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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00809-01

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00809-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 30 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el siguiente sentido: “1°.- INHIBIRSE para fallar de fondo sobre la pretensión de resarcimiento de perjuicios derivados de la decisión de negar de reconocimiento de los créditos en el marco de la liquidación forzosa administrativa de Solsalud EPS, por indebida escogencia del medio de control. 2°.- NEGAR las demás pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3°.- CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación. 4°.- Una vez en firme esta providencia, por secretaría de la Corporación y previas las constancias de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, archívese el expediente.” SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la Superintendencia Nacional de Salud. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho de segunda instancia, a cargo de la parte actora, en la suma de $1’790.345,7. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00809-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69.716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa

MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE-El juez puede adecuar las pretensiones cuando el actor haya invocado
una vía procesal diferente, para encauzarlo por el medio de control que proceda de acuerdo con el verdadero
origen del daño reclamado. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedente para pretender el
resarcimiento de daños derivados de actos administrativos cuya legalidad se presume, por lo que debe ser
desvirtuada para la respectiva indemnización. REPARACIÓN DIRECTA-No pueden encauzarse pretensiones
que exijan la anulación de actos administrativos si no hay elementos suficientes para extraer lo s cargos de
ilegalidad y si no se vinculó a la autoridad que los emitió. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN
ADMINISTRATIVA FORZOSA DE EPS-Es un verdadero procedimiento administrativo regido por el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, que compete a la Superintendencia Nacional de Salud. RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO POR EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL-Forma de
intervención que se inscribe en la función de policía administrativa y por cuya omisión, retardo o extralimitación
responde la Administración por los daños que se causen. DAÑO ANTIJURÍDICO-Aquel que el particular debe
soportar. Los créditos insolutos en el marco de un procedimiento de liquidación no son daños antijurídicos
porque obedecen a las reglas de la liquidación y a la prelación legal de pagos.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante en contra de la sentencia de 30 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Magistrada
Francy del Pilar Pinilla Pedraza, conforme lo expuesto en la parte motiva. En
consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad
MEDICUC IPS contra el [sic] NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación.

CUARTO: Una vez en firme esta providencia sin que las partes promuevan recurso
alguno, por secretaría de la Corporación y previas las constancias de rigor en el

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

Sistema de Gestión Judicial SAMAI, archívese el expediente.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno al daño que Medicuc IPS alega haber sufrido
como consecuencia de un crédito que, a pesar de ser reconocido en el trámite de
liquidación forzosa administrativa de Solsalud EPS, fue declarado insoluto por
cuenta de la insuficiencia de recursos de la sociedad en liquidación, circunstancia
que se le atribuye a la falla en el servicio de vigilancia, inspección y control de la
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de
Salud, el departamento de Santander y el municipio de Bucaramanga.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 27 de julio de 2016, Medicuc IPS Ltda. 2, presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, por la cual solicitó declarar patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, a la
Superintendencia Nacional de Salud, al departamento de Santander – Secretaría
de Salud departamental y al municipio de Bucaramanga – Secretaría de Salud
municipal, por la omisión en sus deberes de control y vigilancia sobre Solidaria de
Salud Solsalud EPS S.A., en los siguientes términos:

“PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la NACION-MINISTERIO
DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, LA SUPERITENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL, con antelación, como a posteriori al Proceso de Intervención
Forzosa Administrativa para Administrar e Intervención Forzosa Administrativa para
Liquidar a la ENTIDAD SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD EPS S.A, tanto en las
habilitaciones otorgadas para operar el régimen contributivo como subsidiado [sic].

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración, se reconozca en favor de la
Sociedad de MEDICUC I.P.S LTDA, con NIT: 900.204.617-5, los valores por
concepto de la prestación de servicios de salud a los afiliados del Sistema de
Seguridad Social de Salud, adscritos a la ENTIDAD SOLIDARIA DE SALUD
SOLSALUD EPS S.A, por la suma de $ 1.377.189.041,00.

TERCERO: Declarar que al no atender oportunamente los graves problemas
económicos, técnicos, financieros, administrativos, médicos y jurídicos, que
aquejaban la ENTIDAD SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD EPS S.A HOY
LIQUIDADA, por parte de la NACION-MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION
SOCIAL, LA SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD, EL DEPARTAMENTO

1
Índice SAMAI 94, expediente 68001233300020160080900 ante el Tribunal Administrativo de
Santander.
2
Expediente digital ante el Consejo de Estado. SAMAI – Visualización de expediente. 001 Primera
Instancia – 008 Demanda.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

DE SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA -SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, con antelación,
como a posteriori al Proceso de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar
e Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar a la ENTIDAD SOLIDARIA DE
SALUD SOLSALUD EPS S.A, tanto en las habilitaciones otorgadas para operar el
régimen contributivo como subsidiado, no se dio aplicación de las Leyes 100 de
1.993, 715 de 2.001,1122 de 2007, 1438 de 2011, y Decretos 4747 de 2.007, de
manera oportuna y eficientes como órganos rectores del SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS), generándose una omisión a las
facultades, de inspección, regulación, control y vigilancia, dentro del régimen de
responsabilidad de falla en el servicio de vigilancia.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración de la omisión, condenar a la
NACION-MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, LA
SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD, SANTANDER- SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -SECRETARIA
DE SALUD MUNICIPAL, favor de la Sociedad de MEDICUC I.P.S LTDA, con NIT:
900.204.617-5, la suma de $ 413.156.712,3, o el valor que resulte probado dentro del
proceso; monto que ha de ser actualizado y reconocido conforme lo previsto en el
Articulo [sic] 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

QUINTO: Como consecuencia de la declaración dela [sic] omisión, condenar a la
NACION-MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, LA
SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD, EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA -SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, favor de la Sociedad
MEDICUC I.P.S LTDA, con NIT: 900.204.617-5, actualización monetaria y los
intereses correspondientes, los mayores costos en los cuales incurrió relacionados
en los hechos 29 y 33 y en los demás hechos y en lo que se pruebe durante el proceso
que se adelante con ocasión de la presentación del presente libelo, pagándole por
este concepto la cantidad que se pruebe, lo mismo que los perjuicios ocasionados.

SEXTO: Como consecuencia de la declaración de la omisión, condenar a la NACION-
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, LA SUPERITENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARIA
DE SALUD DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, a indemnizar a favor de la Sociedad de
MEDICUC I.P.S LTDA, con NIT: 900.204.617-5, para que a título de lucro cesante,
se ordene el pago de los réditos de las sumas de dinero que resulten como daño
emergente, a las tasas de interés legal y la indexación monetaria por la devaluación
ocurrida a las sumas pedidas y dando aplicación a la fórmula que para el efecto ha
establecido el Honorable Consejo de Estado.

SEPTIMO: Como consecuencia de la declaración de la responsabilidad, condenar a
la NACION-MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, LA
SUPERITENDENCIA NACIONAL DE SALUD, EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, y el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA -SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, en las costas y gastos
del presente proceso.

OCTAVO: Se ordene que a la sentencia que ponga fin al proceso se deberá dar
cumplimiento a los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas concordantes.

NOVENO: Las cantidades liquidadas y determinadas en el fallo devengaran intereses
conforme lo previsto en del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso en los hechos de la
demanda, que Solidaria de Salud Solsalud era una EPS del régimen contributivo y
subsidiado, que fue sometida al proceso de intervención forzosa administrativa

3

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

mediante la Resolución 000671 de 27 de marzo de 2012 de la Superintendencia
Nacional de Salud, posterior a lo cual, por directrices de dicha entidad, Medicuc IPS
le prestó los servicios de salud a los usuarios de Solsalud, que luego fueron
cobrados por la demandante a través de la presentación a la EPS intervenida de las
respectivas facturas, que, junto con los requisitos exigidos por la ley, constituían un
título ejecutivo.

Alegó que la medida de intervención fue prorrogada sucesivamente, hasta que la
Superintendencia de Salud expidió la Resolución 000735 del 6 de mayo de 2013,
por medio de la cual ordenó la toma de posesión y la intervención forzosa
administrativa para liquidar el programa contributivo y subsidiado de la EPS, de
modo que la IPS dentro del respectivo proceso concursal radicó oportunamente la
reclamación por $1.099’452.694 por los servicios prestados en el régimen
contributivo y $277’736.347 correspondientes a los del régimen subsidiado.

De acuerdo con el libelista, las Resoluciones 2347 y 1333 de 2014 proferidas por el
agente liquidador se pronunciaron sobre las acreencias 3, reconociendo únicamente
una parte, y negando el resto por no existir recursos. El demandante interpuso
recurso de reposición en contra de aquellas, que se resolvió 4 en el sentido de
reconocer un valor único y realizar unas glosas a un grupo de facturas, sin que a la
fecha de la demanda se hubieran cancelado las mismas.

Se manifestó que el liquidador de Solsalud rindió un informe final (el cual no se
identificó) de la liquidación ante la Superintendencia de Salud, con lo cual se
extinguió la persona jurídica, dejando insolutas las deudas.

