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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00905-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00905-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Revócase la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; en su lugar, declárase de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por tratarse de un asunto no susceptible de control judicial, conforme a la motivación. 2º. Sin condena en costas. 3º. Reconócese personería al abogado Nelson Torres Romero, con cédula de ciudadanía 80.059.301 y tarjeta profesional 326.201 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 13 Memorial adjuntado a SAMAI, índice 14. 16 Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00905-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Demandante : Élver Ramírez Picón
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Tema : Revocación directa de decisión sancionatoria; pago de
emolumentos dejados de recibir durante el tiempo de
suspensión en el ejercicio del cargo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 46). El señor Élver Ramírez Picón, por intermedio
de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a
incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 5321 de 1°. de
diciembre de 2015 (parcial) y del oficio S-2016-020346 SEGEN.ARJUR-
15.1 de 27 de enero de 2016, por los que se le negó al actor el pago de salarios
y prestaciones sociales y el reconocimiento del tiempo de servicio por el
lapso de 7 meses, durante el cual fue suspendido del ejercicio de sus
funciones por una sanción disciplinaria impuesta por la demandada, revocada
por la Procuraduría General de la Nación.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada «[...] restablecer la antigüedad y demás requisitos
legales [...]» del accionante y pagarle, de manera actualizada, «[...] los salarios,
primas, subsidios, vacaciones, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir desde el momento en que [fue] suspendido de sus funciones

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

del servicio activo [...]», junto con «[...] la Indemnización por mora, equivalente
a un día de salario por cada día de mora, de las acreencias laborales dejadas
de percibir, de conformidad con lo establecido en el Art.65 del C.S.T. [...]» (sic).

Asimismo, declarar que «[...] no ha existido solución de continuidad en la
prestación de los servicios a la Policía Nacional, por [el] periodo comprendido
entre el 01 de octubre de 2009 hasta el 01 de mayo de 2010 [...]» (sic), y
condenarla en costas procesales.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que, en cumplimiento de la
decisión administrativa disciplinaria de primera instancia de 25 de agosto de
2009, suscrita por el jefe de control disciplinario interno del departamento de
Policía del Magdalena Medio, dentro de la investigación DEMAM-2009-51, la
accionada, a través de Resolución 2932 de 29 de septiembre de 2009, ejecutó la
sanción y lo suspendió en el servicio por 7 meses (del 1º. de octubre de 2009 al
1º. de mayo de 2010) y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por ese mismo
tiempo, en consecuencia, dejó de devengar $15.058.064 por concepto de
salarios, más las primas legales.

Que «[...] interpuso ante la Procuraduría General de la Nación, solicitud de
Revocatoria Directa del fallo Sancionatorio Disciplinario proferido en su
contra, por considerar que el mismo estuvo viciado de nulidad por vulneración
de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN».

Afirma que, por medio de Resolución 4486 de 31 de mayo de 2013, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) le reconoció asignación de
retiro a partir del 18 de mayo de 2013.

Que el 20 de febrero de 2015 la Procuraduría General de la Nación revocó la
decisión sancionatoria antes referida por «[...] encontrar probada dentro de la
investigación disciplinaria adelantada por el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Magdalena Medio, de
radicación No. DEMAM-2009-51, la vulneración al principio de tipicidad,
legalidad y congruencia [...]» (sic).

Dice que el 28 de febrero de 2015 solicitó del director general de la Policía
Nacional declarar «[...] la pérdida de la Fuerza de ejecutoria de la Resolución
No. 02932 del 29 de Septiembre de 2009 [,] orden[ar] el desembolso del valor
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Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

total de los haberes correspondientes a 210 días “07 meses”, incluyendo
primas, primas de orden público, navidad, prima vacacional y demás
prestaciones y emolumentos de orden legal, dejados de recibir dentro del
tiempo de ejecución de la sanción, revocada por ilegal [y] sea reconocido como
tiempo de servicio prestado, los siete (07) meses de la suspensión revocada y
restituido en el sistema, el tiempo y antigüedad dentro del escalafón del Nivel
Ejecutivo, así mismo sea nuevamente calificado el formulario de seguimiento
para la fecha de la sanción, conforme al Decreto 1800 de 2000 y la Resolución
Interna que para tal efecto sea aplicable [...]».

