RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2016-00686-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00686-01

Acciones tardías de la administración: procedimiento para el otorgamiento

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00686-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte demandante, en favor de la entidad demandada. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil setecientos setenta y cinco pesos ($47’809.775). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes a cargo de los demandantes: Demandante Porcentaje respecto de las costas Emiro David Tamayo Sánchez (víctima directa) 93,943% que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. 71 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”. 72 El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su interés patrimonial. Se recuerda que en la demanda se pidió por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV para el señor David Tamayo Sánchez y otro tanto para la cónyuge, 80 SMLMV para cada uno de los hijos. Por lucro cesante se solicitó a favor de la víctima directa (David Emiro Tamayo) el monto de $3.866.880.000 y, a título de daño emergente la suma de $555’581.453. El salario mínimo del 2016, año en que se presentó la demanda, era de $689.455. 29 Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106) Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS Referencia: Reparación directa Gladys Rojas Ortega (cónyuge) 1,442% Ginny Lizbeth Tamayo Rojas (hija) 1,153% Diana Margoth Tamayo Rojas (hija) 1,153% Elkin David Tamayo Rojas (hijo) 1,153% Favián Alonso Tamayo Rojas (hijo) 1,153% TOTAL 100% TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00686-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS DERIVADOS DE OMISIONES O
ACCIONES TARDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN - procedimiento para el otorgamiento
de licencia ambiental - Decretos 1728 de 2002 y 1220 de 2005 – normas vigentes al
momento de radicar las solicitudes - inicia el trámite con el diligenciamiento del
Formato Único Nacional de Licencia Ambiental y la documentación establecida en la
Ley - RAZONABILIDAD DEL PLAZO PARA TRAMITAR UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO – Se establece en cada caso particular, teniendo en cuenta
factores como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad y la situación jurídica del interesado / CULPA EXCLUSIVA
DE LA VÍCTIMA - se presenta cuando su conducta conduce a incrementar el riesgo
jurídicamente relevante para que se produzca el daño, como consecuencia del
incumplimiento culposo de un deber jurídico a cargo suyo o del deber general de
cuidado / la mora para adoptar una decisión de fondo devino de la conducta
desplegada por el actor quien aportó gradualmente la documentación exigida para el
trámite de la solicitud, completándola cuatro (4) años después de radicada.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, a través
de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños causados con ocasión de la omisión y
demora injustificada de la entidad demandada para otorgar una licencia ambiental
en el marco de un contrato de concesión minera.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 12 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se decidió la demanda instaurada
el 13 de junio de 20161, por los señores Emiro David Tamayo Sánchez (titular
minero), Gladys Rojas Ortega (cónyuge), Ginny Lizbeth, Diana Margoth, Elkin
David y Favián Alonso Tamayo Rojas (hijos), contra la Corporación Autónoma
Regional de Santander -en adelante CAS-, con el fin de que se le declare
patrimonialmente responsable por los daños causados como consecuencia de la
“omisión injustificada” para expedir la licencia ambiental exigida para la ejecución
del contrato de concesión minera No. EAU-101 del 10 de noviembre de 2003.
Como consecuencia, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales, el pago de

1 Folio 226, c. 1.

1

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

las erogaciones en que incurrió en la fase de exploración del referido contrato
(daño emergente) y la tasa de retorno del proyecto minero (lucro cesante).

2. Como soporte fáctico de las pretensiones se indicó que, el 10 de noviembre
de 2003, el señor Emiro David Tamayo Sánchez suscribió con la Empresa
Nacional de Minería Limitada -en adelante MINERCOL- el contrato de concesión
minera No. EAU-101 de 2003, cuyo objeto consistía en la exploración y explotación
de caliza y demás concesibles en jurisdicción del municipio de Chima (Santander),
por el término de 30 años -prorrogables-, contados a partir del 15 de enero de
2007, fecha en que se efectuó la inscripción en el Registro Minero Nacional. En la
cláusula cuarta del contrato se acordó que habría de ejecutarse en tres etapas: (i)
exploración; (ii) construcción y montaje; (iii) explotación.

3. Para las dos últimas etapas del referido contrato, el titular minero debía contar
con la correspondiente licencia ambiental otorgada por la CAS, motivo por el cual,
en 2003 -no se especificó la fecha- radicó ante esa Corporación la respectiva
solicitud de licencia. Mediante oficio OSS-040-CAS del 13 de febrero de 2003, la
CAS lo requirió para que realizara una estimación de costos de obra más detallada,
por cuanto la presentada era muy baja en consideración al tiempo de ejecución
del proyecto.

4. El 21 de septiembre de 2006 suscribió un otrosí al contrato de concesión No.
EAU-101 de 2003 con el Instituto Colombiano de Geología y Minería -entidad que
asumió la posición contractual de MINERCOL- y, solo hasta el 4 de mayo de 2009,
por medio de memorando RCA 194-09, la CAS asignó el expediente de
licenciamiento a un contratista para que realizara la diligencia de inspección ocular
y emitiera el respectivo concepto técnico.

5. Adujo que, a través de concepto técnico RCA 00634 del 30 de junio de 2009,
la CAS recomendó trasladar la solicitud de licencia a la Subdirección de Gestión
Ambiental de esa Corporación -línea minera- y, mediante Oficio 003832 del 27 de
octubre de 2009 esa Subdirección requirió al solicitante para que allegara una
documentación faltante, orden que fue cumplida. Después de múltiples trámites
internos ineficientes, por medio de memorando del 1° de abril de 2013, la CAS
ordenó la evaluación de impacto ambiental del proyecto con la correspondiente
liquidación de tarifas, que fueron sufragadas por el señor Emiro David Tamayo,
luego de lo cual la entidad demandada se cuestionó sobre la existencia o no de
una reserva forestal u otras dentro del área concesionada.

6. Señaló que, como a junio de 2014 la CAS no había adoptado una decisión de
fondo, el señor Tamayo Sánchez decidió renunciar al contrato de concesión
minera EAU -101. Mediante Resolución VSC 786 del 21 de agosto de 2014 la
Agencia Nacional de Minería -en adelante ANM- aceptó dicha solicitud de
renuncia, la cual fue comunicada por el actor a la demandada; luego, por medio
de memorando SAO-197-15 del 25 de marzo de 2015 la contratista de la CAS que
tenía asignado el expediente hizo devolución al Subdirector de la SAO – CAS
informando lo resuelto por la Autoridad Minera, sin que para esa fecha la entidad
demandada hubiese expedido un acto administrativo que otorgara o negara la
licencia ambiental solicitada por el actor.
2

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

7. Con fundamento en lo anterior, indicó que se configuró una falla en la
prestación del servicio atribuible a la autoridad ambiental, dado que estaba a su
cargo tramitar de manera eficiente el licenciamiento solicitado, trámite que como
lo revelaba el expediente administrativo se demoró más de 10 años y nunca fue
concluido con el archivo de la solicitud y menos aún con la expedición de la licencia
ambiental, lo que llevó al actor a renunciar al contrato de concesión minera y
generó un detrimento considerable en su patrimonio2.

La defensa

8. La CAS se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que
no fue omisiva en el ejercicio de sus funciones, en tanto que el señor Tamayo
Sánchez radicó el 15 de abril de 2009 el formulario único para la obtención de
licencia ambiental y la documentación requerida la aportó de manera gradual,
completándose finalmente en septiembre de 2012. Teniendo en cuenta que los
costos actualizados del proyecto fueron radicados por el interesado solo hasta el
1°de abril de 2013, la liquidación de tarifas se efectuó por auto 530 del 10 de
septiembre del mismo año y, una vez cancelada la suma por concepto de
evaluación ambiental, se procedió a realizar la verificación de coordenadas,
encontrando que el polígono presentaba intersección con el Distrito Regional de
Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes –DRMI–, registrado como área
protegida el 12 de diciembre de 2012, fecha a partir de la cual la Corporación
contaba con un año para expedir el plan de manejo integrado para el desarrollo de
los usos permitidos.

9. Sostuvo que tal situación implicó que durante ese lapso no se expidieran
licencias ambientales ni autorizaciones para el aprovechamiento de recursos
dentro del área protegida, circunstancia que fue puesta en conocimiento del señor
Emiro David Tamayo y su hija Ginny, quien laboraba como bióloga contratista de
la Corporación. A pesar de esta circunstancia, el titular minero decidió solicitar la
suspensión de las actividades de explotación ante la ANM y, posteriormente, el 1°
de julio de 2014, renunció al título minero, por lo que la entidad recomendó
reembolsar el pago efectuado por concepto de la evaluación ambiental, lo que
demostraba que actuó con responsabilidad dentro de su ámbito funcional. Con
base en los anteriores argumentos, propuso las excepciones que denominó: (i)
inexistencia de daño antijurídico; (ii) improcedencia de la causa petendi y, (iii)
ausencia de responsabilidad por falla en el servicio 3.

10. Agotada la audiencia inicial4 y concluida la etapa probatoria5, al alegar de
conclusión, la parte actora manifestó que los elementos de convicción aportados

2 Folios 205 a 225, c. 1.
3 Folios 230 a 244. c. 1.
4 Acta de la audiencia visible a folios 288 a 292.
5 En la audiencia inicial celebrada el 4 de octubre de 2017, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas:

Documentales: 1. Copia de los registros civiles de nacimiento de los demandantes y de matrimonio del señor
David Tamayo Sánchez y la señora Gladys Rojas Ortega. 2. Copia del formulario No. 0600 de la propuesta
de contrato de concesión presentado ante MINERCOL LTDA. 3. Copia del contrato de concesión No EAU-
101 y del otrosí. 4. Copia de la Póliza 300001607 por valor de $41.296 para el primer año de exploración. 5.
Copias de las pólizas minero ambientales No. 300006144, 300012351, 300018189, 300022054, 96-44-101
103748. 6. Copia de las consignaciones realizadas en el banco BANCAFE Nos. 32546854 (valor $144.567),
32546854 (valor $144.567), 34669319 ($153.830), correspondientes a la primera y segunda anualidad de
canon superficiario. 7. Copia de las consignaciones realizadas en el banco DAVIVIENDA Nos. 01232877 (valor
$165.630), 8820752 ($500), correspondiente a tercera anualidad de canon superficiario y complemento,
3

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

permitían concluir que la omisión y negligencia de la CAS para resolver sobre el
otorgamiento o no de la licencia ambiental solicitada por el actor fue lo que le
impidió desarrollar el proyecto minero, propiciando los perjuicios cuya
indemnización se solicita. Agregó que el hecho de estar ubicado el predio en una
zona de producción del DRMI no era una justificación válida y menos razonable
para no haber dado trámite oportuno a la licencia, al lado de lo cual sostuvo que
los testimonios daban cuenta del desconocimiento de los funcionarios de la
normativa aplicable, dado que en ningún momento se ordenó el archivo del
proceso6.

