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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00935-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-00935-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones No obstante, MODIFÍCASE el numeral segundo de la condena impuesta, de la siguiente manera: SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a favor de la señora Doris Elvira Riaño Villamizar, a título de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de setecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con veinte 101 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 102 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 31 Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164) Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar centavos ($747.484.424,20), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-00935-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Reparación directa
Radicación: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar
Demandado: Nación – Rama Judicial

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. La Sala es competente para proferir la providencia porque resuelve las
apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada por el tribunal, el cual conoció el
proceso en primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a la cuantía, en los
términos del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 del 2011, Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante “CPACA”)1.

SÍNTESIS2

Doris Elvira Riaño Villamizar fue demandada en un proceso ejecutivo ante el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, en el cual se decretó la medida cautelar de
embargo y secuestro de un bien inmueble de su propiedad, que fue entregado a la
secuestre Luz Mireya Afanador Amado, quien cometió varias irregularidades en su
custodia y administración. La actora solicita que se declare a la Nación – Rama Judicial
(en adelante, la “Rama Judicial”) responsable por el daño causado por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bucaramanga y por la secuestre designada dentro del
proceso ejecutivo. El Tribunal Administrativo de Santander accedió de manera parcial a
las pretensiones de la demanda. La Sala confirma la responsabilidad de la Rama Judicial,
al acreditarse que la secuestre incumplió los deberes de administración y custodia del
inmueble y permaneció en el ejercicio del cargo pese a que el ordenamiento jurídico
preveía su remoción. No obstante, se descuenta de la condena el valor de la caución
determinada por el juez civil.

1 Antes de la Ley 2080 de 2021, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA en su redacción original establecía que era

competencia de los tribunales administrativos conocer en primera instancia de los medios de control de “reparación
directa (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La parte
actora estimó los perjuicios en $2.658.724.738 (índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link
expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 500).
2 Tema: reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

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Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 13 de julio de 2016, la señora Doris Elvira Riaño Villamizar, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, presentó demanda contra la Rama Judicial, con el
propósito de obtener la reparación del daño originado en las irregularidades cometidas
por la secuestre designada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga y
por su omisión de remover del cargo a la auxiliar de la justicia. En la demanda se
formularon las siguientes pretensiones:

1.-) Ruego respetuosamente declarar que el Estado - Rama Judicial del poder
público <por (sic) ante el director ejecutivo de administración judicial> es
administrativa y solidariamente responsable por la falla en la prestación del
servicio de justicia, materializado en el grave defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, que se produjo al interior del proceso ejecutivo
hipotecario # 46 de 2013, que conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bucaramanga.
2.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego respetuosamente se condene al
Estado - Rama Judicial del poder público, a pagar (sic) favor (sic) la señora Doris
Elvira Riaño Villamizar, por concepto de daño material o patrimonial en la
modalidad de daño emergente, lo siguiente:
a.- Estimo bajo la gravedad de juramento la suma de $393.249.280, representada
en los cánones de arrendamiento del inmueble embargado desde el día 1 de junio
de 2014 hasta el día 2 de marzo de 2015, que debían pagarse por la arrendataria
Corporación IPS Saludcoop. Cánones que la secuestre Mireya Afanador no puso
a disposición del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, expediente
# 46 de 2013 (…).
b.- Estimo bajo la gravedad de juramento la suma de $1.842.605.706,
representada en la diferencia entre el valor del crédito adeudado a la parte
ejecutante y el valor del avalúo comercial del inmueble embargo (sic) en el
proceso ejecutivo hipotecario del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Bucaramanga, expediente # 46 de 2013 (…).
3.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego respetuosamente se condene al
Estado - Rama Judicial del poder público a pagar a favor de la señora Doris Elvira
Riaño Villamizar, por concepto de daño material o patrimonial en la modalidad de
lucro cesante, lo siguiente: estimo bajo la gravedad de juramento la suma de
$353.924.352, representada en los cánones de arrendamiento del inmueble
embargado que se dejaron de recibir, debido a que la secuestre Mireya Afanador
no arrendó el inmueble luego de recibirlo de manos de la Corporación IPS
Saludcoop, esto es, desde el mes de abril de 2015 hasta el día 9 de diciembre
de 2015, fecha en que se terminó el proceso ejecutivo hipotecario del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, expediente # 46 de 2013, por dación
en pago.
4.-) Como consecuencia de lo anterior, ruego respetuosamente se condene al
Estado - Rama Judicial del poder público, a pagar (sic) favor (sic) la señora Doris
Elvira Riaño Villamizar, por concepto de perjuicios morales, lo siguiente:
Este perjuicio lo estimo en la suma que corresponda a 100 SMLMV, que a la
fecha de la demanda, lo es, la suma $68.945.400. Dicho perjuicio moral está
representado en la angustia, el estrés, la afectación a la salud mental de la aquí
demandante, ante la increíble batalla judicial librada y perdida en los despachos

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Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

judiciales, para contrarrestar las irregularidades de la secuestre Mireya Afanador,
que no solo implicó la pérdida del activo fijo, sino además, la imposibilidad de
seguir explotando el inmueble embargado, como clínica, pues, dicha clínica fue
construida ladrillo a ladrillo con un gran esfuerzo de familia, proyectada como una
empresa familiar a futuro. No en vano el impacto psicológico de recurrir ante la
justicia civil y penal para poner freno a los desmanes de la secuestre, siendo todo
ello en vano, pues el lapso de tiempo sin justicia, derrumba cualquier aspiración
que se tenga.
5.-) Indexación: Ruego respetuosamente indexar todas las pretensiones de
condena por daño patrimonial desde el momento en que se cause cada
obligación hasta el día del pago real y efectivo, según la variación acumulada del
índice de precios al consumidor.
6.-) Condena en costas: Ruego respetuosamente condenar en costas y agencias
en derecho a la parte demandada3.

2. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

2.1. Doris Elvira Riaño Villamizar (en adelante la “propietaria” o “demandante”) era titular
del derecho de propiedad del inmueble ubicado en la carrera 37 # 51 - 86 de
Bucaramanga, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 300-13227 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Bucaramanga (en adelante “el inmueble”), en el cual
operaba la Clínica Madre Laura, en razón del contrato de arrendamiento suscrito el “11
de marzo de 2013” entre la Corporación IPS Saludcoop (en adelante, “Saludcoop”) y Juan
Pablo Inmobiliaria EU (en adelante, la “inmobiliaria”) con una duración de 7 años4. El
canon mensual pactado ascendió a $32.000.000 más IVA.

2.2. El 11 de febrero de 2013, los señores Blanca Ochoa Rincón y Pablo Elías Santamaria
González iniciaron ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga (en
adelante, el “Juzgado”) un proceso ejecutivo hipotecario en contra de la demandante por
la suma de $1.571.250.0005. En dicho proceso, el 18 de marzo de 2013, el Juzgado
decretó la medida cautelar de embargo y secuestro sobre el inmueble.

2.3. El 11 de septiembre de 2013, en la diligencia de secuestro del inmueble, se designó
a la señora Luz Mireya Afanador Amado como secuestre del bien (en adelante, la
“secuestre”). A su vez, el 13 de septiembre de 2013, el Juzgado fijó la suma de
“$5.000.000” para la caución que debía prestar la secuestre6.

2.4. El 25 de noviembre de 2013, la secuestre indicó a Saludcoop que debía celebrarse
un nuevo contrato. Como consecuencia de lo anterior, la arrendataria terminó el contrato
unilateralmente el 9 de diciembre de 2013.

3 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 433 a

435.
4 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 428. Cabe

aclarar que la inmobiliaria, a su vez, había celebrado con anterioridad un contrato de administración del inmueble con
la demandante.
5 Suma de dinero respaldada en varias letras de cambio con respaldo en la hipoteca sin límite de cuantía constituida a

través de la Escritura Pública 1408 de fecha 8 de mayo de 2009 de la Notaría Décima del Círculo de Bucaramanga,
sobre el inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 300-13227.
6 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 107.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

2.5. El “18 de diciembre de 2013”7, la secuestre y la sociedad Glocal Desarrollo SAS (en
adelante, “Glocal”) suscribieron un contrato de arrendamiento con un canon mensual de
$32.000.000. El día siguiente, 19 de diciembre de 2013, Glocal subarrendó el inmueble a
Saludcoop con un canon de arrendamiento de $90.000.000.

2.6. El Gobierno Nacional ordenó la intervención administrativa de Saludcoop y el 24 de
junio de 2014, el interventor designado puso en conocimiento del Juzgado el cambio del
contrato de arrendamiento, mediante el cual Glocal y Saludcoop pactaron un cobro
excesivo en el canon de subarrendamiento del inmueble.

2.7. Con ocasión de todo lo anterior, el 20 de agosto de 2014, la propietaria inició ante
el Juzgado de conocimiento un incidente de remoción de la secuestre.

2.8. El 10 de septiembre de 2014, el agente interventor de Saludcoop le comunicó a
Glocal su decisión unilateral de continuar consignando los cánones de arrendamiento
pactados con “el arrendador y propietario del inmueble (…) a órdenes de la autoridad
judicial que ordenó la medida cautelar”8.

2.9. El 27 de febrero de 2015, el agente interventor de Saludcoop informó al Juzgado y
a la propietaria del inmueble su decisión de entregar el bien, con fundamento en las
“situaciones jurídicas que lo afectaban” y en la “imposibilidad de realizar las adecuaciones
que se imponían sobre este”9. Ante la falta de pronunciamiento del Juzgado, el 2 de marzo
de 2015 el agente interventor de Saludcoop entregó el inmueble a la secuestre, el cual
no fue arrendado posteriormente.

2.10. Por auto del “3 de febrero de 2015, se corrió traslado del avalúo del bien inmueble,
fijado en $3.442.605.706”. La parte ejecutada “objetó dicho avalúo y allegó un nuevo
dictamen, que valorizó el inmueble en $4.869.546.976”10.

2.11. El 6 de abril de 2015, la demandante solicitó relevar a la secuestre bajo el amparo
del artículo 688, numeral 3 del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil, en
adelante, “CPC”, considerando lo siguiente:

a.- Ha sido imposible obtener copia de las llaves del inmueble por parte de la
secuestre, a quien le fueron entregadas de manos de la ex arrendataria
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP, cercenando el derecho de posesión de mi

7 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 429.
8 “(…) dejar sin ningún efecto el aberrante vínculo fraguado en la administración anterior para desfalcar en casi $60

millones mensuales las arcas de la organización y reconocer, como en derecho se hace, desde el 1 de junio de 2014,
la vigencia del único, legítimo y nunca modificado en sus condiciones reales y fácticas de ejecución, contrato de
arrendamiento, conforme a los argumentos ya expuestos y la verificación que puede hacerse sobre el inmueble. Esto
último claro está si se desconoce que la ilegalidad no genera acción ni excepción. En consecuencia, el valor del canon
pactado con el arrendador y propietario del inmueble, se continuará consignando a órdenes de la autoridad judicial que
ordenó la medida cautelar, que como bien se conoce, saca el bien del mercado, pero no priva a su propietario de la
titularidad del mismo, ni permite desconocer los vínculos legalmente adquiridos”. índice 2 Samai – archivo
4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 430.
9 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 431.
10 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 431

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

poderdante lo que se constituye en un abuso del ejercicio a su cargo. b. -/ En
cambio, la secuestre entregó las llaves del inmueble a la parte ejecutante, como
si ésta fuese dueña del inmueble, trasladando la responsabilidad de la
administración a la parte ejecutante. c.-/ La terminación del contrato de
arrendamiento con la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP obedeció
exclusivamente a culpa imputable a la secuestre en su labor de administración,
lastimando severamente los intereses patrimoniales de mi poderdante. d.-/
Reitérese que desde junio de 2014 mi poderdante no percibe los cánones de
arrendamiento del inmueble y la secuestre no ha hecho el respectivo cobro
judicial, siendo ello su deber como administradora. e.-/ La secuestre no ha
rendido cuentas de su administración desde junio de 201411.