Que el mencionado servidor, a través de Resolución 5321 de 1º. de diciembre
de 2015, dispuso «[...] realizar los trámites correspondientes para la
actualización de los registros en el SIAT y SIJUR de la Sanción Disciplinaria
impuesta [...]», pero «[...] omitió pronunciarse sobre el 2º y 3º punto objeto de
reclamación administrativa [...]»; por tanto, presentó el 7 de enero de 2016 una
nueva reclamación de pago de sus acreencias laborales y el reconocimiento de
los 7 meses de suspensión como tiempo de servicio, lo cual le fue negado
mediante oficio S-2016-020346 SEGEN-ARJUR-15.1, de 27 de enero de 2016.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos censurados los artículos 29 de la Constitución
Política y 127 del Código Disciplinario Único.

Arguye que «[...] los fundamentos plasmados en el oficio S-2016-020346-
SEGEN-ARJUR-15.1 del 27 de enero de 2016, [...] para negar la petición
elevada, violan de forma directa el sentido del artículo 127 de la ley 734 de
2002, en lo que se refiere a los efectos de la revocatoria, por cuanto aduce que
los efectos del decaimiento del acto administrativo son hacia el futuro [...]»; no
obstante, «[...] los efectos del acto que resuelve la revocatoria directa, son
declarativos y retroactivos produciendo efectos hacia el pasado efectos ex tunc
[...]», cuanto más si «[...] la perdida de la fuerza de ejecución de la resolución
que en su momento ejecutó la sanción disciplinaria, no se dio por “declaratoria
de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma
sustento ”, como lo quiere hacer ver jurídicamente la entidad demandada, pues
la ley 1015 del 2006 y ley 734 del 2002 que eran el sustento jurídico de la
sanción disciplinaria revocada, no han sido declaradas inexequible o nulas;
luego entonces el decaimiento de la sanción [...] se dio por “ILEGALIDAD
DEL ACTO”, pues debido a las sendas violaciones del debido proceso, fue que

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Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

el honorable procurador general de la nación, procedió a revocar el fallo
sancionatorio» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 127 a 131). La entidad accionada,
mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son
ciertos y otros no; sostiene que «[...] los efectos de la revocatoria directa de las
decisiones disciplinarias son los de anular, reversar y absolver sin que esto
implique el resarcimiento en materia patrimonial o indemnizatoria [y] el hecho
que la Procuraduría General de la Nación ha provocado una providencia de
tracto disciplinario, no implica el reconocimiento de tiempos de servicio y el
pago de emolumentos dejados de percibir por el personal uniformado [...]»
(sic).

1.3 La providencia apelada (ff. 214 a 219). El Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia de 2 de agosto de 2018, negó las pretensiones
de la demanda (con condena en costas), al considerar que la «[...] Resolución
No 02932 del 29 de septiembre de 2009, por medio de la cual se ejecutó la
sanción disciplinaria impuesta al demandante en el fallo disciplinario de
primera instancia de fecha 25 de agosto de 2009, solo fue objeto de pérdida de
ejecutoriedad, conforme a lo decidido por la Procuraduría General de la
Nación en la decisión de Revocación Directa, lo cual sólo produce efectos
hacia el futuro, tornándose improcedente ordenar el pago de los haberes
dejados de percibir con ocasión de la sanción disciplinaria». Por tanto, «[...]
la revocatoria de la sanción disciplinaria proferida por parte de la
Procuraduría General de la Nación, por sí sola no genera el reconocimiento y
pago de los derechos salariales y el cómputo del tiempo de cotización a
pensión, pues resultaba imprescindible que el demandante hubiese acudido
oportunamente a obtener la decisión anulatoria por parte de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa del fallo disciplinario de primera instancia de
fecha 25 de agosto de 2009 protegido por la Policía Nacional, para el
restablecimiento de los derechos conculcados [...]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 228 a 232). El accionante, por intermedio de
apoderada, interpone recurso de apelación, por cuanto «[...] la[s] Ley[es] 1437
de 2011 y 734 de 2002, señala[n] que la revocatoria no revive los términos
legales para demandar el acto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, luego al hacer uso de la revocatoria de contera se perdió la
posibilidad de accionar ante la jurisdicción. Lo anterior, adquiere mayor
4

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

relevancia si se tiene en cuenta que es precisamente la decisión de la
revocatoria directa lo que lo habilita para reclamar los haberes dejados de
percibir, pues de no haberse producido la misma, por sustracción de materia
no se habría incoado la demanda» (sic).

