Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-01430-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2016-01430-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2016-01430-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2016-01430-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HECHO DEL LEGISLADOR
indemnización de perjuicios por daño ocasionado con norma dictada por el legislador, la
cual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico / ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2005 -
promulgación y vigencia, entrada en rigor de la regla de eliminación de las pensiones
extralegales convencionales preexistentes para el caso particular del demandante /
CADUCIDAD - 31 de julio de 2010, fecha de ocurrencia del daño alegado consistente en la
imposibilidad de acceder al reconocimiento de una pensión prevista en una convención
colectiva.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación del daño derivado de la expedición del Acto Legislativo
01 de 2005, en cuanto dicha norma le impidió al demandante acceder al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos previstos en
una convención colectiva celebrada entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia -Sintraunicol- y la Universidad Industrial de Santander -
UIS-.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 21 de abril de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
presentada el 12 de diciembre de 20161, por el señor José Ángel Quintero Muñoz2,
contra la Nación – Congreso de la República3.
1 Según el sello de presentación (folio 53 del cuaderno principal).
2 Poder obrante de folios 1 a 3 del cuaderno principal.
3 El Tribunal a quo mediante auto de sala de “ponencia de mayorías” del 15 de agosto de 2017 admitió la
demanda. En relación con la caducidad indicó que los 2 años que tenía el demandante para presentar la
demanda de reparación directa debían contarse a partir de cuando tuvo certeza del daño alegado, lo cual, a su
juicio, ocurrió el 16 de noviembre de 2016 cuando la UIS le informó que no tenía derecho al reconocimiento de
la pensión prevista en la convención colectiva de acuerdo con lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005
(folios 58 y 59 del cuaderno principal).
El magistrado sustanciador en la primera instancia salvó su voto frente a la referida decisión, para lo cual indicó
que la demanda se presentó por fuera de la oportunidad legal, dado que a su juicio el daño alegado se configuró
el 12 de febrero de 2011 cuando el demandante cumplió con los requisitos para el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación prevista en la convención colectiva, de ahí que los 2 años para acudir a la jurisdicción en
ejercicio de la reparación directa vencieron el 13 de febrero de 2013; sin embargo, la solicitud de conciliación
extrajudicial (11 de mayo de 2016) y la demanda (12 de diciembre de 2016) se presentaron de forma
extemporánea (folio 60 del cuaderno principal). La demanda se reformó mediante escrito del 20 de febrero de
2018, en el sentido de precisar los datos de contacto de los testigos relacionados en el escrito inicial, la cual se
admitió en auto de 16 de julio de 2018 (folio 98 del cuaderno principal).
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:
Pretensiones
3. Reclamó el demandante la declaración de responsabilidad con la consiguiente
indemnización de perjuicios materiales e inmateriales por la imposibilidad de
acceder al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación prevista en una
convención colectiva4.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que bajo la convención
colectiva celebrada entre Sintraunicol y la UIS, ratificada en 2013 y 2015, los
trabajadores oficiales al servicio de la entidad adquirían el derecho a una pensión
de jubilación mensual vitalicia, calculada sobre el 100% del promedio de los sueldos,
salarios o primas que recibieran durante el último año de servicios, siempre y
cuando acreditaran 20 años de servicio oficial -al menos 15 de los cuales debían
ser al servicio de la UIS-, y acreditar haber cumplido 50 años de edad.
5. El 3 de octubre de 2010, el señor José Ángel Quintero Muñoz completó 20 años
de servicios a la UIS como trabajador oficial y el 12 de febrero de 2011 cumplió 50
años de edad, con lo cual acreditó los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación antes referida. Señaló que una vez cumplió con los mencionados
requisitos solicitó el reconocimiento prestacional a su empleador.
6. El 16 de noviembre de 2016, la UIS le informó que no resultaba posible acceder
a su petición, pues el Acto Legislativo 01 de 2005 prohibió desde el 31 de julio de
2010 el reconocimiento de pensiones de jubilación diferentes a las previstas en la
ley.
7.A juicio del demandante, la imposibilidad de acceder a la pensión de jubilación
convencional implicó que postergara el disfrute de un predio rural y a que se le
agravara una discopatía degenerativa, lo cual le generó depresión, angustia y
congoja.
8. Señaló que si bien la regulación frente al acceso a las pensiones de jubilación
adoptada bajo el Acto Legislativo 01 de 2005 obedeció a necesidades fiscales, lo
cierto era que afectó a quienes, como en su caso, habían diseñado su plan de vida
con base en la confianza legítima que les otorgaba la normativa anterior, basada en
la autonomía de la voluntad y en la libertad de negociación sindical, razón por la
cual la pérdida de la posibilidad de jubilarse en condiciones especiales constituía
una carga exorbitante, que de no compensarse generaba el “quiebre de la confianza
legítima en el estado social de derecho”5.
