Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2017-00621-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
Demandante: Édgar Portilla Fuentes
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otros
Medio de control: Reparación directa
Temas: LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR ACTIVA - Consiste en la titularidad
del derecho subjetivo o el interés legítimo que se invoca y se pretende proteger frente a la
parte demandada / INTERÉS LEGÍTIMO - Se traduce en el motivo o causa privada que
determina la necesidad de demandar - La ausencia de dicho interés impide también tener por
acreditado el daño cuya reparación se pretende / DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN - La decisión
de poner fin a la existencia del ente corresponde al ámbito interno de la voluntad societaria o
corporativa, expresada a través de sus órganos de dirección y administración, de manera que
el interés jurídicamente tutelado frente a tales determinaciones radica en cabeza de los
asociados, miembros o partícipes de la persona jurídica, así como de quienes, por disposición
legal o estatutaria, se encuentran habilitados para controvertirlas / ELEMENTOS DE LA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO - Elemento Estructural de la responsabilidad
patrimonial del Estado – Artículo 90 de la Constitución Política – Le corresponde a la parte
actora acreditar su configuración / CERTEZA DEL DAÑO - Se traduce en una afectación real
del patrimonio o de la esfera jurídica del demandante, sin que resulte procedente el
resarcimiento de daños eventuales o hipotéticos / CORPORACIÓN BUCARAMANGA
EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS /
De conformidad con sus estatutos era una corporación de naturaleza privada, sin ánimo de
lucro, organizada como asociación civil, en cuya conformación participaban entidades de
naturaleza pública y privada, constituida en el marco de la Ley 29 de 1990 – Su disolución
daba lugar a la apertura del proceso de liquidación, trámite en el cual correspondía al
liquidador adelantar las actuaciones tendientes a identificar y verificar las obligaciones a cargo
de la corporación, para lo cual los interesados debían acudir al proceso liquidatorio a efectos
de hacer valer sus acreencias.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó
las pretensiones de la demanda.
El actor pretende la reparación de los perjuicios causados por las entidades
demandadas con ocasión de la supuesta disolución ilegal de la Corporación
Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora de
Empresas, la cual dio lugar a la terminación de los contratos de prestación de
servicios profesionales que tenía suscritos con dicha entidad y, a la consecuente
pérdida de la remuneración pactada.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 18 de septiembre de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
1
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
Demandante: Édgar Portilla Fuentes
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otros
Medio de control: Reparación directa
instaurada el 8 de mayo de 20171 por el señor Édgar Portilla Fuentes contra la
Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora
de Empresas —en adelante CBE en liquidación—; el Servicio Nacional de
Aprendizaje —en adelante SENA—; la Universidad Industrial de Santander —en
adelante UIS—, las Unidades Tecnológicas de Santander —en adelante UTS—;
Metrogas Colombia S.A. E.S.P.; la Universidad Autónoma de Bucaramanga —en
adelante UNAB—; la Universidad Pontificia Bolivariana —en adelante UPB—; la
señora Blanca Jeanneth Jaimes Carvajal (revisora Fiscal de la CBE); Ana María Peña
González (directora ejecutiva de la CBE) y Carlos Fernando Acevedo Supelano
(asesor jurídico de la UPB), con el fin de que se les declare solidaria y
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados al demandante con
ocasión de la disolución y liquidación ilegal de la primera de las mencionadas, que
conllevó a la terminación de los contratos de prestación de servicios suscritos con
dicha entidad y la consecuente pérdida de la remuneración pactada2.
2.Como consecuencia, solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales,
correspondientes a lo “devengado y dejado de devengar como emolumentos mixtos”
pactados en los contratos, estimados en la suma de $5.785’527.366 3, así como el
1
SAMAI: Expediente digital, “ED_C01_01 DEMANDA - PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 2” y “ED_C01_02
ACTA DE REPARTO(.pdf) NroActua 2”.
