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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00566-02

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00566-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de la radicación, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas y agencias en derecho en segunda instancia. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00566-02

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: Zoranny Castillo Otálora

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandado: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

Temas: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Régimen
jurídico aplicable a sus actuaciones precontractuales. READECUACIÓN DEL
MEDIO DE CONTROL – Reparación directa – Responsabilidad precontractual.
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL – Naturaleza jurídica de la
convocatoria – Invitación a presentar ofertas – Diferencia con la oferta contractual –
Reglas de habilitación y evaluación – Alcance de la calificación de “admitido” –
Avance a la fase económica. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL – Buena
fe – Confianza razonable – Ausencia de aceptación inequívoca de la oferta.
FORMACIÓN DEL CONTRATO – Manifestación de voluntad – Exteriorización y
comunicación de la aceptación. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO –
Régimen de derecho privado.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra
de la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. Se confirma la sentencia que negó las pretensiones. La controversia se examina
bajo el medio de control de reparación directa y las reglas de la responsabilidad
precontractual aplicables a las actuaciones sometidas al derecho privado. Aunque
la propuesta de Transturcol fue admitida y avanzó a la fase económica, las
actuaciones de TGI no exteriorizaron una aceptación inequívoca de la oferta. El
documento del 16 de diciembre de 2011 tampoco fue comunicado a la demandante
ni estuvo acompañado de actos que permitieran concluir que TGI manifestó su
voluntad definitiva de celebrar el contrato. Finalmente, el perjuicio reclamado
correspondió a la utilidad esperada de la ejecución del contrato y no al interés
negativo o de confianza protegido por la responsabilidad precontractual.

ANTECEDENTES
Demanda

3. El 10 de septiembre de 20121, Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.2

1 Folio 194 del cuaderno n.° 1.
2 En adelante Transturcol o cualquier otra denominación referida a la demandante.

1

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

radicó demanda “ordinaria” ante los jueces civiles de circuito, en contra de
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.3, la cual fue admitida el día 18
siguiente4 y notificada en su oportunidad5.

4. La accionada, por memorial del 28 de enero de 20156, solicitó declarar la nulidad
de todo lo actuado desde el auto admisorio por falta de jurisdicción, al estimar que
la controversia debía ser conocida por el juez contencioso-administrativo. Este
pedimento se resolvió de forma favorable por auto del 20 de noviembre del mismo
año7, con la orden de remitir el expediente a los jueces administrativos8.

5. El Juzgado Sexto del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga declaró su
falta de competencia el 9 de marzo de 2016, debido a la cuantía de la controversia,
y remitió la actuación al Tribunal Administrativo de Santander9. Ese colegiado
rechazó la demanda el 22 de junio de 2016, por encontrar configurada la caducidad
de la acción judicial10.

6. Al resolver la apelación contra el auto de rechazo, el Consejo de Estado 11 lo
revocó y, en su lugar, inadmitió la demanda para que la parte actora corrigiera,
adecuara y acumulara las pretensiones de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 y
acreditara el agotamiento de la conciliación prejudicial12.

Pretensiones y hechos

7. En la demanda inicial, se cuestionó la adjudicación del proceso SPLO-GIN-1667-
2011 a SST Ltda. y solicitó el reconocimiento de los perjuicios derivados de no haber
sido seleccionada. En cumplimiento de la providencia anterior, mediante el escrito
de subsanación acumuló la pretensión de nulidad absoluta del contrato celebrado
entre TGI y SST Ltda.

8. La demandante solicitó, además, condenar a TGI al pago de los perjuicios
patrimoniales ocasionados por no haberle adjudicado el contrato, particularmente
por concepto de lucro cesante, correspondiente a la utilidad que esperaba obtener
con su ejecución, estimada en $2.450.000.000.

9. TGI solicitó públicamente ofertas para el arrendamiento de vehículos de servicio
particular, por medio de la invitación n.° SPLO-GIN-1667-2011, previéndose que el
análisis económico de las propuestas sólo se realizaría después de que fueran
declaradas admisibles, debiéndose escoger como ganadora a la que presentara el
menor valor ofertado.

10. Su oferta fue considerada como admisible, según la comunicación n.° 00009919
del 12 de diciembre de 2011, porque allí se le solicitó mejorar sus condiciones
económicas. A pesar de esto, el contrato no le fue adjudicado.

3 En adelante TGI o cualquier otra denominación referida a la demandada.
4 Folio 195 del cuaderno n.° 1.
5 Folio 200 del cuaderno n.° 1.
6 Folios 246 a 249 del cuaderno n.° 1.
7 Folios 275 a 285 del cuaderno n.° 1.
8 Folio 291 del cuaderno n.° 1.
9 Folio 293 del cuaderno n.° 1.
10 Folios 298 a 300 del cuaderno n.° 1.
11 C.P. Hernán Andrade Rincón.
12 Folios 323 a 329 del cuaderno n.° 1.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

11. La parte demandante afirmó que el proceso de selección estuvo afectado por
varias irregularidades: i) señaló que el 16 de diciembre de 2011 se elaboró un
documento en el que se proponía adjudicar el contrato a Transturcol Ltda., el cual
contaba con las constancias de elaboración, revisión y aprobación
correspondientes, decisión que finalmente no fue materializada; ii) indicó que cuatro
(4) días después la entidad adjudicó el contrato a Servicios Suministros y Transporte
Ltda.; iii) sostuvo que la explicación brindada por TGI, -en el sentido de que la
solicitud de mejoramiento de la oferta no suponía su admisión dentro del proceso
de selección-, desconocía las reglas previstas en el pliego de condiciones. En
efecto, la evaluación se estructuraba en etapas sucesivas y excluyentes, de manera
que solo las propuestas que hubieran superado la verificación de los requisitos
jurídicos, financieros y técnicos podían acceder a la fase de evaluación económica.
Por tanto, la solicitud de mejoramiento de la oferta constituía un indicio inequívoco
de que esta había sido previamente habilitada.

