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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00548-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00548-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 27 de octubre de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Martha Isabel Lozano Urbina en contra de la Procuraduría General de la Nación. En su lugar se dispone NEGAR las súplicas del libelo, de conformidad con lo expresado en la parte motiva. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-00548-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00548-01 (1893-2024)
Demandante: Martha Isabel Lozano Urbina y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Amparo Jaimes Suárez
Tema: Procuradora judicial en provisionalidad - insubsistencia. La
ausencia de la calidad de prepensionada no obligaba a la
autoridad demandada a adoptar medidas afirmativas en favor
de la demandante.
Decisión: Revocar sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, así como la apelación adhesiva presentada por la procuradora 159
judicial II para asuntos administrativos de Santander contra la sentencia del 27 de
octubre de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del: i) Oficio SG 4331 de
12 de agosto de 20162, que le comunicó a la demandante la culminación de su
relación laboral con la entidad accionada y; ii) el Decreto 3664 de 8 de agosto del
mismo año3, mediante el cual el procurador general de la Nación nombró en periodo
de prueba a la señora Amparo Jaimes Suárez en el empleo denominado procurador
judicial II código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría 318 Judicial II Penal con sede
en Bucaramanga y consecuentemente declaró que a partir de la respectiva posesión
terminaría el vínculo laboral en provisionalidad de la actora.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió el reintegro de la demandante al
cargo que venía desempeñando al momento de su desvinculación o a otro de igual
1 Integrado por sus familiares Higinio Villabona Carrero, Martha Patricia Villabona Lozano, Martha Liliana
Villabona Lozano y el menor APV.
2 Folio 8 del PDF «02DemandayAnexos, de la carpeta 1» del expediente digital, el cual puede ser descargado

en la pestaña de «Gestionar documentos», de la plataforma SAMAI. En auto de fecha 25 de abril de 2023, el
a quo rechazó la pretensión de nulidad frente a este acto, al considerar que no era pasible de control
judicial, en tanto se limitó a comunicar la decisión de retiro contenida en el Decreto 3664 de 2016
(Ejusdem, carpeta «Cuaderno principal», documento denominado «7_AUTODETRAMITE»).
3 Folios 10 y 11 del PDF «02DemandayAnexos, de la carpeta 1» del expediente digital, el cual puede ser

descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2017-00548-01 (1893-2024)
Demandante: Martha Isabel Lozano Urbina y otros

categoría y hasta la consolidación de su derecho pensional e inclusión en nómina
de pensionados. Además, se reclamó el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir, así como la indemnización de los perjuicios morales causados
a los accionantes con aquella decisión.

4. Por último, requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el artículo 192 del CPACA y la condena en costas de la entidad demandada.

5. Hechos4. Se referenciaron como tales los siguientes:

6. La señora Martha Isabel Lozano Urbina nació el 2 de agosto de 1960.

7. Mediante el Decreto 069 del 21 de enero de 2011 fue nombrada en el cargo de
«procurador 318 judicial II penal, código 3PJ, grado EC» en la planta global de la
Procuraduría General de la Nación. Luego, por medio del Decreto 0373 del 25 de
enero de 2013 y debido a quebrantos en su salud, fue trasladada a la ciudad de
Bucaramanga.

8. Los días 5 de febrero de 2015, 26 de febrero y 1° de abril de 2016, la señora
Lozano Urbina puso en conocimiento de la demandada su condición de
prepensionada y las diferentes afecciones en su salud que, en su sentir, la
abrigaban con la estabilidad laboral reforzada. Esas peticiones se originaron luego
de la expedición de la sentencia C-101 de 2013, en la que la Corte Constitucional
ordenó convocar a concurso de méritos los cargos de procuradores judiciales.

9. Como respuesta, la demandada señaló que la condición de prepensionada no
impedía adelantar el proceso de selección y provisión de cargos mediante concurso
de méritos. No obstante, indicó que era posible adoptar medidas afirmativas de
protección, siempre que existiera un margen de maniobra para ello, sin desconocer
que los derechos derivados del concurso prevalecen frente a los del funcionario
provisionalmente vinculado.

