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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00582-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00582-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Raúl Morales Suárez en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación. En consecuencia: SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-00582-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez
Demandado: Nación – Fiscalía general de la Nación.
Tema: Homologación y nivelación salarial.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de fecha 2 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

Primero: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

• Oficio SSAGS-1326 de 24 de mayo de 2016 y Resolución No. 0436 de 16 de
junio de 2016, proferidos por el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión
de Santander, adscrito al ente accionado.

• Resolución No. 23091 de 14 de octubre de 2016, dictada por el Subdirector de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, se deprecó:

• Se condene a la accionada a pagar al actor las diferencias salariales y
prestacionales existentes entre los empleos de Investigador Judicial I e
Investigador Criminalístico VII y el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial
(hoy Profesional Investigador III), desde el año 2002 y hasta la fecha en que
se produzca el pago respectivo.

• Se condene a la demandada a indexar las aludidas sumas de dinero y
reconocer sobre ellas los intereses moratorios correspondientes a cada
periodo, según los valores establecidos por la Superintendencia Financiera.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez

• Se condene al ente enjuiciado a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios
morales, cincuenta (50) SMLMV en favor del demandante y, veinticinco (25)
SMLMV, para cada uno de sus dos hijos menores de edad.

• Se condene en costas a la parte accionada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Se afirmó en el libelo que el actor se vinculó a la Fiscalía General de la Nación
desde el año 1994, y desde entonces desempeñó los siguientes cargos:

• Investigador Judicial I, nombrado mediante la Resolución 0-1062 de 16 de
junio de 1994, adscrito a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación de Bucaramanga.

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Bucaramanga -por
asignación de funciones-, entre los días 19 de agosto y 11 de septiembre
de 1997, según Resolución 2015 de 15 de agosto de 1997.

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Puente Nacional -por
traslado y conservación de la asignación de funciones antes citada-, a
partir del 1.° de febrero de 2002, por Resolución 0022 de 10 de enero de
2002.

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Socorro -por traslado y
conservación de la referenciada asignación de funciones -, a partir del 3
de febrero de 2003, mediante Resolución 1668 de 17 de diciembre de
2002.

• A través de la Resolución 0-04678 de 28 de septiembre de 2004, fue
ascendido al cargo de Investigador Judicial II. Posteriormente, por
Resolución 0-0178 de 12 de enero de 2005, fue designado como
Investigador Criminalístico VII.

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Charalá -por traslado y
conservación de la asignación de funciones antes citada-, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 1503 de 25 de octubre de 2005.

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Cimitarra -por traslado y
conservación de la asignación de funciones antes citada-, según lo
consignado en la Resolución 061 de 12 de enero de 2007. El citado acto
administrativo fue modificado mediante la Resolución 0159 de 26 de enero
de 2007, disponiendo su traslado al municipio Oiba.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez

• Jefe de Unidad de la Unidad Local del CTI de Puente Nacional -por
traslado y conservación de la asignación de funciones antes citada-, por
Resolución 1254 de 5 de septiembre de 2008.

El 8 de marzo de 2011, el Jefe de Personal de la Dirección Seccional
Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación certificó que el
actor, en su condición de Investigador Criminalístico VII, ha ejercido de forma
ininterrumpida las funciones de Jefe de Unidad de Policía Judicial desde el año
2002.

En similar sentido, en el oficio DSAF No. 0716, el Director Seccional
Administrativo y Financiero de esa institución, al autorizar el retiro parcial de
cesantías del demandante, dio cuenta del ejercicio del cargo en cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 938 de 2004, en la planta de
personal de la Fiscalía General de la Nación existen 68 empleos de Jefe de
Unidad de Policía Judicial, cuando en realidad son muchos más. De manera que
la demandada suple estas carencias mediante la asignación de funciones, pero
sin el reconocimiento salarial pertinente.

Por Decreto Ley No. 017 de 2014, el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial
pasó a denominarse, a partir del 1.° de enero de 2014, como Profesional
Investigador III.

Que en sentencia T-833-2012, la Corte Constitucional revisó el caso del actor y
consideró vulnerados sus derechos laborales con la asignación de funciones
empleada por el ente accionado. Para ello, adujo que el otorgar atribuciones de
un empleo a un funcionario que detenta otra ocupación, desnaturaliza las normas
de personal y vicia de nulidad el acto demandado.

Que la reclamación presentada con fines de reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales arriba reseñadas, fueron negadas a través de los
actos administrativos cuestionados.

Que la diferencia económica reseñada produjo en él y sus hijos perjuicios del
orden moral, al impedirle tener una mejor condición de vida.

