Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00887-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00887-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00887-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2016 00887 01 (5659-2023)
Demandante: Víctor Modesto Carreño Barón
Vinculado: Yeffersson Carreño Velasco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Sustitución de la pensión gracia. Requisito de convivencia.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones y hechos de la demanda1
2. El señor Víctor Modesto Carreño Barón, actuando por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 008349 del 22 de febrero de 2013,
expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, mediante la cual se
le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reconocerle, en forma vitalicia y en calidad de cónyuge supérstite, el 100% de la
pensión que devengaba la señora Leticia Velasco de Carreño. Asimismo, pretendió
el pago del retroactivo causado desde el 31 de mayo de 2013, fecha en la que,
según afirmó, el hijo beneficiario alcanzó la mayoría de edad sin acreditar su
condición de estudiante; los intereses moratorios; los reajustes anuales conforme al
índice de precios al consumidor y, subsidiariamente, la indexación de las sumas
adeudadas.
1 Escrito de subsanación y reforma de la demanda, visible en el archivo denominado
15_ED_DOCUMENTOLINKEXPED del expediente digital de primera instancia.
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4. Como fundamentos fácticos manifestó que la señora Leticia Velasco de Carreño
falleció el 16 de agosto de 2009. Indicó que aquella fue docente del magisterio y
disfrutaba de una pensión gracia de jubilación, reconocida por CAJANAL mediante
la Resolución 4565 del 2 de marzo de 2007, efectiva a partir del 20 de julio de 2005,
en cuantía de $1.399.602.
5. Contrajo matrimonio aquella el 10 de diciembre de 1978, en el municipio de
Piedecuesta, Santander, y que convivieron de manera material y efectiva hasta el
deceso. Relató que inicialmente residieron durante aproximadamente dos meses en
la finca «El Barro», ubicada en la vereda El Mangle de ese municipio, y que, en
enero de 1979, se trasladaron a la escuela rural «La Sabana» de Guaca, donde
permanecieron cerca de cuatro años.
6. Agregó que en 1982 adquirieron la finca «La Golondrina», localizada en el
municipio de Santa Bárbara, en la que vivieron alrededor de diez años.
Posteriormente, residieron cerca de dos años en el casco urbano de Guaca y, desde
1995, en una finca situada en Los Colorados, vereda El Pablón, zona rural de
Bucaramanga. En 2005 vendieron dicho inmueble y regresaron a los municipios de
Guaca y San Andrés, donde permanecieron hasta el deceso de la causante, lo cual
ocurrió el 16 de agosto de 2009, como consecuencia de un ataque ejecutado en
presencia del demandante, quien también resultó herido.
7. Mencionó que durante el matrimonio nacieron Alexander, Luswin Aldemar, Josué
y Yefersson Carreño Velasco, los días 18 de abril de 1979, 13 de diciembre de 1980,
7 de febrero de 1983 y 31 de mayo de 1995, respectivamente.
8. Indicó que la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, por medio
de la Resolución 691 del 27 de mayo de 2011, reconoció una pensión post mortem
de 20 años a favor del demandante y de Yefersson Carreño Velasco, en sus
condiciones de cónyuge supérstite e hijo menor de edad, respectivamente, en
proporción del 50% para cada uno. Seguidamente el 19 de noviembre de 2012, en
en esas mismas calidades, presentó ante la UGPP solicitud de sustitución
pensional, que fue negada mediante la Resolución RDP 008349 del 22 de febrero
de 2013, al considerarse que no se acreditó la convivencia entre los cónyuges
durante los cinco años anteriores al fallecimiento de la causante.
9. Expuso que, al resolver el recurso de reposición mediante la Resolución RDP
016532 del 12 de abril de 2013, la entidad revocó parcialmente la decisión inicial
para reconocer el 100% de la prestación a Yefersson Carreño Velasco, en calidad
de hijo menor de edad, y mantuvo la negativa respecto del demandante. Añadió que
la UGPP, a través de la Resolución RDP 047000 del 8 de octubre de 2013, resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
10. Expuso que con los actos administrativos demandados se vulneraron los
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artículos 13 y 48 de la Constitución Política y el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Atribuyó al acto acusado la
infracción de las disposiciones en las que debía fundarse y la falsa motivación, al
considerar que la decisión administrativa desconoció la situación fáctica y jurídica
expuesta en la solicitud pensional.