2 Pretensiones 1 y 2, en las que se solicitó literalmente: “1. Que fue y es ilegal la disolución de la CORPORACIÓN
BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS…
ocurrida el pasado 12 de diciembre de 2016, cuando el SENA, la UIS, las UTS, junto con otras entidades de
derecho privado (FUNDEUIS, METROGAS, UNAB y UPB) y la presencia y anuencia de la revisora Fiscal de la
CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, c.c. 63.524.211 de la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González…
y, según el ‘extracto de acta No. 28’ inscrito en el registro mercantil, y con la asesoría del Dr. Carlos Fernando
Acevedo Supelano… (quien inició su actuación como asesor jurídico de la UPB y la terminó como liquidador del
patrimonio de la CBE), por votarla a sabiendas de ir en contra de las mayorías estatutarias, con fundamento en
imaginaria e inexistente inviabilidad financiera y para evadir responsabilidad patrimonial en desmedro de los
acreedores de la CBE y asociados de cuota litis, y en perjuicio del mismo patrimonio de la CBE al no cobrar sus
acreencias frente a corporados y/o entidades oficiales colombianas, causando con ello daño antijurídico al actor
(daño emergente y lucro cesante) por conducta dolosa (o gravemente culposa) que debe ser indemnizado.
2. Que el SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca
Jeanneth Jaimes… la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González… el patrimonio en liquidación de
la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA
DE EMPRESAS… y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano,… son solidariamente responsables de los
perjuicios materiales y morales irrogados al actor por haber terminado implícita, unilateral y sin causa contractual
válida sus contratos de prestación de servicios de abogado, mandato en procuración, en donde se habían pactado
los emolumentos para Edgar Portilla Fuentes de manera mixta (cantidades líquidas de dinero y cuota litis
liquidable)”. (se resalta).
3 En las pretensiones 3 y 4 se señaló expresamente: “3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones
se condene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE,
Blanca Jeanneth Jaimes… la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González… el patrimonio en
liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO,
INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano… a reconocer y
pagar solidariamente al actor, Edgar Portilla Fuentes, o a quien represente sus derechos, lo devengado y
dejado de devengar como emolumentos mixtos en los contratos y diligencias administrativas y judiciales.
Para adelantar todos los cobros a la UIS en virtud de los aportes que aquella le había hecho al PEI de ésta;
respecto del convenio 000573 del 3 de junio de 2013, suscrito entre la CBE y el extinto INCODER; la reclamación
ante COLCIENCIAS, la asistencia legal frente al Municipio de Barrancabermeja; el proceso civil radicado al No.
68001-40-03-13-2010-00338- 00, Juzgado Décimo Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, y diligencias civiles
radicadas al No. 68001-40-03-11-2014-00076-00, Juzgado Undécimo Civil Municipal de Bucaramanga, conforme
a la estimación razonada que más adelante se consignará.
“4. Que como consecuencia de lo anterior y a título de reparación se ordene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS,
METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes… la Directora Ejecutiva de
la CBE, Ana María Peña González… el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA
EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS… y el Dr Carlos
Fernando Acevedo Supelano… a reconocer y pagar solidariamente, al actor Edgar Portilla Fuentes, o a quien
represente sus derechos, a título de indemnización por perjuicios materiales (dejado de percibir) hasta el
momento de la presentación de la demanda la suma mínima de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
2
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
Demandante: Édgar Portilla Fuentes
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otros
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reconocimiento de perjuicios morales en cuantía equivalente a doscientos (200)
SMLMV4, sumas cuya actualización fue igualmente solicitada5.
3.Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el tribunal a
quo fueron los siguientes:
4. La CBE fue constituida en 1995 como una entidad mixta sin ánimo de lucro, regida
por el derecho privado, con participación de entidades públicas y privadas. El 8 de
junio de 2004, esta Corporación vinculó al demandante como abogado, en virtud de
contratos de prestación de servicios profesionales y mandatos en procuración, para
adelantar diversas gestiones jurídicas, principalmente orientadas al cobro de
acreencias y reclamaciones frente a distintas entidades.
5.En desarrollo de dicha relación contractual, el demandante adelantó diversas
actuaciones administrativas y judiciales en representación de la CBE, algunas de las
cuales dieron lugar a reclamaciones económicas a favor de la entidad. A partir del
año 2015, la CBE atravesó una situación de inestabilidad administrativa derivada de
cambios en su dirección y cuestionamientos en su gestión interna.
