Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00797-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00797-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2016-00797-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
14 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., catorce (14) de julio dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020160079702 (69013)
Demandante: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Y OTRA
Tema: Inspección, vigilancia y control sobre entidades promotoras de
salud. Potestad sancionatoria y administrativa de la
Administración. Sistema general de seguridad social en salud.
Intervención administrativa y liquidación de SOLSALUD EPS
S.A. por irregularidades en su manejo y administración. No
pago de acreencias aceptadas en el trámite liquidatorio. No se
probó la falla del servicio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de la Sociedad
Solidaria de Salud EPS S.A. (en adelante “SOLSALUD EPS S.A.”) y a través de la
Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013 ordenó la liquidación de sus bienes,
haberes y negocios, pues constató, entre otras cosas, irregularidades en su
manejo y administración. Debido a que al momento en que se adelantó la
intervención administrativa, SOLSALUD EPS S.A. le adeudaba varias sumas de
dinero a la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, esta presentó
reclamaciones por los valores adeudados tanto del régimen contributivo como del
subsidiado, las cuales fueron aceptadas parcialmente por el agente liquidador
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
como créditos de quinta clase mediante Resoluciones Nos. 3449 y 3644 de 2014,
mismos actos administrativos en los cuales declaró los referidos créditos como
insolutos, por el agotamiento total de los activos disponibles de SOLSALUD EPS
S.A.
La demandante considera que la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social,
y la Superintendencia Nacional de Salud son patrimonialmente responsables de
las deudas insolutas de SOLSALUD EPS S.A., entre ellas, las reclamaciones
reconocidas por el agente liquidador de esa E.P.S. a favor de la accionante, pues
alegan que ello se debió a la inadecuada e inoportuna labor de inspección,
vigilancia y control realizada sobre dicha entidad, lo cual llevó a su liquidación
tardía.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 18 de julio de 20161, la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra de la Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, para que se les
declarara patrimonialmente responsables por la falta de pago de las acreencias
adeudadas por SOLSALUD EPS S.A., pues considera que ello se debió a la
inadecuada e inoportuna labor de inspección, vigilancia y control realizada sobre
dicha entidad, lo cual llevó a su liquidación tardía.
Como pretensiones de su demanda, la entidad accionante solicita condenar a las
entidades demandadas a pagarle, por lucro cesante, la suma de $1.220’861.031
más los intereses de mora en monto de $769’664.838 y; por perjuicios morales, el
equivalente a 100 SMLMV.
1 Páginas 719 a 742 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf” y páginas 86 a 127 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, desde el año
2003, SOLSALUD EPS S.A. venía incumpliendo con el manejo de los recursos
públicos del Sistema Nacional de Salud, lo cual era de conocimiento de la
Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social.
Asegura que, en la auditoria del año 2011, la Superintendencia Nacional de Salud
constató dichas irregularidades, pero la entidad de vigilancia no ordenó la
liquidación de SOLSALUD EPS S.A., lo que generó un ambiente de confianza
para sus colaboradores (contratistas), pues, aunque el Estado pagó por dichos
servicios a esa EPS, esta no canceló los rubros correspondientes a sus
contratistas, quienes efectivamente asumieron y prestaron el servicio.
Indica que, mediante Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa
de SOLSALUD EPS S.A.
Manifiesta que, posteriormente, a través de Resolución No. 735 del 6 de mayo de
2013, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de los bienes,
haberes y negocios de SOLSALUD EPS S.A., al verificar, entre otras cosas,
irregularidades en su manejo y administración.
Afirma que, al momento de la intervención administrativa, la referida EPS le
adeudaba la suma de $141.042.732 por concepto de servicios del régimen
subsidiado y $2.736.729.940 por servicios del régimen contributivo, las cuales
fueron aceptadas parcialmente por el agente liquidador mediante Resoluciones
Nos. 3449 y 3644 del 3 de junio de 2014. Sin embargo, en los mismos actos
administrativos, las acreencias reclamadas fueron declaradas insolutas.
Señala que mediante Resolución No. 3802 del 5 de junio de 2014, el agente
liquidador de SOLSALUD EPS S.A. declaró insolutos los créditos fiscales,
parafiscales y de quinta generación reclamados y reconocidos de manera
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
oportuna “por el agotamiento total de los activos disponibles de SOLSALUD EPS
S.A. en Liquidación”.
Sostiene que, mediante Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, el agente
especial liquidador de SOLSALUD EPS S.A. declaró terminada la existencia legal
de dicha sociedad.
Concluye que, si la Superintendencia Nacional de Salud hubiese realizado un
verdadero control y vigilancia sobre SOLSALUD EPS S.A., se hubiesen podido
tomar los correctivos del caso de manera oportuna y no se hubiese perjudicado a
sus proveedores, como en el presente caso, pues, en su calidad de contratista de
la sociedad hoy liquidada, debió asumir con su propio patrimonio el pago de los
costos que generó la prestación del servicio, recibiendo a cambio como pago un
activo insoluto, por las fallas en la vigilancia y control del sistema de salud, que
legalmente corresponde al Ministerio de Salud y de la Protección Social, así como
a la Superintendencia Nacional de Salud.
La sociedad accionante considera que la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social, y la Superintendencia Nacional de Salud son patrimonialmente
responsables de las deudas insolutas de SOLSALUD EPS S.A., entre ellas, las
reclamaciones reconocidas por el agente liquidador de esa E.P.S. a favor de la
accionante, pues alegan que ello obedeció a la inadecuada e inoportuna labor de
inspección, vigilancia y control realizada sobre dicha entidad, lo cual llevó a su
liquidación tardía.
2. Contestaciones
El 24 de agosto de 20162 y el 31 de julio de 20173 el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda y su reforma4 y ordenó su notificación a las
entidades públicas demandadas y al Ministerio Público.
2 Páginas 3 a 5 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
2.1. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social5 se opuso a las
pretensiones de la demanda y su reforma, argumentando que no tuvo injerencia
alguna en la causación del daño alegado, pues la situación que llevó a que no se
cancelaran las acreencias a la demandante fueron consecuencia de la falta de
recursos de SOLSALUD EPS S.A. Formuló como excepciones las de “inexistencia
de la obligación”, inexistencia del derecho”, “inexistencia de solidaridad entre las
dos demandadas” y la innominada.
2.2. La Superintendencia Nacional de Salud6 contestó la demanda y su reforma,
manifestando que no es el deudor de la demandante, por tanto, no existe un nexo
de causalidad entre el presunto daño antijurídico producido a la accionante y las
funciones o actuaciones desarrolladas por la entidad. Formuló como excepciones
las de “inexistencia de la obligación”, “inexistencia del nexo o relación de
causalidad” y la genérica.
3. Audiencia inicial
El 6 de junio de 20187, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso y, al resolver las
excepciones previas, declaró no probada la de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por ambas demandadas, decisión que fue apelada por
dichas entidades. Posteriormente en auto del 27 de agosto de 2018 8, el Consejo
de Estado confirmó la decisión del a quo, con fundamento en que la referida
excepción solo podía ser valorada al momento de proferir sentencia.
3 Página 200 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN SENTENCIA.(.pdf)
NroActua 37”, índice 37, Samai.
4 La cual incorporó en un solo documento la demanda inicial con las adiciones realizadas a los
hechos y relación de pruebas (Páginas 86 a 127 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
APELACIÓN SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
5 Páginas 19 a 34 y 218 a 222 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
6 Páginas 48 a 78 223 a 227 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
7 Páginas 244 a 250 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
8 Páginas 264 a 270 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
El 17 de julio de 20199 se reanudó la audiencia inicial en la que el tribunal a quo
decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se centraba en
“[…] establecer si hay lugar o no a declarar si las entidades demandadas
Superintendencia Nacional de Salud y la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social son patrimonial y administrativamente responsables por los daños
materiales señalados por el demandante, originados presuntamente en una falta
de vigilancia, inspección y control sobre la entidad SOLSALUD EPS SA, la cual,
en su proceso de liquidación dejó deudas insolutas a la entidad demandante
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 1 de octubre de 201910 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La demandante11, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social12, y la
Superintendencia Nacional de Salud13 reiteraron los argumentos expuestos en el
escrito de la demanda y en las contestaciones a esta, respectivamente.