1.3 Fundamentos de derecho.

Alegó el abogado, que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la
Nación vulneraron los principios mínimos laborales de su mandante -artículo 53
superior-, en especial los de “remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad del trabajo”, “primacía de la realidad sobre las formas” y “a
trabajo igual salario igual”, con la asignación de funciones como Jefe de Unidad,
lo que representó mayores cargas de trabajo y de responsabilidad, pero no tuvo
un impacto significativo en el salario devengado.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez

En las decisiones cuestionadas, la demandada introdujo una cita jurisprudencial
descontextualizada para fundar la asignación de funciones que ahora es
sometida a juicio. Así, se acuñaron apartados de la sentencia C-447 de 1996 que
versan sobre la delegación, así como reglas depositadas en el artículo 19 de la
Ley 909 de 2004, relacionadas con la fijación de funciones, para posteriormente
equipararlas con una figura inexistente al interior de la accionada, esto es, la
asignación de funciones. En consecuencia, lo que aquí se empleó fue la figura
del encargo, que sí está prevista en el ordenamiento jurídico y, en especial, en
las normas internas de la entidad -Decreto 21 de 2014- y que da lugar al
reconocimiento de la diferencia salarial pertinente, pues a través suyo se escoge
a un servidor de la entidad y se le entregan todas las actividades de otro puesto
de trabajo.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.
Con tales fines, alegó que:

• Reconoció y pagó la asignación básica y las prestaciones sociales que, de
acuerdo con la respectiva escala salarial y las actividades desempeñadas,
ha tenido derecho el demandante, por lo que no se generaron las
diferencias económicas que hoy son objeto de reclamo.

Así mismo, indicó que las funciones asignadas al actor se basaron en su
perfil laboral, en la órbita de trabajo en la que él se desenvolvía y en la
necesidad del servicio, por lo que tal movimiento tuvo por finalidad cumplir
con la eficiente administración de la función pública y, de contera, mejorar
el servicio prestado.

En los actos administrativos a través de los cuales se asignaron las
funciones de Jefe de Unidad no se hizo referencia alguna al pago de
diferencias salariales y prestacionales y, frente a ellos, el accionante no
manifestó ninguna contradicción, por lo que ahora no se puede reclamar
la indemnización de un daño jurídico inexistente.

• El actor simplemente se limitó a invocar que tanto él como sus hijos
padecieron perjuicios morales por la falta de pago de los salarios y
prestaciones sociales que debió percibir en su calidad de Jefe de Unidad,
sin aportar las pruebas que los evidencien.

• A raíz del proceso de modernización institucional adelantado, se emitió el
Decreto Ley 016 de 20141 y la Resolución 467 de 2014,2 lo que condujo a
un procedimiento de incorporación de personal a la nueva planta de

1 «Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación».
2 «Por medio de la cual se adopta la estructura de la Fiscalía General de la Nación».

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez

cargos. En consecuencia, como el demandante venía vinculado como
Investigado Criminalístico VII y tenía asignadas funciones como Jefe de
Unidad, no tenía derecho a ser incorporado como Profesional Investigador
III.3

Con sustento en lo expresado, invocó las excepciones de «CARENCIA DE
OBJETO», «INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURIDICO» y
«PRESCRIPCIÓN».

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia de 2 de marzo de 2023,4 el Tribunal Administrativo de
Santander accedió parcialmente a las suplicas de la demanda. Con tales fines,
luego de referenciar el derecho constitucional al trabajo, el principio laboral de “a
trabajo igual salario igual” y los requisitos concebidos jurisprudencialmente para
avalar la nivelación salarial, concluyó que:

• Desde la audiencia inicial celebrada el 19 de marzo de 2019, se declaró como
hecho probado y, por ende, exento de todo debate, que el demandante fungió
funciones como “Jefe de Unidad de Policía Judicial” desde el 1 de febrero de
2002. No obstante, en el expediente reposan los siguientes documentos, que
informan esa situación así:

✓ Certificado fechado 8 de marzo de 2011, suscrito por la Jefe de Personal
de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía
General de la Nación – Seccional Bucaramanga, que dio cuenta del
ejercicio de esa ocupación.

✓ La Resolución 0-1062 de 16 de junio de 1994, que nombró en
provisionalidad al demandante en el cargo de Investigador Judicial I del
CTI de Bucaramanga.

✓ La Resolución 2015 de 15 de agosto de 1997, que le asignó funciones
como Jefe de Unidad del CTI de Charalá en el periodo comprendido entre
el 19 de agosto al 11 de septiembre de 1997.

✓ Resolución 0022 de 10 de enero de 2002, que trasladó al actor -en su
calidad de Investigador Judicial I- del CTI Bucaramanga a la Unidad de
Puente Nacional, con funciones de Jefe de Unidad, a partir del 1.° de
febrero de 2002.

✓ Resolución 1668 de 17 de febrero de 2002, que trasladó al accionante
-quien fungía como Investigador Judicial I, con asignación de funciones

3 En el artículo 9.° del Decreto Ley 017 de 2014, el cargo de Jefe de Unidad Policía Judicial fue equiparado

al de Profesional Investigador III.
4 Expediente digital, índice 63 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandante: Raúl Morales Suárez

como Jefe de Unidad- del CTI de Puente Nacional a la Unidad del Socorro,
a partir del 3 de febrero de 2003.