6. El 12 de diciembre de 2016, la asamblea de asociados aprobó la disolución y
liquidación de la CBE. Como consecuencia de la disolución, cesaron las relaciones
contractuales que el demandante tenía con dicha empresa para la prestación de
servicios profesionales, por lo que el 1° de marzo de 2017 presentó reclamación ante
el patrimonio en liquidación de la CBE por concepto de las sumas que consideraba
adeudadas, sin que para ese momento se hubiera dado trámite a la misma.
7. Con fundamento en lo anterior, el demandante señalo que el daño se concretó con
la terminación unilateral, implícita y sin causa válida de los contratos de prestación de
servicios profesionales que tenía con la CBE, como consecuencia de la decisión de
disolver y liquidar la corporación, lo que le impidió continuar con la ejecución de los
encargos y percibir la remuneración pactada. Afirmó que dicho daño resultaba
imputable a las demandadas a título de falla en el servicio.
CINCO MILLONES QUINIENTOS VENTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS ($5.785.527.366,68) o la suma que resulte probada en el plenario” (negrilla fuera del texto).
4 Pretensión 5: “5. Que como consecuencia de lo anterior y a título de reparación se condene al SENA, la UIS,
las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes… la
Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González… el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN
BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS… y
el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano… a reconocer y pagar solidariamente al actor Edgar Portilla Fuentes,
o a quien represente sus derechos, por perjuicios morales subjetivados hasta doscientos salarios mínimos
legales vigentes (200 SMLV) en razón de la zozobra que ha vivido desde que ilegalmente disolvieron su
contratante CBE y desconociendo dolosamente todo el trabajo profesional especializado de más de doce
(12) años de una persona mayor de cincuenta y ocho (58) años, con exigua retribución por no decir que ninguna”
(se resalta).
5 Pretensión 7: “7. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187, inciso
final del CPACA aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de causación de cada emolumento
(daño emergente en cada contrato y/o liquidación de gestión) y del 12 de diciembre de 2016 (lucro cesante desde
la fecha de terminación implícita, unilateral y sin causa contractual válida) hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia que le ponga fin al proceso”.
3
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8. En relación con las entidades públicas —SENA, UIS y UTS—, sostuvo que votaron
a favor de la disolución de la CBE en contravención de las mayorías estatutarias y
con fundamento en una supuesta inviabilidad financiera inexistente, dándole
prevalencia a intereses privados y asesorías inadecuadas.
9. Respecto de Fundeuis, Metrogas, la UNAB y la UPB, indicó que impidieron el cobro
de acreencias y eliminaron un competidor legítimo en el sector, conducta que daba
lugar a la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo corporativo. En cuanto
a la directora ejecutiva y la revisora fiscal de la CBE, afirmó que incurrieron en
responsabilidad por omisión, al guardar silencio frente a los actos que afectaron a la
corporación; finalmente, frente al señor Carlos Fernando Acevedo Supelano, quien
fungió como asesor jurídico de la UPB y fue designado liquidador, sostuvo que priorizó
intereses particulares y persiguió beneficios propios6.
La defensa
La UPB - Seccional Bucaramanga se opuso a las pretensiones de la demanda,
10.
para lo cual propuso la excepción previa de “falta de competencia”, por considerar
que el conocimiento de la controversia correspondía a la jurisdicción ordinaria: en su
especialidad laboral, en lo relativo al reconocimiento de honorarios por servicios
personales adeudados, y en su especialidad civil, en lo concerniente a la impugnación
de la decisión de disolución de la CBE, por tratarse de un acto de una persona jurídica
de derecho privado7.
11.Además, formuló las excepciones de fondo que denominó: (i) inexistencia de los
presupuestos la responsabilidad civil, falta de prueba del daño y cobro de lo no
debido, al considerar que no se aportaron pruebas idóneas y suficientes que
acreditaran los perjuicios materiales y morales reclamados; agregó que el proceso de
liquidación de la CBE no ha finalizado, por lo que un eventual crédito del actor debía
reclamarse en ese trámite; (ii) inexistencia de obligación de indemnizar por parte de
la universidad basado en la inexistencia de solidaridad con la CBE, dada la autonomía
jurídica y patrimonial de dicha entidad, por lo que el eventual daño solo sería
imputable a esta; (iii) existencia de mecanismos para el cobro de las acreencias en
los procesos de liquidación, por cuanto la vía idónea para reclamar los honorarios era
dicho trámite; de hecho, el actor manifestó haber presentado reclamación, sin que a
la fecha exista pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo, razón por la cual no
se ha configurado un daño cierto ni exigible, y (iv) genérica8.