Añade que «[...] si en gracia de discusión se aceptara que la revocatoria directa
no tiene el efecto por sí sola de generar el pago de los salarios, lo cierto es que
la causa petendi de este proceso se encamina al pago de estos emolumentos no
a través de la revocación directa, sino a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho [...]»; y se ha violado el derecho a la igualdad,
pues en casos similares esta jurisdicción ha accedido a pretensiones como las
que acá se deprecan.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 17 de octubre de
2018 (f. 240) y admitido por esta Corporación a través de auto de 12 de febrero
de 2020 (f. 248), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 263), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras1.

2.1.1 Entidad demandada. Ratifica los argumentos de contestación a la
demanda, en el sentido de que «[...] la Pérdida de Fuerza Ejecutoria de las
decisiones administrativas, no causa la nulidad, revocación o derogación de
los actos administrativos, habida cuenta que ésta es concebida por una
situación sobreviniente a la expedición de la resolución o decreto y nada tienen
que ver con la voluntad y competencia del emisor, así las cosas, la Pérdida de
Fuerza Ejecutoria no ataca la validez de la ejecución de la sanción
disciplinaria ni su existencia, y en consecuencia sus efectos no son
patrimoniales o indemnizatorios, siendo de esta manera que como lo

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índices 15
y 16.
5

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

evidenciamos dentro del presente medio de control lo que se busca es el
reconocimiento de una indemnización patrimonial derivada de la aplicación de
esta figura jurídica por parte de la Procuraduría General de la Nación».

2.1.2 Parte accionante. Reitera los planteamientos consignados en su escrito
de apelación y solicita «[...] aplicar a favor del [actor] el precedente
Jurisprudencial Vertical y Horizontal, al fallo proferido en caso Homólogo,
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, de fecha diez
(10) de junio de dos mil veintiunos (2021), dentro de la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01
(3551- 2018). Demandante: RONALD YESID FIGUEROA LÓPEZ Y OTROS.
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL [...]», toda vez que allí se accedió a las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar de oficio3 si, según los actos
controvertidos y las pretensiones de la demanda, el asunto es susceptible de
control judicial; y en caso de ser ello afirmativo, (ii) establecer si al
demandante le asiste o no derecho al pago de los salarios y las prestaciones
sociales que dejó de recibir con ocasión de la sanción disciplinaria de
suspensión en el ejercicio del cargo por 7 meses, que le impuso el jefe de la
oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía del
Magdalena Medio, y a que ese lapso se le declare como de servicio activo, toda
vez que la Procuraduría General de la Nación revocó dicha sanción.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en

2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable
la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella».
3
En atención al deber del juez de decretar las excepciones que se encuentren probadas, de conformidad con el
artículo 282 del CGP.
6

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

tal virtud, se destaca:

a) Hoja de vida, expedida el 18 de febrero de 2013 por la Policía Nacional, la
cual da cuenta de que el actor ingresó a la institución el 18 de mayo de 1992 en
el grado de agente y se encontraba en el de intendente, con un tiempo de servicio
acumulado de 21 años, 1 mes y 23 días. Se registra una «suspensión
disciplinaria», según Resolución 2932 de 29 de septiembre de 2009, cumplida
del 1°. de octubre de 2009 al 29 de abril de 2010 (ff. 94 a 97 vuelto).

b) Resolución 4486 de 31 de mayo de 2013 (ff. 53 a 54), por medio de la cual
el director general de Casur reconoció asignación mensual de retiro al
demandante, a partir del 18 de mayo de 2013, fecha de su retiro definitivo del
servicio por solicitud propia.

