RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2016-00774-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00774-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00774-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. QUINTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia. SEXTO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00774-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Falta de pago de acreencias
reconocidas en el trámite liquidatorio de una empresa promotora de salud (EPS).
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – El Ministerio de Salud y Protección Social no
responde por las acreencias insolutas reconocidas en el trámite liquidatorio de una EPS.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EPS – La inspección permite requerir
información, practicar visitas, realizar auditorías y efectuar seguimiento a la actividad de los
sujetos vigilados, la vigilancia se orienta a verificar que su funcionamiento se ajuste al
ordenamiento jurídico, y el control habilita a la Administración para ordenar correctivos frente a
situaciones irregulares o críticas. DAÑO – Merma patrimonial derivada de la declaratoria de
crédito insoluto por agotamiento de activos de EPS. IMPUTACIÓN – El impago de la acreencia
no resulta atribuible a la Superintendencia Nacional de Salud, pues no se acreditó una actuación
tardía, deficiente u omisiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Superintendencia Nacional de Salud (en adelante la “Superintendencia de
Salud”) dispuso la intervención forzosa administrativa de la Sociedad Solidaria de
Salud EPS S.A. (en adelante “SOLSALUD EPS”) y la liquidación de sus bienes,
haberes y negocios, luego de advertir irregularidades en su manejo y
administración. En el curso del proceso liquidatorio, la E.S.E. Hospital Regional de
San Gil solicitó ante el agente especial liquidador el pago de $1.241.481.023 por
concepto de servicios de salud prestados. La acreencia fue identificada con el No.
A04.263 y aceptada parcialmente por la suma de $958.201.940; no obstante, dicho
crédito fue declarado insoluto por el agotamiento total de los activos de la sociedad.
Finalmente, el agente especial liquidador declaró terminada la existencia legal de
SOLSALUD EPS.

La demandante considera que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
(en adelante el “Ministerio de Salud”) y la Superintendencia de Salud son
patrimonialmente responsables por el impago de la acreencia No. A04.263, debido
a la inadecuada e inoportuna actuación de aquellas en el ejercicio de sus funciones
de inspección, vigilancia y control sobre SOLSALUD EPS.

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al
constatar que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud cumplieron

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

adecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS. La
sentencia fue apelada por la parte accionante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 8 de julio de 20161_2, la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda
contra el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, con el fin de que fueran
declaradas patrimonialmente responsables por el impago de la acreencia No.
A04.263 adeudada por SOLSALUD EPS, derivada de la prestación de servicios de
salud.

En su escrito, la accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: Declarar a la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD administrativamente
responsables de las fallas en la función de vigilancia, inspección y control que las
mismas debían ejercer sobre la administración del régimen contributivo y subsidiado
que le fue autorizado o habilitado para operar en Colombia a SOLSALUD EPS S.A. y
que llevo a SOLSALUD EPS S.A. a la liquidación, dejando como deudas insolutas los
servicios prestados a sus usuarios y cubiertos por diversas personas jurídicas y
naturales.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la
NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y a la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD a pagar a favor de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL:

a. Daños materiales:

• Como daños materiales solicito el pago a favor de mi poderdante por la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($958.201.940), correspondiente al capital
adeudado a la fecha.
• Por concepto de intereses de mora a la fecha la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
($479.100.970), correspondiente a los intereses que devengan las sumas contenidas
en las facturas reconocidas por el agente especial liquidador en Resolución No. 3262
del 28 de mayo de 2014.

1 Archivo “C1_002DEMANDA”, índice 2, Samai.
2 Mediante auto del 12 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y, además, ordenó la vinculación de Legal Strategy S.A.S. como tercero interesado
(Archivo “C1_010AUTOADMITEDEMANDA”, índice 2, Samai). Posteriormente, el 11 de mayo de
2017, la parte demandante reformó la demanda (Archivo “C1_019MODIFICACIONDEMAN”, índice
2, Samai). Mediante auto del 30 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Santander admitió
la reforma y ordenó el emplazamiento de Legal Strategy S.A.S. (Archivo
“C1_026AUTOADMITEREFORMA”, índice 2, Samai). Una vez notificada, la sociedad referida
recurrió el auto admisorio de la demanda (Archivo “C1_034RECURSOREPOSICION”, índice 2,
Samai). Tras lo cual, por auto del 16 de mayo de 2019, el mismo Tribunal revocó parcialmente el
auto admisorio respecto de la vinculación de dicha sociedad (Archivo
“C2_0008AUTORESUELVERECU”, índice 2, Samai).
2

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

b. Por daños MORALES la suma que resulte de convertir a pesos colombianos CIEN
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES ocasionados a mi
poderdante en su condición de directa afectada con el déficit dejado por la liquidada
SOLSALUD EPS S.A.

Los demás que resulten probados bajo el principio de reparación integral [...]”
(mayúsculas dentro del texto).

En sustento de sus pretensiones el extremo activo narró que, mediante Resolución
No. 735 del 6 de mayo de 2013, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención
administrativa de SOLSALUD EPS y la liquidación de sus bienes, haberes y
negocios, pues constató irregularidades en su manejo y administración.

Agregó que, el 26 de noviembre de 2013, la E.S.E. Hospital Regional de San Gil
solicitó al agente liquidador de SOLSALUD EPS el reconocimiento y pago de una
acreencia por la suma de $1.241.481.023, por concepto de los servicios de salud
prestados a sus afiliados.

Añadió que, mediante Resolución No. 3262 del 28 de mayo de 2014, el agente
liquidador aceptó parcialmente la acreencia No. A04.263 presentada por la
institución hospitalaria, por valor de $958.201.940, y, en consecuencia, ordenó su
incorporación a la masa liquidatoria como crédito de quinta clase.

Agregó que, en el mismo acto, el agente liquidador declaró insolutos los créditos “al
no existir disponibilidad de recursos […] al haber agotado sus activos”.

Finalmente, concluyó que, por Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, el agente
especial liquidador declaró “[…] terminada la existencia legal de SOLSALUD EPS
S.A. en liquidación”.

La demandante considera que la falta de pago de la acreencia No. A04.263
adeudada por SOLSALUD EPS es imputable al Ministerio de Salud y a la
Superintendencia de Salud, debido a la inadecuada e inoportuna inspección,
vigilancia y control de dichas autoridades frente a la entidad promotora de salud.

2. Contestaciones

2.1. El Ministerio de Salud3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que
el daño era atribuible a la Superintendencia de Salud, pues era el ente responsable
de inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, así como de adelantar los procesos de intervención forzosa
administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas. Como excepciones
propuso las de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) ausencia de
responsabilidad, (iii) inexistencia de daño antijurídico, (iv) inexistencia de acto
administrativo, e (v) innominada.

2.2. La Superintendencia de Salud4 solicitó que se desestimaran las pretensiones
de la demanda. Señaló que la afectación reclamada por la accionante no le era
imputable, porque ejerció adecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y
control. Agregó, además, que el agente liquidador era el llamado a responder por
los daños reclamados, pues era a quien le correspondía adelantar el proceso de
3 Archivo “C1_013CONTESTACIONDEMAN”, índice 2, Samai.
4 Archivo “C1_015CONTESTACIONDEMAN”, índice 2, Samai.