4 Como pretensiones indemnizatorias solicitó el pago de i) $375’464.448 por concepto de las mesadas
pensionales que debió percibir desde cuando cumplió los requisitos convencionales para acceder a su pensión
de jubilación hasta su expectativa de vida; ii) los costos de afiliación a medicina prepagada, por el periodo antes
indicado, para él y para su cónyuge, como compensación del derecho accesorio al servicio médico
convencionalmente previsto en favor de los pensionados de la Universidad Industrial de Santander y iii) una
compensación por el daño moral derivado de la postergación de su legítima expectativa pensional.
5 Folios 45 a 48 del cuaderno principal.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
La defensa
9. La Nación - Congreso de la República señaló que el demandante no indicó cuál
o cuáles fueron los daños causados por no acceder a la pensión prevista en una
convención colectiva, ni acreditó que se agotaran los recursos en contra del acto
administrativo por medio del cual la UIS le negó el reconocimiento de esa prestación
económica.
10. Agregó que el demandante no se encontraba cobijado por el régimen de
transición previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la cual no tenía un
derecho adquirido o consolidado ni contaba con una expectativa legítima respecto
de la pensión extralegal.
11. Propuso como excepciones: i) caducidad, en cuanto la demanda debió
presentarse dentro de los 2 años siguientes a la promulgación y entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005; ii) no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios, en cuanto debió vincularse a la Cámara de
Representantes; iii) indebida escogencia de la acción, toda vez que a través de la
nulidad y restablecimiento del derecho se debió cuestionar la legalidad del acto
administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación; iv) hecho de un tercero, dado que la UIS fue la entidad que negó el
reconocimiento de la prestación; v) “imposibilidad legal de ejercer la acción de
reparación directa para pretender la indemnización del presunto daño ocasionado
por el cumplimiento del deber constitucional de hacer las leyes”; vi) “inexistencia de
perjuicios indemnizables”; vii) “inexistencia de expectativa legítima y estado de
confianza”; viii) “inexistencia de nexo de causalidad” y ix) prescripción6.
Decisión de excepciones y etapa probatoria
12. El Tribunal de primera instancia, en audiencia inicial del 4 de octubre de 2019
declaró no probadas las excepciones de i) caducidad, porque el derecho de acción
se ejerció dentro de la oportunidad legal de acuerdo con lo indicado en el auto
admisorio de la demanda; ii) no comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios, dado que la Cámara de Representantes forma parte del Congreso de
la República y la Nación en cuanto se relaciona con el Congreso es representada
por el presidente del senado, quien confirió el poder para la defensa de esa entidad;
y iii) indebida escogencia de la acción, toda vez que la atribución de responsabilidad
no se edificó en la ilegalidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de
la pensión convencional, sino en el hecho del legislador por la expedición del Acto
Legislativo 01 de 20057. Adicionalmente, se decretaron las pruebas solicitadas8, las
6 Folios 74 a 93 y 105 a 135 del cuaderno principal.
7 Folios 144 a 148 y archivo de audio y video que se encuentra en el disco compacto que obra a folio 1 del
cuaderno principal.
8 Se decretaron como pruebas las copias de: i) constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 48 Judicial II delegada para asuntos administrativos; ii)
registro civil de nacimiento del señor José Ángel Quintero Muñoz; iii) oficio 16.299 del 16 de noviembre suscrito
por el jefe de la División de Recursos Humanos de la UIS, por medio de la cual se le informó al señor Quintero
Muñoz que tal como se le indicó en respuesta del 20 de octubre de 2011, no había lugar a acceder al
3
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
cuales se practicaron en audiencia de 6 de noviembre 20199. Concluida la fase
probatoria, el demandante insistió en sus acusaciones, acompañadas de las
precisiones probatorias que estimó pertinentes reiteró que no reclamaba el
reconocimiento de la pensión convencional ni cuestionaba la legalidad del acto
proferido por su empleador, sino la indemnización de los perjuicios por no poder
acceder a esa prestación, lo cual comprometía la responsabilidad del demandado
por daño especial o por defraudación al principio de confianza legítima10.
13. El Ministerio Público y la Nación – Congreso de la República no intervinieron en
esta etapa.