4.2. El ministerio público guardó silencio.
9 Páginas 298 a 304 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
10 Páginas 352 a 358 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
11 Páginas 396 a 414 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
12 Páginas 372 a 379 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
13 Páginas 380 a 393 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37”, índice 37, Samai.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de marzo de 202214, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Salud y Protección Social. Seguidamente, negó las pretensiones de la demanda,
al constatar que el extremo activo no probó la falla del servicio de la
Administración, por el contrario, se demostró que la Superintendencia Nacional de
Salud cumplió su deber de vigilancia e inspección respecto de SOLSALUD EPS
S.A. y no dilató su liquidación en detrimento de sus acreedores.
Textualmente el a quo sostuvo: “[…] se concluye que la Superintendencia
Nacional de Salud no omitió sus deberes de inspección, vigilancia y control
respecto de SOLSALUD EPS S.A. en el proceso de intervención que se adelantó
contra la EPS con fines de administración y posteriormente de liquidación, pues
son claras las gestiones encaminadas a que la entidad vigilada pudiera superar
aquellas circunstancias que le impedían dar cumplimiento a su objeto social y a las
normas aplicables al Sistema General de Seguridad Social en Salud; no obstante,
pese a las gestiones realizadas, se determinó que SOLSALUD EPS S.A.
representaba un riesgo en materia de prestación de salud y también en su
estabilidad financiera por lo cual se procedió a liquidarla. Ahora, en cuanto al
argumento de la parte demandante relacionado con que la Superintendencia
Nacional de Salud en su gestión dilató el proceso de liquidación de SOLSALUD
EPS S.A anteponiendo una fase de intervención, lo cual permitió que aumentaran
las deudas adquiridas por dicha entidad y que se incumplieran los acuerdos de
pago realizados, cabe precisar que la funciones y obligaciones impuestas a la
Superintendencia Nacional de Salud como máximo órgano de inspección,
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud no
consisten en garantizar el pago de los compromisos adquiridos por las entidades
vigiladas con los prestadores de servicios, sino asegurar el cumplimiento de las
normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de
las entidades que desarrollan este tipo de actividades, para lo cual se encuentran
14 Samai, “gestión de otros despachos”, índice 92.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
determinadas las acciones pertinentes en caso de que existan circunstancias que
pongan en peligro el orden jurídico que las regula, siendo evidente que el ente
accionado adelantó los procedimientos consagrados en las normas aplicables al
caso, dentro de los plazos establecidos en la norma aplicable. […]”.
6. Recurso de apelación
El 26 de abril de 202215 el extremo activo interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del 24 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual fue concedido el 23 de agosto de 202216 y admitido el 4 de
noviembre de 202217.
6.1. El extremo activo18 indicó que los medios de prueba obrantes en el expediente
permitían acreditar el daño alegado y la falla del servicio, pues los pasivos en la
liquidación quedaron insolutos por las irregularidades denunciadas desde el año
2007, situación que no era ajena a las demandadas, no obstante, no actuaron de
forma diligente y oportuna y le permitieron a SOLSALUD EPS S.A. seguir
administrando recursos públicos, a pesar de abrirse algunas investigaciones
administrativas, dado que solo hasta agosto de 2011 se realizó la visita que dio
origen a la intervención y liquidación de la vigilada en 2014.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202119 y habida cuenta que no se
15 Samai, “gestión de otros despachos”, índice 102.
16 Página 416 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN SENTENCIA.(.pdf)
NroActua 37”, índice 37, Samai.
17 Índice No. 03, SAMAI – Consejo de Estado.
18 Samai, “gestión de otros despachos”, índice 102.
19 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que
concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás
intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social20 se pronunció sobre el
recurso de apelación. Las demás partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor
de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación21, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14022 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia”.
20 Índice 11, Samai - Consejo de Estado.
21 El valor de la pretensión mayor solicitada en el escrito de la demanda se estima en la suma de
$1.282’774.730 y 500 SMLMV para el 2016 ascendían a $344’727.500.
22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
Al efecto, es pertinente advertir que, aunque la entidad demandante aportó con la
demanda las Resoluciones Nos. 3449 y 3644 del 3 de junio de 2014, mediante las
cuales el agente liquidador de SOLSALUD EPS S.A. declaró insolutas las
acreencias reconocidas a la accionante, así como la Resolución No. 4964 del 6 de
junio de 2014 que declaró terminada la existencia legal de SOLSALUD EPS S.A.,
lo cual supondría, en principio, que los efectos negativos de los citados actos
administrativos deberían debatirse y/o ventilarse bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que en las pretensiones de la
demanda en ningún momento se cuestionó su legalidad y por el contrario, en
estas se indicó expresamente que la falta de pago de las acreencias adeudadas
por la empresa promotora de salud se debió a la inadecuada e inoportuna labor de
inspección, vigilancia y control que debieron ejercer las demandadas sobre dicha
entidad.
En vista de lo expuesto, se evidencia que el medio de control procedente es el de
reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos
imputables a una omisión y/o retardo en el ejercicio de funciones de la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud.
3. Vigencia medio de control
Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo; resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo
oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal23.
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
23 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general24, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción25, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure26 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo28, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
28 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el sub examine se estima que el medio de control de reparación directa se ejerció
en tiempo, dentro del término procesal de dos (2) años para el vencimiento de la
pretensión, teniendo en cuenta: i) que mediante las Resoluciones Nos. 3449 y 3644
del 3 de junio de 2014, el agente liquidador de SOLSALUD EPS S.A. declaró
insolutos los créditos reclamados por la demandante (hechos probados 7.1.16. y
7.1.17), las cuales, si bien se desconoce en este proceso cuándo se notificaron, lo
cierto es que, incluso contando desde esa misma fecha, el término para demandar
se extendía hasta el 4 de junio de 2016 o incluso más, como lo dispuso la Sala en un
asunto similar29; ii) que el 3 de junio de 201630 la sociedad accionante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la
cual se declaró fallida el 14 de julio de siguiente31; y iii) que la demanda se presentó
el 18 de julio de 201632.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.33
29 A ello debe sumarse que, como lo constató esta Sala en un proceso similar por la liquidación de
SOLSALUD EPS S.A. (67922), el 6 de junio de 2014 el agente liquidador notificó mediante edicto
emplazatorio publicado en el Diario “La República”, la Resolución No. 3802 del 5 de junio de 2014,
por la cual declaró insolutos los créditos fiscales, parafiscales y de quinta generación reclamados y
reconocidos en el proceso liquidatorio de SOLSALUD EPS S.A., fecha desde la cual era evidente
para la demandante que sus créditos ya no serían pagados por la sociedad liquidada y terminada,
por tanto, de tomarse en cuenta esta fecha, la demanda también resulta oportuna.
30 Páginas 717 y 718 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
31 Ibidem.
32 Fl. 1 a 55, C.1. La demandante tenía dos días para presentar la demanda a partir del día
siguiente al 14 de julio de 2016 cuando se declaró fallida la audiencia de conciliación prejudicial,
esto es, hasta el 18 de julio de 2016, pues el 15 fue viernes y el día hábil siguiente fue el lunes 18
de julio de 2016.
33 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
4.1. La E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio es la persona jurídica sobre
quien recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimada en
la causa por activa, toda vez que alega haber sufrido una merma patrimonial
consistente en la pérdida de recursos económicos adeudados por SOLSALUD
EPS S.A., lo cual atribuye a una falla del servicio por omisión y/o retardo de las
entidades demandadas en ejercer adecuadamente la inspección, vigilancia y
control sobre la referida entidad promotora de salud.
