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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-01025-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-01025-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia al Municipio de Betulia en favor de la parte demandante, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2016-01025-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez
Demandados: Municipio de Betulia, Departamento de Santander y Electrificadora
de Santander S.A. E.S.P.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Betulia en
contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve la
apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal, el cual conoció el
proceso en primera instancia, en razón de la naturaleza del asunto y de la cuantía
estimada en la demanda1.

SÍNTESIS2

Carlos Gerardo Hernández Flórez solicita que se declare la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Municipio de Betulia (en adelante, el “Municipio”), el
Departamento de Santander (en adelante, el “Departamento”) y la Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P. (en adelante, la “Electrificadora”) por el incendio forestal
ocurrido el 7 de enero de 2015 en zona rural del Municipio de Betulia (Santander),
y que destruyó 32 hectáreas de la finca Vistahermosa de su propiedad. El Tribunal
declaró únicamente la responsabilidad del Municipio porque la insuficiente dotación
de su Cuerpo de Bomberos ocasionó la pérdida de oportunidad de evitar o mitigar
la extensión y magnitud del incendio. La Sala confirma la decisión de primera
instancia porque los reparos que el Municipio formuló en el recurso de apelación
resultan insuficientes para lograr su revocación.

1 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, antes de la reforma de la Ley 2080 de 2021, los

Tribunales Administrativos conocen en primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía
exceda los 500 SMLMV, lo que ascendía a $344.727.000 para el momento de presentación de la demanda. La
cuantía estimada de la demanda fue de $2.866.600.000.
2 Tema: omisión en el control de incendio – pérdida de oportunidad – causa petendi.

1

Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El señor Carlos Gerardo Hernández Flórez presentó demanda, el 12 de
septiembre de 2016, en ejercicio del medio de control de reparación directa en
contra del Municipio, el Departamento y la Electrificadora, de acuerdo con las
siguientes pretensiones:

PRIMERA: Declarar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE
BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA", como
administrativamente responsables en forma solidaria o individual según sea el
caso de los perjuicios materiales y morales causados al señor CARLOS
GERARDO HERNÁNDEZ FLÓREZ, por falla o falta del servicio de la
administración por los hechos ocurridos el día 7 de Enero de 2015 que ocasionaron
el incendio en el municipio de BETULIA - SANTANDER y que afectó su bien
inmueble denominado FINCA VISTAHERMOSA.
SEGUNDA: Condenar, en consecuencia, al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA" (…)
por concepto de DAÑO EMERGENTE a favor del señor CARLOS GERARDO
HERNÁNDEZ FLÓREZ y en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA" la
suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($897.335.000).
TERCERA: Condenar, en consecuencia, al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA (…)
por concepto de LUCRO CESANTE a favor de CARLOS GERARDO
HERNÁNDEZ FLÓREZ y en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA" la
suma de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($963.037.500).
CUARTA: Condenar, en consecuencia, al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER "ESSA (…)
por concepto de LUCRO CESANTE EN MODALIDAD DE INDEMNIZACION
FUTURA a favor a favor de CARLOS GERARDO HERNÁNDEZ FLÓREZ y en
contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BETULIA Y
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER “ESSA” la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
$2´866.600.000.
QUINTA: Condenar, en consecuencia, al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ”ESSA” (…)
por concepto de DAÑO MORAL a favor a favor de CARLOS GERARDO
HERNÁNDEZ FLÓREZ y en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ”ESSA” la
suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($68.945.400).
SEXTA: Condenar en Costas al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
MUNICIPIO DE BETULIA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER “ESSA”
conforme a lo consagrado en el artículo 188 del C.P.A.C.A.
SÉPTIMA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio
mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los
hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

2

Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

OCTAVA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos
de los artículos 192 y 193 del C.P.A.C.A.3 (mayúscula y negrita del original)

2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

2.1. El 7 de enero de 2015 se produjo un incendio en zona rural del Municipio de
Betulia (Santander) que consumió alrededor de 600 hectáreas de predios ubicados
en dicha jurisdicción.

2.2. La finca Vista Hermosa, de propiedad del señor Carlos Gerardo Hernández
Flórez, fue uno de los inmuebles afectados por la conflagración, pues se quemaron
32 hectáreas y se perdieron los tres (3) aljibes destinados al suministro de agua en
la finca.