✓ Resolución 0-4678 de 28 de septiembre de 2004, que lo nombró en
provisionalidad en el empleo de Investigador Judicial II en la Dirección del
CTI de Bucaramanga.

✓ Resolución 0-0178 de 12 de enero de 2005, que lo nombró en
provisionalidad en el empleo de Investigador Criminalístico VII en la
Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bucaramanga.

✓ Resolución 1503 de 25 de octubre de 2005, que trasladó al actor -en su
calidad de Investigador Criminalístico VII- del CTI Bucaramanga a la
Unidad de Charalá, con funciones de Jefe de Unidad, a partir del 1.° de
diciembre de 2005.

✓ Resolución 061 de 12 de enero de 2007, que trasladó al actor -en su
calidad de Investigador Criminalístico VII- del CTI Charalá a la Unidad de
Oiba, con funciones de Jefe de Unidad, a partir del 1.° de febrero de 2007.

✓ Resolución 1254 de 5 de septiembre de 2008, que trasladó al actor -en su
calidad de Investigador Criminalístico VII- del CTI Oiba a la Unidad de
Puente Nacional, con funciones de Jefe de Unidad, a partir del 17 de
septiembre de 2008.

✓ Certificado de servicios que da cuenta que entre los días 1.° y 25 de junio
de 2010 y 14 de junio y 30 de julio de 2011, el demandante fue encargado
de las funciones y del cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial,
respectivamente.

✓ Oficio DSAF 0716 de 3 de abril de 2013, signado por el Director Seccional
Administrativo y Financiero, en el que autorizó el retiro de cesantías del
actor, y a quien identificó como Jefe de Unidad Policía Judicial.

✓ Oficio CTI-ULB 1282-16 de 26 de diciembre de 2016, suscrito por el
Auxiliar I del CTI de Barbosa, que informó sobre un accidente de tránsito
en el que se vio involucrado un vehículo de la entidad y donde iba
acompañado del demandante, a quien señaló como su jefe y Coordinador
de la Unidad del CTI de esa localidad.

• Las funciones asignadas a los distintos empleos en los que el demandante fue
nombrado son diferentes a las atribuidas al cargo de Jefe de Unidad de Policía
Judicial, pues así lo reveló el comparativo efectuado con base en los respectivos
manuales de funciones aportados al paginario. Textualmente se afirmó en la
sentencia:

«[...] Empero, las funciones que ha desempeñado a lo largo de su vinculación

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Demandante: Raúl Morales Suárez

laboral, distan de aquellas asignadas en el Manual de Funciones, para cada uno
de los empleos ya referidos, pues, tal y como se corroboró en los actos de
asignación de funciones, el aquí demandante, ha desempeñado, desde el año
2002, las funciones propias del empleo denominado: Jefe de Unidad de Policía
Judicial, empleo que, como se revisó de manera antecedente, tiene unas
funciones diferentes, y de mayor envergadura, que aquellas designadas a los
empleos en los que formalmente se nombró al señor Morales Suárez, así como
una remuneración superior, a la devengada por el aquí demandante, situación
que, se subsume en los criterios establecidos por el H. Consejo de Estado, para
solicitar vía judicial la nivelación salarial, al encontrarse vulnerado el principio de:
a igual trabajo, igual salario, no siendo de recibo para la Sala que, durante un
periodo de tiempo, sucesivo, y prolongado, el señor Raúl Morales, se encuentre
vinculado formalmente con la entidad aquí demandada, bajo un empleo propio
de la planta de personal, con funciones y asignación básica mensual especifica,
y haya desempeñado, otro, igualmente existente en la Planta de Personal, al que
le corresponden no sólo funciones disimiles y de una mayor responsabilidad, sino
una remuneración superior, que no fue percibida por el demandante [...]».

• Los salarios y prestaciones sociales recibidos por el accionante en cada una de
esas ocupaciones son inferiores a la que debió percibir como Jefe de Unidad de
Policía Judicial, porque así lo reflejan los certificados incorporados en el
expediente.

En consecuencia, condenó a la accionada reconocer al actor las diferencias
salariales y prestacionales causadas desde el 1.° de febrero de 2002 hasta la
fecha de emisión de la sentencia y/o hasta la data en que fungió como Jefe de
Unidad de Policía Judicial. Con tales fines, concluyó que los derechos
reconocidos no habían prescrito, pues la reclamación administrativa fue
presentada en vigencia de la relación laboral y no se acreditó que la última
asignación de funciones, ordenada en Resolución 1254 de 17 de septiembre de
2008, fue anulada o revocada y, por tanto, dejó de producir efectos jurídicos.