La decisión impugnada
14. Alresolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones de la demanda.
15. Señaló que en virtud del principio de la confianza legítima el Estado tiene la
obligación de proteger los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los
asociados, de ahí que al legislador le asiste responsabilidad patrimonial si al
efectuar un cambio normativo en prevalencia del interés general desconoce dichas
situaciones.
16. Indicó que tal como lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia SU-555
de 2014, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 no se vulneraron
derechos adquiridos ni expectativas legítimas, dado que dichas situaciones se
garantizaron con el régimen de transición previsto en esa norma; precisó que las
prestaciones que no se consolidaron antes de la expedición del Acto Legislativo o
durante su período de transición no constituyen derechos adquiridos ni expectativas
legítimas, sino meras expectativas.
17. Señaló que el señor Quintero Muñoz no contaba con un derecho adquirido o una
expectativa legítima, pues la totalidad de los requisitos para acceder al
reconocimiento y pago de la convención colectiva de trabajo los cumplió el 12 de
febrero de 2011, con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite que el Acto
Legislativo estableció para la vigencia de las pensiones extralegales.
18. Finalmente, condenó en costas al demandante por ser la parte vencida en el
proceso.
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la convención colectiva, de acuerdo con lo
señalado en el Acuerdo 01 de 2005; iv) relación de cargos y de salarios percibidos por el señor Quintero Muñoz
desde octubre de 1990 hasta enero de 2016, expedida por el jefe de la División de Recursos Humanos de la
UIS; v) valoración del señor José Ángel Quintero Muñoz efectuada por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Santander del 17 de agosto de 2016; vi) formulario de calificación y constancia de inscripción del
folio de matrícula inmobiliaria 15992 del 26 de agosto de 2013; vii) convención colectiva de trabajo suscrita
entre Sintraunicol Seccional Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander; viii) comunicación del 25
de octubre de 2019, por medio de la cual Sintraunicol – Seccional Bucaramanga informó que el señor José
Ángel Quintero Muñoz se encontraba afiliado a dicha organización sindical desde 1996 y que era beneficiario
de la convención colectiva en condición de trabajador oficial de la UIS; ix) testimonios de los señores Álvaro
Enrique Villamizar Mogollón y Agustín Cárdenas Jaimes. (Folios 4 a 42, 152 y archivo de audio y video que se
encuentra en el disco compacto que obra a folio 1 del cuaderno principal).
9
Folios 156 a 159 y archivo de audio y video que se encuentra en el disco compacto que obra a folio 1 del
cuaderno principal.
10 Folios 160 a 165 del cuaderno principal.
4
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
II. EL RECURSO INTERPUESTO
19. En su recurso de apelación la parte actora recabó en la defraudación del
principio de la confianza legítima y la existencia de un daño antijurídico, dado que
existía la expectativa legítima de que los derechos establecidos en una convención
colectiva y operativa durante 19 años fueran respetados y consolidados; sin
embargo, la convención fue derogada por una decisión unilateral del Estado y no
por la voluntad de las partes.
20. Señaló que para “quebrar” la confianza legítima no bastaba afirmar que los
derechos de algunos ciudadanos debían ceder al interés general, pues ello daba
cuenta de la existencia de un daño antijurídico, dado que a un grupo específico de
ciudadanos se les impuso una carga que le correspondía asumir al conjunto de los
asociados. Indicó que si bien el Acto Legislativo 1 de 2005 protegió a quienes se
pensionaron hasta julio de 2010, lo cierto es que ello no implicaba que aquellos que
perdieron su expectativa legítima de pensionarse poco después no sufrieran un
daño antijurídico11.
21. En la oportunidad para alegar de conclusión, las partes guardaron silencio.
22. El Ministerio Público no intervino en esta instancia.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
24. En los términos del recurso de apelación, a la Sala le correspondería resolver si
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 se le causó un daño antijurídico
al demandante por la imposibilidad de obtener el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación convencional; sin embargo, se advierte la configuración de
una excepción12 susceptible de ser declarada de oficio13, toda vez que la demanda
no se presentó dentro de la oportunidad legal, tal como se analizará a continuación.
11 Índice 58 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
12 Artículo 187 del CPACA. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un
breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
Artículo 328 del CGP. “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley” (se resalta).
13 En ese sentido, se recuerda que la Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el
juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de manera oficiosa, en sentencia de unificación
puntualizó “En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la
operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado
acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud
sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido
de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos
por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere
5
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
Oportunidad en la presentación de la demanda
25. El legislador estableció plazos razonables para que las personas acudan a la
jurisdicción y satisfagan sus pretensiones con el fin de garantizar la seguridad
jurídica y evitar situaciones indefinidas en el tiempo. El vencimiento de estos plazos
sin ejercer el derecho de acción implica la configuración de la caducidad. Estos
términos, salvo las excepciones previstas en la ley, no admiten suspensión ni
renuncia y su extinción debe ser declarada por el juez de oficio o a petición de parte.
