento de
resolver la situación jurídica, razón de más para colegir que desde entonces los
demandantes tenían conocimiento de las supuestas irregularidades que le
atribuyen a esa decisión del ente investigador.

En ese orden de ideas, siguiendo la regla jurisprudencial conforme a la cual el
término de caducidad empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de
la providencia contentiva del error o de cuando los afectados tuvieron conocimiento
de esta, el término bianual para el ejercicio oportuno de la acción corría, en este
asunto, desde el 4 de abril de 2009 hasta el 4 de abril de 2011, empero, como la
demanda se presentó el 21 de abril de 201623, se concluye que esta se interpuso
de forma extemporánea y, por lo mismo, habrá de declararse oficiosamente la
caducidad respecto de este segmento de la controversia.

3.2.2. En relación con los eventos en que se discute la responsabilidad del Estado
por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de la Corporación
indica que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a
la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia
absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último
que ocurra, momento a partir del cual se puede establecer el carácter injusto de la
limitación del derecho a la libertad24. En este caso, la Sala observa que se cumple
el presupuesto temporal previsto en los artículos 47 de la Ley 472 de 199825 y 164-
h del CPACA26, porque: (i) la investigación penal que se adelantó contra el grupo
de demandantes culminó con decisión de preclusión del 15 de agosto de 2014 27,
ejecutoriada el 12 de diciembre de 201428 ; (ii) la demanda fue presentada el 21 de
abril de 201629, esto es, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se tuvo
certeza del daño; por consiguiente, este cargo se analizará de fondo.

3.2.3. En lo concerniente a los supuestos de irregularidad en que pudo incurrir la
Policía en sus funciones de policía judicial y en lo atinente a la prolongación de la
investigación penal por parte de la Fiscalía, el título de imputación al que se adosan

22 Folios 363-370 c. 3.
23 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.
24 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, (i) sentencia del 4 de marzo de 1993, exp. 7407-7399;

(ii) sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 12.228; (iii) Subsección A, sentencia del 23 de noviembre de
2017, exp. 54.716, (iv) Subsección C, sentencia del 29 de julio de 2019, exp. 48693; Subsección C, sentencia
del 29 de julio de 2022, exp. 50.832.
25 Ley 472 de 1998, artículo 47. “Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la

indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo.”.
26 CPACA, artículo 164. “h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago

de la indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos
(2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño (…)”.
27 Resolución de preclusión obrante a folios 516-550 del c. 3
28 Folio 562 del c. 3.
29 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

tales hechos lesivos no es otro que el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, que se materializa por la acción u omisión de agentes
judiciales en el ejercicio de actividades distintas a las relacionadas con la expedición
de providencias judiciales y decisiones sobre la restricción del derecho a la libertad.

La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada30, que
cuando el daño alegado se deriva de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, el término de caducidad se empieza a contar a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, teniendo en cuenta el
momento en el que el afectado tiene conocimiento del daño cuya reparación
pretende. En este caso, son tres los supuestos de hecho que se adosan a dicho
título de imputación, dos, dirigidos contra la Policía Nacional y uno contra la Fiscalía
General de la Nación que ameritan un análisis separado.

3.2.3.1. Los cargos que se le endilgan a la Policía Nacional se concretan, por un
lado, que realizó las capturas cuando los implicados se encontraban en sus veredas,
delante de sus familias y su comunidad y, por otro, que tomó declaraciones a
reinsertados y testigos con reconocimiento fotográfico, sin contar con la presencia
de un defensor y el Ministerio Público; como el segundo de los hechos se dio con
ocasión de sus labores de policía judicial y bajo la instrucción y dirección de la
Fiscalía General de la Nación ─art. 311 de la Ley 600 de 2000─, se estudiará la
caducidad respecto de ambos organismos demandados.

En relación con el primer hecho ─labores de captura─ este ocurrió en el momento
en que se llevó a cabo el procedimiento de captura que, de acuerdo con las
correspondientes actas de derechos de capturado ─cuatro actas─31 y con el Oficio
155-09 / AICRI GAULA B/MANGA con el cual se dejó a disposición a los
capturados32, las aprehensiones se dieron entre el 29 y el 30 de marzo de 2009.
Esto viene a indicar que la demanda por este hecho lesivo debía interponerse a más
tardar el 31 de marzo de 2011 y, como la demanda se instauró el 21 de abril de
201633, para ese momento ya había fenecido la oportunidad que la ley concede,
razón por la cual respecto de este hecho generador de daño habrá de declararse
la caducidad.

3.2.3.2. El segundo hecho ocurrió en el adelantamiento de la etapa de investigación
previa, pues fue en esa antepuesta fase que los miembros de la policía judicial en
desarrollo de las labores de investigación confiadas por la Fiscalía recaudaron las
declaraciones. Las deponencias de los testigos se recibieron los días 534, 1835 y
2136 de agosto de 2008, sin embargo, de acuerdo con el artículo 323 de la Ley 600
de 200037, estas diligencias son reservadas, lo que quiere decir que los
demandantes no las conocieron en dicha oportunidad, luego entonces, debe
determinarse el momento a partir del cual conocieron de esas actuaciones. De
acuerdo con el material probatorio obrante el plenario, puede establecerse que el
10 de abril de 2009, fecha en la que se resolvió la situación jurídica de los
implicados con decisión de libertad inmediata38, en tal proveído se hizo mención a
las posibles irregularidades que aduce la parte actora y, para ese momento, las
piezas procesales que recogieron las declaraciones ya estaban al alcance de los
demandantes. Si bien no se conoce la fecha de ejecutoria de tal decisión, es posible

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp. 53302 y,

sentencia del 14 de diciembre de 2022, exp. 56920.
31 Folios 379-381 del c. 3.
32 Folios 384-401 del c. 3.
33 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.
34 En este día se le tomó declaración a Blanca Cecilia Oviedo Lizarazo (fl. 298-302, c. 2).
35 Ese día se recepcionaron las declaraciones de: (i) Marina Cadena Niño (fls. 303-311, c. 2); (ii) María

Magdalena Cediel Zúñiga (fls. 316-318, c. 2); (iii) Jaime Rugeles Arismendi (fls. 323-326, c. 2)¸(iv) Luis Francisco
Niño Nieves (fls. 337-340, c. 2), (v) Luz Dary Peñuela Vásquez (fls. 346-348, c 2), (vi) Víctor Castro Izasa (fls.
349-355, c. 2).
36 Ese día se recibió declaración a los señores: (i) Samuel Díaz Pita (fls. 275-278, c. 2); (ii) Pedro Fermín

Hernández Torres (fls. 281-284, c. 2); (iii) Javier Ángel Durán Sánchez (fls. 289-293, c. 2).
37 Artículo 323. Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero

el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias.
38 Providencia del 10 de abril de 2008, dentro del sumario 50.094, visible a folios 462-477 c. 3.

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establecer que de ella tuvieron conocimiento los implicados al día siguiente de su
emisión, pues el 11 de abril de 2009 fueron notificados personalmente en el
establecimiento de reclusión39. A partir de esto se establece que la demanda, para
que fuera oportuna, debió interponerse a más tardar el 12 de abril de 2011 y como
ello solo ocurrió hasta el 21 de abril de 201640, es dable concluir que respecto de
este hecho generador, ocurrió la caducidad.

En síntesis, respecto de las actuaciones de la Policía Nacional de las cuales se
predican supuestas irregularidades causantes de daños a los demandantes, se
verifica la caducidad y así se declarará respecto de esta demandada.

3.2.3.3. En lo que concierne a la prolongación tanto de la investigación previa como
de la fase de instrucción penal que se le enrostra a la Fiscalía General de la Nación,
la Sala encuentra que, respecto de la posible dilación en la investigación previa
operó la caducidad, habida cuenta que, dicha etapa preliminar culminó en el
momento en que se dio apertura formal a la investigación ─25 de marzo de 2009─41
tal y como lo dispone el artículo 325 de la Ley 600 de 2000─ , y como la demanda
se presentó el 21 de abril de 2016, para esa fecha ya era más que superado el
término bianual previsto legalmente. No obstante, en lo atinente al supuesto de
prolongación injustificada de la investigación penal ─fase de instrucción─, la
demanda vino oportuna, comoquiera que la investigación penal culminó con
decisión de preclusión del 15 de agosto de 201442, ejecutoriada el 12 de diciembre
de 201443 ; y la demanda fue presentada el 21 de abril de 2016 44, esto es, dentro
del término legalmente previsto.

Como corolario de lo expuesto, la Sala abordará el estudio de fondo respecto de los
posibles eventos de privación injusta de la libertad y de prolongación indebida de la
investigación penal; en lo demás, declarará la caducidad del medio de control.

3.3. En cuanto a la legitimación para la causa por activa, el artículo 48 de la Ley
472 de 1998 establece que el medio de control puede ser ejercido por cualquier
persona que sufra un perjuicio individual, en representación de todas las demás
personas que hayan padecido una afectación por la misma causa.