3

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

intervención forzosa administrativa. Formuló como excepciones las de: (i)
caducidad; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) inexistencia del nexo
causal, (iv) inexistencia de la obligación, (v) ausencia de cargos imputables y (vi)
genérica.

3. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 27 de julio de 20205, el Tribunal Administrativo de Santander
adelantó el saneamiento del proceso y resolvió las excepciones previas. Luego,
mediante auto del 21 de septiembre de 20206, prescindió de la práctica de la
audiencia inicial, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre el decreto de pruebas7.

Sobre el particular, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y por la Superintendencia de
Salud, con fundamento en diversos pronunciamientos de esta Corporación8. De
igual manera, se estimó que la pretensión de reparación directa había sido ejercida
en tiempo, por haberse presentado dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
en que se declaró insoluto el crédito de la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, pues
fue en ese momento cuando se materializó el daño.

En cuanto al objeto del litigio, el Tribunal precisó que consistía en determinar si “Se
configuran los elementos de la responsabilidad estatal atribuible a las entidades
demandadas, o alguna de ellas, por el daño patrimonial presuntamente irrogado a
la parte actora, derivado de la falla en la prestación del servicio ante las presuntas
fallas en la vigilancia, inspección y control del sistema de salud, que originó la
existencia de una deuda insoluta por los servicios prestados por la parte actora”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

4.1. La parte demandante9, el Ministerio de Salud10 y la Superintendencia de Salud11
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en los escritos de
contestación a la demanda, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de noviembre de 202112, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño alegado
no era atribuible al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, toda vez
que lo probado en el proceso permitió establecer que dichas autoridades cumplieron

5 Archivo “C2_0024AUTORESUELVEEXCE”, índice 2, Samai.
6 Archivo “C2_0034AUTOPRESCINDEAUD”, índice 2, Samai.
7 Sobre el particular, se decretaron los siguientes medios de prueba, a solicitud del extremo activo:

(i) la documental aportada con la demanda y (ii) uno de los oficios solicitados con esta. La parte
demandada no realizó solicitudes probatorias.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 19 de septiembre de 2016, Rad.:

57444. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 28 de febrero de
2017, Rad.: 57635.
9 Archivo “C2_0075ALEGATOSCONCLUSI”, índice 2, Samai.
10 Archivo “C2_0077ALEGATOS”, índice 2, Samai.
11 Archivo “C2_0074ALEGATOSCONCLUSI”, índice 2, Samai.
12 Archivo “C2_0086SENTENCIAPRIMERA”, índice 2, Samai.

4

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

adecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre SOLSALUD
EPS y no dilataron su liquidación en detrimento de sus acreedores.

Destacó que la Superintendencia de Salud ejerció adecuadamente dichas
funciones, porque con anterioridad a la toma de posesión de la entidad promotora
de salud: (i) habilitó a SOLSALUD EPS para la prestación condicionada del servicio,
supeditada al cumplimiento de un plan de mejoramiento; (ii) contrató una empresa
especializada para verificar los estados contables; (iii) realizó visitas de inspección;
(iv) adoptó medidas preventivas de toma de posesión y de intervención forzosa; y
(v) ordenó la toma de posesión cuando se evidenciaron graves inconsistencias, con
el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.

En ese orden, precisó que la citada autoridad administrativa no tenía “el deber legal
o convencional de responder por el posible incumplimiento de obligaciones
ejecutadas por el agente especial liquidador”, ni por las consecuencias derivadas
de sus actuaciones, pues no ostentaba la calidad de “empleadora, deudora o
garante solidaria”.

De otra parte, frente a la responsabilidad endilgada a la cartera ministerial, concluyó
que no era posible imputarle responsabilidad por las obligaciones insolutas de
SOLSALUD EPS, en tanto sus competencias se limitan a la dirección, orientación,
coordinación y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En
ese sentido, su intervención se concreta en la formulación de políticas y
lineamientos generales en materia de salud, cuya ejecución corresponde a las
entidades que integran el respectivo sector administrativo.

Asimismo, advirtió que ni al Ministerio de Salud ni a la Superintendencia de Salud
les corresponde garantizar, asumir o pagar las deudas contraídas por las empresas
promotoras de salud, pues no ostentan posición de garante frente a sus
obligaciones contractuales.

Finalmente, frente al reproche relativo a la supuesta falta de adopción oportuna de
medidas, indicó que dicha afirmación correspondía a una apreciación subjetiva de
la parte actora, no respaldada por elementos de prueba que permitieran estructurar
un juicio de responsabilidad.

6. Apelación

6.1. La parte actora13 interpuso recurso de apelación, en el que reiteró los
argumentos expuestos en la demanda. Consideró que las autoridades accionadas
debían ser declaradas patrimonialmente responsables por la falta de pago de la
acreencia adeudada por SOLSALUD EPS, pues existían suficientes medios de
convicción que daban cuenta de que ello ocurrió como consecuencia de la
inadecuada e inoportuna inspección, vigilancia y control realizada sobre dicha
entidad.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Como no se decretaron pruebas, ni se solicitaron en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el

13 Archivo “C2_0090RECURSOPARTEDEMA”, índice 2, Samai.

5

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

numeral quinto del artículo 24714 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión en segunda instancia. En esta instancia el Ministerio Público guardó
silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que modificará la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud. En lo
demás, confirmará la providencia apelada, al constatar que no se acreditaron los
presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la
Superintendencia de Salud por las obligaciones adeudadas por SOLSALUD EPS.

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso
concreto, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 10415 del CPACA, estatuto
vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable,
porque se demanda la responsabilidad extracontractual del Ministerio de Salud y la
Superintendencia de Salud16.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, dada la vocación de doble instancia del
proceso, debido a que la cuantía excedió los 50017 SMLMV, en concordancia con

14 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”.
15 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
16 Decreto 2462 de 2013. “Artículo 1°. La Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del

Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es
una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”. Véase también Decreto 1080 de
2021. “Artículo 1°. La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente”.
17 La pretensión mayor de la demanda se fijó en $1.437.302.910, lo que es superior a 500 SMLMV

de la fecha en que esta fue presentada, esto es, del año 2016, en el que el salario mínimo
correspondía a la suma de $689.455.
6

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

los artículos 15018 y 15219 del CPACA.

1.2. La reparación directa es el medio de control procedente para solicitar la
declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación
temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a
un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14020 del CPACA.

Ahora bien, es importante resaltar que esta Sección21 ha sostenido de manera
reiterada que la elección del medio de control judicial no obedece a la mera
discrecionalidad del demandante, sino que está determinada por el origen del daño
cuya reparación se pretende. En ese sentido, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo cuando las pretensiones de
restablecimiento o de reparación de perjuicios se derivan de un acto administrativo
que se considera ilegal, mientras que el medio de control de reparación directa
resulta procedente para examinar daños cuya fuente sea un hecho, una omisión o
una operación administrativa o de un acto administrativo, siempre que no se
cuestione su legalidad22.