12.Las UTS, en su defensa, adujo que la decisión de disolución de la CBE se adoptó
conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables, particularmente con el
quórum requerido y por decisión de la asamblea general, dada la inviabilidad
financiera de la entidad, derivada de su situación administrativa y jurídica, y tuvo como
finalidad proteger el patrimonio de los asociados y evitar la generación de nuevos
6 SAMAI: Expediente digital, 03Demanda.
7 SAMAI: Expediente digital, 14EscritoContestaciónExcepciones.
8 SAMAI: Expediente digital, 13EscritoContestación.
4
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pasivos. Dijo que no se acreditaron los presupuestos para la aplicación de la teoría
del levantamiento del velo corporativo, en tanto no se demostró la existencia de
conductas fraudulentas o abusivas por parte de los asociados, ni la causación de un
daño atribuible a estos.
13.Finalmente, afirmó que cualquier reclamación relacionada con eventuales
acreencias debía dirigirse contra la CBE en liquidación, por lo que la actuación del
demandante evidenciaba temeridad o mala fe. Con fundamento en lo anterior, formuló
las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) temeridad o
mala fe, y (iii) la genérica9.
14.El SENA coincidió con los argumentos expuestos por la UPB, especialmente en lo
relativo a la inexistencia de solidaridad entre los corporados y la falta de jurisdicción.
Frente a esta excepción previa, precisó que la controversia se derivaba de contratos
de mandato regidos por el derecho civil, por lo que el litigio correspondía a un conflicto
entre particulares que debía ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y únicamente
contra la CBE en liquidación.
15.En cuanto al fondo del asunto, propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, inexistencia de obligación de indemnizar en cabeza del SENA,
así como la de inexistencia de falla del servicio y de nexo causal, para lo cual
argumentó que la liquidación de la CBE obedeció a su situación financiera y no a una
conducta antijurídica inimputable a dicha entidad y, en esa medida, la terminación
unilateral de los contratos se encontraba justificada en lo previsto en el numeral 6 del
artículo 2.189 del Código Civil. Adicionalmente, alegó la “ausencia de prueba de la
cuantía” y la prescripción de las eventuales obligaciones patrimoniales, por cuanto las
sumas reclamadas carecían de soporte probatorio y se derivaban de relaciones
contractuales ajenas a su competencia10.
16.La UIS coincidió con las demás demandadas al señalar la disolución de la CBE
obedeció a su grave situación financiera, cesación de pagos y a la imposibilidad de
continuar desarrollando su objeto social, decisión adoptada por los asociados y
debidamente soportada en la documentación interna, por lo que no era cierto que
hubiese existido fraude o irregularidad en su adopción. Agregó que el vínculo del
demandante fue exclusivamente con la CBE, de manera que cualquier reclamación
por honorarios debía formularse dentro del proceso liquidatario, sin que resultara
procedente dirigirla contra los corporados, quienes no responden con su patrimonio
por las deudas de la entidad. Con base en lo anterior formuló las excepciones de: (i)
falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) inexistencia de fraude en la disolución
de la CBE; e (iii) inexistencia de solidaridad de los miembros de la CBE11.
Metrogas Colombia S.A. 12 alegó como excepciones previas la falta de
17.
competencia y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Esta
9 SAMAI: Expediente digital,15EscritoContestación.
10 SAMAI: Expediente digital,17EscritoContestación.
11 SAMAI: Expediente digital,18EscritoContestación.
12 SAMAI: Expediente digital, 19EscritoContestación y 20EscritoContestaciónExcepciones.
5
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sociedad y la UNAB13 concurrieron14 con las razones de defensa expuestas por las
demás demandadas y enfatizaron en la ausencia de un daño susceptible de
indemnización, dado que el proceso liquidatario de la CBE aún no había finalizado y
el actor podía reclamar las supuestas acreencias dentro de ese trámite. Con
fundamento en lo anterior, propusieron las excepciones que denominaron: (i) falta de
prueba del daño; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) inexistencia de
solidaridad con la CBE; (iv) falta de presupuestos para el levantamiento del velo
corporativo; (v) cobro de lo no debido; (vi) existencia de mecanismos para el cobro
de las acreencias en los procesos de liquidación y, (vii) buena fe por parte de
Metrogas y mala fe del demandante.