10. El día 30 de agosto de 2016 le fue comunicado el Oficio SG 4331 del día 12 de
ese calendario, en el que el secretario general de la procuraduría le informó la
terminación de su vínculo laboral en provisionalidad.

11. Al momento de su desvinculación, esto es el 30 de agosto de 2016, ostentaba
la condición de prepensionada, ya que tenía 56 años de edad y más de 1.460 (sic)
semanas cotizadas en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
faltándole solo 11 meses para adquirir el estatus pensional.

12. Presentó una primera acción de tutela, pero esta fue declarada improcedente
por el Tribunal Superior de Bogotá y confirmada en segunda instancia por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

4 El 31 de julio de 2019, la apoderada inicial de la parte demandante allegó un escrito con el siguiente asunto:

«reforma a la demanda», en el que adicionó hechos nuevos que se presentaron con posterioridad a la
presentación de la demanda, los cuales se relacionarán en este acápite.

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13. No obstante, en una segunda acción de tutela, el Consejo Superior de la
Judicatura ordenó su reintegro sin solución de continuidad al cargo que venía
desempeñando, la actualización de su historia laboral y el pago de los salarios
dejados de recibir durante la desvinculación.

14. En cumplimiento de lo anterior, el 13 de febrero de 2018 fue reintegrada al cargo
de procurador 22 judicial II para asuntos de restitución de tierras de Valledupar.
Además, el 1° de mayo de ese año la demandada liquidó los salarios y prestaciones
sociales adeudadas hasta entonces.

15. Al verificar esa liquidación, advirtió los descuentos al sistema pensional. Por tal
razón, el 7 de junio solicitó a Colpensiones que corroborara sus aportes. Sin
embargo, la entidad pensional respondió que tales dineros aún no habían sido
girados.

16. Por último, sostuvo que tiene a su cargo el cuidado y sostenimiento económico
de sus tres (3) hijas y su nieto, así como el pago de los servicios públicos de su
casa, etc.

17. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones: preámbulo y artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 13, 29, 48, 53, 90, 93 y 95-1
de la Constitución Política; 1613 y ss. del Código Civil; 8.° de la Ley 153 de 1887 y
12 de la Ley 790 de 2002. Al desarrollar el concepto de violación, se expuso lo
siguiente:

18. Aunque la persona que fue nombrada en periodo de prueba por superar el
concurso tiene unos derechos, lo cierto es que la demandante también goza de
garantías constitucionales que debieron tenerse en cuenta antes de expedir los
actos demandados.

19. Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no era procedente
retirar a un servidor público que ostenta la condición de prepensionado, como
ocurrió en el caso en concreto. Lo correcto era reubicar a la actora en un cargo igual
al que venía desempeñando y hasta tanto fuera incluida en la nómina de
pensionados.

20. El retén social es una protección laboral reforzada que se otorga a las madres
cabeza de familia sin alternativas económicas, a las personas con limitaciones
física, mental, visual o auditiva y a los prepensionados.

Contestación de la demanda.

21. La Procuraduría General de la Nación5. Dentro de la oportunidad de ley
ejerció su derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos:

5 PDF «04MemorialContestación, de la carpeta 1» del expediente digital, el cual puede ser descargado en la

pestaña de «Gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.

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22. Los actos acusados fueron proferidos atendiendo los requisitos de validez y
legalidad, salvaguardando la obligación que como órgano de control de la función
pública le asiste a la Procuraduría General de la Nación en la protección y guarda
de los derechos fundamentales.

23. Mediante la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, la Corte Constitucional
ordenó a la entidad convocar a concurso de méritos los empleos de procurador
judicial I y II. Por ello, con la Resolución 040 de 20 de enero de 2015 se dio apertura
a ese proceso.

24. En el caso concreto, el empleo que ocupaba la demandante fue ofertado en la
convocatoria 004 de 2015 y, aunque ella participó en la misma, no superó la prueba
de conocimientos.