11. Afirmó que la UGPP desconoció el vínculo matrimonial que mantuvo con la
causante, la convivencia material y efectiva que, según indicó, se prolongó durante
aproximadamente 31 años, los cuatro hijos nacidos de la unión y el ánimo de
conformar una familia. Agregó que la sociedad conyugal permanecía vigente y que
convivió con la pensionada por más de cinco años continuos, por lo que la entidad
no podía exigirle que dicho periodo correspondiera a los cinco años inmediatamente
anteriores al fallecimiento, pues, a su juicio, tratándose del cónyuge supérstite,
podía acreditarse en cualquier tiempo.
1.3. Contestación de la demanda
12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó su desacuerdo con las
pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no acreditó los requisitos
establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, pues debía demostrar que hizo vida marital con la causante
hasta su muerte y que convivió con ella durante, por lo menos, los cinco años
continuos anteriores al deceso. Según las declaraciones obrantes en el expediente
administrativo, la convivencia no continuó desde aproximadamente 2004 bajo los
criterios de cohabitación, apoyo mutuo y responsabilidad compartida, razón por la
cual consideró improcedente el reconocimiento reclamado.
13. Afirmó que los actos se ajustan a derecho, toda vez que el actor no acreditó el
requisito de convivencia. Propuso la excepción de inepta demanda por indebida
individualización de los actos administrativos acusados. Explicó que la Resolución
RDP 008349 del 22 de febrero de 2013, cuya nulidad se solicitó, fue revocada por
la Resolución RDP 016532 del 12 de abril de 2013, acto que reconoció el 100% de
la prestación a Yefersson Carreño Velasco y negó el derecho al demandante. Como
este último no fue cuestionado, pidió declarar probada la excepción y dar por
terminado el proceso. Finalmente, formuló las excepciones de inexistencia de la
obligación, prescripción, carencia del derecho reclamado, buena fe, falta de título y
causa y la genérica.
1.4. Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 16 de febrero
de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, conforme al artículo
47 de la Ley 100 de 1993 y a la jurisprudencia aplicable, el cónyuge supérstite debía
acreditar una convivencia efectiva y continua con la causante durante, por lo menos,
los cinco años anteriores al fallecimiento. Precisó que este requisito no se limitaba
a compartir techo, lecho y mesa, sino que comprendía la existencia de vínculos de
solidaridad, apoyo material y espiritual, ayuda mutua y la voluntad de mantener un
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proyecto de vida en común.
15. Al valorar las pruebas, encontró acreditados el matrimonio entre el demandante
y la señora Velasco de Carreño, el reconocimiento de la pensión gracia y el
fallecimiento de aquella. Sin embargo, estimó que los interrogatorios no
demostraron la existencia de apoyo mutuo material y espiritual, pues el actor y su
hijo manifestaron que aquel residía en Bucaramanga, mientras la causante vivía en
Guaca por razón de su profesión y se reunían los fines de semana. También restó
mérito a los testimonios de Miguel Hernández Orduz y Antonio Hernández, al
considerar que no evidenciaban cercanía con el núcleo familiar ni conocimiento de
la cotidianidad de la pareja.
16. Agregó que, en la investigación administrativa, varios familiares de la causante
coincidieron en afirmar que los esposos no se comportaban como pareja ni
compartían lecho desde aproximadamente 2007. Asimismo, advirtió
contradicciones en la declaración de Belkis Rocío Sepúlveda Anaya, quien
inicialmente sostuvo que los cónyuges convivieron hasta el fallecimiento, pero
posteriormente manifestó ser compañera permanente del demandante y haberlo
conocido en 2012. Con fundamento en ello, concluyó que no existían elementos
probatorios suficientes para acreditar la convivencia exigida y condenó en costas a
la parte actora.
1.5. Recurso de apelación
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de que
se revocara la sentencia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones. Cuestionó
la valoración de las pruebas documentales y testimoniales, pues, a su juicio, el
Tribunal desconoció que la convivencia no se limita a habitar permanentemente en
la misma residencia, sino que comprende el acompañamiento espiritual y moral, el
apoyo económico, el auxilio mutuo y la voluntad de mantener una comunidad de
vida.
