República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00953-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
Demandadas: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
municipio de Landázuri (Santander)
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: aplicación de la versión original del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Subtema 2: principio de la condición más
beneficiosa.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el
10 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
I. Síntesis del caso
Alicia Camacho de Galeano solicitó la nulidad de los actos administrativos a través
de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó la pensión de
sobrevivientes, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Ernesto Galeano
Ortiz, fallecido el 30 de agosto de 2002. La accionante alega que en el presente
caso se cumplen los presupuestos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la aludida prestación.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones porque el causante
no acreditó 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a su fallecimiento,
pese a que trabajó como personero entre marzo de 1998 y julio de 2000 y el
municipio omitió girar algunos aportes. La demandante apeló al considerar que se
aplicó indebidamente la Ley 797 de 2003, pues el deceso ocurrió en 2002. Sostuvo
que debía aplicarse el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exigía
26 semanas, o, en virtud de la condición más beneficiosa, la Ley 12 de 1975, dado
que el causante era beneficiario del régimen de transición y había laborado más de
20 años.
La Subsección revocará la sentencia de primera instancia y reconocerá la pensión
de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
que para el momento de su fallecimiento, el señor Ernesto Galeano Ortiz había
completado más de veinte años de servicios públicos y era beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993. Por ello, la beneficiaria consolidó una
expectativa legítima amparada por el artículo 1.º de la Ley 12 de 1975.
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Alicia Camacho de Galeano, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda el 8 de junio de 20161 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad de las resoluciones núm. 09209 del 20 de mayo de 2003;
16730 del 2 de septiembre de 2003; 10460 del 29 de noviembre de 2004; 35784 del
1 de noviembre de 2005; 2861 del 17 de abril de 2006 y 36385 del 4 de agosto de
2008, proferidas por Cajanal, hoy la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que
negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Alicia Camacho de Galeano.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la UGPP reconociera y
pagara a Alicia Camacho de Galeano, en calidad de cónyuge supérstite, la pensión
de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Ernesto Galeano Ortiz, con
fundamento en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, pidió que la entidad
cobrara al municipio de Landázuri el cálculo actuarial correspondiente, de acuerdo
con las certificaciones de tiempos de servicio y que este último efectuara su pago.
4. También requirió que, para liquidar la prestación, se tuviera en cuenta toda la
historia laboral del causante, incluidos los periodos cotizados al ISS entre el 6 de
febrero de 1978 y el 15 de abril de 1985. Además, solicitó el reconocimiento de
intereses moratorios desde la fecha en que judicialmente se reconociera la pensión
y la condena en costas a las entidades demandadas.
5. Subsidiariamente, pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el artículo 1.º de la Ley 12 de 1975, en virtud del principio de la
condición más beneficiosa. En consecuencia, solicitó que el municipio de Landázuri
pagara a la UGPP el cálculo actuarial correspondiente al periodo comprendido entre
el «1» de marzo de 1998 y el «27» de julio de 2000, así como la liquidación integral
de la prestación, los intereses moratorios y las costas procesales.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 Ver Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo « 005HojaReparto» y «007ActaIndividualReparto».
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
7. Ernesto Galeano Ortiz nació el 10 de febrero de 1955. Al 30 de junio de 1995
tenía 40 años, acreditaba 15 años y 26 días de servicio público cotizados a Cajanal
y era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Permaneció afiliado a esa entidad durante su vida laboral, sin trasladarse
a otra administradora de pensiones.
8. Indicó que el causante efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales entre el 6
de enero de 1978 y el 15 de abril de 1985, equivalentes a 174 semanas. Asimismo,
laboró como servidor público de la Secretaría de Educación Departamental desde
el 4 de junio de 1980 hasta el 1 de marzo de 1998.
9. Posteriormente, se desempeñó como personero del municipio de Landázuri entre
el [10] de marzo de 1998 y el 28 de julio de 2000. Durante ese periodo, la Alcaldía
y la Personería omitieron efectuar los aportes correspondientes al sistema de
seguridad social.
10. ErnestoGaleano Ortiz falleció el 30 de «octubre» de 2002 en Landázuri
(Santander) según consta en el registro civil de defunción. Para entonces,
conformaba un hogar con Alicia Camacho de Galeano, con quien tuvo tres hijos:
Ernesto Alejandro, William Humberto y Ana María Galeano Camacho.
11. Alicia Camacho de Galeano solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite. La entidad negó la prestación
mediante la Resolución 09209 de mayo de 2003. Contra esa decisión, la interesada
interpuso los recursos correspondientes, resueltos mediante las resoluciones 16730
del 2 de septiembre de 2003 y 10460 del 29 de noviembre de 2004.
12. Posteriormente,Alicia Camacho de Galeano presentó una nueva solicitud.
Cajanal, mediante la Resolución 36385 de agosto de 2008, reiteró la decisión de
negar el reconocimiento pensional.
13. El 20 de mayo de 2015, Alicia Camacho de Galeano solicitó al municipio de
Landázuri los formatos laborales necesarios para el trámite pensional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
14. La demanda cita las siguientes normas vulneradas: artículo 53 de la Constitución
Política; artículos 36 y 46 de la Ley 100 de 1993; artículo 3 del Decreto 2527 de
2000; artículo 1 de la Ley 12 de 1975 y artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
15. Al explicar el concepto de violación, la parte actora sostuvo que Ernesto Galeano
Ortiz era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues al 30
de junio de 1995 tenía más de 40 años y más de 15 años de servicio. Señaló que
laboró y efectuó aportes durante 24 años, 1 mes y 10 días, equivalentes a 1.240
semanas, por lo que al momento de su fallecimiento había cumplido el tiempo
necesario para acceder a la pensión de vejez y solo le faltaba alcanzar la edad. En
consecuencia, estimó satisfechos los presupuestos del parágrafo 1 del artículo 46
de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
16. Indicó que para reconocer el derecho pensional, debían sumarse las semanas
cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, el tiempo laborado en la Secretaría de
Educación de Santander y el prestado como personero de Landázuri. Agregó que
la omisión del municipio en el pago de aportes no podía justificar el desconocimiento
del tiempo de servicio, pues Cajanal era la última entidad a la cual estuvo afiliado el
causante y, por tanto, debía reconocer la prestación y cobrar al municipio el cálculo
actuarial correspondiente.
17. Finalmente, afirmó que procedía aplicar el principio de la condición más
beneficiosa y el régimen anterior previsto en las leyes 33 de 1985 y 12 de 1975,
debido a que el causante había cumplido el tiempo de servicio requerido y falleció
antes de alcanzar la edad pensional. Añadió que Alicia Camacho de Galeano
acreditó su calidad de cónyuge supérstite y la convivencia con el causante durante
24 años, por lo que tenía la condición de beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. UGPP
18. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda 2, al considerar que Alicia
Camacho de Galeano no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Señaló que Ernesto Ortiz Galeano acreditó 7.264 días de servicio y
que, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no contaba con 40 años de edad
ni con 15 años de servicios, por lo que no era beneficiario del régimen de transición.
Además, afirmó que el causante no consolidó su estatus pensional antes de fallecer.
19. Como fundamento jurídico, invocó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
vigentes para la fecha del fallecimiento, ocurrido el 30 de agosto de 2002. Sostuvo
que el causante no se encontraba cotizando al sistema ni acreditó 26 semanas de
aportes durante el año anterior a su muerte. Añadió que la demandante tampoco
demostró el requisito de convivencia. Por ello, solicitó que se negara la nulidad de
las resoluciones 09209 y 16730 de 2003, 10460 de 2004 y 36385 de 2008.