2.3. El demandante imputó responsabilidad: i) al Municipio debido a la falta de
equipos adecuados e idóneos para controlar el incendio por parte del cuerpo de
bomberos local, que no contaba con vehículo de extinción de incendios, por lo que
fue necesario solicitar apoyo a cuerpos de bomberos de otros municipios y solo fue
posible controlar el incendio 28 horas después de su inicio; ii) al Departamento que
negó la habilitación de un helicóptero equipado con el sistema “Bambi Bucket” y,
además, porque debía responder solidariamente en virtud del principio de
subsidiariedad que le corresponde en materia de control y atención de emergencias;
iii) a la Electrificadora porque el incendio fue provocado por la caída de unas redes
de baja tensión cuya operación y mantenimiento le correspondían, y respecto de las
cuales incumplió las inspecciones de seguridad exigidas por el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

B. Posición de la parte demandada

3. El Departamento indicó que para la fecha de los hechos no era propietaria de
ningún helicóptero con sistema "Bambi Bucket" ni de aeronaves con características
similares. Argumentó que, en virtud del principio de subsidiariedad, no se le podía
atribuir responsabilidad por omitir una ayuda materialmente imposible de
suministrar. Añadió que la obligación directa de garantizar y prestar el servicio
público de bomberos recae de manera exclusiva en las administraciones
municipales4.

4. La Electrificadora señaló que las redes eléctricas de su propiedad cumplían con
los parámetros de seguridad de la norma RETIE y que la causa de la caída de las
líneas fue su manipulación por parte de terceros para la instalación de un
transformador. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva y ausencia de nexo causal porque no tuvo participación en los hechos; y ii)
hecho de un tercero, por la manipulación externa de las redes eléctricas de su
propiedad5.

3 Folios 53 a 63 del cuaderno 1.
4 Folios 302 a 319 del cuaderno 1.
5 Folios 229 a 240 del cuaderno 1.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

5. Mapfre Seguros Generales de Colombia, llamado en garantía por la
Electrificadora, coadyuvó las excepciones propuestas por la Electrificadora, se
opuso a la tasación de los perjuicios reclamados y sostuvo que su eventual
responsabilidad debía analizarse conforme a los límites, amparos y deducibles
previstos en la póliza6.

6. El Municipio no contestó la demanda.

C. Sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 28 de septiembre de
2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con base en las
siguientes consideraciones7:

7.1. Rechazó las pretensiones en contra de la Electrificadora, puesto que el material
probatorio no brindaba certeza ni indicios suficientes para concluir que el incendio
se originó debido a la caída de unas redes de energía eléctrica.

7.2. Igualmente denegó pretensiones en relación con el Departamento, puesto que,
según lo demostrado en el proceso, el Cuerpo de Bomberos de Betulia no le solicitó
apoyo para el control del incendio, además que esa entidad no poseía dentro de
sus activos fijos un helicóptero equipado con el sistema de control de incendios
"Bambi Bucket".

7.3. Declaró la responsabilidad del Municipio a título de falla del servicio por el
incumplimiento del servicio público esencial de prevención y control de incendios.
Al respecto, indicó que la entidad territorial contaba con un Cuerpo de Bomberos
que no estaba suficientemente dotado, pues carecía de un carro de bomberos,
razón por la cual debió solicitar colaboración a los municipios de Zapatoca y San
Vicente de Chucurí para el control de la conflagración.

7.4. Precisó que el daño por el cual debía responder el Municipio no correspondía
al incendio en sí mismo, sino al daño autónomo de la pérdida de oportunidad de
evitar su magnitud y extensión. Al respecto, señaló:

No es posible aceptar que la falta de cuerpo de bomberos dotado suficientemente
haya sido la causa del incendio, pero ante un hecho de tal magnitud que se
extendió en el tiempo por dos días y que solo pudo controlarse con el apoyo de un
cuerpo de bomberos de otro municipio que contaba con muchos más elementos
incluido la máquina de bomberos, es evidente que el fuego no habría arrasado con
tantas hectáreas.
Para la atención de la emergencia hizo falta el carro de bomberos presente en el
municipio al inicio de la conflagración para evitar la extensión de la misma. Faltaron
herramientas de mano, trajes para incendios forestales, otras (sic) motosierras,
mochas, o picas. De ahí que, se aduzca la perdida (sic) de oportunidad en el
entendido de que, el perjuicio se había podido evitar en la extensión y magnitud en

6 Folios 331 a 339 del cuaderno 1.
7 Índice 083 Samai

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Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

que este se produjo. Debe repararse entonces no por el daño causado en si (sic)
mismo, sino por lo que pudo haberse evitado. La posibilidad de que el predio no
hubiera sido arrasado en esa extensión es lo que se frustra.
Y conforme a lo dicho por el H. Consejo de Estado, se indemniza la perdida (sic)
de oportunidad como daño autónomo y en consecuencia los perjuicios que se
acrediten solo se reconocerán en un 50%.8

7.5. Desestimó el dictamen pericial practicado en el curso del proceso con el que se
pretendía cuantificar los perjuicios causados al demandante con la conflagración.
En su lugar, condenó en abstracto para que mediante trámite incidental se
cuantificaran los perjuicios9.