1.6 Recurso de apelación.5

Oportunamente, la abogada de la demandada apeló la sentencia de marras. En
su intervención, censuró que el a quo haya accedido a las pretensiones de la
demanda pues, a su juicio:

• Aunque el accionante fue encargado de las funciones de Jefe de Unidad en
pequeños periodos de los años 2010 y 2011, tales asignaciones no daban
lugar al pago de diferencias salariales y prestacionales, en razón a que existía
un funcionario titular del empleo devengando los correspondientes
emolumentos y, por tanto, se imposibilitaba un doble pago al respecto.

• El fallador de primer grado no desplegó un análisis probatorio completo en
orden a determinar en qué casos el encargo genera el reconocimiento de esas
diferencias económicas, tal y como lo concluyó la Corte Constitucional al
revisar la tutela presentada por el actor; estudio que comprendía las

5 Expediente digital, índice 66 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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circunstancias en que se prestó el servicio, la incompatibilidad entre las
funciones del empleo del que es titular y las del cargo encomendado, la
justificación de esa situación administrativa.

• Fruto del proceso de modernización realizado en la entidad, el actor fue
nombrado como Técnico Investigador IV a partir del 1.° de enero de 2014. Sin
embargo, en el paginario no reposa ninguna certificación o acto administrativo
que evidencie que después de esa vinculación se le asignaron funciones como
Jefe de Unidad; máximo porque dicho cargo desapareció de la planta de
personal y el empleo de Profesional Investigador III al que aquel fue
equiparado tuvo una variación en las actividades a ejecutar.

• En consecuencia, el oficio CTI-ULB 1282-16 de 26 de diciembre de 2016 -
contentivo del informe de un accidente de tránsito en el que su suscriptor
afirmó que durante el siniestro iba en compañía de su jefe y coordinador de la
unidad- no es indicativo de que, con la nueva incorporación, el demandante
continuó ejerciendo como Jefe de Unidad, porque, según destacó, en la planta
de cargos de esa institución nunca ha existido el empleo de “Coordinador de
la Unidad del CTI”.

• La comparación entre las distintas funciones asignadas a los empleos de
“Investigador Judicial I”, “Investigador Judicial II” e “Investigador Criminalístico
VII” frente al cargo de “Jefe de Unidad”, pasó por alto que con el Decreto Ley
017 de 2014 la aludida ocupación desapareció de la planta de personal y,
además, al nuevo empleo equivalente -Profesional Investigador III- no le
fueron atribuidas las mismas actividades. Por tanto, la sentencia generalizó el
hecho de que, durante toda la relación laboral, la parte actora fungió como Jefe
de Unidad.

• La conclusión confeccionada en torno a la prescripción es errada, en tanto:

«[…] En el presente caso, es preciso señalar que existen pruebas que la
Resolución 1254 de 2008, dejó de producir efectos jurídicos, i) con los encargos
mencionados en el fallo en el numeral 1.3.4, toda vez que en los años 2010 y
2011 fue encargado de funciones de Jefe de Unidad. Ii) En el año 2014 el
demandante fue incorporado a la planta en el cargo de Técnico Investigador IV.
iii) El cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial desapareció de la planta de la
FGN. iv) Las funciones que antes del año 2014 tenía el cargo de Jefe de Unidad
de Policía Judicial fueron modificadas para el cargo de profesional investigador
III. v) El demandante desde el 27 de julio de 2022 desempeña el cargo de Fiscal
Delegado ante Jueces Municipales […]».

Además, la tesis adoptada al respecto contravino las reglas contenidas en
el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, así
como los precedentes jurisprudenciales emitidos en la materia y que son
claros al señalar que los derechos laborales se extinguen «[…] en tres (3)
años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya
hecho exigible»; pues en este asunto la reclamación se presentó el 19 de

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abril de 2016, lo que deja dicho que toda prerrogativa causada con
anterioridad al 19 de abril de 2013 se encuentra prescrita.

Fundada en esas anotaciones, la jurista solicitó revocar la providencia de primer
grado.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto de fecha veintitrés 23 de octubre
de 2023,6 se admitió el citado recurso de apelación.

1.7.2 El pronunciamiento de las partes y del agente del ministerio público.
Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron actuaciones de ningún interviniente.

1.8 El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.

6 Expediente digital, índice 4 de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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Demandante: Raúl Morales Suárez

2.3 Problema jurídico.

Conforme a lo señalado en acápites anteriores, le corresponde a esta Subsección
determinar sí:

i) ¿La asignación de funciones de que fue titular el actor, le da el derecho a
acceder a la nivelación salarial reclamada en la demanda? y;

ii) ¿Se ajustó a los parámetros legales la decisión adoptada en primera instancia
frente a la prescripción de derechos?

En orden a resolver esos planteamientos, la Sala estudiará: a) la “asignación de
funciones” en la administración pública y; b) el principio de “a trabajo igual, salario
igual” como presupuesto para reconocer la nivelación salarial en la función
pública.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 La “asignación de funciones” en la administración pública.

En sentencia T-105 de 2002,10 la Corte Constitucional concluyó que, aunque la
figura en comento carece de respaldo legal, ha sido de común utilización en la
función pública bajo la égida según la cual, en los manuales de funciones y
competencias laborales de todo empleo oficial se encuentra consignada como
última obligación a cumplir “Las demás funciones que se le asignen por el jefe
inmediato”.