12. La demanda se fundamentó en los artículos 5° de la ley 1150 de 2007 y 28 de
la ley 80 de 1993, por vulneración de los principios generales de la contratación
pública y del reglamento de contratación de la contratante.

Concepto de la violación

13. La parte demandante sostuvo que el acto de adjudicación del proceso de
Solicitud Pública de Ofertas No. SPLO-GIN-1667-2011 vulneró los principios de
selección objetiva y buena fe, así como las reglas previstas en el pliego de
condiciones.

14. Afirmó que la entidad demandada desconoció los criterios de evaluación
establecidos en el pliego, según los cuales únicamente podían ser objeto de análisis
económico las ofertas que hubieran sido declaradas admisibles en los aspectos
jurídico, financiero y técnico, y debía resultar seleccionada la propuesta con el
menor valor evaluado. Señaló que su oferta superó todas las etapas de habilitación,
presentó el menor precio y, aun así, el contrato fue adjudicado a otro proponente
cuya oferta era económicamente superior.

15. Alegó la vulneración del principio de buena fe, al considerar que la actuación de
la entidad fue contradictoria durante el proceso de selección. Indicó que existía un
documento interno que evidenciaba la decisión de asignarle el contrato y que
posteriormente la entidad adjudicó el negocio a otro oferente. Asimismo, sostuvo
que la explicación ofrecida por TGI, según la cual la solicitud de mejora de la oferta
no significaba que esta hubiera sido considerada admisible, contrariaba las reglas
previstas en el pliego de condiciones.

Contestación de la demanda

16. El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda con proveído del 9
de octubre de 201713, ordenando notificar a la parte accionada, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

17. TGI ejerció su derecho de defensa14, momento en el que precisó: (i) la

13 Folio 357 del cuaderno n.° 2.
14 Folios 421 a 437 del cuaderno n.° 2.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

demandante no cumplió con los requisitos técnicos de admisibilidad de su oferta,
por existir múltiples inconsistencias en su información financiera; y (ii) el documento
del 16 de diciembre de 2011 no fue suscrito por el representante legal de la sociedad
y cuestionó que la demandante lo conociera a pesar de ser un archivo interno.

18. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de fondo que tituló
“inexistencia de violación de las reglas establecidas en los pliegos de condiciones,
en cuanto a la evaluación de las ofertas y selección del contratista”, “violación del
principio de moralidad y buena fe por parte de la demandante en la actuación
procesal” y la “genérica o innominada”.

Sentencia de primera instancia

19. En fallo del 16 de septiembre de 202115, el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones de la demanda al considerar que ninguno de los cargos de
nulidad formulados por la parte actora logró demostrarse y condenó en costas de
primera instancia a la demandante.

20. El Tribunal concluyó que el documento aportado por la demandante no
constituía un acto administrativo de adjudicación, pues carecía de la firma del
representante legal o presidente de TGI, requisito indispensable para su existencia.
Por ello, le restó valor probatorio y descartó que hubiera existido una adjudicación
previa a favor de Transturcol.

21. Encontró acreditado que dicha empresa no cumplió las exigencias financieras
previstas en la solicitud pública de ofertas SPLO-GIN-1667-2011. En particular,
observó que presentó un dictamen de revisor fiscal sobre los estados financieros de
2009 y 2010 suscrito el 31 de marzo de 2011 por una persona que para esa fecha
no ostentaba dicha calidad en la sociedad.

22. Consideró irrelevante que la demandante hubiera presentado un menor precio,
pues dicho criterio solo podía analizarse respecto de las ofertas que previamente
hubieran cumplido los requisitos habilitantes, incluido el financiero. Como no superó
esta etapa, no tenía derecho a resultar adjudicataria.

23. Señaló que, al no asistirle a la demandante el derecho a ser adjudicataria del
proceso, tampoco tenía vocación de prosperar la pretensión de nulidad del contrato
celebrado entre TGI y SST Ltda., dada la relación directa entre el acto de
adjudicación y el contrato posterior.

Recurso de apelación

24. La parte demandante cuestionó la sentencia de primera instancia por considerar
que desconoció la doctrina de los actos propios. Sostuvo que TGI, mediante la
comunicación n.° 0009919 de 12 de diciembre de 2011, le informó que había
superado el proceso de evaluación y, por esa razón, la invitó a mejorar su oferta
económica, de modo que no podía posteriormente declarar inadmisible su
propuesta con fundamento en aspectos que ya habían sido objeto de verificación.

15 Folios 587 a 591 del cuaderno “recurso de apelación”.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

25. Asimismo, reprochó que el Tribunal hubiera restado valor probatorio al oficio con
radicación interna n.° 010060 de 16 de diciembre de 2011, por cuanto, en su criterio,
dicho escrito acreditaba la adjudicación del contrato a favor de Transturcol. Señaló
que el documento fue elaborado por funcionarios de la entidad, contaba con las
constancias de revisión y aprobación correspondientes, permitía identificar
plenamente a su autor y no fue tachado de falso ni desconocido por la demandada.

26. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la posterior adjudicación a favor de
Servicios Suministros Transporte Ltda. comportó la revocatoria de una decisión
previa de adjudicación, en contravía del carácter obligatorio e irrevocable que, por
regla general, reviste dicho acto. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia
apelada y acceder a las pretensiones de la demanda.

Trámite en segunda instancia

27. Mediante auto del 2 de marzo de 2022, el Despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la demandante. En esta instancia ninguno de los otros
intervinientes se pronunció.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Naturaleza jurídica de los actos demandados y el medio de control procedente

28. La Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación unificó su jurisprudencia
en sentencia del 3 de septiembre de 2020, y señaló que, salvo habilitación legal
expresa, las decisiones precontractuales de entidades cuya actividad contractual
está sometida al derecho privado no tienen naturaleza de actos administrativos. La
atribución de esa naturaleza exige una habilitación legal para ejercer potestades
públicas que no puede derivarse exclusivamente del carácter estatal de quien emite
la manifestación, a saber:

“De las razones que sirven de sustento para la decisión que se adoptará en
esta sentencia, de conformidad con la solución del caso que precede, se
extraen los siguientes puntos de unificación:

• Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe
conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios
públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy
104 del CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se
desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la
jurisdicción ordinaria.
• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los
actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios
no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial,
así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función
administrativa.
• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las
controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios

5

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no
correspondan a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la
acción (medio de control en el CPACA) de reparación directa.
• Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el
juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las
demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia,
resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción
(medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico
aplicable a este tipo de actos”16.

29. En el presente asunto, la regla de unificación resulta directamente aplicable,
pues TGI S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuya
actividad contractual se encuentra sometida, por regla general, al derecho privado.
No se advierte una disposición legal que atribuyera naturaleza administrativa a las
actuaciones adelantadas por TGI dentro de la solicitud pública de ofertas SPLO-
GIN-1667-2011.

30. Por tanto, las actuaciones de TGI durante el procedimiento de selección no
constituyen actos administrativos susceptibles de control mediante pretensiones de
nulidad, sino actuaciones precontractuales sometidas al derecho privado.

31. Atendiendo a lo expuesto, la controversia no debe examinarse bajo el medio de
control de controversias contractuales en lo relativo a la pretensión indemnizatoria
derivada de las actuaciones precontractuales de TGI. En aplicación de los criterios
fijados en la sentencia de unificación, las controversias originadas en actuaciones
precontractuales no administrativas de los prestadores de servicios públicos
domiciliarios, cuando sean de conocimiento de esta jurisdicción, deben tramitarse
mediante el medio de control de reparación directa. Corresponde, entonces,
establecer si durante la formación del negocio TGI desconoció los deberes jurídicos
que disciplinaban las tratativas precontractuales y si de ello se derivó un daño
indemnizable.

32. La circunstancia de que la controversia hubiera sido encauzada durante el
proceso bajo un medio de control diferente no impide resolverla de fondo. La
sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 precisó que, respecto de las
demandas presentadas antes de su notificación, el juez debe resolver la
controversia conforme al régimen jurídico aplicable, aunque no se hubiera empleado
el medio de control correspondiente.

33. En consecuencia, la pretensión indemnizatoria será examinada bajo las reglas
de la reparación directa y de la responsabilidad precontractual entre otros aspectos
con el ánimo de garantizar que las decisiones sean resueltas de fondo y evitando
fallos inhibitorios.

34. La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia, pues no se advierte causal de nulidad que
invalide lo actuado. Asimismo, se encuentran satisfechos los presupuestos

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alberto Montaña Plata,

Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Rad. 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003).

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

procesales relacionados con la jurisdicción17, competencia18, y legitimación en la
causa por activa y por pasiva19. Además, se agotó la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad20.

Oportunidad de la demanda

35. La oportunidad de las pretensiones acumuladas debe examinarse de forma
independiente, de acuerdo con su naturaleza. En este caso, la parte actora formuló
una pretensión indemnizatoria por la actuación precontractual de TGI y, al subsanar
la demanda, incorporó la pretensión de nulidad absoluta del contrato n.° 750347
celebrado entre TGI y SST Ltda. Por tanto, corresponde verificar separadamente la
caducidad de cada una.

36. Respecto de la pretensión indemnizatoria, resulta aplicable la regla de
caducidad de la reparación directa. Según el literal i) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, el término es de dos años, contados desde el día siguiente a la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde cuando el interesado
tuvo o debió tener conocimiento de este, si ello ocurrió posteriormente.

37. El oficio mediante el cual TGI informó a Transturcol que el proceso había sido
adjudicado a SST Ltda. está fechado el 22 de diciembre de 2011. La demanda se
presentó el 10 de septiembre de 2012, según consta en el folio 194 del cuaderno
n.° 1. Aun si el término se contabilizara desde la fecha del oficio, para la
presentación de la demanda no habían transcurrido los dos años previstos en el
literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Por tanto, la pretensión
indemnizatoria se ejerció oportunamente.

38. En cuanto a la nulidad absoluta del contrato, el literal j) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA establece un término de dos años, contado desde el día siguiente
a su perfeccionamiento. El contrato n.° 750347 entre TGI y SST Ltda. se celebró el
26 de diciembre de 2011.