18. Sostuvo que su declaración y la de su hijo Yefersson Carreño Velasco
demostraban que los cónyuges residieron temporalmente en municipios diferentes
por razones laborales, pero se visitaban de forma continua y, durante los últimos
años de vida de la causante, se trasladó a Guaca para vivir con ella. Agregó que los
testimonios de Miguel y Antonio Hernández acreditaban su cercanía con la pareja,
que los esposos eran vistos juntos y que administraban solidariamente sus negocios
y bienes, circunstancias que, en su criterio, evidenciaban una relación fundada en
el apoyo económico, familiar y afectivo.
19. Añadió que el Tribunal omitió valorar la Resolución 691 del 27 de mayo de 2011,
mediante la cual la Secretaría de Educación del Departamento de Santander
reconoció al demandante y a Yefersson Carreño Velasco la sustitución de una
pensión post mortem de 20 años, en proporción del 50% para cada uno. Afirmó que
dicho reconocimiento respaldaba la convivencia permanente y efectiva con la
causante y que la decisión apelada vulneraba los principios de seguridad jurídica y
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cosa juzgada. Con fundamento en ello, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Por auto del 13 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación. No hubo
intervenciones en esta instancia.
21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión previa
22. En la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución RDP 008349 del 22 de
febrero de 2013, mediante la cual la UGPP negó al señor Víctor Modesto Carreño
Barón el reconocimiento de la sustitución pensional. Contra ese acto se
interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. El primero fue
resuelto por medio de la Resolución RDP 016532 del 12 de abril de 2013, que
revocó la decisión inicial, reconoció el 100% de la prestación a Yefersson Carreño
Velasco y mantuvo la negativa respecto del demandante; el segundo, mediante la
Resolución RDP 047000 del 8 de octubre de 2013, que confirmó aquella
determinación. En consecuencia, de conformidad con el inciso primero del artículo
163 del CPACA, estos actos se entenderán también demandados. 2
2.2. Competencia
23. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo 3, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 4, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.
2.3 Del problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Víctor Modesto
Carreño Barón tiene derecho a que le sea sustituida la pensión gracia que en vida
le fue reconocida la señora Leticia Velasco de Carreño o si, por el contrario, no
acredita las exigencias de ley, entre estas la convivencia por un periodo de 5 años
anterior al fallecimiento del causante.
2 Artículo 163. Individualización de las pretensiones
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el
acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.
[…]
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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2.4 Normativa y jurisprudencia aplicable al asunto
25. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la
Sentencia de Unificación 029-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 2022 5, reiteró el
carácter especial de la pensión gracia, cuya finalidad es el reconocimiento a los
docentes territoriales por su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa; y así compensar las diferencias salariales de
aquellos frente a los docentes vinculados a la Nación.
26. Seguidamente se explicó que aunque la sustitución de dicha prestación no era
un aspecto debatido en el marco de la unificación, era necesario precisar que por
tratarse de una prestación especial, la sustitución de la misma se regía por las
normas generales, destacando que dicha figura no estaba contemplada para los
educadores en 1913 cuando se originó la pensión gracia, y por vía jurisprudencia el
Consejo de Estado se fue desarrollando la postura enfocada en proteger el núcleo
familiar de los docentes, y como se dijo que adoptaron los criterios generales de
sustitución de pensiones.
27. Así entonces, estableció como regla de unificación que la norma que regula la
sustitución de la pensión gracia es la vigente para el momento del fallecimiento del
causante:
«La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para
la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los
derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al
cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o
el pensionado.»
28. Para arribar a ello, realizó un recuento sobre la dadiva en cita y rememoró que
la Sección Segunda en punto a la sustitución de la pensión gracia ha partido de dos
criterios: i) consistente en “que se aplican las normas generales anteriores a la Ley
100 de 1993, bajo el entendido que, para los excluidos de la referida Ley, en los
términos del artículo 279, continúa vigente la Ley 71 de 1988 y el Decreto
Reglamentario 1160 de 1989. Ello, como quiera que el artículo 279 excluye a los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la
aplicación del sistema integral de seguridad social en pensiones”.
29. Y ii) que para el análisis de dicha sustitución se tiene en cuenta la Ley 100 de
1993 siempre que esté vigente al momento del deceso; ello, por cuanto “dicha
pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el artículo 279 ibidem solamente exceptúa
las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”. Así pues, se ha considerado que como las normas que regulan la
pensión gracia no prevén la sustitución pensional, esta se rige por el artículo 47 de
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la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de Ley 797 de 2003, de modo
que, el cónyuge supérstite o compañero permanente debe acreditar 5 años de
convivencia.