2.12. El 9 de abril de 2015 se adicionó la solicitud de relevo a la secuestre, con base en:

a.- La suma correspondiente a los cánones de arrendamiento dejados de percibir
por mi poderdante desde junio de 2014 al 2 de mayo de 2015, lo era
aproximadamente $288.000.000, por cuanto que el canon ascendía a
$32.000.000. b.-/ Desde el 2 de marzo de 2015 la secuestre está incurriendo en
lucro cesante en una suma de $35.000.000 mensuales aproximadamente12.

2.13. Teniendo en cuenta que no fue posible recibir los cánones de arrendamiento por
parte de Saludcoop desde que el inmueble estuvo bajo custodia de la secuestre, y que
esta no procedió a su arrendamiento, la demandante, “rendida ante tales hechos, que
constituyeron un factor de presión externa impresionante”, se vio forzada a suscribir un
acuerdo transaccional con la parte ejecutante13. En el acuerdo de transacción, se acordó
(i) dar por terminado el proceso ejecutivo 2013-046; (ii) la dación en pago por valor de
$1.600.000.000” a favor de los ejecutantes “con respecto al inmueble ubicado en la
carrera 37 #51-86”; y (iii) que la ejecutante recibiera los dineros consignados en “Banco
Agrario por concepto de embargo de cánones de arrendamiento”14.

2.14. Como consecuencia de la celebración del contrato de transacción y de la entrega
del inmueble, el 3 de septiembre de 2015, las partes solicitaron la terminación del proceso
ejecutivo por mutuo acuerdo. Por auto del 8 de septiembre de 2015, el Juzgado dio por
terminado el proceso ejecutivo.

2.15. Posteriormente, por auto del 9 de diciembre de 2015, el Juzgado dio por concluido
el incidente de relevo de la secuestre, sin removerla porque el proceso ejecutivo ya se
había terminado. En todo caso, el Juzgado remitió el cuaderno respectivo al Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria, Seccional Santander.

2.16.La intervención de Saludcoop por parte del Gobierno Nacional eliminó toda
posibilidad de cobrar los cánones de arrendamiento adeudados.

11 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 431 y

432.
12 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 432.
13 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 432.
14 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 376 y

377.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

3. Así, la demandante considera que la Rama Judicial debe responder por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que se configuró con: (i) “la mora judicial
del Juzgado (…), de cara a que no se resolvía ni la remoción ni la sanción a la secuestre
Mireya Afanador, todo lo cual se reflejaba en la no solución del conflicto” y (ii) la falta de
vigilancia y control por parte del juez a la secuestre designada, pues la auxiliar judicial
incurrió en “garrafales irregularidades”15. Al respecto, la demandante señaló las
siguientes irregularidades:

3.1. La secuestre desconoció el contrato que existía entre el tenedor del bien (Saludcoop)
y su arrendador legítimo (la inmobiliaria) cuando solicitó la terminación del contrato de
arrendamiento.

3.2. La secuestre no cobró los cánones causados entre 1º de junio de 2014 y el 2 de
marzo de 2015 y actuó de manera premeditada “al generar una triangulación del contrato”
con Glocal, pues esta sociedad se constituyó un mes antes de la celebración del negocio
jurídico y, expresamente, se autorizó el subarrendamiento del inmueble16.

3.3. La secuestre no realizó labores para arrendar el inmueble después de que fue
devuelto por Saludcoop, lo que generó que no obtuviera el pago de los cánones de
arrendamiento.

3.4. Producto de todas estas irregularidades, la demandante tuvo que dar en pago, dentro
del proceso ejecutivo, el inmueble por un valor inferior a su precio de mercado y padecer
los perjuicios morales que ello acarreó para su salud mental.

B. Posición de la parte demandada

4. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las
excepciones que denominó: (i) “culpa exclusiva de la víctima”, (ii) “hecho de un tercero”,
(iii) las “providencias atacadas fueron emitidas conforme a derecho” y (iv) la “Rama
Judicial actuó adecuadamente”, las cuales sustentó así17:

4.1. La conducta de la actora contribuyó a la causación del daño al no dar por concluidas
de manera efectiva las actuaciones judiciales iniciadas y al omitir las prevenciones
necesarias para impedir que, como consecuencia del transcurso del tiempo y del posterior
proceso de liquidación en el que entró el arrendatario del bien objeto de debate, se
produjera un resultado desfavorable.

4.1.1. En el marco del proceso ejecutivo, la parte actora contó con la oportunidad procesal
de advertir, en su momento, las irregularidades que, a su juicio, se presentaban respecto
de la actividad desarrollada por la secuestre. Asimismo, pudo solicitar la remoción de la

15 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 442 y

443.
16índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf.
17 Índice 2 Samai.

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Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

auxiliar de la justicia e insistir en la resolución de las peticiones que afirma haber
presentado, sin que exista prueba que respalde tal afirmación.

4.1.2. Si la demandante evidenció alguna falta disciplinaria que la afectara, podría haber
interpuesto la respectiva queja, tal como en su momento le indicó acertadamente el
Juzgado atacado. Frente a ello, la demandante permaneció en silencio.

4.1.3. La terminación del proceso ejecutivo por mutuo acuerdo entre las partes obedeció
a la manifestación de voluntad que la parte ejecutante realizó de manera personal, por lo
que no resulta procedente atribuir al aparato judicial las consecuencias de decisiones
adoptadas en ejercicio de su autonomía.

4.2. El supuesto daño causado a la actora no resulta imputable a la demandada, dado
que la causa real y eficiente del perjuicio, en caso de estar demostrado, se originó en el
actuar irresponsable y negligente de la auxiliar de justicia, quien desatendió sus funciones
legales en el ejercicio del cargo que se le encomendó. Frente a ello, la actora pudo haber
adelantado las correspondientes acciones de carácter ordinario, que le habrían permitido
perseguir la reparación de los perjuicios ocasionados en el marco del proceso de
ejecución.

4.3. De las pruebas documentales aportadas se evidencia que las actuaciones de los
operadores de justicia se desarrollaron conforme al trámite establecido por la norma legal
aplicable a esta clase de acciones. Durante el procedimiento surgieron particularidades
ajenas a la voluntad del juez, tales como la deficiencia probatoria o el incumplimiento de
las cargas procesales a cargo de la actora.

4.4. Los términos en que se impartió el trámite ejecutivo se ajustaron a las condiciones y
capacidades de los despachos judiciales y, en términos generales, a la capacidad del
sistema judicial para responder al elevado volumen de procesos. El procedimiento judicial
se adelantó de manera adecuada, respetando plenamente las garantías legales y
procesales de cada una de las partes involucradas en el litigio.

C. Sentencia recurrida

5.El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia de primera instancia el 29 de
agosto de 202418, en la que resolvió:

PRIMERO. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por los perjuicios materiales causados a la señora
Doris Elvira Riaño Villamizar, como consecuencia del defectuoso funcionamiento
en la administración de justicia en que se incurrió en el trámite del proceso
ejecutivo hipotecario 68001310300120130004600 por la indebida gestión de la
auxiliar de la administración de justicia que fungió como secuestre, al no poner a
disposición del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, los cánones

18 Índice 31 Samai de primera instancia.

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Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

de arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 51-86 causados
entre el mes de agosto de 2014 y el 21 de septiembre de 2015; de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a favor de la
señora Doris Elvira Riaño Villamizar, a título de perjuicio material en la modalidad
de lucro cesante consolidado, la suma de $751.213.617,92; de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda; de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dará cumplimiento a la sentencia
en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.
QUINTO. SIN CONDENA EN COSTAS; de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia (…)19.

6.El razonamiento del tribunal para acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda se fundamentó en las siguientes consideraciones:

6.1. La Rama Judicial fue declarada responsable por las acciones realizadas por la
secuestre, en particular por: (i) no haber entregado al Juzgado los cánones de
arrendamiento generados entre agosto de 2014 y el 21 de septiembre de 2015, conforme
al contrato firmado entre la secuestre y Glocal; y (ii) no haber presentado informes al
Juzgado sobre su gestión después de julio de 2014, ya que solo reportó lo sucedido entre
enero y julio de ese año, incluyendo la firma del contrato de arrendamiento con la
sociedad Glocal y la entrega de los cánones de arrendamiento recibidos en ese periodo.

6.2. No se acreditó el daño concerniente a la diferencia entre el valor del crédito adeudado
a la parte ejecutante y el avalúo comercial del inmueble embargado, pues no se aportó
prueba del respectivo avalúo para demostrar la diferencia de valores reclamados por la
demandante.

6.3. Tampoco encontró procedente el argumento de la mora judicial en la decisión del
incidente de relevo del secuestre. Según la jurisprudencia de esta Corporación, la sola
dilación del proceso no constituye un daño antijurídico que deba ser reparado.

6.4. Respecto a los perjuicios, consideró que se demostró la omisión de entrega de los
cánones de arrendamiento causados entre agosto de 2014 y el 21 de septiembre de
2015. No obstante, negó los perjuicios morales porque la parte demandante no aportó
elementos de convicción ni pruebas que los acreditaran.

19 Índice 31 Samai.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

D. Recursos de apelación

7. La parte demandante solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, acceder a la totalidad de las súplicas de la demanda, por los siguientes
motivos20:

7.1. Con la demanda se aportó copia del expediente ejecutivo hipotecario, en el que sí se
acreditó el valor comercial del inmueble.

7.2. La “actuación irregular de la secuestre y ante la falta de atención inmediata del juez”
la demandante se vio “obligada a rendirse totalmente para buscar una transacción y
entregar el inmueble a la ejecutante”21.

7.3. ElJuzgado incurrió en mora judicial injustificada, pues no reaccionó ante lo
denunciado, lo que condujo a que se hubiese celebrado un contrato de transacción en el
que tuvo que entregar el inmueble a un menor valor del avalúo comercial. Si bien existe
carga laboral en cada despacho judicial, ello no impedía que el operador judicial del
proceso prestara atención a lo denunciado, dado que las circunstancias particulares del
caso lo requerían. El juez tenía, además, el deber de denunciar penalmente los hechos
puestos en su conocimiento.