39. La demanda que dio origen a este proceso se presentó el 10 de septiembre de
2012. Aunque en ella no se formuló expresamente la nulidad absoluta del contrato,
esta Corporación, mediante auto del 18 de abril de 2017, revocó la decisión que

17 De conformidad con el parágrafo del artículo 104 del CPACA, se entiende por entidad pública aquella en la

que el Estado tenga una participación igual o superior al 50 % de su capital. En el expediente obra certificado
de existencia y representación legal de TGI S.A. E.S.P., en el que consta que la Empresa de Energía de Bogotá
S.A. E.S.P. adquirió 73.435.860 acciones de aquella sociedad, equivalentes al 97,91448 % de las acciones en
circulación. Asimismo, obra certificación del revisor fiscal de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.,
según la cual, al 31 de marzo de 2013, Bogotá Distrito Capital era titular del 76,28 % de sus acciones. En
consecuencia, se encuentra acreditada una participación estatal superior al 50 % en TGI, por lo que tiene la
condición de entidad pública para efectos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Folio 271 cuaderno 3.
18 El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en los términos del artículo 150

del CPACA, por cuanto la sentencia fue proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander y la estimación razonada de la cuantía efectuada en la demanda ascendió a $2.450.000.000 por
concepto de lucro cesante, monto que determinó la competencia del Tribunal en primera instancia.
19 La legitimación en la causa se encuentra acreditada, por activa, respecto de Transturcol, en su condición de

participante en el proceso de selección y titular del interés cuya afectación alega; y, por pasiva, respecto de TGI,
como entidad que adelantó dicho procedimiento y a cuya actuación precontractual se atribuye el daño
reclamado.
20 La solicitud de conciliación extrajudicial se efectuó el 9 de mayo de 2017 (folios 335 a 341 del cuaderno n.°

3), en cumplimiento del auto del 18 de abril del mismo año de la Subsección A, Sala Tercera, Sala de lo
Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, por la cual se inadmitió la demanda (folios 323 a 329
ibidem). La audiencia se agotó el 29 de junio (folios 348 y 349 del cuaderno n.° 4).

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

había rechazado la demanda por caducidad y la inadmitió para que la parte actora
corrigiera, adecuara y acumulara las pretensiones. En cumplimiento de esa
providencia, Transturcol incorporó la pretensión de nulidad absoluta del contrato
celebrado entre TGI y SST Ltda. La providencia del 18 de abril de 2017 concluyó
que la demanda había sido promovida oportunamente.

40. En estas condiciones, la Sala mantiene la conclusión sobre la oportunidad de la
pretensión de nulidad absoluta, pero precisa que su examen corresponde a la regla
específica del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y no al término
aplicable a la pretensión indemnizatoria.

41. En consecuencia, no operó la caducidad de las pretensiones acumuladas. La
pretensión indemnizatoria se ejerció dentro del término correspondiente a la
reparación directa y la oportunidad de la nulidad absoluta se determina conforme a
la regla específica prevista para esta pretensión.

Alcance de la apelación

42. La impugnación se contrae a dos reproches concretos: (i) el Tribunal desconoció
la teoría de los actos propios al no reconocer que la comunicación n.° 0009919 del
12 de diciembre de 2011 generó una expectativa sobre la habilitación de la oferta
de Transturcol; y (ii) negó valor jurídico al documento del 16 de diciembre de 2011,
pese a que, según la apelante, acreditaba la adjudicación del contrato a su favor21.

Problemas jurídicos

43. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal erró al negar las pretensiones
de la demanda al concluir que las actuaciones adelantadas por TGI durante el
procedimiento de selección no generaron una confianza jurídicamente protegible en
favor de Transturcol ni acreditaron una manifestación de voluntad de celebrar el
contrato.

Tesis

44. Aunque Transturcol fue calificada como “admitido” y su propuesta avanzó a la
fase económica, estas circunstancias no generaron una confianza razonable y
jurídicamente protegible en la celebración del contrato. La solicitud pública de
ofertas no constituía una oferta contractual y TGI conservó la facultad de seleccionar
una propuesta o abstenerse de contratar. Además, la comunicación del 12 de
diciembre de 2011 indicó expresamente que la solicitud de mejorar las condiciones
económicas no implicaba aceptación de la oferta.

45. El documento del 16 de diciembre de 2011, aunque auténtico y atribuible a TGI,
no acreditó una aceptación exteriorizada de la oferta. No se demostró que hubiera
sido comunicado a Transturcol ni que TGI hubiera desplegado actos inequívocos de
ejecución que manifestaran su voluntad definitiva de celebrar el contrato. Por ello,
no produjo efectos vinculantes frente a la demandante.

46. En consecuencia, no se acreditó que TGI hubiera desconocido los deberes de

21 Fl 16 Cuaderno n°. 3.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

buena fe durante la etapa precontractual. Tampoco se demostró un daño
indemnizable en los términos reclamados, pues Transturcol solicitó la utilidad que
esperaba obtener con la ejecución del contrato, correspondiente al interés positivo
o de cumplimiento y no al interés negativo o de confianza protegido por la
responsabilidad precontractual.

Marco normativo aplicable al trámite de contratación

47. TGI tiene por objeto, entre otras actividades, la operación y explotación
comercial de sistemas de transporte de gas natural. Para la época relevante, se
encontraba bajo situación de control de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.
E.S.P., titular del 97,91448 % de sus acciones22.

48. El transporte de gas constituye una actividad complementaria del servicio
público domiciliario de gas combustible, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 142
de 1994. TGI tiene la condición de empresa de servicios públicos mixta, en los
términos del numeral 14.6 de esa disposición, dada la participación pública superior
al 50 % de su capital.

49. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos de
las empresas de servicios públicos se rigen, por regla general, por el derecho
privado, con independencia del porcentaje de participación pública en su capital23.

