Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00908-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2016-00908-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00908-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00908-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Demandante : Ómar de Jesús Avendaño Henao
Demandada : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema : Incompatibilidad entre la asignación de retiro y el pago de
salarios y prestaciones dejados de recibir como
consecuencia de desvinculación ilegal (realizado en
cumplimiento de una orden judicial, que además dispuso
el reintegro al servicio activo)
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 75 a 96). El señor Ómar de Jesús Avendaño Henao,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción contencioso-
administrativa a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 10833 de 23 de
diciembre de 2015 (parcial) y 714 de 26 de febrero de 2016, por las que la
accionada ordenó el reembolso de $142.602.958,83 por concepto de la
asignación de retiro que el actor recibió entre el 6 de marzo de 2005 y el 30 de
octubre de 2012.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada devolver los dineros descontados, debidamente
indexados, y pagar intereses moratorios. Por último, se le condene en costas.
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que, a través de Resolución
3028 de 23 de noviembre de 2004, la Policía Nacional lo desvinculó del servicio
activo, motivo por el cual, con Resolución 2476 de 26 de abril de 2005, Casur
le reconoció asignación de retiro en su condición de sargento segundo (r).
Que el Tribunal Administrativo de Santander, con fallo de 19 de agosto de 2011,
decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que instauró contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, para lo cual anuló el acto administrativo allí enjuiciado
(Resolución 3028 de 2004) y ordenó su reintegro al servicio policial, a lo que
se dio cumplimiento por medio de Resolución 3518 de 24 de septiembre de
2012.
Dice que la accionada, mediante Resolución 10833 de 23 de diciembre de 2015,
le concedió asignación de retiro en atención al desacuartelamiento por solicitud
propia, empero, «[…] dispuso descontar […] con destino al presupuesto de la
entidad, la suma de $142.602.958,83 por concepto de asignación mensual de
retiro pagada entre el 06/03 de 2005 al 30/10 del 2012 incluidos los descuentos
de ley [y, en consecuencia, lo] declara deudor del tesoro público […]» (sic),
débitos que se hicieron efectivos a partir del 17 de noviembre del mismo año,
sin contar con su autorización o consentimiento.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados los artículos 1º, 2º, 13, 29 y 53 de la
Constitución Política; 138, 162, 164, 172, 176, 179, 205, 229 a 231 y 234 del
CPACA; y 78 de la Ley 46 de 1998.
Aduce que la demandada desconoce principios de raigambre superior, como la
prohibición de desmejorar el salario y la protección del mínimo vital. La
Administración revocó unilateralmente, esto es, sin su consentimiento expreso
y escrito, la asignación de retiro que devengaba, lo que denota la violación del
debido proceso que le asiste.
Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los dineros
concedidos a título de indemnización, es decir, los salarios y prestaciones
dejados de devengar con ocasión de la expedición de actos de desvinculación
declarados ilegales, son compatibles con la asignación de retiro.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 118 y 119). La accionada, por conducto
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio de
2
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
control, para lo cual sostiene que «[…] al haberse ordenado el reintegro al
servicio activo [del demandante] primero sin solución de continuidad para
efecto de los pagos salariales y prestacionales, queda sin ningún fundamento
legal los pagos efectuados […] por concepto de asignación mensual de retiro,
toda vez que no se puede dar la misma condición laboral en el tiempo, en la
misma persona, es decir, devengar salario como miembro activo de la policía
y simultáneamente cobrar asignación mensual de retiro, Como retirado del
servicio, lo que se configura una flagrante violación al artículo 128 de la carta
política» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 221 a 227 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Santander, con fallo de 11 de junio de 2020, negó las súplicas de la demanda
(sin condena en costas), al considerar que la «[...] declaración de nulidad del
acto administrativo [de remoción] retrotrajo las cosas a su estado anterior,
máxime si se tiene en cuenta que el reintegro se dispuso sin solución de
continuidad, razón por la cual las sumas que recibió por concepto [de]
restablecimiento del derecho tienen el carácter de salario, lo que trae de suyo
que resulten incompatibles con las sumas que percibió por […] asignación de
retiro» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 230 a 233). Inconforme con la anterior
decisión, el actor interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no
prestó mientes en que (i) los descuentos han sido realizados sin su
consentimiento o mandamiento de pago judicial, (ii) la demandada no se hizo
parte en el proceso contencioso-administrativo que ordenó su reincorporación
al servicio activo de la Policía Nacional, trámite dentro del cual tampoco se
autorizó ningún reembolso de dineros; y (iii) la accionada debió gestionar el
citado cobro al revocar el acto de reconocimiento de la asignación de retiro
primigenio, y no esperar hasta conceder la segunda, una vez se desacuarteló de
manera voluntaria.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 24 de agosto de 2020 (f. 234)
y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de enero de 2022
(f. 239), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio
Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral
3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
3
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 241), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por el accionante para reiterar sus argumentos de apelación1.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si del pago de salarios y demás emolumentos que se reciba
como consecuencia de una orden judicial de reintegro al servicio activo de un
miembro de la Policía Nacional, se debe descontar lo sufragado por concepto
de asignación de retiro, reconocida con posterioridad a la desvinculación, por
incompatibilidad entre ambas erogaciones.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que el artículo 128 de la Constitución Política
dispone:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas.
Ahora bien, respecto de la naturaleza del pago de salarios y prestaciones
sociales ordenado por sentencia judicial como consecuencia de la declaración
de nulidad de un acto administrativo de retiro del servicio, en principio, se
encuentra que esta Corporación, en sentencia de 5 de febrero de 1948, consejero
ponente Pedro Gómez Parra, explicó que «La nulidad que afecta los actos
demandados conduce a considerarlos como si no hubieran sido expedidos, y,
1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
4
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
por consiguiente, que la relación jurídica que existía entre la Administración y
los demandantes, antes de la expedición de dichos actos, no ha sido
interrumpida. Y comoquiera que las Leyes 50 de 1946 y 74 de 1945, que se
invocan en dichas súplicas, reglan tales relaciones jurídicas en cuanto a
sueldos y prestaciones sociales, y son preexistentes a los actos demandados, es
de rigurosa aplicación en la sentencia lo dispuesto por esas normas de
derecho». Por lo tanto, se entiende que el reintegro y el pago de sueldos
proceden a título de restablecimiento del derecho, aunque en este fallo no se
habla expresamente de tal concepto.