11. Por su parte, la demandada reiteró los argumentos expuestos en la
contestación, y añadió que al revisar la trazabilidad de las actuaciones realizadas
por el demandante en torno a la obtención de la licencia, se colegía que lo que
demoró el trámite de la respectiva licencia fue el actuar poco diligente del señor
Tamayo Sánchez7.

12. El ministerio Público guardó silencio8.

La decisión objeto de impugnación

13. El Tribunal Administrativo de Santander negó las súplicas de la demanda, al
considerar que la tardanza para expedir la licencia ambiental solicitada ante la CAS
era atribuible exclusivamente al actuar del demandante, por las siguientes
razones:

14. Solicitud presentada el 23 de enero de 2003: el 13 de febrero de 2003, en
virtud de las facultades otorgadas en el Decreto 1728 de 2002 -norma vigente al

28509394 ($171.167), 28509395 ($178.533), 141644635 ($190.000), correspondiente a la primera, segunda
y tercera anualidad de canon superficiario para la etapa construcción y montaje. 8. Copia de la consignación
realizada el 11 de junio de 2014 en el banco COLPATRIA, por valor de $458.159, correspondiente al pago de
visita de inspección de fiscalización. 9. Copia del aviso de cesión del 50% de los derechos y obligaciones que
le correspondían en el contrato de concesión a favor del señor Rodolfo Garza. 10. Copia de la promesa de
compraventa suscrita el 24 de junio de 2011, entre el actor y el señor Rodolfo Garza. 11.Copia del contrato
de promesa de compraventa de readquisición de la titularidad de los bienes cedidos al señor Rodolfo Garza,
por valor de $90.000.000. 12. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con el
geólogo Sergio Amaya Ferrería para la elaboración de los estudios mineros y ambientales, por valor de
$35'000.000. 13. Copia del contrato de obra con el señor Pedro Antonio Meza Garavito, por la suma de
$32'000.000. 14. Copia del Registro de vehículo expedida por el Grupo de Registro Automotor de la Dirección
de Tránsito de Bucaramanga. 15. Copia de las constancias de pago a los señores Bernardo Arenas Arguello
y Julián Andrés Abril Godoy, por las sumas de $6’000.000 y $4'000.000, respectivamente. 16. Copia de la
letra de cambio por valor de $I00'000.000, a favor de la señora Ana Elsa Sánchez Báez, para adquisición del
vehículo Automotor de Placas OSE 373. 17. Copia de las matrículas inmobiliarias No. 31428605 y 3213866.
18. Copia de la promesa de compraventa de la Volqueta de placas OSE 373 y copia de la licencia de tránsito
del mismo vehículo. 19. Original de la diligencia de conciliación extrajudicial del 3 de diciembre de 2015 y de
la certificación del agotamiento del requisito de procedibilidad, expedida por la Procuraduría II Judicial 16 para
asuntos administrativos. 20. Copia de las actuaciones adelantadas ante la CAS. 21. Actos expedidos en el
marco de la solicitud de la licencia ambiental y en el proceso de concesión minera. Requerimientos u oficios:
1. A la Agencia Nacional Minera, para que remita copia autentica del expediente administrativo contentivo del
Contrato de Concesión NO EAU-101. 2. A la CAS, para que allegue copia autentica del proceso de inscripción
en el Sistema Único de Información de Tramites y Procedimientos SUIT, que se relaciona con el trámite para
la expedición de licencias ambientales o, en su defecto, copia del acto administrativo de adopción interna del
procedimiento de solicitud y tramite de licencias ambientales, certificando adicionalmente las normas y el
trámite aplicado a la solicitud realizada por el demandante Emiro David Tamayo. Testimonios: 1. Eliana
Melisa García, 2. Carmen Susana Camacho Gualdrón, 3. Catalina Cruz Sarmiento, 4. Cesar Mejía, 5. Elkin
Rene Briceño Lara. Pericial: experto financiero, para que determine la tasa interna de retorno del proyecto
junto con la proyección financiera de la utilidad esperada del contrato de concesión (folios 288 a 292 c. Ppal.).
6 Folios 452 a 662, c. 1.
7 Folios 463 a 567, c. 1.
8 Folio 468, c. 1.

4

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

momento de la presentación de la referida solicitud-, la CAS instó al demandante
para que allegara una documentación adicional anexa a la solicitud -estimación de
costos más detallada-. Este requerimiento no fue atendido por el señor Emiro
David Tamayo, lo que ocasionó que el trámite respecto de tal solicitud no
continuara su curso de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 20
del citado Decreto.

15. Solicitud presentada el 14 de abril de 2009: Con esta nueva solicitud el actor
no adjuntó la totalidad de los documentos establecidos de manera taxativa en el
artículo 24 del Decreto 1220 de 2005 -normativa vigente para ese momento-, razón
por la cual la CAS, a través de oficio del 27 de octubre de 2009 lo requirió para
que aportara la documentación faltante; asimismo, encontró que en el concepto
técnico SGA 169-011 del 27 de abril de 2011 se recomendó requerir nuevamente
al interesado para que informara si iba a continuar con el trámite administrativo,
pues de lo contrario se archivaría el proceso. El demandante, mediante escrito del
14 de junio de 2011, aportó cuatro (4) de los documentos solicitados y
gradualmente fue allegando los demás, hasta completar los requisitos el 1° de abril
de 2013, cuando radicó el informe de costos del proyecto, con el cual la
Administración procedió a liquidar la tarifa de evaluación de la licencia ambiental
el 10 de septiembre del mismo año, circunstancias que evidenciaban que la no
expedición de la licencia ambiental obedeció a la inactividad del actor, que conllevó
a la demora en el trámite de tal solicitud y no a una falla del servicio imputable a la
CAS9.

16. De acuerdo con lo anterior, el a quo concluyó que no se acreditó el elemento
de la imputación a la Administración, en tanto que se configuró la ruptura del nexo
causal por el actuar negligente de la víctima.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

17. La parte actora manifestó su disenso en relación con la valoración probatoria
efectuada por el Tribunal a quo. En primer lugar, sostuvo que erró al pregonar la
inexistencia de un daño antijurídico, dada la presentación de una solicitud de
suspensión de la etapa de explotación del contrato No. EAU-101 de 2003, hecho
que se caía por su propio peso, por cuanto ningún proyecto minero podía iniciar la
etapa de explotación si el titular no contaba con la respectiva licencia ambiental;
por el contrario, tal circunstancia demostraba la afectación padecida por el señor
Tamayo Sánchez y su familia derivada de la negligencia de la CAS10.

18. De otro lado, cuestionó la argumentación frente al hecho exclusivo del
demandante, toda vez que los medios de prueba revelaban que la propia autoridad
ambiental aceptó que hubo incuria al demorar por más de 10 años el trámite
administrativo sin pronunciarse de fondo; en ese sentido, adujo que presentó una

9
Folios 472 a 482, c. Ppal.
10 Sobre el daño, de manera literal en el recurso de apelación se plasmó: “Revisada la contestación que relata

el Tribunal, tiene estos dos presupuestos: (…) – Lo segundo: Que no hay daño por cuanto el señor Emiro,
(sic) presentó una suspensión (sic) de la etapa de explotación, hecho que se cae de su peso, por cuanto
es sabido por la misma autoridad ambiental que ningún proyecto minero puede iniciar la etapa de explotación
sino tiene licencia ambiental, y que ese sería otro argumento, otra razón mas para evidenciar que el señor
tuvo que solicitar la suspensión de la etapa de explotación por la negligencia de la autoridad ambiental” (se
resalta – folio 490, c. Ppal.).
5

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

única solicitud de licencia ambiental con radicado 1541 de 2003, que fue reiterada
mediante escrito del 27 de abril de 2009, y fue solo a partir de dicha reiteración
que la CAS conceptuó y ordenó trasladar la solicitud a la línea minera, lo que
evidenciaba que trascurrieron más de seis (6) años desde su presentación sin que
la Administración se pronunciara al respecto.

19. Indicó que si bien el Tribunal pretendía justificar la suspensión del trámite en
el hecho de que no se atendió el requerimiento efectuado por la entidad, lo cierto
era que lo pedido -estimación de costos más detallada del proyecto de concesión-
era un componente que no correspondía al estudio del impacto ambiental y, por
ende, no aplicaba el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1728 de 2002 para la
suspensión del trámite de la expedición de la licencia y, aún si se hubiera
suspendido, tal determinación no podía exceder de 30 días hábiles. Sostuvo que
al realizar un estudio cronológico del material probatorio se podía concluir que no
existía justificación para que, “después de más de trece (13) años”, la entidad se
hubiese pronunciado sobre la solicitud de licencia, y ello, únicamente, como
consecuencia de que la ANM aceptara la renuncia al contrato de concesión, lo que
evidenciaba la poca diligencia con que tramitó la CAS ese proceso.

20. Agregó que al confrontar el contenido del memorando RCA 194-09 del 4 de
mayo de 2009 con la declaración rendida por la abogada Camacho Gualdrón -
contenida en el registro de la audiencia de pruebas- se podía concluir que su
versión fue “confeccionada” y distaba de la realidad, en tanto que ella indicó que
si no se aportaba la documentación completa no se daba inicio al trámite de
licenciamiento, afirmación que perdía solidez si se tenía en cuenta que el
mencionado memorando ordenaba la práctica de la visita de inspección ocular y
la expedición del concepto técnico, precisamente otorgándole trámite al proceso.

21. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201111. El Ministerio Público guardó silencio12.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

22. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

11 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 6

de abril de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma.
Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar
traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla
fuera del texto).
12 CPACA. “Art. 247… 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta

antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”. SAMAI: índice 8.
6

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

Problema jurídico

23. De cara a lo expuesto en el recurso de apelación la Sala procede a determinar
si resulta viable analizar los motivos de inconformidad en torno a la inexistencia
de un daño antijurídico. Posteriormente, deberá establecer si la tardanza y omisión
para decidir sobre la expedición de la licencia ambiental solicitada por el actor
obedeció a su propio actuar o, por el contrario, los medios de prueba revelan que
resulta imputable a la CAS.

El daño en el caso concreto

24. La parte actora en el recurso de alzada aseguró que el Tribunal incurrió en
error al negar la existencia de un daño susceptible de ser indemnizado.

25. Respecto a este punto de la apelación, la Sala advierte que el Tribunal no
se refirió a la inexistencia de un daño, mencionando, bien por el contrario, que “(…)
Conforme a los elementos de juicio aportados al proceso, se encuentra
debidamente acreditada la existencia del daño invocado por el demandante,
consistente en el detrimento patrimonial derivado de las erogaciones
realizadas a fin de dar ejecución al contrato de ejecución minera No. EAU-101”13
(negrilla fuera del texto).

26. En estas condiciones, fue un tema ya definido en la primera instancia en favor
del recurrente quien por lo mismo carece de interés en cuestionarlo en la medida
en que ese aspecto le fue favorable.

Acerca de la razonabilidad del plazo para decidir un procedimiento
administrativo

27. El artículo 29 de la Constitución Política establece que “el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Este derecho en
materia administrativa se materializa en el cumplimiento de una secuencia de
actos por parte de las autoridades, cuya finalidad se concreta en: (i) asegurar el
correcto funcionamiento de la Administración; (ii) la validez de sus propias
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de
los administrados.