En el caso concreto, si bien en el trámite de liquidación de SOLSALUD EPS el
agente especial liquidador profirió diversos actos administrativos, lo cierto es que la
demanda no cuestionó la legalidad de ninguno de ellos ni formuló pretensiones
orientadas a su anulación o al restablecimiento de un derecho subjetivo afectado
con uno de tales actos. Por el contrario, el daño invocado –consistente en la falta
de pago de la acreencia a cargo de SOLSALUD EPS– fue atribuido al inadecuado
e inoportuno ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte
del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud sobre la citada entidad
promotora de salud.

En criterio de la accionante, el impago de la acreencia no se originó en un acto
administrativo del agente liquidador que hubiese negado o rechazado su
reconocimiento. De hecho, según lo expuesto en la demanda, la afectación
18 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
19 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
20 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022,

Rad.: 54977. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de
noviembre de 2015, Rad.: 34254 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 3 de abril de 2013, Rad.: 26437.
22 La jurisprudencia ha reconocido, excepcionalmente, que la reparación directa procede frente a

daños derivados de actos administrativos cuando no se cuestiona su legalidad. Cfr. Consejo de
Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993, Rad.: 7303; y sentencia del 8 de marzo
de 2007, Rad.: 16421.
7

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

patrimonial reclamada se produjo como consecuencia de la insuficiencia de activos
y de la falta de liquidez de la entidad intervenida, circunstancias que se imputan a
una omisión en los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de las
autoridades demandadas23.

En ese contexto, la Sala estima que el medio de control de reparación directa
ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un
daño imputable a una omisión en los deberes de inspección vigilancia y control del
Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud, en los términos del artículo
140 del CPACA.

1.3. Frente a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación directa,
el artículo 164 del CPACA señala que la “demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Asimismo, en lo que concierne al cómputo del término de caducidad de la pretensión
de reparación directa en aquellos eventos en los que se discute la responsabilidad
patrimonial del Estado por la pérdida de créditos a cargo de entidades promotoras
de salud sometidas a procesos de intervención y liquidación, esta Subsección 24 ha
considerado que el criterio determinante para establecer si la demanda fue
presentada oportunamente es la fecha en la que el acreedor tuvo conocimiento de
que la deuda quedaría insoluta, como consecuencia del agotamiento de los activos
disponibles, pues desde ese momento se entiende que el interesado se encontraba
en la posibilidad de constatar, de manera cierta y material, que los créditos
reconocidos no serían atendidos.

En el presente asunto la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue presentada
dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 16425 del CPACA para
formular pretensiones en reparación directa. Para efectos del cómputo de la
caducidad, la Sala tendrá como punto de partida el 10 de junio de 2014, fecha en la
que la E.S.E. Hospital Regional de San Gil tuvo conocimiento del daño, toda vez
que el 9 de junio de esa anualidad26 quedó ejecutoriada la Resolución No. 3802 del
5 de junio de 2014, mediante la cual se declararon “[…] como insolutos, los créditos

23 En este sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado “(...) la procedencia de la

acción de reparación directa cimentada en el funcionamiento anormal del servicio, en todos aquellos
eventos derivados de: i) hechos u omisiones en la toma de posesión, ii) en la liquidación obligatoria
y iii) en el incumplimiento del control, vigilancia e inspección”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016, Rad.: 37637.
24 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de

2025, Rad.: 65591; Subsección C, Sentencia del 22 de mayo de 2024, Rad.: 64056; Subsección C,
sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad.: 67922; Subsección C, sentencia del 19 de febrero de
2024, Rad.: 66775. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 66861.
25 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse

dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo
si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia. […]”.
26 Constancia Ejecutoria Resolución 3802, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2,

Samai.
8

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

fiscales, parafiscales y de quinta clase reclamados en el proceso liquidatorio […] en
especial por el agotamiento total de los activos disponibles de SOLSALUD EPS”.

Lo anterior, sin desconocer que mediante la Resolución No. 3262 del 28 de mayo
de 2014, el agente especial liquidador de SOLSALUD EPS declaró insoluto el
crédito No. A04.263, reconocido parcialmente a favor de la E.S.E. Hospital Regional
de San Gil por la suma de $958.201.940, obligación cuyo impago constituye,
precisamente, el fundamento del daño alegado. Sin embargo, en el expediente no
obra constancia de notificación ni de ejecutoria de dicha decisión, razón por la cual
no es posible tomarla como referente cierto para iniciar el cómputo del término de
caducidad.

Así las cosas, se advierte que: (i) el término de caducidad empezó a correr el 10 de
junio de 2014; (ii) la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 3
de junio de 2016, la cual fue declarada fallida el 6 de julio de 2016 27; y (iii) la
demanda se presentó el 8 de julio de 201628. En consecuencia, la Sala concluye
que la demanda fue presentada oportunamente.

1.4. Respecto de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto
es, de un lado, la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, y de otro, la Nación –
Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, se advierte lo siguiente:

(i) La E.S.E. Hospital Regional de San Gil es la persona jurídica sobre quien recae
el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por
activa, pues alega haber sufrido una afectación patrimonial consistente en la pérdida
de recursos económicos adeudados por SOLSALUD EPS, lo cual atribuye a una
falla del servicio por omisión de las entidades demandadas en ejercer
adecuadamente la inspección, vigilancia y control sobre la referida entidad
promotora de salud.

(ii) La Superintendencia de Salud se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 6 del Decreto
1018 de 200729, es la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control
sobre las entidades promotoras de salud. Asimismo, porque fue la autoridad que
inició la actuación administrativa contra SOLSALUD EPS y dispuso su intervención
administrativa con fines de liquidación. Igualmente, porque es una de las
autoridades a quienes se le atribuye la causación del daño reclamado.

(iii) La Nación - Ministerio de Salud no está legitimada en la causa por pasiva, pues
la sola afirmación de que conocía las presuntas irregularidades atribuidas a
SOLSALUD EPS no basta para vincularla con los hechos que sirven de fundamento
a la demanda. En efecto, en el expediente no obra prueba de una actuación u
omisión concreta atribuible a esa cartera que guarde relación directa con el daño
alegado o que permita estructurar, aun de manera preliminar, un juicio de
responsabilidad en su contra30.

27 Archivo “C1_005CONSTANCIANOACUER”, índice 2, Samai.
28 Archivo “C1_002DEMANDA”, índice 2, Samai.
29 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras

disposiciones”.
30 Esta conclusión guarda correspondencia con la postura adoptada por esta Subsección en otros

procesos relacionados con la liquidación de SOLSALUD EPS, en los que se ha declarado la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera,

9

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos esgrimidos en el recurso de apelación y teniendo
presente que se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Salud, corresponde a la Sala determinar si la Superintendencia de
Salud es patrimonialmente responsable por la afectación sufrida por la demandante,
debido a la falta de pago de la acreencia No. A04.263 que SOLSALUD EPS le
adeudaba, lo cual se atribuye a una inadecuada e inoportuna labor de inspección,
vigilancia y control sobre dicha entidad.

3. Hechos probados

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. A través del auto No. 364 del 8 de mayo de 2007, la Superintendencia de Salud
comisionó a varios de sus funcionarios con el fin de verificar la contratación
celebrada entre las administradoras del régimen subsidiado y las instituciones
prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Barranquilla31.