La demanda insistió en que el daño le resultaba atribuible a las demandadas por la
omisión de controlar, vigilar e inspeccionar la EPS, que redundó en la falta de capital
de la entidad liquidada para asumir los pagos de los servicios prestados por la
demandante.

Contestaciones de la demanda

1. Del departamento de Santander

3
Las pruebas documentales evidencian que las resoluciones mediante las cuales el agente
liquidador se pronunció sobre las acreencias presentadas por la IPS son las 3574 y 3279 de 2014.
Las indicadas en el escrito de la demanda no corresponden a ningún documento aportado.
4
En la demanda no se da cuenta de los números de estas decisiones.

4

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

De manera oportuna 5, presentó la excepción de (i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, en virtud de la cual expuso que no estaba probado, ni siquiera
sumariamente, el hecho u omisión en la que incurrió el departamento, ni el título de
imputación por el cual tendría que resarcir por unas acreencias no reconocidas,
derivadas de unos contratos suscritos con el agente liquidador de Solsalud.

También formuló la excepción de (ii) ineptitud sustantiva de la demanda, en cuanto
el medio de control que procedía era el de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de las resoluciones 002388, 002404, 002492 y 01999 de 2014 del agente
liquidador de Solsalud.

Finalmente, alegó (iii) inexistencia de la obligación a cargo del departamento, pues
los hechos que sirvieron de fundamento para demandar eran inexistentes respecto
del demandado, ni era el llamado a responder por la expedición de las resoluciones
2374 y 1333 de 2014 emitidas por el agente liquidador.

2. De la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social

También de manera oportuna 6, alegó (i) ineptidud de la demanda por inexistencia
de control judicial, puesto que la demanda realmente se dirigía en contra de las
resoluciones 2347 y 1333 de 2014 —en las que se reconocieron parcialmente los
créditos— emanadas del proceso de liquidación que, por haber finalizado, no eran
pasibles de control judicial en los términos del artículo 169.3 del CPACA.

Agregó la excepción de (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, en la que
manifestó que el Ministerio tenía a su cargo la formulación, adopción, dirección,
coordinación, ejecución y evaluación de la política pública en materia de salud,
pensiones y riesgos profesionales, y la dirección, orientación, coordinación y
evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General
de Riesgos Profesionales, sin que dentro de sus funciones se incluyera la de
inspección, vigilancia y control sobre la EPS liquidada, por lo que no existía vínculo
entre alguna de sus funciones y los hechos de la demanda.

Respecto de la (iii) caducidad, señaló que el origen del daño se remontaba a los

5
01PrimeraInstancia. 018ContestacionDemandaDepartamento.
6
01PrimeraInstancia. 019ContestacionDemandaNacionMinisterio.

5

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

actos administrativos mediante los cuales se reconoció parte de las acreencias
reclamadas, de manera que la vía procesal procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, que caducaba a los 4 meses desde la notificación del
acto. Aunó que la reparación directa también estaba caducada, puesto que habían
transcurrido dos años desde el acto que resolvió la reposición en contra de la
resolución 2347 y 1333 de 2014.

Excepcionó (iv) inexistencia de daño antijurídico por parte del Ministerio, (v)
inexistencia de la obligación e (vi) inexistencia del derecho, en cuya virtud reiteró
que la falla no había correspondido al actuar de la entidad, ni era esta la encargada
de reconocer al demandante la indemnización patrimonial.

Finalmente, formuló (vii) prescripción, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, en la medida en la que los derechos económicos se habían causado
hacía más de tres años.

3. De la Superintendencia Nacional de Salud

En la debida oportunidad 7, alegó (i) cumplimiento del ordenamiento legal y de las
funciones asignadas a la Superintendencia. Al punto relacionó las actividades que
desplegó para tomar la decisión de liquidar a Solsalud, a partir de lo cual argumentó
que la falla en el servicio endilgada en la demanda no era cierta y que, por el
contrario, había ejercido diligentemente sus funciones de inspección, vigilancia y
control desde el momento en que tuvo conocimiento de las irregularidades de la
EPS, sin que le correspondiera coadministrar con el interventor ni liquidador.

(ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto la causa del daño era la
falta de pago de las acreencias del demandante, que se declararon como créditos
insolutos en el proceso de liquidación mediante actos administrativos emitidos por
el agente liquidador, y no por la Superintendencia.

En la misma medida, expuso que (iii) los actos y omisiones del agente especial son
autónomos e independientes de la Superintendencia, sin que el liquidador actúe en
nombre o representación de la entidad, y sin que pueda predicarse la solidaridad de
la responsabilidad por no pagar las acreencias al interior del proceso de liquidación.

7
01PrimeraInstancia. 021ContestacionSuperIntendencia.

6

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

Respecto de la (iv) inexistencia de la obligación e (v) inexistencia del nexo de
causalidad, alegó que el presunto daño infringido a la demandante no podía serle
atribuido, porque sus funciones de inspección, vigilancia y control no se extendían
a la falta de pago de acreencias al interior de un proceso de liquidación, y no existía
ninguna acción u omisión causante del daño atribuible a la entidad.

4. Del municipio de Bucaramanga

En su escrito8, formuló la excepción previa de (i) caducidad del medio de control de
reparación directa, pues el término debía contarse a partir de que la demandante
tuvo conocimiento de la omisión en el deber de vigilancia, que corresponde a la
notificación de la Resolución 00671 del 27 de marzo de 2012, por lo que solicitó que
se allegara al proceso la respectiva constancia. También arguyó su (ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que no era cierto que el
artículo 44 de la Ley 715 de 2001 —según se adujo en la demanda— hubiera
otorgado a los municipios funciones de inspección, vigilancia y control r especto de
las EPS.

De fondo, alegó que el daño no le era imputable al municipio, pues la vigilancia,
inspección y control recaía sobre la Superintendencia Nacional de Salud.

Sentencia de primera instancia

El 30 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia 9
en la que negó las pretensiones. Para fundamentar su decisión, el a quo precisó, en
primer lugar, que el daño reclamado consistía en la imposibilidad de recuperar
$958’201.940 por concepto de los servicios médicos prestados a usuarios de la EPS
Solsalud – liquidada –, que no fueron reconocidos por el agente liquidador, para lo
cual manifestó que correspondía indagar si la pérdida resultaba jurídica y
fácticamente imputable a las demandadas.

Asimismo, determinó que debía analizarse la presunta tardanza con la que se
habían tomado las medidas de intervención y liquidación, y que redundaron en el

8
01PrimeraInstancia. 024ContestacionAlcaldiaBucaramanga.
9
Índice SAMAI 94, expediente 68001233300020160080900 ante el Tribunal Administrativo de
Santander.

7

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

déficit fiscal de la entidad vigilada para asumir las deudas con las instituciones
prestadoras de servicio, así como la falla en el procedimiento interno de liquidación.

Sobre el primer aspecto, consideró que no se habían concretado las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de los presuntos incumplimientos a cargo de la
Superintendencia Nacional de Salud en sus funciones de control, inspección y
vigilancia, sumado a que se había acreditado que dicha entidad había adoptado las
medidas necesarias, razonables y oportunas que terminaron en la liquidación
forzosa de la EPS y que daban cuenta de la observancia de sus obligaciones
legales.

Y respecto del proceso interno de intervención, se advirtió que la Superintendencia
realizó el seguimiento y la respectiva verificación del cumplimiento de las etapas
legales del trámite, y ordenó la apertura del subsiguiente proceso de liquidación,
dentro del cual cumplió con sus funciones en los términos del Decreto Ley 2555 de
2010, que implicaban el seguimiento, pero no la participación o intervención en la
administración del agente liquidador, a quien le correspondía, exclusivamente, la
decisión sobre la aceptación, rechazo, prelación y calificación de créditos.

Agregó que al Ministerio de Salud y Protección Social le concernía la dirección,
orientación, coordinación y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, sin que fuera posible atribuirle responsabilidad a título de omisión de las
acciones requeridas para mitigar las consecuencias del estado de insolvencia de
Solsalud. En igual sentido, estimó que ni al departamento de Santander ni al
municipio de Bucaramanga les asistía la obligación de intervenir en la relación
contractual entre la EPS y la IPS.

Concluyó que la causa del daño reclamado era la definición sobre la prelación de
pagos natural en los procesos liquidatorios y no había evidencia de que el agente
liquidador hubiera provocado la insuficiencia de recursos. Con base en la
jurisprudencia, argumentó que el resultado negativo de una liquidación no podía
tenerse como prueba de un daño antijurídico en sí mismo. Además, que si la
censura se centraba en el rechazo de las acreencias la demandante debía haber
presentado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
las resoluciones que reconocieron y rechazaron las acreencias.

8

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

Recurso de apelación

El impugnante10 sostuvo que el daño consistía en que la IPS prestó servicios de
salud a los afiliados de la EPS —mientras ésta estaba intervenida para administrar
por orden de la Superintendencia Nacional de Salud— que nunca le fueron pagados
por el agente interventor ni, posteriormente, por el agente liquidador.