28. La primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- pormenorizó en su artículo 3 los
principios que rigen las actuaciones de la Administración Pública. Así, en virtud
del debido proceso, éstas deben adelantarse con el pleno respeto de las formas
propias previstas en el ordenamiento, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción y sin dilaciones injustificadas. Igualmente,
para materializar el principio de eficacia, las autoridades deben procurar la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa y, para ello,
están llamadas a remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitar
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanear las irregularidades
procedimentales que se presenten.
13 Folios 474 a 476, c. Ppal.

7

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

29. De la misma manera, las autoridades deben proceder con eficiencia,
optimizando el uso del tiempo y los recursos, con el fin de que los procedimientos
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas, conforme lo consagran los principios de economía y celeridad. En
ese contexto, cuando las autoridades adelantan una actuación administrativa y no
velan por la satisfacción de tales principios e incurren en retardos injustificados
para tramitarla o decidirla, puede derivar en un juicio de responsabilidad del
Estado.

30. La responsabilidad reprochada por ese ejercicio parte por analizar la
actuación de la Administración de cara a establecer si la misma fue constitutiva
de falla del servicio, pues ésta se constituye en componente de imputación del
daño por trasgresión al debido proceso en los casos en que exista una dilación
arbitraria o infundada en el desarrollo de un trámite administrativo 14. La mora
injustificada se presenta cuando la duración de un procedimiento supera el plazo
legal y/o razonable.

31. La razonabilidad del plazo se establece en cada caso particular y ex post,
teniendo en cuenta criterios tales como la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente, y la situación
jurídica de la persona interesada. También pueden mediar factores tales como el
volumen de trabajo de la entidad, las especificidades y temas técnicos de cada
trámite, y el análisis de factores exógenos al proceso que puedan tener un impacto
directo en el trámite y su duración15.

32. No se trata, entonces, de decidir la actuación en el menor tiempo posible sino
de definirla en el tiempo necesario para la efectividad del derecho material que se
persigue. En ese marco, de cara a las actuaciones administrativas, los términos
para su tramitación y decisión deben considerar tanto la realización de los fines
de la función administrativa como la efectividad y protección de los derechos de
los administrados, sin privilegiar uno de ellos, pues en tal ecuación la realización
de los fines de la función debe implicar la protección y realización de los derechos
referidos. De esta manera, entre otros, habrá de considerarse que el vencimiento
de los términos procedimentales no implica que se esté ante una afrenta a la ley,
pues dependiendo de las particularidades de cada actuación podrán ser
necesarios mayores tiempos.

33. Con el propósito de resolver los motivos de inconformidad del apelante, se
verificará si el tiempo que destinó la entidad para tramitar la solicitud de licencia
ambiental elevada por el aquí demandante y la ausencia de una decisión de mérito
en ese proceso son constitutivas de una falla del servicio. Para tal efecto, se
impone previamente realizar un recuento cronológico de las actuaciones

14 La falla del servicio tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención

-deberes negativos- y de acción –deberes positivos- a cargo del Estado; empero, para que se genere
responsabilidad con fundamento en cualquiera de esas obligaciones es menester acreditar el incumplimiento
o deficiente cumplimiento de deberes normativos o la omisión o inactividad de la administración pública, al
tiempo que su comportamiento -acción u omisión- fue la causa única y eficiente del daño alegado.
15 Por regla general, no existen pautas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del

plazo, por ello al operador judicial le corresponde evaluar en cada caso lo que constituye un plazo oportuno.
8

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

adelantadas en el trámite de suscripción del contrato de concesión minera EAU-
101 de 2003, y en el de la solicitud de la licencia ambiental.

34. Revisado el expediente administrativo allegado por la CAS y la prueba
documental aportada por la parte actora, se evidencia que el señor Emiro David
Tamayo Sánchez, a través de Formulario No. 0600 del 30 de enero de 2003
presentó propuesta de contrato de concesión minera ante MINERCOL16, previo a
lo cual, el 23 de enero de ese mismo año17, había presentado solicitud de licencia
ambiental ante la CAS radicada bajo No. 154118.

35. En relación con la solicitud de licencia ambiental, la Coordinación de la
Subsede de Socorro de la CAS, mediante Oficio del 13 de febrero de 2003
requirió al señor Emiro David Tamayo para que anexara una estimación de costos
más detallada del proyecto y así dar inicio al trámite de la licencia, en los
siguientes términos literales:

“De acuerdo a la solicitud para licencia ambiental por usted presentada ante esta
Corporación radicada bajo el numero 1541 me permito comunicarle que para la
ejecución del proyecto el costo estimado de la obra es muy bajo [se estimó en
$2’000.000], considerando que el tiempo para la ejecución del mismo es de 30
años.

“Por lo anterior, solicitó se sirva allegar a esta Subsede una estimación de
costos más detallada para anexar a su solicitud y poder iniciar el trámite
de la misma…”19 (negrilla añadida).

36. Después de la expedición del citado Oficio no obra ninguna actuación del
solicitante ni de la entidad en el trámite de la licencia ambiental.

37. El 10 de noviembre de 2003 se suscribió entre MINERCOL (concedente) y el
señor Emiro David Tamayo Sánchez (concesionario) el contrato de concesión No.
EAU-101, para la exploración y explotación de caliza y demás concesibles en un
área de 59 hectáreas y 5000 M2, en jurisdicción del municipio de Chima,
departamento de Santander20.

38. El 21 de septiembre de 2006 se celebró un otrosí al referido contrato, por
medio del cual se modificó el área concesionada (se redujo a 10 hectáreas) y la
posición contractual del concedente, que la asumió INGEOMINAS 21. El
perfeccionamiento de ese contrato y su respectivo otrosí quedó condicionado a su
inscripción en el Registro Nacional Minero, la cual se realizó el 15 de enero de

16 Folios 18 a 24, c. 1.
17 En este punto se precisa que resulta extraño que el demandante haya solicitado antes de la propuesta de

contrato de concesión minera solicitud de licencia ambiental, en tanto uno de los requisitos para el
otorgamiento de esta licencia es tener la calidad de titular minero en virtud de una licencia o contrato de
concesión, el cual debe anexarse a la solicitud de licencia ambiental. Si bien la fecha de radicación de la
solicitud no es completamente legible, pues únicamente se observa “23JAN” y otros números, lo cierto es que
por la fecha del requerimiento que sigue a continuación –13 de febrero de 2003– se infiere que es el 23 de
enero de 2003. Además, esa fecha fue la que el Tribunal tuvo en cuenta en el fallo de primera instancia y no
fue controvertida por la parte actora.
18 Folio 96, c. 1 y folio 12 expediente administrativo.
19 Folio 5 del expediente administrativo.
20 Folios 23 a 33, c. 1.
21 Folios 35 38, c. 1.

9

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

200722 (en el expediente no obra constancia de que tales actuaciones hayan sido
comunicadas a la CAS en el marco de la solicitud No. 1541).

39. Dos años después de efectuada la referida inscripción, el 15 de abril de 2009,
el señor Tamayo Sánchez radicó ante la CAS el “FORMATO ÚNICO NACIONAL
DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL” (base legal: Ley 99 de 1993, Decreto
1220 de abril 21 de 2005), solicitud a la cual se le otorgó el radicado No. 68755-
00272-09, cuyo formato contenía de manera expresa la documentación que se
debía anexar -prevista también en el art. 24 del Decreto 1220 de 2005-. El 27 de
abril de 2009, la Corporación diligenció el listado de verificación de documentos
entregados por el usuario, así:

• En el ítem denominado “DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APERTURA DE
EXPEDIENTE”, de los nueve (9) relacionados solo cumplió con uno, el Formulario
Único Nacional debidamente diligenciado.

• En el ítem de “OTROS ANEXOS”, de los 10 documentos relacionados, allegó
tres: (i) el título minero expedido por INGEOMINAS; (ii) fotocopia de la cédula de
ciudadanía y, (iii) certificado de tradición y libertad del predio con vigencia de
expedición no superior a tres meses23.

40. Mediante Memorando RCA 194-09 del 4 de mayo de 2009, el Coordinador
de la Regional Comunera de la CAS asignó24 el expediente 68755-00272-09 a un
contratista de la entidad, con el propósito de realizar una visita de inspección y
emitir el concepto técnico dirigido a determinar la veracidad de los datos
consignados en el formato único nacional de solicitud de la licencia ambiental25.

41. El 8 de junio de 2009 se llevó a cabo la visita26 y, a través de concepto técnico
No. 00634-09 del 30 del mismo mes y año se establecieron las coordenadas del
proyecto, las características del mineral a explotar y “se comprobó que en el área
(quebrada la Chimera) donde se proyecta llevar a cabo la exploración y
explotación de un yacimiento de roca o piedra caliza, actualmente no se está
adelantado actividad de extracción material”, al lado de lo cual se recomendó:
“Trasladar la presente solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación, Línea Minera, por cuanto este tipo de solicitud se está tramitando en
dicha Línea”27.

42. El Coordinador de la Regional Comunera de la CAS, mediante Oficio O.RCA
-757-09 del 14 de octubre de 2009, remitió el referido expediente a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación28 y, a través de Oficio
003832 del 27 de octubre de 2009 el Subdirector de Gestión Ambiental requirió
al solicitante la documentación faltante para continuar con los trámites de la
solicitud, en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):

22 Folio 33. c.1.
23 Folio 3 del expediente administrativo.
24 24 expedientes más.
25 Folio 32 del expediente administrativo.
26 Folios 33 y 34 del expediente administrativo.
27 Folio 34 del expediente administrativo.
28 Folio 35 del expediente administrativo.

10

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

“Revisada la documentación que reposa en el Expediente CAS No. 272-09,
se encontró que para proseguir con los trámites de la solicitud de Licencia
Ambiental, el interesado debe aportar la siguiente documentación:

• Costos reales del proyecto discriminando los costos de equipos, combustible,
personal, estudios, maquinaria, gastos administrativos entre otros.
• Contrato de Concesión otorgado por INGEOMINAS
• Certificado de Comunidades Indígenas y/o negras en el área del proyecto
expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia.
• Estudio de Impacto Ambiental en medio magnético y físico.
• Certificado de Uso del Suelo, expedido por la Secretaria de Planeación de loe
municipios de Chima y Contratación, en el cual se determine si el uso es
permitido, condicionado o prohibido, con las coordenadas del Título Minero.
• Plano IGAC de ubicación del área del proyecto.
• Certificado del Plan de Manejo Arqueológico expedido por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICAH) Ley 1185 de 2008”29 (se destaca).