4.2. La Superintendencia Nacional de Salud está legitimada en la causa por
pasiva, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
1259 de 199434, es la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y
control sobre las entidades promotoras de salud. Asimismo, porque fue la
institución que dio apertura a una investigación en contra de SOLSALUD EPS S.A.
y, a la postre, declaró su intervención administrativa con fines de liquidación.
4.3. La Nación no está legitimada en la causa por pasiva ni debidamente
representada por el Ministerio de Salud y Protección Social, pues, aunque en la
demanda se aduce que las irregularidades cometidas por SOLSALUD EPS S.A.
eran de su conocimiento, en su contra no se prueba hecho alguno que la relacione
con los supuestos fácticos y jurídicos que dieron lugar a la presente controversia,
ni que a priori comprometan su responsabilidad patrimonial.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Superintendencia Nacional de Salud es
patrimonialmente responsable por la merma y/o aminoración patrimonial padecida
por la sociedad demandante, debido a la pérdida de las sumas que SOLSALUD
EPS S.A. le adeudaba, por la inadecuada e inoportuna labor de inspección,
vigilancia y control realizada sobre dicha EPS, que llevó a su tardía liquidación.
34 Por el cual se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
6. Solución al problema jurídico
Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado es
conveniente exponer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del
Estado, las funciones de inspección, vigilancia y control en cabeza de la
Administración, y frente a la naturaleza jurídica y facultades de inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199135 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la
responsabilidad y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel,
lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo
anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función
pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o
causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la
doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre,
35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas,
con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros36.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. De las funciones de inspección, vigilancia y control en cabeza de la
Administración
El artículo 189 de la Constitución Política le asignó al Presidente de la República la
función de inspección, vigilancia y control de las actividades como la prestación de
servicios públicos, entre otras más, como una manifestación del poder de
intervención del Estado consagrado en la Carta Política y del poder de policía
administrativa que le corresponde ejercer sobre aquellas actividades de índole
económico y social que afectan a los asociados en su diario vivir, con miras a la
protección de sus derechos y en aras de garantizar el cumplimiento de los
cometidos estatales dirigidos a la satisfacción y preservación del interés general 37.
No obstante, lo anterior, dicha facultad conferida al primer mandatario de la Nación
no puede erigirse como un medio para arrogarse competencias propias que el
legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, le otorgó a las
diferentes autoridades administrativas, como organismos técnicos y
especializados38, en materia de inspección, vigilancia y control de sus entidades
vigiladas39.
Bajo este entendido, ha de concretarse que en marco de las facultades de
inspección, vigilancia y control que han sido conferidas legalmente a determinadas
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de
marzo de 2007, Rad.: 15071.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de Consulta y Servicio Civil.
Concepto del 20 de mayo de 2021, Rad.: 2461.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto del 2 de
marzo de 2023, Rad.: 11001032420230004500.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
autoridades administrativas, y en ejercicio de sus potestades de policía
administrativa, la Administración está facultada para velar por el estricto
cumplimiento del orden jurídico que regula el desarrollo de las actividades de las
personas que actúan en sus distintos campos y que son objeto de control estatal,
con el fin de verificar la correcta aplicación de las leyes y decretos que las rigen
con miras a la protección del desarrollo y equilibrio del respectivo sector y,
principalmente, a los usuarios de los distintos servicios que lo componen40. Es así,
que la facultad de inspección consiste en la atribución que tiene el Estado para
solicitar, confirmar y analizar la información emitida por las entidades vigiladas
sobre su situación jurídica, económica y administrativa, así como la potestad de
adelantar investigaciones administrativas a dichos entes.
Por su parte, la facultad de vigilancia se erige como aquella función de policía
administrativa encaminada a velar porque las entidades vigiladas en su formación
y funcionamiento, y en desarrollo de su objeto social, se ajusten a la Constitución,
la ley, los reglamentos y los estatutos que la rigen.
Finalmente, la facultad de control es aquella potestad que tiene la Administración
frente a las entidades vigiladas a efectos de ordenar todos los correctivos que se
estimen necesarios tendientes a subsanar una situación crítica de orden jurídico,
contable, económico y/o administrativo.
Al efecto, esta Corporación ha señalado que: “[…] la facultad de inspección,
comporta la facultad de solicitar información de los entes objeto de supervisión; así
como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de
su actividad. La de vigilancia, por su parte, está referida a las funciones de
advertencia que se ajusten a la normatividad que rigen la actividad desarrollada; y
finalmente, la de control, permite a la Administración ordenar correctivos sobre las
actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, contable,
económico y/o administrativo”41.
40 Ibídem.
41 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015, Rad.:
2223.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que “[…] la función de inspección,
consiste en la facultad que tiene la Administración de solicitar y/o verificar
información o documentos que estén en poder de las entidades sujetas a su
control; la vigilancia, hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades
desarrolladas por la actividad vigilancia; y, el control, corresponde a la posibilidad
de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la
revocatoria del controlado o la imposición de sanciones”42.
De modo que, para la prestación eficiente y eficaz del ejercicio de las funciones
conferidas a las entidades vigiladas y para el logro del objeto y finalidad que le
fueron atribuidas, la Administración cuenta con varias facultades otorgadas
legalmente, dentro de las cuales se hallan, entre otras más, la de impartir
instrucciones y adoptar decisiones tendientes a garantizar la prestación efectiva
del servicio público como una manifestación de policía administrativa tendiente a
preservar las finalidades del Estado social y democrático de derecho.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 24 de marzo de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, el extremo activo afirmó que los medios de prueba
permiten acreditar el daño alegado y la falla del servicio, pues los pasivos en la
liquidación de SOLSALUD EPS S.A. quedaron insolutos por las irregularidades
denunciadas desde 2007, situación que no era ajena a las demandadas, pero
estas no actuaron de forma diligente y oportuna y le permitieron a la EPS seguir
administrando recursos públicos, a pesar de abrirse algunas investigaciones
administrativas, dado que solo hasta agosto de 2011 se realizó la visita que dio
origen a la intervención y final liquidación de la vigilada en 2014.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 24 de marzo de 2022 por el Tribunal
42 Corte Constitucional, sentencia C851/13.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se
reprocha como desfavorable en el recurso43. Por ello, a continuación, se analizará
exclusivamente si la Superintendencia Nacional de Salud es patrimonialmente
responsable de que SOLSALUD EPS S.A. no pagara las acreencias adeudadas a
la demandante.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que, mediante auto No. 1088 del 11 de diciembre de 2007, la
Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra
SOLSALUD EPS S.A. por el presunto incumplimiento de los pagos de prestación
de servicios de salud a varios operadores, entre quienes no se encontraba la
demandante. De ello da cuenta copia autentica del auto de la misma fecha.44
7.1.2. Se probó que, mediante auto No. 1334 del 14 de mayo de 2008, la
Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra
SOLSALUD EPS S.A. por el presunto incumplimiento de los pagos por la
43 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia.”