Señaló que, a pesar de haber presentado acreencias en el proceso liquidatorio,
éstas no fueron reconocidas, en cuanto en la calificación de créditos se efectuaron
glosas injustificadas y se graduaron en quinta clase, desconociendo que
representaban servicios de salud prestados cuando la EPS estaba intervenida, y
que la IPS presentó la solicitud oportunamente.

Expuso que el daño le era imputable a la Superintendencia por cuanto fue quien
designó al agente interventor y liquidador que no pagó los servicios de salud
prestados, así como también a las otras demandadas, porque no requirieron al
liquidador para que cumpliera con estas obligaciones. Añadió que la responsabilidad
de las demandadas se derivaba de la intervención para administrar, lo que «le
permitió a la EPS quedar insolvente y no cumplir con sus obligaciones», y por haber
nombrado un agente interventor y liquidador que no canceló las obligaciones
derivadas de la intervención.

Resaltó que los servicios de salud cuyo pago reclamó fueron prestados cuando ya
se había intervenido a la EPS, momento para el cual las IPS no pueden negarse,
so pena de ser sancionadas administrativamente por la Superintendencia Nacional
de Salud, a quien la ley le asignó las funciones de control y vigilancia sobre las
entidades del sector de la salud. Así, arguyó que dicha entidad tenía la competencia
para intervenir forzosamente y liquidar a Solsalud EPS, lo que, en los términos del
artículo 90 de la Constitución, la convertía en garante de la prestación de los
servicios de salud.

Reprochó la conclusión según la cual correspondía demandar las resoluciones de
reconocimiento de créditos, puesto que Solsalud había sido liquidada desde el 6 de
junio de 2014 y, por tanto, no podía ser parte en un proceso, aunado a que la causa
petendi se centraba en la falla del servicio de las entidades demandadas por la

10
01PrimeraInstancia. 116ApelaciónDemandante.

9

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

omisión de sus deberes de vigilancia y control.

Concluyó que el daño era atribuible a las demandas, bien a título de daño especial,
porque a pesar de la legalidad del acto administrativo de calificación del crédito
emitido por el liquidador, le había causado un daño anormal a la demandante, con
el que rompió el principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues implicó que
la IPS financiara el sistema de seguridad social, sin tener la obligación de hacerlo;
o bien a título de falla en el servicio, porque omitieron ejercer oportunamente la
vigilancia, inspección y control sobre la situación jurídica, administrativa, financiera,
técnica y económica de Solsalud, antes y durante el proceso de intervención y
liquidación.

Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
concedió el recurso presentado 11 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto
del 28 de abril del mismo año 12.

El 9 de mayo de 2023, estando dentro del término13, la Superintendencia Nacional
de Salud14 presentó oposición al recurso de apelación en el que reiteró que la
entidad había ejercido sus funciones de inspección, vigilancia y control; resaltó la
discrecionalidad de la que gozaba para tomar la medida de toma de posesión para
administrar o para liquidar; insistió en la independencia y autonomía que ostentaban
los agentes interventores y liquidadores a quienes la Superintendencia designaba
mediante acto administrativo, sin que éste actuara como su representante, y sin que
la entidad pudiera coadministrar, correspondiéndole únicamente el seguimiento y
monitoreo de su gestión.

El departamento de Santander no se pronunció 15, y no será tenida en cuenta la
oposición al recurso presentada por el municipio de Bucaramanga, por haberse
radicado extemporáneamente, el 26 de julio de 2023 16.

11
01PrimeraInstancia. 123AutoConcedeRecursoApelación.
12
Índice SAMAI 3.
13
El artículo 247.4 CPACA admite este pronunciamiento entre la notificación del auto que concede
la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia. De acuerdo con el informe
secretarial del 31 de mayo de 2023 (índice SAMAI 11) el término de traslado corrió desde el 10 hasta
el 12 de mayo de 2023.
14
Índice SAMAI 9.
15
Índice SAMAI 11.
16
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 17. El Ministerio Público guardó
silencio18.

El 15 de mayo de 2023, la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social presentó
alegatos de conclusión19 que, por no resultar procedentes, no serán tenidos en
cuenta, ni siquiera como un pronunciamiento en relación con la impugnación, por
cuanto, como tales, se presentaron vencido el término de ejecutoria del auto que
admitió el recurso.

IV. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 27 de julio de 2016, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 306 de este
Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso
(CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las
controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una
acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA, como
ocurre en este caso en el que se atribuye responsabilidad a la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, al
departamento de Santander – Secretaría de Salud departamental y al municipio de

17
Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

Bucaramanga – Secretaría de Salud municipal.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA, esto es, $329’727.00020.

2. Medio de control procedente – Deber de interpretar la demanda

4. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sección, en virtud de los
artículos 135 a 148 del CPACA, el medio de control procedente no depende del
arbitrio del demandante, sino del origen del daño alegado y el fin pretendido 21, sin
perjuicio de lo cual el juez, en cumplimiento de su deber de interpretar la demanda,
y en ejercicio de la carga prevista en el artículo 171 del CPACA 22, puede adecuar
las pretensiones al medio de control que corresponda cuando el actor haya invocado
una vía procesal diferente:

“La disposición en comento [artículo 171] consagra la potestad de adecuar el medio
de control a las pretensiones formuladas en la demanda, cuando la parte actora
haya señalado la vía procesal inadecuada. Esto, con el ánimo de salvaguardar el
derecho de acceso a la administración de justicia y evitar eventuales fallos
inhibitorios derivados de la denominada indebida escogencia de la acción, sin que
ello implique que los demandantes puedan optar por el medio de control que
más les convenga para eludir cargas procesales o el propio término de
caducidad.

La determinación del medio de control adecuado resulta de gran relevancia debido
a que con esto se marca la pauta en la verificación del cumplimiento de los
presupuestos de la demanda y de la acción -requisito de procedibilidad, caducidad
y formalidades de la demanda- y, en general, se establece la ritualidad con la que el
juez y las partes van a seguir el proceso.”23.
(Negrillas fuera del texto original).

20
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016 ($659.454) por 500. La cuantía de
la pretensión mayor asciende a 1.377’189.041.
21
Criterio sostenido desde el CCA, en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2007. Exp: 33628. Y reiterado en vigencia del CPACA,
entre otros, en auto del 12 de mayo de 2016, exp: 55032; y auto del 10 de diciembre de 2014, rad:
76001-23-33-000-2014-00387-01.
22
“El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)”
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27 de febrero
de 2019. Exp: 60161.

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La reparación directa —medio de control incoado— es el idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se
cuestiona24.

En cambio, cuando los daños reclamados provienen de actos administrativos, en
términos generales, la vía procesal adecuada es la de la nulidad y restablecimiento
del derecho, en la medida en la que “para que la reparación sea posible será
necesario, de modo previo, dejarlo [el acto administrativo] sin efectos y ello, dada la
presunción de legalidad que lo cobija, sólo será posible con la declaración judicial
de anulación del mismo” 25.

En orden a examinar si las pretensiones elevadas se correspondían con la vía
procesal incoada, resulta imperioso precisar, de manera previa, algunos conceptos
que conforman la causa petendi en este asunto, a fin de determinar cuál es,
verdaderamente, la fuente de los daños reclamados.

2.1. Precisiones respecto de la causa petendi

5. La demanda se sustenta en que, después de que la EPS Solsalud hubiera sido
intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud como medida preventiva
para administrar los programas de régimen contributivo y subsidiado, la IPS
demandante prestó unos servicios a favor de sus afiliados, que nunca le fueron
pagados, por cuenta de que Solsalud entró en liquidación forzosa administrativa —
en virtud de la decisión de la misma Superintendencia— sin que el patrimonio de la
masa liquidatoria resultara suficiente para pagar la obligaciones.

A lo largo del escrito introductorio se les atribuye el daño a las entidades

24
Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421
[fundamento jurídico 3].
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 13 de
diciembre de 2001. Exp: 20.678. Si bien esta providencia se refiere a un proceso iniciado bajo la
vigencia del CCA, sus consideraciones resultan igualmente aplicables, en virtud de la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.

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demandadas con el argumento de que la insuficiencia de recursos se debió a la
omisión en las funciones de inspección, control y vigilancia que les correspondía
sobre la Entidad Promotora de Salud. El a quo fijó el litigio en desarrollo de la
audiencia inicial en este sentido 26, ciñendo así el debate probatorio y la sentencia
de primera instancia 27.

De esta manera, de la litis se excluyó la interpretación según la cual la vía procesal
procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
resoluciones que rechazaron los créditos —como fuente del daño—, con
fundamento en que las pretensiones se encaminaban a disputar la atribución de la
falta de recursos a la falla del servicio por la omisión de las entidades.

Está visto que una parte del pedimento del libelista asciende a $1.377’189.041 28 por
concepto de las reclamaciones correspondientes a los servicios prestados en el
régimen contributivo ($1.099’452.694) y en el subsidiado ($277’736.347) 29, que no
fueron pagados por la liquidación de la EPS.

Y la otra parte de las pretensiones se dirige a que se condene a las demandadas
por $413’156.712,330, sin que respecto de este valor se encuentre apoyo fáctico
alguno en la demanda, por lo cual, desde ya, se dispone que esta solicitud no será
estudiada.