43. Entre el 20 de octubre de 2010 -memorando SGA 1299- y el 5 de abril de 2011
-memorando SGA 0363-2011- se realizaron asignaciones internas del expediente;
en este último memorando se entregó a una ingeniera ambiental para que emitiera
los conceptos técnicos a que hubiera lugar. El 13 y 14 de abril de 2011 se llevó
a cabo la visita de inspección ocular30, con base en la cual se emitió el concepto
técnico SGA 168/011 del 4 de mayo de 2011, en el que se consignó (se trascribe
de forma literal):

“3. CONSIDERACIONES

3.1 Que de acuerdo con la visita de inspección ocular se constató que no se ha
desarrollado ningún tipo de explotación minera, ubicada en la vereda Sabaneta,
municipio Chima, departamento de Santander.
3.2 Que durante la visita el señor Emiro David Tamayo Sánchez, manifestó
estar interesado con continuar con la solicitud de Licencia Ambiental para
la explotación de Roca o Piedra Caliza, ubicada en jurisdicción del municipio
Chima.
3.3 Que revisado el expediente se observó el Contrato de Concesión No. EAU-
101 para la Exploración y Explotación de Caliza y demás concesibles celebrado
entre la Empresa Nacional Minera Ltda. -MINERCOL- y Emiro David Tamayo
Sánchez, por el termino de 30 años, suscrito el día 10 de Noviembre de 2003,
Folio A 13.

“4. CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo observado en la visita de inspección ocular, a la normatividad
ambiental vigente y a los considerandos, se conceptúa y recomienda:

4.1 Requerir al señor EMIRO DAVID TAMAYO SÁNCHEZ… titular del Contrato
de Concesión No. EAU-101 celebrado con INGEOMINAS, ubicado en
jurisdicción del municipio Chima, para que manifieste por escrito si está
interesado en continuar con el trámite de la precitada Licencia Ambiental,
de lo contrario se entenderá que ante la falta de interés no queda otra vía
que el archivo del expediente, en caso afirmativo deberá allegar la siguiente
documentación:
• Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
• Costo estimado de inversión y operación del proyecto.

29 Folio 36 del expediente administrativo.
30 Hoja de campo proyectos mineros (folio 40 del expediente administrativo).

11

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

• Documento de Identificación o certificado de existencia y representación legal,
en caso de personas jurídicas.
• Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de
Comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
• Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes
Comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto.
• Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia
ICANH del Programa de - Arqueología Preventiva, en los casos en que sea
exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008.
• Copia del contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional.
• Certificado de Uso del Suelo del municipio con sus respectivas coordenadas
expedido por la Oficina de Planeación Municipal del municipio, donde se
especifique si el área donde se proyecta llevar a cabo el proyecto, la minería es
prohibida, condicionada o permitida.
• Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, en medio físico y
magnético.
-Diligenciar los formularios para los permisos que sean necesarios para la
ejecución del proyecto, como concesión de aguas, aprovechamiento forestal,
ocupación de cauce, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de
vertimientos.

“La no presentación de la documentación enunciada en el numeral anterior,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del acto
administrativo correspondiente, se dará aplicación al Artículo 13 del
Código Contencioso Administrativo, archivándose las respectivas
diligencias administrativas.

“Remitir copia del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico a
INGEOMINAS para su conocimiento y fines pertinentes.

“La Corporación Autónoma Regional de Santander ‘C.A.S’, realizará visitas de
seguimiento al área del proyecto minero cuando lo estime necesario, con el fin
de verificar las obligaciones impuestas”31 (negrilla fuera del texto).

44. El mismo día de expedición del concepto transcrito -4 de mayo de 2011-, por
medio de memorando SGA 639/011, se asignó el expediente a un abogado de la
entidad para que continuara el trámite correspondiente32. Estando pendiente la
expedición de la Resolución de requerimiento, el señor Emiro David Tamayo
Sánchez, el 14 de junio de 2011, en atención al requerimiento hecho en el Oficio
003832 del 27 de octubre de 2009 y la visita de inspección ocular practicada el 14
de abril de 2011, aportó al expediente administrativo: (i) el plano de localización
del proyecto, con base en la cartografía del IGAC; (ii) el certificado de no presencia
de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, emitido el 10 de
mayo de 2011 por el Ministerio del Interior y de Justicia; (iii) la copia del contrato
de concesión minera otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional y, (iv) el
certificado del 16 de mayo de 2011 del uso del suelo del municipio de Chima,
expedido por la oficina de planeación municipal.

45. Mediante memorando SGA 1191 del 28 de julio de 2011 se reasignó el
expediente33 a una abogada contratista con el propósito de que “expidiera los
actos administrativos a que haya lugar”. Una vez proyectados los actos en los

31 Folios 41 y 42 del expediente administrativo.
32 Folio 43 ibidem.
33 Y otros 16 más (folio 64 del expediente administrativo).

12

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

procedimientos asignados, la abogada, por medio de memorando SGA 1339 del
22 de agosto de 2011, devolvió los procesos al Subdirector de Gestión ambiental,
para que se procediera con la expedición formal del acto34. A través de Resolución
DGL 865 del 9 de septiembre de 2011, el Director General de la CAS hizo un
recuento de las actuaciones adelantadas en el trámite del expediente 68755-
00272-09, y precisó que si bien mediante escrito radicado el 14 de junio de 2011
el interesado había aportado varios de los documentos faltantes, quedaban
pendientes algunos más. Con base en lo anterior, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor EMIRO DAVID SANCHEZ
TAMAYO… para que en el término de sesenta (60) días contados a partir de
la notificación del presente proveído, allegue a la Subdirección de Gestión
Ambiental de esta Corporación los siguientes documentos:

> Costo estimado de inversión
> Documento de identificación del interesado
> Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia
ICANH del programa de arqueología preventiva, en los casos en que sea exigible
dicho programa, de conformidad con la Ley 1185 de 2008.
> Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, en medio físico y
magnético.
> Diligenciar los formularios para los permisos que sean necesarios para la
ejecución del proyecto, como concesión de aguas, aprovechamiento forestal,
ocupación de cauce, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de
vertimientos.

ARTICULO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Santander —
CAS, realizara visitas de seguimiento al sitio de interés cuando lo estime
necesario, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la Presente Providencia a
INGEOMINAS de la ciudad de Bucaramanga, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Por la Regional Enlace Bucaramanga de esta
Corporación, notifíquese personalmente el contenido de la presente providencia
al señor EMIRO DAVID TAMAYO SANCHEZ, quien puede ser ubicado en…
haciéndole entrega de una copia de la misma, dejando las respectivas
constancias en el expediente…”35 (se destaca).

46. A través de memorando SGA 1555 del 23 de septiembre de 2011 se
remitieron 13 Resoluciones a la Coordinación Regional de Enlace Bucaramanga,
entre ellas la DGL 865 del 9 de septiembre de 2011, para que “sean debidamente
notificados en los diferentes Municipios, Corregimientos o Veredas de esa
Jurisdicción”. Dada la imposibilidad de notificar personalmente dicha resolución,
se instó en dos ocasiones a la Coordinación Regional para “notificar de manera
urgente ese acto administrativo”, y se advirtió que en caso de ser imposible la
notificación personal debía efectuarse por edicto, en los términos del artículo 45
del CCA36.

47. La diligencia de notificación personal de la Resolución referida se surtió el 15
de mayo de 201237 y, por medio de escrito radicado el 17 del mismo mes y año,

34 Folio 65 del expediente administrativo.
35 Folios 66 y 67 del expediente administrativo.
36 Memorando 1217 del 13 de abril de 2012 (folios 68 y 69 del expediente administrativo).
37 Folio 71 del expediente administrativo.

13

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

el señor Emiro David Tamayo informó a la CAS que estaba adelantando todos los
estudios correspondientes para cumplir con lo solicitado en el acto administrativo
del 9 de septiembre de 2011, que a su vez, reiteraba lo requerido en el Oficio
003832 de 2009, así lo expresó (se transcribe de manera literal):

“Referencia: Expediente 69755-272-2009 - Titulo Minero EA101

Asunto. Descargos Resolución DGL Nro. 00000865 del 9 de septiembre de
2011.

He hecho la presentación personal el día 15 de mayo de 2012, de acuerdo a la
última notificación que recibido de parte de Ustedes.

Quiero hacerles saber que estoy adelantando todos los estudios
correspondientes a su solicitud de acuerdo a la resolución DGL Nro. 00000865
del 9 de septiembre de 2011.

por consiguiente, el geólogo SERGIO AMAYA FERREIRA se encuentra
adelantando y recopilando los estudios correspondientes. Que ya fuimos
visitados por el arqueólogo con los mismos fines y que continuare adelantando
todos los trámites que sean necesarios y que ustedes requieran”38.

48. El 24 de septiembre de 2012, el señor David Tamayo Sánchez aportó al
expediente administrativo de la solicitud de licencia ambiental: (i) el estudio de
impacto ambiental; (ii) la aprobación del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia -ICANH-; (iii) la fotocopia de la cédula de ciudadanía; (iv) la
autoliquidación de tasas por concepto de evaluación; (v) la consignación de las
tasas por concepto de evaluación, y (vi) la solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas39. Por último, el informe de valores y costos estimados del proyecto
-último documento faltante- fue aportado por el actor el 1° de abril de 2013 y, ese
mismo día, la contratista que tenía a su cargo el expediente lo devolvió a la
Subdirección de Gestión Ambiental informando lo siguiente:

“Comedidamente me permito devolver el expediente 68755-00272-09, teniendo
en cuenta que reunida la documentación requerida para otorgar la licencia
ambiental se requiere la evaluación del estudio de impacto ambiental por
parte de un técnico adscrito a esta Corporación.

“Una vez evaluado el Estudio de Impacto Ambiental, solicito me sea devuelto
para su respectiva proyección”40. (resalta la Sala).

49. Por medio de memorando 0598-13 del 8 de mayo de 2013, el Subdirector de
Gestión Ambiental asignó el expediente a una ingeniera de la entidad para que
emitiera el concepto técnico correspondiente a la liquidación de tarifas de
evaluación ambiental 41.

50. El 23 de mayo de 2013, el señor David Tamayo solicitó ante INGEOMINAS -
en el trámite del expediente minero- la suspensión temporal de los términos de
ejecución de la etapa de explotación del contrato EAU-101 de 2003, por cuanto
no podía ejercer las correspondientes actividades por falta de la expedición de la

38 Folio 70 del expediente administrativo.
39 Folios 72 a 131 del expediente administrativo.
40Folio 135 ibidem.
41 Folio 133 del expediente administrativo.