En tal sentido, la Corte fijó un marco de acción limitado y condicionado a que se
acuda a ella en la medida en que las necesidades del servicio y los intereses de
la entidad así lo aconsejen y, además, que guarde relación con el cargo y las
funciones que el servidor ejecuta.

Por el contrario, ese tribunal adujo que, bajo su ropaje, no puede entregarse a un
servidor público todas las actividades que conciernen a un empleo distinto para
el que fue nombrado, pues para esos fines debe echarse mano de las situaciones
administrativas del traslado y/o el encargo, según el caso. En esa providencia se
dijo textualmente lo siguiente:

«[…] II.- De la Asignación de Funciones.-

Considera la Sala del caso, llamar la atención sobre la forma impropia como
usualmente dentro de la administración pública se asignan funciones de un cargo,
a través del mecanismo denominado “asignación de funciones” mecanismo o
instituto que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de
las normas que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado.

10 M.P. Jaime Araujo Rentería.

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Radicado: 68 001 23 33 000 2017 00582 01 (4123-2023)
Demandante: Raúl Morales Suárez

De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano
(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública,
de la última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de
Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado
cumplirá, además de las expresamente señaladas: “Las demás funciones que se
le asignen por el jefe inmediato”.

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede
ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco
funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las
funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien
se asignan. No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe
inmediato sí puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente
contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad,
de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada
entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y
acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado.

No es procedente utilizar esta función para asignar “todas y cada una de las
funciones correspondientes a otro cargo” diferente al que se desempeña por el
funcionario, pues, esto equivale a asignar un “cargo por su denominación
específica”, bajo el ropaje de la asignación de funciones que como se dijo no es
una figura jurídica autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a
ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma
impropia cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del “encargo”
[…]»

Finalmente, la referenciada providencia fue clara al exigir que en este tipo de
asuntos se debe desplegar un sólido debate legal y probatorio en orden a definir
si, independientemente de la figura empleada, esto es, el “encargo” o la
“asignación de funciones”, se vulneró el principio de “primacía de la realidad
sobre la formalidad establecida por los sujetos de la relación laboral”.

2.4.2 El principio de “a trabajo igual, salario igual” como presupuesto para
reconocer la nivelación salarial en la función pública.

Dispone el artículo 25 constitucional que «El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas».

Dentro de las protecciones que emanan de ese postulado se encuentra el
principio de “a trabajo igual, salario igual”, que a su vez concreta los principios de
dignidad y justicia allí señalados. En el ámbito legal, el artículo 143 del Código
Sustantivo el Trabajo precisa los alcances de ese bastión en los siguientes
términos:

«ARTICULO 143. A TRABAJO DE IGUAL VALOR, SALARIO IGUAL. <Artículo
modificado por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:>

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos
los elementos a que se refiere el artículo 127.

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Demandante: Raúl Morales Suárez

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género,
sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de
diferenciación».

A partir de estas estipulaciones, la Corte Constitucional ha insistido que el
principio en cita se activa en la medida en que el interesado acredite que: i) ocupa
el mismo cargo; ii) desarrolla las mismas funciones y; iii) detenta las mismas
competencias y habilidades para cumplir con la tarea encomendada a otro
empleado, con la diferencia de que a éste se le reconoce y paga una asignación
salarial superior.

En tal sentido, ha divulgado que las condiciones reales de trabajo son las que
deben determinar la proporcionalidad y el valor de la respectiva remuneración.
Por tanto, con base en ese pregón, proscribe toda diferencia salarial que
provenga de criterios individualistas, caprichosos y arbitrarios.

Por el contrario, cuando tales distinciones emanan de consideraciones objetivas
y razonables, se dice que la desigualdad está ajustada a la Constitución Política
y, por tanto, no amerita reproche de ningún tipo. Como ejemplos pueden citarse:
a) la existencia parámetros variados para la evaluación y desempeño; b) las
diferencias en la estructura institucional de las dependencias en las que se
ejecutan las labores y; c) las diversas clasificaciones de los empleos al interior
de la entidad. En sentencia T-369 de 2016,11 ese alto tribunal expresó:

«6. El principio “a trabajo igual, salario igual” – Reiteración jurisprudencial

Independientemente de si la relación laboral se desarrolla en el sector público o
privado, debe ser justa y digna por orden expresa de la Constitución, que en su
artículo 25 dispone: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”12.