6. Habiendo delimitado el contexto fáctico y el petitum de la demanda, se procederá
a determinar cuál fue la verdadera fuente del daño reclamado, para así establecer
cuál era la vía procesal adecuada para ventilar las pretensiones.

7. De las pruebas allegadas al proceso, se advierte que Medicuc IPS presentó las
reclamaciones de sus acreencias en el trámite de liquidación administrativa forzosa
de Solsalud EPS, sobre las cuales se pronunció el liquidador de la siguiente manera:

En cuanto a las reclamaciones por los servicios correspondientes al régimen

26
Acta de audiencia (01PrimeraInstancia. 034ActaAudienciaInicial) y grabación de la audiencia
(DocumentaciónCDS. AudienciaInicial. CP_0529105024975).
27
Que se limita a analizar la falla en el servicio endilgada a las demandadas de cara a la producción
del daño.
28
Pretensión segunda.
29
Hecho 15 de la demanda.
30
Pretensión cuarta.

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subsidiado, el liquidador profirió la Resolución 3279 de 2014 31 —confirmada
mediante la 6049 de la misma anualidad 32— en la que dispuso el rechazo total de
los créditos presentados que ascendían a $277’736.347, con fundamento en las
glosas realizadas a cada factura, consistentes en “duda sobre la procedencia o
validez de la reclamación; soportes insuficientes; no anexó factura encontrándose
obligado a ello”, “obligación extinguida por pago” u “obligación inexistente; duda
sobre la procedencia o validez de la reclamación; consultas, interconsultas y visitas
médicas” 33; es decir, el rechazo se sustentó en motivos propios del procedimiento
administrativo de liquidación.

Y, respecto de las acreencias presentadas por los servicios del régimen contributivo,
el liquidador expidió la Resolución 3574 34 —confirmada mediante la 6229 35, ambas
del 2014— que da cuenta de que la IPS presentó una reclamación por
$1.099’452.694, del cual únicamente se calificó y graduó en quinta clase un crédito
por valor de $55’371.104 36, rechazando el restante con base en las glosas a cada
factura, relativas a “pago parcial”, “obligación extinguida por pago”, “no anexan
orden médica requisito para el trámite a recobro”, “duda sobre procedencia o validez
de la reclamación; soportes insuficientes; no anexó factura encontrándose obligado
a ello” u “obligación inexistente”, entre otras, con lo cual se evidencia que este
rechazo también obedeció a razones del interior del procedimiento administrativo
de liquidación.

Ahora, no puede desconocerse que las resoluciones en mención resolvieron
“declarar como créditos insolutos los valores reconocidos (…) al no existir
disponibilidad de recursos de SOLSALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN al haber
agotado sus activos (…)” 37. Es decir, incluso respecto de las acreencias aceptadas,
calificadas y graduadas —en el caso de los servicios del régimen contributivo—, el
liquidador dispuso que no podrían ser pagadas porque no había recursos
suficientes.

31
Págs. 379 a 466. 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
32
Págs. 268 a 378. 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
33
Págs. 467 a 504.
34
No se aportó copia de este acto administrativo, pero la Resolución 6229 da cuenta de su existencia
y contenido.
35
Págs. 1234 a 1367. 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
36
Liquidación del crédito presentado y reconocido (P. 1327) y parte resolutiva de la Resolución3574,
de acuerdo con el texto de la Resolución 6229 (P. 1234). 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
37
P. 1234. 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda

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Así, existen dos tipos de lesiones que conforman la pretensión resarcitoria elevada
que esta Sala debe distinguir: (i) por un lado, los valores que fueron rechazados al
interior del procedimiento administrativo de liquidación forzosa de Solsalud EPS,
que ascienden a $1.321’817.937; y de otro, (ii) el valor de $55’371.104 que, a pesar
de haber sido reconocido, no pudo ser pagado por cuenta de la insuficiencia de
recursos de la masa liquidatoria.

2.2. Procedimiento de liquidación administrativa forzosa de Solsalud EPS

8. Para el análisis sobre la vía procesal procedente respecto del daño consistente
en el rechazo de los créditos al interior de la liquidación de la EPS deben
establecerse las características del procedimiento correspondiente.

9. En primer término, concierne poner de presente que, de acuerdo con el parágrafo
2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 “[e]l procedimiento administrativo de la
Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las
disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria [Financiera]”; concordante
con el artículo 6 del Decreto 506 del 2005, que dispone que: “[l]as medidas
cautelares y la toma de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las
disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”, y el
artículo 68 de la Ley 715 de 2001, según el cual:

“La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa
administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan
funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector
salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de
cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las
direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos.”
(Negrillas fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1015 de 2002, reglamentario del artículo 68
transcrito, establece que:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la
Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención
forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos
cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones
Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención
técnica y administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas de
procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510
de 1999, el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y
desarrollan.”

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(Negrillas fuera del texto original).

Y el artículo 1 del Decreto 3023 del 2003, reglamentario de los artículos 230 de la
Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 715 de 2001:

“La Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68 de la Ley 715 de 2001, podrá en todo tiempo ejercer la intervención
forzosa administrativa para la liquidación total de un ramo o programa del régimen
subsidiado o contributivo en las Entidades Promotoras de Salud y Administradoras
del Régimen Subsidiado, cualquiera sea su naturaleza, de conformidad con la
evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la
prestación de los servicios de salud.

Para tales efectos, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas
de procedimiento previstas en el Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y
el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.”
(Negrillas fuera del texto original).

Del anterior contexto normativo es diáfano que los procedimientos de intervención
forzosa para liquidar que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud respecto
de las Entidades Promotoras de Salud se rigen por lo previsto en el Decreto-Ley
663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

De acuerdo con el artículo 293 del EOSF, esta liquidación forzosa administrativa es
un verdadero procedimiento administrativo, concursal y universal, adelantado por
un liquidador, que actúa como auxiliar de la justicia, y que ejerce funciones públicas
administrativas transitorias, según el tenor del artículo 295 del EOSF. La Corte
Constitucional ha admitido que estas características son extensibles a los agentes
liquidadores de Entidades Promotoras de Salud:

“Ciertamente, igual a como lo prevé el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(EOSF) para los liquidadores designados por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, los agentes liquidadores designados por la Superintendencia de Salud
son particulares en ejercicio transitorio de funciones públicas”38.

En torno a la naturaleza de los actos expedidos por el liquidador de una EPS
intervenida y sometida a procedimiento de liquidación, el Consejo de Estado ha
distinguido la presencia de dos tipos de decisiones. Por un lado, la posibilidad de
dictar actos administrativos y, de otra, la de proferir actos de gestión. Así lo ha
explicado:

38
Corte Constitucional. Auto 343 de 2021. Reiterado en auto 687 de 2021, 1253 de 2022, 1210 de
2023 y 285 de 2023.

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“De la normativa en referencia se desprende con claridad que el funcionario
Liquidador, en desarrollo de su ejercicio, está facultado legalmente para proferir
actos administrativos, cuya expedición en todo caso estará condicionada a que la
materia que allí se recoja verse sobre aspectos íntimamente ligados a la aceptación,
rechazo, prelación o calificación de créditos o a decisiones proferidas en ejercicio
de la función administrativa de la cual está dotado transitoriamente39 y así mismo
podrá realizar actos de gestión”40.

En este orden de ideas, el liquidador ostenta la competencia para expedir actos
administrativos, entre los cuales se resalta el de aceptación, rechazo, graduación y
calificación de créditos, contra el que, de conformidad con el numeral 2° del artículo
295 del EOSF 41, procede el recurso de reposición y, una vez en firme, goza de
presunción de legalidad, siendo impugnable ante esta jurisdicción.

10. De este modo, esta Sala advierte que las resoluciones mediante las cuales el
liquidador de EPS Solsalud admitió o rechazó las acreencias presentadas por
Medicuc IPS —entiéndase, las 3279, 6049, 3574 y 6229 de 2014— son verdaderos
actos administrativos, derivados de un procedimiento administrativo, pasibles de
control en sede judicial por la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. Medio de control procedente en el caso concreto – reparación directa y
nulidad y restablecimiento del derecho.

39
Original de la cita. Sentencia T-258 de 2007 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández: “Dado que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º. del art. 295 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero el liquidador ‘ejercerá funciones públicas administrativas
transitorias’, los actos del liquidador, de que trata el inciso 1º. del artículo 7º del Decreto-Ley 254 de
2000 (modificado por el art. 7º. de la Ley 1105 de 2006), en cuanto resulten manifiestamente
contrarios a la ley, pueden llegar a ser subsumibles dentro de la hipótesis típica contenida en el
artículo 413 del Código Penal, que describe el delito de prevaricato por acción.
‘De igual forma, en razón del ejercicio de funciones públicas administrativas transitorias por parte del
liquidador, resulta aplicable a sus acciones y omisiones la Ley 734 de 2002, (Código Disciplinario
Único), que establece la responsabilidad disciplinaria derivada de la realización objetiva de una
descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo (art. 48, numeral 1º.),
erige como falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes y la extralimitación en el ejercicio de
los derechos y funciones (art. 23), y alude en forma expresa a la imparcialidad que el sujeto
disciplinable ha de observar en el desempeño de las funciones propias de su cargo (art. 22).En el
inciso final del parágrafo segundo del artículo 6º. del Decreto-Ley 254 de 2000 se establece que ‘El
liquidador enviará a la Contraloría General de la República copia del informe correspondiente, para
los efectos relacionados con su responsabilidad como liquidador.’.”
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de noviembre de 2013. Exp:
31431.
41
“Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la
aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza
constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su
impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el
proceso liquidatorio // Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el
recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso,
no procederá recurso alguno.”.