30. Seguidamente se refirió al Acto Legislativo 01 de 2005 y a la aplicación de la
Ley 100 de 1993 para la pensión de sobreviviente, sosteniendo que la remisión que
a dicho régimen general hace dicho acto, debe entenderse como una expresión de
una política pública que busca fortalecer el sistema pensional; y que la exigencia
del requisito de 5 años que trae dicha Ley 100, propende por robustecer el sistema
en cita “blindándolo de fraudes pensionales que lo desfinancian, con matrimonios o
convivencias de último minuto, a las que se refieren las sentencias C-1176 de 2001
y SU 149 de 2021”.
31. En todo caso, se aclara que la aplicación de la Ley 100 de 1993, en las
situaciones en que sea la norma vigente para efectos de la sustitución de la pensión
gracia, no habilita en modo alguno a reconocer la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige tan solo la cotización de 50 semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento; ello, en
tanto la especialidad de la prestación mencionada permite que se reconozca aun
cuando el docente no está afiliado al ente de previsión que la concede, ni efectuó
aportes; y especialmente porque “ a la luz de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad no puede conllevar a que también proceda el
reconocimiento de la pensión gracia de sobrevivientes con 50 semanas de
cotización, porque la vocación de sustituibilidad de una pensión creada como
especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una regulación de un tiempo
pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a los maestros de
primaria de las regiones apartadas.”
32. Así entonces, resulta claro que el derecho a la sustitución pensional debe
analizarse a la luz de las disposiciones que se encuentren vigentes al momento del
fallecimiento del causante; criterio que se tendrá en cuenta para resolver la
presente controversia, por lo que en vista que el deceso del causante ocurrió el 5
de julio de 2015, el asunto debe atender a los requisitos contemplados en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
en lo pertinente dispone:
“Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
(...)”
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2.5 Actuación administrativa
33. El 19 de noviembre de 2012, el señor Víctor Modesto Carreño Barón, en calidad
de cónyuge supérstite y representante legal de su hijo menor Yefersson Carreño
Velasco, solicitó ante la UGPP la sustitución de la pensión gracia que devengaba la
señora Leticia Velasco de Carreño; con Resolución RDP 008349 del 22 de febrero
de 2013, la entidad negó el reconocimiento de la prestación al señor Carreño Barón,
al estimar que no acreditó haber convivido con la causante durante los cinco años
continuos anteriores a su fallecimiento.
34. Inconforme con dicha decisión, el 14 de marzo de 2013, el interesado interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, por lo que a través de la
Resolución RDP 016532 del 12 de abril de 2013, la UGPP revocó el acto recurrido
y reconoció el 100% de la sustitución pensional a mencionado hijo menor de la
causante a partir del 17 de agosto de 2009. La prestación se concedió
temporalmente hasta el 30 de mayo de 2013 y, con posterioridad a esa fecha, hasta
el 30 de mayo de 2020, siempre que acreditara su escolaridad. En el mismo acto
mantuvo la negativa respecto del señor Víctor Modesto Carreño Barón.
35. Finalmente, por medio de la Resolución RDP 047000 del 8 de octubre de 2013,
la entidad confirmó en todas sus partes la Resolución RDP 016532 del 12 de abril
de 2013, al considerar que no se aportaron nuevos elementos que permitieran
modificarla.
2.6. Caso concreto
36. En atención al contexto antes descrito, procede la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, teniendo en cuenta que el asunto debe analizarse conforme al
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, disposición
vigente para el momento del deceso de la educadora.
37. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que
el material probatorio no permite establecer que el señor Víctor Modesto Carreño
Barón hubiera mantenido con la señora Leticia Velasco de Carreño una convivencia
real y efectiva durante los cinco años anteriores a su fallecimiento.
38. Está demostrado que aquellos contrajeron matrimonio el 10 de diciembre de
1978 y que de esa unión nacieron cuatro hijos. Asimismo, se acreditó que a la
causante le fue reconocida una pensión gracia mediante la Resolución 4565 del 2
de marzo de 2007 y que falleció el 16 de agosto de 2009.
39. Para determinar si el demandante satisfizo el requisito de convivencia, la Sala
valorará los interrogatorios de parte, los testimonios recibidos dentro del proceso y
las declaraciones incorporadas en la investigación administrativa.