14

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

licencia ambiental que estaba en trámite42. Encontrándose pendiente una
respuesta de las autoridades minera, en el trámite de licencia ambiental, mediante
concepto técnico SGA 0541-13 del 8 de julio de 2013, la CAS procedió a realizar
la “estimación para el cobro de la tarifa de evaluación de licencias ambientales y
otros instrumentos de control y manejo del área ambiental” en la jurisdicción del
proyecto y, consecuentemente, la liquidación de la tarifa por el servicio de
evaluación ambiental. Con fundamento en lo anterior, se conceptuó:

“Recomendar a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAS, descontar del
valor total de la liquidación de tarifas de evaluación por UN MILLON
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
($1.354.602,00) MICTE., el valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($489.481) MICTE.,
consignados por el señor Emiro David Tamayo Sánchez, el día 21 de
Septiembre de 2012, a la cuenta… de Bancolombia a nombre de servicios por
Evaluación Ambiental — CAS, según consta en la consignación No. 485409226
del Banco Bancolombia, que reposa en el folio 133 del Expediente 68755 — 0272
— 2009 Licencia Ambiental para la Explotación de un Yacimiento de Caliza, en
jurisdicción del municipio de Chima de acuerdo con el contrato de Concesión
Minera No. EAU-IOI suscrito con MINERCOL,

“Recomendar a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAS, requerir al
señor EMIRO DAVID TAMAYO SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía… para que realice el pago de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CIENTO VEINTIUN PESOS ($865.121,00) MICTE., por concepto de
Evaluación de la Licencia Ambiental para un proyecto de ‘EXPLOTACIÓN DE
UN YACIMIENTO DE CALIZA’, en jurisdicción del municipio de Chima,
departamento de Santander, con un área de 10 Hectáreas, según Contrato de
Concesión Minera No. EAU-IOI suscrito con MINERCOL”43.

51. A través de Auto SGA 0530-13 del 10 de septiembre de 2013, el Subdirector
de Gestión Ambiental de la CAS acogió lo dispuesto en el concepto transcrito y
ordenó: (i) realizar la deducción del valor total de la liquidación de tarifas de
evaluación la suma de $489.481, consignados por el señor Tamayo Sánchez el
21 de septiembre de 2012 y, (ii) requerir al señor Emiro David Tamayo Sánchez
para que realice el pago del valor faltante por concepto de evaluación de licencia
ambiental, es decir, $865.121 -para lo cual se le otorgó el término de 10 días
hábiles a partir de la ejecutoria de esa providencia-44. El 1° de octubre de 2012
se efectúo la diligencia de notificación personal del auto45 y, el 8 del mismo mes
y año el señor David Tamayo realizó la consignación por valor de $865.12146.

52. Posterior a ello, por medio de memorando 1921-13 del 9 de noviembre de
2013 se asignó el expediente al Subdirector de Planeación de la CAS, para
“determinar la existencia de una reserva forestal, parque natural nacional, zona
de ecosistema, ley segunda y cualquier otra reserva de carácter ambiental sobre
el área del contrato de concesión EAU-101, municipio de Chima, departamento
de Santander”47. Mediante memorando 00529-13 del 10 de diciembre de 2013,
el Subdirector de Planeación certificó que, “de acuerdo con las coordenadas

42 Folio 171, c. 1.
43 Folios 137 a 140 del expediente administrativo.
44 Folios 141 a 143 del expediente administrativo.
45 Folios 144 y 145 ibidem.
46 Folio 146 ibidem.
47 Folio 148 del expediente administrativo.

15

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

planas del polígono EAU-101, las cuales se listan a continuación… presentan
intersección total con el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de
los Yariguíes, de igual manera se informa que el mismo presenta intersección con
la Reserva Forestal del Río Magdalena…”48.

53. El 20 de diciembre de 2013 la CAS, a petición del hoy demandante, expidió
una certificación sobre el estado de la actuación administrativa, en la que señaló
que se encontraba en proceso de evaluación ambiental para el otorgamiento de
la respectiva licencia, y que se iba a realizar una visita de inspección ocular en el
mes de febrero de 2014, para proceder con el trámite49.

54. Paralelamente, el 14 de enero de 2014, en el expediente minero, el señor
Tamayo Sánchez reiteró la solicitud de suspensión de la etapa de exploración del
contrato de concesión EUA-101 de 2003 a la Agencia Nacional de Minería, “dado
que a la fecha no tengo licencia ambiental y la fase de explotación ya está
corriendo hace un año aproximadamente sin poder dar inicio” 50. Luego, el 1° de
julio de 2014 el demandante presentó ante la referida entidad renuncia del
contrato de concesión, en los siguientes términos (se transcribe literalmente):

“Por medio del presente me permito informarle que a partir de la fecha, me he
visto en la obligación de RENUNCIAR al contrato de concesión minero EAU-
101, suscrito el día 10 de noviembre del año 2003 con Minercol, debido a que no
se logró explotar, por causa de la NO expedición de la licencia ambiental por
parte de la CAS, sin causa justificada habiendo cumplido con todos los
requisitos y pagos de ley a dicha corporación, negándoseme el derecho al
trabajo de donde dependería mi futuro económico y el de mi familia.

“Los dos primeros años de explotación han transcurrido en suspensión de
actividades saliéndose de mis manos grandes oportunidades de trabajo que se
realizaron en la región, las cuales sustentaban la viabilidad de mi proyecto
dejándome en imposibilidad económica y de salud para continuar con la
ejecución del mismo.

“Me place haberle cumplido a la agencia Nacional minera con todos mis
compromisos de ley, siendo de mi responsabilidad cualquier obligación
pendiente”51 (negrilla añadida)

55. El 16 de julio de 2014, el demandante presentó ante la CAS, el soporte del
escrito mediante el cual había manifestado a la ANM la renuncia al contrato EAU-
101 de 200352. A través de Resolución 0786 del 21 de agosto de ese año, la
autoridad minera aceptó la renuncia al referido contrato y, como consecuencia, lo
declaró terminado53; igualmente, en escrito del 2 de septiembre siguiente, el señor
Tamayo Sánchez allegó a la CAS copia de la Resolución mencionada 54 y,
mediante memorando 1756-14 del 24 de septiembre de 2014, el Subdirector de la
Autoridad Ambiental de la CAS asignó el expediente a una contratista para que
emitiera el concepto técnico a que hubiera lugar55.

48
Folio 149 ibidem.
49 Folio 150 a 152 ibidem.
50 Folio 176, c. 1.
51 Folio 184, c. 1.
52 Folio 155 del expediente administrativo.
53 Folios 185 y 186, c. 1.
54 Folios 157 a 159 del expediente administrativo.
55 Folio 160 ibidem.

16

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

56. El 23 de octubre de 2014, la autoridad ambiental expidió el concepto técnico
0674-14, por medio del cual recomendó reembolsar al señor Emiro David Tamayo
el pago efectuado mediante las consignaciones No. 485409226 del 21 de
septiembre de 2012 y No. 212137287 del 8 de octubre de 2013, por concepto de
evaluación ambiental, así como archivar las diligencias obrantes en el expediente
68755-00272-0956. Finalmente, mediante Resolución 0771-15 del 14 de diciembre
de 2015, la CAS acogió lo dispuesto en el concepto técnico 0674-14 y, como
consecuencia, ordenó la devolución de las sumas antes indicadas y dispuso el
archivo del expediente administrativo.

57. A la par de lo anterior, se cuenta con los testimonios rendidos por Eliana
Melissa Castillo García, Diana Catalina Cruz Sarmiento, César Augusto Mejía,
Elkin René Briceño Lara y Carmen Susana Camacho Gualdrón, contratistas y
funcionarios pertenecientes a la CAS, quienes intervinieron en el trámite de
licenciamiento antes relacionado. En síntesis, todos ellos coincidieron al afirmar
que habían intervenido en el trámite administrativo de conformidad con sus
funciones legales o adjudicadas en sus contratos y a las indicaciones
proporcionadas a través de los respectivos memorandos57. De manera específica,
la señora Castillo García, adujo que el procedimiento para otorgar licencia
ambiental empezaba únicamente cuando el interesado aportaba “el 100%” de los
documentos exigidos en la ley, los cuales a pesar del cambio continuo de
normativa en esta materia, en esencia, siempre habían sido los mismos. Indicó
que fue en el año 2013 que el señor Emiro Tamayo Sánchez terminó de adjuntar
la documentación exigida en la normativa ambiental y pagó las tarifas de
liquidación de la evaluación de la licencia, por manera que solo hasta ese
momento se dio inicio formal al trámite de la licencia mediante el correspondiente
“auto de inicio de trámite”58.

58. A su turno, la señora Cruz Sarmiento se limitó a narrar que a ella le
correspondió llevar a cabo la liquidación de la tarifa de la evaluación ambiental,
que no recordaba la fecha en que el solicitante había realizado el pago de la
misma, y que el paso a seguir era realizar la visita ocular en el sitio en el que se
iba a desarrollar el proyecto, pero que desconocía quién había realizado dicha
inspección, puesto que no estaba dentro de sus competencias. De manera similar,
el señor Augusto Mejía señaló que su intervención se limitó a verificar si en el
área concesionada había zonas protegidas, y al revisar las coordenadas del título
minero encontró que se ubicaba dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado
de la Serranía de los Yariguíes –DRMI–, situación que fue comunicada al área
correspondiente59.

56 Folios 161 y 162 ibidem.
57 Respecto de los testimonios de los referidos señores, debe precisarse que, si bien tienen o tuvieron un

vínculo con la entidad demandada, no es posible deducir la existencia de interés o animosidad suficientes
para alterar sus respectivas versiones de los hechos por esa circunstancia o para catalogarlos como
sospechosos, pues precisamente ese vínculo con la entidad, les permitió conocer del caso bajo análisis de
forma directa; además, su dicho resulta coherente con los demás elementos de prueba allegados y se
consideran idóneos para esclarecer el procedimiento de licenciamiento ambiental; de ahí que la Sala les
reconozca su eficacia probatoria.
58 Cd audiencia de pruebas (folio 2, c. 1.) y acta de audiencia de pruebas visible a folios 357 a 361, c. 1.
59 Cd audiencia de pruebas (folio 2, c. 1.) y acta de audiencia de pruebas visible a folios 357 a 361, c. 1.

17

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

59. Por su parte, el señor Briceño Lara mencionó que tenía conocimiento de que
la solicitud se había radicado en el año 2009 y que la totalidad de documentos
exigidos se allegaron gradualmente hasta el 2012; además, que el área
concesionada se encontraba en el DRMI. A su vez, la señora Camacho Gualdrón
-de quien se aduce dio una declaración parcializada- sostuvo que desde agosto
de 2012 era la encargada de revisar la sustanciación de los expedientes
relacionados con licencias ambientales y procesos sancionatorios en jurisdicción
de la CAS. Sostuvo que conoció a “don Emiro”, porque en una oportunidad se
acercó a la Corporación requiriendo una certificación del estado actual del
proceso, con el fin de presentarla a la ANM y la hija de él laboraba en esa
Corporación, por ello tenía presente el caso, cuya solicitud de licencia ambiental
había sido radicada en el año 2009 -conforme lo revelaba el expediente
administrativo-, pero de manera incompleta, y fue solo hasta septiembre de 2012
que radicó “toda la información necesaria para un licenciamiento ambiental”; sin
embargo, el trámite de esa licencia tenía una situación particular, porque el área
concesionada se encontraba dentro del DRMI Yariguíes, es decir, un área
protegida, y para ese momento -septiembre de 2012- la entidad se encontraba
adelantando el “Registro de área protegida que se efectuó el 12 de diciembre de
2012”, momento a partir del cual a la entidad le estaba vedado otorgar licencias
ambientales en esa zona hasta mayo de 2014 -que se expidió el Acuerdo 254 del
22 de mayo de 2014-, situación que ella misma le comunicó y explicó al señor
Tamayo Sánchez.