c) Decisión de 20 de febrero de 2015 (ff. 55 a 64), expedida por la Procuraduría
General de la Nación, con la cual revocó «[...] el fallo sancionatorio decidido
en la audiencia llevada a cabo el 25 de agosto de 2009 por el Jefe de la Oficina
de Control Disciplinario Interno del departamento de Policía del Magdalena
Medio, dentro del proceso adelantado contra el Intendente de la Policía
Nacional ÉLVER RAMÍREZ PICÓN (Expediente DEMAM-2009-51)», porque
«[...] la imputación formulada al investigado no siguió la orientación temática
que se infiere de la lectura de la prueba que antecedía al auto de citación a
audiencia y que la prueba ordenada en este, tampoco estuvo orientada a la
demostración de lo que fue objeto de cuestionamiento».

d) Escrito de 28 de febrero de 2015 (ff. 65 a 68), por el que el accionante solicita
del director general de la Policía Nacional (i) declarar la pérdida de la fuerza
ejecutoria de la Resolución 2932 de 20 de septiembre de 2009, (ii) el pago de
los haberes dejados de recibir durante los 7 meses de ejecución de la antedicha
sanción, y (iii) decretar ese lapso como de tiempo de servicio prestado a la
institución.

e) Resolución 5321 de 1°. de diciembre de 2015 (f. 71), «por la cual se resuelve
una situación jurídica a un miembro de la Policía Nacional», en la que el
director de la referida institución ordenó «[...] Realizar los trámites
correspondientes para la actualización de los registros en el SIAT y SIJUR de
la Sanción Disciplinaria impuesta [al actor] de acuerdo a lo dispuesto en la
providencia de [...] 20 de febrero de 2015 [...]».

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Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

f) El 7 de enero de 2016 el actor reiteró la reclamación relacionada en la letra
d (ff. 73 a 77).

g) Oficio S-2016-020346 SEGEN-ARJUR-15.1 de 27 de enero de 2016 (ff. 78
a 82), suscrito por el secretario general de la Policía Nacional, mediante el cual
negó lo solicitado por el actor, comoquiera que «[...] las consecuencias de la
revocatoria de la sanción disciplinaria de siete (7) meses de suspensión
impuesta al citado policial [...] no tiene efectos indemnizatorios o patrimoniales
[...]».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
prestó servicios en la Policía Nacional durante 21 años, 1 meses y 23 días y su
último grado fue el de intendente; (ii) mediante Resolución 2932 de 29 de
septiembre de 2009, se ejecutó la sanción disciplinaria de suspensión en el
ejercicio del cargo por 7 meses (impuesta al actor), la cual cumplió del 1º. de
octubre de 2009 al 29 de abril de 2010; (iii) Casur, por medio de Resolución
4486 de 31 de mayo de 2013, le reconoció asignación mensual de retiro a partir
del 18 de mayo de 2013, fecha de su retiro definitivo del servicio por solicitud
propia; (iv) la Procuraduría General de la Nación, en decisión de 20 de febrero
de 2015, revocó el acto administrativo sancionatorio de 25 de agosto de 2009
de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía del
Magdalena Medio (en el que se impuso la mencionada sanción); (v) por lo
anterior, la Policía Nacional, con Resolución 5321 de 1°. de diciembre de 2015,
ordenó actualizar los registros «en el SIAT y SIJUR» respecto de dicha sanción;
y (vii) a través de oficio S-2016-020346 SEGEN-ARJUR-15.1 de 27 de enero
de 2016, le negó al accionante su solicitud de pago de los haberes dejados de
recibir.

En el caso sub examine el apelante aduce que, de acuerdo con lo consagrado en
el artículo 127 de la Ley 734 de 2002, la revocación directa de las sanciones
disciplinarias no revive los términos para el ejercicio de las acciones
contencioso-administrativas.

En tal sentido, al examinar el expediente, resulta claro que los únicos actos
administrativos que motivaron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, que nos ocupa, fueron la Resolución 5321 de 1°. de diciembre de 2015
y el oficio S-2016-020346 SEGEN-ARJUR-15.1 de 27 de enero de 2016,
expedidos por la Policía Nacional; con el primero se actualizaron los registros
«SIAT y SIJUR» sobre la revocación de la sanción que había sido impuesta al
8

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

actor; y en el segundo se le negó su solicitud de pago de los haberes dejados de
recibir.