50. Así las cosas, el proceso de contratación identificado con el n.° SPLO-GIN-1667-
2011, adelantado por TGI, estuvo gobernado por las prescripciones civiles y
mercantiles, constituyéndose en el marco normativo fundamental para resolver el
presente litigio.

51. En este marco, las actuaciones desarrolladas durante la etapa precontractual
deben examinarse conforme al deber de buena fe previsto en los artículos 1603 del
Código Civil24 y 863 del Código de Comercio25. Este último impone a las partes el
deber de proceder de buena fe exenta de culpa durante el período precontractual y
de indemnizar los perjuicios causados por su desconocimiento26.

52. Por esta razón se descarta que, al presente caso, sean aplicables las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
sobre actos administrativos en el proceso de contratación, por no corresponder al
marco prescriptivo del proceso de contratación y al contrato celebrado.

53. Este es el criterio acogido por la Sala en sentencia de unificación, que se
transcribe por su importancia:

“Los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, vigentes al momento de los
hechos y en la actualidad, establecieron, por regla general, un régimen de
derecho privado para los “contratos” y para los “actos” de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios. Con base en dichas normas, es el

22 certificado de Cámara de Comercio a folios 12 del cuaderno n°. 3.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22

de noviembre de 2021, exp. 51.962, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
24 “Los contratos deben ejecutarse de buena fe…”.
25 “Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de

indemnizar los perjuicios que se causen”.
26 “Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa…”

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

entendimiento de esta Sala que, salvo los puntuales casos previstos en la
Ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos, los actos
jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de
servicios públicos domiciliarios no pueden estimarse como tales.

Así, la Corporación concluyó que la expedición y el contenido de tales actos
precontractuales estaban gobernados por las disposiciones del Código de
Comercio y del Código Civil”27.

54. De conformidad con este régimen, la pretensión indemnizatoria de la
demandante debe examinarse a partir del daño que atribuye a las actuaciones
desplegadas por TGI durante la etapa precontractual, sin que resulte procedente
efectuar un control de legalidad sobre la decisión de adjudicación como si se tratara
de un acto administrativo. Lo anterior, sin perjuicio del examen separado de la
pretensión de nulidad absoluta del contrato celebrado entre TGI y SST Ltda.,
conforme al régimen de derecho privado aplicable.

Solución del cargo sobre la teoría de los actos propios

55. Según la “solicitud pública de ofertas SPLO-GIN-1667-2011”, TGI invitó a los
interesados a presentar ofertas comerciales para la contratación del arrendamiento
de vehículos de servicio particular, con la advertencia de que su solicitud “no
[constituye] oferta comercial”, ni la obliga “a celebrar el contrato con quienes la
presenten”28 (numeral 3 de la Sección I).

56. Para intervenir en este proceso, los oferentes debían presentar una oferta
técnica y otra económica (numeral 12 de la Sección II), las cuales serían evaluadas
según la metodología señalada en la invitación a ofertar (numeral 36 de la Sección
I), compuesta de dos (2) etapas: “1. Análisis jurídico, financiero y técnico y 2. Análisis
económico de las ofertas recibidas, para verificar el cumplimiento de los requisitos
indicados en el documento de solicitud de ofertas”29 (numeral 1 de la Sección III).

57. Durante la evaluación, TGI se reservó la potestad de solicitar aclaraciones o
precisiones, e incluso pedir documentos adicionales, las cuales serían aceptadas
siempre que no implicaran modificaciones o adicionales a la oferta inicial (numeral
16 de la Sección I).

58. La revisión consistía en efectuar el análisis jurídico de la oferta y, en caso de no
cumplir los requisitos mínimos, no podría avanzarse en el proceso 30 (numeral 4.1.
de la Sección III). El análisis financiero tenía por finalidad determinar si el oferente
contaba con la capacidad de cumplir el contrato de forma satisfactoria, considerando
los indicadores de capital de trabajo, razón de liquidez y nivel de endeudamiento31
(numeral 4.2. de la Sección III). La experiencia específica se calificaba en el análisis
técnico, con una nota de 0 a 1000 puntos (numeral 5 de la Sección III).

59. Sólo las ofertas declaradas admisibles jurídica, financiera y técnicamente serían

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de septiembre

de 2020, exp. 42.003, C.P. Alberto Montaña Plata.
28 Folio 4 del cuaderno anexos.
29 Folio 14 del cuaderno anexos.
30 Folio 14 del cuaderno anexos.
31 Folio 15 del cuaderno anexos.

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Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

objeto de análisis económico, con el propósito de determinar el valor propuesto para
el contrato a celebrar. Se declararía como elegible a la oferta que presentara el
menor valor total, sumando los “tres formularios de cantidades y precios”32 (numeral
6 de la Sección III).

60. En todo caso, según el documento de solicitud de propuestas, la oferente se
reservó el derecho de aceptar total o parcialmente las ofertas, o no aceptar ninguna,
en cualquier etapa del análisis de las ofertas y de selección del contratista33.

61. En desarrollo de este proceso participaron nueve (9) oferentes, dentro de ellos
Transturcol34. Su propuesta fue declarada admisible en la evaluación jurídica35. La
primera evaluación financiera, efectuada el 24 de noviembre de 2011, indicó que se
encontraba “pendiente” su estimación, con la anotación de que se solicitaron
documentos complementarios por detectarse inconsistencias en los estados
financieros: notas a los estados financieros, certificación del revisor fiscal sobre la
cuenta del disponible y deudores al 31 de diciembre de 2010, dictamen del revisor
al mismo corte, declaración de renta para ese año, y estados financieros
comparativos años 2010-201136.