26. La causa del daño que se afirma irrogado es la que determina el cauce idóneo o
procedente, a fin de lograr la consideración del asunto por parte del juez, y ello, a
su vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la
oportunidad en el tiempo para hacerlas valer.
27. Cuando el daño proviene directamente de un acto administrativo que se
considera ilegal, en principio, deberá demandarse a través del medio de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho14; sin embargo, si la fuente del
daño es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, o por
cualquier otra causa, el medio de control procedente será el de reparación directa15.
28. En el presente asunto, la parte demandante no cuestiona la legalidad del acto
administrativo que le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en
la convención colectiva suscrita entre Sintraunicol y la UIS, sino que pretende la
indemnización de los perjuicios derivados de la frustración de la expectativa de
adquirir esa prestación con ocasión de la expedición del Acto legislativo 01 de 2005,
razón por la cual el medio de control procedente es el de reparación directa.
29. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 16, en los eventos en los
que la reparación directa tiene como propósito la indemnización de los perjuicios
impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
14 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
15 “Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un
hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa
de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya
obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación
de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas,
en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta
la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad.: 22.637. “Así
pues, en el presente caso los hechos se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha de promulgación de
6
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
causados por una norma dictada por el legislador que se encuentra ajustada al
ordenamiento jurídico, la caducidad se debe contar a partir de su promulgación,
siempre que ello coincida con su entrada en vigencia, por ser este el momento de
la ocurrencia del hecho causante del daño; de lo contrario la caducidad debe
computarse desde cuando el precepto entra en rigor, “pues es desde este último
momento cuando sus disposiciones se vuelven obligatorias para los asociados y,
por tanto, eventualmente, generadoras de daños”17.
30. La Corte Constitucional, mediante sentencia C 932 de 2006,18 precisó que la
“promulgación” de las normas adoptadas por el Congreso de la República guarda
relación con la publicación oficial, mientras que la “entrada en vigencia” corresponde
a la indicación del momento a partir del cual sus disposiciones surten efectos. A su
vez, en la sentencia C-1199 de 200819 señaló que el legislador, en ejercicio de la
potestad de configuración de acuerdo con los análisis de conveniencia y
oportunidad, puede adoptar diversas modalidades de vigencia, para lo cual puede
definir que la norma surta efectos i) desde su promulgación; ii) en un momento
posterior; iii) de forma escalonada; o iv) al vencimiento de un plazo o el
cumplimiento de una condición20.
la Ley 335 de 1996, esto es, 20 de diciembre de 1996, con lo cual las demandas podían formularse hasta el 21
de diciembre de 1998”.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del
14 de febrero de 2019. Rad. 59.886, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Criterio reiterado por la Subsección C
en sentencia del 12 de mayo de 2023, exp. 65.506, C.P. Nicolás Yepes
18 “(…) Un concepto distinto al de sanción y publicación de la ley es el de vigencia. La vigencia de la ley
conlleva su ‘eficacia jurídica’, entendida esta como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia
‘desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte
de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor’.
“Sobre la vigencia de la Ley se pronunció extensamente esta Corporación en la sentencia C-084 de 1996 en el
siguiente sentido:
“‘La promulgación, como ya se expresó, consiste en la publicación oficial de la ley; la entrada en vigencia
es la indicación del momento a partir del cual ésta se vuelve obligatoria para los asociados, esto es, sus
disposiciones surten efectos. Por tanto, bien puede suceder que una ley se promulgue y sólo produzca
efectos meses después (…).
“‘Finalmente, debe la Corte aclarar al demandante y al coadyuvante que no es posible sostener válidamente
que la ley ‘necesariamente" empieza a regir ‘inmediatamente’ después de su promulgación, punto en el cual el
actor incurre en confusión, debido tal vez a que los dos fenómenos, en muchas ocasiones, pueden coincidir. La
promulgación (…) consiste en la publicación oficial de la ley; la entrada en vigencia es la indicación del momento
a partir del cual (…) sus disposiciones surten efectos (…)” Corte Constitucional, sentencia C-932 de 2006, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
19 “En efecto, tanto como corresponde al legislador decidir acerca del contenido y alcance de las normas que
adoptará en desarrollo de sus competencias, así como sobre los destinatarios de las mismas, es también
potestad suya determinar la fecha de entrada en vigencia de sus mandatos. Esta decisión suele tomarse a
partir de criterios tales como la extensión y complejidad de la norma aprobada, la necesidad o no de que la
sociedad y los operadores jurídicos la conozcan suficientemente antes de comenzar su aplicación, y en
general, los análisis de conveniencia y oportunidad, que en cuanto representante de la sociedad y de sus
distintos intereses le corresponde realizar.