25. Al momento de su desvinculación, la actora tenía 56 años de edad y 1.254
semanas cotizadas en Colpensiones, por lo que en principio podría afirmarse que
efectivamente ostentaba la calidad de prepensionada. Sin embargo, según la Corte
Constitucional, el servidor en provisionalidad no desplaza a la persona que superó
el concurso de méritos, aun cuando esté cobijado por una condición de especial
protección.

26. El alto tribunal constitucional también ha precisado que se deben adoptar
medidas de amparo encaminadas a que tales personas sean las últimas en ser
desvinculadas, siempre que sea posible, lo que no impone su permanencia
indefinida.

27. Frente a la situación de debilidad manifiesta, esta no se encuentra debidamente
acreditada, pues cuando fue retirada del servicio no se había determinado cual era
el origen de las patologías, por lo que mal se haría en endilgarle tal situación a la
Procuraduría General de la Nación.

28. La señora Amparo Suárez Jaimes6. Contestó la demanda en los siguientes
términos:

29. No tiene ninguna legitimación ni interés en el resultado del proceso, por cuanto
las pretensiones de la demanda solo censuran la terminación del vínculo laboral de
la accionante y en ningún momento reclaman la nulidad del nombramiento en
periodo de prueba realizado en el Decreto 3664 de 2016.

30. No está acreditado que la actora ostente la condición especial en que
fundamenta la protección laboral reforzada. Sin embargo, de accederse a esta
súplica, su reintegro debe ordenarse hasta el 2 de agosto de 2017, data en la
satisface, según su dicho, los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

6 PDF «08ContestaciónDemandaParteVinculada, de la carpeta 1» del expediente digital, el cual puede ser

descargado en la pestaña de «Gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Martha Isabel Lozano Urbina y otros

31. Además, de conformidad con las pruebas aportadas con la demanda y con la
información que aparece registrada en la página web de la entidad accionada, se
convocaron a concurso de méritos 208 empleos de procuradores judiciales II de la
especialidad penal -a los que se encontraba vinculado la accionante- y la lista de
elegibles estuvo integrada por 366 aspirantes. Por ende, no es cierto que los
derechos de quienes superaron ese proceso debían ceder ante la supuesta
prerrogativa de prepensionada de la parte reclamante.

32. Existe cosa juzgada frente a la primera acción de tutela impetrada por la
accionante, pues luego de las negativas obtenidas en el trámite regular de ese
instrumento judicial, la Corte Constitucional la seleccionó para su revisión -entre
otras acciones presentadas por procuradores judiciales retirados con ocasión del
concurso de méritos-. Fue así como expidió la sentencia SU-691 de 2017 en la que,
entre otras cosas, reiteró que la reclamación incoada por la señora Lozano Urbina
era improcedente por cuanto:

i) Después de ser retirada del servicio de la Procuraduría General de la Nación, la
demandante celebró un contrato de prestación de servicios con la personería
distrital de Bogotá por un lapso de siete meses.

ii) Aunque alegó estrés, tal situación no es suficiente para tornar procedente el
mecanismo protector, pues debía demostrar que tal patología le impedía ejecutar
su labor profesional y, por ende, la ubicaba en una condición de especial protección
constitucional. Con todo, como quedó dicho, se demostró la celebración del aludido
contrato de prestación de servicios inmediatamente después de su desvinculación
del ente de control.

iii) La actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para hacer valer sus
derechos y, además, no se encuentra en situación vulnerabilidad, pues: a) cuenta
con otra fuente económica para su sustento; b) ejerce una profesión liberal que le
garantiza diferentes modelos de vinculación laboral; c) no tiene ninguna limitante
para el ejercicio de su profesión y; d) los cargos en provisionalidad están sujetos a
concurso de méritos y, por ende, no generan estabilidad en el empleo.

33. En consecuencia, y por lo menos frente a las pretensiones de reintegro y pago
de salarios y prestaciones sociales dejados de recibir operó el aludido fenómeno.
Ello, pues en cumplimiento de la sentencia de tutela de 2 de agosto de 2017,
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura -mientras se surtía el citado proceso de revisión en la Corte
Constitucional- la procuraduría satisfizo esos derechos.