7.6. Finalmente,denegó la indemnización de perjuicio moral y se abstuvo de
condenar en costas de primera instancia.

D. Recurso de apelación

8. El Municipio solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes reparos10:

8.1. En la demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad del Municipio a
título de falla del servicio por el incendio, sin que el daño se hubiese planteado en
términos aleatorios. Por ende, la sentencia no podía fundamentarse en la teoría de
la pérdida de oportunidad y al hacerlo se incurrió en una decisión ultra o extra petita.

8.2. La sentencia de primera instancia no aplicó el principio constitucional y legal de
coordinación administrativa a cargo del Departamento. Con fundamento en tal
principio, dicha entidad debió coordinar la atención del incendio ocurrido en Betulia,
razón por la cual debía declararse su responsabilidad solidaria por los hechos.

E. Trámite relevante

9. Luego de proferida la sentencia de primera instancia, el Municipio solicitó que
se declarara la nulidad de lo actuado por indebida notificación del auto admisorio de
la demanda. La petición fue rechazada por el Tribunal en providencia del 8 de junio
de 202311 al considerar que la irregularidad fue saneada porque el Municipio, con
anterioridad a que se profiriera la decisión, actuó en el proceso confiriendo poder,
pero no alegó la nulidad.

8 Página 32, Índice 083 Samai
9 “Al amparo del marco que se deja expuesto, la condena se profiere en abstracto para su trámite incidental

conforme a las siguientes pautas. 1. Determinarse efectivamente el área afectada, esto es, destruida con el
incendio en el predio Vista Hermosa de la vereda Chimita municipio de Betulia. Si dicha área puede seguirse
cultivando, de ser así, que se requiere. Se precisa en este punto que no hay prueba de perjuicio por daño
emergente, solo la extensión o área afectada con el incendio, dado que, lo que se indemniza es la perdida de
oportunidad y estos perjuicios son necesarios para su tasación. 2. Establecer por cualquier medio probatorio,
peritazgo, aunado a testimonios, libros de contabilidad, las certificaciones que obran en el expediente expedidas
por el Comité Departamental de Cafeteros de Santander, que tenía sembrado el demandante en el área
afectada y que resultó destruido, tiempo de siembra y a qué edad podía comercializarse. 3. Cuál es el estado
actual del predio.4. El valor del área afectada.” Índice 0083 Samai
10 Índice 115 Samai del Tribunal.
11 Índice 140 Samai del Tribunal

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

10. El recurso de apelación fue admitido en vigencia de la Ley 2080 de 2021
mediante auto del 7 de diciembre de 202312. Las partes guardaron silencio, y el
Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

F. Aspectos procesales

11. La Sala estudiará de fondo las pretensiones porque la demanda se presentó
dentro de los dos (2) años contados desde el acaecimiento del hecho dañoso. En la
demanda se imputa responsabilidad por el incendio ocurrido el 7 de enero de 2015
y la demanda se presentó el 12 de septiembre de 201613.

12. Se limitará el análisis a los argumentos formulados en el recurso de apelación
del Municipio, pues el juez de segunda instancia solo tiene competencia para
pronunciarse sobre los reparos concretos formulados en contra de la decisión
recurrida, en virtud de los artículos 32014 y 32815 de la Ley 1564 de 2012, Código
General del Proceso (en adelante “CGP”).

13. Por lo anterior, la Sala analizará únicamente si existió vulneración del principio
de congruencia del juez de primera instancia al declarar la responsabilidad del
Municipio por la pérdida de oportunidad de evitar la extensión y magnitud del
incendio, y si es procedente estudiar la solicitud del Municipio encaminada a que se
declare la responsabilidad del Departamento.

G. Sentido de la decisión

14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, habida cuenta de que los
reparos que el Municipio formuló en contra de la decisión resultan insuficientes para
lograr su revocación: no existió incongruencia de la sentencia de primera instancia
y no se demostró que el daño fuera imputable al Departamento en el caso concreto.

12 Índice 03 Samai Consejo de Estado.
13 El trámite de la conciliación prejudicial se efectuó entre el 22 de febrero de 2016 y el 4 de abril de 2016 (Folio

130 del cuaderno 1).
14 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. (…)”
15 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…)”

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

H. Análisis del caso concreto

i. Inexistencia de incongruencia de la decisión de primera instancia al
condenar por pérdida de oportunidad

15. En el caso concreto, el juez de primera instancia declaró la responsabilidad del
Municipio porque la insuficiente dotación de su Cuerpo de Bomberos ocasionó la
pérdida de oportunidad de evitar o mitigar la extensión y magnitud del incendio. Por
su parte, el Municipio plantea que la decisión fue incongruente porque en la
demanda se imputó responsabilidad por el incendio y no a título de pérdida de
oportunidad.