• Interrogatorio de parte del señor Víctor Modesto Carreño Barón
40. El demandante manifestó que, después del matrimonio, residió con su esposa
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en Guaca, Quebradas y Bucaramanga. Indicó que vivieron cerca de veinte años en
Quebradas, cinco años en Guaca y otros cinco en Bucaramanga, para un total
aproximado de treinta o treinta y un años.
41. Respecto al periodo relevante -últimos cinco años-, afirmó que permaneció en
Bucaramanga desde aproximadamente 2003 hasta 2007 y/o 2008, debido a su
actividad ganadera, mientras la señora Leticia Velasco trabajaba como docente en
Guaca. Explicó que ella lo visitaba cada ocho días o que él se trasladaba a dicho
municipio los fines de semana.
42. Agregó que durante el término de las vacaciones la finada educadora
permanecía con él y con su hijo en la finca ubicada en El Pablón, en Bucaramanga,
y que los demás hijos los visitaban ocasionalmente. También indicó que los
familiares de su esposa residían cerca del inmueble y acudían frecuentemente a la
vivienda.
43. En relación con su regreso a Guaca, manifestó que permutó la finca de
Bucaramanga con el señor Miguel Hernández por otra situada en aquel municipio y
que, a partir de ese negocio, se estableció de manera permanente con su esposa;
destacando que para el año 2009 ya residían juntos en ese municipio.
44. Sobre la dinámica de ese último año, afirmó que preparaba el desayuno para
su cónyuge antes de que saliera a trabajar, se encontraban nuevamente en la tarde,
salían durante los fines de semana y compartían habitación.
45. También sostuvo que ambos intervenían en las decisiones sobre los bienes,
compartían sus ingresos y se apoyaban económicamente en la actividad ganadera.
Añadió que era beneficiario de los seguros y del servicio de salud de la causante y
que asumió los gastos funerarios.
• Interrogatorio de parte del señor Yeffersson Carreño Velasco
46. Yefersson Carreño Velasco manifestó que entre 2003 y 2007 vivió con su madre
en Guaca y que posteriormente se trasladó a Piedecuesta por motivos académicos;
que entre los años 2007 y 2009, viajaba a Guaca aproximadamente cada quince
días o sus padres acudían juntos a visitarlo.
47. Explicó que su padre permanecía en una finca ubicada en El Pablón, en
Bucaramanga debido a su trabajo, mientras su madre laboraba en Guaca. Agregó
que su progenitor los visitaba cada ocho días y que esa situación se presentó
aproximadamente entre 2003 y 2005, año en el que, según su versión, se trasladó
a vivir con ellos en Guaca.
48. También afirmó que aquellos mantenían una buena relación, que dormían
juntos, que nunca se separaron y que las residencias distintas obedecieron
únicamente a sus actividades laborales. Además, ambos contribuían a sus gastos
de educación, alimentación y vivienda y que realizaban actividades familiares
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cuando él los visitaba.
• Testimonio del señor Miguel Hernández Orduz
49. Expresó que conocía a la pareja desde hacía aproximadamente treinta o
cuarenta años, que había celebrado negocios de ganado con el demandante y que
observaba a la pareja comportarse como esposos. Asimismo, en algunas
oportunidades se hospedó en la residencia de estos durante las festividades de
Guaca y relató que la causante tuvo conocimiento y participó en la permuta de las
fincas. No precisó la fecha en la que se llevó a cabo dicho negocio.
• Testimonio del señor Antonio Hernández
50. El señor Antonio Hernández manifestó que conoció al aquí demandante y a su
finada esposa con ocasión de la negociación de unas fincas realizada por su
hermano Miguel Hernández. Ubicó ese hecho aproximadamente entre los años
2008 y 2009, aunque afirmó que no recordaba con exactitud la fecha.
51. Señaló que veía a los esposos juntos cuando se desplazaban hacia la finca o
cuando coincidían en el municipio de Guaca; agregó que los identificaba y trataba
socialmente como pareja. Sin embargo, reconoció que no se hospedó en su
vivienda, no participó en reuniones familiares y no tuvo conocimiento directo sobre
la forma en que se desarrollaba la vida cotidiana de ellos.