“Dentro de esta autonomía, el legislador puede adoptar cualesquiera reglas de entrada en vigencia,
naturalmente siempre que ésta no preceda a la publicación de la ley, lo cual abarca desde que aquélla sea
inmediata a la sanción o a la promulgación de la ley, hasta que comience varios meses o años después.
También, tal como lo indican los demandantes, puede disponer una vigencia escalonada o fraccionada en el
tiempo, para distintos capítulos de la norma o para preceptos específicos. Igualmente, es claro que las reglas
sobre la vigencia de la ley no tienen por qué estar necesariamente contenidas en su último artículo (lo
cual no es más que una costumbre fuertemente arraigada en nuestra técnica legislativa), pudiendo encontrarse
en cualquier otra disposición del cuerpo normativo en cuestión. (…).
“Sólo en casos muy excepcionales en los que las reglas establecidas por el legislador generen una situación de
discriminación o afecten de manera directa e injustificada otra regla o valor superior, podría el juez constitucional
cuestionarlas o disponer la inexequibilidad de tales normas. Que sería lo que, conforme a la explicación de los
demandantes, y en concepto suyo, ocurre en este caso” (se resalta). Corte Constitucional, sentencia C-1199 de
2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20 “En conclusión, (…) el legislador está investido de una amplia competencia para definir la fórmula de vigencia
de las leyes. Para ello, puede válidamente adoptar diversas modalidades de entrada de vigor, entre ellas de tipo
diferido, escalonado, sucesivo o sometida a un plazo o condición específica. Por ende, lo que exige el
principio de reserva de ley sobre la vigencia en comento es que sea el legislador el que defina la fórmula
correspondiente, dentro de un variado grupo de alternativas de técnica legislativa. De manera correlativa, la
7
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
31. Para efectos de establecer en el presente asunto la oportunidad en la
presentación de la demanda resulta necesario determinar desde cuándo el Acto
Legislativo 01 de 2005 tuvo el efecto de suprimir la expectativa de la pensión
convencional que tenía el demandante.
32. El Congreso de la República a través del Acto legislativo 01 de 2005, publicado
en el Diario Oficial No. 45984 del 29 de julio de 2005, adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política con la finalidad de superar la proliferación y dispersión de
requisitos y beneficios pensionales que, en criterio del constituyente derivado,
comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaba situaciones de
inequidad21.
33. En relación con las pensiones extralegales de carácter convencional indicó que
a partir de la vigencia del Acto Legislativo22 se prohibía establecer en “pactos,
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones
pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de
pensiones”; sin embargo, frente a las reglas existentes con antelación a la entrada
en vigencia de esa norma se adoptó un régimen de transición en los siguientes
términos:
"Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha
de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones
colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se
mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos,
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto
Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes.
En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010 (…)”.
34. En el presente asunto, de acuerdo con las pruebas aportadas, la situación del
demandante guarda relación con el supuesto previsto en el parágrafo transitorio 3°,
toda vez que las disposiciones convencionales que contemplaban el reconocimiento
de la pensión de jubilación que lo beneficiaba formaban parte de una convención
colectiva suscrita entre Sintraunicol y la UIS para el 2000 al 2001, prorrogada hasta
el 31 de diciembre de 201223.
35. En esas condiciones, el Acto Legislativo 01 de 2005 se publicó el 29 de julio de
2005 y, de acuerdo con lo señalado en su artículo 2°, comenzó a regir desde ese
momento; sin embargo, en esa fecha no tuvo la virtualidad de causar el daño
alegado en la demanda, dado que frente a la eliminación de las pensiones
extralegales pactadas con anterioridad en pactos o convenciones colectivas dicha
inconstitucionalidad de dichas fórmulas de vigencia solo será posible cuando se acredite una oposición objetiva
y verificable entre éstas y los preceptos constitucionales. Ante la ausencia de esa comprobación, la opción
adoptada por el Congreso recaerá en el amplio margen de configuración normativa sobre esta materia (…)” (se
resalta). Corte Constitucional, sentencia C-654 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 El Acto Legislativo 01 de 2005 se publicó inicialmente en el Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005,
pero ante la existencia de errores en su titulación se volvió a publicar en el Diario Oficial No. 45.984 de 29 de
julio de 2005.