20. Respecto de los tiempos de servicio presuntamente omitidos, indicó que la UGPP
solo responde por aquellos reportados a Cajanal. En consecuencia, afirmó que el
municipio de Landázuri, como empleador, debía responder por los periodos no
informados y por el correspondiente cálculo actuarial. Asimismo, rechazó la
aplicación de la condición más beneficiosa y el reconocimiento de intereses,
indexación, retroactivo y costas, pues estos conceptos dependían de la prosperidad
de la pretensión principal.
21. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva»;
«inepta demanda por falta del requisito de procedibilidad y no agotamiento de la
actuación administrativa»; «inexistencia de la obligación»; «prescripción»;
«prescripción del agotamiento de la actuación administrativa»; «carencia del
derecho reclamado»; «buena fe»; «falta de título y causa», y la genérica. En
2 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «031ContestacionDemanda».
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particular, sostuvo que entre la última resolución demandada, expedida en 2008, y
la presentación de la demanda en 2016 transcurrieron más de tres años3.
2.2.2. Municipio de Landázuri, (Santander)
22. No contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 10 de octubre
de 2022 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante, por los siguientes motivos:
24. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que Alicia Camacho de
Galeano no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
porque el señor Ernesto Galeano Ortiz no había acreditado cincuenta semanas de
cotización durante los tres años anteriores a su fallecimiento. En consecuencia,
negó las pretensiones dirigidas contra la UGPP y el municipio de Landázuri, pues
estimó que no se cumplió el requisito previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de
1993.
25. Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal tuvo por probado que la señora
Alicia Camacho y Ernesto Galeano contrajeron matrimonio el 15 de abril de 1978;
que aquel prestó servicios al departamento de Santander y se desempeñó como
personero del municipio de Landázuri entre el 10 de marzo de 1998 y el 28 de julio
de 2000 y que falleció el 30 de agosto de 2002. También constató que el municipio
efectuó descuentos destinados al sistema pensional, pero no encontró evidencia de
que los hubiera girado a una administradora. Asimismo, verificó que Cajanal negó
reiteradamente, a través de los actos administrativos demandados, la pensión de
sobrevivientes.
26. El Tribunal señaló que la norma aplicable era la vigente al momento de la muerte,
esto es, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, —
ya que el fallecimiento ocurrió el 30 de agosto de 2002—, norma que dispone que
el afiliado debía acreditar 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores al deceso, esto es, entre el 30 de agosto de 1999 y el 30 de agosto de
2002.
27. Asimismo, el Tribunal rechazó la tesis según la cual el elevado número de
semanas acumuladas durante toda la vida laboral —946 semanas— permitía
reconocer la prestación. Consideró que esa interpretación desconocía el principio
de inescindibilidad, porque combinaba elementos favorables de regímenes
diferentes sin aplicar integralmente la regulación escogida.
3 A través de auto del 28 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander, resolvió lo relativo a las
excepciones, donde resolvió: «PRIMERO: DECLARAR que los argumentos expuestos por la UGPP carecen de
la naturaleza de excepción previa, al no estar enlistadas en el Art. 100 del CG del P. SEGUNDO: DECLARAR
que no hay lugar a la terminación del proceso por falta del agotamiento de los recursos en sede administrativa
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva». Ver Samai, expediente digital, índice 2, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo
«059AutoDecideExcepciones».
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
28. Así, al contrastar el periodo laborado como personero —10 de marzo de 1998 y
el 28 de julio de 2000—; con los tres años anteriores al fallecimiento —
comprendidos entre el 30 de agosto de 1999 y el 30 de agosto de 2002—, el Tribunal
concluyó que únicamente se acreditaron 30 semanas. Por ello, estimó que, aun
cuando se computaran los tiempos inicialmente omitidos por el municipio, el
causante no habría completado las cincuenta semanas requeridas. Finalmente, el
Tribunal condenó en costas a la parte demandante. Sustentó esa determinación en
el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso4.
2.4. Recurso de apelación
29. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. La inconformidad se sustentó en la aplicación indebida de los
requisitos introducidos por la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, y
en el desconocimiento del principio de la condición más beneficiosa para reconocer
la pensión de sobrevivientes.
30. Indicó que Ernesto Galeano Ortiz falleció el 30 de agosto de 2002, por lo que la
controversia debía resolverse con fundamento en el texto original del artículo 46 de
la Ley 100 de 1993. Explicó que esta disposición exigía veintiséis semanas de
cotización en cualquier tiempo, si el afiliado se encontraba activo, o durante el año
anterior al fallecimiento, si había dejado de cotizar, y no cincuenta semanas dentro
de los tres años anteriores, como lo estableció la Ley 797 de 2003.
31. Agregó que el causante era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, al entrar en vigor el sistema para los
servidores públicos territoriales (30 de junio de 1995), contaba con 40 años de edad
y más de 15 años de servicios. Señaló que laboró desde el 23 de mayo de 1980
hasta el 1 de marzo de 1998 y como personero del municipio de Landázuri entre el
10 de marzo de 1998 y el 28 de julio de 2000, de manera que acumuló más de 20
años de servicio y tenía una expectativa legítima de pensionarse conforme a la Ley
33 de 1985.
32. Sostuvo que los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y el artículo 272 de
la Ley 100 de 1993 permitían aplicar el principio de la condición más beneficiosa y,
por esa vía, otorgar efectos ultractivos al artículo 1.º de la Ley 12 de 1975. Afirmó
que resultaba inequitativo negar la prestación pese a que el causante había cotizado
más de mil semanas y cumplido el tiempo de servicio exigido. En consecuencia,
solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda.
2.5. Trámite de segunda instancia
33. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el
27 de abril de 20235, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por la
4 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «094SentenciaPrimeraInstancia».
5 Samai, índice 4.
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demandante y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo
con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20216.
34. La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión 7 de segunda
instancia, en el que reiteró que el Tribunal aplicó indebidamente la Ley 797 de 2003,
pese a que el causante falleció bajo la vigencia del texto original de la Ley 100 de
1993. Subsidiariamente, pidió aplicar la condición más beneficiosa y la Ley 12 de
1975, por haber laborado más de 20 años, era beneficiario del régimen de transición
y, en tanto, poseía una expectativa legítima de pensión. Añadió que la calidad de
cónyuge y la convivencia de Alicia Camacho de Galeano estaban acreditadas y que
la UGPP era competente para reconocer la prestación.
35. Por su parte, la entidad demandada allegó memorial8 a través del cual indicó
«descorre[r] traslado del recurso de apelación», y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de Alicia Camacho de Galeano, al
considerar que el análisis del Tribunal Administrativo de Santander se ajustó al litigio
planteado.
2.5.1. Ministerio Público
36. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación estimó que debía
confirmarse la sentencia de primera instancia, porque el causante no cumplía los
requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Señaló que, al haber fallecido el 30 de agosto de 2002,
resultaba aplicable el texto original del artículo 46 de esa ley; sin embargo, no se
acreditó que estuviera cotizando al momento de su muerte ni que hubiera efectuado
aportes durante, al menos, veintiséis semanas dentro del año inmediatamente
anterior. En consecuencia, consideró que la demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y solicitó confirmar la decisión que
negó las pretensiones de la demanda9.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
37. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde
6 «En ese orden de ideas y al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el Despacho prescindirá
del periodo para correr traslado a las partes y una vez surtido el término de notificación del presente auto, este
expediente regresará para fallo, de conformidad con el numeral 5° del artículo 67 ibidem».