62. La metodología prevista por TGI establecía etapas sucesivas: primero se
verificaban los aspectos jurídicos, financieros y técnicos y únicamente las
propuestas declaradas admisibles en esos componentes podían avanzar al análisis
económico.

63. Esta solicitud documental se realizó el 28 de noviembre de 2011 37 y la
interesada allegó los documentos indicados38. En la segunda evaluación financiera,
efectuada el 2 de diciembre siguiente, Transturcol fue calificada como “admitido”.
No obstante, la evaluación dejó consignadas varias observaciones respecto de la
información financiera presentada por la sociedad, las cuales se transcriben en la
nota al pie correspondiente39.

64. Por comunicación 0009919 del 12 de diciembre de 2011, TGI solicitó a

32 Folio 16 del cuaderno anexos.
33 Folio 10 del cuaderno anexos.
34 Folio 35 del cuaderno anexos.
35 Folio 147 del cuaderno anexos.
36 Folio 148 del cuaderno anexos.
37 Folio 159 del cuaderno anexos.
38 Folios 188 a 194 del cuaderno anexos.
39 Folio 279 del cuaderno anexos. “Todos los proponentes resultaron admisibles financieramente. Sin embargo,

se ponen a consideración del Comité de Contratación y Compras las siguientes observaciones relacionadas
con los Estados y documentos financieros del proponente Transturcol:
• El porcentaje de caja en pesos que muestra el oferente con respecto al total de ventas mensuales es del 49%,
lo que representa un valor muy elevado con respecto de los demás oferentes, cuyo porcentaje promedio no
supera el 2%. Si se analiza el porcentaje de caja respecto al capital social de la empresa, este es de 154%,
comparado con un promedio no superior al 6% de los demás oferentes.
• Transturcol refleja en la cuenta de deudores de sus estados financieros un saldo contra TGI de $286.247.917,
no obstante, según los estados financieros de TGI, este saldo es de $200.111.070, lo cual disminuye su liquidez
y capacidad financiera en el corto plazo.
• Transturcol presenta entre los detalles de las cuentas por cobrar un valor de $254.317.798 a nombre de
Francisco Rivera, representante legal y socio de la empresa, valor bastante representativo y elevado, si se
compara con las utilidades de la empresa en el año 2010, cuyo monto ascendió a $156.920.456, donde el
porcentaje de participación de este socio es del 30%. Este valor también resulta bastante alto comparado con
el capital de la empresa cuyo monto a 31 de diciembre de 2010 es de $100.000.000.
• Basados en los niveles de ventas y/o activos de Transturcol a diciembre de 2009 (los cuales TGI tiene en sus
archivos), Transturcol estaba obligado a tener un revisor fiscal para efectos contables y tributarios.
• El Revisor Fiscal Jhon Richard Cifuentes Londoño con Tarjeta Profesional No. 83231-T, de acuerdo al
certificado de la Cámara de Comercio fue elegido el 21 de noviembre de 2011, según acta No. 11 de Junta de
Socios. Sin embargo aparece firmando en marzo 31 de 2011 el dictamen de auditoría de los Estados Financieros
y los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2010”.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

Transturcol “mejorar las condiciones económicas de la oferta presentada por
ustedes”, en tanto ya había concluido “la evaluación jurídica, financiera, técnica y
económica de las ofertas recibidas”, pero con la advertencia de que este pedimento
“no implica en ningún caso la vinculación o aceptación de la oferta por ustedes
presentada”40.

65. Finalmente, por oficio del 22 de diciembre de 2011, TGI informó a Transturcol
sobre la adjudicación del contrato de arrendamiento a Servicios Suministros y
Transportes Ltda41.

66. La estructura del procedimiento fue precisa al disponer que la valoración de las
propuestas debía surtirse en dos etapas sucesivas: en la primera se verificaban los
aspectos jurídicos, financieros y técnicos; únicamente las ofertas que superaran
satisfactoriamente esta fase podían ser examinadas en sus condiciones
económicas. Según las reglas del procedimiento, la accionada no tenía la obligación
de comunicar los resultados de las verificaciones realizadas en cada fase, salvo la
aceptación de la propuesta ganadora.

67. La evaluación financiera del 2 de diciembre de 2011 calificó expresamente a
Transturcol como “admitido”, aunque dejó consignadas observaciones sobre la
información financiera presentada. A su vez, conforme a la metodología sucesiva
prevista en la solicitud pública, solo las propuestas admisibles en los componentes
jurídico, financiero y técnico podían avanzar al análisis económico.

68. Posteriormente, TGI informó que había concluido la evaluación jurídica,
financiera, técnica y económica y solicitó a Transturcol mejorar las condiciones
económicas de su propuesta. Consideradas conjuntamente, estas circunstancias
permiten concluir que la propuesta de la demandante avanzó a la fase económica.

69. Sin embargo, el avance a esa fase no equivalía a la aceptación de la oferta ni
otorgaba a Transturcol el derecho a celebrar el contrato. La comunicación del 12 de
diciembre advirtió expresamente que la solicitud de mejoramiento económico “no
implica en ningún caso la vinculación o aceptación de la oferta por ustedes
presentada”.

70. Esta conclusión es consistente con la naturaleza de la convocatoria. TGI no
formuló una oferta contractual, sino una invitación para que los interesados
presentaran sus ofertas, cuya evaluación y eventual aceptación permanecían en
cabeza de la convocante. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha distinguido
estos supuestos de aquellos regulados por el artículo 860 del Código de Comercio
y ha precisado que, cuando la invitación no contiene una oferta contractual y la
convocante conserva la facultad de evaluar y seleccionar posteriormente una
propuesta, la participación en el procedimiento no determina, por sí sola, la
formación del vínculo contractual.