8.La parte demandada solicitó revocar los numerales primero, segundo y cuarto de la
sentencia de primera instancia22, con base en los siguientes argumentos:

8.1. La demanda se interpuso fuera del término de dos años previsto en el artículo 164,
numeral 2, literal i, del CPACA, si se tiene en cuenta cualquiera de los siguientes
escenarios: (i) la fecha en la que la demandante conoció del proceso ejecutivo hipotecario
y las medidas cautelares, esto es, el 16 de mayo de 2013; (ii) con la diligencia de
secuestro del inmueble que se efectuó el 11 de septiembre de 2013, sin que la
demandante asistiera ni presentara incidente de oposición y (iii) el 10 de marzo de 2014,
al momento en que la secuestre informó al Juzgado sobre la suscripción del contrato de
arrendamiento con la sociedad Glocal.

8.2. No existe un daño que la administración de justicia esté llamada a reparar debido a
que todas las actuaciones judiciales fueron efectuadas acorde a derecho. Tampoco se
debieron reconocer los perjuicios reclamados, pues no se probaron.

8.3. Se configuró el eximente de responsabilidad de “culpa exclusiva de la víctima” y una
“concurrencia de culpas” en tanto que la demandante no realizó una gestión oportuna
para remover a la secuestre dado que, pese a no recibir los cánones de arrendamiento
desde agosto de 2014, solo solicitó la remoción de la auxiliar de la justicia hasta el 6 de
abril de 2015, esto es, un año y siete meses después de efectuado el secuestro del bien
y un año y cuatro meses después de la suscripción del contrato de arrendamiento con

20 Índice 34 Samai del tribunal.
21 Índice 34 Samai del tribunal, página 2.
22 Índice 35 Samai.

9

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

Glocal23. Adicionalmente, la demandante tampoco procuró hacer efectiva la póliza 96-41-
101039996 que la secuestre aportó el 11 de octubre de 2013, para cubrir los perjuicios
que alega, ni realizó las acciones legales correspondientes al incumplimiento del contrato
de arrendamiento suscrito el 11 de marzo de 2013 entre la inmobiliaria y Saludcoop.

8.4. De las pruebas aportadas, también se configuró el eximente de responsabilidad por
hecho de un tercero, dado que los presuntos perjuicios sufridos por la demandante fueron
ocasionados por las actuaciones de Saludcoop, Glocal y la secuestre.

E. Trámite de segunda instancia

9. El recurso de apelación fue admitido por auto del 20 de marzo de 202524. La parte
demandada se pronunció insistiendo en los argumentos del recurso de apelación25. El
Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio en el término establecido en
el numeral 4 del artículo 247 del CPACA26.

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

10. La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro del
término de dos años previstos en la letra i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA27,
en efecto:

10.1.La demandante alega un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
que se remonta a varias etapas del proceso ejecutivo hipotecario 2013-046 seguido en
su contra, específicamente por:

Concepto Valor
(i) Indebida gestión de la secuestre por los cánones de arrendamiento
dejados de pagar por la Glocal28, entre junio de 2014 y marzo de 2015. $393.249.280
(ii) Cánones de arrendamiento que se dejaron de percibir, debido a que la
secuestre no arrendó el inmueble luego de recibirlo de la Corporación IPS $353.924.352
Saludcoop, entre abril y diciembre de 2015.

23 Índice 35 Samai.
24 Índice 5 Samai.
25 Índice 11 Samai.
26 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. [Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley

2080 de 2021] El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo
con el siguiente procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del
que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes”.
27 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes

términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
28 Si bien en la demanda se alegó que Saludcoop debió pagar los cánones de arrendamiento, lo cierto es que el contrato

de arrendamiento que suscribió la secuestre fue con Glocal. Cuestión diferente es que haya sido subarrendado el
inmueble a Saludcoop.

10

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

(iii) Diferencia entre el valor del crédito adeudado a la parte ejecutante y el $1.842.605.706
valor del avalúo comercial del inmueble entregado en dación en pago a la
ejecutada según el contrato de transacción celebrado el 29 de mayo de
2015.

10.2. Así las cosas, incluso si se tiene en cuenta el hecho imputado que ocurrió primero,
es claro que la acción se presentó oportunamente. En efecto, el primer hecho alegado en
la demanda como fundamento de la responsabilidad de la Rama Judicial es la falta de
diligencia de la secuestre para garantizar el pago del contrato de arrendamiento suscrito
entre ella y Glocal. Así, el primer canon dejado de pagar se venció el 6 de agosto de
2014. Por ende, el término máximo para acudir a la jurisdicción respecto de esa omisión
vencería el 7 de agosto de 201629.

10.3. No obstante, el término de caducidad se suspendió el 27 de abril de 2016 cuando
la parte actora radicó la solicitud de conciliación conforme a lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 1716 de 200930. En ese sentido, se presentó la solicitud cuando restaban 101
días para que operara la caducidad.

10.4. Así, debido a que la diligencia de conciliación se declaró fallida el 23 de junio de
201631, la radicación de la demanda el 13 de julio de 2016, es oportuna, pues se presentó
cuando restaban 81 días para que operara la caducidad del medio de control de
reparación directa.

11. Por otra parte, en virtud del artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso (en adelante “CGP”), se observa que la competencia de la Sala es de carácter
panorámico32, dado que ambas partes apelaron la totalidad de la sentencia. En efecto, la
Rama Judicial interpuso apelación respecto de los ordinales primero, segundo y cuarto
de la sentencia de primera instancia, relacionados con la declaratoria de responsabilidad,
la condena parcial por los perjuicios derivados de la falta de pago de los cánones de
arrendamiento a la demandante y el cumplimiento de la condena. Por su parte, la
demandante apeló el ordinal tercero de la sentencia, correspondiente a la negativa de las
demás pretensiones, específicamente en lo relativo al daño derivado de la diferencia
entre el monto del crédito adeudado a la parte ejecutante y el valor del avalúo comercial
del inmueble entregado por dación en pago, así como al reconocimiento de los perjuicios
morales.

29 Aunque en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios por la omisión en el pago de cánones de
arrendamiento desde el 1º de junio de 2014, lo cierto es que, como se explicará más adelante, los cánones
correspondientes al periodo de enero a julio de 2014 fueron consignados en la cuenta de depósitos judiciales a título
de arrendamiento, por lo tanto, la omisión realmente comenzó el 6 de agosto de 2014. Además, el contrato de
arrendamiento firmado entre la secuestre y Glocal establecía que el pago mensual del canon debía realizarse dentro
de los primeros cinco (5) días de cada mes durante la vigencia del contrato.
30 Artículo 3 del Decreto 1716 de 2009: Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la

solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se
refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la
presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
31 Índice 2 Samai.
32 “Artículo 328 (…) cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al

recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Esta es la norma procesal aplicable en tanto que los recursos de
apelación fueron interpuestos en vigencia del CGP y el presente proceso se rige por CPACA.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

G. Sentido de la decisión

12. La Sala confirma la responsabilidad de la Rama Judicial, al acreditarse que la
secuestre incumplió los deberes de administración y custodia del inmueble y permaneció
en el ejercicio del cargo pese a que el ordenamiento jurídico preveía su remoción. No
obstante, se descontará de la condena el valor de la caución determinada por el juez civil.
Como la demandante era beneficiaria de la póliza de seguro, tenía la facultad de reclamar
esa garantía para cubrir los daños causados por las funciones de la secuestre, pero no
ejerció su derecho, incumpliendo su deber de mitigar el perjuicio.

H. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

i) Daño

13. Es preciso tener en cuenta que la demandante alegó el detrimento de su patrimonio
con ocasión de las labores realizadas en el marco del secuestro del inmueble en el
proceso ejecutivo 2013-00046. Este daño, según la demandante, se configuró en tres
circunstancias: (i) la falta de pago de los cánones de arrendamiento causados entre junio
de 2014 y el 2 de marzo de 201533, (ii) la imposibilidad de arrendar el inmueble y de
percibir ingresos del arrendamiento del bien entre abril de 2015 y el 21 de septiembre de
2015, y (iii) la pérdida de la diferencia entre el valor del crédito adeudado y el valor del
avalúo comercial del inmueble embargado.

14. Respecto a los daños alegados, se encontraron las siguientes pruebas:

14.1.De los medios probatorios aportados se acredita que el inmueble se encontraba
arrendado al momento que se realizó la diligencia de secuestro el 11 de septiembre de
201334, a su vez, se probó con el contrato de arrendamiento del 11 de marzo de 2013
celebrado entre la inmobiliaria y Saludcoop35, en virtud del contrato de administración
suscrito el 23 de enero de 2013 con la demandante36. En el contrato de arrendamiento
se observan, entre otras, las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: LA ARRENDADORA se obliga para con la
ARRENDATARIA a entregar y conceder el uso pacífico a título de arrendamiento,
del inmueble (clínica) ubicado en la ciudad de BUCARAMANGA, distinguido en
id (sic) nomenclatura urbano actual con los números Carrera 37 No 51 - 86,
Escritura No 1933 del 08 de octubre de 2006, notaría 8° del círculo de
Bucaramanga. CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO; Las

33 Si bien la parte demandante sostuvo que dejó de recibir el pago de los cánones de arrendamiento del inmueble

desde junio de 2014, lo cierto es que, está acreditado que el incumplimiento del pago comenzó desde agosto de 2014
y por tanto, es desde allí, que se comienza a contar el daño.
34 En el acta de la diligencia de secuestro quedó consignado que en el inmueble funcionaba “una IPS de Saludcoop en

arriendo” y que quedaba designada como secuestre del inmueble a la auxiliar de la justicia, Luz Mireya Afanador
Amado. índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio
106.
35 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 200 a

206.
36 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 187 a

189. En el contrato de administración acordaron que la demandante entregaría a la inmobiliaria el inmueble para que
en su nombre administrara y arrendara el bien ubicado en la carrera 37 no. 51-86 de Bucaramanga.

12

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

partes declaran que el presente contrato de arrendamiento tiene una vigencia
inicial de siete (7) AÑOS, que comienzan a partir del día once (11°) del mes de
marzo de 2013 hasta el diez (10°) de marzo de 2020 (…) CLÁUSULA TERCERA:
PRECIO DEL ARRENDAMIENTO: Las partes han establecido como canon de
arrendamiento mensual del bien objeto de este contrato la suma de TREINTA Y
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000) más IVA. PARÁGRAFO
PRIMERO. PLAZO DEL PAGO: Los pagos de los cánones de arrendamiento
deberán hacerse por parte de LA ARRENDATARIA, dentro de los diez (10)
primeros días de cada mes de vigencia del contrato (…) (mayúsculas del texto
original)37.

14.2.Posteriormente, la secuestre del inmueble, Luz Mireya Afanador Amado, exigió la
terminación del contrato38 y, el 4 de diciembre de 2013, suscribió un nuevo contrato de
arrendamiento de dicho bien con Glocal con fecha de inicio del 5 de enero de 2014 y
vencimiento del 5 de enero de 2016, por un canon mensual de $25.000.000 39, que
posteriormente fue modificado mediante otrosí del 5 de diciembre de 2013, cuyo canon
quedó en la suma de $32.000.000.