34. No es cierto que el traslado efectuado por la demandada entre los años 2012 y
2013, en el que ubicó el empleo de la actora en la ciudad de Bucaramanga -antes
ubicado en la ciudad de Bogotá-, obedeciera a razones de salud, pues en tales actos
se invocó como motivo las necesidades del servicio.

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35. Sentencia de primera instancia7. Es la dictada el 27 de octubre de 2023, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda. Con tales fines concluyó que:

36. Según la jurisprudencia actual —sentencia SU-003 de 2018 de la Corte
Constitucional—, la condición de prepensionado se predica frente a aquellos
trabajadores que les falta tres años o menos para completar el número de semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez. Por tanto, cuando la exigencia
faltante para ese propósito es la edad, no es procedente invocar ni mucho menos
atribuir la aludida protección.

37. Sin embargo, el control de legalidad del acto demandado se realizará con base
en la jurisprudencia vigente para ese entonces —sentencia SU-897 de 2012—, que
establecía que la condición de prepensionado se pregonaba frente a los
trabajadores que le faltaban tres años o menos para completar los dos requisitos,
edad y tiempo de servicios o cotizaciones exigidos para el disfrute de su pensión.

38. En consecuencia, la demandante está adscrita a ese régimen de protección
laboral, pues su pensión de vejez es la regulada en la Ley 100 de 1993, con la
modificación introducida con la Ley 797 de 2003. Por tanto, como el acceso a esa
prestación se materializa con el cumplimiento de 57 años de edad y 1.300 semanas
cotizadas, es claro que la accionante estaba inmersa en el aludido rango temporal.

39. En efecto, el 1.° de septiembre de 2016, data en que se concretó su retiro del
servicio, tenía 56 años de edad —pues nació el 20 de agosto de 1960— y contaba
con 1.228 semanas cotizadas a Colpensiones, según da cuenta la historia laboral
del 12 de julio de ese mismo año.

40. En consecuencia, la entidad accionada debió desplegar las acciones afirmativas
de protección en su favor y, de contera, abstenerse de retirarla del servicio hasta
tanto no fuera incluida en nómina de pensionados.

41. Por tanto, se anulará parcialmente el acto administrativo demandado,
específicamente el apartado que contiene la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad de la demandante, pues las otras decisiones allí contenidas -el
nombramiento en periodo de prueba de la señora Amparo Suárez Jaimes- se ajusta
al orden legal.

42. No se ordenará el reintegro al cargo ni mucho menos el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, en razón a que dentro del expediente
quedó acreditado que la entidad accionada satisfizo esas pretensiones en
cumplimiento de la orden de tutela del 2 de agosto de 2017, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

7 PDF 38SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA, de la carpeta «Cuaderno principal» del expediente digital, el

cual puede ser descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.

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43. Tampoco se reconocerá la indemnización de los perjuicios morales, en tanto las
declaraciones rendidas por los testigos no tuvieron la entidad suficiente para
acreditarlos y/o corroborarlos con las pruebas documentales incorporadas a la
actuación.

44. Recurso de apelación8. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la entidad demandada la recurrió en apelación. En su intervención, censuró de la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia en los siguientes puntos:

45. En cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013, emitida por la Corte
Constitucional, la procuraduría convocó a concurso de méritos todos los empleos
de procurador judicial. Dicha convocatoria y el proceso subsiguiente se ajustó a los
lineamientos legales vigentes para entonces hasta concluir con el retiro del servicio
de la demandante.

46. Aunque puede considerarse que la actora detenta la calidad de prepensionada,
tal situación no le permitía —ni legal ni jurisprudencialmente— desplazar a la
persona que había superado el referenciado concurso de méritos, pues los
derechos de esta estaban, por así decirlo, en condiciones de superioridad frente a
aquella.

