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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00811-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00811-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, contra la Nación – Ministerio del Trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. – Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00811-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 68001-23-33-000-2016-00811-01 (1523-20261).
Demandante E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada Nación – Ministerio de Trabajo
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Sanción por intermediación laboral ilegal (artículo 63,
Ley 1429 de 2010)
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia del Siete (07) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander2, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, por
conducto de apoderado judicial, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio del Trabajo, con el propósito
de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 000141 del Diecinueve (19) de febrero de
Dos Mil Quince (2015), 000524 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Quince (2015) y
001421 del Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), mediante las cuales, se le
impuso una sanción consistente en multa.

1
Expediente electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201600811011100103
2
Sala compuesta por los magistrados: Luisa Fernanda Flórez Reyes, Iván Mauricio Mendoza Saavedra y Claudia Patricia Peñuela
Arce.
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2016-00811-00.pdf – Folio 4 a 32.

2

Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se absolviera a la entidad
demandante del pago de la multa impuesta, por valor de Cuatrocientos Noventa y Dos
Millones Ochocientos Mil Pesos ($492.800.000).

3. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de no prosperar la pretensión principal, se
modificara la sanción impuesta y se redujera al equivalente de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, con fundamento en el principio de proporcionalidad previsto en la Ley
1610 de 2013.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

4. La parte demandante indicó que, con ocasión de la queja presentada por un ciudadano,
el Ministerio del Trabajo, inició una investigación administrativa en contra de la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, dentro del
expediente No. 143368.42.02-00387, la cual culminó con la imposición de una sanción
pecuniaria mediante la Resolución No. 000141 del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Quince (2015).

5. Señaló que, la decisión sancionatoria fue confirmada por las Resoluciones Nos.
000524 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Quince (2015) y 001421 del Nueve (9) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015), expedidas al resolver los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.

6. Expuso que, la sanción fue impuesta pese a que, la Empresa Social del Estado Instituto
de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, adelantaba un acuerdo de formalización laboral
con el Ministerio del Trabajo, conforme al Decreto 1376 de 2014, y que la entidad
demandada vulneró el debido proceso al desconocer dicho trámite. Asimismo, sostuvo
que, la entidad no ocasionó afectación a los bienes jurídicos protegidos, no obtuvo
beneficio económico, no incurrió en reincidencia ni desplegó conductas de obstrucción o
fraude durante la actuación administrativa, por lo que consideró desproporcionada e
infundada la sanción impuesta.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

7. La parte demandante. invocó como normas vulneradas los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política; el artículo 35 de la Ley 734 de 2002; la Ley 1429 de 2010; los

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Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

artículos 14 y 31 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011; el artículo
12 de la Ley 1610 de 2013; y el artículo 10 del Decreto 1376 de 2014.

8. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos acusados
desconocieron el debido proceso, el derecho de petición y los principios de buena fe y
confianza legítima, al imponer la sanción sin observar el procedimiento especial previsto
en el Decreto 1376 de 2014, para la formalización laboral de las Empresas Sociales del
Estado.

9. Señaló que, el Ministerio del Trabajo omitió tramitar oportunamente el plan de trabajo
presentado por la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE
ISABU, para la suscripción del acuerdo de formalización laboral, circunstancia que,
impidió la suspensión del proceso sancionatorio y condujo a la imposición de la multa.
Asimismo, afirmó que la actuación administrativa careció de motivación suficiente,
desconoció el material probatorio, vulneró los principios de igualdad y proporcionalidad y
no acreditó la configuración de la intermediación laboral atribuida a la entidad
demandante.

10. Finalmente, indicó que, la sanción impuesta afectaba gravemente la prestación del
servicio público de salud y generaba un enriquecimiento sin justa causa, a favor de la
administración, razón por la cual, los actos demandados contrariaban el ordenamiento
jurídico y debían ser anulados.

2. Contestación de la demanda4.

11. La Nación – Ministerio del Trabajo, por conducto de apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda y solicitó negar las súplicas, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos con observancia del ordenamiento jurídico,
se encontraban debidamente motivados y respetaron las garantías propias del debido
proceso.

12. Sostuvo que, la investigación administrativa evidenció que, la Empresa Social del
Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, incurrió en intermediación
laboral al contratar, a través de una cooperativa, personal para el desarrollo de

4
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2016-00811-00.pdf – Folio 84 a 94.

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Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

actividades misionales permanentes, conducta prohibida por la Ley 1429 de 2010 y
demás normas que regulan la materia, razón por la cual, la sanción impuesta resultaba
ajustada a derecho.

13. Agregó que, la sola presentación de un proyecto de acuerdo de formalización laboral,
no generaba la suspensión automática de la investigación administrativa, pues, el artículo
10 del Decreto 1376 de 2014, únicamente faculta al funcionario competente para
suspender o archivar la actuación, una vez suscrito el respectivo acuerdo, circunstancia
que, no ocurrió en el presente caso. Asimismo, afirmó que no se vulneraron los principios
de buena fe y confianza legítima, dado que la actuación administrativa se adelantó
conforme a la normativa aplicable.

14. Finalmente, propuso como excepciones la debida motivación de los actos
administrativos, el respeto por el debido proceso, la observancia de los principios de
buena fe y confianza legítima, así como la excepción innominada. De igual forma, solicitó
el llamamiento en garantía del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA5, por ser el
destinatario legal de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo.

3. Sentencia de primera instancia6.

15. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del Siete (7) de mayo
de Dos Mil Veintiséis (2026), negó las pretensiones de la demanda, al concluir que los
actos administrativos mediante los cuales el Ministerio del Trabajo sancionó a la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU por incurrir en
intermediación laboral se ajustaron al ordenamiento jurídico. Asimismo, se abstuvo de
condenar en costas a la parte demandante.

16. El Tribunal consideró que, el Ministerio del Trabajo actuó dentro del ámbito de sus
competencias y con observancia del debido proceso, al imponer la sanción por
intermediación laboral, al encontrar acreditado que, la Empresa Social del Estado Instituto
de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU contrató, a través de la Cooperativa de Trabajo
Asociado JAHSALUD IPS, personal para el desarrollo de actividades misionales

5
Mediante auto interlocutorio del Quince (15) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de Santander, adicionó
el auto admisorio de la demanda, para vincular al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, como tercero con interés directo, al
considerar que, conforme al artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la Ley 1610 de 2013,
dicha entidad es la destinataria de la multa impuesta mediante los actos administrativos demandados, razón por la cual, descartó su
vinculación como llamado en garantía y ordenó su comparecencia al proceso en calidad de tercero con interés directo. Expediente
digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). – 680012333000-2016-
00811-00 – 01. EXPEDIENTE DIGITAL 2016-00811-00.pdf – Folio 172 a 173.
6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00064.

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Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
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permanentes, conducta prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto
2025 de 2011. En ese sentido, concluyó que, los actos administrativos demandados
conservaban su presunción de legalidad y que la parte actora no desvirtuó los
fundamentos fácticos y jurídicos de la sanción.