14.3. El 19 de diciembre de 2013, Glocal subarrendó el inmueble a Saludcoop por un
canon mensual de $90.000.000. El contrato de subarriendo tenía una vigencia de dos
años contados a partir del 5 de enero de 2014. A pesar de lo anterior, el 2 de marzo de
2015, el agente interventor de Saludcoop devolvió a la secuestre el inmueble, como
quedó probado con la respectiva acta y el memorial que presentó la secuestre al Juzgado
el 4 de marzo de 201540.

14.4.Se demostró que de los cánones causados durante la vigencia del contrato de
arrendamiento suscrito con Glocal, solo se consignaron siete cánones de arrendamiento
en la cuenta del Banco Agrario que correspondían a las siguientes fechas: 29 de enero
de 2014, 5 de febrero de 2014, 6 de marzo de 2014, 7 de abril de 2014, 5 de mayo de
2014, 5 de junio de 2014 y 7 de julio de 2014. Todas estas consignaciones se refieren a
los cánones de arrendamiento causados con anterioridad a los reclamados por la
demandante41.

Adicionalmente, el 11 de noviembre de 2015, el Juzgado ordenó la entrega de los
14.5.
depósitos judiciales constituidos a favor de la aquí demandante por valor de

37 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 187 a
189. En el contrato de administración acordaron que la demandante entregaría a la inmobiliaria el inmueble para que
en su nombre administrara y arrendara el bien ubicado en la carrera 37 no. 51-86 de Bucaramanga.
38 En memorial del 24 de noviembre de 2013, la secuestre informó a la inmobiliaria lo siguiente: “en diligencia realizada,

el día 11 de septiembre de 2013 del cual fui nombrada como secuestre del inmueble y del mismo me realizaron entrega
real y material en vista de que por estar secuestrado el inmueble sale del mercado y queda bajo la custodia y
administración da ley (sic) del secuestre. Me permito solicitarles:(…) ponerse en contacto de, inmediato con el fin de
realizar el contrato respectivo dé arrendamiento del inmueble en mención, ya que este contrato de arrendamiento debe
hacerse en estos casos exclusivamente con el secuestre quien es la persona que tiene actualmente en custodia y
administración por cuenta del Juzgado 1º Civil del Circuito de Bucaramanga”.
39 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 208 a

213.
40 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 291 a

372 y 289.
41 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 405.

13

Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
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$205.677.600; suma que, de acuerdo con los informes presentados por la secuestre,
corresponde a los cánones de arrendamiento de los meses de enero a julio de 201442.

15. Por otra parte, entre el 2 de marzo y el 21 de septiembre de 201543 -cuando la
secuestre entregó el inmueble por el acuerdo de transacción celebrado en el proceso
ejecutivo- no se demostró la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento. Por lo
tanto, quedó demostrado que la demandante no obtuvo ingresos por el arrendamiento
del inmueble entre esas fechas.

15.1.Finalmente, en cuanto a la pérdida de la diferencia entre el valor del crédito
adeudado a la parte ejecutante y el valor del avalúo comercial del inmueble embargado,
la Sala advierte que ni en el proceso ejecutivo hipotecario, ni en este trámite judicial, obra
prueba del avalúo comercial del bien embargado que a la postre pasó a ser de propiedad
de los ejecutantes y, sobre el cual pueda demostrarse la diferencia de valores que la
demandante ahora reclama.

15.2. Asimismo, aun si se hubiera acreditado el avalúo del inmueble más allá de la mera
manifestación de la demandante en los hechos de la demanda, esta Sala observa que la
inconformidad planteada respecto de un menor valor no podía ser objeto de análisis
dentro del presente medio de control. En efecto, tal situación se originó en el contrato de
transacción suscrito por la propia demandante en ejercicio de su autonomía de la
voluntad, el cual constituyó la base para solicitar la terminación del proceso ejecutivo en
su contra.

15.3. En ese contexto, cualquier cuestionamiento relacionado con la transacción debía
plantearse mediante las acciones judiciales correspondientes y no conducir a un análisis
de la responsabilidad del Estado.

15.4.En consecuencia, el daño consistente en el menor valor del inmueble no se probó
y, por tanto, solo se estudiarán los concernientes a la pérdida de los cánones de
arrendamiento antes aludidos.

ii) Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

16. En relación con el título de imputación invocado en la demanda, el artículo 69 de la
Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establece la
responsabilidad del Estado derivada del defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, como consecuencia de la acción u omisión de agentes judiciales en el ejercicio
de actividades distintas a las relacionadas con la expedición de providencias judiciales y
con la privación injusta de la libertad.

42 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 406
(orden de entrega de depósitos); 162, (consignación de enero de 2014); 163 (consignación de febrero de 2014); 164
(consignación de marzo de 2014); 224 (informe de pago de abril de 2014); 230 (informe de pago de mayo de 2014);
234 (informe de pago de junio 2014); 271 (informe de pago de julio de 2014).
43 Si bien en la demanda se solicitó el pago de los cánones de arrendamiento hasta el 9 de diciembre de 2015, fecha

en la que terminó el proceso ejecutivo, lo cierto es que el inmueble fue entregado por la secuestre el 21 de septiembre
de 2015, fecha que tampoco fue objeto de apelación.

14

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17. En el caso concreto, el a quo declaró administrativamente responsable a la Rama
Judicial como consecuencia de los actos irregulares por parte de la secuestre que
correspondieron a la falta de gestión para lograr el pago de los cánones de arrendamiento
causados entre agosto de 2014 y el 21 de septiembre de 2015; así como la omisión de
rendición de cuentas de la secuestre ante el juzgado44. No obstante, consideró que no
existió mora judicial que causara un daño antijurídico.

18. En efecto, respecto a la responsabilidad de la Rama Judicial, las partes apelaron la
decisión de primera instancia, así: (i) la demandante manifestó que se encontraba
probada la mora judicial frente a la decisión de renovar o sancionar a la secuestre, lo que
condujo a que se hubiese celebrado un contrato de transacción en el que tuvo que
entregar el inmueble a los ejecutantes por un menor valor del avalúo comercial; y (ii) la
demandada concluyó que su actuar fue conforme a derecho, pues realmente se había
configurado la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero como eximentes de
responsabilidad, ya que la demandante interpuso el incidente tardíamente, no presentó
acción frente al incumplimiento de los contratos de arrendamiento y tampoco buscó la
manera de hacer efectiva la póliza que había presentado la secuestre ante el proceso
ejecutivo y el hecho de un tercero, en tanto que, los presuntos perjuicios sufridos por la
demandante fueron ocasionados por las actuaciones de Saludcoop, Glocal y la
secuestre.

19. En este contexto, es importante precisar que, dado que no se comprobó el daño
derivado de la diferencia entre lo adeudado por la demandante y el avalúo del inmueble,
el análisis se limitará al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
invocado por las irregularidades en la administración del inmueble por parte de la
secuestre y por la falta en que incurrió el Juzgado al abstenerse de removerla de su cargo.
Si se determina que existe responsabilidad por parte de la Rama Judicial, se analizará el
nexo causal entre los daños sufridos y las acciones de la parte demandada, con el fin de
valorar si corresponde aplicar algún eximente de responsabilidad.

20. Bajo este entendido, para que pueda declararse responsable al Estado por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debe acreditarse la
desatención o el incumplimiento obligacional que se presenta con ocasión del ejercicio
de la función de impartir justicia, lo que abarca las actuaciones “no solo de los
funcionarios, sino también de (…) los auxiliares judiciales”45 y, por ende, comprende las
afectaciones derivadas de la gestión de los secuestres, quienes no son terceros ajenos
al proceso, sino particulares colaboradores de la justicia46, por lo tanto, dichas personas
operan bajo la resolución de las autoridades jurisdiccionales, quienes también tienen la
responsabilidad de supervisar el adecuado cumplimiento de sus funciones.

44 En la demanda y la apelación, la parte demandante si imputa responsabilidad porque la secuestre estaba cercenando

o desconociendo dicha relación jurídica y dio paso indebidamente a un nuevo contrato de arrendamiento con Glocal.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, radicado: 08001-23-31-000-1999-02324-

01 (22322). MP Ruth Stella Correa Palacio, criterio reiterado en sentencia de la Subsección B del 22 de junio de 2011,
radicado 52001-23-31-000-1997-08266-01 (17646). MP Danilo Rojas Betancourth.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de

marzo de 2021, radicado: 15001-23-31-000-2004-00958-01 (56714), MP María Adriana Marín.

15

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21. La labor de los auxiliares de la justicia puede dar lugar a la responsabilidad del Estado
si se acredita la omisión de los deberes de los auxiliares de la justicia que ejercen
funciones de administración y custodia de bienes. Lo anterior, toda vez que la
conformación de las listas de dichos servidores transitorios, su designación, control y
vigilancia está a cargo de la jurisdicción. Al respecto, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado:

La actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes
que la Constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por
acción u omisión, no solamente la responsabilidad personal y patrimonial de tales
servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa
del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los
litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la
actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia
y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes47

22. Ahora bien, aunque el proceso ejecutivo hipotecario 6800-13-10-30-01-2013-00046-
00 comenzó el 11 de febrero de 2013, después de la expedición del CGP, la norma
procesal que regía el trámite ejecutivo era el Decreto 1400 de 1970, Código de
Procedimiento Civil, (en adelante “CPC”). Esto se debe a que la mayoría de los artículos
del CGP, incluido el trámite de los procesos ejecutivos48, entró a regir “en forma gradual
(…) según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura”, de acuerdo con su artículo
62749. Por disposición del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura,
el CGP entró en vigencia en el Distrito Judicial de Bucaramanga a partir del 1º de enero
de 201650.

23. Así pues, tratándose de los auxiliares de la justicia, el artículo 1º, numeral 3, del
Decreto 2282 de 1989, por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de
Procedimiento Civil51, estableció los deberes y funciones que aquellos tienen,
disponiendo lo pertinente cuando se trate de la custodia de bienes y dineros, así:

(…) Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o
administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero
el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación

47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de noviembre de 2001. Radicado: 25000-23-26-000-1992-

8304-01 (13164). MP Ricardo Hoyos Duque.
48 Con excepción del artículo 467 de CGP, norma que consagra la posibilidad del acreedor hipotecario o prendario de

solicitar la adjudicación del bien desde el principio del proceso. En virtud del numeral 1 del artículo 627 del CGP, este
artículo empezó a regir desde el día siguiente de la promulgación de la Ley 1564 de 2012, esto es, el 13 de julio de
2012.
49 “Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

(…) 6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1o) de enero de dos mil catorce
(2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y
empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al
día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine
el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia
en todos los distritos judiciales del país”.
50 “Artículo 1o.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso entrará en vigencia

en todos los distritos judiciales del país el día 1o de enero del año 2016, íntegramente”.
51 Norma vigente que rigió la ritualidad del proceso ejecutivo hipotecario 6800-13-10-30-01-2013-00046-00.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del
conocimiento (…).

24.Por su parte, en cuanto a las funciones del secuestre, el artículo 683 del Decreto
1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil, en adelante “CPC” indicaba que:

(…) El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si
se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones
previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las
facultades y deberes de su cargo. Si los bienes secuestrados son consumibles
y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará en
las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma
establecida en el artículo 10 y rendirá al juez informe de la venta (…). (énfasis de
la Sala).