18.La CBE15, Carlos Fernando Acevedo Supelano16 y Blanca Jeanneth Jaimes
Carvajal17 igualmente propusieron la excepción previa de falta de competencia. Por
su parte, Blanca Jeanneth Jaimes Carvajal alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva, al señalar que, en su calidad de revisora fiscal de la CBE, no ostentaba la
condición de miembro de la corporación ni participó con voto en la decisión de
disolución y liquidación adoptada el 12 de diciembre de 2016. En lo demás,
coincidieron con los argumentos de defensa expuestos por las demás demandadas.
19.
Ana María Peña González18 se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló
que la alegada ilegalidad de la disolución de la CBE carecía de sustento, por cuanto
esa decisión adoptó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
Precisó que su participación se limitó a funciones de secretaría en dicha reunión, sin
intervención en la votación ni en la decisión final, y que el demandante actuó con
temeridad al formular pretensiones sin sustento probatorio, basadas en imputaciones
genéricas y sin acreditar conducta alguna que le fuera atribuible19.
Conflicto de competencia
20.En la audiencia inicial, llevada a cabo el 10 de junio de 2019, el Tribunal señaló la
falta de competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto, por cuanto las
pretensiones implicaban la impugnación de la decisión de disolución adoptada por la
asamblea de una persona jurídica de derecho privado —la CBE—, materia atribuida
a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. En consecuencia, ordenó la
remisión del expediente a los juzgados civiles del circuito de Bucaramanga y dejó
planteado un eventual conflicto de competencia en caso de no ser asumido el
conocimiento por dicha jurisdicción20. A su turno, mediante auto del 24 de julio de ese
mismo año, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga propuso conflicto
de competencia en razón de la jurisdicción frente al conocimiento del asunto y ordenó
13 SAMAI: Expediente digital, 21EscritoContestación.
14 Representados por el mismo apoderado.
15 SAMAI: Expediente digital, 23EscritoContestación
16 SAMAI: Expediente digital, 23EscritoContestación Y 22EscritoContestaciónExcepciones.
17 SAMAI: Expediente digital, 24Escrito Contestación y 25EscritoContestación.
18 Vinculada como litisconsorte necesario mediante auto del 4 de mayo de 2018. SAMAI: Expediente digital,
30AutoObedezcaseCumplase.
19 SAMAI: Expediente digital, 42EscritoContestación.
20 SAMAI: Expediente digital, 60ActaAudienciaIncial.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
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la remisión del expediente al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria,
para que lo dirimiera21.
21.En virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, el
expediente fue enviado a la Corte Constitucional. Dicha Corporación al resolver el
conflicto de competencia atribuyó el conocimiento del asunto a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Consideró que el demandante estructuró su pretensión
en un daño antijurídico consistente en la terminación implícita y unilateral de sus
contratos de prestación de servicios como abogado, cuya causa atribuyó a la decisión
de disolución de la CBE adoptada por su asamblea. En ese contexto, advirtió que la
demanda se dirigió de manera concurrente contra entidades públicas y particulares,
frente a los cuales se formuló una imputación basada en los mismos hechos y en una
eventual participación por acción u omisión en la causación del daño, lo que activaba
el fuero de atracción y, en consecuencia, hacía procedente el medio de control de
reparación directa22. Asimismo, precisó que la verificación definitiva de la naturaleza
jurídica de la CBE y de la responsabilidad de las demandadas correspondía al juez
de conocimiento23.
En la reanudación de la audiencia inicial24 se decretaron las pruebas solicitadas
22.
por las partes25.