Con posterioridad, se destaca el fallo de 17 de septiembre de 1993, expediente
5505, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz, que al referirse al descuento de
los salarios y prestaciones sociales que hubiera recibido el servidor retirado
ilegalmente, en el mismo período, del erario o de entidades que tenga parte
principal el Estado2, sostuvo:
a) Al igual que el artículo 64 de la Constitución de 1886, el 128 de la Carta
actual prohíbe recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, salvo las excepciones que establezca la ley.
b) Entre tales excepciones no se encuentra la percepción simultánea de
salarios por el desempeño de un empleo y los valores correspondientes a
los salarios y haberes dejados de percibir por la desvinculación del servicio
público anulada por esta jurisdicción.
c) Dentro de los efectos de las sentencia de reintegro y pago de aquellos
haberes, está precisamente el de tener por tiempo servido para todos los
efectos legales el correspondiente al lapso durante el cual estuvo cesante
el empleado. Luego, aunque no hubo un desempeño real del empleo, lo
cierto es que por mandato legal para efectos jurídicos se entiende por
laborado dicho período.
d) El título bajo el cual se causan tales haberes no es el de
indemnización o reparación del daño, sino de restablecimiento del
derecho, que es armónico con la ficción de haber desempeñado el
cargo mientras estuvo cesante. Si fuere a título de indemnización o
reparación del daño, tal ficción sería imposible, porque la nulidad y el
consecuencial restablecimiento del derecho en esos casos, coloca la
situación jurídica como si el desvinculado jamás hubiera estado
cesante.
e) Frente a la prohibición constitucional, esta jurisdicción al proferir sus
2
Criterio reiterado en providencias de 2 de noviembre de 1993, expediente 5634, C. P. Diego Younes Moreno;
17 de noviembre de 1994, expediente 8201, C. P. Dolly Pedraza de Arenas; y 8 de abril de 1996, expediente
9863, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
5
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
sentencias está obligada a ordenar dicho descuento, porque el imperio de
la Constitución y de la ley es insoslayable [negrilla de la Sala].
En esta oportunidad el consejero Carlos Arturo Orjuela Góngora salvó
parcialmente su voto en lo atañedero a los aludidos descuentos, ya que el pago
de los salarios y demás haberes dejados de devengar tienen por objeto resarcir
el perjuicio que el acto ilegal causó, por lo que carecen del carácter de otra
asignación.
La sala plena del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de julio de 1996,
expediente S-638, consejero ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, desarrolló
la tesis según la cual «[…] no son procedentes los descuentos por razón de
cualquier relación legal y reglamentaria que [se] hubiese tenido […] y que
haya dado lugar al pago de salarios y prestaciones por su trabajo real y
efectivo», al considerar:
i) La mencionada condena resarce el perjuicio que el acto ilegal, declarado nulo,
le genera al demandante.
ii) Nada impide recibir sueldo e indemnización al mismo tiempo, pues aquel
comporta una erogación que proviene de la prestación personal del servicio a
través de una relación legal y reglamentaria, y la segunda, del hecho ilegal de
la Administración, por lo que no cabe dentro de la prohibición contenida en los
artículos 64 de la Constitución Nacional de 18863 y 1284 de la Carta Política de
1991.
iii) Fuera de lo anterior, «[…] no existe disposición legal de ninguna clase que
le ordene a la jurisdicción contencioso administrativa esa clase de
pronunciamientos; y es elemental que en esa materia no cabe la aplicación
analógica. De suyo, el juez no puede crear normas y ordenar dichos descuentos
en la parte resolutiva significa crear una disposición no prevista en esos
términos en la Carta Fundamental ni en la ley».
iv) El «artículo 235 del Decreto 1222 de 1986 —Código de Régimen
Departamental— dispone que los departamentos “repetirán contra las
personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones
3
«Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes».
4
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
6
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que se hubiere pagado
por esta causa”. Asimismo, los artículos 102 y 297 del Decreto 1333 de 1986,
[…] contienen una redacción similar y hablan de “indemnizaciones”. O sea,
que el propio legislador ha dejado sentado que estos pagos son
indemnizaciones y no una “segunda asignación”».
v) El artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) previó la figura
de la «responsabilidad conexa», lo que significa que si el funcionario
responsable de la remoción legal es obligado al pago de las condenas no podría
hablarse tampoco de un empobrecimiento del Estado. Y, por su parte, el artículo
90 superior, al disponer que «[…] el Estado responderá patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas», individualmente refuerza el carácter
indemnizatorio de las condenas correspondientes, a la par que establece en su
inciso segundo la opción de repetir contra el servidor responsable.
No obstante, la sección segunda de esta Corporación, en fallo de 16 de mayo de
2002, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, expediente 19001-23-31-
000-1998-0397-01 (1659-01), se apartó del precitado criterio jurisprudencial, al
fijar como regla que «[…] cuando el juez ordena que como consecuencia de la
nulidad de un acto de retiro, el demandante sea reintegrado al cargo, que se le
paguen los salarios y prestaciones dejados de devengar, se tenga para todos
los efectos legales como de servicio el tiempo que permaneció desvinculado de
la administración y adicionalmente sean indexadas las sumas que se le deben
por ese lapso, no está disponiendo nada distinto que hacer efectiva la
consecuencia de volver las cosas a su estado anterior, como si el empleado
nunca hubiere sido retirado del servicio, es decir, que restablece el derecho.