17. Asimismo, sostuvo que, la aplicación del artículo 10 del Decreto 1376 de 2014,
constituía una facultad discrecional de la administración, condicionada al cumplimiento
de los requisitos previstos en la Resolución 321 de 2013, los cuales no fueron satisfechos
por la demandante, razón por la cual, no procedía la suspensión del procedimiento
sancionatorio. Igualmente, estimó que la multa impuesta fue proporcional, se encontraba
debidamente motivada y no vulneró los principios de buena fe, confianza legítima,
igualdad ni el debido proceso, ni configuró un enriquecimiento sin causa en favor de la
administración.

18. Finalmente, el A-quo concluyó que, no se acreditó ninguna de las causales de nulidad
invocadas por la parte demandante, por lo que negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de imponer condena en costas, al no encontrarse demostradas expensas o
gastos procesales susceptibles de reconocimiento.

4. El recurso de apelación7.

19. La parte demandante, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación, contra la sentencia del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), con el
propósito de obtener su revocatoria y, en su lugar, el acceso a las pretensiones de la
demanda. De manera subsidiaria, solicitó reducir la multa impuesta al equivalente de Un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, en aplicación de los principios de
proporcionalidad y dosimetría sancionatoria.

20. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, al omitir la valoración integral
del material probatorio relacionado con el proceso de formalización laboral, adelantado
por la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU,
particularmente, los documentos que acreditaban la presentación del plan de trabajo, las
actuaciones desarrolladas con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y la creación
de la planta temporal de personal, lo que condujo a una errónea interpretación del
régimen previsto en la Ley 1610 de 2013 y el Decreto 1376 de 2014.

7
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00067.

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Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

21. Indicó que, la sentencia interpretó equivocadamente los requisitos para la suspensión
del procedimiento sancionatorio, al exigir la suscripción previa del acuerdo definitivo de
formalización laboral, cuando la imposibilidad de culminar dicho trámite obedeció a la
omisión de la propia administración. Asimismo, afirmó que, el Tribunal desconoció los
principios de buena fe, confianza legítima y acto propio al restar valor a las actuaciones
adelantadas conjuntamente entre la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga – ESE ISABU y el Ministerio del Trabajo, durante el proceso de
formalización.

22. Finalmente, manifestó que, el A-quo validó indebidamente la graduación de la
sanción, pues confundió la existencia de varios contratos investigados dentro de una
misma actuación administrativa, con la configuración de la reincidencia prevista en el
artículo 12 de la Ley 1610 de 2013. En consecuencia, sostuvo que, la multa carecía de
una adecuada motivación y desconocía los criterios de proporcionalidad, al no valorar la
ausencia de antecedentes sancionatorios, la colaboración de la entidad y las
circunstancias particulares que rodearon la contratación cuestionada.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

23. Mediante auto del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026) 8, el despacho
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), por reunir los requisitos de
procedencia y oportunidad previstos en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, ordenó que, una vez
ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para proferir la decisión
correspondiente, salvo que las partes formularan solicitud probatoria en los términos del
artículo 212 ibidem. Igualmente, reconoció personería a la apoderada judicial de la parte
demandante.

6. Concepto del Ministerio Público.

24. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

8
Índice 00004 expediente digital – Samai.

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Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

25. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico.

26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

27. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el Siete (7) de
mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), que negó las pretensiones de la demanda, debe
revocarse, conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante? Con
tal fin, se debe verificar:

27.1. ¿La sentencia de primera instancia, incurrió en un defecto en la valoración
probatoria, al omitir valorar las circunstancias particulares que rodearon las
actuaciones desplegadas por la entidad para adecuar su planta de personal al
régimen de formalización laboral?

27.2. ¿El Tribunal incurrió en un defecto en la valoración probatoria y en una
interpretación errónea del régimen previsto en la Ley 1610 de 2013 y el Decreto
1376 de 2014, al concluir que, no procedía la suspensión del procedimiento
administrativo sancionatorio, pese a las actuaciones adelantadas por la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, dentro del
proceso de formalización laboral?

27.3. ¿El Tribunal validó acertadamente, la graduación de la multa impuesta por el
Ministerio del Trabajo o, por el contrario, desconoció los criterios de
proporcionalidad previstos en el artículo 12 de la Ley 1610 de 2013, al avalar la
configuración de la reincidencia y la dosimetría de la sanción?

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Interno: 1523-2026
Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
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28. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial; 2.5) el caso concreto; y
2.6) la condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. La intermediación laboral y el suministro de trabajadores en misión mediante
empresas de servicios temporales.

29. La Constitución Política, reconoce el trabajo, como un valor fundante del Estado
Social de Derecho, y dispone que, este goza de especial protección, razón por la cual, el
legislador puede autorizar distintas modalidades de organización empresarial y de
prestación del servicio, siempre que, aquellas no se traduzcan en mecanismos dirigidos
a desmejorar las garantías mínimas reconocidas a los trabajadores o a eludir las
obligaciones propias del empleador.

30. En ese contexto, la Ley 50 de 1990, reguló las empresas de servicios temporales,
como una modalidad legítima de organización empresarial, destinada al suministro
temporal de trabajadores en misión. Conforme a los artículos 71 a 74 de dicha ley, estas
empresas, celebran contratos con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente
en el desarrollo de sus actividades, mediante el envío de trabajadores vinculados
directamente por la empresa de servicios temporales, la cual, conserva la calidad de
empleadora y, por tanto, continúa siendo responsable del cumplimiento de las
obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social derivadas del vínculo jurídico
existente con aquellos.

31. El referido régimen distingue entre trabajadores de planta y trabajadores en misión.
Mientras los primeros desarrollan sus funciones, dentro de la estructura propia de la
empresa de servicios temporales, los segundos, son enviados a una empresa usuaria
para ejecutar las labores contratadas, sin que ello, modifique la titularidad del vínculo
laboral, ni traslade a la empresa beneficiaria las obligaciones que corresponden al
verdadero empleador, conforme a los artículos 71 y 74 de la Ley 50 de 1990.

32. Esta modalidad constituye una de las denominadas relaciones triangulares de trabajo,
caracterizadas por la intervención de tres sujetos jurídicamente diferenciados: la empresa
de servicios temporales, el trabajador en misión y la empresa usuaria. En tales relaciones,

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Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
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el trabajador presta materialmente sus servicios en beneficio de un tercero; sin embargo,
la subordinación jurídica y las obligaciones laborales permanecen radicadas, en principio,
en cabeza de la empresa de servicios temporales, circunstancia que distingue esta figura
de otras formas de organización empresarial y explica el régimen especial previsto por el
legislador para su utilización9.

33. Ahora bien, la autorización legal para acudir al suministro de trabajadores en misión,
no tiene carácter absoluto. Por el contrario, el legislador estableció límites materiales y
temporales, encaminados a impedir que, esta figura sea utilizada para sustituir
permanentemente la contratación directa de personal o para desnaturalizar las relaciones
laborales.

34. En ese sentido, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, restringió los eventos en los
cuales, las empresas usuarias pueden contratar trabajadores en misión, al disponer que,
ello únicamente procede: (i) para ejecutar labores ocasionales, accidentales o
transitorias; (ii) para reemplazar personal en vacaciones, licencias o incapacidades; y (iii)
para atender incrementos extraordinarios de la producción, de las ventas o de la
prestación del servicio, por un término inicial de Seis (6) meses, prorrogable únicamente
por Seis (6) meses adicionales.