7 Samai, índice 12, documento «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_01002023(.pdf)
NroActua 12».
8 Samai, índice 10, documento «11_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 10».
9 Samai, índice 13.
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a la Sala definir si:
39. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
con fundamento en los requisitos de la versión original del artículo 46 de la Ley 100
de 1993, que le exigían al causante acreditar 26 semanas de cotización en el año
anterior al fallecimiento?
40. En caso negativo, ¿es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes de la
Ley 12 de 1975, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa?
41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar,
las disposiciones aplicables en materia de pensión de sobrevivientes. Para luego,
estudiar el caso en concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Pensión de sobrevivientes
42. Inicialmente, se precisa que la Ley 12 de 1975, «por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación», estableció la pensión por
muerte cuando el causante hubiera completado el tiempo de servicio exigido por la
ley para acceder a la pensión de jubilación, pero falleciera antes de cumplir la edad
requerida para su reconocimiento, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere
antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere
completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones
colectivas.
ARTÍCULO 2.- Este derecho lo pierde el cónyuge sobreviviente cuando por su culpa
no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando contraiga nuevas
nupcias o haga vida marital, y los hijos por llegar a la mayoría de edad o cesar la
incapacidad.
43. Luego, la versión original de la Ley 100 de 1993, en el artículo 46, numeral 2,
indicaba que tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del
grupo familiar del afiliado que falleciera, así:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte10.
10 La Corte Constitucional, en la sentencia C-617 de 2001, consideró sobre estos requisitos «el numeral 2º de
la norma en cuestión, por su parte, regula la situación ante la muerte del afiliado, en cuyo caso la pensión de
sobrevivientes que se paga a sus familiares es una nueva prestación de la que no gozaba el causante, sino que
se genera en razón de su muerte previo el cumplimiento de unos requisitos que el legislador ha previsto. Se
trata, entonces, del cubrimiento de un riesgo con el pago de una prima que lo asegure y no del cambio de titular
de una prestación ya causada como en el evento anterior.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
44. Ahora bien, el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establecía entre los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge, en los siguientes
términos: «en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos
desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una
pensión de vejez o invalidez11, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido
no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido».
45. Luego, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificó la Ley 100 de 1993 y reguló
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los
integrantes del grupo familiar del afiliado que fallece y que cumpliera con el requisito
de tener 50 semanas de cotización en los tres años anteriores al fallecimiento.
46. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
El requisito para que los respectivos beneficiarios[4] obtengan la prestación consiste en se haya aportado por
el causante un mínimo de 26 semanas en cualquier tiempo, para el caso de aquel que se encuentre cotizando
al sistema, y el mismo número, pero en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, para el caso del afiliado
que haya dejado de hacerlo».
11 Expresión declarada inexequible en la sentencia C-1176 de 2001 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES12> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
[…].
47. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»13. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de
vida que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado14.
48. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201315, precisó que «el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201016 y noviembre 1º de 201217, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
12 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
14 Sentencia T-085 de 2021.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
16 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
17 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
49. Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada y determinada según las particularidades relevantes de cada caso en
concreto. Por ello, aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no residen
en el mismo techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce
obligatoriamente a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y
cuando continúen los lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento
espiritual y ayuda mutua18.
3.4. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de
pensión de sobrevivientes
50. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en materia de
pensión de sobrevivientes, ha determinado la posibilidad de aplicar la condición más
beneficiosa como un mecanismo para proteger las expectativas legítimas de
quienes acreditaran el requisito de semanas mínimo de la norma previamente
derogada. En todo caso, no se ha desconocido el criterio según el cual el derecho
a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del causante,
puesto que fue durante su vigencia que se produjo el deceso. Así se expuso19:
[…] esta Sala concluye que es procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, de conformidad con la condición más beneficiosa
y la aplicación del principio de favorabilidad que permite el estudio de la disposición
inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, siempre que el
afiliado hubiera aportado la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento
del derecho pensional. Ahora bien, determinada la normatividad aplicable a la pensión
de sobrevivientes se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en ésta
para su reconocimiento.
51. A su turno, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-174 de 2025, determinó
el alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de
sobrevivientes. Sobre el particular, la Corte señaló en primer lugar que:
La Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral han definido el principio de la
condición más beneficiosa como aquel que habilita que el reconocimiento de una
prestación pensional se examine conforme a un régimen pensional derogado,
anterior al vigente al momento de la causación del derecho20, que resulta más
favorable para el afiliado o beneficiario. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional y ordinaria laboral, la aplicación de este principio está condicionada al
cumplimiento de dos requisitos. Primero, en vigencia del régimen anterior, el afiliado
o beneficiario debe haber forjado una expectativa legítima -no una mera expectativa-
, por haber cumplido alguno de los requisitos de causación de la prestación
pensional (vgr. semanas de cotización). Segundo, debe constatarse que el
legislador llevó a cabo una modificación de los requisitos para acceder a la
prestación pensional que hizo más gravoso su reconocimiento y, sin embargo, no
previó un régimen de transición para amparar las expectativas legítimas que, en
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de
2017, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, proceso con radicado
66001233300020200013601 (2451-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20 Corte Constitucional, sentencias SU-442 de 2016, SU-005 de 2018, SU-556 de 2019, SU-038 de 2023 y SU-
072 de 2024, entre muchas otras.
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vigencia del régimen anterior, los afiliados o beneficiarios forjaron21. En síntesis, “el
principio de la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas ante
cambios normativos abruptos que impongan requisitos adicionales que impidan o
dificulten en extremo la consolidación de un derecho, frente al cual una persona
pudiera tener confianza en su consolidación”22.
3.5. Hechos probados relevantes
52. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
a continuación:
53. El señor Ernesto Galeano Ortiz nació el 10 de febrero de 1955, tal y como da
cuenta la cédula de ciudadanía aportada23, y para el 30 de junio de 1995, contaba
con 40 años de edad, y para la fecha del fallecimiento —30 de agosto de 2002—,
con 47 años de edad.
54. Obra el registro civil de matrimonio el 15 de abril de 197824 donde constan como
contrayentes los señores Ernesto Galeano Ortiz y Alicia Camacho.
55. El señor Ernesto Galeano Ortiz falleció el 30 de agosto de 2002, tal y como da
cuenta el registro civil de defunción núm. 0472442325.
56. Se aportaron los registros civiles de nacimiento de los señores Ernesto Alejandro
Galeano Camacho —23 de junio de 1979—, Ana María Galeano Camacho —3 de
julio de 1991— y William Humberto Galeano Camacho —28 de septiembre de
1983—26, de los cuales se advierte son hijos del causante.
57. Fue allegado el certificado de información laboral del 8 de octubre de 2012, que
da cuenta de los servicios prestados por el señor Ernesto Galeano Ortiz a la
«Personería Municipal», en el cargo de personero, desde el 1 de marzo de 1998 al
28 de julio de 200027. En ese mismo documento se indicó como «caja, fondo o
entidad a la cual se realizaron los aportes», correspondiente a «Horizonte S.A.».
58. Reposa en el expediente el certificado de información laboral del 4 de junio de
2012, en el que hace constar que el señor Ernesto Galeano Ortiz prestó sus
servicios en la Secretaría de Educación Departamental de Santander, en el cargo
«administrativo», del 4 de junio de 1980 hasta el 1 de marzo de 1998, y en dicho
periodo se realizaron los aportes a «Cajanal»28. Adjunto al anterior, se aportó
certificación de salario base y mes a mes, desde el año 1988 a 1998 29.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-038 de 2023.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-005 de 2018.