Para decidir, advierte la Sala que, sobre las consecuencias de la revocación
directa de actos administrativos, el CPACA preceptúa en el artículo 96 que «Ni
la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga
revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio
administrativo» (negrilla de la Sala).

La disposición en cita no ofrece duda en cuanto enerva el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que es el único viable para cuestionar
la legalidad de los actos administrativos, pero como no limita los demás medios
de control, resultaría dable demandar en reparación directa, por ejemplo, la
indemnización de eventuales perjuicios causados por el acto revocado.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en el marco del Código Disciplinario Único
(Ley 734 de 2002) en cuanto a los efectos del acto que revoca directamente el
«fallo» disciplinario, puesto que en forma explícita inhibe, o mejor, prohíbe
revivir los términos para el ejercicio de todas las anteriormente denominadas
«acciones» contencioso-administrativas (hoy medios de control), sin
excepción, así:

ARTÍCULO 127. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA
RESUELVE. Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que
la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones
contencioso-administrativas.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del
silencio administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional4 ha expresado:

La revocatoria directa de los fallos disciplinarios se encuentra consagrada
en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002[5].

Las características fundamentales de tal régimen son las siguientes:

[…]

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Sentencia C-14 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño
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Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

• Hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado. Es decir, la
autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de la
persona en quien recayó la sanción. De acuerdo con esto, la eventual
víctima de la conducta por la cual se investigó al servidor público no podría
solicitar la revocatoria del fallo.

• El competente para revocar un fallo es el funcionario que lo profirió, su
superior jerárquico o el Procurador General de la Nación. Este funcionario
puede asumir directamente el conocimiento de una petición de revocatoria.

• Las causales para la revocatoria de un fallo sancionatorio son la
infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o
reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos
fundamentales.

• Existe un presupuesto de procedibilidad consistente en que contra el fallo
no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios.

• La solicitud de revocatoria puede hacerse aún cuando el sancionado haya
acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya dictado
sentencia. Si en el proceso se ha proferido sentencia, la revocatoria puede
solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la decisión judicial.

[…]

• La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el
ejercicio de acciones contencioso-administrativas, no dan lugar a
interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio
administrativo [se destaca].

Resulta claro, entonces, que cuando se trata de revocación directa de sanciones
disciplinarias, no renace el derecho de acción, por disposición expresa del
legislador. En consecuencia, acudir en demanda ante esta jurisdicción se torna
improcedente bajo cualquier medio de control.

De modo que no resulta dable buscar o favorecer opciones para lograr la
reparación de eventuales perjuicios causados por el acto revocado directamente,
dado que la prohibición legal de revivir los términos para el ejercicio de las
acciones contencioso-administrativas es clara, imperativa y expresa.

El mencionado artículo 127 del CDU hace parte del derecho positivo vigente,
aplicable al asunto sub examine, y como norma de carácter procesal que es, su
observancia deviene obligatoria en los términos del artículo 13 del Código

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Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Élver Ramírez Picón contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional

General del Proceso5, que dispone: «Las normas procesales son de orden
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios públicos
o particulares, salvo autorización expresa de la ley». El artículo de la
codificación disciplinaria no ha sido declarado inexequible por la Corte
Constitucional, ni derogado por el legislador; es más, el nuevo Código General
Disciplinario (Ley 1952 de 2019, que entrará a regir el 29 de marzo de 2022) lo
reprodujo en el artículo 1466, en similares términos.

Por otra parte, el Código Disciplinario Único (CDU) es norma especial en
atención a la materia específica que regula, por lo que se aplica de preferencia
frente al CPACA. La especialidad no solo emana del mandato de la Ley 57 de
1887 (artículo 5°, numeral 1), según el cual «La disposición relativa a un asunto
especial prefiere a la que tenga carácter general», sino que se expresa en el
artículo 21 del mismo Código, al señalar que «En lo no previsto en esta ley [734
de 2002] se aplicarán [...] lo dispuesto en los códigos Contencioso
Administrativo [...]» y, bajo esta perspectiva, observa la Sala que los efectos de
la revocación de las sanciones disciplinarias encuentran regulación propia y
especial en este régimen disciplinario, de modo que no resulta necesario acudir
al CPACA.