44 Páginas 139 a 147 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
20
Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
prestación de servicios de salud a varios operadores, entre quienes no se
encontraba la demandante. De ello da cuenta copia autentica del auto de la misma
fecha.45
7.1.3. Se comprobó que, mediante auto No. 2536 del 20 de enero de 2009, la
Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra
SOLSALUD EPS S.A. por presentar deudas a la red prestadora de servicios de
salud adscrita superiores a 31 días, lo cual constituía una presunta inobservancia
a lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67
de la Ley 715 de 2001, el artículo 36 del Decreto 050 del 2003, el artículo 41 del
Acuerdo 244 de 2003, el artículo 1 del Decreto 1281 de 2002, artículo 8o del
Decreto 515 de 2004, el Decreto 4747 de 2007 en concordancia con la Resolución
3047 de 2008, respecto del flujo de recursos. De ello da cuenta copia autentica del
auto de la misma fecha.46
7.1.4. Se constató que, mediante auto No. 2694 del 29 de enero de 2009, la
Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra
SOLSALUD EPS S.A. por presentar deudas a la red prestadora de servicios de
salud adscrita superiores a 31 días, lo cual constituía una presunta inobservancia
a lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 1
del Decreto 1281 de 2002, el Decreto 4747 de 2007 en concordancia con la
Resolución 3047 de 2008, respecto del flujo de recursos. De ello da cuenta copia
autentica del auto de la misma fecha.47
7.1.5. Se verificó que, mediante auto No. 7326 del 14 de mayo de 2009, la
Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa contra
SOLSALUD EPS S.A. por presentar deudas a la red prestadora de servicios de
salud adscrita superiores a 31 días, lo cual constituía presunta inobservancia a lo
45 Páginas 148 a 162 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
46 Páginas 163 a 169 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
47 Páginas 169 a 173 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
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Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
dispuesto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 de la
Ley 715 de 2001, el artículo 36 del Decreto 050 del 2003, el artículo 41 del
Acuerdo 244 de 2003, el artículo 1 del Decreto 1281 de 2002, artículo 8o del
Decreto 515 de 2004, el Decreto 4747 de 2007 en concordancia con la Resolución
3047 de 2008, respecto del flujo de recursos. De ello da cuenta copia autentica del
auto de la misma fecha.48
7.1.6. Se demostró que, mediante auto No. 366 del 28 de julio de 2011, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó visita integral a SOLSALUD EPS S.A.
con el fin de verificar el cumplimiento del flujo de recursos y pago a los
prestadores, entre otros aspectos. De ello da cuenta copia autentica del auto de la
misma fecha.49
7.1.7. Consta que, entre el 1 y 6 de agosto de 2011, la Superintendencia Nacional
de Salud realizó visita integral a las instalaciones de SOLSALUD EPS S.A. en la
que advirtió la mora de esa EPS en el pago a los prestadores de servicios de
salud, razón por la cual le recomendó un modelo más eficiente acorde con las
necesidades del sector de la salud. Igualmente describió, entre otros, los
siguientes hallazgos: i) la EPS pagaba honorarios a los miembros de la junta
directiva tanto principales como suplentes; ii) la EPS prestaba servicios en los
municipios de Bogotá, Ubaté, Landázuri, Floridablanca y Montería sin la firma de
los respectivos contratos de aseguramiento; iii) la EPS no recuperaba
oportunamente la cartera adeudada por las entidades territoriales. De ello da
cuenta copia del aludido informe.50
7.1.8. Se probó que, mediante auto No. 782 del 25 de noviembre de 2011, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó visita a SOLSALUD EPS S.A. con el
fin de “verificar, en el marco del contrato interadministrativo No. 161 de 2011, el
48 Páginas 174 a 178 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
49 Páginas 179 a 187 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
50 Páginas 7 a 354 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
22
Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social
en Salud por parte de SOLSALUD S.A., en lo que respecta al Régimen
Contributivo en cuanto a los procesos de organización, estructura y composición
patrimonial de la sociedad, condiciones financieras y de solvencia, margen de
solvencia y patrimonio técnico, flujo de recursos, pago a los prestadores de
servicios de salud, inversión de los recursos de UPC en la prestación de los
Servicios de Salud, Aseguramiento, Sistema Obligatorio de la Garantía de la
Calidad, organización de la prestación de los servicios de salud, gestión y
coordinación de la oferta de servicios de salud, red de prestadores de servicios de
salud, Sistema de referencia y contrarreferencia, Plan de Salud Territorial - Eje
Programático de Salud Pública”. De ello da cuenta copia del aludido auto.51
7.1.9. Se acreditó que, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011, la
Superintendencia Nacional de Salud realizó visita integral a SOLSALUD EPS S.A.
en la cual, nuevamente, evidenció varios hallazgos o irregularidades, según lo
informó en el oficio del 12 de noviembre de 2015 suscrito por la coordinadora del
Grupo de Gestión y Requerimientos de Entidades de Control de esa entidad, de la
cual se destacan los siguientes:52
“[…] SOLSALUD E.P.S. S.A., presenta un presunto incumplimiento de la Resolución
01037 del 30 de julio de 2008 y al Decreto 1485 de 1994, título Ill, capítulo 14,
numeral 3, en lo referente a la cobertura geográfica, respecto de la operación en
municipios donde no están autorizados […] La EPS cuenta con contratación y con
usuarios en departamentos donde no cuenta con autorización de la SNS para
funcionar […] Existe un presunto incumplimiento en lo establecido en el Decreto
4747 de 2007, en su artículo 5 y 6 ya que los soportes de los contratos no se
encuentran completos […] La base de datos de la entidad presenta casos de
duplicidad, homónimos y multiafiliación presuntamente incumpliendo con lo
establecido en la Resolución 1982 de 2010 en su artículo 6 […] Las cuentas por
cobrar registradas contablemente en la cuenta PUC 13-Deudores son valores
significativamente altos en las vigencias auditadas […] Se evidencia una reducción
del 7.2% de los ingresos por Unidad de pago por capitación que se registran en la
cuenta 416535 en Diciembre 2010 en relación con Diciembre 2009, al pasar de
$107.699.746 miles a $99.919.746 miles, lo cual requiere de explicación por parte
de la EPS.
51 Páginas 188 a 191 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
52 Páginas 128 a 134 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 APELACIÓN
SENTENCIA.(.pdf) NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
23
Radicado: 68001233300020160079202 (69013)
Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
7.1.10. Se probó que, mediante auto No. 146 del 14 de febrero de 2012, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó visita a SOLSALUD EPS S.A. con el
fin de practicar una inspección judicial a la sede de esa EPS en Villa del Rosario,
Norte de Santander y a la Alcaldía de ese municipio. De ello da cuenta copia del
aludido informe.53
7.1.11. Se comprobó que, mediate Resolución No. 671 del 27 de marzo de 2012,
la Superintendencia Nacional de Salud adoptó medida cautelar preventiva de toma
de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa
administrativa para administrar el programa del régimen contributivo y el programa
del régimen subsidiado de SOLSALUD EPS S.A., dado que esta ponía en riesgo
no solo los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino
también la cobertura en el aseguramiento en salud y la prestación de los servicios
de salud en ambos programas. De ello da cuenta copia de dicha resolución en la
cual la Superintendencia Nacional de Salud también advirtió:54
[…] Es de resaltar que en ejercicio de las facultades legales de inspección, vigilancia
y control que le competen a la Superintendencia Nacional de Salud, la medida que
aquí se adopta tiene como finalidad la debida observancia de las normas que rigen
el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, el respeto debido a
estas, para con ello, en consecuencia, contrarrestar los hechos y circunstancias que
ponen en peligro y lesionan el orden jurídico que se protege. La medida cautelar
aquí adoptada genera seguridad al usuario afiliado de que la entidad a la cual se
encuentra asegurado en salud cumpla con unos estándares definidos y cuente así
con capacidad paro administrar los recursos del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado con responsabilidad y eficiencia y así garantice el proceso de
aseguramiento en salud y el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, no se
puede desconocer que la decisión que se adopta mediante este acto administrativo
es sin perjuicio de verificaciones posteriores de la Superintendencia Nacional de
Salud al programa de entidad promotora de salud del régimen contributivo EPS de
la sociedad Solidaria de Salud SOLSALUD EPS S.A. durante todo el tiempo de
operación, puesto que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud
realizar el monitoreo del cumplimiento de los estándares de operación, en ejercicio
de las facultades que le han sido atribuidas y sin perjuicio de la verificación de las