11 M.P. María Victoria Calle Correa.
12 El derecho fundamental al trabajo también está regulado en el artículo 53 superior, donde se señala: “El

Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: || Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y
al trabajador menor de edad. || El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales. || Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna. || La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. El derecho fundamental al trabajo se
encuentra regulado en instrumentos internacionales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes,
teniendo en cuenta el tema específico que se debate en la presente Sentencia: (i) el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de mil novecientos sesenta y seis (1966), que fue aprobado
por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968, y (ii) el Convenio Internacional del Trabajo
No. 111, aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en mil novecientos sesenta y
nueve (1969), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

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Del segundo de estos requisitos –justicia– se desprende el principio “a trabajo
igual, salario igual”. Éste corresponde a la obligación para el empleador de
proporcionarles a sus trabajadores una remuneración acorde con las condiciones
reales del trabajo13. Es decir, una que provenga de la observación de elementos
objetivos y no de consideraciones subjetivas, caprichosas o arbitrarias. Así pues,
quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran
tener las mismas competencias o habilidades para cumplir con la tarea que se
les ha encomendado, deben percibir la misma remuneración, toda vez que no
existen, en principio, razones válidas para tratarlos de forma distinta.

No obstante lo anterior, no toda desigualdad salarial entre sujetos que ostentan
las mismas características constituye una vulneración de la Constitución, pues
un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio y, en esta medida, es
reprochado cuando no obedece a causas objetivas y/o razonables. El trato
desigual que está fundamentado en criterios constitucionalmente válidos es
conforme a la Carta y, por ende, está permitido.

Teniendo esto en cuenta, la Corte ha sostenido que para acreditar la vulneración
del principio “a trabajo igual, salario igual”, primero debe estarse ante dos (2) o
más sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables
y, no obstante ello, reciben una remuneración diferente.14

Seguidamente, el Tribunal ha indicado que se deben analizar las razones por las
cuales existe la desigualdad, a efectos de determinar si ellas cuentan con un
respaldo constitucional y si son lo suficientemente poderosas como para limitar
el derecho fundamental a la igualdad.

Respecto a los criterios válidos que pueden justificar una diferenciación salarial,
la jurisprudencia constitucional15 ha permitido, entre otros, los siguientes: (i)
criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que
responden a cualificaciones igualmente disímiles para acceder a dichos
empleos».

Por su parte, esta Corporación ha venido destacando que, aunque a un servidor
público se le pueden asignar tareas que cotidianamente no ejecuta o que se
encuentran por fuera de las consignadas en su manual de funciones, tales
actividades no pueden corresponder a las de un empleo del nivel superior, pues
con ello no solo se avalaría el “enriquecimiento sin causa de la administración”,
sino también el desconocimiento de los derechos laborales del trabajador .16

13 Asimismo, este principio encuentra sustento en el artículo 13 superior, referente al derecho fundamental

a la igualdad, y que señala lo siguiente: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. || El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados […]”.
14 Véanse las Sentencias T-097 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-545A de 2007 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto) y T-833 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15 Véanse las ya referidas Sentencias T-097 de 2006 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-545A de 2007 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto) y T-833 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán
explicadas a profundidad en el texto principal de esta providencia.
16 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2016, expediente N° 25 000 23 25

000 2010 01072 01(4233-13), C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Como instrumento para contrarrestar las infracciones que se puedan presentar
en esta materia, esta Subsección ha expresado que quien pretenda hacerse
acreedor a la nivelación salarial «[…] debe acreditar que cumplió las mismas
funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que tiene idénticas
responsabilidades y categoría del empleo y además, que reúne los requisitos que
se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible aplicar el
principio denominado «a trabajo igual, salario igual» previsto en el artículo 53 de
la Constitución Política de 1991 […]».17

En suma, en casos como el presente, el principio de “a trabajo igual, salario igual”
cobra fuerza siempre y cuando el servidor que pretende ser equiparado a las
condiciones salariales y prestacionales reconocidas a un funcionario que
pertenece a un nivel superior, deberá acreditar que: i) cumple con las mismas
funciones; ii) está sujeto a las mismas responsabilidades y; iii) satisface los
requisitos para ocupar el cargo respecto del cual pretende la nivelación.

Con sustento en las anteriores consideraciones, la Sala pasa a resolver el caso
concreto.

2.5. Caso concreto.

Primer interrogante: ¿La asignación de funciones de que fue titular el actor, le
da el derecho a acceder a la nivelación salarial reclamada en la demanda?

A continuación, se analizarán las pruebas aportadas al paginario, para precisar
los empleos que el actor ha desempeñado al interior de la entidad demandada,
sus periodos y las situaciones administrativas enmarcadas frente a cada uno de
ellos:

Resolución Posesión Cargo Situación
Administrativa
29/06/199419 Asignación de funciones
como Jefe de Unidad del
CTI – Charalá. Desde el
19/08/97 a 11/09/97.20
Traslado del CTI-
Bucaramanga a la misma
unidad ubicada en
0-1062 de Investigador Puente Nacional, en
16/06/199418 Judicial I calidad de Jefe de
Unidad. Desde el 1.° de
febrero de 2002.21

17 Sentencia de 12 de noviembre de 2020, expediente No. 25000-23-42-000-2013-01884-01(3804-
16), Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
18 Expediente digital, índice 72 de la plataforma SAMAI de primera instancia, documento Expediente

digitalizado.pdf, páginas 17-19.
19 Ejusdem, página 20.
20 Resolución 2015 de 15 de agosto de 1997. Ejusdem, página 21.
21 Resolución 0022 de 10 de enero de 2002. Ib., páginas 22-24.