Por tal razón, el debate jurisprudencial7 sobre los medios de control que
procederían por la revocación de actos administrativos en general en el marco
del CPACA, no resulta predicable respecto de la misma figura jurídica en
materia disciplinaria, toda vez que en este evento el legislador precisó que la

5
Aplicable por remisión del artículo 21 de la Ley 734 de 2002.
6
«ARTÍCULO 146. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE. Ni la petición de
revocatoria de un fallo ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de los
medios de control en materia contencioso-administrativa.
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del silencio administrativo».
7
Según la sentencia de 23 de abril de 2015, sección cuarta, expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00: «Aquí
interesa precisar que son dos las tesis de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la procedencia de
la acción de reparación directa para reclamar los perjuicios causados por el acto ilegal que la administración
revoca directamente.
La primera tesis alude a que la acción de reparación directa es procedente porque con la revocatoria directa
desaparece del tráfico jurídico el acto administrativo y, por ende, resulta inane que el afectado acuda a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de un acto que, en virtud de la
revocatoria, no existe.
[…]
En la segunda tesis, en cambio, la Sección Tercera de esta Corporación ha dicho que la acción de reparación
directa no es el mecanismo judicial para reclamar los perjuicios causados por el acto ilegal que es revocado
por la propia administración porque la fuente del daño es un acto administrativo, cuya legalidad debe
cuestionarse oportunamente a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Que la revocatoria
directa del acto no muta la acción judicial para reclamar tales perjuicios, máxime cuando la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ha caducado».
11

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
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decisión que resuelve la petición de revocación directa no revive los términos
legales para el ejercicio de ninguna de las «acciones» contencioso-
administrativas y tampoco da lugar a interponer recurso alguno, ni a la
aplicación del silencio administrativo; se insiste, mandato legal que no se presta
a interpretaciones, so pretexto de evadir su aplicación.

En este sentido, pese a no referirse a sanciones disciplinarias, una de las posturas
jurisprudenciales acerca de los efectos de la revocación de actos administrativos
de la sección tercera del Consejo de Estado8, armoniza con la teleología del
artículo 127 del CDU, en cuanto sostiene:

Por tanto, no resulta aceptable invocar la prevalencia del derecho sustancial
para justificar el incumplimiento de los principios y normas que rigen el
ejercicio del derecho de acción. La alegada prevalencia procede frente a
situaciones en las que el derecho subjetivo se excluye o está en peligro por
la aplicación de ritualidades y formalismos impertinentes.

La prevalencia del derecho sustancial no sirve para cambiar a voluntad, el
objeto y la naturaleza de las acciones contencioso-administrativas que
presentan condiciones legales que determinan su procedencia. Así la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la pertinente para
demandar la reparación de los perjuicios que tuvieron por causa un acto
administrativo que se considera ilegal; por ende, tiene por objeto la nulidad
del acto y el restablecimiento del derecho que con el mismo se conculcó.
[…].

La circunstancia de que los actos administrativos fuente del daño hayan
sido revocados posteriormente, no muta la acción originalmente prevista
por la ley para obtener la reparación de los perjuicios derivados del mismo.
Máxime si la revocatoria directa se produce cuando la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ha caducado.

En el presente caso se demostró que el demandante no actuó oportunamente,
habida cuenta de que permitió que ocurriera la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, y optó por peticionar de la
Procuraduría General de la Nación la revocación directa de la decisión que lo
sancionó, como se precisó en la relación probatoria efectuada en líneas
anteriores.

Ahora bien, la prohibición legal de revivir los términos para el ejercicio de las
«acciones» contencioso-administrativas por la revocación directa de la sanción

8
Sentencia del 13 de mayo de 2009, expediente 27422. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
12

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
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disciplinaria, implica que el interesado los tuvo, pero los desaprovechó y dejó
precluir la oportunidad legal para reclamar, por tanto, su inacción o dejadez no
debe traducirse en fuente de responsabilidad contra el Estado.