3.2. Por auto No. 37 del 12 de julio de 2007, la Superintendencia de Salud dispuso
la práctica de una visita de inspección a SOLSALUD EPS32.

3.3. Mediante autos No. 1088 del 11 de diciembre de 2007, No. 1334 del 14 de mayo
de 2008, No. 2636 del 20 de enero de 2009, No. 2694 del 29 de enero de 2009 y
No. 7326 del 14 de mayo de 2009, la Superintendencia de Salud dispuso la apertura
de investigaciones administrativas contra SOLSALUD EPS, con el propósito de
determinar si esa entidad había incurrido en irregularidades consistentes en el
presunto incumplimiento de las normas que regulaban el flujo financiero de los
recursos del régimen subsidiado, en particular, por no girar oportunamente los
recursos a las IPS33.

3.4. A través del auto No. 366 del 28 de julio de 2011, la Superintendencia de Salud
ordenó la práctica de una visita integral a la sede principal de SOLSALUD EPS, con
el fin de verificar, entre otros asuntos: (i) el cumplimiento de las reglas sobre
integración patrimonial, margen de solvencia, patrimonio técnico y patrimonio
mínimo; (ii) el comportamiento de los estados financieros; (iii) el flujo de recursos y
el pago a los prestadores de servicios; (iv) la inversión de los recursos en la
prestación de servicios de salud; (v) la contratación con la red pública; (vi) la
liquidación de contratos con entidades territoriales; (vii) el estado de las cuentas por
pagar a las IPS; (viii) la nota técnica y el gasto en salud; (ix) los procesos de

Subsección C. Sentencia del 19 de febrero de 2024, Rad.: 66775; 13 de marzo de 2024, Rad.: 67922;
22 de mayo de 2024, Rad.: 68761; y 14 de julio de 2025, Rad.: 69013.
31 Auto No. 364 del 8 de mayo de 2007 (Fl. 10), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”, índice 2,

Samai.
32 Auto No. 37 del 12 de julio de 2007 (Fl. 11), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”, índice 2,

Samai.
33 Auto No. 1088 del 11 de diciembre de 2007 (Fl. 12 a 20), No. 1334 del 14 de mayo de 2008 (Fl.

21 a 35), No. 2636 del 20 de enero de 2009 (Fl. 36 a 41), No. 2694 del 29 de enero de 2009 (Fl. 42
a 46) y No. 7326 del 14 de mayo de 2009 (Fl. 47 a 51), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”,
índice 2, Samai.
10

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

reconocimiento y pago de servicios, medicamentos e insumos; (x) los sistemas de
información, bases de datos de afiliados, infraestructura tecnológica y políticas de
seguridad; y (xi) el cumplimiento de los estándares de permanencia y condiciones
de operación de la EPS34.

3.5. En agosto de 2011, la Superintendencia de Salud llevó a cabo una visita técnica
a SOLSALUD EPS de la que elaboró el correspondiente informe35.

3.6. Por auto No. 782 del 25 de noviembre de 2011, la Superintendencia de Salud
ordenó la práctica de una nueva visita a la sede principal de SOLSALUD EPS, con
el propósito de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema
General de Seguridad Social en Salud 36.

3.7. A través del auto No. 146 del 14 de febrero de 2012, la Superintendencia de
Salud ordenó la práctica de otra visita de inspección a SOLSALUD EPS, con el fin
de recaudar pruebas dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en su
contra37.

3.8. Por Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012, la Superintendencia de Salud
adoptó respecto de SOLSALUD EPS la “medida cautelar de toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa
para administrar”, en consideración a que la intervenida “incurri[ó] en las causales
a que se refieren los literales a), d), e) y h) del numeral 1 del artículo 114 del Decreto
663 de 1993, modificada por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999 y adicionada por
los artículos 32, 33, y 34 de la Ley 795 de 2003, conforme a las normas que regulan
el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Lo anterior por el término de 2
meses, prorrogables por un término igual38.

3.9. Por Resolución No. 1391 del 25 de mayo de 2012, la Superintendencia de Salud
prorrogó el término de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la
intervención forzosa administrativa para administrar SOLSALUD EPS39.

3.10. A través de la Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013, la Superintendencia
de Salud dispuso la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de
SOLSALUD EPS, así como su intervención forzosa administrativa con fines de
liquidación, pues evidenció que las condiciones y parámetros bajo los cuales la
entidad estaba operando presentaban un riesgo inminente para la prestación de los
servicios de salud ofertados a sus afiliados y para su estabilidad financiera y del
propio Sistema General de Seguridad Social en Salud40.

34 Auto No. 366 del 28 de julio de 2011 (Fl. 52 a 60), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”,

índice 2, Samai.
35 Informe final de visita SOLSALUD EPS (Fl. 1 a 347), Archivo “C1_003ANEXOSDEMANDA”, índice

2, Samai.
36 Auto No. 782 del 25 de noviembre de 2011 (Fl. 61 a 64), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”,

índice 2, Samai.
37 Auto No. 146 del 14 de febrero de 2012 (Fl. 65 a 67), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”,

índice 2, Samai.
38 Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012 (Fl. 348 a 626), Archivo
“C1_003ANEXOSDEMANDA”, índice 2, Samai.
39 Resolución 1391 de 2012, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.
40 Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013 (Fl. 627 a 649), Archivo “C1_003ANEXOSDEMANDA”,

índice 2, Samai.
11

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

Al efecto, la autoridad administrativa, entre otras cosas, constató: (i) suspensión en
los pagos de sus obligaciones a proveedores y prestadores del servicio; (ii)
incumplimiento reiterado en las órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Salud; (iii) actos de desconocimiento legal a los preceptos de
carácter financiero y al régimen de inhabilidades e incompatibilidad de la junta
directiva; (iv) graves inconsistencias en la información presentada ante la
Superintendencia de Salud; (v) gran cantidad de quejas, reclamos y acciones de
tutela formuladas por la población afiliada, en su gran mayoría por temas de
medicamentos y procedimientos; (vi) ausencia en la legalización de contratos
celebrados con la red de prestadores; (vii) falta de oportunidad para el acceso a
servicios de salud; (viii) inconsistencias en el cumplimiento de programas de
promoción y prevención; (ix) falta de razonabilidad e irregularidades en la
presentación de los estados financieros del año 2012, por glosas injustificadas e
incumplimientos de acuerdos de pago, reportando así una imagen de solvencia
negativa; y (x) una duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para
continuar operando, hallándola incursa en la causal 2 del artículo 457 del Código de
Comercio, por la existencia de pérdidas que reducían el patrimonio neto de la
sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

3.11. Por Resolución No. 795 del 14 de mayo de 2013, la Superintendencia de Salud
designó como agente especial liquidador de SOLSALUD EPS a Fernando
Hernández Vélez41.

3.12. Mediante auto No. 001 del 1º de octubre de 2013, el agente liquidador de
SOLSALUD EPS resolvió “dar inicio al proceso de liquidación forzosa administrativa
de […] SOLSALUD EPS”42.