35. El Decreto 4369 de 2006, desarrolló dichas limitaciones y precisó que, una vez
vencido el término máximo autorizado, para atender incrementos temporales en la
actividad empresarial, la empresa usuaria, no podrá prorrogar el contrato, ni celebrar uno
nuevo, con la misma o con otra empresa de servicios temporales, mientras subsista la
causa que dio origen a la contratación. De esta manera, el reglamento impidió que, la
sucesiva celebración de contratos con diferentes empresas de servicios temporales se
convierta en un mecanismo para satisfacer necesidades permanentes, bajo la apariencia
de una contratación temporal.

36. Sobre este aspecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha señalado que 10,
el suministro de trabajadores en misión constituye una actividad propia de las empresas
de servicios temporales, cuya licitud depende del estricto cumplimiento de los
presupuestos previstos por el legislador. En consecuencia, dicha modalidad no puede

9
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 3, sentencia SL3822-2022 del Nueve (9) de
noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), radicación No. 91505, M.P. Jorge Iván Prada Sánchez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Seis (6) de julio de Dos
Mil Diecisiete (2017), radicación No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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emplearse para atender de manera permanente, el desarrollo de actividades propias del
giro ordinario de la empresa usuaria, pues ello, desborda el ámbito excepcional previsto
en la Ley 50 de 1990 y desnaturaliza la finalidad para la cual fue concebida.

37. Así las cosas, el ordenamiento jurídico reconoce la intermediación laboral, mediante
empresas de servicios temporales, como un instrumento legítimo de organización del
trabajo, siempre que, responda a necesidades verdaderamente transitorias y se utilice
dentro de los supuestos expresamente autorizados por la ley. En consecuencia, cuando
dicha modalidad es empleada para atender actividades permanentes o para sustituir de
manera indefinida la contratación directa de personal, pierde el amparo conferido por el
legislador y habilita el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control
atribuidas al Ministerio del Trabajo.

2.3.2. La prohibición de intermediación laboral prevista en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.

38. El régimen jurídico de las empresas de servicios temporales, no agota la regulación
de la intermediación laboral. Con posterioridad, el legislador expidió la Ley 1429 de 2010,
denominada «Ley de Formalización y Generación de Empleo», cuyo propósito consistió en
promover la creación de empleo formal y combatir las formas de vinculación que, pese a
revestirse de figuras jurídicas válidas, eran utilizadas para desmejorar las condiciones
laborales o sustituir de manera permanente la contratación directa de personal.

39. En desarrollo de esa finalidad, el artículo 63 de la referida ley, estableció una
prohibición expresa, respecto del personal requerido para desarrollar actividades
misionales permanentes, al disponer que este «no podrá estar vinculado a través de Cooperativas
de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que
afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales
vigentes». La norma, por consiguiente, no proscribió toda forma de contratación con

terceros, sino únicamente aquellas modalidades utilizadas para sustituir de manera
permanente el empleo directo o para desconocer las garantías reconocidas por el
ordenamiento laboral.

40. El alcance de dicha disposición, fue precisado por el Decreto 2025 de 2011. En su
artículo 1° definió la intermediación laboral como «el envío de trabajadores en misión para prestar
servicios a empresas o instituciones», actividad que, corresponde exclusivamente a las

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empresas de servicios temporales reguladas por los artículos 71 y siguientes de la Ley
50 de 1990. En igual sentido, definió las actividades misionales permanentes como
aquellas «directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la
empresa». De esta manera, el reglamento armonizó el contenido del artículo 63 de la Ley

1429 de 2010, con el régimen especial previsto para las empresas de servicios
temporales.

41. De la interpretación sistemática de ambas disposiciones, se desprende que, el
legislador no prohibió el suministro de trabajadores en misión como figura jurídica. La
restricción recae sobre la utilización permanente de esa modalidad, para atender
necesidades ordinarias de la empresa usuaria, pues ello, desnaturaliza el carácter
excepcional que la Ley 50 de 1990, atribuyó a las empresas de servicios temporales y
termina por sustituir la contratación directa del personal que desarrolla el objeto propio
de la organización.

42. En ese sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha precisado que 11, la
intermediación laboral y la tercerización corresponden a figuras jurídicas distintas.
Mientras la primera supone el suministro de trabajadores en misión para prestar
personalmente sus servicios a favor de una empresa usuaria, la segunda tiene por objeto
la contratación de un tercero para producir bienes o prestar servicios «bajo su cuenta y
riesgo», con autonomía técnica, administrativa y financiera. La diferencia resulta
determinante, pues, únicamente la intermediación laboral se encuentra sometida al
régimen especial previsto en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006.

43. La Corte Constitucional, también ha destacado que12, la finalidad del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010, consiste en impedir que, mecanismos jurídicamente válidos sean
utilizados para desdibujar la relación laboral o trasladar indebidamente las
responsabilidades propias del empleador. Desde esa perspectiva, la protección otorgada
por la norma, no se circunscribe al pago de salarios y prestaciones sociales, sino que,
busca garantizar que las actividades permanentes de una empresa sean desarrolladas
mediante formas de vinculación compatibles con los principios de estabilidad, igualdad y
dignidad en el trabajo.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Seis (6) de julio de Dos
Mil Diecisiete (2017), radicación No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En esa
providencia la Subsección explicó que la intermediación laboral y la tercerización son figuras jurídicas diferentes, pues la primera
implica el envío de trabajadores en misión por parte de una empresa de servicios temporales, mientras la segunda corresponde a la
contratación de un tercero que ejecuta una actividad con autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo su propia cuenta y riesgo.
12
Corte Constitucional, sentencia C-614 de Dos Mil Nueve (2009), M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; en sentido concordante,
sentencia C-171 de Dos Mil Doce (2012), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Demandante: E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga
Demandada: Nación – Ministerio de Trabajo

44. Por esa razón, la configuración de la infracción prevista en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, no depende exclusivamente de la modalidad contractual empleada, sino
de la forma como esta es utilizada en la realidad. Así, aun cuando la empresa usuaria,
acuda a una empresa de servicios temporales legalmente autorizada, incurre en
intermediación laboral prohibida, cuando destina trabajadores en misión para desarrollar
de manera permanente actividades misionales propias, por fuera de los eventos
excepcionales previstos en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006.

45. En consecuencia, la legalidad del mecanismo de vinculación, no se determina
únicamente por la naturaleza de la entidad contratada, sino por la finalidad perseguida
con la contratación y por las funciones efectivamente desarrolladas por el personal
suministrado. Cuando la contratación temporal, sustituye de manera permanente la
planta de personal o satisface necesidades ordinarias del giro empresarial, desaparece
la justificación excepcional, prevista por el legislador y surge la potestad sancionatoria
atribuida al Ministerio del Trabajo.

2.3.3. Los acuerdos de formalización laboral y su incidencia en el procedimiento
administrativo sancionatorio.

46. La Ley 1610 de 2013, fortaleció las funciones de inspección, vigilancia y control
atribuidas al Ministerio del Trabajo y, paralelamente, incorporó instrumentos orientados a
promover la formalización del empleo. Entre ellos, consagró los acuerdos de
formalización laboral, como un mecanismo preventivo, destinado a incentivar que los
empleadores adecúen voluntariamente sus formas de vinculación laboral al ordenamiento
jurídico, antes que privilegiar exclusivamente el ejercicio de la potestad sancionatoria13.