47. A lo sumo, la citada cualidad conducía a garantizar que fuera la última persona
en ser retirada del empleo, siempre y cuando la procuraduría contara con un margen
de maniobra para ello. Sin embargo, como quedó demostrado, la lista de elegibles
emanada de la convocatoria 004 de 2015 —Resolución 0357 de 11 de julio de 2016,
relacionada con el empleo de procurador judicial II en asuntos penales— estuvo
integrada por 366 participantes, mientras que las vacantes a proveer correspondían
a 208. Es decir, la entidad no tenía margen alguno para garantizar la estabilidad
laboral reclamada en la demanda, por lo que debe revocarse la decisión anulatoria
parcial contenida en la sentencia impugnada.

48. Adhesión al recurso de apelación9. La procuradora 159 judicial II para
asuntos administrativos de Bucaramanga presentó escrito a través del cual se
adhirió a la apelación presentada por la entidad demandada. Con tales fines
manifestó:

49. La sentencia se enfocó en verificar la condición de prepensionada alegada por
la parte actora, y no en estudiar la legalidad del acto administrativo cuestionado que,
por cierto, fue dictado en cumplimiento de las reglas de un concurso de méritos
ordenado por la Corte Constitucional. Por tanto, la desvinculación de la accionante
se fundó en una razón objetiva y razonable.

8 PDF «40RECEPCIÓNDEMEMORIAL_RECURSODEAPELACIÓN, de la carpeta «Cuaderno principal» del
expediente digital, el cual puede ser descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma
SAMAI.
9 PDF «44RECEPCIÓNDEMEMORIAL_ENERO2024APELACIÓN, de la carpeta «Cuaderno principal» del

expediente digital, el cual puede ser descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma
SAMAI.

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50. De acuerdo con las reglas depositadas en la sentencia SU-917 de 2010, los
empleados nombrados provisionalmente en cargos de carrera no ostentan la misma
estabilidad laboral de quienes gozan de los beneficios del mérito público. Por tanto,
la terminación de tales nombramientos requiere la emisión de un acto administrativo
debidamente motivado por lo que, para tales fines, se considera que la provisión del
cargo con la persona que superó el respectivo concurso de méritos constituye razón
suficiente para ello. En este orden de ideas, la decisión sometida a juicio es
constitucional y legal, pues fue expedida con observancia de los mandatos
superiores.

51. De otro lado, la decisión impugnada desconoció los precedentes
jurisprudenciales contenidos, entre otros, en las sentencias SU-446 de 2011, T-595
de 2016 y T-253 de 2023. En ellas, la Corte Constitucional declaró que los
servidores que ostentan la condición de prepensionados —entre otros grupos
vulnerables— merecen que las entidades para las que laboran adopten, en la
medida de sus posibilidades, las acciones afirmativas que sean necesarias para
garantizar su permanencia en el empleo cuando, por ejemplo, sea indispensable
proveerlo a través de un concurso de mérito.

52. En particular, esas providencias han señalado que entre tales instrumentos se
encuentran: i) que sean las últimas personas en ser retiradas del servicio y/o; ii) que
sean nombradas provisionalmente en otros cargos equivalentes que se encuentren
vacantes.

53. Los derechos fundamentales de la demandante —el reintegro a un cargo similar
y el pago de los salarios del periodo que estuvo cesante— fueron satisfechos por la
sentencia dictada en la segunda acción de tutela que presentó —mientras discurría
el trámite de revisión de la primera petición de amparo y que culminó con la
providencia SU 691 de 2017—. Por tanto, con tal determinación se le permitió a la
actora completar los requisitos para acceder a su pensión de vejez y, a pesar de
eso, aún permanece vinculada a la institución accionada.

54. En consecuencia, se reitera, el acto demandado está ajustado a la normatia y a
la jurisprudencia vigente al tiempo de su emisión, pues la garantía de protección
que demandaba su condición de prepensionada dependía de las condiciones y
posibilidades con que contaba la Procuraduría General de la Nación quien, de
acuerdo con la información que reposa en el paginario, no tenía margen de
maniobra para mantenerla en su puesto de trabajo, pues la lista de elegibles estaba
integrada por 366 aspirantes, mientras que las vacantes a proveer eran 208.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

55. La admisión del recurso. Mediante Auto de 12 de junio de 202410 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley no se registraron

10 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.