23 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 1.
24 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 4.
25 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 7.
26 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 8 a 12.
27 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 13.
28 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 15.
29 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 16 a 22.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
59. Lo anterior guarda congruencia con el certificado de tiempo de servicios expedido
por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander, en la que consta
que el señor Ernesto Galeano Ortiz prestó sus servicios como celador, desde el 4
de junio de 1980 hasta el 1 de marzo de 199830.
60. Asimismo, se aportó certificación del 2 de junio de 201531 y del 20 de octubre de
202232, suscrita por el Concejo Municipal de Landázuri, (Santander), en la que dejó
constancia que el señor Ernesto Galeano Ortiz, prestó sus servicios como personero
de dicho ente municipal del «1» de marzo de 1998 hasta el 29 del julio de 2000.
61. Mediante el Oficio TES 2004 08 1803 del 18 de agosto de 2004, el municipio de
Landázuri informó que al causante se le efectuaron descuentos por concepto de
aportes pensionales, pero no encontró evidencia de su giro a un fondo de
pensiones33. Esta información también fue comunicada a Cajanal por medio del
Oficio del 25 de octubre de 200434.
62. Luego, fue allegado al proceso certificación electrónica de tiempo laboral CETIL
del 7 de diciembre de 2021, respecto del tiempo del servicio prestado en el municipio
de Landázuri, (Santander), desde el 10 de marzo de 1998 hasta el 28 de julio de
2000, en el cargo de personero, donde se indica como entidad administradora
responsable, Colpensiones35.
63. Obra comunicación del 30 de octubre de 2013, en la que la AFP Horizonte
certificó que, revisada su base de datos, no se encontraba registrado el señor
Ernesto Galeano Ortiz, como afiliado en fondo de pensión36.
64. Consta reporte de semanas cotizadas en pensiones ante Colpensiones del señor
Ernesto Galeano Ortiz, desde el 6 de febrero de 1978 a 1 de enero de 1979, a cargo
de la empresa «Dario guarín M y CIA» y del 10 de noviembre de 1982 a 15 de abril
de 198537, en «DISTDORA TROPI SDER». Lo anterior también está acreditado con
la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales del 9 de octubre de 200238.
30 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372», ,
imagen 15.
31 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 14.
32 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372», ,
imagen 16.
33 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 78.
34 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 81.
35 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «081AnexoCertificacionTiempoLaborado».
36 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 25.
37 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 30.
38 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 20.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
65. Con ocasión de la petición presentada por la señora Alicia Camacho de Galeano,
la entonces Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución núm. 09209 del
20 de mayo de 2003, mediante la cual le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, porque el causante no se encontraba afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones durante las veintiséis semanas anteriores a su
fallecimiento39.
66. En contra de la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y
apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones núm. 16730 del
2 de septiembre de 200340 y 10460 del 29 de noviembre de 200441,
respectivamente.
67. Posteriormente, la interesada presentó una nueva solicitud de reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes el 5 de abril de 2005, que Cajanal negó mediante la
Resolución núm. 35784 del 1 de noviembre de 200542. Contra esta decisión,
igualmente se interpuso el recurso de reposición que fue resuelto a través de la
Resolución núm. 2861 del 17 de abril de 200643.
68. Finalmente, en virtud de una nueva petición de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes presentada el 7 de noviembre de 2007, Cajanal expidió la Resolución
núm. 36385 del 4 de agosto de 200844, mediante la cual negó la solicitud, al
considerar que, en atención a la normativa aplicable, los actos administrativos
previamente referidos se encontraban ajustados a derecho. En contra dicha
decisión solo procedía el recurso de reposición y fue notificada el 15 de septiembre
de 2008.
69. De acuerdo con los medios de prueba previamente reseñados, se efectuará la
siguiente relación de periodos cotizados en el sector público, así:
Entidad de
Desde Hasta Tiempo
previsión
Cajanal (UGPP) 4 de junio de 1980 1 de marzo de 1998 925,4 semanas
Personería de
Landázuri,
10 de marzo de 1998 28 de julio de 2000 124,4 semanas
(Santander) -
Colpensiones-
TOTAL 1049,8 semanas
En años 20 años, 1 mes, 22 días
Tabla 1. Tiempos públicos cotizados.
39 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 56.
40 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 64.
41 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 84.
42 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 96.
43 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 117.
44 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», carpeta «006InformacionCd», archivo «CC 91100372»,
imagen 142.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
70. Fue aportada acta de declaración extrajuicio del 9 de enero de 2003 45, rendida
por la señora Elsa Marina Espitia Suárez ante la Notaría Única de Floridablanca,
respecto de la convivencia entre los señores Alicia Camacho de Galeano y Ernesto
Galeano Ortiz, así:
Primero: es cierto y verdadero que conocemos de vista, trato y comunicación al
señor Ernesto Galeano Ortiz, quien en vida se identificaba con la cedula de
ciudadanía (…) y Alicia Camacho de Galeano, quien se identifica con la cedula de
ciudadanía (…), desde hace 4 años, por tal conocimiento sabemos y nos consta,
que eran casados por lo católico desde hace 24 años, quienes vivieron bajo el
mismo techo hasta el momento de fallecimiento del señor Ernesto Galeano Ortiz,
que fue el día 30 de agosto del año 2.002.
Segundo: también es cierto y verdadero que la señora Alicia Camacho de Galeano,
dependía económicamente de su esposo, de cuya unión procrearon 3 hijos llamados
Ernesto Alejandro, William Humberto y Ana María Galeano Camacho. (sic para la
cita).
71. En estos mismos términos, se allegó declaración extraproceso del 27 de abril de
201546, de la señora Alicia Camacho de Galeano ante la Notaría Segunda de
Floridablanca, en la que dio cuenta su convivencia con el señor Ernesto Galeano
Ortiz, en los siguientes términos:
Segundo: manifiesto bajo gravedad de juramento que es cierto y verdadero que era
casada por el rito del matrimonio católico de forma permanente compartiendo el
mismo lecho techo y mesa desde el 15 de abril de 1978, con el señor Ernesto
Galeano Ortiz, quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía (…), hasta
el momento de su fallecimiento ocurrido el día 31 de agosto de 2002.
Tercero: que es cierto y verdadero que de esta unión procreamos 3 hijos de nombres
Ernesto Alejandro Galeano Camacho, William Humberto Galeano Camacho y Ana
María Galeano Camacho todos mayores de edad. (sic para la cita).
72. En la audiencia de pruebas rindió declaración la señora Elsa Marina Espitia
Suárez47. Para mejor ilustración, se trae a colación lo narrado por la testigo.
73. La señora Elsa Marina Espitia Suárez48 afirmó que es cuñada de la señora Alicia
Camacho de Galeano —esposa del hermano de la señora Camacho—. Indicó que
cuando la declarante llegó a la familia, Alicia ya se encontraba casada con Ernesto
Galeano Ortiz, cuando recién acababa de nacer el primer hijo de ellos,
aproximadamente en el año 1986, y precisó que vivían en el lago 2.
74. Manifestó que la familia era unida, se reunían para los cumpleaños y vio nacer a
los otros dos hijos, y es madrina de la menor, Ana María. Los conoció como una
buena pareja, el señor Ernesto Galeano Ortiz era responsable con su hogar e hijos,
45 Que obra en el expediente, Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 42.
46 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 50.
47 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «086AudienciaPruebas».