16. En relación con la pérdida de oportunidad como daño autónomo, la
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que se configura cuando el daño
no recae sobre un derecho subjetivo consolidado, sino simplemente sobre una
expectativa seria y fundada de obtener un beneficio o de evitar un perjuicio. En tales
eventos, lo que resulta lesionado es precisamente esa oportunidad que debe ser
reparada. Sobre el particular se ha indicado:

La reparación de daños provenientes de la afectación de derechos adquiridos o
situaciones jurídicas consolidadas atiende a la pérdida o menoscabo de ese
derecho, mientras que la afectación de expectativas legítimas, que no de los
estados de confianza, no puede repararse como si se hubiera perdido el derecho,
pues nunca se ha tenido, sino como la privación de la posibilidad de obtener el que
estaba en “vía de serlo”. Frente a este último punto, teniendo en cuenta que la
afectación de las expectativas legítimas interrumpe intempestivamente el proceso
de formación -“o en vía de serlo”- de derechos o la consolidación de determinadas
situaciones jurídicas, la reparación de dichas expectativas quebrantadas deberá
ser proporcional al grado de probabilidad de concreción y realización del derecho,
de esta manera, el modo de reparación de daños antijurídicos derivados de
vulneraciones a expectativas legítimas se debe enmarcar dentro de los parámetros
de la oportunidad perdida, siguiendo la premisa conocida del derecho de daños
que circunscribe la indemnización de los perjuicios al daño, “solo el daño y nada
más que el daño” a fin de evitar un enriquecimiento sin justa causa a favor de la
víctima y no contrariar las reglas de la institución jurídica de la responsabilidad
estatal: “el daño es la medida del resarcimiento”
Teniendo en consideración que el daño se origina por la amputación de una
expectativa legítima a la consolidación de un derecho, bien sea, en
tratándose de una aspiración de obtener un beneficio o una ganancia -polo
positivo-, o bien cuando la víctima tenía la aspiración de evitar o mitigar un
perjuicio y, como consecuencia de la abstención de un tercero, dicho curso
causal dañoso no fue interrumpido -polo negativo-, se debe declarar la
responsabilidad del Estado y reparar dicha frustración de la expectativa
legítima dentro de los presupuestos de la teoría de la pérdida de oportunidad
cuyo monto dependerá de la mayor o menor probabilidad y cercanía de su
ocurrencia.16 (negrilla de la Sala)

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2015, expediente 25000-

23-26-000-1999-00007-01 (22637) C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

17. A partir de las anteriores consideraciones, se ha señalado que la pérdida de
oportunidad, como daño autónomo, debe reunir las siguientes características17: (i)
la certeza de la oportunidad real que se pierde, de manera que no se trate de una
mera expectativa vaga o hipotética; (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el
provecho o de evitar un detrimento, y (iii) cuando la oportunidad frustrada consiste
en la imposibilidad de obtener un beneficio o acceder a un derecho, la víctima debe
encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la obtención del
resultado esperado.

18. Adicionalmente, la Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección ha
sostenido que, para que el juez pueda declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado por el daño autónomo consistente en la pérdida de oportunidad, es
necesario que dicho reclamo forme parte de la demanda, pues, de lo contrario, su
examen desconocería el principio de congruencia y los derechos de defensa y
contradicción de la parte demandada. Al respecto, la Subsección C señaló lo
siguiente:

Es preciso recordar que el principio de congruencia de los fallos judiciales se refiere
al deber que le asiste al juez de dictar decisiones de acuerdo con las pretensiones
y fundamentos de la demanda. (…) La Jurisprudencia de la Sección Tercera de
esta Corporación ha considerado la pérdida de oportunidad como un daño
autónomo, ajeno al análisis de la imputación, habida cuenta de que se trata de un
menoscabo con identidad propia que resulta independiente de la ocasión truncada.
Así las cosas, solo cuando los demandantes reclamen directamente la
indemnización de aquella categoría autónoma de daño o cuando una lectura
integral de su demanda permita inferir razonablemente que aquel es objeto
de su pretensión de reparación, al juez le es permitido adelantar el juicio de
responsabilidad patrimonial del Estado por pérdida de oportunidad. De lo
contrario, al fallador le está vedado su examen, so pena de incurrir en
incongruencia y en transgresión de los derechos constitucionales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción.18 (negrilla de la Sala)

19. En consecuencia, el juez solo podrá declarar la responsabilidad por pérdida de
oportunidad cuando dicho daño haya sido invocado en la demanda o pueda inferirse
razonablemente de una interpretación integral de sus pretensiones y fundamentos
fácticos. Sobre este aspecto, esta Sección ha señalado lo siguiente:

En los casos en los que se alegue una pérdida de oportunidad o se pueda inferir,
luego de interpretar la demanda, es permitido al juez hacer un análisis de la misma
para estructurar la responsabilidad. De lo contrario, si no es posible deducir un
cuestionamiento sobre este daño autónomo, al juzgador le está vedado su
examen, pues el fallo se tornaría incongruente y violatorio de los derechos al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción, reconocidos
constitucionalmente19.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, expediente 17001-23-