25. En otras palabras, el secuestre tenía la custodia de los bienes que se le entregaron
y de sus productos o del valor de su enajenación, sujeto al cumplimiento de los deberes
previstos en los artículos 1052, 68853 y 689 del CPC54, a saber: (i) prestar caución
oportunamente en los casos que la ley lo exige; (ii) rendir informes mensuales de su
administración; (iii) consignar inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales y a la
orden del juez del conocimiento el dinero que perciba del bien, o sus frutos, o del
resultado de su enajenación; (iv) solicitar autorización al funcionario judicial para realizar
el pago de impuestos; (v) rendir cuentas comprobadas de su administración dentro de los
diez días siguientes a la finalización de su gestión y, (vi) entregar los bienes a quien
corresponda inmediatamente se le comunique la orden.

26. A su vez, el funcionario judicial, como director del proceso, tenía la facultad de ejercer
poderes correccionales frente a la gestión del secuestre, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 del CPC, esto es, que el incumplimiento por los secuestres de cualquiera

52 “Artículo 10. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban

sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la
consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento. (…) El juez
podrá autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; (…) En todo caso, el depositario o
administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas (…) Las licencias
deberán renovarse cada año, previo reajuste del valor del seguro, y podrán ser canceladas por el mismo funcionario
en caso de incumplimiento de los deberes que la ley impone a los secuestres (...) El incumplimiento por los secuestres
de cualquiera de los deberes consagrados en los incisos anteriores y en el artículo 688, dará lugar a la cancelación de
la licencia y al relevo de todas las designaciones como secuestre que estén desempeñando, lo cual se hará como lo
prevé el penúltimo inciso del artículo 688. El juez que decrete el relevo enviará copia de la providencia a la
correspondiente autoridad, para que dé cumplimiento a la cancelación prevista en el inciso anterior e informe a las
oficinas judiciales del país para que procedan a darle cumplimiento”.
53 “Artículo 688. Además de los previstos en los numerales 5º y 10 del artículo 9º de oficio o a petición de parte se

reemplazará al secuestre en los casos siguientes: 1. Si no presta caución oportunamente. 2. Si se comprueba que ha
procedido con negligencia o abuso en el desempeño del cargo o violado los deberes y prohibiciones consagrados en
el artículo 10. Para este fin se tramitará incidente y el auto que lo resuelva será inapelable. 3. Si deja de rendir cuentas
de su administración o de presentar los informes mensuales, en cuyo caso se le relevará de plano. Si lo piden todas
las partes de consuno. Siempre que se reemplace a un secuestre o que terminen sus funciones, éste entregará los
bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la orden, en la forma prevista en el numeral 9º del artículo
9º; si no lo hiciere, el juez hará la entrega si fuere posible y dará aplicación al inciso primero del parágrafo 3º del artículo
337. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones. El secuestre no podrá alegar derecho de retención, en
ningún caso”.
54 “Artículo 689. Al terminar el desempeño del cargo por cualquier causa, el secuestre deberá rendir cuentas

comprobadas de su administración, dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios
definitivos. El juez, de oficio o a petición de parte, también podrá disponer que se rindan cuentas en cualquier tiempo,
mientras el secuestro subsista”.

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de los deberes antes aludidos, dará lugar a la cancelación de la licencia y al relevo de
todas las designaciones como secuestre que estén desempeñando, lo cual se hará como
lo prevé el penúltimo inciso del artículo 688 del CPC. De esta manera, respecto de la
exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y la imposición de multas, el numeral 4 del
artículo 9 del CPC, precisaba:

4. Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de
auxiliares de la justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales según el caso:
a) A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión
de delitos contra la administración de justicia; b) A quienes hayan rendido
dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error
grave o cohecho; c) A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con
administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión,
o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los
hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de
administración negligente; d) A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el
encargo de curador ad lítem; e) A las personas a quienes se les haya suspendido
o cancelado la matrícula o licencia; f) A quienes hayan entrado a ejercer un cargo
oficial mediante situación legal o reglamentaria; g) A quienes hayan fallecido o se
incapaciten física o mentalmente; h) A quienes se ausenten definitivamente del
respectivo territorio jurisdiccional; i) A quienes sin causa justificada no aceptaren
o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron
designados; j) Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las
partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación
judicial o por encima del valor de esta; k) A quienes siendo servidores públicos
hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias. Parágrafo 1o. La exclusión
y la imposición de multas se resolverá mediante incidente el cual se iniciará por
el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar
su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.

27. Por su parte, el artículo 688 de esa codificación disponía que además de lo dispuesto
en los numerales 5 y 10 del artículo, se reemplazaría al secuestre en los siguientes casos:

(…)1. Si no presta caución oportunamente.
2. Si se comprueba que ha procedido con negligencia o abuso en el desempeño
del cargo o violado los deberes y prohibiciones consagrados en el artículo 10.
Para este fin se tramitará incidente y el auto que lo resuelva será inapelable.
3. Si deja de rendir cuentas de su administración o de presentar los informes
mensuales, en cuyo caso se le relevará de plano.
4. Si lo piden todas las partes de consuno.
Siempre que se reemplace a un secuestre o que terminen sus funciones, este
entregará los bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la
orden, en la forma prevista en el numeral 9. del artículo 9.; si no lo hiciere, el juez
hará la entrega si fuere posible y dará aplicación al inciso primero del parágrafo
3. del artículo 337. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones. El
secuestre no podrá alegar derecho de retención, en ningún caso (…)

28. Bajo ese contexto, el proceder negligente de la auxiliar de la justicia pone en
evidencia un defectuoso funcionamiento de la administración judicial. Aunque la Rama

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Judicial alegó en su apelación que actuó conforme a derecho, dicha afirmación no es de
recibo, por lo siguiente: al Juzgado le correspondía velar por el correcto desempeño de
la medida cautelar de secuestro; y aunque es cierto que dio inicio al incidente de remoción
de la secuestre en ejercicio de los poderes correccionales que tenía a su disposición,
también lo es que no tomó decisión alguna que diera paso a una sanción y remoción de
la auxiliar de la justicia. De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 9A del CPC, el juez
debía resolver la exclusión y la imposición de multas dentro de los diez días siguientes a
la ocurrencia del hecho que originara dicha exclusión y no lo hizo55.

29. Adicionalmente, con las siguientes pruebas se pueden corroborar las irregularidades
en que incurrió la secuestre y la actuación que el Juzgado tuvo frente a dicha conducta
de la auxiliar de la justicia:

29.1. El 18 de marzo de 2013, el Juzgado ordenó el embargo y secuestro del inmueble
de la demandante y, el 11 de septiembre de 2013, Luz Mireya Afanador Amado fue
designada como secuestre y recibió el inmueble. El 13 de septiembre de 2013, el Juzgado
fijó una caución de $5.000.00056, constituida con la póliza 96-10-101039996 de Seguros
del Estado, aceptada el 17 de octubre de 201357.

29.2.La demandante, a través de memorial con fecha ilegible, informó al Juzgado que el
inmueble estaba arrendado a Saludcoop, cuya administración la tenía la Inmobiliaria,
razón por la cual solicitó que los cánones de arrendamiento fueran consignados por la
secuestre en la cuenta de depósitos judiciales, “teniendo en cuenta que de los cánones
de arrendamiento percibidos se está[ban] cancelando a otros créditos y que el remanente
hace parte del mínimo vital de la familia de la ejecutada”58.

29.3.El 27 de febrero de 2014, el Juzgado señaló que, aunque el cuidado y la
administración del inmueble correspondían a la persona designada como secuestre, iba
a solicitar a la inmobiliaria y a Saludcoop que consignaran en la cuenta de depósitos

55 “Artículo 9ª. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e impondrán multas hasta

de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso: (…) 3. A quienes como secuestres, liquidadores o
curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a
su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les
halle responsables de administración negligente (…) Parágrafo 1º La exclusión y la imposición de multas se resolverá
mediante incidente el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes
a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deberá
justificar su incumplimiento” (negrillas propias).
56 “Fíjese la suma de S5.000.000 el valor de la caución que debe prestar el secuestre Luz Mireya Afanador Amado

dentro del término de 20 días siguientes a la notificación personal para lo dispuesto en el numeral 3 del Art 683 del
CPC” índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 107.
57 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 41, 106

y 109.
58 “una vez practicada la diligencia de secuestro del inmueble y constatando que el edificio se encuentra arrendado

como una clínica donde se prestan servicios médicos, cuya administración es de la Inmobiliaria Juan Pablo Serrano,
solicitó a la empresa Saludcoop arrendataria del inmueble que se consignaran en detrimento del arrendador
(Inmobiliaria Juan Pablo Serrano), los valores correspondientes a los cánones de arrendamiento. Solicito que el
despacho se pronuncie sobre la orden judicial de la señora secuestre para ordenar como auxiliar de la Justicia que se
realicen dichas consignaciones a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales y sí se prestó la caución
oportunamente por parte de la secuestre designada”. Índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf)
link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 143.

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judiciales los cánones de arrendamiento en su posesión que no hubieran sido entregados
a la secuestre. 59

29.4.El 10 de marzo de 2014, la secuestre presentó ante el Juzgado informe de su
gestión en el que indicó, que en el mes de diciembre de 2013 suscribió un contrato con
la sociedad Glocal Desarrollo SAS, mediante el cual dio en arrendamiento el inmueble
con valor de canon de $32.000.000 con plazo de ejecución de 2 años contados a partir
del día 5 de enero de 2014; así mismo, aportó copia de los depósitos judiciales
constituidos por concepto de los cánones de arrendamiento de los meses de enero,
febrero y marzo de 201460

29.5. El 22 de abril de 2014, la demandante solicitó lo siguiente al Juzgado:

1. La señora secuestre designada por su despacho en atención a las funciones de
administración del inmueble secuestrado ha suscrito contrato de arrendamiento con una
tercera persona en detrimento del contrato suscrito entre la Inmobiliaria Juan Pablo
Serrano con la empresa Saludcoop. Este nuevo contrato de arrendamiento constituye
un abuso en su desempeño que conlleva un menoscabo no solo para el arrendador
(Inmobiliaria Juan Pablo Serrano), sino para los suscritos propietaria y apoderado
general de la propietaria, como quiera que los valores correspondientes a los cánones
de arrendamiento una vez se suscriba una prórroga, no son los acordados en el contrato
de arrendamiento primigenio suscrito entre las partes. Solicito que el despacho en
atención al inciso 3 del artículo 10 del CPC. conmine a la secuestre a que rinda un
informe sobre su gestión, indagándole las razones de hecho y de derecho para la
suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento con un tercero.
2. Solicito en atención al numeral 3 del artículo 688 del CPC. si no existe la
rendición de cuentas mediante informe mensual de su administración, el relevo
de plano de la secuestre designada.
3. Solicito a su despacho se informe a qué folio del expediente obra la caución
de la secuestre y si no existe la caución respetiva, se releve a la auxiliar de la
justicia.
4. Solicito que su despacho traslade al Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, sala Disciplinaria una investigación de tipo disciplinario a la señora
secuestre con el fin de verificar si su comportamiento en la administración de los
bienes y por el abuso en el desempeño del cargo al suscribir un contrato de
arrendamiento con un tercero constituye falta disciplinaria.
5. Conforme al artículo 517 del CPC solicito se establezca la cuantía del embargo
y secuestro, así como de los frutos y cánones de arrendamiento, procediendo a
la reducción de embargo, teniendo en cuenta que de los cánones de
arrendamiento percibidos se están cancelando otros créditos y que el remanente
hace parte del mínimo vital de la familia de la ejecutada, como quiera que su
cónyuge falleció y es su única entrada económica para su subsistencia61.