48 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «086AudienciaPruebas», minuto 00:10:32.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
y trabajaba en el «Magisterio», como celador. Advirtió que luego se trasladó a
Landázuri porque le salió trabajo en ese municipio, pero iba todos los fines de
semana para visitar a su esposa e hijos, y aclaró que, también la señora Alicia
también iba al municipio de Landázuri, junto con los niños, en vacaciones se iban
para ese ente. En dicho lugar vivía la familia del señor Galeano.
75. Declaró que no recordaba en qué se desempeñaba la señora Alicia Camacho al
momento de conocerla, le consta que sí trabajó en un consultorio odontológico, y
en la «Pera», como recepcionista y con «Ardila Lule». Expuso que los nombres de
los hijos eran Ernesto Alejandro, William Humberto y Ana María.
76. En relación con los lugares de residencia de los señores Ernesto Galeano y Alicia
Camacho, señaló que, cuando los conoció, vivían en el casco urbano de
Floridablanca. Posteriormente, residieron en Lagos 2, Bellavista, Ronda 1 y San
Agustín.
77. Sostuvo que la familia de Ernesto Galeano y Alicia Camacho mantuvo una
relación cercana con la suya, pues compartían cumpleaños, paseos y reuniones.
Agregó que sus hijos se relacionaban con los hijos de aquel núcleo familiar e,
incluso, algunos estudiaron juntos. Asimismo, indicó que, cuando su familia —de la
declarante— se trasladó a Cartagena, aquellos los visitaron; y que, posteriormente,
también los visitaron cuando residieron en Bogotá.
78. Respecto de la pregunta formulada en audiencia sobre el acompañamiento
brindado a la señora Alicia Camacho con ocasión del fallecimiento de su esposo,
indicó49 que «nosotros» teníamos un carro, por lo que le ofrecieron acompañarla.
Señaló que recogieron a sus hijos y asistieron al funeral, donde acompañaron a la
familia, esto es, a «Alicia y los niños».
79. Señaló que Ernesto Galeano se fue a vivir a Landázuri, durante dos o tres años.
Cuando aquel vivía en Landázuri la declarante vivía en la Ronda, Bucaramanga, y
le constaba las visitas de la señora Alicia Camacho al señor Ernesto Galeano,
porque eran muy cercanas y siempre invitaba al núcleo familiar de la declarante, y
conocía a la familia que residía en ese municipio.
80. Indicó que los últimos años de vida los vivió en Landázuri, por asuntos laborales
y detalló la forma en que murió el señor Ernesto Galeano en dicho municipio, en su
oficina. Al momento de la muerte la señora Alicia Camacho estaba en
Bucaramanga, trabajando.
81. Reiteró cómo estaba conformado el círculo familiar de la señora Alicia Camacho.
Frente a la forma de convivencia de dicho núcleo precisó que era una familia
«bonita», unida, el señor Ernesto Galeano era responsable con ella, y Alicia lo era
con él; «siempre fueron una pareja ejemplo». En cuanto a la periodicidad en que
asistía la señora Alicia Camacho, al municipio de Landázuri indicó que iba en los
puentes, vacaciones por el trabajo de ella, y Ernesto Galeano iba cada ocho días, y
que ellos «retroalimentaban la relación».
49 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «086AudienciaPruebas», minuto 00:33:33.
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82. Cuando sucedieron los hechos en que perdió la vida, él se había retirado como
personero, era particular, y manifestó que no recordaba la fecha exacta de la
muerte, expresó que fue aproximadamente hace 20 años.
83. En el transcurso de la audiencia de pruebas, el despacho sustanciador del
Tribunal Administrativo de Santander le puso de presente el acta de declaración
extrajuicio del 9 de enero de 200350, que aparece suscrita por la señora Elsa Marina
Espitia Suárez. Señaló que recuerda suscribir dicho documento y constató que era
su firma.
84. A partir de dicho documento, el despacho sustanciador formuló varias preguntas
para precisar cuándo la declarante conoció a la familia conformada por Alicia
Camacho y Ernesto Galeano. Al respecto, manifestó que no recordaba la fecha
exacta; sin embargo, indicó que los conoció durante el noviazgo con quien
posteriormente sería su esposo, el cual inició en 1979. Agregó que, para ese
momento, Alicia y Ernesto ya estaban casados.
85. En cuanto a los medios de subsistencia de la señora Alicia Camacho, indicó que
ella cuenta con una pensión y la ayuda de sus hijos. En el momento de la muerte
ella se encontraba trabajando y «con lo que le daba Ernesto». Respecto a la
pregunta formulada en audiencia concerniente a si estos se separaron, señaló que
ellos «siempre vivieron juntos»51.
86. Relató que desconocía quién asumió los gastos funerarios de la muerte del señor
Ernesto Galeano. Expuso la declarante que aunque vivió en varios lugares del país,
siempre mantuvo contacto con la familia Alicia Camacho y Ernesto Galeano.
Asimismo, frente a la pregunta formulada en la diligencia, consistente en que, si
conoció si el señor Ernesto Galeano tuviese otra esposa o compañera permanente,
manifestó que «no, él era muy responsable, muy serio con su hogar».
3.6. Caso concreto
87. La demandante pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento de su esposo, con fundamento en el artículo 46 de la Ley
100 de 1993, en su texto original, o, de manera subsidiaria, en aplicación del
principio de la condición más beneficiosa, conforme al artículo 1.º de la Ley 12 de
1975.
88. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la señora Alicia Camacho de Galeano no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para ello, señaló que la norma
aplicable era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003, vigente al momento del fallecimiento, y que el causante no acreditó las 50
semanas de cotización exigidas dentro de los tres años anteriores al deceso,
inclusive teniendo en cuenta los tiempos laborados como personero del municipio
de Landázuri.
50 Que obra en el expediente, Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento « ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 42.
51 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «086AudienciaPruebas», minuto 01:02:07.
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Demandante: Alicia Camacho de Galeano
89. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, al considerar que el Tribunal aplicó indebidamente los requisitos de la
Ley 797 de 2003, pese a que Ernesto Galeano Ortiz falleció el 30 de agosto de 2002
y la controversia debía resolverse con el texto original del artículo 46 de la Ley 100
de 1993, que exigía veintiséis semanas de cotización. Además, sostuvo que el
causante era beneficiario del régimen de transición, acumuló más de 20 años de
servicio y tenía una expectativa legítima de pensionarse bajo la Ley 33 de 1985. Por
ello, invocó el principio de la condición más beneficiosa y solicitó aplicar el artículo
1.º de la Ley 12 de 1975.
90. Ahora bien, con el propósito de resolver el recurso de apelación, en efecto, en el
proceso se encuentra probado que el señor Ernesto Galeano Ortiz falleció el 30 de
agosto de 2002; que prestó sus servicios en la Secretaría de Educación de la
gobernación de Santander del 4 de junio de 1980 hasta el 1 de marzo de 1998 y
realizó aportes a la Caja Nacional de Previsión Social por ese periodo. Luego,
ejerció como personero del municipio de Landázuri (Santander) del 10 de marzo de
1998 hasta el 29 de julio 2000. Durante el trámite de reconocimiento pensional no
existía reporte de los aportes correspondientes a este último periodo, pese a que el
municipio manifestó que los había efectuado, y tanto Horizonte como Colpensiones
sostuvieron que no se encontraban en tales administradoras. Sin embargo, en el
curso del proceso, la parte actora allegó certificado CETIL, en el cual se acreditó
que dichos tiempos reposan ante Colpensiones.