Por ello la percepción de los pagos ordenados conjuntamente con otros que
tienen origen en el desempeño de un empleo público, dentro del mismo lapso,
es claramente contraria a la Constitución y la ley» (se destaca), al estimar:
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige no sólo a
obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento
jurídico, sino que, como consecuencia de ello, surgen dos posibilidades
para aquel a quien le han sido conculcados sus derechos con la ilicitud del
acto: el restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
Ha de entenderse que la esencia de la figura jurídica del restablecimiento
del derecho está dada por la finalidad que persigue la acción, en este caso,
retrotraer las cosas a su estado anterior al hacer cesar los efectos del acto
nocivo; de manera que cuando el fallo judicial ordena a título de
restablecimiento del derecho el reintegro al cargo de quien fuera declarado
7
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
insubsistente en forma ilegal, el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir durante el tiempo transcurrido entre el retiro del servicio y el
reintegro, está devolviendo en el tiempo los efectos del acto que anuló y
en esa medida crea la ficción jurídica de que el servidor nunca fue retirado
del servicio, con todo lo que ello implica; ese es el motivo por el cual se
declara que no ha existido solución de continuidad en la prestación del
servicio.
De acuerdo con lo anterior, las sumas que se ordena cancelar, bien sea a
título de salarios o de prestaciones, constituyen la materialización de esa
decisión restablecedora, consustancial al hecho simulado de que el
empleado nunca fue retirado y por ello mismo se hizo acreedor a los
emolumentos laborales propios de esa relación. No puede por tanto,
pretenderse que las sumas cuyo pago se ordena a título de restablecimiento
del derecho, que además se reconocen indexadas teniendo en cuenta su
causación mes por mes, tengan carácter indemnizatorio, porque quedaría
entonces desnaturalizada la decisión misma, que no puede tener un doble
carácter, es decir, no puede otorgarse simultáneamente como una forma
de restablecer el derecho a su estado anterior y a su vez como
indemnización, ya que el carácter de esta última está dado por la
compensación de un perjuicio inferido.
La consecuencia jurídica de la declaratoria de nulidad dentro del ámbito
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho constituye un
elemento de diferenciación entre el contencioso objetivo de anulación
(acción de simple nulidad) y el contencioso subjetivo de nulidad (acción
de plena jurisdicción, hoy de restablecimiento del derecho). Pero además
instituye un componente que permite distinguirla de la reparación, que
impone un resarcimiento de los perjuicios causados al empleado
despedido y que si bien está contemplada en el artículo 85 del C.C.A.
como una figura adicional que bien puede ser pretendida por quien instaura
la acción, ello no significa que una y otra puedan equipararse y decretarse
indistintamente.
Para que proceda la reparación consagrada en la norma precitada se
requiere que el interesado pruebe la ocurrencia del perjuicio que alega
como causa de la reparación pretendida y en este evento, una será la causa
de la condena de restablecimiento del derecho, cuyas sumas serán sólo a
título de salarios y prestaciones dejados de percibir y otra la que
corresponda a los perjuicios que se hallen demostrados.
De manera que, cuando la sentencia de primera instancia ordenó en el
numeral 5º de la parte resolutiva el descuento de lo percibido por el actor,
por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el
interregno, estuvo ajustada a derecho, pues las sumas así generadas no
podrían quedar repetidas en las que dispuso cancelar a título de
restablecimiento del derecho, porque constituirían no sólo
enriquecimiento sin causa, sino que estarían inmersas en la prohibición
constitucional de percibir doble asignación del tesoro público […].
8
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
Pero el anterior derrotero fue modificado por la sala plena del Consejo de
Estado, en sentencia de 29 de enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-
2000-02046-02, con ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante, que
discurrió así:
Indudablemente el artículo 128 de la Carta Política prohíbe a los servidores
públicos desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la Ley.
Empero de esta preceptiva no puede deducirse la prohibición para ordenar
el pago de las sumas de dinero que por concepto de salarios y prestaciones
provenientes de un empleo público hubiese recibido el demandante
durante el lapso transcurrido entre el retiro y el cumplimiento de la orden
de reintegro impartida por el juez contencioso administrativo al decidir a
su favor la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por él
impetrada.
El pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del
acto de retiro ostenta un carácter indemnizatario, vale decir, en estos
casos el restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización
de los perjuicios irrogados por el acto ilegal.
La remisión que se hace a los salarios dejados de percibir se utiliza sólo
como mecanismo indemnizatorio, como medida o tasación de la
indemnización, tal como se emplea en otras ocasiones el valor del gramo
oro o el del salario mínimo. Se acude a él porque la indemnización debe
corresponder al daño sufrido y este se tasa con base en los salarios y
prestaciones de la relación laboral que se extinguió.
Cuando se dispone el reintegro de un trabajador con el consecuente pago
de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro
hasta la del reintegro efectivo las cosas vuelven a su estado anterior, como
si durante el tiempo en que estuvo cesante hubiera estado efectivamente
prestando el servicio y devengando el salario correspondiente.
Si durante ese lapso el servidor público desempeñó otro cargo y recibió el
salario a él asignado este valor no debe descontársele porque su causa es
diferente, la efectiva prestación del servicio como empleado público.
Adoptar como política el descuento de los salarios percibidos por el
servidor público en otro cargo público equivaldría a obligarlo a
permanecer sin empleo si quiere obtener la reparación o a considerar
que esta no corre a cargo de la administración sino del propio
interesado, o a devolver el valor del salario percibido como
consecuencia del trabajo por él realizado, cuando uno de los elementos
básicos de la relación laboral es la remuneración.
9
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
Como el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del
servicio sino el daño causado por el retiro ilegal no tiene la connotación
de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado y, por ende,
no debe considerarse incurso en la prohibición establecida por el artículo
128 de la Carta Política.
El pago de las acreencias dejadas de percibir, tiende, se insiste, a resarcir
al empleado público por el daño causado al ser despojado de su condición
por la actuación viciada de la autoridad que irregularmente interrumpió su
vínculo laboral, perjuicio que se compensa con la decisión judicial que
ordena pagarle, debidamente indexados, los salarios y prestaciones de los
que fue ilegalmente privado, previas las deducciones de ley.