31-000-2000-00645-01 (25706), CP. Ramiro Pazos Guerrero.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2023, expediente
760012331000201200150 01 (55131), MP Jaime Enrique Rodríguez Navas
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, expediente 25000-

23-26-000-2010-00225-01(52110), MP Marta Nubia Velasquez Rico. En otras providencias se ha precisado que
es posible declarar la responsabilidad por pérdida de oportunidad porque en la demanda se formuló imputación
en tal sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2017,

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

20. En ese sentido, no se exige que la parte demandante identifique el daño cuya
reparación pretende bajo el nomen iuris de pérdida de oportunidad. Lo determinante
es que, a partir de una interpretación sistemática e integral de la demanda, se
deduzca que el daño alegado se planteó como la frustración de una expectativa
seria y real de obtener un beneficio o de mitigar un perjuicio.

21. En efecto, el artículo 42 del CGP20 establece que es deber del juez interpretar
la demanda. Esa labor supone una valoración de las pretensiones, los hechos y los
fundamentos jurídicos de la demanda con el fin de establecer el verdadero alcance
de la controversia; sin embargo, este deber del juez está sujeto al principio de
congruencia, al derecho de contradicción, y su ejercicio no es exigible cuando
resulte imposible determinar razonablemente el contenido de la demanda. Al
respecto, la Sección Tercera ha sostenido:

[e]sta Corporación (…) ha insistido en la necesidad de realizar una interpretación
armónica y sistemática de todo el texto de la demanda con el propósito de
desentrañar el propósito real del libelista y la fuente de su reclamación,
garantizando así la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal; siendo la causa
petendi -que abarca tanto las pretensiones como los hechos que le sirven de
fundamento- el límite del juez en su labor interpretativa.21

[d]ichos memoriales [demanda, contestación] pueden presentar ambigüedades o
deficiencias, caso en el cual al juez le asiste la obligación de determinar la intención
real de la parte demandante, con la precaución de no tergiversar la litis, de no
suplantar la voluntad de quien demanda, de no modificar la causa petendi y el
petitum planteado, porque ello llevaría al fallador a resolver pretensiones que no
fueron planteadas o a dirimir el litigio con base en hechos que no hacían parte del
debate. (…) En suma, si bien al operador judicial le corresponde, en aras de
garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva,
interpretar la demanda cuando el respectivo memorial sea oscuro y establecer su
verdadero sentido, lo cierto es que ante la inexistencia de elementos descriptivos
que permitan realizar tal labor, es materialmente imposible adentrarse a resolver
un problema jurídico que no ha podido determinarse o es incomprensible. En virtud
de dicha facultad, primero se debe determinar el daño que se pide indemnizar y la
fuente de la que proviene para, en segundo lugar, confrontar tales supuestos con
la finalidad propia de la acción ejercida y determinar si el petitum es o no
susceptible de ser tramitado en los términos planteados en el escrito inicial.22

22. Precisado lo anterior, la Sala destaca las siguientes afirmaciones planteadas en
los fundamentos fácticos de la demanda de la referencia:

expediente 19001-23-31-000-2008-00100-01 (43646), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera y Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente 08001-23-31-000-2001-
02303-01 (34250), MP Ramiro Pazos Guerrero.
20 “Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: (…)5. Adoptar las medidas autorizadas en este código

para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la
demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de
contradicción y el principio de congruencia.”
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2026, expediente 08001-

2331-703-2009-0637-00 (55834), MP William Barrera Muñoz.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de julio de 2025, expediente 47001-23-

33-000-2021-00254-01 (72650), MP Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