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intervenciones de las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta
corporación.

56. Control de legalidad11. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

57. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,12 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

57.1 Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por
los apelantes, le corresponde a la Sala resolver si ¿Para cuándo fue retirada del
servicio, la señora Martha Isabel Lozano Urbina ostentaba la calidad de
prepensionada?

57.2 De resultar afirmativo el anterior interrogante, se analizará si ¿El acto
administrativo demandado amerita ser declarado nulo porque no adoptó las
medidas afirmativas de protección que tal condición ameritaba?

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

58. Primer interrogante: ¿Para cuándo fue retirada del servicio, la señora Martha
Isabel Lozano Urbina ostentaba la calidad de prepensionada?

59. Los requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado y los efectos de ese reconocimiento.

60. La Corte Constitucional ha distinguido la figura del «retén social» creada con la
Ley 790 de 2002 de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial, para
concluir, en una primera etapa —esto es, la vigente para cuando fue proferido el
acto demandado—, que esta última cualidad beneficia a «[…] aquellos servidores
que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez
dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte
tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la
pensión de jubilación o vejez».13

61. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«[...] protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por

11 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
13 Sentencia SU-897 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.

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tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos
que le faltaren para acceder a su pensión de vejez»14.

62. No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en torno a esta figura, concluyendo que cuando el único
requisito faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede
pregonarse la calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de
estabilidad laboral reforzada que de él dimana, en razón a que tal exigencia «la
edad» se cumple con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista un
vínculo laboral. En sentencia T-253 de 2023,15 la Corte Constitucional, guiada por
la providencia arriba citada, concluyó:

«… 5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados.

86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de
los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de servicio-
requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la
Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no tiene
la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta cumplir el
requisito de la edad para obtener la pensión.

87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de
vejez ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad
laboral reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en
pensiones para consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión de
vejez, que deben corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos (es
decir a 154,44 semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera Media
con Prestación Definida)».

63. Pues bien, de conformidad con el material probatorio allegado en debida forma
al expediente, se encuentra acreditado que la señora Martha Isabel Lozano Urbina
nació el 2 de agosto de 196016, es decir, que a la fecha de su retiro tenía 56 años.

64. Asimismo, que mediante el Decreto 3664 de 8 de agosto de 201617, el
procurador general de la Nación realizó un nombramiento en periodo de prueba y,
como consecuencia de ello, dispuso la terminación del vínculo laboral de la
demandante. Dicho acto administrativo fue comunicado a través del Oficio 4331 del
12 de agosto de 201618 y notificado el 30 del mismo mes y año19.

14 Sentencia SU-003 de 2018.
15 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Folios 6 y 7 del PDF 02DemandayAnexos, de la carpeta «1» del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.
17 Folios 10 y 11 ibidem.
18 Folio 14 ibidem.
19 Folio 15 ibidem.

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65. Del resumen de semanas cotizadas reportado por Colpensiones el 12 de julio
de 201620, se concluye que la actora registraba un total de 1.228,29 semanas. No
obstante, de los certificados de información laboral21 allegados con el libelo se
evidencia la existencia de tiempos de servicios que suman en promedio 280
semanas que no fueron adosadas en dicha historial laboral y que corresponden a
los siguientes periodos: i) del 1.° de junio de 1985 al 1.° de noviembre de 1987; ii)
del 2 de noviembre de 198722 al 10 de julio de 1988; y iii) del 20 de diciembre de
1989 al 3 de mayo de 1992.

66. En consecuencia, es claro que para la fecha en que fue retirada del servicio, la
accionante contaba con más de las 1.300 semanas de cotización23 —situación que
fue alegada en la demanda y demostrada en los anexos incorporados con ella—,
por lo que al ser la edad la única exigencia pendiente para consolidar su derecho
pensional, no es dable avalar la condición especial invocada en la demanda.

67. Así entonces, la situación de la actora debió ser analizada de acuerdo con las
reglas jurisprudenciales fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de
2018 y no con fundamento en los criterios anteriores aplicados por el a quo.