El artículo 128 de la Constitución tiende a impedir la vinculación
simultánea en dos empleos públicos, supuesto fáctico que no se tipifica en
este caso porque en situaciones como la descrita el afectado sólo ha
desempeñado en verdad un empleo, aquel que obtuvo después de la
desvinculación ilegal, y lo que ordena el juez es que, como ficción legal,
vuelvan las cosas al estado anterior, con el objeto de reparar el daño
causado, considerando que no estuvo separado del cargo del cual fue
retirado, para efectos salariales y prestacionales. No puede aceptarse la
tesis de que existe enriquecimiento sin causa por el pago de salarios y
prestaciones como consecuencia del reintegro, habida cuenta de que el
empleo cuyo pago se ordena efectivamente no se desempeñó, porque la
razón del reconocimiento de estos valores es el perjuicio irrogado al
servidor por la administración al despedirlo ilegalmente, dado que el
servicio en verdad no se prestó. Los salarios y prestaciones se deberán
pagar por el tiempo en que legalmente hubiera permanecido el servidor
público en el cargo, teniendo en cuenta las situaciones laborales
específicas como la supresión posterior del empleo, empleos de período
fijo, edad de retiro forzoso, reintegro posterior al cargo, haber alcanzado
el estatus de pensionado, etc. [destaca la Sala].
De la reseña jurisprudencial expuesta se puede colegir que aunque desde un
principio se estimó que el reintegro y el pago del salario y las prestaciones
sociales dejados de devengar por el empleado público que ha sido retirado
ilegalmente del servicio oficial, procedía a título de restablecimiento del
derecho, lo que implicaba volver las cosas a su estado anterior, como si nunca
hubiere sido desvinculado, este criterio fue reemplazado por el de carácter
indemnizatorio, al considerarse que aquel pago equivalente a los perjuicios
causados por la remoción injusta, por lo que obligar al servidor a devolver lo
ganado por otro trabajo público ejercido durante el tiempo en que estuvo
cesante, resulta a todas luces desproporcional respecto de la finalidad que
persigue la aludida condena, pues su pago no tiene como causa la prestación del
servicio ni connotación de asignación laboral, sino por el contrario (se insiste)
es una indemnización por el daño ocasionado, motivo por el cual tampoco se
10
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
encuentra incurso en la prohibición del artículo 128 constitucional.
De igual manera, en sentencia de 3 de febrero de 2015, el Consejo de Estado
(sala 8 especial de decisión)5 reiteró la postura jurisprudencial atrás anotada,
así:
En efecto, en anteriores oportunidades esta Corporación ha precisado que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se dirige no solo a
obtener la nulidad del acto administrativo que quebranta el ordenamiento
jurídico, pues a la luz del artículo 85 del C.C.A., como consecuencia de tal
nulidad, surge la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho y
la reparación del daño, en cuanto la finalidad de esta acción es retrotraer
las cosas a su estado anterior, de manera que cuando un fallo judicial
ordena a título de restablecimiento del derecho el reintegro al cargo y el
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo
transcurrido entre el retiro del servicio y el reintegro, devuelve en el
tiempo los efectos del acto que anuló y en esa medida crea la ficción
jurídica de que el servidor nunca fue retirado del servicio6.
También señaló la Jurisprudencia que el pago ordenado como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de retiro tiene carácter
indemnizatorio, es decir, que en estos casos el restablecimiento del
derecho se da con la indemnización de los perjuicios que el acto ilegal
irrogó y que, por tanto, no se viola el artículo 128 de la Constitución
Política, que prohíbe percibir más de una asignación proveniente del
tesoro público.
En consecuencia, al no existir incompatibilidad entre las sumas
reconocidas al actor a título de indemnización, esto es, entre los salarios y
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de la expedición del acto de
desvinculación que por ilegal fue posteriormente declarado nulo y la
asignación de retiro, la entidad demandada no debió ordenar el descuento
de las sumas recibidas a este último título (asignación de retiro) y al
hacerlo, tal disposición será declarada nula […].
De acuerdo con este criterio no es dable endilgarle al empleado público
reintegrado al servicio en virtud de una sentencia judicial, un enriquecimiento
sin causa por el hecho de que haya recibido como consecuencia de la
declaración de nulidad del acto administrativo de retiro, el pago de los salarios
5
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sala 8 especial de decisión, sentencia de tres
(3) de febrero de dos mil quince (2015), consejera ponente María Elizabeth García González, expediente S-
2003-00169.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 27 de marzo de 2008 (Expediente núm.
8239-05, Consejero Ponente, doctor Gustavo Gómez Aranguren), providencia que reiteró lo expresado por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el fallo de 29 de enero de ese año
(Expediente núm. 2000-02046-02, Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante), que unificó el criterio
frente al tema sub examine.
11
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
y prestaciones que dejó de recibir, puesto que, por una parte, lo que devenga a
título de asignación de retiro o de salario por otro empleo público desempeñado
resulta ser producto de un derecho adquirido porque en el primer evento
cumplió los requisitos para hacerse acreedor a aquella o en el segundo, el sueldo
es resultado de la prestación personal del servicio y como tal constituye un
elemento de la relación laboral; y, por la otra, la condena entra al peculio como
indemnización por los daños que se le causaron.
Por tanto, al existir compatibilidad entre lo cancelado a título de indemnización
al servidor público por concepto de salarios y prestaciones que no devengó
durante su retiro ilegal y lo recibido por asignación de retiro, resultan a todas
luces injustificados los descuentos que se realicen por las mesadas pensionales
pagadas durante el mismo interregno.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU-53 de 12 de febrero de
2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, precisó:
29. A su turno, la precitada sentencia SU-556 de 2014 unificó la posición
de esta Corporación, en torno a las medidas de protección que deben
adoptarse, cuando se desvincula sin motivación a un funcionario
nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera. De hecho, luego de
un recuento jurisprudencial, mantuvo invariablemente la regla conforme a
la cual, lo que procede en estos casos, es ordenar la nulidad del acto de
retiro, como mecanismo para la protección de los derechos a la estabilidad
laboral, a la igualdad y al debido proceso.
30. No obstante, respecto a las medidas de restablecimiento, esta
Corporación constató la existencia de una tensión constitucional entre, por
una parte, el alcance de las medidas de protección de quien ha sido
desvinculado con desconocimiento de su derecho a la estabilidad y, por
otra, la proporcionalidad del reconocimiento que a título de indemnización
se debe percibir, en tales casos, ante el carácter transitorio de la estabilidad
laboral relativa.