1. El día 7 de enero de 2015 en el municipio de Betulia Santander, se produjo un
incendio que consumió alrededor de más de SEISCIENTAS (600) Hectáreas de
predios ubicados en el municipio.
2. Ese día el señor LUIS ALBERTO DIAZ PIMIENTO informó a las autoridades del
pueblo de Betulia que en la zona cercana a donde está el transformador por donde
pasan los postes de luz en el predio denominado LA ESTRELLA en la zona
atravesaban las cuerdas de Energía se observaba que estaba comenzando un
incendio
3. El incendio se extendió durante los días 7 y 8 de Enero de 2015 y el mismo
duró más de 28 horas antes de que se pudiera controlar, por parte del cuerpo
de Bombero de Betulia – Santander
4. Ante la carencia de Carro de Bombero de parte del municipio de Betulia –
Santander, el cual no había dotado del mismo al cuerpo de bomberos, la única
manera con la que pudieron tratar de controlar el incendio fue utilizando
fumigadoras, que popularmente se conocen como cacorros, las cuales eran
llenadas con 25 litros de agua.
5. Esta situación por parte del municipio de Betulia – Santander, era un daño
técnicamente previsible, toda vez que no tenía dotado a su cuerpo de
bomberos con carro debidamente adecuado para controlar este tipo de
emergencia.
6. El cuerpo de bomberos del municipio de Betulia – Santander, en vista de que
no podía controlar el incendio ante la carencia de equipos adecuados, se comunicó
con la Gobernación de Santander con el fin de que se les habilitara un helicóptero
de bomberos, con sistema de "Bambi Bucket" que tuviese a su disposición el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, toda vez que este equipo tiene una canasta
gigante que transporta entre 420 y 600 galones de agua
7. La GOBERNACION DE SANTANDER, se manifestó telefónicamente
informándole a los Bomberos del Municipio de Betulia, que no podían habilitar el
helicóptero, ya que estaba solo destinada para incendios de gran magnitud que no
pudieran ser controlados desde la tierra
8. Esta clara falta de apoyo por parte de la Gobernación de Santander, quien se
negó en ese momento a desplegar todas sus fuerzas, a fin de prevenir lo que
terminó convirtiéndose en una tragedia mayor, se debió a la falta de
inmediatez en la atención del desastre y la falta de equipos adecuados e
idóneos para controlar el incendio.
9. Así mismo el cuerpo de bombero de Betulia, se comunicó con el cuerpo de
bomberos de Zapatoca, el cual llegó aproximadamente cuatro horas después de
iniciado el incendio, pero lamentablemente su carro de bomberos no contaba con
la suficiente potencia para poder apagar el incendio.
10. Ante esto el cuerpo de bomberos de Betulia y las autoridades municipales se
comunicaron con el cuerpo de Bomberos de San Vicente de Chucurì el cual llegó
al día siguiente y pudo al cabo de 28 horas de comenzar el incendio poder
controlarlo. (…)23 (negrilla de la Sala)

23. Así, la demanda sostuvo que la falta de inmediatez en el control del incendio
(derivada de la carencia de elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio, la
falta de disponibilidad del helicóptero con sistema “Bambi Bucket” y de la demora
en la llegada de apoyo) permitió que el incendio se extendiera y aumentara su
magnitud, al punto de que solo pudo ser controlado 28 horas después de su inicio.

24. Particularmente, se alegó que el incendio inició el 7 de enero de 2015 y que ese
mismo día se informó a las autoridades municipales; sin embargo, pese a ello la
conflagración “duró más de 28 horas antes de que se pudiera controlar por parte del

23 Folios 5 a 8 cuaderno 1.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

cuerpo de Bomberos de Betulia – Santander” por lo que “terminó convirtiéndose en
una tragedia mayor”, ello debido “a la falta de inmediatez en la atención del desastre
y la falta de equipos adecuados e idóneos para controlar el incendio”.

25. Las mencionadas expresiones ponen de presente que el daño cuya reparación
se pretendió no se circunscribió a la ocurrencia del incendio, sino también a la
frustración de la posibilidad de evitar o reducir sus consecuencias. En efecto, la
referencia a la "falta de inmediatez en la atención del desastre" cuestiona la
ausencia de una respuesta oportuna y eficaz de la emergencia, de la cual dependía
la posibilidad de contener su propagación. A su turno, la afirmación según la cual el
incendio "terminó convirtiéndose en una tragedia mayor" atribuye el incremento de
los daños no al incendio mismo, sino a la insuficiencia de la respuesta desplegada,
al sugerir que una actuación distinta habría mitigado sus efectos. Finalmente, la
manifestación de que el incendio "duró más de 28 horas antes de que se pudiera
controlar" enfatiza en el prolongado lapso durante el cual el incendio permaneció
sin ser contenido.

26. En ese contexto, la decisión de primera instancia no desconoció el principio de
congruencia. Si bien la demanda no se refirió expresamente a la pérdida de oportunidad se
desprende claramente su inclusión de una lectura integral de sus fundamentos fácticos y
del reproche dirigido a las deficiencias en la atención de la emergencia, en particular, a la
falta de dotación adecuada del Cuerpo de Bomberos de Betulia y a las dificultades que ello
generó para controlar oportunamente el incendio.

ii. Inexistencia de responsabilidad del Departamento en el caso concreto

27. Por otro lado, el Municipio solicita la modificación de la decisión de primera
instancia con el fin de que se declare la responsabilidad solidaria del Departamento,
pues, en virtud del principio de coordinación administrativa, debió ayudarlo a
controlar el incendio.

28. De acuerdo con el artículo 320 del CGP “podrá interponer el recurso [de
apelación] la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia”24. Así, el interés
para recurrir debe establecerse, por tanto, frente a los pronunciamientos
efectivamente adoptados en primera instancia y dentro del marco de la controversia
sometida al juez, pues la apelación no permite introducir nuevas imputaciones para
obtener en segunda instancia una decisión que no correspondía adoptar al Tribunal.