En relación con la aplicación rigurosa de la caducidad, ha sido reiterativa la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que «[…] la
caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del
Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley
ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado»9.

Así las cosas, una interpretación lógica, sistemática y finalista del ordenamiento
jurídico contencioso-administrativo da cuenta de que, en materia disciplinaria,
por mucho que medie revocación directa de la sanción, no se reviven los
términos para evitar la configuración de la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, afirmación que se corrobora con el claro
mandato de que «Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la
resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones
contencioso-administrativas», que el legislador tuvo a bien establecer
expresamente en el mencionado artículo 127 de la Ley 734 de 2002.

Lo expuesto permite concluir que, en efecto, estamos en presencia de un asunto
no susceptible de control judicial, que enerva el derecho de acción conforme al
artículo 169 del CPACA10, por cuanto las pretensiones de la demanda hacen
referencia al restablecimiento del derecho que devendría en caso de haberse
demandado oportunamente el acto administrativo de carácter disciplinario de
25 de agosto de 2009, suscrito por el jefe de la oficina de control disciplinario
interno del departamento de Policía del Magdalena Medio, pero como el
demandante no actuó en tal sentido, no puede pretender que por presentar una
revocación directa y una nueva reclamación de salarios, prestaciones y
continuidad en el servicio, se revivan los términos y se le conceda el
restablecimiento de un medio de control que no ejerció en tiempo.

Así las cosas, lo explicado releva a la Sala de realizar cualquier

9
Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
10
«ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de
los anexos en los siguientes casos: […] 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.»
13

Expediente: 68001-23-33-000-2016-00905-01 (257-2019)
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pronunciamiento de fondo respecto de los demás motivos de alzada invocados11.

Por otra parte, respecto de la petición del actor de que se dé aplicación en este
caso a los diferentes pronunciamientos en los que en temas similares los
tribunales administrativos del país y esta Corporación han accedido a las
súplicas de demandas análogas a la suya, destaca la Sala que en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho cada asunto particular se decide de
acuerdo con sus especiales circunstancias y no puede ser oponible a otros por el
simple hecho de tratarse de materias semejantes; por consiguiente, si bien las
providencias citadas por el accionante, tanto en la demanda como en los
alegatos de conclusión, hacen referencia a la revocación directa de actos
administrativos y a retiros o suspensiones en la prestación del servicio, analizan
las peculiaridades de cada litigio que son distintas a las de la controversia bajo
estudio.

Asimismo, frente a la sentencia de la sección segunda, subsección A, de 10 de
junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2015-01143-01 (3551- 2018), que
el demandante invoca en sus alegaciones de conclusión, aunque es cierto que
abordó un asunto concerniente a la revocación de una decisión disciplinaria, se
accedió a las pretensiones de la demanda como consecuencia de la nulidad de
todo lo actuado hasta el auto de indagación preliminar, es decir, que también
atañe a una situación que no coincide con la acá examinada.

Sin más disquisiciones sobre el particular y bajo una sana hermenéutica jurídica,
la Sala arriba a la convicción de que se debe revocar la sentencia apelada, que
negó las súplicas de la demanda y, por las razones expuestas en esta
providencia, se declarará de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda y se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo, por tratarse
de un asunto no susceptible de control judicial, conforme a la motivación.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201612, se pronunció así:

11
De conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso (CGP), «Si el juez encuentra probada
una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar
las restantes».
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14

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En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,

15

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pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se
impondrá condena en costas.

Por otro lado, en razón a que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional13, se reconocerá personería al profesional del derecho
destinatario de aquel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Revócase la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las súplicas de la demanda en el
proceso instaurado por el señor Élver Ramírez Picón contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional; en su lugar, declárase de oficio
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por tratarse de un
asunto no susceptible de control judicial, conforme a la motivación.

2º. Sin condena en costas.

3º. Reconócese personería al abogado Nelson Torres Romero, con cédula de
ciudadanía 80.059.301 y tarjeta profesional 326.201 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión
judicial SAMAI.

13
Memorial adjuntado a SAMAI, índice 14.
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4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

17

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