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Traslado del CTI - Puente
Nacional a la misma
unidad ubicada en
Socorro, en calidad de
Jefe de Unidad. Desde el
3 de febrero de 2003.22
0-04678 28 7/10/200424 Investigador N.A.
de Judicial II
28/09/200423
0-0178 de 20/01/200526 Traslado del CTI –
12/01/200525 Bucaramanga a la misma
unidad ubicada en
Charalá, en calidad de
Jefe de Unidad. Desde el
1.° de diciembre de
2005.27
061 de Traslado del CTI –
12/01/2007 Charalá a la misma
unidad ubicada en
Investigador Cimitarra, en calidad de
Criminalístico Jefe de Unidad. Desde el
VII 1.° de febrero de 2007.28
1254 de Traslado del CTI – Oiba a
5/09/2008 la misma unidad ubicada
en Puente Nacional, en
calidad de Jefe de
Unidad. Desde el 17 de
septiembre de 2008.29
Encargo de funciones
como Jefe de Unidad
Judicial, entre el 1.° y el
25 de junio de 2010.30
Encargo en el cargo Jefe
de Unidad Judicial, entre
el 14 de junio y el 30 de
julio de 2011.31
17 de 1/01/201432 Técnico N.A.
1/01/2014 Investigador
IV
No informa. 1/07/2017 Técnico N.A.
Investigador
IV33

22 Resolución 1668 de 17 de diciembre de 2002. Ib., páginas 25-27.
23
Expediente digital, índice 72 de la plataforma SAMAI de primera instancia, documento Expediente
digitalizado.pdf, página 28.
24 Ejusdem, páginas 146-151.
25 Expediente digital, índice 72 de la plataforma SAMAI de primera instancia, documento Expediente

digitalizado.pdf, páginas 29-31.
26 Ejusdem, páginas 146-151.
27 Resolución 1503 de 25 de octubre de 2005. Ib., páginas 32-33.
28 Expediente digital, índice 72 de la plataforma SAMAI de primera instancia, documento Expediente

digitalizado.pdf, páginas 34-36. Posteriormente, esta decisión fue modificada, en el sentido de trasladar al
actor al CTI de Oiba. (Resolución 0159 de 26 de enero de 2007, página 37).
29 Expediente digital, índice 72 de la plataforma SAMAI de primera instancia, documento Expediente

digitalizado.pdf, página 38.
30 Ejusdem, página 325-326.
31 Ibidem.
32 Ejusdem, páginas 146-151.
33 Ejusdem, página 325-326.

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➢ A folio 39 del expediente digital, reposa certificado fechado 8 de marzo de
2011, emitido por la Jefe Grupo de Personal de la Dirección Administrativa
y Financiera de la Seccional Bucaramanga, en la que se informó que el
demandante se vinculó a esa institución a partir del 29 de junio de 1994 y,
que desde el año 2002 ejerce funciones como Jefe de Unidad de Policía
Judicial.

Contrario a lo certificado en el documento antes referenciado, observa la Sala
que el demandante ejerció funciones como Jefe de Unidad de Policía Judicial en
los siguientes períodos y condiciones:

i) Por “asignación de funciones”: desde 1.° de febrero de 2002 y 6 de octubre
de 2004 y entre el 1.° de diciembre de 2005 y el 31 de mayo de 2010.

Ello, en atención a que el 7 de octubre de 2004, el actor se posesionó en un
nuevo cargo, con ocasión al nombramiento como Investigador Judicial II. A partir
de esa fecha, la única asignación de funciones como Jefe de Unidad se registró
el 1.° de diciembre de 2005, por lo que no se puede presumir que en el lapso
anterior fue designado en ese rol.

ii) Por “encargo” de funciones: entre el 1.° y el 25 de junio de 2010.

En este escenario, no se puede pasar por alto que a partir del 1.° de junio de
2010, el demandante fue encargado en aquella ocupación, por lo que el papel
asignado desde el 1.° de diciembre de 2005 finalizó en esa data.

iii) Por “encargo” del cargo: entre el 14 de junio y el 30 de julio de 2011.

Después del 25 de junio de 2010 -fecha de finalización de la anterior situación
administrativa-, solo se registró el encargo en el aludido cargo entre el 14 de junio
al 30 de julio de 2011.

Por tanto, y al no evidenciarse ninguna prueba -actos administrativos de
asignación de funciones, declaraciones de terceros, actividades desarrolladas,
entre otras-, que refleje el llamamiento continuo de ese cometido, no puede
validarse la información depositada en la señalada certificación.

En igual sentido, el resto de documentos que reposan en el expediente34 no son
suficientes para tener por acreditado el mencionado rol, en tanto no dan cuenta
de su origen, su naturaleza y el tiempo de ejecución.