3.13. El 26 de noviembre de 2013, la E.S.E. Hospital Regional de San Gil solicitó al
agente especial liquidador de SOLSALUD EPS el reconocimiento y pago de las
reclamaciones No. A04.263 y A03.244, correspondientes a servicios de salud
prestados a sus afiliados43.

3.14. Por Resolución No. 3209 del 27 de mayo de 2014, el agente especial
liquidador de SOLSALUD EPS declaró el desequilibrio financiero del proceso de
liquidación forzosa administrativa de dicha entidad, al constatar que los activos
disponibles se encontraban íntegramente comprometidos para la atención de los
gastos necesarios para adelantar el proceso liquidatorio y para la constitución de
las reservas destinadas a la conservación del archivo de la entidad intervenida. En
consecuencia, precisó que no era posible atender el pago de los demás créditos
fiscales, parafiscales ni de quinta clase reclamados y reconocidos dentro del
proceso, debido al agotamiento total de los activos de la entidad promotora de
salud44.

3.15. Por Resolución No. 3262 del 28 de mayo de 2014, el agente liquidador de
SOLSALUD EPS aceptó de manera parcial la acreencia No. A04.263 presentada
por la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, por un valor de $958.201.940. No

41 Resolución 795 de 2013, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.
42 Primer aviso emplazatorio, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.
43 Así se desprende de la Resolución No. 3262 del 28 de mayo de 2014 y la Resolución No. 3753

del 4 de junio de 2014.
44 Resolución 3209 de 2014, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.

12

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

obstante, determinó que dicho crédito resultaba insoluto “al no existir disponibilidad
de recursos de SOLSALUD EPS, al haber agotado sus activos”45.

3.16. Mediante Resolución No. 3753 del 4 de junio de 2014, el agente liquidador de
SOLSALUD EPS rechazó totalmente la acreencia No. A03.244 del 26 de noviembre
de 2013, por valor de $424.892.789. Adicionalmente, precisó que no era posible
atender el pago debido al agotamiento total de los activos de la entidad promotora
de salud46.

3.17. A través de Resolución No. 3802 del 5 de junio de 2014, el agente liquidador
de SOLSALUD EPS resolvió declarar como insolutos los créditos fiscales,
parafiscales y de quinta clase reclamados de manera oportuna y reconocidos en el
proceso liquidatorio, por “el agotamiento total de los activos disponibles de
SOLSALUD EPS”47.

3.18. Por Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, el agente especial liquidador
de SOLSALUD EPS declaró terminada su existencia legal48.

3.19. El 6 de junio de 2014, el agente especial liquidador de SOLSALUD EPS
presentó el informe final de rendición de cuentas del proceso liquidatorio, en el que
relacionó las gestiones adelantadas entre el 6 de mayo de 2013 y el 6 de junio de
2014, entre ellas, la toma de posesión de la entidad, el traslado de afiliados, la
determinación de activos y pasivos, la calificación de acreencias, el pago del pasivo,
el cierre contable y la terminación de su existencia legal49.

3.20. En fecha no determinada en el expediente, la E.S.E. Hospital Regional de San
Gil presentó una petición ante la Superintendencia de Salud, con el fin de obtener
información relacionada con SOLSALUD EPS50.

3.21. El 28 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Salud respondió la
petición presentada por la E.S.E. Hospital Regional de San Gil. En esa oportunidad,
informó las actuaciones administrativas adelantadas respecto de la EPS liquidada y
suministró datos sobre sus estados financieros y el número de usuarios afiliados51.

3.22. En fecha no determinada en el expediente, la E.S.E. Hospital Regional de San
Gil radicó una petición ante la Superintendencia de Salud, con el objeto de obtener
información sobre el proceso administrativo adelantado frente a SOLSALUD EPS52.

3.23. El 12 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Salud respondió la
petición presentada por la E.S.E. Hospital Regional de San Gil, mediante
comunicación en la que relacionó las actuaciones administrativas surtidas respecto

45 Resolución No. 3262 del 28 de mayo de 2014 (Fl. 700 a 702), Archivo
“C1_003ANEXOSDEMANDA”, índice 2, Samai.
46 Resolución No. 3753 del 4 de junio de 2014 (Fl. 703 a 705), Archivo “C1_003ANEXOSDEMANDA”,

índice 2, Samai.
47 Resolución No. 3802 de 2014, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.
48 Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014 (Fl. 650 a 677), Archivo “C1_003ANEXOSDEMANDA”,

índice 2, Samai.
49 Informe Final Liquidación Solsalud, Archivo “C2_0056RESPUESTASUPERSA”, índice 2, Samai.
50 Respuesta petición (Fl. 68 a 70), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”, índice 2, Samai.
51 Ibid.
52 Derecho de petición de información (Fl. 1 a 7), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”, índice

2, Samai.
13

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

de SOLSALUD EPS, así como los hallazgos evidenciados en la visita integral
practicada en 201153.

En la citada comunicación informó, entre otras, las siguientes actuaciones: (i) la
Resolución No. 478 del 23 de abril de 1996, mediante la cual se autorizó el
funcionamiento de SOLSALUD EPS; (ii) la Resolución No. 230 del 6 de febrero de
2006, por la cual se resolvió la solicitud de habilitación de dicha entidad para
administrar y operar el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en Salud; (iii) la Resolución No. 1668 del 10 de octubre de 2007, mediante la cual
se revocó la habilitación para administrar los recursos del régimen subsidiado y se
ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidarla; (iv) la Resolución No.
313 del 17 de marzo de 2008, por la cual se habilitó nuevamente a SOLSALUD EPS
para administrar los recursos del régimen subsidiado; (v) las visitas técnicas
realizadas entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011, con el propósito
de verificar el cumplimiento de sus obligaciones; (vi) la Resolución No. 671 del 27
de marzo de 2012, por medio de la cual se adoptó la medida cautelar preventiva de
toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios en su contra, así como su
intervención forzosa administrativa; (vii) la Resolución No. 1391 del 25 de mayo de
2012, mediante la cual se prorrogó el término de la toma de posesión; y (viii) la
Resolución No. 2321 del 26 de julio de 2012, por la cual se prorrogó nuevamente
dicha medida.

3.24. El 3 de febrero de 2016, la E.S.E. Hospital Regional de San Gil nuevamente
solicitó ante la Superintendencia de Salud información sobre el proceso
administrativo adelantado contra SOLSALUD EPS54.

3.25. El 20 de mayo de 2016, la Superintendencia de Salud remitió a la E.S.E.
Hospital Regional de San Gil la información solicitada, relacionando diez visitas
practicadas a SOLSALUD EPS entre 2007 y 2012, dirigidas a verificar aspectos
relacionados con el manejo de recursos, las actuaciones administrativas
adelantadas frente a dicha entidad y las diligencias de inspección judicial
correspondientes55.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 18 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, la parte actora
reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Consideró que las autoridades
accionadas debían ser declaradas patrimonialmente responsables por la falta de
pago de la acreencia adeudada por SOLSALUD EPS, pues existían suficientes
medios de convicción que daban cuenta de que ello ocurrió como consecuencia de
la inadecuada e inoportuna inspección, vigilancia y control realizada sobre dicha
entidad.