71. Las observaciones que acompañaron la evaluación financiera también son
relevantes para determinar el alcance de la confianza alegada. Aunque la
calificación de “admitido” permitió a Transturcol avanzar a la fase económica, no se

40 Folio 16 del cuaderno n.° 1.
41 Folio 419 del cuaderno de anexos.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

acreditó que las reservas consignadas en esa evaluación hubieran sido
posteriormente superadas de manera expresa y definitiva.

72. Esta distinción resulta relevante porque no toda invitación a participar en un
procedimiento de selección constituye una oferta en los términos de los artículos
845 y 860 del Código de Comercio. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha
precisado que, cuando la convocante invita a los interesados a formular sus ofertas
y conserva la facultad de evaluarlas y seleccionar posteriormente al contratista, la
presentación de una propuesta no determina, por sí sola, la formación del vínculo
contractual. No obstante, las reglas fijadas por la convocante constituyen el marco
a partir del cual debe examinarse si su conducta durante la etapa precontractual
respetó el deber de buena fe42.

73. La teoría de los actos propios, como expresión del deber de buena fe, exige una
conducta previa clara e inequívoca con aptitud para generar en la contraparte una
confianza fundada acerca del comportamiento posterior. En este caso, ni la
calificación de “admitido” ni la solicitud de mejoramiento económico tuvieron ese
alcance, pues demostraron el avance de la propuesta dentro del procedimiento,
pero no una decisión definitiva de TGI de aceptar la oferta43.

74. En consecuencia, el cargo no prospera. Transturcol fue admitida y su propuesta
avanzó a la fase económica, pero ninguna de esas circunstancias constituyó una
aceptación de su oferta ni generó una confianza jurídicamente protegible en que
TGI celebraría el contrato con ella.

Solución del cargo relacionado con el documento del 16 de diciembre de 2011

75. Dado que el reproche formulado se centra en el contenido y alcance del
documento n.° 010060 del 16 de diciembre de 2011, resulta pertinente transcribir
los apartes relevantes de dicha comunicación, a fin de facilitar su análisis.44

“Señores
Transporte Turístico Colegial y Empresarial Limitada Transturcol Ltda…

Referencia:… Adjudicación…

Como resultado de la evaluación jurídica, financiera, técnica, y económica de
las ofertas recibidas en el proceso de Solicitud Pública de Ofertas SPLO-GIN-
1667-2011, la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, decidió
adjudicar el contrato a la firma Transporte Turístico Colegial y Empresarial
Limitada Transturcol Ltda, por valor de ocho mil seiscientos cuarenta y dos
millones trescientos cuarenta y nueve mil sesenta y siete pesos
($8.642.349.067.oo) IVA incluido y con un plazo de ejecución de cuarenta y
ocho (48) meses contados a partir de la orden de inicio…

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11

de octubre de 2024, rad. 76001-23-33-004-2016-00183-01 (71.375), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, párrs.
62-64; Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, rad. 05001-23-31-000-1996-00657-01 (31.628), C.P.
Guillermo Sánchez Luque.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22

de noviembre de 2021, exp. 51.962, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
44 Folio 34 del cuaderno n.° 1.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

En virtud de lo anterior y para los fines pertinentes solicitamos se ponga en
contacto con la Secretaría General de la Empresa a efectos de suscribir el
contrato…

76. Del tenor literal del documento se desprende que fue redactado como una
comunicación de adjudicación dirigida a Transturcol, indicando el precio y el plazo
de ejecución del negocio proyectado.

77. También se descubre que este escrito fue elaborado por la demandada, como
se infiere de estas constataciones: (i) el membrete y pies de página empleados son
los que usualmente utiliza TGI en sus comunicaciones45; (ii) las personas que dan
su visto bueno, en calidad de elaborador, revisor y aprobador, para lo cual estampan
su firma autógrafa, estaban vinculadas con esta sociedad, por aparecer su nombre
en otras comunicaciones de la misma sociedad46; y (iii) en la contestación de la
demanda no se desconoció el documento, sino que por el contrario asintió en que
“el mismo hace parte de los archivos internos de la empresa”47.

78. En consecuencia, su autenticidad resulta incuestionable, tal como lo destacó la
apelante en su escrito, al existir certeza “sobre la (…) persona a quien se le
atribuya”, conforme lo prevé el artículo 244 del Código General del Proceso.

79. La autenticidad y procedencia del documento no determinan, por sí solas, que
TGI hubiera aceptado la oferta de Transturcol. Para atribuirle ese efecto debía
acreditarse una manifestación inequívoca de voluntad de obligarse y su
exteriorización frente a la proponente, con independencia de la ubicación o ausencia
de una firma en el documento.

80. De acuerdo con el artículo 824 del Código de Comercio 48, la voluntad de
contratar puede manifestarse verbalmente, por escrito o mediante cualquier modo
inequívoco. Por tanto, lo relevante no es la forma utilizada, sino que existan
elementos ciertos que permitan establecer la voluntad de obligarse.

81. Aun si se admitiera que el representante legal de TGI aprobó o suscribió
internamente el documento del 16 de diciembre de 2011, esa circunstancia no basta

45 Cfr. Folios 16, 19, 20, 23, 33, 35, 39, 201 y 229 del cuaderno n.° 1, 158 a 166, 197 a 206, 241 a 249, 280 a

288, 320 a 328, 385 a 399, 410 y 420 del cuaderno anexos.
46 Cfr. Folios 16, 19, 20, 23, 33, 35, del cuaderno n.° 1, 158 a 166, 197 a 206, 241 a 249, 280 a 288, 320 a 328,

410 y 420 del cuaderno anexos.
47 Folio 428 del cuaderno n.° 2.
48 Artículo 824 del Código de Comercio: “Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse

verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada
solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad”.