47. Conforme al artículo 13 de la Ley 1610 de 2013, los acuerdos de formalización laboral,
constituyen compromisos voluntarios, suscritos entre el Ministerio del Trabajo y los
empleadores o terceros contratantes, mediante los cuales, estos se obligan a
implementar medidas concretas encaminadas a garantizar la vinculación directa de
trabajadores y a eliminar prácticas de intermediación laboral o de tercerización utilizadas
en contravía de la legislación laboral. En consecuencia, tales acuerdos no constituyen un
mecanismo de exoneración de responsabilidad ni implican, por sí mismos, el archivo de

13
Ley 1610 de 2013, artículos 1°, 12 y 13.

13

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las actuaciones administrativas que se encuentren en curso14.

48. El contenido de dichos acuerdos, fue desarrollado inicialmente por la Resolución No.
321 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), expedida por el Ministerio del
Trabajo, la cual, estableció los requisitos mínimos que debía contener el plan de
formalización, los compromisos asumidos por el empleador, el cronograma de ejecución,
los mecanismos de seguimiento y las condiciones para verificar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. De esta manera, el reglamento buscó garantizar que la
formalización laboral respondiera a resultados verificables y no a simples
manifestaciones de intención15.

49. Posteriormente, el Decreto 1376 de 2014, reglamentó el artículo 13 de la Ley 1610
de 2013, y precisó el procedimiento para la celebración, ejecución y seguimiento de los
acuerdos de formalización laboral. Entre otros aspectos, dispuso que dichos acuerdos
pueden celebrarse durante el trámite de las actuaciones administrativas adelantadas por
el Ministerio del Trabajo, siempre que, el empleador manifieste su voluntad de formalizar
el empleo y acredite las condiciones previstas en la reglamentación correspondiente16.

50. Ahora bien, la sola manifestación de interés en celebrar un acuerdo de formalización
laboral, no produce efectos automáticos sobre el procedimiento administrativo
sancionatorio. El artículo 10 del Decreto 1376 de 2014, prevé que, la suspensión o el
archivo de la actuación constituyen una facultad atribuida a la autoridad administrativa,
cuya procedencia depende de la suscripción del respectivo acuerdo y del cumplimiento
de los presupuestos establecidos en la ley y en la reglamentación. Por tanto, la iniciación
de conversaciones o la presentación de propuestas de formalización no generan, por sí
mismas, la pérdida de competencia del Ministerio del Trabajo para continuar el trámite de
la investigación administrativa17.

51. Esta interpretación resulta acorde con la finalidad de la Ley 1610 de 2013. Los
acuerdos de formalización laboral, buscan privilegiar la corrección voluntaria de prácticas
contrarias a la legislación laboral; sin embargo, ello no significa que, el ejercicio de la
potestad sancionatoria, quede suspendido automáticamente cada vez que, un empleador

14
Ley 1610 de 2013, artículo 13.
15
Ministerio del Trabajo, Resolución No. 321 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), «Por la cual se reglamentan los acuerdos
de formalización laboral previstos en la Ley 1610 de 2013».
16
Gobierno Nacional, Decreto 1376 del Veintidós (22) de julio de Dos Mil Catorce (2014), «Por el cual se reglamentan los acuerdos
de formalización laboral previstos en la Ley 1610 de 2013».
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación No. 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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manifieste su intención de acogerse a dicho mecanismo. Una interpretación en sentido,
contrario vaciaría de contenido las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas
al Ministerio del Trabajo y permitiría paralizar las investigaciones administrativas
mediante actuaciones unilaterales del investigado.

52. De esta manera, el acuerdo de formalización laboral constituye un instrumento de
política pública dirigido a promover el empleo formal, cuya eficacia jurídica depende de
su celebración y del cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por el
empleador. En consecuencia, corresponde a la autoridad administrativa valorar, en cada
caso concreto, si concurren los presupuestos legales que habilitan la suspensión o
terminación de la actuación administrativa, decisión que debe adoptarse, mediante un
acto debidamente motivado y con fundamento en las circunstancias acreditadas dentro
del expediente administrativo.

53. Así las cosas, la existencia de gestiones encaminadas a formalizar el empleo o la
presentación de un proyecto de acuerdo no impiden, por sí solas, el ejercicio de la
potestad sancionatoria. Para producir efectos sobre el procedimiento administrativo
resulta necesario verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1610 de
2013, en la Resolución 321 de 2013 y en el Decreto 1376 de 2014, así como, las
decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de dichas disposiciones.

2.3.4. Las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo
en materia de intermediación laboral

54. La vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, constituye una función
atribuida al Estado, cuyo ejercicio corresponde al Ministerio del Trabajo, mediante las
competencias de inspección, vigilancia y control conferidas por el Código Sustantivo del
Trabajo y desarrolladas por la Ley 1610 de 2013. Tales atribuciones, buscan garantizar
la efectividad de los derechos mínimos de los trabajadores y prevenir la utilización de
mecanismos de contratación que, desconozcan las garantías previstas en el
ordenamiento jurídico18.

55. En desarrollo de dichas competencias, los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo
del Trabajo, facultan al Ministerio del Trabajo, para adelantar investigaciones

18
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 485 y 486; Ley 1610 de 2013, artículos 1°, 2° y 3°.

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administrativas, practicar pruebas, verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales
e imponer las sanciones correspondientes cuando constate la infracción de las normas
cuya vigilancia le ha sido confiada. El ejercicio de esta potestad, constituye una
manifestación del poder sancionador de la administración y, por tanto, debe desarrollarse
con estricta observancia de los principios que gobiernan las actuaciones administrativas,
particularmente los de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, debido proceso y
contradicción.

56. Posteriormente, la Ley 1610 de 2013, fortaleció dichas competencias, al establecer
un régimen especial para las inspecciones del trabajo, y reiterar que, corresponde al
Ministerio del Trabajo, ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. Para ese efecto, atribuyó a
los inspectores del trabajo la facultad de adelantar investigaciones administrativas e
imponer las sanciones previstas en la ley, cuando se acrediten infracciones al
ordenamiento laboral19.

57. Tratándose de la intermediación laboral, la potestad sancionatoria comprende la
verificación de los presupuestos previstos en la Ley 50 de 1990, la Ley 1429 de 2010, la
Ley 1610 de 2013 y sus decretos reglamentarios, con el propósito de determinar si la
contratación utilizada por el empleador, se ajusta a los eventos autorizados por el
legislador o si, por el contrario, constituye un mecanismo destinado a atender
necesidades permanentes mediante modalidades de vinculación prohibidas.

58. No obstante, el ejercicio de dichas facultades no se agota en la constatación objetiva
del incumplimiento normativo. Como toda manifestación del ius puniendi estatal, la
imposición de sanciones administrativas exige que la autoridad adelante una actuación
respetuosa del debido proceso, permita el ejercicio efectivo de los derechos de defensa
y contradicción, valore integralmente el material probatorio y motive adecuadamente las
decisiones que adopte durante la investigación. En consecuencia, la legalidad de los
actos sancionatorios depende tanto de la acreditación de la conducta infractora como del
respeto de las garantías que amparan al investigado durante toda la actuación
administrativa20.