En este caso, los integrantes del grupo presentan condiciones uniformes respecto
de la causa del perjuicio individual que hacen consistir en el adelantamiento en su
contra de una investigación penal que, a su juicio, carecía de fundamento legal y
probatorio y que, además, tomó un tiempo prolongado en resolverse. En este
escenario, la Sala considera que los demandantes integrantes del grupo de
afectados directos, así como de quienes ostentan la calidad de víctimas por rebote
─familiares de cuatro integrantes grupales─ están legitimados en la causa por
activa, los primeros, porque consta en el plenario que se trata de las personas que
fueron capturadas y estuvieron investigadas penalmente dentro del radicado
292.777 y, respecto de los segundos, porque hasta este momento se encuentra
acreditada la condición de familiares de los señores Alirio Garzón Villalba 45,

39 Tal como consta a folios 479, 481 y 482 del c. 3.
40 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.
41 Folio 363, del c. 3.
42 Resolución de preclusión obrante a folios 516-550 del c. 3
43 Folio 562 del c. 3.
44 Acta de reparto visible a folio 360 del c. 2.
45 Su grupo familiar está integrado por Martha Cecilia Beltrán, cónyuge (RCM fl. 58, c. 3); los hijos Adriana,

Yenny Paola, Alirio, Martha Yaneth y Liliana Garzón Beltrán (RCN Fls. 59-63, c. 3) y Zoraida Garzón Villalba,
hermana (RCN fl. 64, c. 3).

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

Reinaldo Morales Aparicio46, Carlos Ariel Beltrán García47 y Benjamín Galvis Pico48,
bien sea con los respectivos registros civiles de nacimiento ─RCN─ para el caso de
hijos, padres y hermanos o, con los respectivos registros civiles de matrimonio
─RCM─ para el caso de las cónyuges.

Así mismo, la Nación, representada por los organismos demandados se encuentra
formalmente legitimada para la causa por pasiva, dado que los demandantes
consideran que los daños que reclaman se incardinan en las actuaciones de policía
judicial y de investigación adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación, respectivamente, dentro del sumario que se adelantó en su contra.

3.4. Problemas jurídicos

De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado por el apoderado del grupo en el
recurso de apelación, así como con aquellos cargos que subsisten al examen de
caducidad, la Sala abordará los argumentos de inconformidad por la cuerda de los
dos factores de imputación inmersos en la controversia ─privación injusta de la
libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia─. Esto, no sin
antes dilucidar sobre la extensión del grupo, aspecto que hace parte del recurso. De
acuerdo con lo anterior, la Sala procede a resolver los siguientes problemas:

3.4.1. ¿La extensión del grupo demandante se contrae, como afirma el apelante,
únicamente a 24 de las 31 personas investigadas dentro del sumario 0363 SIJUF
290.544 posteriormente remarcado con el número 292777?

3.4.2. ¿Causó la Fiscalía General de la Nación un daño antijurídico a los actores
grupales, con ocasión de la privación de la libertad de que fueron objeto en
cumplimiento de la orden de captura librada dentro de un proceso penal adelantado
en su contra por los delitos de rebelión y extorsión que concluyó con resolución de
preclusión y que se constituye en la causa común invocada?

3.4.3. ¿Demostraron los demandantes grupales que existió como causa común una
prolongación injustificada de la investigación penal adelantada en su contra por los
delitos de rebelión y extorsión dentro del sumario 0363 SIJUF 290.544
posteriormente remarcado con el número 292777?

Si los problemas 3.4.2. y/o 3.4.3. obtienen una respuesta afirmativa, la Sala
procederá a estudiar el reconocimiento de perjuicios conforme a las pruebas
allegadas al plenario y a las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

3.5. La causa común del perjuicio individual que vincula a los actores grupales
y la extensión del grupo

El medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo previsto en el
artículo 145 del CPACA y, originariamente en la Ley 472 de 1998, fue concebido

46 Su grupo familiar está compuesto por: Carmenza Beltrán Calderón, cónyuge (RCM fl. 65, c. 3), sus hijos
Mileidy Karine, Jorge Helí y Edith Johanna Morales Beltrán (RCN fls. 68-70, c. 3), su madre Cecilia Aparicio de
Morales (RCN fls. 66 y 71, c. 3), los hermanos María Nelsy, Francelina y Henry Morales Aparicio (RCN Fls. 72-
74, c. 3).
47 Su grupo familiar se integra por: Alejandrina Díaz Calderón (compañera permanente, condición que prueba

con la existencia de hijos en común. con el acta de derechos del capturado en la cual quedó registrado que la
“compañera sentimental” de Carlos Ariel Beltrán García era la mencionada señora (fl. 380 c. 3) ratificada en la
diligencia de indagatoria, en donde expuso: “convivo con Alejandrina Díaz Calderón” (fl. 412, c. 3); sus hijos:
Yan Carlos Beltrán Díaz y Miguel Ángel Beltrán Díaz (RCN fls. 77-78, c. 3), José Manuel Rodríguez Díaz quien
se presentó como hijo de crianza, calidad que se pretendió probar con una declaración extrajuicio rendida por
los señores Carlos Ariel García y Alejandrina Díaz – madre del menor, no obstante como el solo dicho de los
demandantes no es suficiente para probar tal calidad, se legitimará a este demandante como tercero
damnificado; José Alejandro Beltrán Cala en condición de padre (RCN fl. 75, c. 3), Edelmira García en su
condición de madre (RCN fl. 75, c. 3), Flor María, Luis Alejandro, Luis Aurelio, Edelmira, Martha Cecilia y Jorge
Beltrán García (RCN Fls. 80-85, c. 3).
48 Su grupo familiar está integrado por: Leopoldina Sierra de Galvis, cónyuge (RCM fl. 87, c. 3); sus hijos: Nancy,

Eliécer, Hermes, Martha Isabel y, Olga Lucía Galvis Sierra (RCN Fls. 88-92, c. 3), sus hermanos: David, Ricardo,
Rodrigo, Gustavo, Ofelia, Ana Lucía, Guillermo, Néstor, Cristina y, Jesús María Galvis Pico (RCN fls. 94-102, c.
3).

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para gestionar el reconocimiento y la indemnización de los perjuicios causados a
un número plural de personas ─igual o superior a 20─, a condición de que el daño
tenga su fuente en una causa común, que posibilite impartir un tratamiento uniforme
al colectivo afectado. Lo definitorio de la dimensión del grupo afectado, entonces,
es un factor de uniformidad respecto de la causa lesiva, de ahí que sea posible,
inclusive, que con posterioridad a la sentencia se integren nuevos miembros del
grupo ─artículo 55 de la Ley 472 de 1998─. Esto enseña, a priori, que la
conformación del grupo no es asunto que dependa de la voluntad de quienes
inicialmente incoan la pretensión grupal, sino de la concurrencia factualmente
cualificada respecto de la causa que provocó un daño extensivo y extensible.

Importante es memorar, como jurisprudencialmente se ha determinado, que la
exigencia de uniformidad no se extiende a “todos los elementos de la
49
responsabilidad” , pues, es perfectamente factible que en la conjunción de actores
grupales asidos por una causa común puedan existir daños diferenciables entre los
miembros del grupo, o varios hechos que confluyan en la creación del daño. Así
mismo, “la satisfacción de las condiciones uniformes respecto de la relación causal
entre el hecho o los hechos dañinos, no puede ser interpretada únicamente desde
el punto de vista fáctico”50, sino también, desde el plano jurídico o, para mejor
decirlo, desde una facticidad jurídicamente cribada.

Entonces, a guisa de establecer el requisito de uniformidad, es necesario identificar
si la causa del daño es la misma para todos los demandantes. Al punto, la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado51 ha establecido como criterios para
identificar a los miembros del grupo en torno a la causa común, los siguientes: (i)
identificar el hecho o hechos generadores y su uniformidad para el grupo y, (ii)
determinar, desde la causalidad adecuada, si estos hechos generadores tienen el
mismo nexo causal con los daños sufridos por quienes integran el grupo. En línea
de propósito, se ha hecho énfasis en que: “[n]o se trata de que las situaciones
particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales, pues es claro
que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e
intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimoniales, morales, etc.), sino
que es necesario que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que
pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta dañina del
demandado”52.

Conforme al breve recuento de este derrotero jurisprudencial citado, procede la
Sala a verificar, a partir de la causa común invocada en la demanda, si el grupo se
extiende hacia todas las personas ─31─ que fueron investigadas dentro del sumario
0363 SIJUF 290.544 posteriormente remarcado con el número 292777 que culminó
con resolución de preclusión, o si, como afirma el apelante, al igual que lo hizo
desde la demanda53, el grupo debe acotarse únicamente a 24 de esas personas,
dado que las restantes se encontraban en distintas condiciones a efectos de
responder ante la justicia por los delitos endilgados.