22 Literalmente dijo: “En consecuencia, de la terminación de su contrato de prestación de servicios, este señala
que repercutió en perjuicios sobre lo devengado como emolumentos mixtos, los cuales, solicita, sean resarcidos
por las demandadas. Así las cosas, ha acudido a los fundamentos jurídicos contenidos en los artículos 90
constitucional y 140 de la Ley 1437, para configurar los fundamentos fácticos en la configuración de un daño
antijurídico causado por la acción u omisión de entidades públicas. Por consiguiente, sostiene que hubo una
implícita terminación unilateral del contrato de prestación de servicios de abogado, teniendo origen en la decisión
de disolución de los exmiembros de Asamblea de la CBE, en la que, algunos de ellos, son entidades de derecho
público” (se resalta).
23 Así se indicó: “Finalmente, este Corporación encuentra que la naturaleza jurídica de la Corporación
Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora de empresas en liquidación, no es precisa
y la misma no se puede determinar con la documentación que reposa en el expediente. Lo anterior, porque, a
pesar de que los estatutos la refieren como una empresa de naturaleza privada, el revisor fiscal determinó que
esta tiene un porcentaje de participación del sector público del 57%. Sin embargo, la Sala advierte que esta
situación no altera el análisis para determinar la jurisdicción competente en el presente asunto. Esto, dado que la
aplicación del fuero de atracción no se establece por la cantidad de personas de derecho privado o público
demandados concomitantemente, pues basta con que haya una persona de naturaleza privada y otra de
naturaleza pública para su aplicación”. (se resalta).
24 SAMAI: Tribunal, índice 87.
25 Se decretaron como pruebas: documentales: 1. Copia de la presentación de la CBE y sus ejecutorías ante la
UIS del 9 de septiembre de 2013, con anexos. 2. Reclamación de la CBE ante la UIS, que incluye otrosí al contrato,
mandatos en procuración, petición, recursos, auto y citaciones. 3. Reclamación ante el INCODER, con contratos
de mandato, actas de conciliación fallida, resoluciones, actuaciones judiciales y respuesta del liquidador. 4.
Reclamación adelantada ante COLCIENCIAS, con mandato en procuración, comunicaciones electrónicas y
cuentas de cobro. 5. Cuentas de cobro por asistencia legal a la CBE frente al municipio de Barrancabermeja y
mandato en procuración. 6. Mandato en procuración y cuenta de cobro dentro del proceso radicado No. 68001-
40-03-013-2010-00338-00. 7. Mandato en procuración, remisión y cuenta de cobro dentro del proceso radicado
No. 68001-40-03-011-2014-00076-00. 8. Actas de asamblea de la CBE, reforma estatutaria, acta extraordinaria y
“radicación del liquidador”. 9. Remisión de poderes al liquidador del patrimonio de la CBE para demandar a
COLCIENCIAS y la UIS. 10. Reclamación ante el patrimonio en liquidación de la CBE por valor de $5.785.527.366.
11. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del Dr. Carlos Fernando Acevedo Supelano. 12. Certificados
de existencia y representación legal de la UIS, las UTS, la FUNDEUIS, METROGAS S.A. E.S.P., la UPB y del
patrimonio en liquidación de la CBE. 13. Acta y certificación de conciliación extrajudicial fallida ante la Procuraduría
Judicial Administrativa de Bucaramanga. 14. Acta No. 28 de la Asamblea General de la CBE suscrita el 12 de
diciembre de 2016. 15. Informe jurídico de gestión del 14 de junio de 2016. 16. Acta No. 005-2015 del Consejo
Directivo de la CBE suscrita el 18 de septiembre de 2015. 17. Informe de percepción ejecutiva CBE del 18 de
septiembre de 2015. 18. Estatutos de la CBE. 19. Expediente administrativo en poder de la UIS relacionado con
la CBE. 20. Copia del Acta de constitución de la CBE. 21. Copia de las Actas 28 y 29 de la Asamblea de la CBE.
22. Concepto liquidación de la CBE. 23. Acta de entrega de la Dirección Ejecutiva de la CBE. 24. Balance general
de la CBE. 25. Copia de seis (6) actas del Consejo Directivo de la CBE donde se evidencia problemática de dicha
Corporación, que llevó a su disolución. 26. Copia de la denuncia presentada en contra de Edgar Portilla Fuentes
7
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
Demandante: Édgar Portilla Fuentes
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otros
Medio de control: Reparación directa
La decisión impugnada
23.El Tribunal Administrativo de Santander concluyó que no se configuró un daño
antijurídico, en la medida en que no se acreditó la existencia de un perjuicio cierto,
actual y determinable, pues el demandante contaba con la posibilidad de reclamar
sus honorarios dentro del proceso de liquidación de la corporación, trámite que no
había concluido debido, entre otras razones, a la existencia de activos embargados
en un proceso laboral adelantado por el señor Édgar Portilla Fuentes, quien acudió a
la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, con el mismo propósito26, lo que
evidenciaba que la supuesta afectación patrimonial no se encontraba consolidada.