condiciones de permanencia establecidas en los artículos 7.8 (modificado por el
artículo 3 del Decreto 3556 de 2008) y 9 del Decreto 515 de 2004. conforme a lo
53 Páginas 192 a 194 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 37.pdf”, índice 37, Samai.
54 Páginas 355 a 634 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
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establecido en los artículos 11 y 13 del Decreto 515 de 2004, las cueles se deberán
demostrar y mantener por parto del programa de entidad promotora de salud del
régimen subsidiado durante todo el tiempo de operación, […] por lo que, en el
evento de verificar deficiencias o irregularidades en el cumplimiento, se adoptarán
las medidas a que hubiere lugar de acuerdo con la disposiciones legales vigentes,
una vez agotado el derecho a la defensa, al debido proceso y a la contradicción que
le asistía a la EOS y a la EPSS […]”
7.1.12. Está probado que, mediante Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención administrativa de
SOLSALUD EPS S.A. y la liquidación de sus bienes, haberes y negocios, pues
estableció que las condiciones y parámetros bajo los cuales estaban operando los
programas de E.P.S. y E.P.S.S. presentaban un riesgo inminente para la
prestación de los servicios de salud ofertados a sus afiliados y para su estabilidad
financiera y del propio Sistema General de Seguridad Social en Salud. En efecto,
la autoridad administrativa, entre otras cosas, constató: i) la suspensión en los
pagos de sus obligaciones a proveedores y prestadores del servicio; ii) el
incumplimiento reiterado en las órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia Nacional de Salud; iii) actos de desconocimiento legal a los
preceptos de carácter financiero y al régimen de inhabilidades e incompatibilidad
de la Junta Directiva; iv) graves inconsistencias en la información presentada ante
la Superintendencia Nacional de Salud; v) gran cantidad de quejas, reclamos y
acciones de tutela formuladas por la población afiliada, en su gran mayoría por
temas de medicamentos y procedimientos no POS y POS; vi) ausencia en la
legalización de contratos celebrados con la red de prestadores; vii) falta de
oportunidad para el acceso a servicios de salud; viii) inconsistencias en el
cumplimiento de programas de promoción y prevención; ix) falta de razonabilidad
e irregularidades en la presentación de los estados financieros del año 2012, por
glosas injustificadas e incumplimientos de acuerdos de pago, reportando así una
imagen de solvencia negativa; y, x) una duda sustancial sobre la capacidad de la
compañía para continuar operando, hallándola incursa en la causal 2 del artículo
457 del Código de Comercio (derogado por el parágrafo 2º del artículo 4 de la Ley
2069 de 2020), por la existencia de pérdidas que reducían el patrimonio neto de la
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sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. De esta
información da cuenta copia auténtica del referido acto administrativo.55
7.1.13. Se demostró que, mediante Resolución No. 154 del 24 de septiembre de
2013, el agente liquidador aceptó el inventario y avalúo de los bienes inmuebles,
muebles y enseres de propiedad de SOLSALUD EPS S.A. en liquidación. De ello
da cuenta copia auténtica de dicha Resolución.56
7.1.14. Se probó que, mediante Resolución No. 863 del 2 de abril de 2014, el
agente liquidador aceptó las acreencias laborales para ser incorporadas a la masa
liquidataria de SOLSALUD EPS S.A. en liquidación. De ello da cuenta copia
auténtica de dicha Resolución.57
7.1.15. Se acreditó que, mediante Resolución No. 864 del 2 de abril de 2014, el
agente liquidador rechazó algunas acreencias laborales dentro de la liquidación de
SOLSALUD EPS S.A. en liquidación. De ello da cuenta copia auténtica de dicha
Resolución.58
7.1.16. Consta que, mediante Resolución No. 3449 del 3 de junio de 2014, el
agente liquidador de SOLSALUD EPS S.A. en liquidación aceptó parcialmente la
acreencia presentada por la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio No.
A04.599 por valor de $1.220’861.031 como crédito de quinta clase y,
seguidamente, en el ordinal segundo de la parte resolutiva del mismo acto lo
declaró como crédito insoluto “al no existir disponibilidad de recursos de
SOLSALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN al haber agotado sus activos en los
gastos necesarios para adelantar el proceso liquidatario, en el pago de las
obligaciones laborales y en las reservas necesarias para la conservación del fondo
55 Páginas 635 a 657 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
56 Archivo “ED_C02_CD6 FOLIO 674-RESPUESTA SUPERSALUD - RESPUESTA AUTO(.zip)
NroActua 37.zip”, índice 37, Samai.
57 Archivo “ED_C02_CD6 FOLIO 674-RESPUESTA SUPERSALUD - RESPUESTA AUTO(.zip)
NroActua 37.zip”, índice 37, Samai.
58 Archivo “ED_C02_CD6 FOLIO 674-RESPUESTA SUPERSALUD - RESPUESTA AUTO(.zip)
NroActua 37.zip”, índice 37, Samai.
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acumulado del proceso liquidatario”. De ello da cuenta copia auténtica de dicho
acto administrativo.59
7.1.17. Se verificó que, mediante Resolución No. 3644 del 3 de junio de 2014, el
agente liquidador de SOLSALUD EPS S.A. en liquidación aceptó parcialmente la
acreencia presentada por la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio No.
A03.522 por valor de $61’913.699 como crédito de quinta clase y, seguidamente,
en el ordinal segundo de la parte resolutiva del mismo acto lo declaró como crédito
insoluto “al no existir disponibilidad de recursos de SOLSALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN al haber agotado sus activos en los gastos necesarios para
adelantar el proceso liquidatario, en el pago de las obligaciones laborales y en las
reservas necesarias para la conservación del fondo acumulado del proceso
liquidatario”. De ello da cuenta copia auténtica de dicho acto administrativo.60
7.1.18. Se acreditó que mediante Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, el
agente liquidador declaró “[…] terminada la existencia legal de SOLSALUD EPS
S.A. en liquidación”. De esta información da cuenta copia auténtica del
mencionado acto administrativo.61
7.1.19. Se constató que, el 6 de junio de 2014, el agente liquidador de SOLSALUD
EPS S.A. en liquidación presentó rendición final de cuentas del proceso
liquidatario de esa EPS. De ello da cuenta el informe final de la misma fecha.62
7.1.20. Se comprobó que el 19 de noviembre de 2014, se registró ante la Cámara
de Comercio de Bucaramanga la Resolución No. 4964 del 6 de junio de 2014, por
la cual se declaró terminada la existencia legal de SOLSALUD EPS S.A. en
59 Páginas 708 a 710 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
60 Páginas 711 a 714 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
61 Páginas 658 a 685 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
62 Archivo “ED_C02_CD4 FOLIO 541-INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN DE SOLSALUD
2014.(.zip) NroActua 37 .zip, índice 37, Samai.
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liquidación. De esta información da cuenta copia auténtica del certificado de
existencia y representación legal de la entidad liquidada.63
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración64-65.
63 Páginas 686 y 687 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
37.pdf”, índice 37, Samai.
64 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
65 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho66, que contraría el orden legal67 o
que está desprovista de una causa que la justifique68, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida69, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la merma y/o
aminoración patrimonial padecida por la sociedad demandante, consistente en la
pérdida de las sumas adeudadas por SOLSALUD EPS S.A. en liquidación, por la
inadecuada e inoportuna labor de inspección, vigilancia y control realizada sobre
dicha EPS, que llevó a su liquidación tardía.
El daño está probado, pues, si bien en las Resoluciones Nos. 3449 y 3644 del 3
de junio de 2014 se aceptaron las acreencias Nos. A04.599 y A03.522, lo cierto es
que en los mismos actos administrativos el agente liquidador de la entidad
intervenida declaró que los créditos quedaron insolutos “al no existir disponibilidad
de SOLSALUD E.P.S. S.A. en Liquidación, al haber agotado sus activos en los
gastos necesarios para adelantar el proceso liquidatario” (hechos probados 7.1.6 y
7.1.7.).
66 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
67 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
69 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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El daño, entonces, reviste el carácter de antijurídico, pues se trata de afectaciones
a la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos que, como interés legítimo,
encuentra protección en el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos
2 y 58 de la Carta Política. Además, el menoscabo alegado resulta antijurídico,
pues se está ante la afectación de un derecho protegido por el ordenamiento
jurídico, cuya lesión no encuentra justificación.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Superintendencia
Nacional de Salud, es menester establecer si éste le es atribuible fáctica y
jurídicamente.