Valga iterar, que el hecho de que se hayan fijado criterios orientadores para la
identificación y delimitación del grupo, implica que la conformación del grupo no se
encuentra a disposición de las partes, sino que ello es el resultado de un escenario,
en principio fáctico, que se combina en la producción plural de daños y que, en
últimas, es al juez del caso a quien corresponde develar objetivamente y bajo
presupuestos jurídicos el proceso de identificación y alcance de la integración
grupal.
49 Ver. Al respecto: Corte Constitucional, sentencia C-569 del 8 de junio de 2004.
50 Ibídem.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión,
sentencia del 10 de junio de 2021, exp. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
52 Ibídem.
53 En la demanda indico: “es de mayor importancia aclarar (…) que el grupo afectado incluye solo a24 de los

ciudadanos que fueron procesados en la citada investigación. En efecto, solo respecto de estos 24 ciudadanos
procesados que se individualizaron en el primer acápite de este escrito, se configuraron las graves trasgresiones
a sus garantías constitucionales y procesales que se señalarán seguidamente y que configuraron los daños que
se reclaman”. Fl. 15, c. 1.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

Descendiendo al asunto particular, la causa común que dio lugar a la formulación
de la pretensiones grupales fueron los daños causados con ocasión de una
investigación penal “masiva”, que se prolongó más allá del término legalmente
previsto, para, finalmente, al cabo de aproximadamente cinco años precluirse. Tal
causa, así identificada, supera los dos criterios jurisprudenciales en cuanto, (i)
existe claridad en cuáles son los hechos generadores del daño ─apertura de
investigación y sometimiento a una investigación prolongada que no derruyó su
presunción de inocencia─, situación fáctica que es común y uniforme para todas
las 31 personas investigadas y, (ii) la causa de los posibles daños se finca en la
existencia de una investigación penal en su contra que culminó con decisión de
preclusión y, dentro de la cual soportaron un lapso de privación de la libertad y otro
lapso en condición de subjudices al sumario.

Fraccionar el grupo, a partir de las diferencias internas que puedan existir entre la
carga indiciaria que vinculaba a unos y a otros como pretende el apelante, o porque
difieren los sitios de captura, etc., no abona al correcto entendimiento de los criterios
que definen la existencia de una causa común y, en cambio sí, implica ir en
contravía de los derroteros jurisprudenciales expuestos, pues, sería tanto como
agregar factores que dependen del análisis propio de la antijuridicidad del daño o
su imputación o, inclusive, que son propios de la verificación de daños y perjuicios
individualizables sin desmedro de la causa común. Recuérdese que, en últimas, el
fin de este medio de control es el de reparar perjuicios “individuales” causados a un
grupo de personas, “precisamente porque se trata de la afectación de intereses
individuales y separables”54, que, merced de la causa común no pierden su
singularidad a tal punto que, por ejemplo, de llegar a prosperar la pretensión
resarcitoria, nada obsta para que se produzca una indemnización diferenciada, eso
sí, en todo caso, acotada a un monto indemnizatorio final que congloba a todos los
integrantes del grupo.

En ese sentido, si lo que pretendía el demandante era segmentar el grupo bajo
presupuestos disruptivos para el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, debió impetrar una acción de reparación directa con
acumulación subjetiva de pretensiones, pues, se insiste, en este caso la causa
común es la existencia de una investigación colectiva sobre personas que
finalmente fueron desvinculadas por preclusión.

Así las cosas, para efectos del presente caso, la Sala entiende que el grupo se
encuentra conformado por las treinta y un (31) personas55 que, desde el inicio
fueron vinculadas a la investigación penal56 y se les siguió la investigación hasta
concluir con decisión de preclusión57. Ello no obsta para que al interior del grupo se
distingan daños disímiles en relación con quienes, además de haber sido
investigados, afrontaron un lapso de privación, respecto de quienes no se probó
que hubiesen sido privados de la libertad, como ocurre en el caso de los señores
Walter Cala Garzón, Edinson Pastor Romero Villa, Oscar Fajardo Pimentel y,
Yennis Navarro Navarro, de quienes se probó su vinculación a la investigación y,
posterior preclusión, no así que hubieran sido capturados o que hubieran estado
privados de la libertad, pues ninguna de las pruebas revela tal daño para estos
demandados, como sí para el resto de integrantes grupales. Tal situación amerita
un análisis diferente al momento de valorar la demostración de los daños, más no

54 Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, op. cit.
55 1. Filemón Toledo Delgado, 2. Luis Fernando Toledo Delgado. 3. Gerardo Díaz. 4. Alirio Pérez Cárdenas. 5.

Germán Luque Luque, 6. Heriberto Arguello Quintero. 7. Ricardo Pérez Cárdenas, 8. Lisandro Arguello Quintero,
9. Edgar Javier Ortíz Beltrán. 10. Silvio Miguel Santamaría Rojas. 11. Oliver Santamaría Rojas. 12. Benjamín
Galvis Pico, 13. Alirio Garzón Villalba, 14. Carlos Ariel Beltrán García, 15. Reinaldo Morales Aparicio, 16.
Roberto Calderón, 17. Froilán Cala Acevedo, 18. Julio César Cadena Nieves, 19. Hugo Antonio Nieves, 20.
Lelio Toledo Pinzón, 21. Jacobo Fajardo Pimentel, 22. Gustavo Rúgeles Pimentel, 23. Rubiela Rúgeles
Martínez, 24. Alirio Rúgeles Arizmendi, 25. Gustavo Arguello Quintero, 26. Custodio Hernández Olarte, 27.
Daniel Rueda Gómez, 28. Walter Cala Garzón, 29. Edinson Pastor Romero Villa. 30. Oscar Fajardo Pimentel y,
31. Yennis Navarro Navarro.
56 Resolución de apertura de investigación. Folios 363-370 del c. 3.
57 Folios 516-550 del c. 3.

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

para excluirlos del grupo, porque a pesar de ello convergen en la causa común de
haber afrontado una investigación colectiva bajo la sindicación de las mismas
conductas penales.

3.6. La demostración del daño padecido por los actores grupales y su
carácter antijurídico

En cuanto el presente medio de control está previsto para agenciar pretensiones
indemnizatorias que se agrupan bajo la existencia de una causa común, pero sin
perder su individualidad, en su análisis no escapa a la verificación de los elementos
de la responsabilidad patrimonial del Estado, siendo el daño y su antijuridicidad el
primero de ellos. Cabe indicar, así mismo, que sin perjuicio de la causa común que
le sirve de asidero al grupo, al momento de identificar los daños, pueden surgir
situaciones diferenciables en función de las pruebas aportadas al expediente.

A tal efecto, de acuerdo con las pretensiones de la demanda se identifican tres
daños, así: (i) la vinculación a la investigación penal, que no puede ser abordado
por las razones de caducidad previamente decantadas; (ii) la privación de la libertad
y, (ii) el sometimiento a una investigación prolongada.

3.6.1. En relación con la privación de la libertad, se encuentra demostrado dentro
del expediente que, 27 de las 31 personas vinculadas a la investigación penal por
el delito de rebelión, fueron privadas de la libertad, tal como se desprende del Oficio
155-09/AICRI GAULA B/MANGA fechado 30 de marzo de 200958, en el que se puso
a disposición del Fiscal Delegado ante el Gaula, a las siguientes personas
capturadas: 1. Filemón Toledo Delgado, 2. Luis Fernando Toledo Delgado. 3.
Gerardo Díaz. 4. Alirio Pérez Cárdenas. 5. Germán Luque Luque, 6. Heriberto
Arguello Quintero. 7. Ricardo Pérez Cárdenas, 8. Lisandro Arguello Quintero, 9.
Edgar Javier Ortiz Beltrán. 10. Silvio Miguel Santamaría Rojas. 11. Oliver
Santamaría Rojas. 12. Benjamín Galvis Pico, 13. Alirio Garzón Villalba, 14. Carlos
Ariel Beltrán García, 15. Reinaldo Morales Aparicio, 16. Roberto Calderón, 17.
Froilán Cala Acevedo, 18. Julio César Cadena Nieves, 19. Hugo Antonio Nieves,
20. Lelio Toledo Pinzón, 21. Jacobo Fajardo Pimentel, 22. Gustavo Rúgeles
Pimentel, 23. Rubiela Rúgeles Martínez, 24. Alirio Rúgeles Arizmendi, 25. Gustavo
Arguello Quintero. Así mismo, está demostrado que los señores Custodio
Hernández Olarte y Daniel Rueda Gómez se presentaron voluntariamente el 31 de
marzo y 6 de abril de 2009 respectivamente, y se les mantuvo privados de la libertad
hasta el 959 y 10 de abril de 200960, respectivamente, cuando se dispuso su libertad
inmediata.