31. De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena precisó que para el caso de
los provisionales que ocupan cargos de carrera y que son desvinculados
sin motivación alguna, “el pago de los salarios dejados de percibir, desde
que se produce su desvinculación hasta el momento en que sus derechos
son reconocidos judicialmente, resulta ser una indemnización excesiva a
la luz de la Constitución Política y la Ley, que puede dar lugar a un
enriquecimiento sin justa causa”7. En relación con ese punto, la sentencia
SU-556 de 2014 explicó que el servidor público afectado con la medida
de retiro se encuentra en todo caso, en una modalidad de vinculación
7
Cfr. Párrafo 3.6.10.5.
12
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
temporal, que desde el punto de vista estrictamente jurídico no tiene
vocación de permanencia, lo que claramente impide que la persona tenga
una expectativa real de permanencia indefinida, representada en la posible
indemnización exigible en tales circunstancias.
32. De igual modo, ya que, en la persona estriba la responsabilidad de su
propio sostenimiento, no es factible trasladar dicha carga a su empleador,
por el hecho de haber sido declarada insubsistente de un cargo de
estabilidad relativa. Tampoco es posible suponer que el daño causado
corresponda a la totalidad del tiempo transcurrido desde la desvinculación
hasta la decisión judicial de reintegro, ni que al servidor público afectado
se le deban pagar los salarios dejados de percibir por un servicio que es
imposible que preste hacia el pasado, y que, sí pudo ejercer eventualmente
en otro estamento de la sociedad.
33. Desde esa perspectiva, estimó la Sala Plena que la fórmula que debe
aplicarse al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y
son desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se
realice sin solución de continuidad, con el correspondiente pago de los
salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir8. En este
sentido, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma
indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante
el periodo de desvinculación, percibió como retribución por su
trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como
dependiente o independiente.
34. Tomando en consideración lo señalado en esta sentencia de
unificación, y lo dispuesto en el artículo 123 Superior, las órdenes que se
deben adoptar en los casos de retiro sin motivación de las personas
vinculadas en provisionalidad en un cargo de carrera, son las siguientes:
i. El reintegro del servidor público desvinculado a su empleo, siempre y
cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya
sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor
no haya llegado a la edad de retiro forzoso.
ii. Para el reintegro también deberá examinarse si el servidor público
cumple con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la
carencia de antecedentes penales y disciplinarios. Lo anterior de
conformidad con el artículo 123 Superior, que establece que “los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley
y el reglamento”.
iii. A título indemnizatorio, sólo se debe pagar el equivalente a los salarios
y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
8
En la sentencia SU-691 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte empezó a desarrollar el
criterio, según el cual, resultaba procedente ordenar, a las respectivas entidades accionadas que descontaran las
sumas que hubieren devengado los peticionarios, provenientes del Tesoro Público entre el momento de la
desvinculación hasta su reintegro efectivo o hasta la fecha de supresión del cargo, según el caso.
13
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis
(6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
[…]
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro,
deben considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos
de i) ordenar los eventuales reintegros a que tengan derecho los
demandantes, y ii) determinar los límites a las indemnizaciones que les
serán reconocidas. Específicamente deben observar la Sentencia SU-556
de 2014, como quiera que debe aplicarse el principio de igualdad entre los
servidores públicos que han sido desvinculados de sus cargos en contravía
de la Constitución.
Según la anterior pauta jurisprudencial, el pago de los salarios dejados de
devengar como indemnización por el retiro ilegal del servicio, desde la
desvinculación hasta el momento en que sean reconocidos los derechos del
servidor de manera judicial, resulta excesivo, pues sobre este también recae la
obligación de asumir su sostenimiento, por lo que no es dable presumir que el
daño causado se proyecte desde su retiro hasta el fallo por medio del cual se
ordene su reintegro. Asimismo, comoquiera que la mencionada indemnización
tiene como propósito el resarcimiento de daño sufrido, procede descontar de
esta lo que haya devengado la persona como retribución de su trabajo, sea de
forma dependiente o independiente y proveniente de una fuente pública o
privada, pero dicha reparación no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 24
meses de salarios.
En relación con el porqué de los aludidos límites indemnizatorios, la Corte
Constitucional, en el fallo SU-556 de 20149, sostuvo:
3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se
fija, en razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente
el respectivo proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la
consiguiente mora en la adopción de las decisiones de protección, la
posibilidad de acceder a un reconocimiento patrimonial por el despido
injusto se extienda a periodos de varios años, es decir, a periodos que
superen los seis (6) meses. En el caso contrario, el pago mínimo de
indemnización no tiene lugar, y ésta deberá corresponder al daño
efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo cesante.
9
Magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término
máximo de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago
excesivo y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a
causa de la desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo
en cuenta los estándares internacionales y nacionales recogidos en
diversos estudios, que consideran como de larga duración el desempleo
superior a un año.
3.6.3.13.7. Para establecer el promedio de la duración del desempleo, se
tomaron como referencia dos estudios que permiten estimar el
funcionamiento de dicha variable en el mundo y en el país. El primero de
ellos fue realizado y publicado por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 21 de enero de 2014, titulado Global Employment
Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, en el cual se reflejan diversos
indicadores mundiales y regionales sobre el mercado laboral. En
particular, sobre el indicador de la duración del desempleo en algunas
economías10, advierte que, cuando se trata del desempleo de larga
duración11, el promedio para conseguir trabajo es por lo menos de 12
meses, mientras que frente al desempleo de corto o mediano plazo, el
tiempo promedio para ubicarse laboralmente es de aproximadamente 4,5
meses.