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11. Debe señalarse que la afectación consistente en la negativa de reconocimiento
de créditos emana de los actos administrativos en los que se consignaron estas
decisiones. En otras palabras, la fuente del daño es el rechazo de las acreencias
por motivos que obedecieron al análisis propio del proceso de liquidación, que se
consignaron en las resoluciones, y no la indisponibilidad de recursos.

Por lo expuesto, el medio de control adecuado para pretender el resarcimiento de
estos supuestos perjuicios era el de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de las resoluciones mencionadas, en la medida en la que, en virtud de la
presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos, la prosperidad
indemnizatoria presuponía la remoción de los mismos del ordenamiento jurídico.

No resulta admisible en esta oportunidad adecuar las pretensiones para encauzar
el pedimento resarcitorio al medio de control que corresponde, en la medida en la
que, como se advirtió en precedencia, la demanda fue reiterativa en indicar que se
perseguía la responsabilidad de las entidades demandadas por la falla en el servicio
de inspección, control y vigilancia sobre la EPS, además de que no se endilgaron
cargos de nulidad en contra de las resoluciones, a lo que se suma que el liquidador
de la EPS —en su calidad de autoridad administrativa decisoria— no fue vinculado.

Ahora, se resalta que en la impugnación se manifestó que el rechazo del pago se
había sustentado en unas glosas injustificadas sobre las reclamaciones y en la
graduación del crédito en quinta clase, en desconocimiento de que la IPS había
prestado los servicios a los afiliados de la EPS. No obstante, este señalamiento
constituye realmente una censura en contra de la legalidad del acto administrativo
de rechazo de acreencias que, en consecuencia, ha debido formularse por la vía de
la nulidad y restablecimiento, sin que pueda redirigirse el cauce procesal en el
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

En esta misma línea, no es de recibo el argumento según el cual no podía demandar
los actos administrativos porque Solsalud había sido liquidada el 6 de junio de 2014
y, por ende, no podía ser parte en un proceso, porque lo cierto es que los actos
administrativos fueron emitidos por el liquidador, que —según lo ya explicado— es
un particular que cumple funciones administrativa de manera transitoria, de modo
que es quien ostenta la legitimación en la causa por pasiva respecto de estas
pretensiones.

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Si bien en algunos apartes de la demanda y de la impugnación, el extremo activo
hace referencia a la reparación de la lesión con base en el título de imputación de
daño especial derivado de la expedición de actos administrativos legales, debe
reiterarse que la demanda se fundamenta en el incumplimiento de deberes
normativos, que resulta ontológicamente incompatible con aquel del daño especial
sustentado en los mismos hechos y argumentos, en tanto ese supuesto redundaría
en un ataque contra la legalidad de esas decisiones. Aún más, no existen elementos
suficientes que permitan derivar la ruptura del equilibrio de las cargas públicas
derivado de la decisión lícita de la Administración.

Así, respecto de estos daños, la Sala concluye que existe una indebida escogencia
de la acción, que resulta imposible encauzar por la vía procedente, por ende, se
inhibirá para estudiarlos de fondo.

12. En lo que concierne al crédito no pagado de $55’371.104, debe señalarse que,
aun cuando también fue objeto de reclamación en el procedimiento administrativo,
lo cierto es que esta acreencia fue aceptada y reconocida por el liquidador de la
EPS, y el daño emerge de la indisponibilidad patrimonial de la masa liquidatoria que,
según se alega, se derivó de las omisiones imputables a las demandadas.

Si bien la decisión de declarar este crédito insoluto también está consignada en la
Resolución 3574 —confirmada en la 6229—, la libelista plantea que el origen de la
insuficiencia de recursos se remonta a la falla en el servicio de las entidades
demandadas, de modo que, en atención al modo en que se estructuró la causa
petendi, no puede predicarse que el daño provenga de la decisión administrativa —
a diferencia de lo que ocurre con la otra especie de daño reclamado—, por lo que
no surgía la necesidad de demandarla, con lo que se abre paso a debatir esta
situación en el escenario del medio de control impetrado, que no es otro que el de
reparación directa.

13. Corolario de todo lo expuesto, la reparación directa era la vía procesal adecuada
para debatir el daño consistente en el no pago de los créditos reconocidos en la
liquidación forzosa administrativa de Solsalud EPS, que asciende a $55’371.104,
asunto al cual se limitará el análisis de la Sala, en virtud de que el otro tipo de daño
germinaba en actos administrativos cuya presunción de validez no fue cuestionada.

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Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

3. Demanda en tiempo de la reparación directa

14. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)” (negrillas fuera del texto original).

Se recalca que el daño reclamado por el extremo activo consiste en que no recibió
el pago de las acreencias reconocidas en el proceso de liquidación forzosa
administrativa de Solsalud EPS, debido a la insuficiencia patrimonial de la masa
liquidatoria, causada por la omisión en la que incurrieron las entidades demandadas
en el cumplimiento de sus obligaciones de inspección, vigilancia y control sobre la
EPS.

Si bien el libelista no precisó cuáles fueron los momentos en los que las respectivas
acciones resultaban exigibles, en orden a establecer la fecha de la ocurrencia de la
omisión causante del daño, resulta posible concluir que Medicuc IPS únicamente
tuvo conocimiento de la producción del daño con ocasión de la Resolución 6229 del
2014 (que confirmó la 3574 de la misma anualidad) que resolvió declarar insoluto el
crédito reconocido por $55’371.104 por la mencionada insuficiencia de recursos. Es
decir, fue desde el conocimiento de esa decisión que la demandante pudo
establecer, con certeza, que este pago no sería efectuado.

En estas condiciones, la caducidad, en principio, debería computarse desde el día
siguiente a la notificación de la Resolución 6229 de 2014, de lo que no hay prueba
en el expediente, a pesar de lo cual, la Sala advierte que la decisión fue expedida
el 13 de agosto de 2014, al paso que la demanda se presentó, oportunamente, el
27 de julio de 2016 42, antes de que transcurrieran los dos años previstos en la
norma.

4. Legitimación en la causa

42
Con el previo agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, según
consta en la constancia de la Procuraduría General de la Nación, presentada el 7 de junio de 2016,
y declarada fallida el 18 de julio de 2016. 01PrimeraInstancia. 005ConciliacionExtrajudicial.

21

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

15. La demandante reclama que la causa de la indisponibilidad del dinero que
justificó la declaratoria de crédito insoluto en el proceso de liquidación forzosa
administrativa es atribuible a la omisión de las demandadas en sus obligaciones de
inspección, vigilancia y control sobre la EPS.

16. Medicuc IPS está legitimada en la causa por activa, en cuanto demostró tener
un crédito reconocido en el marco de la liquidación de la EPS Solsalud, que se
declaró insoluto, en virtud de la insuficiencia patrimonial de la masa liquidatoria 43.

17. La Nación – Ministerio de Salud está legitimada en la causa por cuanto es la
entidad encargada de la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y control del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y responsable de la atención de
“políticas, planes, programas y prioridades del Gobierno en la lucha contra las
enfermedades y en el mantenimiento y educación, información, y fomento de la
salud” 44, a la que la Ley 100 de 1993 le impuso las funciones previstas en su artículo
173, relativas, entre otras, a la supervisión, vigilancia y control de las EPS 45.

18. La Superintendencia Nacional de Salud también lo está, en virtud de que el
artículo 230 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 1259 de 1994 le
otorgan la inspección, supervisión y vigilancia respecto de las EPS, cualquiera que
sea su naturaleza.

19. En lo que atañe al departamento de Santander y al municipio de Bucaramanga,
se advierte que el artículo 174 de la Ley 100 y los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de
2001 les otorgan a las entidades territoriales competencias relacionadas con la
inspección y vigilancia en el sector salud, por lo que se concluye que están
legitimadas por pasiva.

II. Problema Jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar si el no pago del crédito reconocido en el
proceso de liquidación de Solsalud EPS a favor de Medicuc IPS por cuenta de la
indisponibilidad de recursos constituye un daño antijurídico.

43
Liquidación del crédito presentado y reconocido (P. 1327) y parte resolutiva de la Resolución3574,
de acuerdo con el texto de la Resolución 6229 (P. 1234). 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
44
Artículo 170 de la Ley 100 de 1993.
45
En concordancia con el literal h del artículo 181 de la Ley 100 de 1993.