29. Conforme a lo anterior, la Sala analizará el reparo, pues no vulnera el derecho
de contradicción del Departamento, en tanto se sustenta en un argumento que fue
planteado desde la demanda para atribuirle responsabilidad a dicha entidad.
Además, aunque el Municipio no formuló demanda de coparte contra el

24 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: (…)”.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

Departamento25, tiene interés para impugnar su absolución, pues esta decisión
incide en las relaciones jurídicas que podrían derivarse de la solidaridad pasiva
entre los demandados26.

30. En efecto, la solidaridad pasiva no comporta un litisconsorcio necesario 27, por lo
que el acreedor puede demandar conjuntamente a todos los deudores solidarios o
a cualquiera de ellos para exigir la totalidad de la obligación. A su vez, el deudor
solidario que paga la totalidad de la obligación puede ejercer, por subrogación legal,
la acción de reintegro prevista en el artículo 1579 del Código Civil contra los demás
codeudores, en la proporción que corresponda28.

31. En este caso, tanto el Municipio como el Departamento fueron vinculados como
presuntos responsables solidarios del daño. Por ello, la absolución del
Departamento es desfavorable a los intereses jurídicos del Municipio, pues define
la falta de responsabilidad de aquel frente al hecho dañoso y produce efectos de
cosa juzgada que no podrán ser desconocidos en la eventual acción de reintegro.

32. Ahora bien, según la Ley 1575 de 2012, “por medio de la cual se establece la
Ley General de Bomberos de Colombia”, la gestión integral del riesgo contra
incendio, la atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos es un
servicio público esencial de competencia de los municipios29, pero, además la ley

25 La Sala destaca que el CGP permite que uno de los demandados formule pretensiones de condena contra

otro sujeto ya vinculado al proceso, con el fin de que en la misma sentencia se definan las relaciones de
responsabilidad entre ellos. Esta figura corresponde a una modalidad de llamamiento en garantía y, por tanto,
debe formularse dentro del término para contestar la demanda. En efecto, el artículo 64 del CGP dispone que
quien tenga derecho a exigir de “otro” la indemnización o el reembolso correspondiente podrá formular el
llamamiento, sustituyendo la referencia al “tercero” contenida en el CPC: este cambio amplió el ámbito de la
figura, pues permite dirigir el llamamiento no solo contra quien es ajeno al proceso, sino también contra quien
ya interviene como parte, interpretación que se confirma con el parágrafo del artículo 66 del CGP que prevé
expresamente que el llamado puede actuar en el proceso como parte, caso en el cual “No será necesario
notificar personalmente el auto que admite el llamamiento”.
26 La Sala destaca que el Municipio solicitó expresamente que “se declare solidariamente responsable al

Departamento de Santander por los daños probados dentro del litigio” (Índice 115 Samai del Tribunal), mas no
que se examinara la excepción de hecho de un tercero como causal exonerativa de su propia responsabilidad.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2010, expediente 66001-23-31-000-2009-

00073-01(38341), CP Ruth Stella Correa Palacio: “cuando existen obligaciones solidarias pasivas, es facultad
del acreedor demandar a todos los deudores solidarios conjuntamente, o a uno de ellos a su arbitrio para exigir
la totalidad de la deuda, lo cual implica que la solidaridad por pasiva no determina la conformación de un
litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial, y que ni el juez tenga la competencia de
conformar la relación procesal litis consorcial, así como tampoco el demandado la posibilidad jurídica de
solicitarla.”
28 “Artículo 1579. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios

equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero
limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.
Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de
los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en
la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores.
La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos
aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad”
29 “Artículo 2. Gestión integral del riesgo contra incendio. La gestión integral del riesgo contra incendio, los

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales
peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio
público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional, en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos”.
“Artículo 3. Competencias del nivel nacional y territorial. (…) Es obligación de los distritos, con asiento en su
respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de
bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos
voluntarios”.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

precisa que existen competencias a nivel nacional y departamental en los siguientes
términos:

Artículo 3. Competencias del nivel nacional y territorial
El servicio público esencial se prestará con fundamento en los principios de
subsidiariedad, coordinación y concurrencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 288 de la Constitución. Corresponde a la Nación la adopción de
políticas, la planeación, las regulaciones generales y la cofinanciación de la gestión
integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Los
departamentos ejercen funciones de coordinación, de complementariedad
de la acción de los distritos y municipios, de intermediación de estos ante la
Nación para la prestación del servicio y de contribución a la financiación
tendiente al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.
Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias,
programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra
incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificación
territorial e inversión pública.
Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los
municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de
bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los
cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del principio de
subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con
el apoyo técnico del departamento y la financiación del fondo departamental
y/o nacional de bomberos para asegurar la prestación de este servicio. (…)
(negrillas de la Sala)

33. Las referidas competencias se fundamentan en los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad las cuales han sido precisadas por la jurisprudencia
de esta Corporación en los siguientes términos:

El primero de ellos [coordinación] exige que las autoridades administrativas de todo
orden y nivel deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado y la prestación de los servicios públicos esenciales -art. 209- y
que, por tanto, dicha coordinación estratégica debe darse tanto entre la Nación y
las entidades territoriales. Por su parte, el principio de concurrencia implica un
proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, en el sentido
de que estas entidades deben intervenir en el diseño y desarrollo de programas y
proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes, pues sólo así resulta posible avanzar en la realización
efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de
descentralización y autonomía territorial. El principio de subsidiaridad alude a que
cuando los entes territoriales no tengan la capacidad institucional o presupuestal,
o no puedan ejercer directa e independientemente determinadas competencias y
responsabilidades que les atañen por razón de falta de recursos económicos,
técnicos o administrativos, pueden recurrir a los niveles superiores -departamento
o Nación-, para que éstos asuman el cumplimiento de esas competencias.30

34. Ahora bien, la Sala destaca que la sola existencia de competencias
departamentales de coordinación, apoyo técnico o cofinanciación (estas últimas
respecto de municipios con menos de 20.000 habitantes) no son suficientes para
imputarle responsabilidad por la deficiente atención de un incendio, cuya prestación

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2014, expediente

13001-23-33-000-2019-00392-01 (70.414), MP José Roberto Sáchica Méndez

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

directa corresponde a los municipios. En estos casos, el régimen subjetivo de
responsabilidad, fundado en la falla del servicio, exige que el análisis no se realice
en términos generales o abstractos, sino a partir de las circunstancias concretas del
caso, en función de las competencias y deberes específicos de actuación a cargo
de la entidad demandada.

35. En el caso concreto, no se acreditó que el Municipio de Betulia fuera uno de
aquellos que, por el tamaño poblacional, requiriera el apoyo técnico del
Departamento en la prestación del servicio bomberil31. En cualquier caso, el apoyo
técnico pretendido y supuestamente denegado consistió en el préstamo de un
helicóptero equipado con el sistema “Bambi Bucket”, sin embargo, se demostró que
el Departamento no contaba con un equipo de esta naturaleza32; además, tampoco
podría reprochársele la omisión de alguna otra actuación, habida cuenta de que el
incendio inició el 7 de enero de 2015 y, luego de varios periodos de control, fue
finalmente extinguido al día siguiente por el cuerpo de bomberos de Betulia con
apoyo de cuerpos de bomberos de otros municipios33.

I. Costas

36. Dado que el recurso de apelación no prosperó, se condenará en costas y
agencias en derecho de segunda instancia al Municipio apelante, en los términos
de los artículos 188 de la Ley 1437 de 201134 y 365 del Código General del
Proceso35. Estas serán tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de
acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso36.

31 La Sala advierte que, si bien en la demanda y en el recurso se imputó responsabilidad al Departamento por

el incumplimiento de los principios de coordinación y complementariedad, lo cierto es que en ninguno de estos
escritos se hizo alusión específica a que el Municipio de Betulia tuviera una población inferior a 20.000
habitantes.
32 Folio 320 cuaderno1.
33 Acta de Consejo Municipal del 12 de enero de 2015: “El día 07 de Enero de 2015 a la 1:40 p.m. la comunidad

de la Vereda Chimitá informa al cuerpo Voluntario de Bomberos sobre un incendio forestal, que se presenta en
la finca denominada El chusque. Inmediatamente las unidades se desplazaron hasta el lugar para atender la
emergencia presentada. Dada la magnitud del incendio se pidió la colaboración del Cuerpo de bomberos de
Zapatoca los cuales llegaron sobre las 4:30 p.m. para apoyar las labores de control del incendio. Se trabajó
fuertemente para controlar la conflagración tanto con las unidades bomberiles del municipio de Betulia como
con las cuatro unidades apoyo del municipio de Zapatoca junto con su carro de bomberos hasta las 2:30 a.m.
del día 8 de enero de 2015, pudiendo controlar el incendio en un 90%. A las 6:00 a.m. del día 08 de enero de
2015 se reactivaron nuevamente las labores de remoción del incendio apagando pequeños focos, sin embargo,
dadas las altas temperaturas se reactivó el incendio y a las 3:00 p.m. arribaron al municipio el cuerpo de
bomberos voluntarios de San Vicente junto con su carrotanque para apoyar el control del incendio el cual
alrededor de las 6:00 fue controlado en un 100%. (folio 325 a 328 cuaderno1).”
34 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. [Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
35 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…)”
36 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”.

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Radicado: 68001-23-33-000-2016-01025-01 (70520)
Demandante: Carlos Gerardo Hernández Flórez

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia al Municipio de Betulia
en favor de la parte demandante, las cuales serán tasadas de manera concentrada
por el Tribunal de primera instancia

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Aclara voto
Magistrado ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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