22 En el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2005 se indicó que dicha norma regía a partir de la fecha de su
publicación.
23
De acuerdo con las copias de la convención colectiva obrantes de folios 15 a 41 del cuaderno 1, se advierte
que “(…) la Convención Colectiva 2000-2001, [fue] prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2012, junto con la
negociación y Acuerdo firmado el 13 de junio de 2013, para la vigencia enero 1 a 31 de diciembre de 2017 (…)”:
8
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
norma no resultó aplicable de manera inmediata, sino que sus efectos concretos se
condicionaron a las reglas previstas en el parágrafo 3°.
36. Adicionalmente, si bien desde la publicación del Acto Legislativo el demandante
conoció la decisión adoptada por el legislador en relación con la pensión extralegal
contenida en la convención colectiva suscrita entre su empleadora y Sintraunicol,
no es menos cierto que para ese momento no se le causó daño alguno, dado que
respecto de su situación la referida norma contempló un régimen de transición,
período en el que la disposición constitucional podía ser derogada o modificada por
el constituyente o eliminada del ordenamiento por la Corte Constitucional, asimismo,
existía la posibilidad de que el demandante fuera desvinculado de la UIS, por
manera que el daño relacionado con la pérdida de la expectativa de acceder a la
pensión convencional para el momento de la promulgación del Acto Legislativo
correspondía a una situación hipotética, que solamente adquirió certeza hasta
cuando la norma surtió efectos en su caso particular.
37. Sobre el contenido y alcance de las reglas relacionadas con la transición de las
normas pensionales consagradas en convenciones y pactos colectivos vigentes
para el momento de promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte
Constitucional mediante sentencia SU-555 de 2014, señaló que el parágrafo 3° de
dicha norma contempló que surtirían efectos hasta la fecha de duración y, en todo
caso, hasta el 31 de julio de 2010, fecha máxima para que pudieran aplicarse y
disponerse reglas pensionales en pactos y convenciones colectivas24.
38. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
ha señalado25 que en los casos en los que a la fecha de entrada en vigor del acto
reformatorio constitucional estaba cursando una prórroga de una convención que
se encontraba vigente, las disposiciones relacionadas con pensiones conservaban
sus efectos hasta el 31 de julio de 201026.
24 Al respecto se indicó: “Ahora bien, la primera frase del parágrafo transitorio 3° protege tanto los derechos
adquiridos como las expectativas legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o
convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo, señalando que seguirán
rigiendo hasta el término inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo.
(…)
Por otro lado, la segunda parte de este parágrafo transitorio crea una norma de transición para las reglas de
carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de julio de
2005 hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que
resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa fecha, resaltando, de manera inequívoca, que
las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 2010, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las
normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.
En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten
prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 2005, las
cuales conservarán los beneficios pensionales que venían rigiendo con el fin de proteger igualmente, las
expectativas y la confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas prórrogas
no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este
imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera
indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010.
(…)
Del análisis de los mandatos constitucionales descritos, es posible concluir que después del 31 de julio de 2010
ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y convenciones colectivas, salvo que los
existentes antes de la entrada vigencia del Acto Legislativo estipularán como término inicial, una fecha
posterior”.
25 Al respecto, se pueden consultar, entre otras, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
laboral: CSJ SL4239-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020, SL2543-2020 y SL2798-2020, CSJ SL2798-
2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020.
26
Sobre el particular en la sentencia CSJ SL3072-2020 de 19 de agosto de 2020 precisó: “(…) el problema
jurídico que debe resolver la Sala se contrae en determinar si una convención colectiva de trabajo suscrita antes
de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, sus cláusulas atinentes a beneficios pensionales, se pueden
9
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
39. Así las cosas, las disposiciones pensionales convencionales relacionadas con la
pensión de jubilación frente a las que el demandante tenía una expectativa
estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010, cuando se venció el plazo máximo
fijado en el citado Acto Legislativo, por lo que el hecho de que la convención
colectiva fuera prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2012 y que, incluso, ese
acuerdo fuera ratificado para la vigencia del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 201727, no implicaba que las reglas especiales sobre la pensión de jubilación se
extendieran hasta el vencimiento de las prórrogas, sino que perdieron vigencia en
la fecha límite que se estableció en el acto reformatorio constitucional.
40. Lo anterior, dado que la referida convención colectiva no solamente contemplaba
reconocimientos pensionales, sino que versaba sobre otros aspectos, entre otros,
relacionados con incrementos salariales, prima de servicios, prima de antigüedad y
aportes funerarios, cuya vigencia no se afectó por lo señalado en el Acto Legislativo
01 de 2005.