22

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

III. Análisis de la Sala

1. La responsabilidad del Estado por el ejercicio de funciones de
inspección, vigilancia y control

21. Las funciones de inspección, vigilancia y control son una forma de intervención
del Estado en la economía, que se justifica por la trascendencia de algunas
actividades para el interés general 46. Se han catalogado bajo el concepto de poder
de policía administrativa47 que, según se ha conceptuado, corresponde “al conjunto
de medidas coactivas utilizables por la Administración para que el particular ajuste
su actividad a un fin de utilidad pública” 48, y que, debido a su naturaleza constrictiva,
se rige por los principios de legalidad y necesidad:

“Por tratarse de limitaciones a los derechos y libertades de las personas, las medidas
de policía administrativa deben ejercerse con sujeción a una reglamentación
previa, en cuanto sean necesarias y eficaces para la conservación y
restablecimiento del orden público y, por lo tanto, han de ser proporcionales y
razonables de acuerdo con las circunstancias y el fin perseguido, por lo que el
remedio más enérgico ha de ser siempre la última opción.”49.
(Negrillas fuera del texto original).

En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha planteado que:

“(…) tampoco resulta acertado concluir que el Estado puede intervenir en la
economía de cualquier modo, bajo el argumento de cumplir con las finalidades
antes planteadas. En contrario, la jurisprudencia de esta Corporación50 ha previsto
que esa intervención será compatible con los preceptos que dispongan la
intervención del Estado en el mercado solo resultarán acordes con la Carta Política

46
“Teniendo en cuenta que, por su transcendencia para el interés general, algunas de las áreas de
actividad de los particulares son sometidas por el ordenamiento jurídico a la inspección, vigilancia y
control del Estado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 31 de mayo del 2016. Exp: 36540A.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de
noviembre de 2009. Exp: 17501.
48
Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González. Tratado de
Derecho Administrativo. Madrid. Ed. Tecnos. Vol. II, parte General, 2002, pág. 156. JORGE
ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR. Estudios de Derecho Administrativo. Bogotá, Universidad Sergio
Arboleda, 2005, pág. 292, resume los aspectos que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado
sobre el concepto de Policía Administrativa como “el conjunto de medidas coercitivas utilizables por
la Administración para que los particulares ajusten sus actividades a un fin de utilidad pública, con el
objeto de lograr de esa manera la preservación del orden público, entendido como el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce
de los derechos en general y que en el Estado Social de Derecho, es un valor subordinado al respeto
a la dignidad humana, por lo cual, el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es
la protección de los derechos humanos, los cuales constituyen entonces el fundamento y el límite de
tal poder de policía”. Cita original de la sentencia con expediente 17501.
49
Supra, exp: 17501.
50
Corte Constitucional, sentencia C-615/02, (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

23

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
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Asunto: Reparación Directa

cuando esta ‘i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; ii) no
puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe obedecer a
motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida
garantía51; iv) debe obedecer al principio de solidaridad52; y v) debe responder a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad53’.”54.
(Negrillas fuera del texto original).

Así, de acuerdo con esta Sección:

“La policía administrativa se ejerce55: (i) por el Legislador mediante la expedición de
leyes que limiten y regulen los derechos y libertades y, excepcionalmente por las
autoridades administrativas a quienes constitucional o legalmente se les asigne la
función de regular de manera general una actividad (es lo que se denomina ‘el poder
de policía’ propiamente dicho); (ii) por las autoridades administrativas de policía,
a quienes corresponde hacer cumplir, a través de actos administrativos
concretos, esas regulaciones de carácter general (es lo que se conoce como
‘función de policía’), una de cuyas manifestaciones es la potestad sancionadora
de la administración, que asume dos modalidades ‘la disciplinaria (frente a los
funcionarios que violan los deberes y prohibiciones) y la correccional (por las
infracciones de los particulares a las obligaciones o restricciones en materia de
higiene, tránsito, financiera, fiscal, etc.)56, y (iii) la actividad de policía, ‘que se
manifiesta mediante operaciones materiales, de uso de la fuerza pública, tendientes
a la ejecución de la función de policía, es decir, al cumplimiento de esas
disposiciones particulares’57.”58.
(Negrillas fuera del texto original).

La jurisprudencia se ha referido, particularmente, a las obligaciones de inspección,
control y vigilancia de la siguiente manera:

“Es así, que la facultad de inspección consiste en la atribución que tiene el Estado
para solicitar, confirmar y analizar la información emitida por las entidades vigiladas
sobre su situación jurídica, económica y administrativa, así como la potestad de
adelantar investigaciones administrativas a dichos entes.

Por su parte, la facultad de vigilancia se erige como aquella función de policía
administrativa encaminada a velar porque las entidades vigiladas en su formación y
funcionamiento, y en desarrollo de su objeto social, se ajusten a la Constitución, la
ley, los reglamentos y los estatutos que la rigen.

Finalmente, la facultad de control se erige como aquella potestad que tiene la
Administracion frente a las entidades vigiladas a efectos de ordenar todos los

51
Corte Constitucional. Sentencia T-291 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes.
52
Corte Constitucional. Sentencia T-240 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
53
Corte Constitucional Sentencia C-398 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
54
Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010.
55
Sobre esta distinción ver, por ejemplo, sentencia de la Sala de 8 de marzo de 2007, exp. 15.071;
sentencia de la Corte Constitucional C-117 de 2006, y en la doctrina a JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ
NAJAR, ob. Cit.
56
Sentencia de la Corte Constitucional C-214 de 1994. Sobre el objeto de esa función, la Sala en
Sentencia de 22 de julio de 2009, exp. 25000-23-26-000-1999-0228-01, señaló: “La intervención del
Estado en la actividad financiera tiene por objeto garantizar su transparencia y proteger a los
ahorradores para que, en los eventos de crisis financieras, éstos puedan obtener sus recursos,
actuaciones con las que se pretende generar confianza en el sistema financiero”.
57
Sentencia de la Sección del 8 de marzo de 2007, exp. 15.071.
58
Supra, exp: 17501.

24

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
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Asunto: Reparación Directa

correctivos que se estimen necesarios tendientes a subsanar una situación crítica
de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo.”59.
(Negrillas fuera del texto original).

Bajo este derrotero, surge que la Administración ejerce la función de policía
administrativa, en el marco de la cual tiene el deber de adoptar las medidas
necesarias y eficaces —entre las cuales se inscriben la vigilancia, inspección y
control— para la preservación del orden público, con estricto apego a la
reglamentación previa, y con atención a la proporcionalidad y razonabilidad de cara
al fin perseguido.

Se destaca de lo anterior que las entidades a las que el ordenamiento jurídico les
ha encomendado esta función deben respetar el principio de legalidad, por lo que la
inspección, vigilancia y control que ejercen debe ceñirse a exigir y comprobar el
cumplimiento de las normas que regulan la actividad específica.

22. En este orden de ideas, esta Corporación, de antaño, ha establecido que el
Estado responde por los daños que se causen por la omisión, retardo o
extralimitación de estos deberes 60, lo que lo enmarca, esencialmente, en un régimen
de falla en el servicio.

Véase que, entonces, la Administración no tiene obligación resarcitoria respecto de
daños que no son producto de la falla del servicio de inspección, vigilancia y control,
pues de estas funciones —y, en general, de la de policía administrativa— no se
deriva la de garantizar el patrimonio de los administrados que han sufrido algún
menoscabo en sus relaciones con las entidades vigiladas.

Así, al estudiar las funciones de inspección, control y vigilancia de las entidades
financieras, se expuso que:

“Cabe precisar que, en estos casos, en los que se demanda la omisión de los
órganos de control en la inspección y vigilancia de las entidades financieras, no
todos los daños sufridos por los administrados son indemnizables, en consideración
a que la función de supervisión, como se verá más adelante, no consiste en
garantizar el patrimonio de los depositantes o ahorradores contra cualquier
pérdida, sino que lo que se pretende con dicha vigilancia es asegurar el
cumplimiento de las normas del sector financiero por parte de las entidades

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
junio de 2023. Exp: 47754.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de
julio de 1994. Exp: 6693.

25

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

que desarrollan ese tipo de actividades.”61.
(Negrillas fuera del texto original).

Tales consideraciones resultan igualmente extensibles a los demás sectores en los
que se ejerce este tipo de intervención, en la medida en la que —se itera— la función
de inspección, vigilancia y control consiste en comprobar que las entidades vigiladas
se atengan a las regulaciones que les son aplicables y, en últimas, sancionar su
inobservancia.

En consecuencia, el Estado responde en estos eventos únicamente cuando se
acredita que el daño fue causado por la falla del servicio de inspección, vigilancia y
control, sin que, en su ausencia, exista título de atribución del que emane la
obligación resarcitoria.