60. Finalizó diciendo que si bien podría pensarse que entre el 2009 y el 2012 hubo
una actuación pasiva por parte de la autoridad ambiental por no ordenar el archivo
de la solicitud ante el incumplimiento de los requisitos legales y los requerimientos
hechos, lo cierto era que sólo “se inicia el trámite cuando usted ha completado
toda la información”, pues en el marco de un licenciamiento los requerimientos
que se deben hacer son “técnicos” frente a falencias del estudio o pedir conceptos
de otras autoridades si eventualmente se requieren, pero no esperar
indefinidamente hasta que el solicitante aporte los documentos previstos en la ley
para su tramitación, lo que sucedió en el caso concreto60.

61. La evidencia probatoria conduce a la Sala a considerar que no se tramitó un
único proceso de licenciamiento, cuya solicitud se radicó en 2003 y “solo hasta el
2009, la entidad le dio curso a tal solicitud”; sino que existieron dos solicitudes
distintas presentadas por el actor para obtener la licencia ambiental requerida para
ejecutar el contrato de concesión minera EAU-101 de 2003, con radicaciones
diferentes, regidas por normativas particulares y que tuvieron un desarrollo
igualmente distinto. La primera fue la presentada el 23 de enero de 2003, cuyo
expediente administrativo fue aperturado con el número de radicado 1541.

62. La normativa que regulaba el procedimiento para la obtención de licencia
ambiental vigente para ese momento era el Decreto 1728 de 2002, el cual en su
artículo 20 disponía:

“Artículo 20. Solicitud de licencia ambiental. Para obtener una licencia ambiental,
el procedimiento a seguir será el siguiente:

60 Cd audiencia de pruebas (folio 2, c. 1.) y acta de audiencia de pruebas visible a folios 357 a 361, c. 1.

18

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

1. El interesado en obtener la Licencia Ambiental formulará una petición por
escrito dirigido a la autoridad ambiental competente; esta solicitud deberá
contener:

a) Nombre o razón social, número de identificación y domicilio del solicitante;

b) Descripción del proyecto, obra o actividad;

c) Costo estimado del proyecto, obra o actividad;

d) Descripción de las características ambientales generales del área de
localización;

e) Relación de los recursos naturales renovables que requieren ser usados,
aprovechados o afectados durante la ejecución del proyecto, obra o actividad;

e) Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta áreas de manejo especial,
reservas forestales y humedales de importancia nacional e internacional.

A la solicitud se deberá anexar los siguientes documentos:

a) Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado;

b) Certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, para el caso de
personas jurídicas;

c) Certificación expedida por el Ministerio del Interior sobre la presencia o no de
comunidades indígenas y negras en el área de influencia directa del proyecto;

d) Estudio de Impacto Ambiental.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la
petición, la autoridad ambiental competente dictará un acto de iniciación
de trámite que se notificará y publicará en los términos del Artículo 70 de la Ley
99 de 1993. Un ejemplar de la publicación deberá allegarse con destino al
respectivo expediente, en un término que no podrá exceder de veinte (20) días
hábiles, contados a partir de la notificación del auto.

3. Dentro del mismo acto administrativo, se procederá a facturar el valor liquidado
de los costos del servicio por concepto de evaluación ambiental si a ello hay
lugar.

Mientras el interesado en la licencia ambiental no cancele los costos por
concepto del servicio de evaluación ambiental, quedan suspendidos los términos
legales para el trámite de la misma, excepto en aquellos casos en los cuales se
encuentre en revisión la liquidación cuando se ha interpuesto el recurso de
reposición.

Cuando así lo establezca la autoridad ambiental competente, el interesado podrá
cancelar directamente el costo del servicio de evaluación y seguimiento, de
acuerdo a las tarifas vigentes, establecidas por la autoridad mediante acto
administrativo. La autoridad ambiental procederá a revisar el valor liquidado y
cancelado por concepto del servicio de evaluación ambiental que haya
presentado el interesado en el momento de registrar la solicitud de licencia
ambiental, conforme a las tarifas indicadas.

Si el interesado no liquida cuando aplique y cancela estos costos, se procederá
por parte de la autoridad ambiental competente a efectuar la liquidación y cobro
en el correspondiente acto de iniciación de trámite.
19

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

4. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del estudio
de impacto ambiental, la autoridad ambiental podrá requerir información
adicional por una sola vez en el evento que ésta se requiera, caso en el cual se
interrumpirán los términos que tiene la autoridad para decidir o rechazar el
estudio de impacto ambiental y se suspenderán los trámites de la licencia
ambiental.

5. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince
(15) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades los
conceptos técnicos e informaciones pertinentes, los cuales deben serle remitidos
en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles; vencido este término si no
existe pronunciamiento de otras autoridades o entidades, se adoptará la decisión
correspondiente.

6. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de
informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto
de trámite que declare reunida toda la información.

7. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del
proyecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental,
en un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir
de la expedición del citado auto.

“(…)

Parágrafo 2°. Contra la resolución mediante la cual se otorga o niega la Licencia
Ambiental procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental
que profirió el acto y el recurso de apelación ante el Ministerio del Medio
Ambiente cuando el acto sea expedido por las demás autoridades ambientales
competentes”. (se destaca).

63. En lo atinente a la referida solicitud, el expediente administrativo revela que,
después de radicada, el 13 de febrero de 2003, el Coordinador de la Subsede de
Socorro de la CAS requirió al interesado (demandante) para que anexara una
estimación de costos más detallada para poner dar inicio al trámite de la licencia
ambiental (numeral 1, literal c, del artículo transcrito); sin embargo, ese documento
nunca fue allegado por el señor Emiro David Tamayo Sánchez.

64. De los hechos probados en este proceso, se infiere que no hubo una intención
real del actor para continuar con ese trámite de licenciamiento, dado que el
contrato de concesión minera EAU-101 del 10 de noviembre de 2003, se suscribió
nueve (9) meses después de radicada la solicitud de licencia ambiental, el otrosí
a ese contrato (donde se modificó el área concesionada), tres (3) años después –
el 21 de septiembre de 2006– y la inscripción del mismo en el Registro Minero
Nacional –sólo a partir de ese momento el actor contaba con interés sustancial
para solicitar licencia ambiental para las labores de montaje y explotación en el
marco de ese contrato– se efectuó el 15 de enero de 2007, es decir, casi cuatro
(4) años después de presentada la solicitud de licenciamiento; de ahí que no
resulte extraño que luego del requerimiento hecho por la entidad, el señor Tamayo
Sánchez no haya hecho ningún esfuerzo para aportar el documento solicitado,

20

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

pues a partir de enero de 2007 el contrato quedó perfeccionado61, y solo a partir
del 2010, por lo menos, la licencia ambiental era exigible62.

65. Al dictar fallo de primera instancia, el Tribunal estimó que la actuación
desplegada por la CAS estuvo ajustada a derecho, toda vez que el numeral 4 del
artículo 20 del Decreto 1728 de 2002 establecía que el trámite de licencia
ambiental se suspendía hasta tanto no se allegara la información requerida al
peticionario; no obstante, el demandante en la apelación aseguró que, aunque el
a quo pretendía justificar la suspensión del trámite en el hecho de que no se
atendió el requerimiento efectuado por la entidad, lo cierto era que lo pedido -
estimación de costos más detallada del proyecto de concesión- era un
componente que no correspondía al estudio del impacto ambiental y, por ende, no
aplicaba ese numeral para la suspensión del trámite de la expedición de la
licencia, y aún si se hubiera suspendido, tal determinación no podía exceder de
treinta (30) días hábiles.

66. Verificada la norma, le asiste razón al impugnante en el sentido de que el
numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1728 de 2002 no resultaba aplicable al caso
bajo análisis, en tanto que éste habilitaba a la CAS para solicitar información
adicional pero después de que se presentara el estudio de impacto ambiental,
etapa a la que ni siquiera llegó el proceso; de modo que no podía interpretarse
que en virtud de esa norma el trámite se hubiese suspendido; sin embargo, ante
la falta de regulación específica en la ley especial sobre cómo debía proceder la
entidad cuando no fueran allegados por el solicitante los documentos o anexos
requeridos y previstos en la Ley -numeral 1, literal c del art. 20 ibidem- debe el
juez recurrir a las disposiciones previstas en el Código Contencioso Administrativo
-vigente para ese momento-, cuyos artículos 12 y 13, disponen:

“ARTÍCULO 12. Si las informaciones o documentos que proporcione el
interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir,

61 Código de Minas: Artículo 14. “Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá

constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional” (se destaca).
Contrato de concesión minera EAU-101. “Cláusula vigésima cuarta: Suscripción y Perfeccionamiento:
Las obligaciones que por este contrato adquiere el concesionario, producen efectos desde su suscripción. El
presente contrato se considera perfeccionado una vez se encuentre debidamente inscrito en el Registro
Minero Nacional” (se subraya).
62 Contrato EAU-101 de 2003. “Cláusula Cuarta: Duración del Contrato y Etapas. El presente contrato

tendrá una duración total de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Minero Nacional, y para cada etapa así: -a) Plazo para Exploración: Tres (3) años contados a partir de su
inscripción en el Registro Minero para hacer la exploración técnica del área contratada, pudiendo ser un
término menor a solicitud del mismo, ciñéndose a los Términos de Referencia del Programa de Exploración
Geológica —PEG y guías mineras. Dicha etapa puede ser prorrogada por dos (2) años, con el fin de completar
o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los minerales concedidos y la
factibilidad técnica y económica de explotarlos… -b) Plazo para Construcción y Montaje: Tres (3) años para
la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación,
tiempo que empezará a correr una vez terminado definitivamente el período de exploración. Esta etapa puede
ser prorrogada por un (1) año, siempre y cuando se solicitado con una antelación no menor a tres (3) meses
del vencimiento de este periodo. c) Plazo para la Explotación: El tiempo restante, en principio, veinticuatro
(24) años, o el que resulte según la duración efectiva dé las dos etapas anteriores junto con prórrogas. Antes
de vencerse el periodo dé explotación…” “Cláusula quinta. Autorizaciones Ambientales. La gestión
ambiental está incluida como una obligación del contrato de concesión. Para la etapa de exploración se deben
ejecutar los trabajos de acuerdo con las guías ambientales expedidas por la autoridad ambiental competente.
Para las etapas de construcción, montaje y explotación, beneficio y para las labores adicionales de
exploración durante la etapa de explotación se debe contar con el acto administrativo ejecutoriado y
en firme, en que la autoridad competente haya otorgado la licencia ambiental…” (negrilla añadida).

21

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma
verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este
requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades
decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos
documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el
requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante,
las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en
aquello de que dispongan.