29.6. El 8 de mayo de 2014, el Juzgado contestó a la demandante, mediante auto, lo
siguiente:

59 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 144.
60 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 145 a
164.
61 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 198.

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(…) 5.1. Con relación al numeral primero, el despacho se abstiene de proferir
pronunciamiento alguno por encontrarlo improcedente.
5.2. Respecto al numeral dos, se le informa que las cuentas de la secuestre
deben rendirse una vez termine su gestión tal y como lo consagra el artículo 689
del C. de P.C.5.3. Con relación al numeral tercero, se exhorta al señor profesional
del derecho para que se sirva revisar minuciosamente el expediente antes de
presentar peticiones improcedentes.
5.4. Con relación al numeral cuarto si el profesional del derecho considera que la
secuestre ha incurrido en faltas a su cargo, debe presentar la queja
correspondiente ante el Consejo Superior de la judicatura -Sala Disciplinaria.
5.5. Con relación al numeral quinto se le recuerda al petente que dentro del
proceso ejecutivo hipotecario no existe limitación de embargo y que los bienes
embargados se constituyeron como garantía para el pago de la obligación y si
existen otros créditos por cancelar prevalece la garantía hipotecaria62.

29.7. Ese día, la secuestre presentó ante el Juzgado un informe por medio del cual allegó,
copia del comprobante de egreso por concepto de saldo pendiente por pagar por la
instalación de un ascensor en el inmueble y, aportó copia del depósito judicial constituido
por concepto del canon de arrendamiento del mes de abril de 2014, previa deducción del
pago informado63. De igual manera, aportó, posteriormente, copia del depósito judicial
constituido por concepto de canon correspondiente al mes de mayo de 2014 64. Así
mismo, aportó copia del depósito judicial correspondiente al canon de arrendamiento del
mes de junio de 2014, previa deducción de lo pagado por concepto de mantenimiento del
ascensor del inmueble embargado65.

29.8. El 24 de junio de 2014, el agente especial interventor de Saludcoop puso en
conocimiento del Juzgado que la sociedad Glocal suscribió contrato de subarrendamiento
del inmueble con Saludcoop, pactándose como canon de arrendamiento la suma de
$90.000.000, con ejecución a partir del día 5 de enero de 2014; así mismo, precisó, que
el “contrato de sub-arriendo descrito en el numeral anterior, se suscribió con la
mencionada sociedad, con clara y evidente intermediación atendiendo las expresas
exigencias de la secuestre”66.

29.9.El 14 de julio de 2014, la secuestre presentó, ante el Juzgado, informe a través del
cual allegó copia del depósito judicial constituido por concepto del canon de
arrendamiento del mes de julio de 201467.

29.10. El 20 de agosto de 2014, la demandante inició incidente de remoción de secuestre.
Por las siguientes razones:

Alterar unilateralmente, como rueda suelta y a su arbitrio, la relación jurídica
sustancial tenencial que se encuentra al momento de la diligencia de secuestro,

62 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 228 y
229.
63 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 224.
64 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 230.
65 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 234.
66 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 237 a

241.
67 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 271.

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pues, si un inmueble se encuentra arrendado, debe el secuestre, así relacionarlo
en la correspondiente acta de secuestro, respetando por ende el secuestre, dicha
relación tenencial, en la medida en que los arrendatarios poseen en derecho
autónomo del uso del inmueble, es decir, asumen la tenencia del inmueble,
derivando la tenencia de su arrendador. (…) bajo las vías de hecho, de facto, la
secuestre cercena abruptamente el contrato vigente, de un solo tajo, ilegal e
inconstitucionalmente (…), para suscribir contrato de arrendamiento con una
empresa que se hace llamar “GLOCAL DESARROLLO S.A.S (…) NOTA DE
INTERÉS: En la cláusula SEXTA de dicho contrato, de manera hábil pero ¡legal,
la secuestre habilita a la nueva arrendataria para que sub arriende el “espacio
físico materia de este contrato", dando a entender tácitamente que se refería a la
totalidad del inmueble. Es decir, dicha cláusula le buscaba el esguince a lo
claramente prohibido por el art. 523 del Código de Comercio. (…) Días después,
esto es, el 19 de diciembre de 2013, mediante un poder especial, el representante
legal de GLOCAL DESARROLLO S.A.S., le subarrienda a la CORPORACIÓN
IPS. SALUDCOOP, el mismo inmueble, haciendo notar que el valor del canon de
arrendamiento lo es, la no despreciable suma de $90.000.000,oo. 19.-) Gracias
a la intervención del mandatario general de la aquí demandada, a través de una
labor de investigación, se pudo obtener la anterior verdad de los hechos, como
quiera que existe hoy una intervención administrativa por parte del Gobierno
Colombiano <ampliamente conocida por la opinión pública > sobre SALUDCOOP
EPS, en donde su interventor, de manera valiente denuncia la anterior maniobra
que evidencia un ataque a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y un ataque
contra el patrimonio público, pues, no en vano, se está asaltando el patrimonio
de los colombianos en la escandalosa suma de $58.000.000,oo mensuales68.

29.11. El 27 de agosto de 2014, el Juzgado corre traslado del incidente a la secuestre69,
quien presentó contestación el 3 de septiembre de 2014 manifestando que era ajena al
contrato entre Glocal y Saludcoop y que debía rechazarse dicho incidente70.
Posteriormente, el 19 de septiembre de 2014, el Juzgado decretó pruebas en el
incidente71.

29.12. El
3 de septiembre de 2015, las partes del ejecutivo solicitaron al juzgado la
terminación del proceso por dación en pago72 y el 8 de septiembre de 2015, el Juzgado
declaró terminado el proceso ejecutivo, canceló las medidas cautelares decretadas,
ordenó la entrega de los depósitos judiciales a favor de la demandante, ordenó continuar
con el trámite incidental de relevo de secuestro y requirió a la secuestre para que
procediera a la entrega del bien inmueble73, quien informó al Juzgado el 21 de septiembre
de 2015, que había hecho entrega del inmueble a los ejecutantes74.

68 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 424 a
428.
69 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 434.
70 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 460.
71 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 474 a

477.
72 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 375.
73 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 386 a

388.
74 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 397.

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30. Al confrontar las pruebas allegadas al proceso con las normas que regulan la
actividad de los secuestres, la Sala puede concluir que la auxiliar de la justicia, designada
en el proceso ejecutivo hipotecario 2013-00046, no cumplió con las funciones que le eran
exigibles y por el contrario incurrió en las siguientes irregularidades:

30.1. La secuestre modificó la relación contractual existente al momento de recibir el
inmueble. Se encuentra acreditado que, a la fecha de la diligencia de secuestro realizada
el 11 de septiembre de 2013, el bien estaba arrendado a Saludcoop mediante un contrato
celebrado con la Inmobiliaria, por un plazo de siete (7) años con vencimiento el 10 de
marzo de 2020 y un canon mensual de $32.000.000 más IVA. No obstante, la secuestre
solicitó la celebración de un nuevo contrato y, el 4 de diciembre de 2013, lo suscribió con
Glocal por $25.000.000 mensuales, suma que fue ajustada a $32.000.000 mensuales, al
día siguiente. Asimismo, en dicho acuerdo autorizó expresamente el subarrendamiento
y, el 19 de diciembre de 2013, Glocal subarrendó el inmueble a Saludcoop por
$90.000.000 mensuales, es decir, por un valor aproximadamente tres veces superior al
canon pactado previamente con Glocal.

30.2.Lo anterior, también se corrobora con el contrato de subarendamiento del inmueble
del 19 de diciembre de 2013 celebrado entre Glocal y Saludcoop y con el informe
presentado al Juzgado el 24 de junio de 2014 por el interventor de Saludcoop75. En ese
último documento se advirtió que el contrato de subarrendamiento con Glocal, por
$90.000.000 mensuales, se celebró atendiendo las “expresas exigencias de la
secuestre”76. De este modo, la relación contractual con Glocal no respondió a una
necesidad de administración o conservación del bien, sino que permitió sustituir el
contrato vigente por una estructura contractual en la que la sociedad intermediaria debía
pagar $32.000.000 y, a su vez, cobraba a Saludcoop $90.000.000 por el uso del
inmueble. Es decir que la diferencia mensual de $58.000.000 no ingresaba a la cuenta
de depósitos judiciales ni beneficiaba al patrimonio sometido a secuestro.

30.3.Por lo tanto, se advierte que el cambio contractual no fue una simple decisión de
administración del inmueble sino una estrategia de intermediación que hizo posible cobrar
$90.000.000 por un inmueble cuya explotación reportaba al patrimonio administrado solo
$32.000.000, siendo esta actuación contraria a los deberes de administración que tenía
la secuestre.

30.4.Por otra parte, así como se indicó en el acápite del “daño acreditado”, no se acreditó
que la secuestre hubiera desplegado las actuaciones necesarias para recaudar los
cánones causados entre el mes de agosto de 2014 y el 21 de septiembre de 2015, Tal
omisión contravino directamente el artículo 1º, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989 77 y

75 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folios 262 a
268 y 237 a 241.
76 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 237.
77 “Artículo 1º, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o

administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los
bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez
del conocimiento (…)”.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

los deberes de administración derivados de los artículos 10 y 683 del CPC 78, pues los
cánones constituían productos en dinero del inmueble secuestrado y, por ello, debían ser
depositados inmediatamente a órdenes del juez del conocimiento.

30.5. Por último, la secuestre incumplió el deber de informar mensualmente sobre su
administración. El último informe acreditado fue presentado el 14 de julio de 2014, cuando
allegó el depósito judicial correspondiente al canon de ese mes. Desde agosto de 2014
y hasta el 21 de septiembre de 2015, fecha en la que terminó materialmente su gestión
con la entrega del inmueble, no presentó los informes mensuales exigidos. Esta omisión
configuraba expresamente la causal de relevo de plano prevista en el numeral 3 del
artículo 688 del CPC y, además, correspondía a una conducta susceptible de exclusión
de la lista de auxiliares de la justicia por falta de rendición oportuna de cuentas y
administración negligente, conforme con el artículo 9 del CPC.

iii) Nexo causal

31. Conforme con lo antes expuesto, el daño le resulta atribuible a la Rama Judicial, ante
la negligencia de la citada auxiliar de la justicia en el ejercicio de sus funciones de
administración y custodia de bien. También le es atribuible por el incumplimiento de las
funciones de control y vigilancia a cargo del servidor judicial que le correspondió el
asunto, en tanto no atendió a las irregularidades ejecutadas por la secuestre a pesar de
que estas fueron informadas por la demandante tanto por medio de memoriales como
mediante incidente. Además, el Juzgado nunca relevó de su cargo a la secuestre, pese
a que contaba con un término estipulado para ello, lo que permite asegurar que se
presentó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

32. En ese sentido, las actuaciones irregulares de la secuestre y la falta de sanción y
remoción de dicha auxiliar ocasionaron que la ausencia de pagos de los cánones de
arrendamiento se extendiera en el tiempo, ya que el último informe que presentó fue el
del 14 de julio de 2014 y, después de este, no se conoce que haya consignado suma
alguna en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado por concepto de cánones de
arrendamiento del inmueble o que hubiese realizado gestiones para efectos de que
Glocal cumpliera con los mencionados pagos. Lo que implicó que la demandante no
recibiera los frutos derivados de su inmueble.