1.1. Funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de la salud

1.1.1. Superintendencia Nacional de Salud

23. En términos generales, a las Superintendencias, como “organismos
administrativos del orden nacional con autonomía administrativa y fiscal” 62, les
corresponde ejercer el poder de policía administrativa y, de contera, las “funciones
de inspección, vigilancia y control que les hayan sido conferidas legalmente o
delegadas expresamente por el Presidente de la Republica” 63. Al respecto se ha
expuesto:

“Dentro de este marco, la actividad de las superintendencias, corresponde al
ejercicio de la función de policía, que se halla subordinada al poder de policía,
lo que significa que su actuación está dirigida a la cumplida aplicación de las
normas que regulan el campo de actividad sobre el cual aquellas ejercen las
funciones de inspección, vigilancia y control que les son encomendadas, con
miras además, a propender por la protección del sector económico o social objeto
de control, por su desarrollo y estabilidad. (…)

Conforme a estas definiciones, se deduce que la finalidad primordial de las
superintendencias no es la de establecer reglas de conducta para los destinatarios
de su vigilancia y control, sino que es la de velar por el estricto cumplimiento del
ordenamiento jurídico que regula el desarrollo y ejercicio de las actividades
de las personas que actúan en los distintos campos en los que tales entidades
ejercen sus funciones de inspección y vigilancia (…)”64.

61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
julio del 2009. Exp: 27920.
62
Supra, exp: 47754.
63
Ibídem.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de

26

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

(Negrillas fuera del texto original).

En lo que atañe al sector de la salud, el artículo 35 de la Ley 1122 de 2007 define
puntualmente estos deberes a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, así:

“A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas
al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la
información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus
recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y
económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional
de Salud dentro del ámbito de su competencia.

Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el
seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de
investigaciones administrativas.

B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional
de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades
encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud,
atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el
Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este.

C. Control: El control consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de
Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica
o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de
cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del
ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.”

El parágrafo 2 del artículo 230 de la Ley 100 de 1993 le asigna las “funciones de
inspección, control y vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica”, de modo que atañe a su competencia
autorizar la operación de las EPS públicas, privadas o mixtas, siempre que cumplan
con los requisitos previstos en el artículo 180 de la Ley 100, entre las cuales se
destaca las de:

“4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:

a) Tener una base de datos que permita mantener información sobre las
características socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus
familias;

b) Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño
de sus funciones y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores de los
servicios;

c) Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.

marzo de 2007. Exp: 15071. Reiterado en sentencia del 3 de octubre del 2012, exp: 22984.

27

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
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5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se
obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos
los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán
fijados por el Gobierno Nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los
recursos técnicos y financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de
Salud.

6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y
solvencia de la entidad promotora de salud, que será fijado por el Gobierno
Nacional.

7. Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad
económica y financiera de la entidad, determinados por el Gobierno Nacional. (…)”.
(Negrillas fuera del texto original).

En concordancia con el artículo 228 de la Ley 100 que dispone:

“Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener
un revisor fiscal designado por la asamblea general de accionistas, o por el órgano
competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro II, TÍTULO
I, capítulo VII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio
de lo prescrito en otras normas.

Corresponderá al Superintendente Nacional de Salud dar posesión al Revisor
fiscal de tales entidades. Cuando la designación recaiga en una asociación o firma
de contadores, la diligencia de posesión procederá con relación al contador público
que sea designado por la misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La
posesión sola se efectuara una vez el Superintendente se cerciore acerca del
carácter, la idoneidad y la experiencia del peticionario.”
(Negrillas fuera del texto original).

Igualmente, los artículos 118 y siguientes de la Ley 1438 de 2011 le asignan a la
Superintendencia estas funciones sobre las EPS del régimen subsidiado y
contributivo.

Finalmente, de acuerdo con lo ya expuesto, a esta entidad le compete ejercer la
intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades
vigiladas, incluyendo las EPS 65.

1.1.2. Ministerio de Salud y Protección Social

24. El Ministerio de Salud es la entidad encargada de la orientación, regulación,
supervisión, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
y responsable de la atención de “políticas, planes, programas y prioridades del
Gobierno en la lucha contra las enfermedades y en el mantenimiento y educación,

65
Parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, artículo 6 del Decreto 506 de 2005, artículo 68
de la Ley 715 de 2001, artículo 1 del Decreto 1015 del 2002 y artículo 1 del Decreto 3023 de 2003.

28

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
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información, y fomento de la salud” 66. Según el numeral 6 del artículo 173 de la Ley
100 de 1993 67, en concordancia con el literal h) del artículo 181 del mismo
compendio legislativo, a esta cartera ministerial le corresponde, entre otras, la
supervisión, vigilancia y control de las EPS.

Antes de la expedición del Decreto 788 de 1998 68, regía el Decreto 1922 de 1994,
que disponía que el Ministerio de Salud podía intervenir administrativa o
técnicamente —en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control—,
entre otras, a las EPS, por motivos de orden público, administrativo o técnico que
afectaran o pudieran afectar en forma grave la adecuada prestación de los servicios
de salud, en cuyo marco el Ministerio podía asumir transitoriamente la gestión de
las entidades de salud, además de la competencia de intervención para liquidar las
EPS 69.

El Decreto 788 estableció que “las funciones de intervención en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud sobre las Empresas Promotoras de Salud y las
Instituciones Prestadoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se
ejercerán por la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las demás
facultades atribuidas al Ministerio de Salud en el Decreto 1922 de 1994”, con lo cual
le removió al Ministerio la habilitación para intervenir las EPS.

Si bien el Ministerio no es competente para intervenir las EPS, no es menos cierto
que la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2002 y la Ley 1438 de 2011 le otorgaron
distintas funciones que se asientan en las de inspección, vigilancia y control.

1.1.3. Entidades territoriales

25. De acuerdo con el artículo 174 de la Ley 100, corresponde a los departamentos,

66
Artículo 170 de la Ley 100 de 1993.
67
Debe ponerse de presente que esta norma fue derogada por el Decreto 1280 de 2002, expedida
en ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el numeral 1° del artículo 111 de la Ley
715 de 2001 que, no obstante, fue posteriormente declarado inexequible mediante la sentencia C-
097 de 2003. En consecuencia, el decreto corrió la misma suerte y, en consecuencia, revivió la norma
que se había derogado con ocasión de la expedición de la norma declarada inexequible.
68
La reciente providencia de esta Subsección que analiza la responsabilidad del Ministerio de Salud
por la inspección, vigilancia y control sobre las EPS se refiere a hechos previos a la expedición del
Decreto 788 de 1998, cuando el Decreto 1922 de 1994 continuaba vigente en lo que concernía a la
competencia del Ministerio sobre las medidas de intervención de las EPS. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2023.
Exp: 47754.
69
Artículos 28 a 32.

29

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
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distritos y municipios la dirección y organización de los servicios de salud para
garantizar la salud pública y oferta de los respectivos servicios, además de que los
artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001 le otorgan una serie de funciones a las
entidades territoriales relacionadas con la inspección y vigilancia en el sector salud.

Con respecto a las funciones que atañen a los recursos, se destaca que los
departamentos deben supervisar y controlar el recaudo y aplicación de los recursos
propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para la salud 70, y a los municipios les corresponde gestionar
el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud
del municipio, así como financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado
de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados
a tal fin71.

Por otra parte, según el artículo 233 de la Ley 100, el Gobierno Nacional le puede
delegar total o parcialmente la inspección y vigilancia de las EPS a los jefes de las
entidades.

2. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad

26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este
postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del
Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que, estando
debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.

70
Artículo 43.1.4 de la Ley 715 de 2001.
71
Artículo 44.2.1 de la Ley 715 de 2001.

30

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
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De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito 72-73 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”74.

El daño —para que sea indemnizable— además de ser cierto75, personal, 76
determinado o determinable 77, debe ser también antijurídico, esto es que se trate de
una “lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no
está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el
derecho” 78 (negrillas fuera del texto original).

72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
73
Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las a cciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
74
Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,
debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”
76
Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y
104.
77
Que se puedan concretar claramente sus características.
78
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 2 de marzo de 2000. Exp: 11945.

31

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

En efecto, a partir de la Constitución de 1991 la antijuridicidad se predica del daño
y no de la conducta de la entidad, lo que centra el análisis en la soportabilidad del
daño por parte de la víctima, que se refiere a un análisis del fundamento del deber
de reparar; esto es, a la razón que justifica que la Administración responda. 79

Finalmente, debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene la
carga de demostrarlo, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del
Proceso80.

3. Caso concreto

27. Se recuerda que el daño que se reclama consiste en que no se pagaron los
servicios médicos prestados a los afiliados de la EPS, ni siquiera en el proceso de
liquidación forzosa administrativa, por cuenta de que en la Resolución 3574 de
201481, confirmada mediante la 622982 de 2014, se declaró insoluto el crédito
presentado, calificado y graduado, en virtud de la insuficiencia de recursos.

28. En este sentido, se destaca que el daño se origina en la insolvencia de la EPS
que resultó de su liquidación de la EPS, debe reiterarse que el procedimiento de
liquidación forzosa administrativa adelantado en este caso es un verdadero trámite
administrativo, cuyas etapas están reguladas en el EOSF y que:

“(…) tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago
gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la
concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin
perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y
preferencia a determinada clase de créditos.”83.
(Negrillas fuera del texto original).