Así pues, teniendo en cuenta los reparos presentados por la parte demandante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del CGP56, el análisis del caso se
53 Ibid.
54 Remisión de información solicitada (Fl. 8 y 9), Archivo “C1_020ANEXOSMODIFICACIO”, índice 2,

Samai.
55 Ibid.
56 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior

14

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

circunscribirá exclusivamente a los aspectos concretos planteados en el recurso de
apelación. Por ello, teniendo en consideración que se declarará la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud, a continuación, se
examinará si la Superintendencia de Salud es patrimonialmente responsable por la
afectación sufrida por la demandante, debido a la falta de pago de la acreencia No.
A04.263 que SOLSALUD EPS le adeudaba, lo cual se atribuye a una inadecuada e
inoportuna labor de inspección, vigilancia y control sobre dicha entidad.

La Sala anticipa que no encuentra acreditados los presupuestos necesarios para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia de Salud por las
obligaciones insolutas de SOLSALUD EPS, pues las pruebas obrantes en el
expediente dan cuenta de que esa autoridad administrativa adelantó actuaciones
de inspección, vigilancia y control frente a la referida EPS, las cuales permitieron
verificar su situación administrativa, financiera y operativa, así como adoptar las
medidas correspondientes dentro del trámite de intervención y posterior liquidación,
conforme al marco normativo aplicable.

4.1. Análisis del daño alegado en la demanda

Para comenzar, debe señalarse que el daño ha de ser entendido como la lesión,
aminoración o alteración negativa e injustificada a un derecho o a un interés
jurídicamente tutelado de una persona.

Debe advertirse, entonces, que para que el daño adquiera la connotación de resarcible
es necesario que reúna determinadas características, entre las cuales se destacan su
certeza, su carácter personal y su antijuridicidad. De modo que sólo cuando estas
exigencias se encuentren verificadas es posible afirmar que se está frente a un daño
indemnizable y, por ende, apto para generar una obligación resarcitoria. De lo
contrario, la afectación –aunque materialmente existente– carece de relevancia
jurídica en el ámbito de la responsabilidad.

En definitiva, el daño es el primer elemento que debe observarse en el análisis de la
responsabilidad patrimonial del Estado, dado que se constituye en el eje central de la
obligación resarcitoria y en presupuesto necesario del juicio de imputación, al que solo
se avanza si aquel se encuentra debidamente acreditado57.

Esa es la razón por la que para el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado
esta Corporación –por regla general– ha asumido una metodología que encuentra
punto de partida en la verificación de la existencia del daño58, el cual, además, para

revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 71.”
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de junio de 2025, Rad.:

65459.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 29 de octubre de 2018, Rad.:

46932 y del 1º de octubre de 2018, Rad.: 46328.
15

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

que sea indemnizable debe reunir las características de ser cierto59 y personal60, esto
es, aquel que ha sido sufrido por una persona determinada en su patrimonio 61. De
modo que, para que se proceda a la reparación del daño es menester que no exista
duda alguna sobre su ocurrencia, a diferencia del meramente eventual o
hipotético62.

En el caso concreto, la parte demandante alegó como daño la afectación patrimonial
que sufrió derivada de la falta de pago de la acreencia No. A04.263 adeudada por
SOLSALUD EPS. Sobre este aspecto, la Sala observa que el daño alegado se
encuentra acreditado, pues conforme a la prueba documental allegada, se demostró
que, mediante Resolución No. 3262 del 28 de mayo de 2014, el agente especial
liquidador reconoció parcialmente la acreencia No. A04.263 a favor de la
demandante y, en el mismo acto, declaró insolutos los créditos, al advertir que no
existía disponibilidad de recursos para atender su pago, debido a que sus activos
se habían agotado en los gastos necesarios para adelantar el proceso liquidatorio
(hecho probado 3.15.), lo que materializó la merma patrimonial alegada por la
actora.

4.2. Imputación del daño

Para establecer si el daño es imputable a la Superintendencia de Salud, es
necesario establecer si este le es atribuible.

En ese marco, la demanda sostiene que la afectación provino de la inadecuada e
inoportuna labor de inspección, vigilancia y control ejercida sobre SOLSALUD EPS,
lo que habría conducido a su liquidación tardía y, finalmente, a la imposibilidad de
satisfacer las acreencias reconocidas en el trámite liquidatorio.

Sobre el alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control, la
jurisprudencia ha precisado que: (i) la primera comprende la posibilidad de requerir
información a las entidades supervisadas, practicar visitas, realizar auditorías y
efectuar seguimiento a su actividad63; (ii) la segunda se orienta a verificar que el
funcionamiento de los sujetos vigilados se ajuste al marco normativo que rige su
actividad; y (iii) la tercera habilita a la Administración para ordenar los correctivos
necesarios frente a situaciones irregulares o críticas de orden jurídico, contable,

59 Cuando se alude al requisito de certeza, debe entenderse que el daño solo puede considerarse

cierto en la medida en que exista evidencia suficiente que permita afirmar que la acción u omisión
dañosa efectivamente produjo una lesión al perjudicado. De este modo, la certeza se contrapone a
lo eventual o hipotético, pues únicamente se admite la indemnización de daños que hayan sido
constatados como reales. En otras palabras, en los juicios de responsabilidad civil, el daño será
cierto cuando el juzgador pueda reconocer, con plena evidencia y a partir del acervo probatorio, la
existencia de una afectación comprobada o un desmedro verificable.
60 La reclamación del daño solo la puede pretender quien la haya sufrido, pues “donde no hay interés

no hay acción” (Mazeaud y Tunc). El carácter personal del daño tiene una doble dimensión –
sustancial y procesal– de manera que exige acreditar la titularidad de la lesión respecto de la cual
se solicita la reparación.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 2 de junio de 1994, Rad.: 8998 y del 19 de

octubre de 1990, Rad.: 4333.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad.: 13186 “[…] el

perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización.
El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o
hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y
directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad”.
63 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015, Rad.:

2223.
16

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

económico o administrativo64-65.

En esa medida, tales potestades constituyen instrumentos a través de los cuales el
Estado procura asegurar que las entidades sometidas a supervisión desarrollen su
objeto conforme a la Constitución, la ley y los reglamentos. Así, en ejercicio de esas
atribuciones, la Administración puede impartir instrucciones, adelantar actuaciones
de verificación y adoptar decisiones dirigidas a corregir desviaciones o prevenir
afectaciones al servicio, siempre con el propósito de garantizar su prestación
eficiente y la protección de los usuarios, como expresión de los fines propios del
Estado social de derecho.

Descendiendo al caso concreto, debe precisarse que, conforme a los artículos 23066
de la Ley 100 de 199367 y 368 y 469 del Decreto 1018 de 200770, la Superintendencia
de Salud tiene a su cargo el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respecto de aquellos
sujetos que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfieran o
asignen los recursos públicos y demás rentas del sistema, incluidas las entidades
promotoras de salud, sin distinción de su naturaleza jurídica, así como las
instituciones prestadoras de salud.