El segundo estudio evaluado es la investigación adelantada por la
Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de
Planeación, titulada “Duración del desempleo y canales de búsqueda de
empleo en Colombia, 2006”12, la cual, a partir de una análisis no
paramétrico, define también estándares sobre la duración del desempleo
en el país. Con base en la Encuesta Continua de Hogares del segundo
trimestre del año 2006, en dicha investigación se destaca que en Colombia
predomina el desempleo de larga duración13, sobre la base de considerar
que el 54% de la población se demora un periodo superior a los 12 meses
para conseguir empleo. De igual manera, con un enfoque de género, se
explica que el 50% de los hombres consigue empleo a los 8 meses o menos
de encontrarse desocupados, mientras que las mujeres necesitan por lo
menos 18 meses para lograr dicho objetivo. En este mismo sentido,
encuentra el estudio que el comportamiento de esos resultados puede
variar significativamente cuando los desempleados utilizan canales
formales o informales para la búsqueda de trabajo, de manera que el 75%
de los que utilizan herramientas formales han salido del desempleo a los
10
De manera concreta el cuadro No. 10 (página 25) compara cómo ha variado el promedio –en meses- de la
duración del desempleo desde el año 2003 hasta el 2012 en los siguientes países: Canadá, Brasil, Estados
Unidos, Reino Unido, Turquía, Japón, España, Sur África y Grecia.
11
De acuerdo con el estudio Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, se entiende por
desempleo de larga duración, aquél que supera los 12 meses, mientras que el desempleo de corta y mediada
duración es aquél que se extiende entre 3 y 6 meses, y en todo caso es menor de 12 meses.
12
Este documento fue elaborado por profesores Carlos Augusto Viáfara L, y José Ignacio Uribe G. del
Departamento de Economía de la Universidad del Valle, miembros del Grupo de Investigación en Economía
Laboral y Sociología del Trabajo. Documento 340, 7 de marzo de 2008.
13
Véase página 16 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en Colombia, 2006.
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de Estudios Económicos.
Documento 340, 7 de marzo de 2008.
15
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
12 meses, mientras que los que acuden a la informalidad ocupa un mayor
tiempo para emplearse.14
3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar
en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en
provisionalidad en un cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor
público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes
de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya
sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y,
(ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral,
público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona,
sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni
pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Para la Corte Constitucional los mencionados topes indemnizatorios encuentran
sustento, por una parte, en el hecho de que la persona acude a los estrados
judiciales con el fin de obtener el restablecimiento de sus derechos a través de
un proceso ordinario que puede durar años, y por otra, la indemnización a que
haya lugar debe ser proporcional al daño efectivamente sufrido, esto es, de
acuerdo con el promedio de la duración del desempleo de un colombiano.
Ante el panorama jurisprudencial reseñado, resulta oportuno anotar que si bien
esta Colegiatura ha sostenido que el pago de los salarios y prestaciones dejados
de recibir durante la desvinculación ilegal del servicio comporta una
indemnización por el daño causado (compensación), con el objeto de armonizar
los derroteros de la Corte Constitucional y este alto tribunal, en aras de la
seguridad jurídica, y dado que no ha sido proferido fallo de unificación al
respecto, resulta pertinente apartarnos del criterio de la sala plena de lo
contencioso-administrativo de 29 de enero de 2008, para el caso concreto, por
las razones que a continuación de compendian.
Prima facie, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]) preceptúa:
Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
14
Véase página 17 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en Colombia, 2006.
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de Estudios Económicos.
Documento 340, 7 de marzo de 2008.
16
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
artículo anterior.
[…] (se destaca).
En caso de que el juez contencioso-administrativo advierta en el respectivo fallo
la ilegalidad del acto administrativo acusado en la demanda, del artículo 138 del
CPACA (antes 8515 del Código Contencioso Administrativo) se derivan tres
consecuencias:
i) La anulación del acto, es decir, su retiro del mundo jurídico.
ii) El restablecimiento del derecho, que comporta una consecuencia del acto
espurio, consistente en volver al demandante al estado inicial al que se
encontraba antes de la existencia del acto administrativo, el cual no es
susceptible de demostración, siempre que se depreque; no obstante, hay casos
de renuncia expresa a él cuando solo se persigue la anulación del acto
administrativo, verbigracia, en asuntos disciplinarios, en los que se solicita
únicamente la eliminación de la respectiva sanción, mas no el pago de
emolumentos dejados de devengar.
A manera de ejemplo de restablecimiento del derecho, en procesos atinentes a
retiros del servicio (cualquiera que sea la causa), es como si el servidor público
nunca hubiese dejado de laborar con el Estado, de ahí que su reintegro deba ser
sin solución de continuidad, lo que además guarda coherencia con la primera
acepción del verbo restituir que trae el Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia Española: «Volver a establecer algo o ponerlo en el estado que
antes tenía».
En tal virtud, para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales, deberá
determinarse si el servidor durante el lapso de desvinculación tuvo alguna otra
relación de trabajo con el Estado, puesto que ante la mencionada ficción jurídica
ha de entenderse que nunca estuvo desincorporado del servicio y, en tal sentido,
no le era dable recibir más de una asignación del erario.
iii) La reparación del daño, respecto del cual el interesado deberá demostrar su
existencia y nexo causal con el acto administrativo. Concepto del cual difiere el
restablecimiento del derecho, dado que en este el accionante no necesita
15
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pago indebidamente».
17
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
probarlo.
En atención a que el medio de control (con el CCA, acción) idóneo para obtener
la anulación del acto administrativo a través del cual se le retira del servicio a
un empleado oficial es el de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez
quede desvirtuada la presunción de legalidad de ese acto, el juez contencioso-
administrativo deberá garantizar el restablecimiento del derecho conculcado,
esto es, volver las cosas a su estado inicial, dicho en otras palabras, impartir las
órdenes a que haya lugar con el propósito de restituir la situación en que se
encontraba la persona al momento en que se expidió el acto ilegal, es decir,
disponer además del reintegro sin solución de continuidad, el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de devengar (indexados, por la pérdida
del poder adquisitivo del dinero), para lo cual se debe tener en cuenta que en
esta ficción jurídica se entiende que el servidor público nunca fue desvinculado,
por lo que tampoco le era dable recibir retribución alguna por su fuerza laboral
por parte de otra fuente estatal; ello sin perjuicio de que se puedan solicitar y
reconocer los demás perjuicios a que haya lugar, siempre que estén debidamente
comprobados.