41. En esas condiciones, en el caso del señor José Ángel Quintero Muñoz el Acto
Legislativo 01 de 2005 surtió efectos a partir del 31 de julio de 2010, oportunidad en
la que dicha norma suprimió la expectativa de la pensión convencional de cuyos
beneficios da cuenta la demanda se privó al demandante, razón por la cual a partir
de ese momento comenzó a correr el término de caducidad.
42. La anterior conclusión no se altera por el hecho de que el demandante
posteriormente cumpliera con los requisitos pactados para la causación 28 de la
prorrogar automáticamente en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, más allá del 31
de julio de 2010.
Pues bien, en torno al tema propuesto, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas
oportunidades, en las que ha examinado asuntos similares a los planteados por el recurrente, así, por vía de
ejemplo, se pueden memorar las siguientes sentencias: SL602-2018, SL1799-2018, SL3381-2018, SL3385-
2018, SL3962-2018, SL1408-2019, SL5561-2019, SL2543-2020 y SL2798-2020.
(…).
Precisó la Corte que las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta
el 31 de julio de 2010, lo cual no significa atentar contra derechos adquiridos o las expectativas legítimas, ni
mucho menos, contra el derecho de negociación colectiva o la aplicación de los convenios internacionales del
trabajo, en tanto resultan compatibles con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT con
el Acto Legislativo 01 de 2005.
(…)
El anterior entendimiento, acompasado con el mandato imperativo contemplado en el Acto Legislativo, dirigido
a la expiración de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema general de pensiones el 31 de
julio de 2010, debe necesariamente concluir, que todas las prórrogas que se produzcan de manera automática
con posterioridad al 29 de julio de 2005, inexorablemente, quedarán sin efectos en la fecha límite estipulada en
la enmienda constitucional -31 de julio de 2010-.
(…)
Por lo tanto, con base en el principio de supremacía constitucional que conlleva al de interpretación conforme a
la Constitución y al de eficacia de la misma, es posible concluir que quienes pretendan el reconocimiento de la
pensión de jubilación de acuerdo con una convención colectiva cuyo término inicialmente pactado fijó como
finiquito de su vigencia una fecha posterior a julio de 2005, pero que se prorrogó automáticamente durante
varios años consecutivos de seis en seis meses, sólo tendrían derecho a pensionarse si adquieren su derecho
antes del 31 de julio de 2010”. M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz, providencia reiterada en las sentencias
SL3178-2023 y SL5103-2020.
27 En la comunicación del 25 de octubre de 2019, Sintraunicol – Seccional Bucaramanga informó que el señor
José Ángel Quintero Muñoz se encontraba afiliado a dicha organización sindical desde 1996 y que era
beneficiario de la convención colectiva en condición de trabajador oficial de la UIS, convención colectiva vigente
2018-2022. (folio 154 del cuaderno principal)
28 De acuerdo con lo señalado en la comunicación del 16 de noviembre de 2016, por medio de la cual la UIS
negó el reconocimiento de la pensión convencional se indicó que dicho instrumento se encontraba contemplado
para el 31 de julio de 2010 en el artículo 32 en los siguientes términos: “Condiciones de jubilación. Artículo 32.0
Capítulo IV. De la Convención Colectiva de Trabajo Vigente: a. Ocupar un cargo de Trabajador Oficial y haberse
vinculado a la UIS antes del 31 de diciembre de 1994. B. Edad 50 años. C. Tiempo de servicios: 20 años en el
10
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
pensión convencional -el 4 de octubre de 201029 el tiempo de servicios y el 12 de
febrero de 2011 la edad30-, pues para esas fechas ningún derecho estaba llamado
a ser reclamado. Tampoco se altera esta forma de contabilizar la caducidad porque
su empleador le hubiere indicado en el mes de noviembre de 2016 que no resultaba
posible el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional de acuerdo con
lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 200531, dado que, se reitera, para el 31 de
julio de 2010, la referida norma entró en vigencia, dejando sin efectos las cláusulas
convencionales relacionadas con la pensión de jubilación.
43. El numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 198432 disponía que la demanda
debía promoverse dentro de los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquiera otra causa.
44. En esas condiciones, la demanda podía presentarse a más tardar el martes 1°
de agosto de 2012; sin embargo, se radicó hasta el 12 de diciembre de 2016 33, sin
que el trámite de conciliación extrajudicial tuviera la virtualidad de incidir en el
cómputo de la caducidad, toda vez que la petición para tal fin se presentó el 11 de
mayo de 201634.
45. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto negó
las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada de oficio la
excepción de caducidad.
46. Precisa la Sala que el término de caducidad que se analiza, corresponde a la
fuente del daño cuya indemnización se reclama, desligada de la decisión de la UIS
de no acceder al beneficio pensional solicitado por el actor, pues según su propio
dicho, la causa petendi se relaciona con la decisión del constituyente derivado y los
efectos que se proyectaron frente a las expectativas que el demandante tenía para
la fecha en que el citado acto legislativo produjo sus efectos conforme al parágrafo
3 ya mencionado.
sector oficial de los cuales 15 o más con la UIS. D. monto establecido 100%”. (Folios 6 y 7 del cuaderno
principal).
29 Según lo indicado por la jefe de la División de Recursos Humanos de la UIS el señor José Ángel Quintero
Muñoz completó 20 años de servicio el 4 de octubre de 2010. (Folios 7, 8, 10 y 11 del cuaderno principal.
30 De conformidad con la copia del registro civil de nacimiento, el señor José Ángel Quintero Muñoz nació el 12
de febrero de 1961 de ahí que el 12 de febrero de 2011 cumplió 50 años (folio 5 del cuaderno principal).
31 “(…) En ese sentido, es preciso manifestarle al señor QUINTERO MUÑOZ que frente al punto 7 de su escrito
ya se dio respuesta por parte de esta División con fecha 20 de octubre de 2011, según radicado DII-
II1972. Así las cosas, tratándose en una petición reiterada conforme lo señala el parágrafo segundo del artículo
19 de la Ley 1437 de 2011(…) modificado por el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015 (…) Esta división se permite
dar respuesta a su derecho de petición en el mismo sentido de la respuesta al derecho de petición de estudio
pensional de fecha 10 de octubre de 2011 (…)”. (se destaca). (Folio 20 del cuaderno principal).
32 Se precisa que al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha
de presentación de la demanda –12 de diciembre de 2016–, las cuales corresponden a las contenidas en el
CPACA; sin embargo, en lo relacionado con la caducidad se rige por las normas contenidas en el CCA, dado
que dicho término comenzó a correr en vigencia de dicha normativa.
Al respecto, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (sin las modificaciones dispuestas por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, pues estas entraron a regir con posterioridad a la época de los hechos) señalaba: “Artículo 40.
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
33 Folio 53 del cuaderno principal.
34 Folio 4 del cuaderno principal.
11
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
Condena en costas
47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por el procedimiento civil.
48. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura
49. A su vez, el numeral 4 del artículo 365 de la norma referida dispone que cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias; asimismo, el numeral 8
del citado artículo prevé que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
50. En el presente asunto la revocatoria de la sentencia apelada incluye también lo
decidido sobre la condena en costas y por ello le corresponde al juzgador ad quem
definir lo de ambas instancias, aunado a que el Tribunal a quo, si bien condenó a la
parte demandante al pago de las causadas en primera instancia, lo cierto es que no
fijó las agencias en derecho.
51. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora tuviera que designar un
abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses, gestión que genera
agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso35, motivo por el cual
la Sala fijará las agencias en derecho, para la primera instancia, en la suma
equivalente al 3% de las pretensiones negadas, esto es, once millones doscientos
sesenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos ($11’263.933)36 que corresponde
al tope mínimo señalado en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 201637
y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 smlmv a la fecha de ejecutoria
de esta providencia. Dichas sumas obedecen a la cuantía de las pretensiones
económicas de la demanda que fueron negadas, que ascendieron a la suma de
$375’464.448 y, en aplicación del parágrafo 3° del artículo 3 del citado Acuerdo, que
señala que “las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las
pretensiones”.
35 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
36 En valor total de las pretensiones cuantificadas por la parte actora ascienden a la suma de $375’464.448.
37 “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL. (…)
“En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido
pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el
7.5% de lo pedido. “(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.” (se resalta).
12
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01430-01 (68.639)
Actor: José Ángel Quintero Muñoz
Demandado: Nación – Congreso de la República
Referencia: Reparación directa
52. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 ejusdem.
IV. PARTE RESOLUTIVA
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, para, en su lugar, DECLARAR PROBADA LA
CADUCIDAD del medio de control de reparación directa.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora y fijar por concepto de
agencias en derecho por la primera instancia la suma de once millones doscientos
sesenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos ($11’263.933) y, en la segunda
instancia, por el valor equivalente a 1 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, sumas que se reconocerán en favor de la Nación – Congreso de la
República. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento parcial de voto Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.