64 Corte Constitucional, sentencia C851/13. Sobre el particular, señaló lo siguiente: “[…] la facultad

de inspección comporta la facultad de solicitar información de los entes objeto de supervisión; así
como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad. La
de vigilancia, por su parte, está referida a las funciones de advertencia que se ajusten a la
normatividad que rigen la actividad desarrollada; y finalmente, la de control, permite a la
Administración ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de
orden jurídico, contable, económico y/o administrativo”.
65 Ver también en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de

2023, Rad.: 47754.
66 “Artículo 230. Régimen sancionatorio. […] Parágrafo 2º. La Superintendencia Nacional de Salud

ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de
Salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica”.
67 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
68 “Artículo 3. Objetivos. Los objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud son los siguientes:

1. Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud; 2. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo; 3. Supervisar la calidad de la atención de
la salud, mediante la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la
prestación de los servicios y la protección de los usuarios […]”.
69 “Artículo. 4. Ámbito de Inspección, Vigilancia y Control. Corresponde a la Superintendencia

Nacional de Salud, en el marco que determine la ley, la inspección, vigilancia y control de: 1. Los que
programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfieran o asignen los recursos
públicos y demás arbitrios rentísticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 2. Los que
exploten, produzcan, administren u operen o importen, bajo cualquier modalidad, el monopolio
rentístico de licores; 3. Los que exploten, administren u operen, bajo cualquier modalidad, el
monopolio rentístico de loterías, apuestas permanentes y demás modalidades de los juegos de
suerte y azar; 4. Los que produzcan cervezas, sifones, refajos, vinos, aperitivos y similares y quienes
importen vinos, aperitivos y similares y cervezas; 5. Quienes aporten o deban aportar al Sistema
General de Seguridad Social en Salud; 6. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
de Salud (EAPB) de cualquier naturaleza; 7. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; 8.
Los agentes que ejerzan cualquier función o actividad del Sector Salud o del Sistema General de
Seguridad Social en Salud; 9. Las Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio de las funciones
de Inspección, Vigilancia y Control”.
70 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras

disposiciones”.
17

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

A su turno, el artículo 671 del mismo decreto, en sus numerales 12, 18, 22 y 26,
atribuyó a esa autoridad, entre otras funciones, las de: (i) vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales que regulan el Sistema General de
Seguridad Social en Salud; (ii) ejercer inspección, vigilancia y control sobre las
instituciones prestadoras de servicios de salud respecto del acatamiento de las
disposiciones técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector; (iii)
practicar visitas de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados para conocer de
manera integral su situación administrativa, financiera y operativa, así como el
manejo de sus negocios o de aspectos específicos que requieran verificación, con
la posibilidad de recibir declaraciones, recaudar documentos y emplear los demás
medios de prueba legalmente permitidos; y (iv) adelantar las investigaciones
correspondientes, y cuando fuera procedente, ejercer la intervención forzosa para
administrar o liquidar entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de
servicios de salud, cualquiera fuera su naturaleza.

Ahora bien, una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, de
cara al problema jurídico planteado, la Sala encuentra demostrado: (i) que desde el
año 2007 la Superintendencia de Salud adelantó actuaciones de verificación en el
marco del seguimiento a administradoras del régimen subsidiado y,
específicamente, dispuso visita de inspección a SOLSALUD EPS (hechos probados
3.1. y 3.2.); (ii) que entre diciembre de 2007 y mayo de 2009 esa autoridad abrió
varias investigaciones administrativas contra SOLSALUD EPS (hecho probado
3.3.); (iii) que en 2011 la Superintendencia de Salud ordenó y practicó visitas
integrales a la sede principal de SOLSALUD EPS (hechos probados 3.4., 3.5. y
3.6.); (iv) que por auto No. 146 del 14 de febrero de 2012, dispuso una nueva visita
de inspección con el propósito de recaudar pruebas dentro de las actuaciones
administrativas adelantadas contra la EPS (hecho probado 3.7.); (v) que mediante
Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012, la autoridad dispuso como medida
cautelar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de
SOLSALUD EPS y su intervención forzosa administrativa con fines de
administración, medida que fue prorrogada mediante Resolución No. 1391 del 25
de mayo de 2012 (hechos probados 3.8. y 3.9.); y (vi) que a través de Resolución
No. 735 del 6 de mayo de 2013, el mismo ente ordenó su intervención forzosa
administrativa con fines de liquidación (hecho probado 3.10.).

Bajo el anterior contexto, se advierte que lo probado en el proceso no permite
constatar que la Superintendencia de Salud hubiera desatendido las funciones que
71 “Artículo. 6. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes funciones:

[…] 12. Vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) garantizando la libre elección de aseguradores y
prestadores por parte de los usuarios y la garantía de la calidad en la atención y prestación de
servicios de salud. […]; 18. Ejercerla inspección, vigilancia y control de las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, en relación con el cumplimiento de las normas técnicas, científicas,
administrativas y financieras del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[…] 22. Practicar visitas de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados a fin de obtener un
conocimiento integral de su situación administrativa financiera y operativa, del manejo de los
negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recibir declaraciones,
allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente admitidos y adelantar las
investigaciones a que haya lugar. […] 26. Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar
las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración y operación de monopolios
rentísticos, cedidos al sector salud, Entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que
administren cualquier régimen e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier
naturaleza, e intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los
términos que señale la ley y los reglamentos. La intervención en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud tendrá siempre una primera fase de salvamento. […]”.
18

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

le correspondían frente a SOLSALUD EPS. Por el contrario, el material probatorio
da cuenta de que dicha autoridad desplegó distintas actuaciones administrativas
dirigidas a verificar la situación jurídica, administrativa, financiera y operativa de
dicha entidad, y adoptó las medidas que estimó procedentes en el marco de sus
competencias legales de inspección, vigilancia y control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

En efecto, está demostrado que desde el año 2007, en desarrollo de sus facultades
legales, la citada autoridad administrativa realizó visitas de inspección y visitas
integrales a SOLSALUD EPS, orientadas a verificar, entre otros aspectos, el flujo
de recursos, el pago a prestadores, la situación financiera de la entidad, su
operación en los regímenes contributivo y subsidiado, el cumplimiento de las
condiciones de permanencia, la contratación con la red pública, el margen de
solvencia, el patrimonio técnico, la organización de la prestación del servicio, los
sistemas de información y las condiciones técnico-administrativas necesarias para
continuar operando (hechos probados 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6. y 3.7.).

También se acreditó que, la Superintendencia de Salud adelantó investigaciones
administrativas contra SOLSALUD EPS, originadas en quejas formuladas por
prestadores de servicios de salud, relacionadas con el presunto incumplimiento en
el pago de obligaciones derivadas de la prestación de servicios y con la existencia
de deudas superiores a los términos permitidos (hecho probado 3.3.). Estas
actuaciones evidencian que la entidad de control no permaneció inactiva frente a
las irregularidades que fueron puestas en su conocimiento.