Lo expuesto con respaldo en la Ley 4ª de 1992, «Mediante la cual se señalan
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literales e) y f) de la Constitución Política», que en su artículo 19 establece:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar
o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de
18
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.
Por ende, la condena al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
recibir no tiene una connotación indemnizatoria (como compensación del
daño), sino de asignación laboral (restablecimiento del derecho) y, en ese orden
de ideas, no es dable que el servidor pueda devengar otra remuneración, por
ello, en caso de que con posterioridad a su retiro haya adquirido otro ingreso de
tipo laboral - público, es oportuno efectuar el respectivo descuento, en armonía
con el precitado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
En consecuencia, en lo que se refiere al límite de indemnización impuesto por
la Corte Constitucional, no sería procedente, toda vez que (se repite) el pago de
salarios y prestaciones sociales dejados de devengar por el servidor
injustamente desvinculado opera a título de restablecimiento del derecho y, en
principio, independientemente del paso del tiempo debe devolvérsele al estado
en el que se encontraría si no se hubiera producido el acto ilegal y, en tal sentido,
deberá descontarse todo lo recibido por otro concepto laboral - público.
3.3 Caso concreto. Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del asunto objeto de juzgamiento frente al marco normativo y
jurisprudencial que lo gobierna. En ese sentido, en atención al material
probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:
a) Resolución 3028 de 23 de noviembre de 2004, por la que la Policía Nacional
desvincula al actor de esa institución por llamamiento a calificar servicios,
notificada el 6 de diciembre posterior (ff. 43 y 44).
b) Resolución 2476 de 26 de abril de 2005, mediante la cual la demandada
reconoce al accionante asignación de retiro desde el 6 de marzo del mismo año
(al completar los 3 meses de alta), con base en el 66% del sueldo básico de
actividad para el grado y partidas legalmente computables (ff. 39 y 40).
19
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
c) Sentencia de 19 de agosto de 2011, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Santander confirma la de 10 de septiembre de 2009 del
Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Bucaramanga, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho «2005-
2777-01» incoada por el actor contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, en el sentido de anular el acto de retiro (Resolución
3028 de 23 de noviembre de 2004) y, a título de restablecimiento del derecho,
le ordenó a esta reintegrar al demandante «[…] al cargo de SARGENTO
SEGUNDO que venía desempeñando cuando fue separado del servicio, o a uno
de igual o superior jerarquía y salario […]» (sic) y pagarle «[…] los sueldos,
prestaciones compatibles con la actividad y demás emolumentos dejados de
percibir desde el momento de su desvinculación hasta cuando sea reintegrado
[…]», sin solución de continuidad (ff. 2 a 34).
d) Resolución 3518 de 24 de septiembre de 2012, por medio de la cual la
Policía Nacional da cumplimiento a las decisiones judiciales citadas en
precedencia, para lo cual dispuso restituir al actor a su empleo y sufragar los
dineros adeudados desde el 6 de diciembre de 2004, esto es, cuando fue
removido (f. 37).
e) Resolución 20107 de 4 de diciembre de 2012, por cuyo conducto Casur
revocó la Resolución 2476 de 26 de abril de 2005, a partir del 6 de marzo del
último año, y ordenó el reintegro a la entidad de $142.602.958,83, «[…] por
concepto de asignación mensual de retiro pagada entre el 06-03-2005 y el 30-
10-2012 […]» (ff. 135 a 137).
f) Resolución 10833 de 23 de diciembre de 2015, por la que la accionada (i)
concedió asignación mensual de retiro al accionante, «[…] en cuantía
equivalente al 95% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas
legalmente computables, efectiva a partir del 17/11/2015 […]» (sic), esto es,
cuando se desvinculó del servicio oficial; (ii) dispuso «Descontar de [esta
prestación] en proporciones de Ley, con destino al presupuesto de la Entidad,
la suma de […] ($142.602.958.83) MCTE; por concepto de asignación mensual
de retiro pagada entre el 06-03-2005 y el 30-10-2012 […]»; y (iii) lo declara
como «[…] deudor del Tesoro Público […], en el evento que la Policía
Nacional o el […] SV (r) [sargento viceprimero retirado], no devuelvan […]»
(sic) dichos dineros (ff. 46 y 47).
g) Resolución 714 de 26 de febrero de 2016 (ff. 50 a 51 vuelto), por la cual la
demandada confirmó, en sede de reposición, el acto administrativo referido en
20
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
la letra f, al estimar:
Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al mencionado
Sargento Viceprimero sin solución de continuidad para efectos de los
pagos salariales y prestacionales, queda sin ningún fundamento los pagos
efectuados por esta Caja por concepto de asignación mensual de retiro,
toda vez que no se puede dar la misma condición laboral en el tiempo, en
la misma persona, es decir, devengar salario como miembro activo de la
Policía y simultáneamente cobrar asignación mensual de retiro, como
retirado del servicio, lo que se configura una flagrante violación al
Artículo 128 de la Carta Política. […]
Que en el caso que nos ocupa los valores que se ordenaron reintegrar al
presupuesto de la Caja, no son salarios provenientes del desempeño de
otro cargo público, son pagos efectuados […] por concepto de asignación
mensual de retiro, (pensión), y la Caja […] no fue condenada […],
destacando que la parte demandada es NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL [sic para toda la
cita].
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) con Resolución
3028 de 23 de noviembre de 2004, la Policía Nacional desvinculó al actor, a
partir del 6 de diciembre del mismo año (sin incluir los tres meses de alta), por
llamamiento a calificar servicios; (ii) a través de Resolución 2476 de 26 de abril
de 2005, le fue reconocida asignación de retiro por parte de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, desde el 6 de marzo del mismo año; (iii) con
ocasión de las sentencias de 10 de septiembre de 2009 y 19 de agosto de 2011
del Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dictadas en primera y segunda
instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, que anularon el acto administrativo que lo retiró, fue
reintegrado a esa institución; (iv) luego se desacuarteló a partir del 17 de
noviembre de 2015; (v) la accionada le concedió una nueva asignación de retiro
efectiva desde esta última fecha; y (vi) en atención a lo anterior, la aludida
entidad, mediante Resoluciones 10833 de 23 de diciembre de 2015 y 714 de 26
de febrero de 2016, ordenó descontar la suma de $142.602.958,83 de la
mencionada prestación, equivalente a lo devengado por el demandante por
asignación de retiro durante el lapso en que estuvo apartado del servicio estatal,
es decir, entre el 6 de marzo de 2005 y el 30 de octubre de 2012.