34 i) Folio 40: oficio signado por el Director Seccional Administrativo y Financiero del ente accionado, dirigido

al Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR, en el que se señaló que el actor, quien funge como Jefe
de Unidad de Policía Judicial, está autorizado para retirar sus cesantías; ii) folio 44: oficio suscrito por el
Director Seccional Administrativo y Financiero del ente accionado, a través del cual envió al demandante
unas certificaciones por él requeridas. En esa misiva, no se distinguió al peticionario como Jefe de Unidad;

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Por lo que sigue, y en lo que concierne a la asignación de funciones, los periodos
que serán objeto de análisis son los comprendidos entre el 1.° de febrero de
2002 y 6 de octubre de 2004 y entre el 1.° de diciembre de 2005 y el 31 de
mayo de 2010. Se aclara que el rol asignado en virtud de los encargos realizados
en los años 2010 y 2011 no puede ser estudiado, por cuanto ellos provinieron de
actos administrativos -que por cierto no reposan en el expediente- que definieron
las condiciones salariales de su ejercicio y, por tanto, cualquier inconformidad
con esos periodos, debió ser demandada dentro del término legal para ello.

Siguiendo el derrotero marcado, advierte esa Subsección que el demandante no
acreditó el primer requisito exigido para acceder a la equiparación remunerativa
salarial, consistente en “cumplir con las mismas funciones del cargo
respecto del cual pretende la igualdad”. Ello, en razón a que, aunque demostró
la asignación de funciones en los períodos arriba descritos, no probó su debido
cumplimiento. En un asunto de contornos similares al presente, esta Corporación
concluyó:

«[…] En este orden de ideas, es claro que la demandante tenía como obligación
cumplir las funciones de auxiliar de servicios generales, cargo en el cual se
encontraba nombrada, y no las de auxiliar administrativa, pues, para el efecto,
solo se adquiere competencia a través del acto de nombramiento y el acta de
posesión, porque el ejercicio de la función pública y el desempeño de todo cargo
público es una actividad reglada por la Constitución, la ley o los reglamentos, por
tanto, se requiere:

i) la existencia del cargo o empleo público dentro de la planta de personal de la
entidad del Estado.

ii) El acto administrativo mediante el cual se nombra a la persona para
desempeñar determinado cargo,

iii) el acta de posesión,

iv) la legalidad en la asignación de las funciones y su cumplimiento,

v) de todo lo cual se deriva la asignación del salario y las correspondientes
prestaciones sociales;

vii) igualmente, la asignación de los salarios de los empleados públicos no solo
se determina por su denominación y código, sino que también se tiene en cuenta
los requisitos de conocimiento, experiencia y responsabilidad.35 (El énfasis es
nuestro)

Así las cosas, evidenciado el incumplimiento de esa primera exigencia, la Sala
responde que la asignación de funciones de que fue titular el actor, no le da el

iii) folios 81-83: oficios emanados de entes externos y de la demandada, en los que señalaron al actor como
“Coordinador de Policía Judicial”; iv) folio 84: oficio suscrito por el actor, en el que se identificó como
“Coordinador de Policía Judicial” y v) folios 85-88: reporte de accidente de tránsito con vehículo oficial en
el que se señaló al demandante como “Coordinador de la Unidad de CTI de Barbosa”.
35 Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 20 de septiembre de 2018, expediente N° 05 001 23 33

000 2014 00351 01 (4327-16).
.+

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derecho a acceder a la nivelación salarial reclamada. En otras palabras, para la
Subsección, la certificación visible a folio 39 del expediente no es suficiente para
abrir paso a la nivelación salarial reclamada pues, se itera, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido unánime al pregonar que este derecho emerge en la
medida en que el interesado acredite que cumplió las mismas funciones
asignadas al cargo frente al que reclama la misma remuneración, que tiene
idénticas responsabilidades y categoría del empleo y además, que reúne los
requisitos que se exigen para ocuparlo.

En línea con lo expresado, aunque está demostrado que el accionante fungió
como Jefe de Unidad de Policía Judicial, tal ejercicio provino de las situaciones
administrativas arriba señaladas -asignación de funciones, encargos de
funciones y encargo del cargo- los cuales, como se dijo, no dan lugar al pago de
la diferencia salarial exigida.

Corolario, de acuerdo con lo establecido en la sentencia T-105 de 2002 -arriba
citada-, correspondía al demandante probar que, independientemente de la figura
empleada, esto es, el “encargo” o la “asignación de funciones”, se vulneró el
principio de “primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos
de la relación laboral”, sin embargo, con las pruebas allegadas no se logró
acreditar tal situación.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda. Esta decisión releva a la Subsección
de responder el segundo interrogante planteado.

2.6 Condena en costas.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Raúl Morales Suárez

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 2 de marzo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Raúl Morales Suárez en
contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación. En consecuencia:

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del
veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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