Así, aunado a los elementos de prueba que vienen de describirse, en el presente
proceso de reparación directa, se escuchó el testimonio de Fredy Orlando Rojas
Arias70, odontólogo independiente especialista en gerencia hospitalaria, quien
declaró que entre 2004 y marzo de 2016 ejerció cargos como gerente de
hospitales de primer y segundo nivel de complejidad en el departamento de
Santander. Señaló que, en 2004, en el ejercicio de su tarea como gerente del
hospital San Roque en el municipio de Curití, tuvo relaciones contractuales con
SOLSALUD EPS S.A. para la atención de usuarios del régimen subsidiado.
sostuvo que con esa EPS tuvo muchas dificultades con la prestación del servicio
porque era una EPS “que quería poner las reglas de juego en la contratación
pasando por encima de lo que estaba normado”. Afirma que también tuvo
dificultades con los pagos y reconocimientos de cartera porque esa EPS dilataba
los pagos. Indicó que luego pasó a ser gerente del Hospital Luis Carlos Galán
Sarmiento de Charalá, después fue gerente del Hospital ESE Coromoro, luego del
Hospital ESE Regional de San Gil y, finalmente, fungió como gerente de la E.S.E.
Hospital Regional del Magdalena Medio entre julio de 2012 y el 31 de marzo de
2016 y que, en todos esos hospitales tuvo los mismos inconvenientes de pago y
70 Archivo “ED_C02_CD2 FOLIO 396-CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL, AUDIENCIA DE
PRUEBAS Y CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS(.zip) NroActua 37”, índice 37,
Samai.
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reconocimiento de cartera por parte de SOLSALUD EPS S.A. por los servicios
prestados. Aseguró que desde todos los hospitales en los que fue gerente se
manifestó ante la Superintendencia Nacional de Salud y ante el Ministerio de
Salud y Protección Social pidiendo acompañamiento, control, inspección y
vigilancia por la falta de pago, de autorizaciones y el riesgo en que SOLSALUD
EPS S.A. estaba poniendo a la comunidad. Sostuvo que, siendo gerente de la
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, en múltiples ocasiones solicitó
acompañamiento al Ministerio de Salud y Protección Social y a la
Superintendencia Nacional de Salud “por las deudas de aquellas EPS’s que
veíamos en crisis y que pensamos que iban a ser casi que impagables, pero no
tuvimos eco”.
Manifestó el testigo, que después de tantos años de interponer quejas y recursos,
finalmente, en el 2012, la Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de
intervenir a SOLSALUD EPS S.A. “que se veía que tenía maquillados sus estados
financieros de tiempo atrás, el Ministerio tampoco hizo nada, tan es así que el
Ministerio de Salud tenía con nosotros una especial consideración, el Hospital
Regional del Magdalena Medio estaba en un plan de desempeño, luego de
liquidado el Hospital de Barrancabermeja pasó a llamarse Hospital Regional del
Magdalena Medio y suscribió un convenio de desempeño con los Ministerios de
Hacienda y de Salud, precisamente para que fuera condonada la participación que
el Estado aportó bajo unos parámetros, entre ellos, los parámetros financieros y
de prestación de servicios”, por tanto debían demostrarle a esos Ministerios que el
hospital era eficiente en la prestación de los servicios de salud y en el manejo de
sus estados financieros los que siempre se reportaban anualmente, “por lo que yo
me pregunto qué hizo el Ministerio con toda esa información que nosotros le
entregábamos sobre la cantidad de deudas que tenían las EPS’s, pues, con
mucha tristeza, el Hospital Regional del Magdalena Medio fue uno de los más
lesionados en el departamento de Santander porque desapareció SOLSALUD
EPS S.A. que era uno de nuestras fuertes EPS’s con mayor número de usuarios”.
Aseguró que el Ministerio de Salud y Protección Social tenía toda la información
financiera de las EPS’s y no hizo nada para evitar la debacle de los hospitales de
Santander, incluida la de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio.
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Igualmente, manifestó que por los reportes anuales que la hoy demandante debía
presentar a la Superintendencia Nacional de Salud esta conocía la situación
financiera de SOLSALUD EPS S.A. y las deudas que tenía con la entidad
demandante; además, la hoy accionante también recibió visitas de la
Superintendencia Nacional de Salud en las que esta evidenció que ese hospital
podía tener dificultades por la alta cartera por los más de $3.000’000000 que le
adeudaba SOLSALUD EPS S.A.., “como SOLSALUD EPS S.A. se daba sus
mañas y sus mecanismos para evitar que esos reconocimientos fueran a sus
pasivos, considero que eso fue parte del deterioro de la información financiera que
entregaron que al final pudo corroborar la misma Superintendencia a través de su
agente liquidador y encontró que SOLSALUD EPS S.A., extrañamente, después
de reportar activos de más de $200.000’000’000 terminó con activos de
$5.000’000.000”.
El testigo señaló que el agente liquidador aceptó y pagó las acreencias laborales y
por concepto de impuestos de SOLSALUD EPS S.A., pero que no quedó dinero
para pagar lo que adeudaba a los hospitales. Sostuvo que la E.S.E. Hospital
Regional del Magdalena Medio presentó las cuentas de cobro por las sumas
adeudadas por prestación de servicios de salud y el agente liquidador le reconoció
una suma cercana a los $1.300’000’000 “y a la fecha pues eso es lo que nos tiene
aquí”. A la pregunta de cuáles eran las prácticas de SOLSALUD EPS S.A. para
evadir u ocultar sus pasivos, el testigo respondió que “SOLSALUD EPS S.A. hacia
unas glosas y no atendía nuestras reclamaciones a esas glosas por tanto la
facturación que nosotros entregábamos mensualmente ellos descontaban la glosa
como si fuese cierta sin haber hecho el trámite final de ella o el reconocimiento de
la glosa por parte del hospital o una conciliación del equipo auditor, eso era una de
las cosas relevantes, lo otro era el trámite de la facturación que estaba normado
por leyes, pero no se cumplía. En las conciliaciones que nosotros hicimos con
mesas de trabajo, incluso nos acompañó la Superintendencia Nacional de Salud
en muchas ocasiones, se hacían unos acuerdos de pago y tampoco eran
cumplidos, entonces eran maneras dilatorias de ellos de no pagar la facturación
que nosotros mensualmente les estábamos depositando”.
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Seguidamente, a la pregunta de qué incidencia tenía que SOLSALUD EPS S.A. no
atendiera la cartera de manera oportuna y si esto era de conocimiento de la
Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social
el testigo contestó: “creería yo que era una forma de no mostrar el alto valor de
pasivos y poder ellos en su ejercicio patrimonial mostrar resultados positivos en
sus márgenes de solvencia, que esa es otra de las razones de su liquidación, los
márgenes de solvencia de SOLSALUD EPS S.A. resultaron siendo totalmente
negativos. Cuando nos hacían las visitas y en las respuestas que nosotros
dábamos al Ministerio, conocían en detalle cómo eran las actividades de las
EPS’s, no solamente de SOLSALUD EPS S.A.”. A la pregunta de cuáles fueron las
medidas que tomó como gerente de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena
Medio frente a las maniobras dilatorias de SOLSALUD EPS S.A. para no pagar las
deudas a ese hospital, el testigo señaló que “nosotros enviábamos correos
electrónicos a las áreas competentes de SOLSALUD EPS S.A. para solicitar las
visitas y conciliaciones de glosas que esa era la manera más pertinente de poder
aclarar esos temas y, lo otro, cuando se hacían las quejas enunciábamos y
poníamos de contexto a los entes de control y no solo nos centrábamos en que
había unas medidas dilatorias sino en que no se nos pagaba esa facturación
debidamente soportada y aceptada por la empresa, yo especialmente tuve
algunas medidas, le transmitíamos a la Secretaría de Salud Departamental la
opción de no prestar algunos servicios y solamente dejábamos la atención inicial
de urgencias porque no podíamos dejar a la comunidad desabastecida de
servicios, es una práctica que hacíamos la mayoría para poder presionar los
pagos de las EPS”. Finalmente, respecto de las acciones y/o omisiones del
Ministerio de Salud y Protección Social frente a la situación financiera de
SOLSALUD EPS S.A. el testigo sostuvo que “la certificación de lo que yo estoy
mencionando de que el Ministerio de Salud y el de Hacienda conocían sobre las
deudas que tenía SOLSALUD EPS S.A. para con el Hospital Regional del
Magdalena Medio reposa en los archivos que debe tener el Ministerio de Salud y
el propio Ministerio de Hacienda de la presentación de informes anuales que hacía
el hospital desde el año 2008, cada año teníamos que presentar un informe de
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condonabilidad de la deuda y ahí está tácitamente plasmada las deudas de cada
uno de los contratistas EPS´s en la época para con el hospital”.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21171 del Código
General del Proceso, se observa que el testimonio de Fredy Orlando Rojas Arias
es considerado sospechoso. Esta sospecha se debe a que fue el gerente de la
demandante E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio para la época de los
hechos, lo cual puede afectar su imparcialidad en cuanto al relato que realizó
sobre su conocimiento de los hechos.