91. Ahora bien, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento del señor
Ernesto Galeano Ortiz, el 30 de agosto de 2002, la norma que gobierna el derecho
a la pensión de sobrevivientes es la vigente para la fecha de la contingencia, es
decir, la data de la muerte del pensionado o afiliado. Para el caso bajo estudio
entonces impera remitirse a la versión original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993
(antes de que fuera modificada por la Ley 797 de 2003), que señalaba:
ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente Ley.
92. Esto acorde con lo previsto en la sentencia de la Sección Segunda del 25 de abril
de 201352, y reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202253 al indicar que «se
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-
31-000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-
23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
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aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia
de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».
93. Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que «los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia
serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones».
94. En este orden de ideas, la norma aplicable para definir el derecho a la pensión
de sobrevivientes de la señora Alicia Camacho de Galeano es el literal b) del
numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Este precepto regulaba la situación
del trabajador que había dejado de cotizar al sistema, condicionado a que
«habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte».
95. En el caso bajo análisis, el señor Ernesto Galeano Ortiz murió el 30 de agosto de
2002, por tanto, debía acreditar 26 semanas cotizadas en el periodo del 30 de
agosto de 2001 y el 30 de agosto de 2002. Sin embargo, según lo probado en el
proceso sus cotizaciones finalizaron el 29 de julio de 2000, las cuales se realizaron
en virtud de la vinculación en la Personería del municipio de Landázuri. De suerte
que no cumple con los requisitos previstos en el referido artículo 46 en la versión
original de la Ley 100 de 1993.
96. Ahora bien, en las pretensiones de la demanda y en el recurso de apelación, la
parte actora aduce el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el principio de la condición más beneficiosa y como consecuencia
de ello, la aplicación de la Ley 12 de 1975.
97. Así, atendiendo a lo solicitado por la demandante, la Sala debe examinar si, pese
a que el causante no cumplió las veintiséis semanas de cotización previstas en el
literal b) del numeral 2 del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, resulta viable
acudir al principio de la condición más beneficiosa para aplicar el artículo 1.º de la
Ley 12 de 1975.
98. Frente al principio de la condición más beneficiosa, es importante abordar las
reglas sobre la aplicación de las leyes en el tiempo, que se concretan de la siguiente
manera54:
La retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se
consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia. La irretroactividad de la
legislación implica, entonces, la imposibilidad genérica de afectar situaciones
jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia de una disposición nueva. El
alcance de esta proscripción –que, como se vio, cuenta con fundamento
constitucional– se plasma en que la nueva disposición no tiene vocación para afectar
hechos o consecuencias jurídicas que se han formado válidamente al amparo de
una ley anterior, como garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, la
excepcional aplicación retroactiva de una norma sólo puede tener lugar por expresa
54 Corte Constitucional, sentencia SU 309 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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disposición del legislador –en tanto productor de la norma–, jamás al arbitrio del
juez.
La ultractividad consiste en la aplicación de una norma que ha sido expresa o
tácitamente derogada a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar durante su
vigencia, por el efecto general e inmediato de las leyes, en la actualidad sus efectos
se encuentran cobijados por una nueva disposición jurídica. De este modo, aunque
la nueva ley es de aplicación inmediata, en virtud del fenómeno de la ultractividad
se admite la pervivencia de la normatividad anterior con el objetivo de preservar las
pretéritas condiciones de adquisición y extinción de una determinada relación
jurídica, en beneficio de los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de
quienes se rigieron por la norma derogada.
El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia normal del efecto
general e inmediato de la ley, y se presenta cuando las normas se aplican a
situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus
efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “el efecto en el
tiempo de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación inmediata y hacia
el futuro, ‘pero con retrospectividad, […] siempre que la misma norma no disponga
otro efecto temporal…’. De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones
que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas
en curso al momento de entrada en vigencia de la norma’”.
99. Dichas reglas de aplicación de las normas en el tiempo son relevantes para
comprender el principio de la condición más beneficiosa, el cual se materializa
cuando en el contexto de un tránsito legislativo se deroga una norma, que contenía
una regulación en materia de seguridad social más beneficiosa y bajo su vigencia,
el trabajador tenía una expectativa de adquirir un derecho, que se ve truncado con
la expedición de la nueva regulación.
100. Nótese que la Corte Constitucional en la sentencia T-190 de 201555 señaló
como requisitos para la aplicación de la condición más beneficiosa los siguientes: i)
la existencia de un tránsito normativo; ii) que la normativa anterior hubiese sido
aplicable al afiliado al momento de su vinculación al sistema pensional; y iii) que,
conforme a esa regulación previa, se cumplieran algunos presupuestos para la
consolidación del derecho.
101. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional precisó que, en materia de
pensión de sobrevivientes, el principio de la condición más beneficiosa encuentra
sustento en la confianza legítima de los beneficiarios que esperaban acceder a la
prestación conforme a una regulación anterior, pese al posterior cambio normativo:
Este postulado encuentra su fundamento en la confianza legítima de los usuarios
que están próximos a adquirir o garantizar el acceso a algún derecho pensional
porque cumplen el requisito mínimo de semanas cotizadas, pero a raíz de un tránsito
legislativo ven frustradas sus aspiraciones, ya sea porque los requisitos se tornan
más rigurosos o porque no se acredita alguna de las condiciones restantes. Pero
también está soportado en los principios constitucionales de proporcionalidad y
equidad, en tanto sería desmedido aceptar que una persona que cumplió
55 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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cabalmente con su deber de solidaridad al sistema, aportando un monto
considerable de semanas, se quede sin garantizar su derecho a la seguridad social
o el de sus beneficiarios cuando se presente el riesgo protegido, precisamente
porque sucede un tránsito legislativo que lo perjudica56.
102. Ahora bien, la Subsección ha considerado en asuntos semejantes al
presente, que la condición más beneficiosa permite proteger la expectativa legítima
de los beneficiarios del afiliado que, antes de su fallecimiento, completó el tiempo
de servicios exigido por el régimen anterior para acceder a la pensión de jubilación,
pero murió sin cumplir la edad pensional. En tales eventos, la aplicación del régimen
anterior no desconoce que la pensión de sobrevivientes se causa con la muerte,
sino que evita que un cambio normativo, sin régimen de transición específico para
esta prestación, frustre una situación prestacional consolidada en lo sustancial,
así57:
Ciertamente, esta Subsección58 ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos
semejantes como el presente, en el cual, el causante del derecho a la pensión, ya
ha cumplido el tiempo de cotización exigido por la Ley, pero deja de cotizar porque
solo requiere cumplir la edad para ser acreedor del derecho pensional, lo cual
conlleva a que al momento de su fallecimiento no acredite las 26 semanas cotizadas
dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo la muerte, ni
tampoco las 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a
su deceso, consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, ibidem.
103. Como se indicó en renglones anteriores, el anterior supuesto de hecho se
presenta en caso bajo estudio, pues está acreditado que el señor Ernesto Galeano
Ortiz murió el 30 de agosto de 2002, y su última cotización fue el 29 de julio de 2000,
y para el momento de su fallecimiento no se encontraba vinculado laboralmente y
por tanto afiliado al Sistema General de Pensiones. De igual modo que, en el año
anterior a su muerte 30 de agosto de 2001 y el 30 de agosto de 2002, no cotizó las
26 semanas exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, norma vigente al
momento de su deceso, antes de las modificaciones introducidas por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003.