19
Ley 1610 de 2013, artículos 1° a 13.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación No. 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En esta
providencia la Subsección reiteró que la potestad sancionatoria del Ministerio del Trabajo debe ejercerse con observancia de las
garantías propias del debido proceso, mediante una adecuada valoración del material probatorio y una motivación suficiente de las
decisiones adoptadas durante la actuación administrativa.

16

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59. Asimismo, la graduación de la sanción, debe sujetarse a los criterios previstos por el
legislador y responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese
sentido, la administración no puede limitarse a imponer la sanción máxima prevista en la
ley, sino que, debe justificar la dosimetría aplicada a partir de las circunstancias
acreditadas en cada caso concreto, de la gravedad de la infracción y de los demás
criterios previstos en el ordenamiento jurídico21.

60. En consecuencia, el control jurisdiccional de los actos administrativos sancionatorios,
comprende tanto la verificación de la correcta aplicación de las normas sustanciales, que
regulan la intermediación laboral, como el examen del procedimiento administrativo, que
condujo a la imposición de la sanción, incluida la observancia de las garantías propias
del debido proceso y la adecuada motivación de las decisiones adoptadas por la
administración.

2.4. Hechos probados.

61. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente
al marco normativo y jurisprudencial previamente expuesto. En ese sentido, de acuerdo
con el material probatorio obrante en el expediente y con los hechos acreditados durante
la actuación administrativa y judicial, se destacan los siguientes elementos de convicción:

62. Oficio presentado por el señor José Alberto Peña Ortiz, ante el Ministerio del Trabajo,
mediante el cual, puso en conocimiento la presunta utilización de mecanismos de
intermediación laboral, por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado JAHSALUD IPS
CTA, a través de contratos celebrados con distintas entidades públicas, entre ellas la
Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, para la
prestación de servicios relacionados con actividades misionales permanentes. Esta
actuación dio lugar a la apertura de la correspondiente investigación administrativa 22.

63. Contratos de prestación de servicios Nos. 164, 454 y 469 de 2012 y Nos. 236 y 289
de 201323, celebrados entre la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga – ESE ISABU y la Cooperativa de Trabajo Asociado JAHSALUD IPS CTA,

21
Ley 1610 de 2013, artículo 12.
22
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 2 a 12 y 67 a 86.
23
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 67 a 86.

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cuyo objeto consistió en el suministro de personal, para apoyar la prestación de diversos
servicios asistenciales, entre ellos medicina general y especializada, enfermería,
laboratorio clínico, promoción y prevención, nutrición, psicología, trabajo social,
fisioterapia, imagenología, instrumentación quirúrgica, odontología, optometría y demás
actividades propias de la prestación del servicio de salud, así:

Contrato Objeto contractual
«Prestación de servicios tercerizados a través de un operador externo para el
apoyo al desarrollo de los procesos asistenciales en consulta externa y urgencias
en el área de medicina general, y especializada en pediatría, ginecología y
ginecobstetricia, asimismo apoyo en P y P, laboratorio clínico, nutrición,
No. 164 de 2012
psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia e imagenología de la
E.S.E. ISABU». Parágrafo 1: «JAHSALUD IPS CTA se obliga para con la E.S.E.
ISABU a prestar los servicios profesionales y especializados contratados, solo
con profesionales asociados a ella».
«Prestación de servicios tercerizados a través de un operador externo para el
apoyo al desarrollo de los procesos asistenciales en auxiliaría de enfermería en
recuperación de la salud, promoción y prevención, vigilancia epidemiológica y en
No. 454 de 2012
atención primaria en salud». Parágrafo 1: «JAHSALUD IPS CTA se obliga para
con la E.S.E. ISABU a prestar los servicios profesionales y especializados
contratados».
«Prestación de servicios tercerizados a través de un operador externo para el
apoyo al desarrollo de los procesos asistenciales en consulta externa y urgencias
en el área de medicina general y especializada en pediatría, ginecobstetricia y
medicina interna, asimismo apoyo en enfermería, laboratorio clínico, nutrición,
psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, imagenología,
No. 469 de 2012
auxiliares de enfermería, higienista oral, camilleros, fonoaudiología,
instrumentación quirúrgica, odontología, optometría y auxiliar de laboratorio de
la E.S.E. ISABU». Parágrafo 1: «JAHSALUD IPS se obliga para con la E.S.E.
ISABU a prestar los servicios profesionales y especializados contratados, solo
con profesionales vinculados a ella».
«Prestación de servicios de salud a través de un operador externo para el apoyo
al desarrollo de los procesos asistenciales en consulta externa y urgencias en el
área de medicina general y especializada en pediatría, ginecobstetricia y
medicina interna, asimismo apoyo en enfermería, laboratorio clínico, nutrición,
No. 236 de 2013
psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, imagenología,
auxiliaría en enfermería, higiene oral, traslado de pacientes, fonoaudiología,
instrumentación quirúrgica, odontología, optometría y auxiliaría de laboratorio de
la E.S.E. ISABU».
«Prestación de servicios de salud a través de un operador externo para el apoyo
al desarrollo de los procesos asistenciales en consulta externa y urgencias en el
área de medicina general y especializada en pediatría, ginecobstetricia y
medicina interna, asimismo apoyo en enfermería, laboratorio clínico, nutrición,
psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, imagenología,
No. 289 de 2013
auxiliaría en enfermería, higiene oral, traslado de pacientes, fonoaudiología,
instrumentación quirúrgica, odontología, optometría y auxiliaría de laboratorio de
la E.S.E. ISABU». Parágrafo 1: «JAHSALUD IPS se obliga para con la E.S.E.
ISABU a prestar los servicios profesionales y especializados contratados, solo
con profesionales vinculados a ella».

18

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64. Auto del Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Trece (2013)24, mediante el cual, el
Ministerio del Trabajo, avocó conocimiento de las averiguaciones preliminares
adelantadas contra varias entidades, incluida la Empresa Social del Estado Instituto de
Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, por una presunta intermediación laboral.
Posteriormente, mediante auto del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Catorce (2014),
por medio del cual, formuló pliego de cargos por la presunta vulneración de los artículos
95 y 96 de la Ley 50 de 1990, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de
2011, al considerar que el personal requerido por la entidad estaba siendo vinculado, a
través de una cooperativa de trabajo asociado, para desarrollar actividades misionales
permanentes.

65. Memorial del Trece (13) de agosto de Dos Mil Catorce (2014)25, mediante el cual, la
Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, remitió el
cronograma para implementar el Decreto 1376 de 2014 y, posteriormente, oficio del
Veintiuno (21) de agosto del mismo año, radicado el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014), ante la Dirección Territorial Santander del Ministerio del Trabajo, en el
cual, expuso la situación financiera y presupuestal de la entidad y solicitó la aprobación
de un plan de trabajo para implementar el referido decreto.

66. Acta de socialización del acuerdo de formalización laboral del Veinticinco (25) de
noviembre de Dos Mil Catorce (2014)26, así como, la aprobación del estudio de viabilidad
financiera y presupuestal y de la planta temporal de empleos para la vigencia Dos Mil
Quince (2015).