Como resultado de esas actuaciones, la entidad de control identificó diversos
hallazgos relacionados con la mora en el pago a prestadores, inconsistencias
financieras, dificultades en el flujo de recursos, operación en lugares no autorizados,
contratos incompletos o no legalizados, cuentas por cobrar en cuantías
significativas, reducción de ingresos por unidad de pago por capitación y
deficiencias en la prestación del servicio. Justamente, a partir de tales hallazgos, la
Superintendencia de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios de SOLSALUD EPS y ordenó su intervención forzosa
administrativa con fines de administración, como medida cautelar que luego fue
prorrogada (hechos probados 3.8. y 3.9.).

Luego de la adopción y prórroga de esa medida, la Superintendencia de Salud
constató la persistencia de graves irregularidades administrativas, financieras y
operativas que comprometían la prestación del servicio de salud, la estabilidad de
la entidad y los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por
ello, expidió la Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013, mediante la cual dispuso
la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de SOLSALUD EPS y ordenó
su intervención forzosa administrativa con fines de liquidación (hecho probado
3.10.).

Lo anterior, porque logró establecer que SOLSALUD EPS presentaba, entre otros
aspectos: (i) suspensión en el pago de obligaciones a proveedores y prestadores
del servicio, incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia, (ii) inconsistencias graves en la información reportada, (iii) un
número significativo de quejas, reclamos y acciones de tutela formuladas por sus
afiliados, (iv) dificultades en la prestación de servicios, (v) problemas en la
legalización de contratos con la red de prestadores, (vi) deficiencias en la
oportunidad de la atención, (vii) inconsistencias en programas de promoción y
19

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

prevención, y (viii) falta de razonabilidad en la información financiera y afectación
de los indicadores de permanencia en el sistema, particularmente en lo relativo al
margen de solvencia y patrimonio mínimo.

Bajo ese panorama, se advierte que la intervención con fines de administración
permitió a la Superintendencia de Salud verificar de manera integral la situación
jurídica, administrativa, financiera y operativa que atravesaba SOLSALUD EPS, así
como la persistencia de las irregularidades que comprometían su funcionamiento.
De hecho, fue allí cuando se verificó que dicha EPS se encontraba incursa en la
causal de disolución prevista en el numeral 2 del artículo 45772 del Código de
Comercio, al presentar pérdidas que reducían su patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.

Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Salud dispuso la liquidación
forzosa administrativa de SOLSALUD EPS, así como la liquidación de sus bienes,
haberes y negocios, al concluir que la entidad no contaba con condiciones
financieras, operativas ni administrativas suficientes para continuar prestando el
servicio de salud ni para atender adecuadamente sus pasivos (hecho probado
3.10.).

En ese orden, la Sala observa que la actuación de la Superintendencia de Salud se
ajustó a los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de
sus funciones de inspección, vigilancia y control. Así, inicialmente practicó visitas,
formuló requerimientos y adelantó investigaciones administrativas contra
SOLSALUD EPS. Luego, adoptó la toma de posesión e intervención con fines de
administración como medida cautelar. Y, finalmente, al verificar que dicha EPS no
estaba en condiciones de garantizar la adecuada prestación del servicio ni la
protección de los recursos del sistema, dispuso su intervención forzosa
administrativa con fines de liquidación.

Es menester añadir que no son de recibo las afirmaciones generales de la parte
actora, según las cuales la Superintendencia de Salud conocía la situación
financiera de SOLSALUD EPS y, pese a ello, omitió adoptar medidas oportunas
para evitar la afectación patrimonial de los prestadores de salud. Lo anterior, dado
que el mencionado reproche carece de respaldo probatorio en el expediente, pues
no obran elementos que acrediten que la demandante hubiera formulado
reclamaciones, advertencias o informes ante dicha autoridad que hubieran sido
desatendidos. A ello se suma que, frente a las irregularidades conocidas, se
demostró que la Superintendencia de Salud adelantó investigaciones
administrativas, practicó visitas, verificó hallazgos relevantes y adoptó las medidas
de intervención que estimó procedentes, conforme al marco normativo aplicable.

En suma, el material probatorio obrante en el plenario no permite concluir que la
Superintendencia de Salud hubiera actuado de manera tardía, deficiente o contraria
a sus deberes funcionales. Antes bien, evidencia que esa entidad ejerció sus
facultades de inspección, vigilancia y control frente a SOLSALUD EPS, verificó su
situación jurídica, administrativa, financiera y operativa, adoptó la toma de posesión
e intervención con fines de administración y, posteriormente, dispuso su liquidación

72 “Artículo. 457. Causales de disolución en la sociedad anónima. La sociedad anónima se disolverá:

[…] 2. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento
del capital suscrito […]”.
20

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

con fundamento en los hallazgos técnicos y financieros obtenidos durante la
actuación administrativa.

Esta conclusión se acompasa con la postura adoptada por esta Subsección en otros
asuntos relacionados con la intervención y liquidación de SOLSALUD EPS, en los
que también se ha descartado la falla del servicio atribuida a la Superintendencia
de Salud por la presunta omisión o tardanza en el ejercicio de sus funciones de
inspección, vigilancia y control, al constatarse que dicha autoridad desplegó
actuaciones administrativas encaminadas a verificar la situación de la EPS y adoptó
las medidas que estimó procedentes conforme al marco normativo aplicable73.

Así las cosas, no se demostró la falla del servicio alegada por la parte demandante,
consistente en la supuesta inadecuada e inoportuna labor de inspección, vigilancia
y control que habría conducido a una liquidación tardía de SOLSALUD EPS y, con
ello, a la existencia de acreencias insolutas a favor de la E.S.E. Hospital Regional
de San Gil. En consecuencia, aunque el daño patrimonial derivado del no pago de
la acreencia reconocida en el trámite liquidatorio se encuentra acreditado, este no
resulta jurídicamente imputable a la Superintendencia de Salud, pues no se probó
que su actuación hubiera sido la causa eficiente de la insolvencia de la EPS ni de la
imposibilidad de pago reclamada.

Bajo esa perspectiva, al no acreditarse la falla del servicio atribuida a la autoridad
demandada, no se estructuran los presupuestos necesarios para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado en el presente asunto, por lo que se impone
negar las pretensiones de la demanda, previa modificación del fallo de primera
instancia en el sentido de declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio de Salud.

5. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, la Sala concluye que el Ministerio de Salud
carece de legitimación en la causa por pasiva y que la afectación patrimonial
alegada no resulta imputable a la Superintendencia de Salud.

6. Costas

El numeral 1° del artículo 365 del CGP74 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación75. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.

73 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de febrero

de 2024, Rad.: 66775; 13 de marzo de 2024, Rad.: 67922; 22 de mayo de 2024, Rad.: 68761; y 14
de julio de 2025, Rad.: 69013.
74 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
75 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de

21

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4° del artículo 366 del
CGP76, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales.

En el sub-lite, la Sala, teniendo en cuenta que la demandada no desplegó actuación
en segunda instancia, se abstendrá de imponer una orden para que proceda el pago
de agencias en derecho, en la medida que no existe una causación material que así
las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, la
cual quedará así:

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento
en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP.

QUINTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

SEXTO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
76 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
22

Radicado: 68001-23-33-000-2016-00774-01 (68141)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional de San Gil

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

JEAJ/JAR

23

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.