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Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

para tener por aceptada la oferta. Para atribuirle ese efecto debía acreditarse que
la voluntad de obligarse fue exteriorizada frente a Transturcol mediante la
comunicación de la aceptación o a través de actos inequívocos que permitieran
establecerla.

82. Tampoco se acreditaron actos posteriores que exteriorizaran una decisión de
TGI de celebrar el contrato con Transturcol. No se probó que la hubiera contactado
para suscribirlo, que hubiera adelantado actuaciones dirigidas a su
perfeccionamiento o ejecución, ni que hubiera requerido la entrega de los vehículos
objeto de la contratación.

83. Tampoco existe constancia de que el documento n.° 010060 hubiera sido
comunicado a Transturcol. Los demás oficios remitidos por TGI a los oferentes
contienen la anotación “entregado por gestión documental”, con la respectiva
fecha49, o se encuentran adjuntos a un mensaje de datos50. En cambio, en la copia
del documento del 16 de diciembre de 2011 no aparece ninguna constancia de
entrega, remisión o comunicación a la demandante.

84. La autenticidad del documento no modifica esta conclusión. Una cosa es que
exista certeza acerca de su procedencia y otra que su contenido hubiera sido
exteriorizado como manifestación definitiva de la voluntad contractual de TGI. Como
esto último no se acreditó, el documento no produjo frente a Transturcol los efectos
vinculantes que la apelante le atribuye.

85. Por estas razones, no prospera el argumento según el cual TGI revocó una
aceptación previa de la oferta de Transturcol. Como no se acreditó que la voluntad
de aceptar esa oferta hubiera sido exteriorizada frente a la demandante, no puede
concluirse que existiera una aceptación vinculante susceptible de ser
posteriormente desconocida.

El daño reclamado

86. La responsabilidad precontractual derivada de negociaciones sometidas al
derecho privado protege, por regla general, el interés negativo o de confianza. Su
reparación puede comprender el daño emergente y el lucro cesante derivados de la
confianza razonablemente depositada en la celebración del negocio, siempre que
sean ciertos y guarden relación causal con una conducta contraria a la buena fe.
Sin embargo, no comprende el interés positivo o de cumplimiento, esto es, la utilidad
que el interesado esperaba obtener con la ejecución del contrato que finalmente no
se celebró51.

87. En este caso, Transturcol solicitó $2.450.000.000 por concepto de lucro cesante,
suma que identificó con la utilidad que esperaba obtener de la ejecución del
contrato. Este perjuicio no corresponde al interés negativo o de confianza, sino al
interés positivo o de cumplimiento, pues pretende colocar a la demandante en la
situación patrimonial en la que habría estado si el contrato se hubiera celebrado y

49 Folios 158 a 162 del cuaderno anexos.
50 Folios 167 a 172 del cuaderno anexos.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1.º
de septiembre de 2025, rad. 05001-23-33-000-2017-00315-01 (71.699), C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
párrs. 65 a 68.

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Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
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ejecutado.

88. Además, como se explicó, no se acreditó una conducta de TGI contraria a la
buena fe que hubiera generado una confianza jurídicamente protegible en la
celebración del contrato. Por tanto, tampoco se demostró la relación causal entre
una conducta precontractual desleal atribuible a TGI y un perjuicio indemnizable.

89. El perjuicio reclamado corresponde, entonces, al interés positivo o de
cumplimiento y no al interés negativo o de confianza protegido por la
responsabilidad precontractual. Por ello, la utilidad esperada de la ejecución del
contrato no constituye un daño indemnizable bajo el régimen jurídico aplicable a
esta controversia.

Pretensión de nulidad absoluta del contrato

90. La parte demandante solicitó la nulidad absoluta del contrato celebrado entre
TGI y SST Ltda. como consecuencia de las irregularidades que atribuyó al proceso
de selección. Sin embargo, dado que el negocio jurídico se encuentra sometido al
derecho privado, su nulidad absoluta debe examinarse conforme a las causales
previstas en ese régimen.

91. En este caso, Transturcol hizo depender la nulidad del contrato de la supuesta
invalidez de la adjudicación y del desconocimiento de las reglas de la solicitud
pública de ofertas. No identificó una causal autónoma de nulidad absoluta del
negocio celebrado entre TGI y SST Ltda. conforme al régimen de derecho privado,
ni explicó de qué manera las circunstancias alegadas configuraban una de esas
causales.

92. Además, del análisis efectuado no se acreditó que las circunstancias alegadas
por Transturcol configuraran una causal de nulidad absoluta del contrato celebrado
entre TGI y SST Ltda. conforme al régimen de derecho privado. En consecuencia,
esta pretensión tampoco está llamada a prosperar.

Costas en segunda instancia

93. El artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso señala que se
condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación” y el numeral 8 de ese mismo artículo la condiciona a “cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

94. Como no existe evidencia en el expediente de que la opositora haya realizado
gastos en esta instancia, y dado que no presentó alegatos de conclusión ni participó
activamente en el proceso, no se reconocerán costas ni agencias en derecho a su
favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00566-02 (67.793)
Demandante: Transporte Turístico Colegial y Empresarial Ltda.
Demandada: Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de la radicación, por las
razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas y agencias en derecho en
segunda instancia.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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