67. Resolución No. 000141 del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015),
mediante la cual, la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y
Control de la Dirección Territorial Santander del Ministerio del Trabajo negó la solicitud
de suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio y, a su vez, impuso la
sanción correspondiente, al considerar acreditada la intermediación laboral. En relación
con la solicitud de suspensión, la autoridad administrativa estableció que la
documentación presentada por la entidad no satisfacía los requisitos exigidos para la
celebración del acuerdo de formalización laboral, pues el proyecto de formalización y los

24
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 377 y 1385 a 1395.
25
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 1325 y 1375 a 1383.
26
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00062 – ED17ED_EXPEDIENTEDIGITAL680(.pdf). –
680012333000-2016-00811-00 – 01. Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 1749 a 1761.

19

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cronogramas aportados no contaban con la aprobación y el visto bueno de las
autoridades competentes. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de
reposición y apelación, resueltos mediante las Resoluciones Nos. 000524 del Veintidós
(22) de mayo de Dos Mil Quince (2015) y 001421 del Nueve (9) de diciembre de Dos Mil
Quince (2015)27, respectivamente, las cuales confirmaron la sanción impuesta en primera
instancia

2.5. Caso concreto

68. Corresponde a la Sala, resolver el recurso de apelación, interpuesto por la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ESE ISABU), contra la sentencia
del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, el análisis se desarrollará conforme a los problemas jurídicos previamente
delimitados, atendiendo los argumentos expuestos por la parte apelante, el material
probatorio obrante en el expediente y el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la
potestad sancionatoria administrativa en materia de intermediación laboral ilegal.

69. En ese contexto, la Sala advierte que, la controversia no gira en torno a la
competencia del Ministerio del Trabajo, para ejercer funciones de inspección, vigilancia y
control, ni frente a la facultad legal para imponer sanciones por infracción de las normas
laborales, aspectos que, no fueron objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.
El debate se circunscribe a establecer si, (i) la presunta omisión en la valoración de las
pruebas relacionadas con el proceso de formalización laboral adelantado por la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, particularmente
aquellas relativas a la presentación del plan de trabajo, al acompañamiento brindado por
el Ministerio del Trabajo y a la creación de la planta temporal de personal; (ii) la
interpretación efectuada por el Tribunal respecto del alcance del artículo 10 del Decreto
1376 de 2014 y de las consecuencias derivadas de las actuaciones adelantadas por la
entidad demandante dentro del trámite de formalización laboral; y (iii) la motivación de la
graduación de la sanción administrativa, especialmente en lo concerniente a la aplicación
del criterio de reincidencia previsto en el artículo 12 de la Ley 1610 de 2013.

27
Expediente administrativo, carpeta 02, páginas 1575 a 1618; Resoluciones Nos. 000524 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil
Quince (2015) y 001421 del Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Quince (2015).

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70. La parte apelante sostiene que, el Tribunal omitió valorar integralmente el material
probatorio, que demostraba las actuaciones adelantadas por la Empresa Social del
Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, para acogerse al régimen
excepcional previsto en el Decreto 1376 de 2014. Particularmente, afirma que, no fueron
apreciados los documentos mediante los cuales, presentó el plan de trabajo y el
cronograma de formalización laboral, el acta de socialización del acuerdo de
formalización y los documentos relacionados con la aprobación de la planta temporal para
la vigencia 2015.

71. Del dossier procesal28, la Sala encuentra acreditado que, la entidad demandante
presentó el Trece (13) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), el cronograma para la
implementación del Decreto 1376 de 2014 y, posteriormente, el Veintidós (22) de agosto
del mismo año, radicó un escrito mediante el cual, expuso su situación financiera y solicitó
la aprobación del plan de trabajo, para la implementación del referido decreto.
Igualmente, obran el acta de socialización del acuerdo de formalización laboral del
Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), y los documentos relacionados
con la aprobación del estudio de viabilidad para la creación de una planta temporal de
personal durante la vigencia Dos Mil Quince (2015), circunstancias que, evidencian que
la entidad adelantó actuaciones orientadas a la formalización de su planta de personal.

72. No obstante, tales actuaciones no equivalían, por sí mismas, a la celebración y
perfeccionamiento de un acuerdo de formalización laboral. En efecto, para la época de
los hechos, la Resolución No. 321 del Catorce (14) de febrero de Dos Mil Trece (2013),
expedida por el Ministerio del Trabajo, establecía que el acuerdo debía constar por
escrito, contar con la firma del Director Territorial y del empleador, obtener el visto bueno
previo del Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección y contener
compromisos concretos, evaluables y sujetos a términos determinados. Además, debía
incorporar, entre otros aspectos, la relación de los trabajadores objeto de formalización,
la modalidad y duración de los contratos laborales que se celebrarían, las fechas de
contratación, los compromisos de no incurrir en las conductas prohibidas por la Ley 1429
de 2010 y las garantías para el pago de las obligaciones laborales.

73. En el caso concreto, los documentos presentados por la Empresa Social del Estado
Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, se limitaron a exponer aspectos

28
Expediente administrativo. Contratos Nos. 164, 454 y 469 de 2012 y Nos. 236 y 289 de 2013 celebrados entre la Empresa Social
del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ESE ISABU) y la Cooperativa de Trabajo Asociado JAHSALUD IPS CTA.

21

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generales de la entidad, su situación financiera y presupuestal y un cronograma orientado
a la elaboración y justificación de una planta temporal, así como, a prever la posterior
presentación y suscripción de un acuerdo de formalización laboral. Por ello, no contenían
los elementos esenciales requeridos para que pudiera considerarse perfeccionado el
mecanismo de formalización, entre ellos, la relación detallada de los trabajadores objeto
de formalización, la modalidad y duración de los contratos que se celebrarían, la fecha
cierta de contratación, el compromiso expreso de no incurrir en las conductas prohibidas
por la Ley 1429 de 2010 y la constitución de garantías para el pago de las acreencias
laborales.

74. Fue precisamente sobre esa base que, mediante la Resolución No. 000141 del
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015), la Dirección Territorial Santander
del Ministerio del Trabajo, negó la solicitud de suspensión del procedimiento
sancionatorio. Así, la decisión administrativa no desconoció la existencia de las gestiones
adelantadas por la entidad, sino que, concluyó que estas no satisfacían las exigencias
reglamentarias necesarias para producir el efecto jurídico pretendido.

75. Esta conclusión resulta relevante para la Sala, a fin de resolver el reparo de la
apelante, relativo a la supuesta conducta omisiva de la administración. Si bien está
acreditado que existieron actuaciones desarrolladas conjuntamente entre la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU y el Ministerio del
Trabajo, entre ellas la socialización del acuerdo de formalización y otras gestiones
dirigidas a su implementación, no obra prueba de que la autoridad administrativa hubiera
aprobado un plan de trabajo con efectos suspensivos ni de que hubiera impartido un visto
bueno definitivo que habilitara la celebración del acuerdo.