ARTÍCULO 13. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud
si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o
las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da
respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una
nueva solicitud” (negrilla añadida).

67. Bajo este marco normativo y probatorio, se colige que operó el desistimiento
de la solicitud de licencia ambiental presentada el 23 de enero de 2003, pues a
pesar del requerimiento efectuado por la entidad el 13 de febrero del mismo año,
en el que solicitó el costo estimado del proyecto, requisito previsto en el artículo
20, numeral 1, literal c del Decreto 1728 de 2002, el demandante no allegó ese
documento, al margen de que la CAS no haya ordenado el archivo de la solicitud,
pues esta circunstancia no puede desplazar el hecho de que el demandante haya
incumplido con la carga impuesta, y que tal desistimiento o inactividad suya
tendiente a cumplir con lo dispuesto en el referido oficio fuera el hecho
determinante para que el trámite de la licencia ambiental no se llevara a término.

68. De modo que tampoco hubiese podido recurrir el actor a la figura del silencio
administrativo negativo (art. 40 del CCA), pues la CAS, una vez elevada la
solicitud, requirió formalmente al solicitante, sin que este desplegara acción
alguna tendiente a cumplir con el requerimiento, por lo que se configuró, como ya
se explicó, la figura del desistimiento tácito.

69. Como se observa de las pruebas allegadas al expediente, fue luego de seis
(6) años, el 15 de abril de 2009, que el señor Tamayo Sánchez elevó una nueva
solicitud de licencia ambiental -Formato Único Nacional de solicitud de licencia
ambiental-. Contrario a su dicho, la entidad aperturó un nuevo expediente
administrativo, al que le asignó el número de radicado 68755-00272-09 y que se
rigió conforme al Decreto 1220 de 2005 -norma vigente para ese momento-, cuyo
artículo 24 establecía:

“Artículo 24. Del Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental. El
Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental a que se refiere el
artículo 22, contendrá los datos del solicitante, la relación de los recursos
naturales renovables que requiere utilizar para el desarrollo del proyecto, la
manifestación de afectación o no al Sistema de Parques Nacionales Naturales,
sus zonas de amortiguación, cuando estas estén definidas, o a otras áreas de
manejo especial. Adicionalmente deberá anexar la siguiente documentación:
a) Plano de localización del proyecto, obra o actividad, en base cartográfico del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC;
b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
c) Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona
jurídica;

22

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

d) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo
menos su localización, dimensión y costo estimado de inversión y operación;
e) Descripción de las características ambientales generales del área de
localización del proyecto, obra o actividad;
f) Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de
influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta;
g) Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre comunidades
indígenas y/o negras tradicionales;
h) Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por los servicios de
evaluación de la licencia ambiental, para las solicitudes radicadas ante el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
i) El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético.

“(…)

“Parágrafo 3°. En los casos relacionados con actividades mineras que
requieran licencias ambientales se estará al procedimiento señalado en el
artículo 282 de la Ley 685 del 2001 -Código de Minas o la norma que lo
modifique” (se resalta).

70. Con base en el parágrafo 3 de la norma transcrita, por tratarse del trámite de
una licencia ambiental relacionada con actividades mineras, el mismo se regía por
el artículo 282 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, que prevé:

“Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental: La autoridad ambiental
competente para otorgar Licencia Ambiental, fijará los términos de referencia de
los Estudios de Impacto Ambiental, en un término que no podrá exceder de
treinta (30) días, contados a partir de la solicitud por parte del interesado, salvo
que los términos de referencia hayan sido definidos de manera genérica para la
actividad por la autoridad ambiental.
El interesado en el otorgamiento de una Licencia Ambiental, presentará ante la
autoridad ambiental competente, la solicitud acompañada del Estudio de Impacto
Ambiental para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de quince (15)
días para solicitar a otras entidades o autoridades, los conceptos técnicos o las
informaciones pertinentes que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de
treinta (30) días. Allegada la información y los conceptos técnicos requeridos, la
autoridad ambiental competente dispondrá de quince (15) días para solicitar
información adicional al interesado, en caso de requerirse. Recibida la
información o vencido el término del requerimiento de informaciones adicionales,
la autoridad ambiental decidirá mediante resolución motivada sobre la viabilidad
ambiental del proyecto o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia
ambiental en un término que no podrá exceder de sesenta (60) días. En el evento
en que se acudiere al auditor externo dicho estudio será presentado junto con la
refrendación, en un término de noventa (90) días”.

71. De conformidad con lo extraído del expediente administrativo, ocho (8) días
hábiles después de radicada la solicitud -27 de abril de 2009-, la CAS diligenció el
listado de verificación de documentos entregados por el usuario, donde se
evidencia que de los diecinueve (19) requisitos exigidos solo cumplió con cuatro
(4) de ellos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 282 del Código de Minas, la
solicitud debía acompañarse del Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para su
evaluación; no obstante, en el asunto bajo análisis no se evidencia que el señor
Emiro David Tamayo haya elevado, previo a la radicación del Formato Único de
Licencia Ambiental, la solicitud para que la autoridad minera fijará los términos de
referencia del EIA; así como tampoco que lo haya anexado a la respectiva
solicitud, incluso, ese fue uno de los documentos que posteriormente la entidad
requirió que allegara.
23

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

72. En efecto, luego de que la CAS practicara una visita de inspección al área en
la que se pretendía obtener licencia ambiental, emitió el concepto técnico No.
00634-09 del 30 de junio de 2009, en el cual se recomendó trasladar dicha
solicitud al área encargada de la línea minera, remisión que se hizo mediante
Oficio O.RCA -757-09 del 14 de octubre de 2009 y, el 27 del mismo mes y año el
Subdirector de Gestión Ambiental requirió al solicitante la documentación faltante
para continuar con los trámites de la solicitud63; sin embargo, tal requerimiento no
fue atendido.

73. En virtud de lo anterior, la entidad procedió a realizar una visita de inspección
ocular el 13 y 14 de abril de 2011, en la que estuvo presente el demandante. En
el acta que se suscribió al finalizar la visita se consignó que para continuar con el
trámite de la licencia se tornaba necesario que el solicitante manifestara por
escrito si estaba interesado en continuar con el mismo y que aportara los
documentos que previamente habían sido requeridos. Lo anterior revela que fue
la conducta del demandante la causa determinante para que el licenciamiento se
tardara más de dos (2) años en avanzar, pues los anexos que tenía que aportar
junto con el Formato Único Nacional de solicitud de licencia ambiental estaban
expresamente referenciados en dicho formato y especificados en la ley -art. 24 del
Decreto 12220 de 2005-.

74. De hecho, a pesar de que el 27 de octubre de 2009 la entidad requirió al actor
para que aportara los documentos faltantes y “poder continuar con el trámite”, éste
no los allegó. En lo atinente al argumento del apelante, conforme al cual la
declaración de la señora Gualdrón Camacho -funcionaria de la CAS- no
correspondía con la realidad, porque a pesar de que en su declaración indicó que
si el interesado no aportaba la documentación completa no se daba inicio al
trámite de licenciamiento, lo cierto era que mediante memorando RCA 194-09
del 4 de mayo de 2009 se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular,
aun cuando no se había allegado toda la información requerida por parte del aquí
demandante, lo que denotaba que la entidad si podía avanzar y tramitar la solicitud
mientras se aportaba la documentación faltante, debe precisarse que la
instrucción consignada en el referido memorando tuvo como finalidad la
elaboración de un concepto técnico tendiente a verificar que los datos
consignados en la solicitud coincidieran materialmente, tales como las
coordenadas del área de explotación, condiciones ambientales, el estado del
proyecto y, principalmente, cuál era el área de la entidad encargada de darle
trámite a dicha solicitud, visita en la que se determinó que debía trasladarse a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación –Línea Minera–, la cual se
encargó de revisar la documentación allegada y determinar la faltante, requerir al
interesado y, agotar las etapas del proceso, en la medida en que el solicitante fue
cumpliendo con las actuaciones a su cargo.

63 Específicamente los costos reales del proyecto, el contrato de concesión otorgado por INGEOMINAS, el

certificado de Comunidades Indígenas y/o negras en el área del proyecto expedido por el Ministerio del Interior
y de Justicia, el Estudio de Impacto Ambiental en medio magnético y físico, el certificado de uso del suelo,
expedido por la Secretaría de Planeación de los municipios de Chima y Contratación, el Plano IGAC de
ubicación del área del proyecto y el certificado del Plan de Manejo Arqueológico expedido por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICAH).
24

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

75. De modo que la visita practicada en virtud de la orden contenida en el
memorando del 4 de mayo de 2009, de ninguna manera exoneraba al actor de
cumplir con sus obligaciones, y menos puede entenderse que la actividad de la
CAS ante la falta de respuesta del “interesado” dio lugar a modificar los requisitos
previstos para este tipo de trámites, que tal y como coincidieron al afirmar los
testigos Eliana Melisa Castillo García, Carmen Susana Camacho Gualdrón y Elkin
René Briceño Lara64, y así lo prevén las normas regulatorias de las licencias
ambientales, inicia solo hasta que se adjunta la totalidad de documentos e
información especificada en la Ley y en el formato de la solicitud; por manera que
queda sin sustento la aseveración del demandante que calificó de parcializado y
ajeno a la realidad el testimonio de la señora Gualdrón Camacho.

76. Si bien no desconoce la Sala que la entidad no requirió inmediatamente al
señor Tamayo Sánchez cuando presentó la solicitud incompleta, y que se
adelantaron otras actuaciones antes de requerir formalmente al interesado, lo
cierto es que aportar la solicitud y sus anexos completos desde el inicio era una
carga que el solicitante estaba llamado a cumplir y, al menos, desde el 27 octubre
de 2009 tuvo un conocimiento exacto de los elementos que hacían falta para dar
apertura al proceso de otorgamiento de licencia ambiental y, pese a ello no los
aportó.

77. Aun cuando ante la conducta negligente del actor debió la entidad declarar el
desistimiento tácito -art. 12 y 13 del CCA- de la actuación y ordenar su archivo,
procedió a realizar una visita de inspección ocular el 14 abril de 2011, en la cual
se le puso de presente al señor Tamayo Sánchez que debía manifestar su clara
intención de continuar con el trámite aportando los documentos requeridos desde
hacía un año y ocho meses -Oficio del 27 de octubre de 2009- y fue solo hasta el
14 de junio de 2011 que el solicitante aportó parcialmente la información y
documentación solicitada, con la cual no era viable aperturar el proceso de
licencia, porque aún estaba incompleta.

78. Como prueba de ello se tiene que mediante Resolución DGL 865 del 9 de
septiembre de 2011, el Director General de la CAS hizo un recuento de las
actuaciones adelantadas en el trámite del expediente 68755-00272-09, y precisó
que, si bien mediante escrito radicado el 14 de junio de 2011 el interesado había
aportado varios de los documentos faltantes, quedaban pendientes algunos más
y, por ello, le otorgó un término máximo de 60 días hábiles a partir de la notificación
de esa resolución para que aportara: (i) el costo estimado de la inversión; (ii) la
copia del documento de identificación del interesado; (iii) la copia de la radicación
ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia ICANH del programa de
arqueología preventiva; (iv) el estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental, en medio físico y magnético y; (v) los permisos necesarios para la
ejecución del proyecto.