104. Ahora bien, ante la falta de acreditación de los requisitos exigidos por la Ley
100 de 1993, corresponde examinar la posible aplicación del régimen anterior
invocado por la demandante. Al respecto, el artículo 1.º de la Ley 12 de 1975
dispuso que el cónyuge supérstite de un trabajador particular o de un empleado o
trabajador del sector público tendría derecho a la pensión de jubilación si aquel
fallecía antes de cumplir la edad cronológica, siempre que hubiera completado el
tiempo de servicio dispuesto para la respectiva prestación, así:
ARTÍCULO 1.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
56 Corte Constitucional, sentencia SU 005 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
05001233300020160151301 (2988-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
58 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022. proceso con
radicado 63001-23-33-000-2018-00154-01 (6614-2019), M.P. Cesar Palomino Cortés.
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hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en
convenciones colectivas.
105. De acuerdo con esa disposición, cuando el trabajador completó el tiempo de
servicio requerido para obtener la pensión de jubilación y falleció antes de cumplir
la edad, procede el reconocimiento de la prestación a favor de sus beneficiarios. En
esa hipótesis, la edad no constituye un obstáculo para el reconocimiento de la
acreencia, dado que precisamente la Ley 12 de 1975 reguló el supuesto del
fallecimiento ocurrido antes de alcanzar ese requisito.
106. En el presente asunto se demostró que el señor Ernesto Galeano Ortiz nació
el 10 de febrero de 1955, tal y como da cuenta la cédula de ciudadanía aportada59,
y para el 30 de junio de 1995, contaba con 40 años de edad, prestó servicios
públicos desde el 4 de junio de 1980 hasta el 28 de julio de 2000, para un total de
20 años, 1 mes y 22 días. Así, antes de su fallecimiento, ocurrido el 30 de agosto
de 2002, ya había completado el tiempo de servicios previsto en el artículo 1.º de la
Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación, aunque no alcanzó la edad
de cincuenta y cinco años.
107. El señor Ernesto Galeano Ortiz para el 30 de junio de 1995, —entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital— contaba con 40 años de edad; entonces era
beneficiario del régimen de transición del inciso segundo del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, dado que prestó sus servicios como empleado del orden territorial —
Secretaría de Educación de Santander y Personería del municipio de Landázuri—.
Adicionalmente, prestó servicios públicos desde el 4 de junio de 1980 hasta el 29
de julio de 2000, para un total de 20 años en el sector público.
108. Conforme a lo expuesto, para efectos del reconocimiento de la prestación no
se computarán los periodos laborados en el sector privado y cotizados al Instituto
de Seguros Sociales entre el 6 de febrero de 1978 y el 15 de abril de 1985. Lo
anterior, porque el causante acreditó más de veinte años de servicios en el sector
público, tiempo suficiente para cumplir el requisito exigido por el régimen pensional
aplicable.
109. Por consiguiente, el causante se encontraba en la situación protegida por el
artículo 1.º de la Ley 12 de 1975, dado que había completado el tiempo de servicios
para la pensión de jubilación y falleció antes de cumplir la edad. De ahí que la señora
Alicia Camacho de Galeano contara con una expectativa legítima, derivada del
régimen anterior, que debe ser amparada en aplicación del principio de la condición
más beneficiosa.
110. Aunado a lo anterior, la Sala considera pertinente precisar que, si bien el
causante no había completado 20 años de servicios al entrar en vigor de la Ley 100
de 1993, los periodos cotizados hasta entonces representaban una densidad de
aportes suficiente, conforme la normativa pensional anterior, para contribuir a la
sostenibilidad financiera del sistema. En esas condiciones, resultaría
desproporcionado negar a la beneficiaria la pensión de sobrevivientes,
59 Samai, expediente digital, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «
ED_68001233300020160095(.zip) NroActua 2», archivo «004AnexosDemanda», imagen 1.
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especialmente porque el causante completó el tiempo total de servicios exigido por
las leyes 12 de 1975 y 33 de 1985 y, además, tenía una expectativa legítima
derivada de su condición de beneficiario del régimen de transición.
111. Esta conclusión encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, pues,
en materia de pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional precisó que el
principio de la condición más beneficiosa se sustenta en la confianza legítima de
quienes esperaban acceder a la prestación conforme a una regulación anterior,
pese al posterior cambio normativo. Asimismo, señaló que dicho principio se apoya
en la proporcionalidad y la equidad, en cuanto resultaría desmedido que una
persona que cumplió su deber de solidaridad con el sistema, mediante un número
considerable de cotizaciones —como en el caso bajo estudio—, quedara sin
protección o dejara desprotegidos a sus beneficiarios, por efecto de un tránsito
legislativo desfavorable60.
112. Ahora bien, en lo que respecta al reporte de aportes durante el periodo en
que el causante se desempeñó como personero del municipio de Landázuri. En el
proceso se acreditó, mediante certificado CETIL, que dicho tiempo laboral reposa
ante Colpensiones. En todo caso, la eventual omisión o inconsistencia en el giro de
aportes por parte del empleador no puede trasladarse a la beneficiaria ni
desconocer un tiempo de servicio efectivamente prestado.
113. También se encuentra acreditada la calidad de beneficiaria de Alicia
Camacho de Galeano. En efecto, obra el registro civil de matrimonio celebrado con
Ernesto Galeano Ortiz el 15 de abril de 1978. La convivencia también quedó
probada a través de las declaraciones extraproceso y el testimonio rendido por Elsa
Marina Espitia Suárez que dieron cuenta de una comunidad de vida estable, de
apoyo mutuo y de acompañamiento familiar. Si bien el causante residió en
Landázuri por razones laborales durante sus últimos años, ello no rompió el vínculo
marital, pues se acreditaron visitas periódicas —cada 8 días—, permanencia del
núcleo familiar y auxilio recíproco hasta el fallecimiento. Por lo que se cumplen los
presupuestos en el Decreto 1160 de 1989, dado que la señora Alicia Camacho hizo
vida marital con el causante para el momento del fallecimiento61.
114. Ciertamente, esta corporación en el marco de aplicación de esta norma ha
considerado que la convivencia efectiva para la fecha de la muerte del trabajador
«constituye el hecho que legitima el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes
y, por lo tanto, es el criterio rector material o real que debe ser satisfecho, tanto por
la cónyuge como por la compañera permanente del titular de la prestación social,
ante la entidad de seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del
pensionado, la sustituta obtenga la pensión»62.
115. Visto lo anterior, la Subsección determina que resulta procedente la
aplicación de la Ley 12 de 1975 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
60 Corte Constitucional, sentencia SU 005 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con
radicado73001-23-33-000-2016-00759-01 (716-2021), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Asimismo, ver sentencia
del 26 de marzo de 2026, de la Sección Segunda Subsección A de esta Corporación, dentro del proceso 05001-
23-33-000-2018-01698-01 (1816-2025), M.P. Jorge Ívan Duque Gutíerrez.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2011, proceso con
radicado 68001-23-15-000-1998-01665-01 (1061-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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régimen de pensiones de jubilación», para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, toda vez que el señor Ernesto Galeano Ortiz completó el tiempo de
servicio dispuesto para el reconocimiento pensional, pero murió antes del
cumplimiento de la edad pensional para la prestación. En efecto, antes de la Ley
100 de 1993, el causante hizo aportes a la Caja Nacional de Previsión Social, de
modo que estaba regido por las leyes 33 de 1985, 12 de 1975 y el Decreto 1160 de
1989, ello en virtud del régimen de transición del cual era beneficiario, y en
aplicación de la condición más beneficiosa, tal y como lo ha precisado esta
Subsección, de cara a garantizar las expectativas legítimas de quienes acreditan el
requisito de semanas mínimo del régimen derogado, así:
Para la jurisprudencia, frente a estos eventos, en materia de pensión de
sobrevivientes, es necesario acudir a la aplicación de la condición más beneficiosa
como un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan
el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, así como los principios
constitucionales de proporcionalidad y equidad63.