76. En esas condiciones, no puede atribuirse a una conducta omisiva del Ministerio del
Trabajo, la falta de perfeccionamiento del acuerdo, pues, la documentación aportada por
la entidad no había satisfecho los presupuestos reglamentarios necesarios para su
celebración. De hecho, la propia sentencia de primera instancia estableció que los
memoriales presentados por la entidad expresaban una intención futura de formalización,
pero no contenían el acuerdo propiamente dicho ni los elementos mínimos exigidos por
la Resolución No. 321 de 2013.

77. De esta manera, la actuación del Ministerio del Trabajo, no implicó desconocer el
proceso de formalización iniciado por la entidad. Por el contrario, la autoridad valoró la

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documentación allegada y determinó que, no se encontraban satisfechos los requisitos
para otorgarle los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 1376 de 2014. Por
consiguiente, la existencia de gestiones preliminares o de acompañamiento institucional
no generaba, por sí misma, una obligación de suspender el procedimiento sancionatorio.

78. A lo anterior se suma que, el artículo 10 del Decreto 1376 de 2014, contemplaba la
posibilidad que el acuerdo de formalización laboral, se celebrara durante el trámite de la
actuación administrativa sancionatoria y, por tanto, la falta de suspensión en esa etapa
no impedía que la entidad continuara adelantando las actuaciones dirigidas a formalizar
su planta de personal. En otras palabras, la negativa a suspender el procedimiento, no
clausuraba la posibilidad de que la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga – E.S.E. ISABU, culminara posteriormente el proceso de formalización
conforme a las exigencias legales y reglamentarias.

79. Esta posibilidad, adquiere especial relevancia, porque la propia reglamentación
contemplaba la celebración de los acuerdos de formalización antes, durante o incluso
después de una actuación administrativa sancionatoria. Por ello, aun aceptando que, la
entidad tenía una voluntad real de formalizar su planta de personal, tal circunstancia, no
podía producir automáticamente la suspensión del procedimiento sancionatorio, mientras
no se cumplieran los requisitos necesarios para que el acuerdo adquiriera eficacia
jurídica.

80. En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada la alegada conducta omisiva del
Ministerio del Trabajo. Las actuaciones desarrolladas durante el año Dos Mil Catorce
(2014), demuestran que, existió un proceso de acercamiento y preparación para la
formalización laboral, pero no que la administración hubiera aprobado un acuerdo de
formalización con aptitud para suspender la actuación sancionatoria. Por tanto, no se
configuró una situación jurídica consolidada, que impidiera al Ministerio continuar con la
investigación y adoptar la decisión correspondiente.

81. De igual manera, aunque la apelante sostiene que, la imposibilidad de culminar el
procedimiento obedeció a la conducta omisiva de la administración, lo cierto es que,
dentro del expediente no obra prueba que permita concluir que existiera un acuerdo de
formalización laboral aprobado, o una decisión administrativa que, hubiera reconocido el
cumplimiento de los presupuestos establecidos en el Decreto 1376 de 2014 y cuya
eficacia hubiera sido posteriormente desconocida por el Ministerio del Trabajo.

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82. En ese orden, la Sala concluye que, el Tribunal no incurrió en una interpretación
errónea del régimen jurídico previsto en la Ley 1610 de 2013 y en el Decreto 1376 de
2014, pues acertó al considerar que, las actuaciones acreditadas dentro del expediente
demostraban únicamente el inicio de un proceso de formalización laboral, mas no, la
consolidación de un acuerdo con aptitud suficiente, para producir la suspensión del
procedimiento administrativo sancionatorio. Así las cosas, la Sala concluye que, el
segundo reparo formulado por la parte apelante, no está llamado a prosperar.

83. Finalmente, la parte apelante sostiene que, el Tribunal avaló equivocadamente la
dosimetría de la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo, pues confundió la
existencia de varios contratos objeto de investigación con la reincidencia prevista en el
artículo 12 de la Ley 1610 de 2013. A su juicio, la entidad carecía de antecedentes
sancionatorios por intermediación laboral, razón por la cual, no era jurídicamente posible
agravar la multa con fundamento en dicho criterio.

84. La Sala considera necesario precisar, en primer lugar, que el control judicial sobre la
graduación de las sanciones administrativas, no se limita a verificar que la multa se
encuentre comprendida dentro del rango previsto por la ley. También comprende el
examen de la motivación del acto administrativo, con el fin de establecer si la autoridad
sancionadora, aplicó correctamente los criterios legalmente previstos para individualizar
la sanción y si explicó suficientemente las razones que justifican la cuantía finalmente
impuesta.

85. En esa medida, el artículo 12 de la Ley 1610 de 2013, exige que, la administración
valore las circunstancias particulares, que rodean la infracción administrativa y motive
adecuadamente la dosimetría de la sanción, atendiendo, entre otros aspectos, la
gravedad de la conducta, la reincidencia, los beneficios obtenidos, el grado de afectación
producido, la conducta procesal del investigado y las demás circunstancias relevantes
que permitan justificar la proporcionalidad de la medida sancionatoria.

86. Ahora bien, de la lectura integral de la Resolución No. 000141 del Diecinueve (19) de
febrero de Dos Mil Quince (2015), se advierte que, el Ministerio del Trabajo, encontró
acreditada una conducta de intermediación laboral, consistente en la utilización de la
Cooperativa JAHSALUD IPS, para desarrollar actividades misionales permanentes
propias de la E.S.E. ISABU. En particular, la autoridad administrativa identificó que,

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mediante dicha contratación, se suministraba personal para actividades asistenciales de
medicina general y especializada, enfermería, laboratorio clínico, nutrición, psicología,
trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, imagenología, instrumentación quirúrgica,
odontología, optometría, entre otras.

87. La resolución también destacó que, la prestación de tales servicios se desarrollaba
en las propias instalaciones de las Empresas Sociales del Estado y con elementos de
estas, circunstancias que, a juicio de la autoridad, desvirtuaban la autonomía propia de
una tercerización legítima y permitían concluir que, la contratación había operado como
un mecanismo de intermediación laboral. Incluso, señaló que, el trabajador requerido
para el desarrollo de las funciones propias del giro ordinario de las entidades debía
acceder a ellas a través de la contratación celebrada con JAHSALUD IPS, lo que, en
criterio del Ministerio, desnaturalizaba la relación laboral y justificaba la imposición de la
sanción.

88. A partir de esas consideraciones, la administración concluyó que, la conducta
investigada comprometía actividades misionales permanentes de la Empresa Social del
Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, y que, la intermediación
laboral se encontraba acreditada. En el acápite denominado « Razones de la sanción», el
Ministerio del Trabajo, señaló expresamente que, la conducta vulneraba el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010 y que, por ello, había lugar a imponer la multa correspondiente.
Asimismo, precisó que la sanción se imponía a la Empresa Social del Estado Instituto de
Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU y a la Cooperativa JAHSALUD IPS, de acuerdo
con las circunstancias establecidas en la parte motiva del acto.

89. En ese contexto, la Sala considera necesario, distinguir entre la pluralidad de
contratos que fueron objeto de investigación y la reincidencia como criterio jurídico de
graduación de la sanción. La existencia de varios contratos celebrados entre la Empresa
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU y JAHSALUD IPS
dentro del período investigado, constituye un elemento fáctico que permite establecer, la
extensión y las características de la conducta objeto de reproche; sin embargo, no
equivale, por sí misma, a la reincidencia, pues esta última presupone la existencia de una
sanción anterior, ejecutoriada, por una infracción de la misma naturaleza.

90. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, la Resolución No. 000141 no desarrolla
una justificación de la multa exclusivamente sustentada en la reincidencia de la Empresa

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Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU. Por el contrario, la
motivación del acto, se concentra en establecer la existencia y gravedad de la
intermediación laboral, la naturaleza misional y permanente de las actividades
desarrolladas por el personal suministrado por JAHSALUD IPS, las condiciones en que
se prestaban los servicios y la utilización de una figura contractual que, en criterio de la
administración, desnaturalizaba la vinculación laboral.

91. De igual manera, resulta relevante para la Sala que, al examinar la solicitud de
suspensión del procedimiento por el trámite de formalización laboral, el Ministerio del
Trabajo, dejó constancia de la existencia de un proyecto de formalización y de los
cronogramas correspondientes, pero consideró que, estos no reunían los requisitos
exigidos para producir la suspensión de la actuación. No obstante, expresamente indicó
que, tendría en cuenta la voluntad de las Empresas Sociales del Estado de alcanzar los
acuerdos de formalización y el procedimiento adelantado hasta ese momento. Esto
demuestra que la decisión sancionatoria no fue adoptada a partir de una consideración
aislada de los contratos investigados, sino luego de valorar las circunstancias que
rodearon la conducta y la actuación administrativa.

92. Finalmente, la cuantía de la multa impuesta a la Empresa Social del Estado Instituto
de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, fue de Cuatrocientos Noventa y Dos Millones
Ochocientos Mil Pesos ($492.800.000). Si bien la parte apelante cuestiona que, la
pluralidad de contratos hubiera sido entendida como reincidencia, lo cierto es que, esa
circunstancia, considerada aisladamente, no conduce a desvirtuar la legalidad de la
sanción, pues la resolución evidencia que el reproche administrativo estuvo relacionado,
principalmente, con la entidad y características de la intermediación laboral acreditada y
con la utilización de personal suministrado por un tercero para atender un conjunto amplio
de actividades misionales permanentes de la Empresa Social del Estado Instituto de
Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU.

93. En consecuencia, aun cuando la pluralidad de contratos, no pueda ser equiparada
jurídicamente a la reincidencia, ello no determina, por sí solo, la nulidad de los actos
acusados. Para que el cargo prospere sería necesario acreditar que la administración
fundamentó la cuantía de la sanción, exclusivamente en la existencia de antecedentes
sancionatorios inexistentes o que, al margen de esa circunstancia, omitió valorar los
demás elementos relevantes para la graduación de la multa. Tal situación no se
encuentra acreditada en el expediente examinado.

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94. Por el contrario, la Resolución No. 000141 contiene una explicación sobre la conducta
objeto de sanción, las circunstancias en que se desarrolló la intermediación laboral y las
razones que llevaron a la administración a imponer la multa. En particular, debe resaltarse
que, dentro de la actuación administrativa, se dejó constancia de que la Empresa Social
del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, contaba con Ochenta y
Siete (87) trabajadores en el área asistencial, al tiempo que, se acreditó que la
Cooperativa JAHSALUD IPS suministraba personal para el desarrollo de actividades
misionales permanentes de la entidad.

95. Este elemento resulta relevante para la Sala, para valorar la cuantía de la sanción,
pues, para la época de los hechos, el artículo 9° del Decreto 2025 de 2011 establecía,
como parámetro de graduación, que cuando el número total de trabajadores se
encontraba entre veintiséis (26) y cien (100), la multa debía ubicarse entre Dos Mil
Quinientos Uno (2.501) y Tres Mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
regla que, debía aplicarse en la misma proporción a los terceros contratantes. Así, incluso
tomando como referente el número de trabajadores que aparece registrado en la
actuación administrativa, la multa de Cuatrocientos Noventa y Dos Millones Ochocientos
Mil Pesos ($492.800.000), equivalentes a ochocientos (800) salarios mínimos mensuales
legales vigentes para el año Dos Mil Catorce (2014), impuesta a la Empresa Social del
Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU, se encontraba por debajo del
parámetro cuantitativo previsto en dicha disposición.

96. No obstante, esta circunstancia no puede conducir, en esta instancia, al incremento
de la sanción, toda vez que la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga – E.S.E. ISABU, ostenta la condición de apelante única y, en
consecuencia, la Sala no puede hacer más gravosa su situación jurídica con ocasión del
recurso interpuesto. Por tanto, este aspecto se pone de presente, únicamente como
elemento adicional de valoración, para descartar que la cuantía impuesta, haya resultado
arbitraria o excesiva frente a los parámetros normativos vigentes al momento de la
actuación.

97. Tampoco prospera la solicitud encaminada a sustituir la multa impuesta por una
equivalente a Un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Esa pretensión parte de la
premisa según la cual, la autoridad estaba obligada a aplicar la sanción mínima prevista
en la Ley 1610 de 2013; sin embargo, dicha disposición no establece un criterio

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automático de graduación, sino un margen de apreciación administrativa que debe
ejercerse con fundamento en las circunstancias particulares de cada caso. En
consecuencia, la reducción pretendida, únicamente sería procedente, si se demostrara
que la administración, prescindió de los criterios legales de dosimetría o incurrió en una
manifiesta desproporción, hipótesis que no se configura en el presente asunto.

98. En esas condiciones, la Sala concluye que, la motivación expuesta por el Ministerio
del Trabajo, satisface las exigencias derivadas del artículo 12 de la Ley 1610 de 2013, y
permite comprender las razones por las cuales, la administración fijó el monto de la multa
impuesta a la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ESE
ISABU). Por consiguiente, tampoco prospera el cargo subsidiario formulado en el recurso
de apelación.

99. Así las cosas, al no prosperar ninguno de los reparos formulados por la parte
demandante, la Sala confirmará integralmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante
la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta
providencia.

2.6 Condena en costas.

100. Revisada la conducta procesal de la parte demandante, al interponer el recurso de
apelación, la Sala no advierte actuaciones temerarias o de mala fe, sino el ejercicio
legítimo de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico; por
consiguiente, al no reunirse los presupuestos exigidos por el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no habrá lugar a
imponer condena en costas en esta instancia.

2.7. Conclusiones.

101. La Sala concluye que, la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga – E.S.E. ISABU, incurrió en la conducta prevista en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, al destinar personal suministrado por un tercero, para el desarrollo de
actividades misionales permanentes, sin que las actuaciones adelantadas dentro del
proceso de formalización laboral, tuvieran la virtualidad de suspender el procedimiento
administrativo sancionatorio, al no haberse celebrado, un acuerdo de formalización

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laboral en los términos de la Ley 1610 de 2013 y el Decreto 1376 de 2014. Asimismo, no
se acreditó, el defecto en la valoración probatoria alegado por la parte demandante, ni la
falta de motivación o desproporción en la graduación de la multa impuesta por el
Ministerio del Trabajo. En consecuencia, al no prosperar los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander el Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), que negó las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante
la cual, se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la Empresa Social del
Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, contra la Nación – Ministerio
del Trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. – Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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