Empero, debe destacarse que los testimonios sospechosos serán valorados
conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, examinados de cara a las
demás pruebas que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias
propias del asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios
sospechosos72 y aquellos considerados como de oídas73, esta Corporación ha
destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los
medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para
efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso
con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados.
Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 de la Ley 100 de
1993 y 3º y 4º del Decreto 1018 de 2007 -vigente para la época de los hechos-, la
Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, respecto de todos los que programen, gestionen, recauden,
distribuyan, administren, transfieran o asignen los recursos públicos y demás
arbitrios rentísticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidas
71 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Rad. 17629.
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las administradoras de salud de cualquier naturaleza y las instituciones
prestadoras de salud, entre otros.
Asimismo, el artículo 6º Ibídem, numerales 12, 18, 22 y 26 dispone que la
Superintendencia Nacional de Salud es la encargada de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General
de Seguridad Social en Salud; de ejercer la inspección, vigilancia y control de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en relación con el cumplimiento
de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del Sector Salud y
del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de practicar visitas de
inspección y vigilancia a los sujetos vigilados a fin de obtener un conocimiento
integral de su situación administrativa financiera y operativa, del manejo de los
negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán
recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba
legalmente admitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar y; de
ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar Entidades Promotoras de
Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier régimen e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier naturaleza.
Ahora bien, analizados los medios probatorios arrimados al proceso, de los cuales
ya se hizo un recuento en el correspondiente capítulo de hechos probados, se
observa que la Superintendencia Nacional de Salud no desatendió sus
obligaciones funcionales frente a SOLSALUD EPS S.A. Todo lo contrario, las
pruebas que reposan en el expediente dan cuenta que esta Superintendencia
adoptó las medidas necesarias frente a la E.P.S. ya referida, de cara a las
funciones que legalmente le habían sido conferidas.
Al efecto, se probó que, entre diciembre de 2007 y mayo de 2009, en virtud de
quejas presentadas por diferentes prestadores de salud, entre quienes no se
encontraba la hoy demandante, la Superintendencia Nacional de Salud abrió
investigaciones administrativas contra SOLSALUD EPS S.A. por el presunto
incumplimiento de esa EPS en los pagos de prestación de servicios de salud a
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varios prestadores y deudas a la red prestadora de servicios de salud superiores a
31 días (hechos probados 7.1.1. a 7.1.5.).
Igualmente, se demostró que entre el 1 y 6 de agosto de 2011, la
Superintendencia Nacional de Salud realizó una visita integral a las instalaciones
de SOLSALUD EPS S.A. en la que evidenció la mora de esa EPS en el pago a los
prestadores de servicios de salud, entre otros hallazgos, razón por la cual le
recomendó un modelo más eficiente acorde con las necesidades del sector de la
salud (hecho probado 7.1.7.). Asimismo, entre el 28 de noviembre y el 2 de
diciembre de 2011, la entidad de vigilancia realizó otra visita integral a SOLSALUD
EPS S.A. en la cual, nuevamente, evidenció varios hallazgos o irregularidades
relacionados con su cobertura de operación, prestación de servicios en lugares
donde no contaba con autorización de la Superintendencia Nacional de Salud,
contratos de aseguramiento incompletos o no legalizados, multiafiliación, cuentas
por cobrar en valores significativamente altos y reducción de los ingresos por
unidad de pago por capitación, entre otros (hecho probado 7.1.9.).
De igual manera, es pertinente señalar que mediante Resolución No. 671 del 27
de marzo de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud adoptó como medida
cautelar preventiva la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, y la
intervención forzosa administrativa para a administrar SOLSALUD E.P.S. S.A.,
(hecho probado 7.1.11.).
Así, luego de la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para
administrar SOLSALUD E.P.S. S.A., la Superintendencia Nacional de Salud
efectuó la respectiva evaluación técnica y financiera, plasmada en la Resolución
No. 735 de 6 de mayo de 2013, en donde estableció que la entidad presentaba
suspensión en los pagos de sus obligaciones a proveedores y prestadores del
servicio, incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia Nacional de Salud, graves inconsistencias en la información
presentada ante esa Superintendencia y gran cantidad de quejas, reclamos y
acciones de tutela formuladas por la población afiliada, en su gran mayoría por
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temas de medicamentos y procedimientos NO POS y POS, entre otras
irregularidades (hecho probado 7.1.12.).
Entonces, mediante la administración forzosa efectuada a SOLSALUD E.P.S. S.A.
la Superintendencia Nacional de Salud ejerció las funciones constitucionales y
legales de inspección, vigilancia y control, cuyo ejercicio permitió evidenciar las
condiciones y los parámetros bajo los cuales estaba operando dicha promotora de
salud, lo que permitió concluir que tales condiciones no garantizaban el debido y
adecuado desarrollo de los programas de salud y, por el contrario, generaban un
riesgo inminente, no solo en la prestación de los servicios ofertados a la población
afiliada, sino también en su estabilidad financiera y en la del propio Sistema
General de Seguridad Social en Salud (hecho probado 7.1.12.).
En este entendido se tiene que fue durante la intervención con fines de
administración que la Superintendencia Nacional de Salud obtuvo un análisis
detallado de las causales que originaron la medida de intervención a SOLSALUD
EPS S.A., encontrando que subsistía la suspensión en los pagos de sus
obligaciones con los proveedores y prestadores del servicio; el incumplimiento
reiterado en las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Nacional de
Salud; actos de desconocimiento legal a los preceptos de carácter financiero y al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Junta Directiva; graves
inconsistencias en la información que suministraba a la Superintendencia Nacional
de Salud, impidiendo que esta entidad conociera la situación real de la intervenida;
una gran cantidad de quejas, reclamos y acciones de tutela de la población
afiliada, en su mayoría por temas de medicamentos y procedimientos no P.O.S. y
P.O.S.; la falta de legalización de contratos con la Red de Prestadores, afectando
la viabilidad de la prestación de los servicios de salud en suficiencia y calidad; falta
de oportunidad para el acceso a los servicios de salud, en especial de atención
para medicina especializada, de cirugía general y pediatría; inconsistencias en el
cumplimiento de las metas de los programas de promoción y prevención; en el
análisis de los estados financieros de 2012 no existía razonabilidad en la
información financiera, especialmente en el disponible y cuentas por pagar por
prestación de servicios, situación que impactó el cálculo de los indicadores de
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permanencia en el sistema general de seguridad social en salud, es decir, del
margen de solvencia y patrimonio mínimo; irregularidades en los estados
financieros de 2012 por incumplimiento al literal d, artículo 13 de la Ley 1122 de
2007 por glosas injustificadas y por incumplimientos en los acuerdos de pago;
incertidumbre porque no proporcionaba una base razonable y adecuada de sus
estados financieros, reportando un margen de solvencia negativo, todo lo cual
generaba duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar
operando (hecho probado 7.1.12).