64 A los cuales, se anuncia, se les otorga pleno valor probatorio, dado que ofrecen motivos de credibilidad, en

tanto sus dichos resultan coherentes entre sí en cuanto a los hechos narrados y coinciden con los demás
elementos de prueba referidos anteriormente, al lado de lo cual se trata de personas que en virtud de sus
profesiones u oficios conocieron directamente del proceso administrativo adelantado por la CAS.
25

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

79. El término otorgado en el referido acto administrativo venció el 17 de agosto
de 2012, fecha para la cual el señor Emiro David Tamayo Sánchez no había
allegado ninguno de los documentos requeridos. De ahí que sea insostenible la
hipótesis alegada por el actor, según la cual fue la incuria de la CAS la que retrasó
todo el proceso. Tan solo hasta el 24 de septiembre de 2012 el señor Tamayo
Sánchez radicó el estudio de impacto ambiental, la aprobación del ICANH, la
fotocopia de la cédula de ciudadanía, la autoliquidación de tasas por concepto de
evaluación, la consignación de las mismas y la solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas, además, lo que revelan las fechas de expedición de estos
documentos65 es que todos fueron gestionados después de notificada la
Resolución DGL 865 del 9 de septiembre de 2011, por manera que, si bien la
solicitud para el otorgamiento de licencia ambiental fue radicada desde el 2009 -
evidentemente incompleta-, solo entre los años 2011 y 2012 el demandante
gestionó la obtención de las certificaciones y anexos exigibles con la presentación
de dicha solicitud.

80. Igualmente, se observa que el último documento pendiente por aportar,
consistente en el informe de valores y costos estimados del proyecto –documento
imprescindible para concluir la etapa siguiente– fue radicado el 1° de abril de 2013
por el señor Emiro David Tamayo, momento a partir del cual la entidad comenzó
a agotar las etapas correspondientes, dentro de los términos legales y
razonables66, hasta el 10 de diciembre de 2013 cuando el Subdirector de
Planeación certificó que “de acuerdo con las coordenadas planas del polígono
EAU-101… presentan intersección total con el Distrito Regional de Manejo
Integrado de la Serranía de los Yariguíes, de igual manera se informa que el
mismo presenta intersección con la Reserva Forestal del Río Magdalena…”.

81. De acuerdo con los testimonios rendidos en este proceso, especialmente la
declaración de Carmen Susana Camacho Gualdrón -funcionaria de la CAS
encargada de revisar y coordinar los expedientes relacionados con licencias

65 Folios 72 a 131 del expediente administrativo.
66 Artículo 282 del Código de Minas, en concordancia con el Decreto 1220 de 2005. Artículo 23: De la
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la
exigibilidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, o una vez surtido el procedimiento señalado en el
artículo anterior, el interesado deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental acompañado con el Formato
Único Nacional de Solicitud de licencia ambiental, a que se refiere el artículo 24 de este decreto, según lo
dispuesto a continuación:
1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental contará con diez
(10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, expedir el auto de iniciación de trámite
en los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, y comprobar que el valor cancelado por
concepto del servicio de evaluación esté conforme a las normas vigentes.
2. Cumplido este término, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la autoridad ambiental podrá
solicitar al interesado la información adicional que se considere indispensable. En este caso se suspenderán
los términos que tiene la autoridad para decidir.
3. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince (15) días hábiles para solicitar
a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deben ser remitidos
en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación
correspondiente.
4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o
entidades, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.
5. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad y
otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en un término no mayor a quince (15) días hábiles,
contados a partir de la expedición del citado auto.
6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental procede el recurso de reposición
ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto.
7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
26

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

ambientales-, el expediente No. 68755-00272-09 -solicitud de licencia elevada por
el señor Tamayo Sánchez- tenía una situación particular porque el área
concesionada se encontraba dentro del DRMI Serranía de los Yariguíes, cuyo
registro de área protegida se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012 y hasta la
expedición del Acuerdo 254 del 22 de mayo de 2014, “Por medio del cual se hacen
precisiones cartográficas en el DRMI, Serranía de los Yariguíes…”, a la CAS le
estaba proscrito otorgar licencias ambientales en esa área y, por tal motivo, no se
había adoptado una decisión de mérito en ese proceso.

82. Se advierte, además, que la intención del demandante era realmente que se
suspendiera la etapa de explotación del contrato, mientras se resolvía lo referente
al otorgamiento de la licencia ambiental, pues a través de escrito del 23 de mayo
de 2013 le solicitó a INGEOMINAS – Bucaramanga suspender temporalmente la
ejecución del contrato, “por lo menos en el (sic) término en que pueda ejercer mi
derecho a la explotación”, solicitud que fue reiterada ante la ANM mediante
memorial del 14 de enero de 2014; pero, fue ante la falta de respuesta de las
autoridades mineras y los reportes de fiscalización integral del contrato EAU-101
emitidos por la ANM -entre el 7 y 20 de febrero de 201467- que el actor optó por
manifestar ante esta última entidad la renuncia al contrato de concesión minera
(escrito del 1° de julio del 2014).

83. Teniendo en cuenta los supuestos probatorios y fácticos relacionados, así
como la inacción e incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para
presentar la solicitud de licencia ambiental por parte del demandante (actividad
procesal del interesado), la situación jurídica en que se encontraba el área a
concesionar (complejidad del asunto), que el demandante tardó hasta el 2007
para inscribir en el Registro Minero Nacional el contrato de concesión EAU-101
de 2003 (estado jurídico de la parte interesada) y que la entidad estuvo siempre
al frente del proceso, propiciando su trámite (conducta de la autoridad), no cabe
duda que fue el actuar del demandante el determinante en la causación del hecho
dañoso que alega, esto es, la mora para adoptar la decisión de fondo, pues
aunque formalmente presentó la solicitud en el 2009, solo a partir del 1° de abril
de 2013 allegó los documentos y certificados necesarios para que la CAS le diera
a la solicitud el trámite previsto en la Ley.

84. No ignora la Sala que la entidad demandada tuvo una actitud pasiva e, incluso,
permisiva para con el demandante, pues a pesar de que éste hizo caso omiso al
primer requerimiento y excedió el término otorgado por el segundo requerimiento
para aportar la totalidad de los documentos exigidos por la ley, no decretó el
desistimiento tácito, ni ordenó el archivo del expediente ni adoptó una medida
definitiva ante su desinterés. No obstante lo anterior, los elementos de convicción
aportados demuestran que el origen del daño alegado en la demanda no provino
de una omisión o de la acción tardía o defectuosa de la CAS, ni que ésta estuviera
ligada causalmente con ese daño; por el contrario, se evidencia que en la dilación
del proceso administrativo medió la culpa de la víctima y ésta fue la causa
adecuada y determinante de la producción del daño68, dada su desidia para

67 Folios 167 y 168, c. 1 y folios 179 a 181, c. 1.
68 Para que dicha causal eximente de responsabilidad pueda tener plenos efectos liberadores respecto de la

responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño,
27

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

gestionar y radicar las certificaciones y documentos que exige la ley para el
otorgamiento de la licencia ambiental.

85. En ese orden de ideas, para la Sala resulta diáfano que el resultado dañoso
se produjo como consecuencia exclusiva del actuar del señor Emiro David
Tamayo Sánchez, con lo cual deviene innecesario pronunciarse sobre el elemento
subjetivo en la atribución de responsabilidad a la administración69.

86. Así las cosas, al encontrarse acreditada la eximente de responsabilidad de la
culpa exclusiva de la víctima, lo cual impide que el daño en el presente asunto sea
imputable a la Administración y, en consecuencia, que esté llamada a reparar los
perjuicios causados como consecuencia del mismo, la Sala confirmará la
sentencia objeto de impugnación, que negó las súplicas de la demanda.

Condena en costas

87. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Según lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas de la segunda
instancia a la parte demandante, toda vez que el recurso formulado se le resuelve
desfavorablemente.

88. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en
derecho, las cuales se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. el Acuerdo 1887 de 2003 -
vigente para la época de presentación de la demanda-, la Sala fija las agencias en
la suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones negadas,
esto es, la suma de cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil setecientos
setenta y cinco pesos ($47’809.775 ), a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Santander, lo cual se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del
citado Acuerdo 1887 de 200370, según el cual dicho valor podrá ser de hasta el
cinco por ciento (5%) del valor total del petitum.

como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, pues en el
evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su
responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en
proporción a la participación de la víctima.
69 Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad, constituyen diversos eventos

que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los
daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada
dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se
ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su
imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.
70 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia” (se resalta).
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
28

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

89. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de
su particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del
artículo 365 del CGP71, de la siguiente manera72:

Porcentaje
Pretensión del
respecto de la
Demandante proceso de
totalidad de las
reparación directa
pretensiones
Emiro David Tamayo Sánchez (víctima directa) $4.491’406.853 93,943%
Gladys Rojas Ortega (cónyuge) $68’945.400 1,442%
Ginny Lizbeth Tamayo Rojas (hija) $55’156.320 1,153%
Diana Margoth Tamayo Rojas (hija) $55’156.320 1,153%
Elkin David Tamayo Rojas (hijo) $55’156.320 1,153%
Favián Alonso Tamayo Rojas (hijo) $55’156.320 1,153%
TOTAL $4.780’977.533 100%

90. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.

IV. PARTE RESOLUTIVA

91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la entidad demandada. Para el efecto, las agencias en
derecho se fijan en la suma de cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil
setecientos setenta y cinco pesos ($47’809.775). Las costas se liquidarán de
manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo
366 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes a cargo de los demandantes:

Demandante Porcentaje respecto
de las costas
Emiro David Tamayo Sánchez (víctima directa) 93,943%

que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción
a las siguientes reglas (…)”.
71 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los

condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos”.
72 El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su interés

patrimonial. Se recuerda que en la demanda se pidió por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100
SMLMV para el señor David Tamayo Sánchez y otro tanto para la cónyuge, 80 SMLMV para cada uno de los
hijos. Por lucro cesante se solicitó a favor de la víctima directa (David Emiro Tamayo) el monto de
$3.866.880.000 y, a título de daño emergente la suma de $555’581.453. El salario mínimo del 2016, año en
que se presentó la demanda, era de $689.455.
29

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00686-01 (67.106)
Actor: Emiro David Tamayo Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS
Referencia: Reparación directa

Gladys Rojas Ortega (cónyuge) 1,442%
Ginny Lizbeth Tamayo Rojas (hija) 1,153%
Diana Margoth Tamayo Rojas (hija) 1,153%
Elkin David Tamayo Rojas (hijo) 1,153%
Favián Alonso Tamayo Rojas (hijo) 1,153%
TOTAL 100%

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

30

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.