Según indica la prueba, los primeros 25 fueron capturados el 29 de marzo de 2009
y, puestos en libertad el 11 de abril de 200961, lo que demuestra que estuvieron
privados de la libertad por trece (13) días y, los dos restantes estuvieron privados
de la libertad durante diez (10) y cinco (5) días, respectivamente.

Así las cosas, respecto de estos 27 actores grupales la parte demandante honró
la carga que le asistía de demostrar el daño o menoscabo a un bien o interés
jurídicamente tutelado. No obstante, en lo que atañe a Walter Cala Garzón,
Edinson Pastor Romero Villa, Oscar Fajardo Pimentel y, Yennis Navarro Navarro,
ninguna prueba demuestra que hayan estado privados de la libertad y, antes bien,
de acuerdo con la resolución mediante la cual se resolvió la situación jurídica 62, se
infiere que no alcanzaron a ser capturados, por cuanto allí se dispuso la cancelación
de las órdenes de captura; por consiguiente, respecto de estos cuatro
demandantes, en lo que concierne a este daño, no se demostró la afectación.

58 Folios384-401 del c. 3.
59 Mediante resolución del 9 de abril de 2009, se dispuso su libertad inmediata. Fls 453-455, c. 3.
60 Resolución del 10 de abril de 2009, folios 456-461 del c. 3.
61 En cumplimiento de la resolución del 10 de abril de 2009 que dispuso la libertad inmediata (fls. 462-477 del

c. 3.) y, como se prueba con algunas órdenes de libertad, notificaciones personales y diligencias de suscripción
de compromiso. Fls. 478-483, c. 3.
62 Folios 462-477 del c. 3.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

Habiéndose demostrado la existencia del daño ─privación de la libertad─,
corresponde proseguir con el juicio de juridicidad, dado que para que el daño sea
resarcible debe revestirse de caracteres de antijuridicidad, aspecto que se verifica
a partir de la inobservancia de las formalidades procesales y materiales que la ley
exige para poder dictar una orden o una medida privativa de la libertad, así como
de constatar la existencia real de los fines que pretendían servirse con la privación,
la proporcionalidad de su extensión temporal, y la razonabilidad de la decisión de
imponerla. Estos presupuestos deben analizarse de cara a las circunstancias de
cada caso, pues habrá eventos en que la libertad se restrinja con ocasión de la
imposición de una medida de aseguramiento, u otros donde se haga con fines de
indagatoria y mientras se define la situación jurídica, como ocurre en el presente
asunto.

La Ley 600 de 2000, vigente para el momento de la investigación penal adelantada
en contra de los actores grupales, establecía que, abierta la investigación, librada la
orden de captura y ejecutada esta, la persona capturada debía ponerse a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes a
su captura ─ art. 346, inciso final─. Seguidamente, el Fiscal a cargo debía recibirle
indagatoria al capturado a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes, término
que se duplicaba cuando hubiere más de dos capturados ─artículo 340─.
Culminada la indagatoria, si subsistían o surgían razones para considerar que había
lugar a imponer medida de aseguramiento, se ordenaba la privación de la libertad
mientras se le definía la situación jurídica ─art. 341─. Conforme a lo previsto en el
artículo 354 ejusdem, la situación jurídica debía ser definida en los eventos en que
fuera procedente la detención preventiva. El término de que disponía la Fiscalía
General de la Nación para definir la situación jurídica era de cinco (5) días, o diez
(10) días en caso de que “fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas,
siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha” ─art. 354─.

Es del caso precisar que, para efectos de la contabilización del término para definir
la situación jurídica, es decir, verificar si los días deben entenderse hábiles o
calendario, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha advertido que
solo se computan aquellos en que haya habido atención al público, de lunes a
viernes –no feriados- y los que no concurran con semana santa o vacaciones
colectivas de los funcionarios judiciales, con apego a los preceptuado en los
artículos 186 y 191 de la Ley 600 de 2000. Por el contrario, el conteo del plazo para
llevar a cabo la diligencia de indagación se define en días calendario 63.

En el caso concreto, con el fin de realizar el parangón entre lo dispuesto legalmente
y las condiciones de tiempo y modo en que se produjo la privación, la Sala se
atendrá a las pruebas válidamente allegadas al proceso, consistentes en varias
piezas ─documentos─ de la investigación penal que se adelantó por el delito de
rebelión, bajo el sumario n° 0363 SIJUF 290.544 posteriormente remarcado con el
número 292777, las cuales serán valoradas pues, atendiendo su naturaleza de

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de 2018, expediente

47273. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de octubre de 2009, expediente
38892. “pues en relación con la forma como deben contabilizarse los términos para escuchar en indagatoria al
capturado y resolver la situación jurídica, a la luz de la normatividad de la Ley 600 de 2000 y de aquellas que la
antecedieron, la Sala ha expuesto los siguientes criterios: En auto del 10 de julio de 1980, G.J. 2402, página
316 y 317, dijo lo siguiente: || De los términos anteriores, el referente a la práctica de la diligencia de
indagatoria no admite interrupción alguna de conformidad con el artículo 149 del Código de
Procedimiento Penal, en cuanto dispone que "todos los días y horas son hábiles para practicar
actuaciones en la investigación sumaria", de modo que "los términos legales y judiciales no se suspenden
por la interposición del día feriado durante ella"; no así, sin embargo, el que se contrae a la definición de la
situación jurídica del capturado, plazo para el cual solo se computan los días hábiles, como lo indican los
artículos 191 y 186 ibídem, al establecer, el primero, que se suspenden durante los feriados o las vacaciones y
cuando no haya despacho al público y, el segundo, que el que vence en día sucesivo feriado se prorroga de
derecho hasta el día sucesivo no feriado, preceptos ambos de carácter general que no se oponen a la norma
especial del artículo 149 ibídem, que se refiere a la práctica de diligencia y no, por consiguiente, al proferimiento
de autos y sentencias, o a su notificación o ejecutoria, o a otras determinaciones, para las cuales rigen aquellas
normas generales y no está, su excepción. […] Por lo tanto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige
en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar
hábiles, […]”. [Negrilla al texto].

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

prueba documental trasladada, conforme lo disponen los artículos 174, 245 y 246
del CGP ─vigente para cuando se interpuso la demanda y aplicable por remisión
del art. 68 de la Ley 472 de 1998 y del art. 211 del CPACA ─ fueron practicadas a
instancias de la Fiscalía General de la Nación contra quien ahora se aducen. Así
mismo, aunque fueron aportadas en copia, tienen el mismo valor que su original,
máxime que estuvieron al alcance de las partes sin que sobre estas recayera tacha
alguna.

De dichas pruebas se desprende que, antecediendo una investigación previa64, el
25 de marzo de 2009 la Fiscalía Delegada ante el Gaula de Bucaramanga dispuso
la apertura de instrucción65 en contra de 31 personas ─referidas en nota al pie n°
54─ y dentro del mismo proveído libró las respectivas órdenes de captura, las cuales
se hicieron efectivas el 29 de marzo siguiente66 respecto de 25 de ellos y otras dos
personas se presentaron de forma voluntaria el 31 de marzo67 y 6 de abril de 200968.

El 30 de marzo de 2009, esto es, al día siguiente de la captura y sin que hubiesen
transcurrido las treinta y seis (36) horas de que trata el artículo 346 de la Ley 600
de 2000, fueron puestos a disposición de la autoridad competente69. Ese mismo día,
mediante Oficio 0052, la Fiscalía Delegada ante el Gaula dispuso mantenerlos en
calidad de "Retenidos”70, cumpliendo así el término de que trata el artículo 352
ejusdem. A partir de ese momento se les debía tomar indagatoria, lo cual se hizo,
atendiendo el número de capturados, los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril de
200971, esto es, dentro de los seis (6) días de que disponía legalmente la Fiscalía
para ese propósito, por lo que no se advierte irregularidad alguna.

En este punto, la ley penal habilitaba a mantener al indagado retenido mientras se
resolvía su situación jurídica, a condición de que existieran o surgieran razones para
considerar una medida de aseguramiento. La situación jurídica podía resolverse ya
fuera imponiendo o no medida de aseguramiento. Sobre la definición de la situación
jurídica a instancias de la Ley 600 de 2000, la Corte Constitucional expuso:

La expresión "cuando proceda la detención preventiva" implica que se descartan una
cantidad de supuestos y delitos en los que no procede de ninguna manera la medida
de aseguramiento, es decir, aquellos que no están consagrados en el artículo 357,
dejando en el espectro de análisis sólo aquellos casos en los que eventualmente hay
que entrar a determinar si se impone o no la única medida de aseguramiento posible
en la resolución de situación jurídica72.