68. En efecto, se recuerda que las sentencias de unificación producen efectos
generales e inmediatos, pero retrospectivos24 —salvo que en la correspondiente
decisión se exprese lo contrario—, lo que implica que, en principio, sus reglas deban
ser aplicadas para la resolución de casos con supuestos fácticos y jurídicos
similares a los tratados en ellas.

69. Adicionalmente, aunque la sentencia SU-003 de 2018 unificó la jurisprudencia
en relación con el denominado fuero de prepensionado respecto de servidores de
libre nombramiento y remoción, lo cierto es que dicha regla ha sido extendida en
múltiples pronunciamientos a servidores vinculados en provisionalidad25, por lo que
resulta plenamente aplicable al asunto bajo examen.

70. Por tanto, el cambio de precedente contenido en la antedicha sentencia produjo
efectos retrospectivos que abarcan todos los casos judiciales que comparten
identidad fáctica y jurídica y que se encuentran pendientes de resolución.

71. En ese orden de ideas, se reitera que, para la fecha en que se produjo el retiro
del servicio, la demandante no tenía la calidad de prepensionada en los términos

20 Folios 33 a 41 del PDF 02DemandayAnexos, de la carpeta «1» del expediente digital, el cual puede ser

descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.
21 Folios 19-31 ib., que la demandante afirmó haber remitido a Colpensiones en los meses de noviembre de

2015 y mayo de 2016 (fol. 18).
22 Si bien este tiempo se estableció desde el 26 de julio de 1987, lo cierto es que se contabilizará desde el 2 de

noviembre de 1987, para efectos de no contabilizar tiempos dobles.
23 Esta conclusión encuentra respaldo en las consideraciones que la Corte Constitucional depositó en la

sentencia SU-691 de 2017, cuando afirmó que «[a]corde con lo expuesto por la accionante, ha cotizado más de
1300 semanas. Para ratificar dicha información, la Sala cuenta con la información suministrada por
Colpensiones a la Corte Constitucional, la cual indica que la accionante cuenta con 1522 semanas cotizadas en
Colpensiones».
24 Sentencia T-044 de 2022
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 20 de octubre de 2022, expediente nro.

05001-23-33-000-2017-02209-01 (6576-2019), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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fijados por la jurisprudencia constitucional vigente, toda vez que para entonces
acreditaba más de 1.300 semanas cotizadas; circunstancia reconocida en las
peticiones radicadas el 4 de febrero de 201526 y 26 de febrero de 201627, en las que
manifestó que la consolidación de su derecho pensional dependía exclusivamente
del cumplimiento del requisito de edad pues, según afirmó «[…] [t]engo más de 1300
semanas cotizadas. Hoy aparecen reportadas 1.200,29 semanas y más de 300
semanas que fueron allegadas a Colpensiones en los formatos establecidos en la
ley […]».

72. En tal contexto, y con fundamento en lo anteriormente destacado, se pregona
que la Procuraduría General de la Nación no tenía el deber de adoptar medidas
afirmativas en favor de la accionante, tendientes a garantizar su estabilidad laboral.

73. Por ende, y comoquiera que la situación de la demandante sí quedó cobijada
por la regla de unificación depositada en la sentencia SU-003 de 2018, se revocará
la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, se negaran las mismas.

74. Lo expuesto en precedencia exonera a la Sala de estudiar el segundo problema
jurídico arriba planteado.

75. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

76. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.28

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

26 Folios 242 a 244 del PDF 02DemandayAnexos, de la carpeta «1» del expediente digital, el cual puede ser

descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.
27 Folios 249 a 270 del PDF 02DemandayAnexos, de la carpeta «1» del expediente digital, el cual puede ser

descargado en la pestaña de «gestionar documentos», de la plataforma SAMAI.
28 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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78. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en la presente decisión. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 27 de octubre de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió la señora Martha Isabel Lozano Urbina en
contra de la Procuraduría General de la Nación. En su lugar se dispone NEGAR las
súplicas del libelo, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en ambas
instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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