• Declaraciones incorporadas en la investigación administrativa
52. En la investigación adelantada por la UGPP obran las declaraciones de los
señores Mariano, Rigoberto, Gloria Amparo, María Hilda y Consuelo Velasco
Carvajal, hermanos de la causante.
53. El primero manifestó que, durante los últimos años, la pareja no compartía
habitación, no mantenían intimidad ni se prestaban apoyo como esposos; el
segundo, afirmó que entre 2007 y 2009 visitó la vivienda de su hermana por razones
laborales y que, durante esas oportunidades, observó que los esposos dormían en
espacios separados y no convivían como pareja. La tercera, adujó que desde
aproximadamente el año 2006 su fallecida hermana había expresado su intención
de separarse del demandante y que entre ellos existían diferencias relacionadas
con la convivencia y los bienes.
54. Por su parte las señoras María Hilda y Consuelo Velasco Carvajal también
sostuvieron que durante los últimos años existía distanciamiento entre los esposos
y que estos no mantenían una relación matrimonial efectiva.
55. De otro lado, se recibió declaración de la señora Belkis Rocío Sepúlveda
Anaya, quien expuso que conocía al actor y su cónyuge desde hacía diez años y
que compartieron techo, lecho y mesa hasta el fallecimiento de la educadora. Sin
embargo, dentro de la investigación administrativa también manifestó que era
compañera permanente del demandante y que lo había conocido en 2012.
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56. Pues bien, en efecto la convivencia exigida para acceder a la sustitución
pensional no se reduce a la cohabitación permanente bajo el mismo techo. Las
obligaciones laborales pueden justificar que los esposos residan en lugares
diferentes, siempre que se demuestre la conservación de una comunidad de vida
fundada en la solidaridad, el acompañamiento, el socorro mutuo y la voluntad de
mantener un proyecto familiar.
57. En este asunto, el recurrente sostuvo que su permanencia en Bucaramanga
obedeció a su actividad ganadera, mientras su cónyuge Leticia Velasco trabajaba
como docente en Guaca, y que durante ese periodo se visitaban alternativamente
los fines de semana y compartían las vacaciones. No obstante, su exposición no
permite determinar con precisión hasta qué momento permaneció en Bucaramanga,
pues ubicó su traslado definitivo a Guaca entre 2007 y 2008, sin señalar la fecha de
la permuta que, según afirmó, dio lugar a ese cambio de residencia.
58. La versión de su hijo Yefersson Carreño tampoco permite esclarecer esa
circunstancia, ya que, aunque indicó que su padre se trasladó a Guaca
aproximadamente en 2005, expresó que entre 2003 y 2007 él vivió con su madre
en ese municipio. Esta versión difiere de la del demandante, quien sostuvo que
durante el periodo en el que permaneció en Bucaramanga se encontraba allí con su
hijo y que la finada los visitaba.
59. Las anteriores divergencias recaen sobre aspectos centrales para reconstruir
la dinámica familiar durante el quinquenio anterior al fallecimiento: el lugar de
residencia del demandante, el momento de su regreso a Guaca y la conformación
del hogar durante esos años. A ello se suma que las declaraciones de Yefersson
Carreño acerca de que sus padres mantenían una convivencia excelente, se
apoyaban y nunca se separaron fueron formuladas en términos generales, sin una
descripción suficiente de la manera en que se desarrollaba la relación marital
durante todo el periodo discutido.
60. Los testimonios de los señores Miguel y Antonio Hernández tampoco
permiten esclarecer esas divergencias, pues, como se dejó sentando en párrafos
anteriores, el primero se refirió a los negocios celebrados con el demandante, a
algunos encuentros durante las festividades de Guaca y a la participación de la
finada en la permuta de las fincas, sin ofrecer mayores elementos de convicción de
la vida de pareja de aquellos, inclusive, menciona que los veía en dichas
festividades, lo que permite inferir que ello ocurría por lo menos una vez al año; y si
bien precisó que en una ocasión se hospedó en la casa de la mencionada pareja,
este lapso compartido resulta insuficiente de cara a dar fe respecto a una comunidad
de vida entre aquellos.
61. A su turno, el segundo testigo ubicó el referido negocio aproximadamente
entre 2008 y 2009, y manifestó que veía a los esposos juntos cuando transitaban
hacia la finca o coincidían en Guaca. Sin embargo, no conoció la organización
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interna del hogar ni describió hechos relacionados con la solidaridad, el
acompañamiento o la ayuda recíproca entre ellos.