Así, la razón para determinar si era o no necesario resolver la situación jurídica y,
por ende, mantener en condición de retenido al indagado hasta entonces, era que
se tratara de aquellos eventos en que fuera procedente la detención preventiva. A
tal efecto, el artículo 357.2 de la Ley 600 de 200073 preveía que cuando el delito
imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera
mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000 74, procedía resolver la

64 El 4 de febrero de 2008 se dio apertura a la investigación previa n° 1220, conforme lo prueba la
correspondiente resolución obrante a folios 145-146 del c. 1.
65 Folios 363-370, c. 3.
66 Folios384-401 del c. 3.
67 Mediante resolución del 9 de abril de 2009, se dispuso su libertad inmediata. Fls 453-455, c. 3.
68 Resolución del 10 de abril de 2009, folios 456-461 del c. 3.
69 Mediante Oficio 155-09 AICRI GAULA B/MANGA, obrante a folios 384-401 del c. 3.
70 Folios 402-403 del c. 3.
71 De esto da cuenta algunas diligencias de indagatoria allegadas a folios 404-428 del c. 3, así como el Oficio

No. 165 del 8 de abril de 2009 suscrito por la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
del Socorro, en que se detalla la fecha de indagación de cada capturado. Cfr. folios 443-444 del c. 3.
72 Corte Constitucional, sentencia C-620 del 13 de junio de 2001.
73 “Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención

preventiva. ||Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en
las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. || No procederá la medida de aseguramiento cuando la
prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de
responsabilidad. || Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: || 1. Cuando
el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. […]”.
74 “Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención

preventiva. ||Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en
las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. || No procederá la medida de aseguramiento cuando la

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

situación jurídica. En el caso concreto, el delito por el cual se vinculó a los actores
grupales ─la vinculación surgía a partir de la indagatoria y no antes – art. 332 Ley
600/00─ fue el de rebelión75; dicho punible, conforme lo preveía el artículo 467 de
la Ley 599 de 2000, tenía una pena de prisión mínima de ocho años (equivalentes
a 162 meses), razón por la cual, desde ese punto de vista era necesario definir
situación jurídica.

Es dable advertir que si bien al momento de abrir la investigación se hizo alusión a
los delitos de extorsión en concurso con rebelión y, posteriormente cuando se
recibió la indagatoria se les vinculó por el delito de “rebelión”, tal circunstancia no
supone una irregularidad como asume el apelante. Sobre ese particular la Corte
Constitucional puntualizó que “no es en esta providencia [refiriéndose a aquella en
que se define la situación jurídica] en la que se tipifica en forma definitiva el hecho
punible por el cual se investiga al sindicado, pues ello se determina al final de la
etapa de instrucción, en el momento de la calificación del sumario”76. Por lo mismo,
basta que la Sala coteje la pena mínima para el delito de rebelión, para establecer
que en el asunto bajo estudio se hacía procedente resolver la situación jurídica.

Ahora, además de que el tipo de delito hacía procedente la resolución de la situación
jurídica, para ese momento la Fiscalía contaba con elementos probatorios que le
abonaban razones para inferir que, debía prolongar la retención hasta cuando se
adoptara la decisión correspondiente.

En efecto, durante la indagación previa se recibieron las declaraciones: (i) del
reinsertado Orlando Calderón Villalba77, en la que se refirió con nombre propio a
varios de los investigados signándolos como colaboradores del Frente Capitán
Parmenio del ELN y mencionando el tipo de colaboración que brindaban; (i) la
declaración del también reinsertado Víctor Castro Isaza78 que aportó datos
similares, (iii) la declaración de la reinsertada Liyany Barbosa Hernández79, (iv) la
declaración del desmovilizado Pedro Fermín Hernández Torres80 que aportó
nombres de colaboradores como “Lolo Cala” y la hija de este, Gerardo Díaz y adujo
que los colaboradores actuaban “por voluntad y simpatía”. Debe indicarse que en
estas declaraciones no se realizó el reconocimiento fotográfico al que aluden los
demandantes; (v) la declaración del señor Samuel Díaz Pita, quien se identificó
como víctima de desplazamiento y aludió textualmente:

Las personas que voy a nombrar las conozco desde hace 7 años
aproximadamente como colaboradores de la GUERRILLA del frente Capitán
Parmenio del ELN porque ellos andaban con ellos de civil, todos en ese tiempo
andaban así (…) LUIS AURELIO BELTRÁN GARCÍA el es campesino, le aportaba
mercancías a ellos, le hacía comida en la finca EL GALAPO, los guerrilleros se
quedaban en los cafetales de la finca y bajaban a comer a la finca (….) esta
CARLOS BELTRÁN GARCÍA fue la persona que me amenazo (sic) con la guerrilla
ósea con GUEVARA esto fue el año pasado y a raíz de eso fui desplazado de la
zona, porque me amenazaron de muerte (…) andaba armado con una carabina
junto con los guerrilleros (…) el otro colaborador es ALIRIO GARZÓN VILLALBA
quien fue la persona que me tuvo el día que la guerrilla me golpeó, es cuñado de
JORGE, desde hace 7 años les llevaba mercado (…) REINALDO MORALES
APARICIO también era colaborador de la guerrilla, ahí en la finca de el (sic) se
quedaban los guerrilleros (…) hace como 3 o 4 años en una cueva de esa finca
encontraron uniformes de la guerrilla (…). CUSTODIO HERNÁNDEZ él les llevaba
mercancías, la guerrilla se quedaba en la casa de esto lo se porque yo le estaba

prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de
responsabilidad. || Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: || 1. Cuando
el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. […]”.
75 Dado que inmediatamente recibida la indagatoria se remitió el expediente haciendo mención que era por el

delito de “rebelión”. Cfr. Folios 438-443, c. 3.
76 Corte Constitucional, sentencia C-620 del 13 de junio de 2001.

77 Folios 151-156 del c. 1.
78 Folios 159-162 del c. 1.
79 Folios 250-256 del c. 1.
80 Folios 281-284 del c. 1.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

ayudando a el en la finca y ahí estaba la guerrilla (…) Otra cosa que me consta es
el día que mataron a RICARDO CASTILLO por parte de la guerrilla me encontré
al el (sic) FLACO ARLEY bajando de la finca del señor BENJAMIN TOLEDO en
compañía de dos guerrilleros y la hija de FROYLAN CALA (…)81

(vi) La declaración de Javier Ángel Durán Sánchez82, que mencionó como
colaboradores y con nexos con los comandantes de la Compañía Parmenio,
entre otros, a Elio Toledo Pinzón, Daniel Rueda, Jacobo Fajardo; (vii)
declaración de Marina Cadena Niño83, quien mencionó entre, otros, a Alirio
Rúgeles Arismendi, Rubiela Rúgeles, Julio Cadena, “Toño Nieves, y Walter Cala;
(viii) declaración de María Magdalena Cediel Zúñiga84, quien mencionó a “Toño
Nieves”, Julio Cadena Nieves, Walter Cala Garzón, (ix) declaración de Jaime
Rúgeles Arismendi85, quien adujo que había sufrido la muerte de dos hijos y
había sido desplazado; (x) declaración de Francisco Niño Nieves86 desplazado
de la guerrilla del ELN quien dio el nombre de algunos colaboradores, entre ellos
Julio César Cadena, Hugo Antonio Nieves, Walter Cala y, (xi) declaración de
Luz Mary Peñuela Vásquez87, desplazada, quien adujo que el Frente Parmenio
del ELN había asesinado a su esposo y señaló como colaboradores del grupo
ilegal a Alirio Rúgeles Arismendy, Rubiela Rúgeles y, (xii) declaración de Víctor
Castro Izasa88, desmovilizado.

A juzgar por la relación de declaraciones que se efectuó en la resolución de
apertura de investigación, inclusive, se practicaron muchos más testimonios
diferentes a los aquí mencionados y que, entre unos y otros se estableció los
posibles integrantes de la red de colaboradores del frente Capitán Parmenio del
ELN. Esto permite concluir que para ese momento existían medios de prueba
que hacían inferir como necesario mantener retenidos a los vinculados hasta
tanto se les definiera la situación jurídica. No se trataba solamente de versiones
de reinsertados vertidas al interior de un informe, sino de declaraciones
propiamente dichas provenientes de estos y de otras personas que se
proclamaron víctimas, las cuales fueron recabadas dentro de la investigación
previa.