116. En consonancia con lo anterior, se considera pertinente precisar que, en
materia de pensión de sobrevivientes, las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 no
establecieron un régimen de transición respecto de la condición de beneficiario. Por
ello, en principio, la prestación se rige por la norma vigente al momento del
fallecimiento del causante. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que, en
determinados eventos, en virtud del principio de la condición más beneficiosa,
resulta posible y necesario aplicar el régimen anterior para garantizar el derecho de
quienes acreditan una verdadera expectativa legítima. Así lo ha precisado esta
Subsección:
Para el caso de la regulación relacionada con la pensión de sobrevivientes, ni la Ley
100 de 1993 ni la Ley 797 de 2003 fijaron un régimen de transición, por lo que la
rige la norma vigente al momento del fallecimiento del causante pensionado o
afiliado. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado que, en determinados casos,
en virtud del principio en mención, es posible y necesario aplicar el régimen anterior
para garantizar el derecho a los beneficiarios que cuentan con una verdadera
expectativa legítima64.
117. Así las cosas, la señora Alicia Camacho de Galeano contaba con una
expectativa legítima de acceder a la sustitución pensional regulada en el artículo 1.º
de la Ley 12 de 1975. En consecuencia, pese al cambio normativo introducido por
la Ley 100 de 1993 y a la inexistencia de un régimen de transición propio en materia
de pensión de sobrevivientes, en el caso concreto resulta aplicable el principio de la
condición más beneficiosa, en los términos explicados de manera precedente.
118. Por otro lado, se precisa que la presente decisión no contradice lo regulado
en el Acto Legislativo 01 de 2005 que ordena que «[l]os requisitos y beneficios para
adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los
establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones», puesto que este acto
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, proceso con radicado
05001233300020160151301 (2988-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 4 de mayo de 2023. proceso con radicado
25000-23-42-000-2015-01256-01 (1191-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
legislativo fue proferido con posterioridad al fallecimiento del señor Ernesto Galeano
Ortiz, dado que este ocurrió el 30 de agosto de 2002.
119. Por consiguiente, se revocará la decisión apelada que negó las pretensiones
de la demanda, y en su lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos
contenidos en las resoluciones núm. 09209 del 20 de mayo de 2003; 16730 del 2
de septiembre de 2003; 10460 del 29 de noviembre de 2004; 35784 del 1 de
noviembre de 2005; 2861 del 17 de abril de 2006 y 36385 del 4 de agosto de 2008,
por medio de las cuales, la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a favor de la accionante.
120. En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar a
la señora Alicia Camacho de Galeano la pensión de sobrevivientes en cuantía del
75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales el afiliado realizó
aportes al sistema de seguridad social en pensiones durante los últimos 10 años de
servicios o aportes de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y aquellos que hacen
parte del ingreso base de cotización pensional.
121. Lo anterior, como quiera que, en lo que respecta al ingreso base de
liquidación, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201865 estableció que
solo deben tenerse en cuenta los factores del Decreto 1158 de 1994 y aquellos
sobre los que se realizaron aportes a pensión. Por otro lado, se destaca que el
causante cumplió el requisito de semanas para adquirir el derecho a una pensión
antes del traslado de las obligaciones pensionales de Cajanal al ISS, esto es el 1
de julio de 2009, para esta misma data ya había fallecido. En consecuencia, la
UGPP es la llamada a reconocer y pagar el derecho pensional causado66.
122. La UGPP deberá solicitar a Colpensiones el traslado de aportes del periodo
laborado por Ernesto Galeano Ortiz como personero municipal, entre el 10 de marzo
de 1998 y el 28 de julio de 2000. Esta gestión interadministrativa no podrá
suspender ni condicionar el reconocimiento y pago de la prestación a favor de la
beneficiaria.
• Prescripción
123. De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, la reclamación del
derecho interrumpe la prescripción por 3 años. La Sala advierte que el derecho se
causó a partir de la muerte del señor Ernesto Galeano Ortiz, esto es, el 30 de agosto
de 2002, y la demandante presentó la última petición el 7 de noviembre de 2007, y
como consecuencia de ello, se expidió la Resolución 36385 del 4 de agosto de 2008,
notificada el 15 de septiembre de 2008. Sin embargo, presentó la demanda el 8 de
junio de 2016. Esta situación implicó que la interrupción se hiciera efectiva frente a
lo causado con tres años de antelación a la demanda, es decir, desde el 8 de junio
de 2013 en adelante. Por ende, operó la prescripción extintiva del derecho al pago
de las mesadas causadas antes del 8 de junio de 2013.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-
23-33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 20 de noviembre de 2025. proceso con
radicado 25000-23-42-000-2017-02063-01 (2553-2022). MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
• Actualización
124. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas reconocidas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
No habrá lugar al reconocimiento de intereses moratorios, porque se ordena la
actualización de la condena y dichos conceptos resultan incompatibles frente al
mismo periodo.
3.7. Conclusión
125. La señora Alicia Camacho de Galeano tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, dado que, si bien el causante no acreditó las 26 semanas
de cotización exigidas por el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, lo
cierto es que, para el momento de su fallecimiento, el señor Ernesto Galeano Ortiz
había completado más de veinte años de servicios públicos y era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por ello, la beneficiaria consolidó una
expectativa legítima amparada por el artículo 1.º de la Ley 12 de 1975, en
consonancia con la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del principio de la condición
más beneficiosa.
3.8. Costas
126. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 67 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en las dos instancias no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
67 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 10 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
Segundo: En su lugar, declarar la nulidad de las resoluciones núm. 09209 del 20
de mayo de 2003; 16730 del 2 de septiembre de 2003; 10460 del 29 de noviembre
de 2004; 35784 del 1 de noviembre de 2005; 2861 del 17 de abril de 2006 y 36385
del 4 de agosto de 2008.
Tercero: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 8 de junio de 2013, de conformidad con
la parte motiva de esta sentencia.
Cuarto: Ordenar a la UGPP, a título de restablecimiento del derecho, reconozca y
pague a Alicia Camacho de Galeano la pensión de sobrevivientes en cuantía del
75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales el afiliado realizó
aportes al sistema de seguridad social en pensiones durante los últimos 10 años de
servicios o aportes de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y con aquellos que
hacen parte del ingreso base de cotización pensional, a partir del 30 de agosto de
2002, pero efectiva desde el 8 de junio de 2013, en virtud del fenómeno de la
prescripción.
La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial.
Quinto: La UGPP deberá solicitar a Colpensiones el traslado de aportes del periodo
laborado por Ernesto Galeano Ortiz como personero municipal, entre el 10 de marzo
de 1998 y el 28 de julio de 2000. Esta gestión interadministrativa no podrá
suspender ni condicionar el reconocimiento y pago de la prestación a favor de la
beneficiaria.
Sexto: No condenar en costas en las dos instancias.
Séptimo: Reconocer personería a la sociedad Trujillo Polania & Asociados S.A.S.,
en calidad de apoderada de la UGPP, legalmente representada por Omar Trujillo
Polanía.
Octavo: Reconocer personería a la abogada María Camila Camargo Rueda como
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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00953-01 (0100-2023)
Demandante: Alicia Camacho de Galeano
apoderada de la UGPP, en los términos del poder conferido.
Noveno: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Décimo: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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