Fue así, cuando la Superintendencia Nacional de Salud evidenció que SOLSALUD
E.P.S. S.A. se hallaba incursa en la causal 2 del artículo 457 del Código de
Comercio74 (derogado por el parágrafo 2º del artículo 4 de la Ley 2069 de 2020),
porque presentaba pérdidas que reducían el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito, situación que fundamentó la expedición
de la Resolución No. 735 del 6 de mayo de 2013, por medio de la cual la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención administrativa de
SOLSALUD EPS S.A. y la liquidación de sus bienes, haberes y negocios, al
constatar que las condiciones y parámetros bajo los cuales estaban operando los
programas de E.P.S. y E.P.S.S. presentaban un riesgo inminente para la
prestación de los servicios de salud ofertados a sus afiliados y para su estabilidad
financiera y del propio Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual se
encuentra cobijada por la presunción de legalidad que no ha sido contradicha ni
debatida por la sociedad demandante.
Así las cosas, luego de concluida la fase de intervención para administrar, la
Superintendencia Nacional de Salud concluyó la necesidad de adoptar la toma de
posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar SOLSALUD E.P.S. S.A., como quiera que la empresa
no tenía una posibilidad financiera para garantizar la adecuada prestación del
servicio de salud a la red de afiliados, ni para para atender sus pasivos.
74 “Artículo 457: Causales de disolución de la sociedad anónima. La sociedad anónima se
disolverá: (…) 2) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito (…)”. Derogado por el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley
2069 de 2020.
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En síntesis, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió ejercer sus facultades
para tomar en posesión los bienes, haberes y negocios e intervenir
administrativamente SOLSALUD E.P.S. S.A., en un primer momento, con fines de
administración y, dados los resultados de la misma, con fines de liquidación, en
desarrollo de los preceptos constitucionales y legales, con el fin de salvaguardar la
prestación del servicio público de salud y los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
En este orden de ideas, en el asunto sub examine se observa que la
Superintendencia Nacional de Salud satisfizo lo previsto en los numerales 12, 18,
22 y 26 del artículo 6º del Decreto 1018 de 2007 , pues en cumplimiento de sus
funciones de inspección, vigilancia y control sobre SOLSALUD E.P.S. S.A., ordenó
la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios y la intervino con fines de
administración, para luego del estudio técnico y financiero concluir la forzosa
intervención administrativa para su liquidación, se itera, con el fin de salvaguardar
la prestación del servicio público de salud y los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
De ahí que no resultan de recibo las afirmaciones del entonces gerente de la
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, Fredy Orlando Rojas Arias, según
las cuales la Superintendencia Nacional de Salud sabía sobre las deudas que
SOLSALUD EPS S.A. tenía con esa E.S.E. y poseía toda la información financiera
de las EPS’s, pero no hizo nada para evitar la debacle de los hospitales de
Santander, incluida la ESE accionante, como tampoco hizo eco de sus quejas,
pues en este proceso se echan de menos las reclamaciones o informes que en tal
sentido fueron presentados por la accionante a la Superintendencia Nacional de
Salud y que de contera corroboren dichas afirmaciones, por el contrario, se
constató que ante las quejas de otros prestadores del servicio de salud, desde el
2007, la Superintendencia Nacional de Salud inició las investigaciones
administrativas respectivas y en 2011 ordenó las visitas integrales pertinentes para
verificar las irregularidades cometidas por SOLSALUD EPS S.A., lo que le permitió
evidenciar los hallazgos necesarios para, en 2012, intervenirla forzosamente hasta
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su liquidación, garantizando la prestación del servicio de salud y los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Asimismo, tampoco resultan comprobadas las afirmaciones del testigo respecto
del conocimiento y falta de acción del Ministerio de Salud y Protección Social
respecto de la situación financiera de SOLSALUD EPS S.A. y de las deudas y
maniobras de no pago que dicha EPS practicaba en detrimento de la hoy
demandante, pues no se allegó documento alguno que acreditara tal conocimiento
y que, dicho Ministerio, aunque no tiene la función de inspección, control y
vigilancia, no habría reportado la información pertinente o queja a la
Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia. De ahí que, como
antes se anotó, al no probarse hecho u omisión alguna imputable al Ministerio,
este carece de legitimación en la causa por pasiva y así se declarará.
En suma, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se concluye
sin asomo de duda que las actuaciones administrativas de inspección, vigilancia y
control desplegadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a la
sociedad SOLSALUD EPS S.A. fueron adecuadas, pues se ajustaron al trámite
previsto en el Decreto 1259 de 1994 y permitieron evidenciar su situación real
mediante el procedimiento de administración y avanzar en la liquidación de la
misma, de conformidad con la normatividad aplicable.
De otra parte, se advierte que no obra material probatorio en el expediente que
permita acreditar una actuación tardía en cabeza de la Superintendencia Nacional
de Salud, de manera que en el presente caso no se acreditó la falla del servicio
imputada por el extremo activo a esta entidad, que, según lo narrado en la
demanda, consistió en la inadecuada e inoportuna labor de inspección, vigilancia y
control que llevó a la tardía liquidación de SOLSALUD EPS S.A. y a que esta
dejara deudas insolutas, entre ellas, las reclamaciones reconocidas por el agente
liquidador de esa E.P.S. a favor de la demandante, lo que, como ha quedado
expuesto, no se encuentra probado en el plenario. Por ello, bajo la óptica de un
régimen subjetivo de responsabilidad, la falta de acreditación de la falla del
servicio conlleva a la imposibilidad de imputación de responsabilidad al Estado.
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En virtud de lo anterior, se evidencia que el daño antijurídico no es imputable a la
Superintendencia Nacional de Salud en tanto se no se probó que esa autoridad
administrativa, hubiere incurrido en una falla del servicio por una supuesta
intervención tardía de SOLSALUD EPS S.A., como ya lo sostuvo la Sala en un
asunto similar por la liquidación de esa misma EPS.75
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 24 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social y negó las pretensiones de la demanda.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
75Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 13 de marzo de 2024, exp. 67922.
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De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez
que el recurso de apelación que interpuso no prosperó, dado que no se declaró la
responsabilidad patrimonial deprecada como lo solicitó en la impugnación. La
liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho76 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora77. En el sub judice, pese a que no se corrió
traslado para alegar de conclusión, pues las demandadas no solicitaron pruebas
en segunda instancia, lo cierto es que la Nación - Ministerio de Salud y Protección
Social se pronunció sobre el recurso de apelación78.
En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la
demandada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.
Frente a las agencias en derecho en segunda instancia, estas deben fijarse hasta
el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según
lo dispuso el artículo 679 del Acuerdo 1887 de 200380.
76 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
77 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
78 Índice 11, Samai - Consejo de Estado.
79 “Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
80 Vigente para el 18 de julio de 2016, fecha de presentación de la demanda.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
En tal virtud, se fijan las agencias en derecho en la suma de $2’059.471, en favor
de la entidad demandada Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, con
fundamento en la relación porcentual del 0.1% de las pretensiones que fueron
presentadas por el monto de $2.059’471.272.
En este orden, la Sala condenará a la parte actora al pago de agencias en
derecho en suma equivalente a $2’059.471, en favor de la Nación - Ministerio de
Salud y Protección Social, las cuales serán liquidadas por Secretaría según los
parámetros previstos en la normativa descrita.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y negó las
pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia, a la parte
demandante, en favor de la entidad demandada Nación - Ministerio de Salud y
Protección Social.
Para el efecto, las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de
$2’059.471, monto que deberá pagar la parte actora en favor de la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Demandante: E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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