Se advierte que, a continuación de que los declarantes que se relacionaron del
número (v) al (xi) depusieron sobre los hechos que les constaba, se les puso de
presente un set con fotografías de las que se dijo habían sido obtenidas por
labores de inteligencia, con el fin de que si lograban identificar a algunas
personas así lo manifestaran; sin embargo, tal circunstancia no comprometía de
plano la validez ni la eficacia a esos medios suasorios, ya que, aunque no
desconoce la Sala que conforme al artículo 304 de la Ley 600 de 2000, para el
reconocimiento a través de fotografías se debía contar con la presencia del
defensor y del Ministerio Público, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia tiene
por establecido que: “[e]l reconocimiento fotográfico es un método de
identificación89, (…) no son una prueba en sí misma, que adquiera tal calidad a
través de la introducción del acta que da cuenta del reconocimiento como si se
tratada de un medio de prueba documental, sino que aquellos comportan actos de
investigación cuyo resultado puede hacer parte del testimonio (…), atestaciones que

81 Folios 275-278 del c. 1.
82 Folios 289-293, del c. 1.
83 Folios 303-311, del c. 1.
84 Folios 316-318 del c. 1,
85 Folios 323-326, del c. 1.
86 Folios 337-340 del c. 1.
87 Folios 346-348 del c. 1.
88 Folios 349 - 355 del c. 1.
89 La connotación del reconocimiento fotográfico como medio de identificación mas no como prueba, ha sido

considerada por la Corte Suprema desde vieja data. En tal sentido, ver, entre otras, de la Sala de Casación
Penal, la sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. 26.276.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
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habrán de ser valoradas integralmente con el testimonio de quien efectúa el
reconocimiento y, en conjunto, con los demás medios de convicción 90.

Bajo ese entendido, esto es, que el reconocimiento fotográfico se aviene meramente
a los fines de identificación y no reviste la calidad de prueba sino que es un
complemento de la declaración, pero no es la declaración en sí misma, en caso de
presentarse una irregularidad en el reconocimiento, tal yerro no tiene la capacidad
de causarle un demérito al testimonio, pues este subsiste y conserva su eficacia, a
menos que haya sido redargüido o desvirtuado por otro medio de convicción,
situación que en el presente caso no se encuentra probada. Al margen de esto y,
aun si se prescindiera de estas declaraciones, subsistían otros elementos de juicio
que debían ser sometidos al examen del fiscal encargado de resolver la situación
jurídica, para que, en conjunto, los valorara y adoptada la decisión pertinente.

De esta manera, en la etapa germinal en que se encontraba la investigación y con
fundamento en el material probatorio que existía hasta entonces, se muestra
procedente y razonable la orden de retención hasta tanto se definiera la situación
jurídica de los implicados y, aunque es cierto que en sus diligencias de indagatoria
algunos de los capturados manifestaron que habían sido coaccionados por el grupo
guerrillero91, tales circunstancias debían evaluarse de forma integral con todo el
material probatorio al momento de definir la situación jurídica y no antes.

Establecido como queda que la retención estaba justificada de manera razonable y
conforme lo establecía la normativa penal de ese momento, lo que sigue será
verificar si se respetaron los tiempos que la ley prevé para definir la situación jurídica
de los capturados.

Está demostrado que a 25 de los 31 investigados se les tomó indagatoria el 29 de
marzo de 2009, y que de acuerdo con la norma ─art. 354 de la Ley 600 de 2000─
la situación jurídica se debía definir dentro de los 10 días hábiles siguientes. Como
la situación jurídica se definió con resolución del 10 de abril de 2009 mediante la
cual se dispuso abstenerse de imponer medida de aseguramiento y ordenar sus
libertades inmediatas92, se corrobora que lo fue en tiempo, pues, entre el 29 de
marzo y el 10 de abril de 2009, habían transcurrido ocho días hábiles93.

En el caso del señor Custodio Hernández Olarte quien concurrió voluntariamente,
aun cuando no se allegó la diligencia de indagatoria, por el Oficio No. 165 del 8 de
abril de 200994 suscrito por el Fiscal Tercero Delegado ante los Jueces Penales del
Circuito, se sabe que fue indagado el 2 de abril de 2009 y, en su caso la situación
debía resolverse dentro de los 5 días hábiles siguientes, los cuales vencían el 13 de
abril de ese año, considerando los feriados que mediaron entre esas fechas95. Como
en su caso se ordenó la libertad el 8 de abril96 y la definición de la situación se llevó
a cabo el 10 de abril de 200997, significa que se hizo dentro del término legalmente
previsto. Establecido esto, valga indicar que en el Oficio No. 165 ya referenciado, el
Fiscal Tercero indicó que en el caso de Custodio Hernández el término para resolver

90 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP4 107-2016 del 6 de abril de 2016, exp.

46847.
91 Tal como ocurrió respecto de: (i) Carlos Ariel Beltrán García, quien en su injurada dijo: “yo nunca pertenecí,

pero lo que voy a decir es que a mi esta gente si me obligaba a que les llevara MERCARCADOS (sic), si no lo
había me decían que tenía que abandonar la región o si no nos mataban” (fl. 417, c. 3); (ii) Reinaldo Morales
Aparicio, quien en la indagatoria expuso: “en veces de que hasta el mismo nos decía 2MIRE REINALDO traiga
estos encargos”, y nos entrega una listica y nos daba la plata y a mí me tocaba cumplir a esa hora citada.
Porque si no se cumplía, ya llegaba a tratarlo a uno mal y a amenazarlo a uno” (fl. 420 c. 3); y (iii) Alirio Garzón
Villalba, expuso: “en una época cuando comenzaron a meterse a la REGIÓN esa gente de la GUERRILLA,
llegaban y nos obligaban a que les llevara mercado y una vez quise rechazarme, pero uno de ellos, el flaco que
decía el FLACO ARLEY, me colocó una pistola y que si no lo hacía me tocaba abandonar la finca o que si no
me mataba” (fl. 426, c. 3). Copiado textualmente, inclusive con errores.
92 Resolución de definición de situación jurídica obrante a folios 462-477 del c. 3.
93 Habida cuenta que el 9, 10 de abril de 2009 fueron jueves y viernes santo, luego, entonces, los diez días

hábiles se cumplían hasta el 14 de abril de 2009.
94 Folio 443, c. 3.
95 El 9, 10, 11 y 12 de abril fueron días no hábiles.
96 Resolución del 8 de abril de 2009 visible a folios 453-455 del c. 3.
97 Resolución de definición de situación jurídica obrante a folios 462-477 del c. 3.

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Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

había vencido el 7 de abril de 2009; sin embargo, tal conclusión no guarda relación
con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia sobre la contabilización de esos
términos, como ya se mencionó98 y, por tanto, se comprueba que las
determinaciones respecto de este integrante del grupo estuvieron ajustadas a los
términos de ley.

En el caso del señor Daniel Rueda Gómez que también se presentó voluntariamente
y aunque no se allegó su indagatoria, se conoce que esa diligencia se practicó el 8
de abril de 200899 y, al día siguiente, esto es, el 9 de abril, se le definió la situación
jurídica absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y disponiéndose su
libertad inmediata100, con lo que se concluye que se respetaron los tiempos de ley.

Lo anterior demuestra que a todos los investigados que fueron privados de la
libertad se les resolvió la situación jurídica en los términos señalados por la ley, y
que, hasta ese punto, la privación de la que fueron objeto los actores grupales no
se advierte constitutiva de un daño antijurídico, pues, básicamente se trató de una
captura con fines de indagatoria. Al respecto, la Subsección tiene dicho que la
captura con fines de indagatoria que no se prolonga más allá del término establecido
en la ley para tal fin, no constituye, por sí misma, una privación injusta de la libertad,
máxime cuando la Fiscalía no impone en contra de los aprehendidos ninguna
medida de aseguramiento restrictiva de su libertad101 como ocurrió en el caso
concreto, en el que, además, existían elementos incriminatorios pasibles de ser
valorados conjuntamente.

Al margen de que para el momento en que se resolvió la situación jurídica con orden
de libertad, el Fiscal Tercero consideró que las pruebas practicadas, refiriéndose
principalmente a los testimonios, contenían “imputaciones generales y ambiguas” y
cuestionó severamente la labor de la policía judicial por la práctica de los
reconocimientos fotográficos, como también adujo que se había vinculado a los
investigados a partir del dicho de los reinsertados y de testimonios
“paracaidistas”102, reproches de los que tomó aliento la parte actora para estructurar
la demanda y los cargos de la apelación, lo cierto es que, como ya se indicó, en el
presente asunto se cumplieron las cargas probatorias exigidas legalmente hasta
ese momento temprano de la investigación para convocarlos a indagatoria y para
mantenerlos privados de la libertad en condición de retenidos mientras se les
resolvía la situación jurídica, tornándose tal daño en una carga que debían soportar.