Conforme a lo anotado en el acápite precedente, acerca de la incompatibilidad
respecto de lo pagado, en virtud de una condena judicial, por concepto de
21
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
salarios y prestaciones dejados de devengar por el retiro ilegal del servicio, con
lo recibido durante el lapso de la desvinculación por alguna causa laboral de
carácter público, resulta razonable la actuación de la entidad demandada al
disponer el descuento de lo que le sufragó al actor por las mesadas que se
cancelaron en su oportunidad por cuenta de la remoción, toda vez que aquella
condena procede a título de restablecimiento del derecho, por lo que se crea una
ficción jurídica consistente en que el trabajador nunca fue retirado del servicio
y, en ese orden, no le es dable recibir más de una asignación que provenga del
erario.
Por las razones que anteceden, la Sala de decisión arriba al convencimiento de
que el accionante carece de derecho a que le sean reconocidas las sumas
descontadas, por cuanto el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó
de devengar durante el tiempo en que estuvo por fuera de la Policía Nacional
comporta la naturaleza de restablecimiento del derecho, y al haber recibido
asignación de retiro durante ese período y otros emolumentos como
consecuencia de su desacuartelamiento, de acuerdo con el mandato contenido
en el artículo 128 superior, hay lugar a realizar la respectiva devolución16.
Por otra parte, en lo que atañe al argumento de la alzada respecto de la
vulneración del artículo 9717 del CPACA, en el entendido de que Casur no
solicitó el consentimiento del demandante para revocar el acto administrativo
que le había otorgado la asignación de retiro primigenia, dirá la subsección que
esa inconformidad tampoco tiene vocación de prosperidad, habida cuenta de
que es claro que la Administración tenía el deber de gestionar el reintegro de
los dineros girados al actor en el referido lapso (6 de marzo de 2005 a 30 de
octubre de 2012), y ello implicaba que, aun cuando él haya recibido dicha
prestación de buena fe, la génesis de ese derecho se tiene como si nunca hubiese
existido como consecuencia de la nulidad del acto de desvinculación y las
órdenes judiciales de reincorporación al servicio activo y pago de todo lo dejado
de devengar, sin solución de continuidad.
16
En similares términos concluyó esta subsección, en fallos de (i) 29 de agosto de 2019, expedientes 20001-
23-33-000-2012-00230-01 (1110-2015) y 20001-23-31-000-2012-00211-01 (559-2014); (ii) 15 de julio de
2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00236-01 (3974-2017); y (iii) 20 de enero de 2022, expediente 25000-
23-42-000-2017-00641-01 (3196-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
«REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la
ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir
al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa».
22
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
Asimismo, no le asiste razón al recurrente cuando enrostra negligencia de la
demandada en cobrar las sumas sufragadas por cuenta del primer
reconocimiento de asignación de retiro, así como desconocimiento de los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica, puesto que no actuó motu
proprio o de manera intempestiva para revocar la decisión que concedió tal
derecho18, sino que hizo uso de la facultad (y deber) que la ley le otorga a «Las
administradoras de pensiones o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas[, de] verificar de oficio, el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición de un derecho
prestacional»19, máxime cuando está orientada a proteger los recursos del erario
y evitar, como se explicó, pagos que resultan incompatibles entre sí.
De igual modo, carece de asidero jurídico la afirmación de acuerdo con la cual,
al no haberse hecho parte dentro del proceso contencioso-administrativo que
anuló el acto de desvinculación (Resolución 3028 de 23 de noviembre de 2004
de la Policía Nacional), Casur no podía reclamar los valores que ahora le cobra,
comoquiera que en esa controversia no se discutió sobre el derecho a la
asignación de retiro, que hasta entonces colmaba los requisitos, sino la legalidad
de aquel pronunciamiento, de manera que no es dable reprochar de la accionada
no participar en un litigio en el que no tenía incidencia ni fue convocada.
En similares términos concluyó esta subsección, en fallo de 19 de julio de 2018,
expediente 52001-23-31-000-2012-00174-01 (1869-2017), al precisar:
Con fundamento en la situación expuesta, la demandada ordenó el
descuento de $68.109.302.76, suma que corresponde a la prestación que
pagó al demandante entre el 2 de noviembre de 2005 y el 30 de agosto de
2011.
La Sala observa que el ente previsional no fue parte dentro del proceso que
determinó el reintegro del servicio y que en esa oportunidad no se discutió
la asignación de retiro que reconoció al demandante, de manera que ante
el desaparecimiento del fundamento de hecho de la decisión, es decir, de
la condición de retirado del demandante, conforme a su objeto misional,
la entidad demandada revocó el reconocimiento.
[…]
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección cuarta, C. P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, fallo de 26 de septiembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC): la confianza
legítima «[…] se erige como garantía del administrado frente a cambios bruscos e inesperados de las
autoridades públicas -trátese de órgano legislativo, administración pública o autoridades-» (se subraya).
19
Sentencia SU-182 de 2019, M. P. Diana Fajardo Rivera. Ver también fallo C-835 de 2003, M. P. Jaime Araújo
Rentería.
23
Expediente 68001-23-33-000-2016-00908-01 (397-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ómar de Jesús Avendaño Henao contra Casur
En este sentido, se recuerda que CASUR está obligada a proteger los
recursos que administra, pues esos emolumentos están destinados a la
seguridad social y por ello, tienen carácter de contribución parafiscal con
destinación específica que pertenece al Estado, es decir, se trata de
recursos públicos, ya sea que provengan de aportes directos de los
servidores, de los empleadores, del Estado o de cualquier otro actor del
sistema.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia proferida el 11 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por el señor Ómar de Jesús Avendaño Henao contra la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (Casur), conforme a lo consignado en las consideraciones
de este fallo.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las constancias y anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
24
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.