62. Esta Subsección ha considerado que las visitas, encuentros familiares o
contactos ocasionales no acreditan, por sí solos, la convivencia cuando no permiten
establecer una verdadera relación de pareja con vocación de permanencia y ayuda
mutua. Asimismo, ha señalado que las declaraciones no resultan suficientes si no
describen situaciones puntuales sobre el desarrollo del vínculo ni precisan en qué
consistían los encuentros durante el periodo legalmente exigido. 6
63. De otro lado, los testimonios de los hermanos de la causante ofrecen una
versión coincidente acerca del distanciamiento de los esposos durante los últimos
años. Los señores Mariano y Rigoberto Velasco indicaron que estos no compartían
habitación ni mantenían una relación de apoyo e intimidad; la señora Gloria Amparo
afirmó que la causante había expresado su intención de separarse; y las señoras
María Hilda y Consuelo Velasco realizaron manifestaciones semejantes sobre la
ausencia de una convivencia matrimonial efectiva.
64. El hecho de que los declarantes fueran hermanos de la causante, y con
quienes afirma el actor no mantenían buenas relaciones, no determina, por sí solo,
que sus manifestaciones carezcan de credibilidad. Aunque el demandante y su hijo
controvirtieron su contenido y atribuyeron esas versiones a diferencias familiares,
no se aportaron elementos suficientes para establecer que obedecieran
exclusivamente a animadversión. En todo caso, su alcance debe apreciarse junto
con las demás pruebas, que como se ha dejado expuesto, no ofrecen suficiente
certeza sobre el requisito de convivencia durante los últimos 5 años anteriores al
deceso.
65. A ello se suma, que la declaración de la señora Belkis Rocío Sepúlveda
Anaya tampoco respalda la posición del actor, puesto que existe una contradicción
sustancial entre su afirmación de que conocía a los esposos desde hacía diez años
y aquella según la cual conoció al demandante en 2012, aunado a que, no ofreció
información concreta sobre el desarrollo de la vida de los cónyuges en cita,
inclusive.
66. Así, las pruebas recaudadas solo permiten establecer la existencia del
matrimonio, el contacto entre los esposos, algunas visitas y determinados actos
familiares o patrimoniales. Sin embargo, no ofrece una versión precisa, uniforme y
suficientemente corroborada sobre la permanencia de una comunidad de vida
durante los cinco años anteriores al fallecimiento.
67. En particular las diferencias sobre los lugares de residencia, la composición
del hogar y el momento en que el demandante se estableció nuevamente en Guaca
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 29 de abril de 2026, radicación 05000-12-42-000-2016-04267-01 (0963-2023),
consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.
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impiden reconstruir de forma uniforme la dinámica matrimonial durante el
quinquenio exigido. La participación la finada en negocios jurídicos como la permuta
del bien inmueble y el hecho de que los esposos fueran vistos juntos en fechas
cercanas al deceso constituyen indicios de contacto y coordinación, pero no
acreditan la continuidad de una comunidad de vida entre agosto de 2004 y agosto
de 2009. En ese orden, para esta Subsección el tribunal si efectuó una valoración
probatoria completa, caso contrario es que el resultado del contraste de aquellas no
fuera favorable a las pretensiones.
68. De otra parte, respecto al cargo formulado con el recurso, relacionado con
que se desconoció que mediante acto administrativo 691 del 27 de mayo de 2011,
la Secretaría de Educación de Santander le reconoció una pensión post mortem,
tampoco conduce a una conclusión diferente, toda vez que, la valoración que en
sede administrativa realice otra autoridad no ata el estudio que en sede judicial debe
realizar la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que, al actor le asistía la
carga de demostrar con suficiencia las exigencias para obtener el derecho
reclamado, máxime cuando el fundamento de los actos acusados para negar lo
reclamado, fue el incumplimiento del requisito de convivencia.
69. En consecuencia, la Sala concluye que el señor Víctor Modesto Carreño
Barón no acreditó haber convivido con la señora Leticia Velasco de Carreño durante
los cinco años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, en los términos
exigidos para acceder a la sustitución de la pensión gracia. Por consiguiente, no
prosperan los argumentos del recurso de apelación y se confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
2.7 Condena en costas
70. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
71. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
72. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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73. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 16 de febrero de 2023, que negó a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Víctor Modesto Carreño Barón, por las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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