Al respecto, esta Subsección ha dicho que “el daño ocasionado por una privación
injusta de la libertad será antijurídico, si la detención y las condiciones en que ésta
se presentó se realizaron de forma ilegal o con desconocimiento sustancial o
procesal de una norma jurídica En caso contrario, esto es, si la detención tuvo lugar
de conformidad con la normatividad prevista al momento de la detención y frente a
las condiciones en que esta se presentó, se entenderá que el daño no es antijurídico
y, por lo tanto, quien lo padeció tendrá el deber de soportarlo y no tendrá derecho a
que se le indemnicen perjuicios por su padecimiento”103

Esta última situación es la que ocurrió en el presente caso y su juridicidad no cambia
ni se altera por el hecho de que, mediante resolución del 15 de agosto de 2014 104
la Fiscalía Cuarta Seccional de Bucaramanga haya decidido precluir la investigación
con fundamento en la duda que impidió desvirtuar la presunción de inocencia, pues,
se insiste, la privación de que fueron objeto 27 de los 31 investigados estuvo
ajustada a las exigencias legales. Así razonó la Fiscalía su decisión preclusiva:

98Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de octubre de 2009, expediente 38892.
99 Folio 444 del c. 3.
100 Folios 456-461 del c. 3.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de abril de 2023, exp. 54430.
102 Folios 475-476, c. 3.
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2019, exp. 46956.
104 Folios 516-560 del c. 3.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

En efecto, se inició investigación penal por los delitos de rebelión y extorsión, pero
en realidad de verdad (sic) la comprobación de tales conductas no encuentra
suficiente sustento, pues pese a señalarse por los declarantes de cargo y por el
mismo ORLANDO CALDERÓN VILLALBA que los aquí procesados se dedicaban a
auxiliar a la guerrilla, a colaborarles en todos los aspectos para sacar avante su idea
guerrillera, e incluso hacerse referencia a acciones de otra naturaleza como
homicidios, secuestros y extorsiones, las manifestaciones en tal sentido fueron
realizadas de manera generalizada, y quizá por la extensión y el gran número de
involucrados, se permitió diluir los propósitos concretos de la investigación a efecto
de centrar y concretar la participación de cada uno de los procesados en actuaciones
precisas de carácter delictivo.

Si a lo anterior se aúna que gran parte del caudal probatorio, sino es la mayoría, se
orienta a desvirtuar las manifestaciones incriminatorias realizadas por los informantes
y reinsertados sobre las cuales se sustentó la apertura de investigación formal en
contra de los denunciados, deja una estela de duda que no pudo ser desvirtuada
pese a lo complejo de la investigación105.

Ciertamente, debe recordarse que la investigación penal se orienta por el principio
de progresividad106, de tal manera que las pruebas que pueden ser suficientes para
capturar con fines de indagatoria y mantener recluida la persona mientras se le
resuelve la situación jurídica no necesariamente lo son para dictar decisiones
ulteriores en agravio de la libertad, dado que la carga probatoria se hace más
exigente y precisa de mayor fuerza persuasiva. Precisamente, en función de esa
progresividad fue que al momento de definir la situación jurídica se consideró que
no se hacía necesario imponer una medida de aseguramiento y, luego, al momento
de calificar el sumario, en claras muestras de lo que se considera una investigación
integral, se sopesaron tanto las pruebas de cargo, como las de descargo,
prevaleciendo sobre estas últimas el favor de la duda.

De igual manera, el solo hecho de afrontar una investigación penal que, como en
este caso se adelantó sin el peso de una medida de aseguramiento, no constituye
en sí mismo un daño antijurídico, ya que, en principio y a menos que se demuestre
lo contrario, es una carga que se debe soportar por el hecho de vivir en comunidad,
pues todo ciudadano, conforme lo impone el artículo 95.7 de la Constitución, debe
colaborar con el funcionamiento de la administración de justicia, salvo que se pruebe
un desafuero, o se trasgreda el estándar procesal que gobierna ese tipo de
actuaciones, situación que aquí no acaeció.

Bajo este escenario, como la orden de captura y la posterior retención fue expedida
por una autoridad competente, se ajustó a los presupuestos previstos en la ley,
cumplió los plazos legales para oír a los procesados en indagación y resolver su
situación jurídica, según los artículos 340 y 354 de la Ley 600 de 2000, la privación
de la libertad de los actores grupales, si bien constituye un claro menoscabo en el
plano fáctico, no configura un daño antijurídico, por cuanto la Fiscalía, al disponer
la captura con fines de indagación y de resolver la situación jurídica, obró conforme
a un título jurídico justificable que satisfizo no solo los estándares, condiciones,
requisitos y formalidades de ley, sino que cumplió en el marco de unos términos
razonables y precisos que permitieron predicar de esa afectación, la naturaleza de
carga pública que deben soportar los asociados, tal como así se ha decidido en
casos en los cuales se ordena una captura con fines de indagatoria107.

105 Folio 557, del c. 3.
106 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente

00320 (AEP-00045). “Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal tiene dos
vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácter preclusivo que
lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en tanto que la segunda apunta a la definición progresiva y
vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos investigados. Por lo anterior, la
queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado a juicio (…) no es el mismo por el cual se
le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del debido proceso caracterizado por el
principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la certeza.”.
107 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de diciembre de 2022,

exp. 56733.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

En todo caso, es de resaltar que la Fiscalía General de la Nación, según lo prescrito
en el artículo 250 de la Constitución Nacional, está en la obligación de adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que lleguen a
su conocimiento y que revistan las características de un delito. De dicha norma se
desprende una carga que, por igual, el ordenamiento jurídico impone a todos los
ciudadanos y que se erige en el deber de soportar una investigación penal cuando
existan motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del delito
y la responsabilidad del sindicado, sin que ello implique una vulneración a la
presunción de inocencia o al debido proceso.

En este asunto, se reitera que la Fiscalía contaba con declaraciones de ex miembros
de grupos subversivos que no solo hicieron referencia a las posibles actividades
criminales que realizaban los implicados al servicio de aquellas organizaciones
delictivas, sino que refirieron la colaboración de algunas personas con esos grupos
y, además, se habían recaudado testimonios de personas que se decían víctimas
del frente Capitán Parmenio del ELN y señalaban a algunos como colaboradores de
la insurgencia, por ende, la Fiscalía no podía desatender el deber de investigar y
aclarar esos hechos y, en contraposición, los actores grupales tenían la obligación
legal de soportar la captura, el llamado a indagatoria y su permanencia en reclusión
hasta cuando se definiera su situación jurídica. Distinto sería el caso, si se hubiera
impuesto una medida de aseguramiento, ya que para adoptar una determinación de
esa naturaleza la carga probatoria era mucho más exigente, pero, como esto no fue
lo que ocurrió en el sub lite, la conclusión razonables es que la privación de la
libertad que sufrieron se encuentra dentro de la esfera de que sufrieron se encuentra
dentro de la esfera de las cargas socialmente soportables.

Huelga decir que no porque las pruebas allegadas permitan enmarcar la privación
que sufrieron los demandantes como un daño jurídico que debían soportar, se esté
poniendo bajo sospecha la presunción de inocencia guarnecida con la decisión
preclusiva como aduce el apelante en su reproche al Tribunal, pues el juicio de
reparación no tiene signos incriminatorios dado que no es su propósito ni su
finalidad y mucho menos su competencia, empero, ello no obsta para que analice,
de cara a la responsabilidad patrimonial del Estado, si con fundamento en las
pruebas trasladas de la investigación penal puede o no estructurarse la
responsabilidad extracontractual del Estado.

Vistas así las cosas, aunque la captura y retención que les fue impuesta a los
actores grupales constituyó un daño material y un menoscabo a su libertad física,
no admite, a la luz de las pruebas traídas a este contencioso, prédica de
antijuridicidad.

3.6.2. En relación con la prolongación indebida de la investigación, daño que se
predica de los 31 actores grupales, se comienza por advertir que se encuentra
demostrado que aquellos soportaron una investigación que duró desde el 25 de
marzo de 2009 ─resolución de apertura─108, hasta el 15 de agosto de 2014
─resolución de preclusión─109, esto es, cinco años, cuatro meses y veinte días,
lapso que supera ampliamente el término establecido en el artículo 329 de la Ley
600 de 2000 ─24 meses─. Esto permite comprobar el daño, no así su antijuridicidad
y menos su imputación, ya que como lo tiene dicho esta Corporación, el solo paso
del tiempo no es indicativo de una dilación injustificada110.

Sobre la mora judicial, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de un
“fenómeno multicausal, muchas veces estructural, (…) que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los

108 Folios 363-370 del c. 3.
109 Folios 516 - 560 del c. 3.
110 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022

exp. 56126 y, de la misma Subsección, sentencia del 28 de febrero de 2023, exp. 57313.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

procesos”111. Así mismo, estableció que “no toda mora judicial implica la vulneración
de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar
si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un
motivo válido que lo justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso
concreto, las condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial,
evaluarse si existe o no una justificación debidamente probada que explique la
mora, y evidenciarse si el interesado “ha obrado con diligencia y cumplido a
cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de modo tal
que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosas
singularizado y probado que se constituya en motivo insuperable de abstención”112.

La Corte también estableció que cuando se constata que existe un motivo válido
que explica el retraso judicial, se configura una mora judicial justificada, por lo que
para determinar su configuración se requiere que, en cada caso, se analice el
incumplimiento del término procesal en función de los siguientes criterios: “(i) es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley”113.