Se evidencia que la norma dispone expresamente que las acreencias reconocidas
en el desarrollo del proceso se pagarán «hasta la concurrencia de los activos» de
la sociedad en liquidación, de modo que el pago de cada crédito, según la

79
Entre otras Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia
de 1 de febrero del 2012. Exp: 22464; Corte Constitucional. Sentencias C-254 de 2003 y C-333 de
1996.
80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 31 de
agosto de 2021. Exp: 50802 [fundamento jurídico 4.3].
81
No se aportó copia de este acto administrativo, pero la Resolución 6229 da cuenta de su existencia
y contenido.
82
Págs. 1234 a 1367. 01PrimeraInstancia. 004AnexosDemanda.
83
Artículo 293 del EOSF.

32

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

graduación que le haya correspondido de conformidad con la prelación legal 84,
depende de la existencia de recursos.

29. En otras palabras, el hecho de que los pasivos excedan los activos y, de contera,
algunos créditos queden insolutos, no es un daño antijurídico en sí mismo, pues es
un menoscabo que los particulares deben soportar en virtud de las reglas del
procedimiento de liquidación de las sociedades.

Así lo ha determinado esta Sección de manera reiterada sobre los distintos procesos
de liquidación, que comparten la naturaleza concursal y universal 85:

“(…) es de importancia puntualizar que la pérdida en venta de activos respecto del
valor en libros y la insuficiencia de remanentes para los socios de la entidad en la
liquidación judicial no constituye prueba de un daño antijurídico en sí mismo, toda
vez que puede corresponder a las reglas del proceso liquidatorio, en el que se realiza
un avalúo de los bienes que conforman la masa de la liquidación.

Al proceso de liquidación judicial es concursal deben comparecer todos los
acreedores que pretendan reclamar derechos. Con la venta de los bienes afectos
a la liquidación se pagan los gastos de administración y las acreencias, en el
orden de prelación de créditos.

En ese supuesto, la ausencia de remanentes es un resultado económico
consecuente con la situación del patrimonio liquidable y con las funciones asignadas
al juez de la liquidación. Si se mira con cuidado, en caso de ausencia de remanentes,
para los socios no hay un detrimento patrimonial respecto de un derecho económico
cuyo valor resulta igual a cero, porque equivale al resultado financiero de la
liquidación, bajo las reglas del proceso y del contrato de sociedad.

En la liquidación judicial, la insuficiencia de activos para pagar los pasivos no
constituye prueba de un daño antijurídico en sí mismo, toda vez que no habrá
derecho económico vulnerado en tanto la actuación corresponda a las reglas
del proceso liquidatorio -en el que hacen parte los acreedores de la sociedad-
una de las cuales consiste en el avalúo de los bienes y el pago de los pasivos hasta
concurrencia de los activos.

Por ello, si en respeto de las reglas de la liquidación, el producto de las ventas de
los activos no alcanza para pagar los pasivos y al término del proceso no se generan
remanentes para los socios, ellos están obligados a soportar la ausencia de
excedentes y el finiquito de la empresa sin recuperar el capital invertido en la
sociedad.”86.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

En otra oportunidad, la Sala señaló que:

84
Artículo 2493 a 2509 del Código Civil.
85
Sin perjuicio de si son judiciales, como aquel regulado en la Ley 1116 de 2006, o administrativos,
como el que ahora ocupa la atención de la Sala.
86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
septiembre de 2020. Exp: 62018.

33

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

“Debe precisarse que el resultado negativo o la insuficiencia de remanentes para los
socios de la entidad en la liquidación obligatoria no constituye prueba de un daño
antijurídico en sí mismo, toda vez que puede corresponder a las reglas del proceso
liquidatorio -en el que hacen parte los acreedores de la sociedad- una de las
cuales es el pago de sus acreencias, en el orden de prelación de créditos.

Por ello, si en respeto de las reglas del proceso de liquidación, el producto de
las ventas de los activos no alcanza para pagar los pasivos al término de ese
proceso, los socios están obligados a soportar la inexistencia de excedentes o
remanentes, es decir a no recuperar el capital invertido en la sociedad.”87.
(Negrillas fuera del texto original).

Y, finalmente, sobre la liquidación administrativa de una caja de compensación
familiar a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud expuso que:

“Debe resaltarse que en el supuesto de la liquidación administrativa - que se echa
de menos por las demandantes- el resultado negativo o la insuficiencia de
activos para pagar el pasivo de la entidad intervenida no constituye prueba de
un daño antijurídico en sí mismo, toda vez que puede corresponder a las reglas
del proceso liquidatorio -en el que se deben hacer parte todos los acreedores - una
de las cuales es el pago de sus acreencias, en el orden de prelación de créditos
definido en la ley.

Asiste la razón al Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia
Nacional de Salud al advertir que dentro de sus funciones no se encuentra la de
garantizar o pagar las deudas de las empresas promotoras de salud o de las
administradoras de riesgos subsidiados. Es más, esas entidades no tienen la
posición garante de las obligaciones contractuales, como pretendió, en últimas,
la parte demandante.”88.
(Negrillas fuera del texto original).

En este asunto, al igual que en el de la última providencia transcrita, el demandante
pretende que las entidades demandadas le reconozcan el crédito insoluto que
correspondía a unos servicios prestados por la IPS a favor de los afiliados de la
EPS, de lo cual se extrae con toda claridad que el pedimento consiste en que las
demandadas asuman el deber jurídico de garantizar el pago de las obligaciones
contractuales incumplidas por parte de la sociedad liquidada, sin que tal deber les
corresponda, en atención a que de las funciones de supervisión, vigilancia y control
no se desprende la de garantizar o pagar las deudas de las entidades vigiladas.

30. En este orden de ideas, la ley de insolvencia dispone que los créditos pueden
quedar insolutos si los recursos no alcanzan para asumirlos, por lo que este

87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
agosto del 2020. Exp: 50575.
88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
septiembre del 2020. Exp: 63631.

34

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

menoscabo es jurídicamente aceptable y, de contera, el particular debe soportarlo.

Como en este caso se reclama precisamente el no pago del crédito reconocido en
el procedimiento de liquidación de Solsalud EPS, que obedeció a las resultas del
proceso liquidatorio en el que se declaró la insuficiencia patrimonial para cubrirlo,
se concluye que el daño alegado no es antijurídico y, en consecuencia, no es
resarcible.

31. Más aún, y con el fin de evacuar los argumentos de la impugnación, esta Sala
advierte que no existe ningún elemento de juicio arrimado al proceso que indique o
permita establecer que la insuficiencia de los recursos de la liquidación de la EPS
haya obedecido a algún incumplimiento de los deberes de inspección, vigilancia y
control de las entidades demandadas.

En efecto, el escrito introductorio se limita a señalar, de manera genérica, las
normas del sector salud que las entidades demandadas deben observar, sin
exponer los hechos particulares y concretos a partir de los cuales se alega su
incumplimiento.

Por lo anterior, es infundada la conclusión de que la insolvencia que resultó del
proceso de liquidación de la EPS fue causada por una falla en el servicio de las
demandadas.

4. Conclusión

32. De conformidad con el problema jurídico planteado, el daño reclamado, y que
correspondía debatir por este medio de control, no es antijurídico pues se derivó del
resultado del procedimiento administrativo de liquidación, en el que la Ley
expresamente permite que los créditos queden insolutos si los activos de la masa
liquidatoria no son suficientes para cubrir todos los pasivos, por lo que le
corresponde a Medicuc IPS soportarlo.

Por lo expuesto, esta Sala modificará la sentencia de primera instancia para
declararse inhibida en lo que atañe a los perjuicios derivados de la negatoria de
reconocimiento de los créditos y, negará el resarcimiento del daño emanado de la
insuficiencia de recursos.

35

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

IV. Costas

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 361 del CGP establece que las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del compendio procesal dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que “se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación”. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, en su fijación se tendrá en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.

Como en el recurso no se accedió a ningún cargo elevado en el recurso presentado
por la parte demandante, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de
2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se
presentó la demanda89, la Sala fijará las agencias en derecho, a cargo del extremo
activo, en la segunda instancia, en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones
negadas 90, es decir, la suma de $1’790.345,7, la cual se reconocerá a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud, que fue la única entidad que desplegó
actuaciones oportunas y procedentes en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre

89
El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación. La demanda se presentó el 27 de julio de
2016.
90
La parte demandante estimó la cuantía en $1.790’345.753,3.

36

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00809-01 (69716)
Demandante: Medicuc IPS Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Asunto: Reparación Directa

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 30 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, en el siguiente sentido:

“1°.- INHIBIRSE para fallar de fondo sobre la pretensión de resarcimiento de
perjuicios derivados de la decisión de negar de reconocimiento de los créditos
en el marco de la liquidación forzosa administrativa de Solsalud EPS, por
indebida escogencia del medio de control.

2°.- NEGAR las demás pretensiones por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

3°.- CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación.

4°.- Una vez en firme esta providencia, por secretaría de la Corporación y
previas las constancias de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI,
archívese el expediente.”

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la
Superintendencia Nacional de Salud. Para el efecto, se fijan las agencias en
derecho de segunda instancia, a cargo de la parte actora, en la suma de
$1’790.345,7.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 91
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES

91
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

37

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