33. Ahora bien, en cuanto a la configuración de los eximentes de responsabilidad
expuestos por la Rama Judicial en el recurso de apelación, la Sala observa que no todos
están llamados a prosperar en tanto que se debe descartar el hecho de un tercero, pues
se estima que la Rama Judicial debe asumir como propios los actos u omisiones de las

78 “Artículo 10. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban

sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la
consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento. (…) En todo
caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir
cuentas (…)” y “Artículo 683. El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa
o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las
facultades y deberes de su cargo (…)”.

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Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

personas vinculadas -de facto o por medio de acuerdos- al cumplimiento de sus
obligaciones, dentro de lo que cabe el desempeño irregular de la secuestre, en la
observancia de las funciones que le fueron asignadas, esto porque sobre esa entidad
pública recaía legalmente el deber de custodia, cuidado y conservación del inmueble de
la demandante.

34. En cuanto a la configuración de la culpa de la víctima, la entidad recurrente alegó que
la demandante “no realizó ningún pronunciamiento frente a la diligencia de secuestro
mencionada, lo que denota falta de diligencia y cuidado en la gestión de sus negocios
profesionales”79.

Al respecto, la Sala considera que esa afirmación resulta ser inverosímil dado que,
34.1.
como quedó expuesto antes, la demandante presentó desde enero de 2014 peticiones al
Juzgado respecto de la gestión irregular de la secuestre, a lo que, en principio, le dio la
connotación de improcedentes.

34.2. Incluso, la demandante no solo presentó un incidente para la remoción de la
secuestre, el 20 de agosto de 2014, sino también interpuso denuncia en contra de la
auxiliar judicial y de Glocal por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal,
estafa y peculado, lo que deja entrever el papel activo que tuvo dentro del proceso
ejecutivo hipotecario y la diligencia con la que actuó frente a sus intereses.

35. Ahora en lo que respecta al “hecho exclusivo de la víctima” por no hacer efectiva la
póliza de seguros judiciales prestada por la secuestre, la Sala considera que dicho reparo
prospera únicamente para reducir la indemnización y no como causal eximente de
responsabilidad. En efecto, la falta de reclamación de la póliza no fue la causa exclusiva
del daño, pues este se produjo por el incumplimiento de la secuestre y la omisión del
despacho judicial en el ejercicio de sus deberes de vigilancia y control. Sin embargo, esa
conducta sí resulta relevante frente al deber de mitigación del perjuicio, en cuanto la
demandante dejó de ejercer un mecanismo razonable e idóneo para obtener la
reparación parcial del daño. En ese sentido se tendrá en cuenta lo siguiente:

35.1. La normativa procesal civil vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos
distinguía la caución que debía otorgar el solicitante de la medida cautelar de la caución
que debía otorgar el secuestre: por un lado, el artículo 513 del CPC establecía la
obligación a cargo del ejecutante de “prestar caución en dinero, bancaria o de compañía
de seguros, equivalente al diez por ciento del valor actual de la ejecución”, con el objeto
de amparar “los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas cautelares”80;
y, por otro lado, el artículo 683 del CPC establecía la obligación a cargo del secuestre de

79 Índice 35, Samai tribunal, archivo 8_MemorialWeb_Recurso-APELACIONRAD2016(.pdf).
80 “Artículo 513. (…) Para que pueda decretarse el embargo o secuestro de bienes antes de la ejecutoria del
mandamiento de pago, el ejecutante deberá prestar caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente
al diez por ciento del valor actual de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de
dichas medidas cautelares. Esta caución se cancelará una vez el ejecutante pague el valor de los perjuicios liquidados
o precluya la oportunidad para liquidarlos, o consigne el valor de la caución a órdenes del juzgado o el de dichos
perjuicios, si fuere inferior”.

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prestar caución para amparar los perjuicios que se pudieran ocasionar por el ejercicio de
sus funciones81.

35.2. El artículo 683 del CPC regula lo concerniente a las funciones del secuestre. En su
tercer parágrafo indica que cuando no se trate de aquellos casos regulados por el inciso
cuarto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución que el juez fije una vez
practicado el secuestro. Para el caso concreto el Juzgado determinó el monto de la
caución a cargo de la secuestre en $5.000.000, con el objeto de “garantizar el pago de
los posibles perjuicios que el secuestre pueda ocasionar dentro del proceso en el cual
fue nombrado”82.

35.3.A su vez, la póliza de seguros no. 96-41-101039996 del 10 de octubre de 2013
señaló como tomador a la secuestre y como asegurados a los ejecutantes y a la
demandante83.

35.4. Ahora bien, comoquiera que la secuestre, en su condición de auxiliar de la justicia,
constituyó una póliza de cumplimiento destinada a amparar los perjuicios que pudiera
ocasionar con ocasión del ejercicio de sus funciones, y la demandante ostentaba la
calidad de beneficiaria de dicha garantía, esta se encontraba facultada para dar aviso del
siniestro y reclamar la correspondiente indemnización, en los términos del artículo 1075
del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio84. En ese orden, la demandante tenía la
posibilidad de obtener, al menos, el pago del valor asegurado de $5.000.000, sin
embargo, no obra en el expediente prueba alguna que demuestre que hubiese ejercido
oportunamente ese derecho o promovido la efectividad de la póliza.

35.5. En ese sentido, tal omisión impidió la materialización de un mecanismo legalmente
previsto para resarcir, al menos de manera parcial, los perjuicios cuya indemnización
ahora reclama. En esas condiciones, pese a que la demandante contaba con un medio
idóneo para obtener su reparación, omitió hacerlo efectivo, circunstancia que configura
el incumplimiento del deber de mitigar el perjuicio y conduce a descontar de la condena
el valor actualizado correspondiente a la cobertura de la póliza, esto es, diez millones

81 “Artículo 683. funciones del secuestre y caución. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 341 del Decreto 2282

de 1989. El nuevo texto es el siguiente: El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata
de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin
perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.
Si los bienes secuestrados son consumibles y se hallan expuestos a deteriorarse o perderse, el secuestre los enajenará
en las condiciones normales del mercado, consignará el dinero en la forma establecida en el artículo 10 y rendirá al
juez informe de la venta.
Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10, el secuestre deberá prestar la caución
que el juez fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.
No se exigirá caución al opositor o a quien se dejen los bienes en calidad de secuestre, ni cuando las partes lo soliciten
de común acuerdo.
El gobierno reglamentará lo relacionado con el desempeño del cargo de secuestre y con la custodia, manejo y
disposición de los bienes secuestrados”.
82 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 109.
83 índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 109.
84 “Artículo 1075. El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del

siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá
ampliarse, mas no reducirse por las partes. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo
plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro”.

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cuarenta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos con noventa y cuatro centavos
($10.047.157,94)85.

36. En conclusión, el desempeño irregular del auxiliar de la justicia, así como la conducta
omisiva del juez de la causa en requerirla para verificar y exigir el cumplimiento de sus
obligaciones, fueron las causas de la producción del daño y sus efectos, lo que da lugar
a confirmar la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial. No
obstante, dado que la demandante no ejerció el derecho de reclamar por lo menos la
indemnización asegurada en la póliza no. 96-41-101039996 del 10 de octubre de 2013,
la Sala descontará ese valor del total de la condena.

iv) Indemnización de perjuicios

i) Perjuicios materiales

El demandante solicitó tres perjuicios materiales: (i) los cánones de arrendamiento no
consignados por la secuestre; (ii) los cánones de arrendamiento que dejó de percibir
después de que Saludcoop devolviera el inmueble; y (iii) la diferencia entre el valor del
crédito adeudado a la parte ejecutante y el valor del avalúo comercial del inmueble
entregado en dación en pago a la ejecutada según el contrato de transacción celebrado
el 29 de mayo de 2015.

37. En primer lugar, la Sala confirmará la condena respecto de los cánones de
arrendamiento no percibidos por la parte demandante debido a que no se acreditó que la
secuestre hubiera desplegado las actuaciones necesarias para recaudar los cánones
causados.

37.1. Debe aclararse que el periodo que cobija los cánones corresponde a agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y, enero, febrero y 2 de marzo de
2015. Así, se precisa que, aunque la demandante solicitó el reconocimiento de este
perjuicio desde junio de 2014, como se señaló en el apartado relativo al daño, la
secuestre dejó de consignar los cánones a partir de agosto de 2014. Por lo tanto, el
periodo durante el cual la demandante dejó de percibir dichos cánones corresponde a
siete meses y dos días, comprendidos entre agosto de 2014 y el 2 de marzo de 2015,
fecha en la que el agente interventor de Saludcoop entregó el inmueble a la secuestre86.
En relación con este último mes, los pagos serán proporcionales al día en que Saludcoop
uso el inmueble.

37.2.Una vez precisado el periodo, debe aclararse el monto de los cánones. Al respecto,
se encontraba vigente el contrato suscrito entre la secuestre y Glocal87, por lo tanto, se

85 S= $5.000.000 *159,79 (IPC para la fecha de esta sentencia)

79,52 (IPC para fecha de la póliza octubre de 2013)
S=10.047.157,94
86 Mediante la Resolución 2083 del 24 de enero de 2023, se declaró terminada la existencia legal de SaludCoop.
87 En la demanda se sostuvo lo siguiente “como hecho trascendente para este proceso es de informarse que ni la

secuestre ni el mencionado Despacho Judicial hicieron esfuerzo alguno para que la mencionada auxiliar de la justicia
cobrara los cánones de arrendamiento adeudados por el propio GLOCAL DESARROLLO SAS”.

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tendrá en cuenta las estipulaciones previstas en el primero de los contratos nombrados.
En ese sentido, quedó acreditado que el inmueble estaba arrendado a Glocal por un valor
de $32.000.000, mes vencido, que debía ser pagado durante los cinco (5) primeros días
de cada mes, en consecuencia, se entiende que, entre agosto de 2014 y el 2 de marzo
de 2015, la secuestre debió recibir los pagos de siete (7) meses completos y, por los dos
días del mes de marzo el valor parcial de un canon, esto es, $2.064.516,12.