En el mismo sentido la jurisprudencia de esta Corporación expresó que para
derivar responsabilidad del Estado por la extensión de una actuación judicial, no
basta con la demostración de que se excedieron los términos previstos en la ley.
Es menester acreditar, asimismo, que hubo retardo injustificado, con la
consideración previa de la complejidad que entraña el asunto, del comportamiento
observado por las partes en el trámite procesal, del volumen de trabajo que
soportaba el Despacho para la época en que tuvo a cargo el trámite cuestionado
y de los estándares de funcionamiento de la autoridad judicial establecidos, no por
simple comparación con los términos ordenados en la ley, sino con referencia al
promedio de duración de procesos equiparables al que es motivo de reproche por
retraso. Estos aspectos deben analizarse en atención a la propia realidad de la
Administración de Justicia y no a las expectativas que podría generar un Estado
ideal114. Al respecto, esta Colegiatura ha dicho:

“ Esta Corporación ha considerado que en este tipo de asuntos, en los que
subyace la crítica por dilación injustificada de la actuación judicial, debe
considerarse 'si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará
luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento de los sujetos
procesales, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que
tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no
están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de
duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora'.

Este lineamiento jurisprudencial sigue el trazado del derecho convencional, en
particular, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
así como la jurisprudencia de la CIDH, que ha manifestado que para determinar
si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable, deben
analizarse los siguientes criterios: a) Marco temporal del proceso.; b)
Complejidad del asunto; b) Actividad procesal del interesado, c) Conducta de las
autoridades; y d) Afectación jurídica de la parte interesada”115.

De la revisión de los documentos aportados a este contencioso puede observarse,
como ya se dijo, un incumplimiento en los términos legales para agotar la etapa de
instrucción; sin embargo, en virtud del parámetro jurisprudencial ya expuesto, esto

111Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
112 [96] Ibíd.

113 [98] Ibíd.
114 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322; del 26 de

agosto de 2011, expediente 27524 y del 14 de septiembre de 2017, expediente 48271.
115 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2018, expediente 41978.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

resulta insuficiente para endilgar responsabilidad al demandado, en tanto que no
revela datos necesarios para valorar todos los aspectos referidos. Así por ejemplo,
aunque se sabe que se trató de una investigación compleja por el número de
investigados que abarcó, por los cambios de radicación que afrontó, en la medida
que no se llegaron todas las actuaciones procesales que se surtieron en la
instrucción sino apenas algunas piezas procesales de esta, no es posible establecer
si, más allá de esa complejidad por el número y por los movimientos y variación en
la asignación de competencia, se presentaron o no otros factores que hubieran
incidido en la prolongación de la instrucción.

Se extrae, por lo expuesto en la resolución de preclusión que el trámite fue
dispendioso, en cuanto allí se expuso que persistía “una estela de duda que no pudo
ser desvirtuada pese a lo complejo de la investigación”116 y, también se indicó que
se practicaron sendos testimonios tendientes a “desvirtuar las manifestaciones
incriminatorias”117, y se trató de una investigación que se desplegó en varios
municipios de Santander (Simacota, Chima, el Hato, etc.), sin que de otro lado la
parte demandante haya honrado la carga de probar si existieron circunstancias que
tornaron en injustificada la duración del sumario, pues, se insiste, tan siquiera se
allegó toda la actuación de la Fiscalía, sino unas cuantas actuaciones.

Aun cuando el apelante insinúa que entre el 2010 y 2014 el proceso duró
prácticamente inactivo y trató de probar ese dicho con las piezas procesales que
allegó, su aserto pierde fuerza en cuanto quedó visto que en el interregno entre la
definición de la situación jurídica y la decisión preclusiva se practicaron un
sinnúmero de testimonios con el fin de desvirtuar los cargos, tan solo que de esas
actuaciones se conoce por lo dicho en la resolución de preclusión, más no porque
se hayan allegado al plenario como debía ser, para que la Sala pudiera formarse un
juicio certero sobre el carácter injustificado que la parte demandante le imprime a la
mora118.

En definitiva, la parte actora no honró la carga de probar que la superación de los
términos para adelantar la instrucción obedeció a desidia o negligencia de la Fiscalía
y, en ese sentido, no demostró el supuesto de hecho en el que fundó sus
pretensiones ─art. 167 del C.G.P.─, razón por la cual no hay manera de establecer
si la mora en la calificación del sumario fue o no injustificada, lo que de suyo deja
sin demostración la antijuridicidad del daño y menos aún permite recrear un
escenario de imputación, todo por lo cual la respuesta al tercer problema jurídico es
de signo negativo. Es, por estas mismas razones que no es factible atender los
fundamentos del voto disidente de la primera instancia como depreca el apelante.

Como corolario de lo expuesto, la Sala modificará la decisión de primera instancia
para, en su lugar, declarar la caducidad en relación con el supuesto error
jurisdiccional contenido en la providencia de apertura de investigación; declarar la
caducidad en relación con las supuestas irregularidades en que pudo incurrir tanto
la Policía Nacional en cumplimiento de sus obligaciones de policía judicial, como la

116 Folio 557, del c. 3.
117 En el proveído se dice: “Así tenemos que varias corrientes lo confirman, como la de algunos comerciantes

del sector de Simacota, Chima y otros municipios, tales como Óscar Quiroga Ferreira y Héctor Zambrano Pérez,
entre otros dan cuenta de conocer a los procesados como personas honradas y de buenas costumbres en la
región. También tales atestaciones las realiza otro grupo como de funcionarios o ex funcionarios del Estado,
como Nicolás Andrés Gómez Galeano, comandante estación de policía Simacota y el Hato, Carlos Fernando
Ortiz Beltrán, presidente JAC Simacota y el pensionado del ejército Cecilio Alfonso Parada, sacerdote de
Simacota, Nelson Orlando Ortiz Beltrán, exconcejal y personero de Simacota, María Teresa Cala Amaya,
personera del El Hato, Abel de Jesús Villarreal Robles, secretario Juzgado Promiscuo de Chima (S), entre
muchos otros, quienes al unísono dan cuenta de conocer personal y familiarmente a algunos de los sindicados
como personas honestas y de buenas costumbres (…)”. Folio 556, del c. 3.
118 Por fuera de las providencias y actuaciones ya citadas, se allegó: (i) proveído del 27 de abril de 2009

mediante el cual la Fiscalía con el fin de darle impuso a la investigación dispuso la práctica de varias pruebas
(fls. 484-485, c. 3), (ii) oficio librado a tal efecto el 28 de abril siguiente (fls. 486-487, c. 3), (iii) proveído del 19
de octubre de 2009 con manifestación de la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito del
Socorro, manifestando impedimento para seguir tramitando la investigación (fls. 494-496, c. 3); (iv) auto del 7
de abril de 2010 con el cual la Fiscalía Tercera Delegada de Bucaramanga avocó conocimiento de las diligencias
y dispuso la práctica de pruebas (fls 505-508, del c. 3; y (v) auto del 7 de febrero de 2013 que declaró el cierre
de la investigación (fl. 512, c. 3);

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación previa; declarar la
caducidad respecto al supuesto de prolongación injustificada de la investigación
previa que se le enrostra a la Fiscalía General de la Nación y, negar las pretensiones
relacionados con el supuesto de privación injusta de la libertad y de prolongación
indebida de la investigación.

4. Costas

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365.1119 y 366120 ejusdem, aplicables a los
procesos contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA121, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación
se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido
el proceso en primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las
agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de
la Judicatura.

Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado
que el recurso propuesto fue resuelto de manera desfavorable. Para tal efecto, el
Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación,
debiendo considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por el
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de la presente
sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura122, en favor únicamente de la
Nación- Fiscalía general de la Nación, dado que la Policía no intervino en la segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Oral
de Santander el cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018), para, en su lugar:

DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados al grupo, en relación con el supuesto de error jurisdiccional
contenido en la providencia de apertura de investigación, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa

119 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
120 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
121 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
122 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 3.2. establece para las acciones populares y de grupo tramitadas en

segunda instancia, hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00506-01 (62466)
Demandante: Alirio Garzón Villalba y otros

DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados al grupo, en relación con las supuestas irregularidades en que pudo
incurrir la Policía Nacional en cumplimiento de sus obligaciones de policía
judicial y la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación previa,
según lo expuesto en la parte motiva.

DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados al grupo, respecto al supuesto de prolongación injustificada de la
investigación previa que se le enrostra a la Fiscalía General de la Nación,
según lo dicho en la parte considerativa.

NEGAR las pretensiones de la demanda relacionados con el supuesto de
privación injusta de la libertad y de prolongación indebida de la investigación,
por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante y
fijar como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente en favor de la Nación – Fiscalía General de la Nación, a cuyo efecto la primera
instancia proferirá liquidación concentrada.

TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
BRC*/

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