37.3. En atención a lo expuesto, se procederá a actualizar cada uno de los cánones de
arrendamiento pendientes de percepción por parte de la demandante 88, con base en la
siguiente formula:

S= Valor a indexar * Índice final (IPC para la fecha de esta sentencia)89
Índice inicial (IPC vigente para cada uno de los cánones de arrendamiento)90

Año Mensualidad Canon de Canon indexado
arrendamiento
pactado con Glocal
Agosto $32.000.000 $62.433.211,23
Septiembre $32.000.000 $62.349.469,57
2014 Octubre $32.000.000 $ 62.250.791,33
Noviembre $32.000.000 $ 62.167.537,99
Diciembre $32.000.000 $ 62.001.697,58
Enero $32.000.000 $ 61.605.783,13
2015 Febrero $32.000.000 $ 60.901.381,61
Marzo $2.064.516,12 $ 3.906.323,63
$ 437.616.196,07

En ese sentido, la Rama Judicial deberá pagar la suma de cuatrocientos treinta y siete
millones seiscientos dieciséis mil ciento noventa y seis pesos con siete centavos ($
437.616.196,07) respecto de los cánones de arrendamiento que la demandante dejo de
percibir como consecuencia de que la secuestre omitió consignarlos en la cuenta de
depósitos judiciales prevista por el Juzgado.

38. En segundo lugar, tal como lo consideró la sentencia de primera instancia, también
es preciso acceder a los cánones de arrendamiento que la demandante dejó de percibir
al mes siguiente de que el interventor de Saludcoop devolvió el inmueble a la secuestre.
Lo anterior, obedece a que, más allá de la falta de diligencia de la auxiliar de la justicia
para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, de la causa petendi se desprende que
el perjuicio cuya indemnización se reclama provino de la modificación de la relación
contractual promovida por la secuestre91. En efecto, al momento de la diligencia de

88 No se considerará el incremento anual de los cánones, ya que el contrato no especificó claramente un aumento, y

los arrendamientos comerciales no están sujetos al límite del IPC, como sí lo esta el regimen de vivienda urbana.
89 El último IPC registrado al momento de la presente sentencia es el de julio de 2026, esto es, 159,79.
90 Los IPC de cada uno de los meses de 2014 fueron los siguientes: agosto= 81,90; septiembre= 82,01; octubre=82,14;

noviembre=82,25 y diciembre=82,47. Los IPC de 2015 fueron: enero=83,00; febrero=83,96; y marzo= 84,45.
91 Con el siguiente párrafo se evidencia que la causa petendi obedeció al cambio de negocio jurídico por parte de la

secuestre así: “La terminación del contrato de arrendamiento con la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP obedeció

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secuestro se encontraba vigente un contrato de arrendamiento celebrado entre la
inmobiliaria y Saludcoop, suscrito el 11 de marzo de 2013 por un término de siete (7)
años, con vigencia hasta el 10 de marzo de 2020, de manera que fue la alteración de ese
vínculo contractual la que impidió que la demandante continuara percibiendo los frutos
civiles del inmueble.

38.1. En cuanto al periodo que se debe liquidar, la demandante solicitó que se tuviera en
cuenta entre abril de 2015 —mes siguiente a la entrega del inmueble por el interventor
de SaludCoop a la secuestre— y el 21 de septiembre de 2015, fecha en que esta restituyó
el bien a los ejecutantes92. En ese sentido, el período indemnizable comprende los
cánones de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015 y, la proporción de 21 días del mes
de septiembre93.

38.2. Ahora bien, teniendo en cuenta la causa petendi94, la base para liquidar los cánones
dejados de percibir debe corresponder al valor pactado en el contrato de arrendamiento
celebrado entre la inmobiliaria y Saludcoop, por ser el negocio jurídico vigente al
momento de la diligencia de secuestro y cuya ejecución se frustró como consecuencia
de la actuación irregular de la secuestre y, no, el contrato celebrado entre Glocal y
Saludcoop. Así, el perjuicio que se analiza no deriva de la terminación de ese contrato —
circunstancia que, además, no fue acreditada en el proceso—, sino de la alteración
injustificada de la relación contractual preexistente, que privó a la demandante de percibir
los frutos civiles que habría obtenido de mantenerse la ejecución del contrato vigente al
momento del secuestro.

38.3. En ese sentido, el contrato entre la inmobiliaria y Saludcoop previó un canon de
$32.000.00095 mes anticipado y, a este no podría adicionársele el aumento del IPC anual
que se pactó del cuatro por ciento (4%), pues se causaría una vez se cumpliera el tercer
año de ejecución del contrato96. No obstante, en virtud del contrato de administración del
23 de enero de 2013, suscrito entre la demandante y la inmobiliaria se descontará del
valor del canon de arrendamiento la suma equivalente al seis coma veinticinco por ciento
(6,25%) del valor del arrendamiento que debía recaudarse, esto es, $2.000.000. Lo
anterior, por concepto de la comisión que la demandante estaba obligada a pagar a la

exclusivamente a culpa imputable a la secuestre en su labor de administración, lastimando severamente los intereses
patrimoniales de mi poderdante”.
92 Si bien, en principio, el período de cánones que se reconocería sería el correspondiente al 3 de marzo de 2015, día

siguiente al comprendido en el perjuicio anterior, hasta el 21 de septiembre de 2015, fecha en la que esta lo entregó a
los ejecutantes en cumplimiento del contrato de transacción, lo cierto es que, la demandante solicitó la condena a partir
de abril de 2015.
93 Aunque el canon se pactó por mes anticipado, esa fecha determina su exigibilidad, pero no implica necesariamente

que deba reconocerse todo septiembre, pues el perjuicio cesó el 21 de septiembre de 2015, fecha de entrega del
inmueble.
94 De conformidad con En la demanda se indicó que estos cánones se referían al negocio jurídico frustrado por la

actuación de la secuestre.
95 El valor del IVA será excluido pues no se causó y, además, no es un crédito que se causara a favor de la demandante.
96 “Cláusula cuarta: Incrementos del precio: Las partes acuerdan que el canon de arrendamiento mensual vigente, se

incrementará cada 10 de Marzo, en un porcentaje igual al aumento que el Gobierno Nacional Colombiano realice al
índice Nacional de Precios ai Consumidor IPC, certificado por el DAÑE y vigente para el año inmediatamente anterior
más 4 puntos y así sucesivamente cada doce meses en caso de prórroga tácita o expresa, a partir del primer día del
tercer año de vigencia del presente contrato” índice 2 Samai – archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link
expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 127.

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inmobiliaria por los servicios prestados97. En consecuencia, el valor del canon que se
debe actualizar es de $30.000.000 por mes completo.

38.4.Bajo ese contexto, se procederá a actualizar cada uno de los cánones de
arrendamiento que la parte demandante debía percibir como consecuencia del primer
contrato de arrendamiento celebrado entre la inmobiliaria y Saludcoop. Para calcular el
ingreso base de liquidación, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

S= Valor a indexar * Índice final (IPC para la fecha de esta sentencia) 98
Índice inicial (IPC vigente para cada uno de los cánones de arrendamiento)99

Año Mensualidad Canon de arrendamiento Canon indexado
pactado con el descuento de
comisión
Abril $30.000.000 $56.462.897,52
mayo $30.000.000 $56.316.964,28
2015 junio $30.000.000 $56.257.481,51
julio $30.000.000 $56.152.044,04
agosto $30.000.000 $ 55.883.655,86
septiembre $21.000.000100 $38.842.342,86
$ 319.915.386,07

39. En tercer lugar, respecto de la diferencia entre el valor del crédito adeudado a la parte
ejecutante y el valor del avalúo comercial del inmueble entregado en dación en pago a la
ejecutada según el contrato de transacción celebrado el 29 de mayo de 2015, la Sala
advierte que este perjuicio no será reconocido en tanto que, como quedó expuesto, no
se acreditó el daño.

En conclusión, se debe acceder al pago de los cánones de arrendamiento no
consignados por la secuestre y los que dejó de percibir después de que Saludcoop
devolviera el inmueble a la auxiliar judicial. La sumatoria de dichos perjuicios equivale a
setecientos cincuenta y siete millones quinientos treinta y un mil quinientos ochenta y dos
pesos con catorce centavos ($757.531.582,14). No obstante, al monto total deberá
descontarse la suma de diez millones cuarenta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos
con noventa y cuatro centavos ($10.047.157,94) con ocasión a que la víctima tenía
derecho a obtener ese valor, pero omitió hacer efectiva la póliza de seguro que
garantizaba la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de las labores de la
secuestre, como quedó expuesto anteriormente. Por lo tanto, se reconocerá por concepto
97 “QUINTA. Comisión: EL PROPIETARIO se obliga para con el ADMINISTRADOR a pagar una comisión por los

servicios que éste preste del SEIS PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO (6.25%) MÁS IVA, del valor del arrendamiento
recaudado mensualmente siempre y cuando estuviere arrendado el inmueble. Igualmente EL PROPIETARIO autoriza
al ADMINISTRADOR para deducir y compensar mensualmente el monto del arrendamiento, la comisión estipulada y
el valor de los gastos que hiciera el administrador y que estén autorizados por EL PROPIETARIO”. índice 2 Samai –
archivo 4ED_4_680012333000201600(.pdf) link expediente digital 02Demanda.pdf. Folio 188. Ahora bien, no se
descontará el IVA enunciado en la cláusula quinta en la medida que no se incluyó en el cálculo de la indemnización y,
esta podía ser susceptible de cruce de cuentas.
98 El último IPC registrado al momento de la presente sentencia es el de julio de 2026, esto es, 159,79.
99 Los IPC por cada uno de los meses en los cuales se debió causar los cánones de arrendamiento: abril = 84,90; mayo

= 85,12; junio= 85,21; julio = 85,37; agosto = 85,78, septiembre = 86,39.
100 El valor por día del canon de arrendamiento a pagar era de $1.000.000.

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de indemnización total por perjuicios materiales: setecientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con veinte centavos
($747.484.424,20).

ii) Perjuicios morales

40. Respecto a los perjuicios morales causados con ocasión de la diferencia entre el valor
del crédito adeudado a la parte ejecutante y el valor del avalúo comercial del inmueble
entregado en dación en pago a la ejecutada, la Sala advierte que confirmará la decisión
de primera instancia toda vez que en el expediente no reposa prueba alguna que acredite
los perjuicios alegados.

I. Condena en costas

41. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la Sala efectuó una revisión integral del
litigio y observa que, al no existir una parte plenamente vencida en esta instancia, no se
impondrá condena en costas. El numeral 1 del artículo 365 del CGP prevé la condena en
costas a quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación 101; sin embargo,
dado que las pretensiones prosperaron parcialmente, conforme al numeral 5 de ese
artículo102, el juez puede abstenerse de imponerlas. Asimismo, la parte demandada
tampoco será condenada en costas, ya que su apelación también fue parcialmente
exitosa. En consecuencia, ante la ausencia de una parte completamente vencida, no
procede la imposición de costas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones No obstante,
MODIFÍCASE el numeral segundo de la condena impuesta, de la siguiente manera:

SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a favor de la
señora Doris Elvira Riaño Villamizar, a título de perjuicio material en la modalidad
de lucro cesante consolidado, la suma de setecientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con veinte

101 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en

costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
102 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en

costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

31

Radicado: 680012333000-2016-00935-01 (72164)
Demandante: Doris Elvira Riaño Villamizar

centavos ($747.484.424,20), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

32

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