24.Señaló que la decisión de disolución de la CBE se ajustó a las disposiciones
legales, reglamentarias y estatutarias, por adoptarse con el quorum requerido y con
fundamento en una situación de inviabilidad financiera debidamente acreditada, por
lo que correspondió al legítimo ejercicio de una potestad societaria amparada por la
presunción de legalidad.
25.Precisó que el presente medio de control no era idóneo para controvertir dicha
determinación, en tanto el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico para
la impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos sociales, conforme a lo
dispuesto en el artículo 382 del Código General del Proceso27. Con fundamento en
lo anterior, negó las pretensiones de la demanda, “comoquiera que no se acreditó que
por parte del señor Humberto Pradilla exdirector de la CBE. 27. Estados financieros de la CBE con corte al 31 de
diciembre de 2016. Requerimientos u oficios: las decretadas en los numerales 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7. Testimonios: 1. Gladys Rocío. 2. Laura Torres. 3. Juan Carlos Acuña. 4. Diana Trillos. Interrogatorio de
parte a: Blanca Jeannet Jaimes Carvajal y Carlos Fernando Acevedo Supelano. (SAMAI: Tribunal, índice 87).
1. Copia del certificado de adquisición de acciones de Pacific Rubiales Energy Corp. 2. Copia del prospecto de
información para el registro de las acciones ordinarias de Pacific Rubiales Energy Corp en el Registro Nacional
de Valores y Emisores. 3. Resolución 1974 de 2009, por medio de la cual se autorizó la colocación de las referidas
acciones. 4. Resolución 1359 del 1 de noviembre de 2016, por medio de la cual se canceló el registro. 5. Copia
de la Resolución 400 de 1995, expedida por la entonces Superintendencia de Valores. 6. Copia de la Resolución
02375 de 2006, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de la cual se establece el
contenido del prospecto de información de que trata el artículo 1.1.2.4 de la Resolución 400 de 1995. 7. Copia de
la solicitud radicada bajo número 2009070223 -inscripción en el RNVE-. 8. Cuadro de Excel en el que se relaciona
la información relevante publicada en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores –SIMEV– durante
la vigencia de inscripción de las acciones de Pacific Rubiales Energy Corp –PRE– en el RNVE, junto con los
anexos. 9. Soportes de la supervisión diaria sobre la información relevante que publicaba tanto en Canadá como
en Colombia respecto de Pacific, durante los años 2009 a 2016. 10. Soportes de los requerimientos de información
relativos a la veracidad de las noticias e información publicada en diferentes medios de comunicación, así como
de la información sobre las inversiones nacionales y extranjeras. 11. Trámites de quejas de los inversionistas de
Pacific. 12. Procedimiento radicado bajo número 2016122668, por medio del cual se adelantó lo relacionado con
la pérdida de fuerza de ejecutoria de la resolución que había autorizado la inscripción de las acciones de Pacific
en el RNVE. 13. Comunicados de prensa del 9 de abril de 2016 y del 26 de mayo de 2016, publicado por la SFC.
14. Archivo denominado "INFORMES" en el que obra el soporte del monitoreo constante del precio de la acción
de Pacific frente a la información relevante y pública. 15. Archivo denominado "IIROC" en el que obran los correos
que se remitieron al grupo de Vigilancia del Autorregulador Canadiense (IIROC), así como otros correos en los
que se cruzó información sobre la especie PREC. 16. Archivo denominado "Informe Monitoreo — DSE". 17.
Resolución 1119 del 5 de septiembre de 2016 y Resolución 1025 del 2 de agosto de 2017, por medio de las cuales
se impusieron y confirmaron unas sanciones al representante legal de Pacific. Oficios o requerimientos: los
relacionados a folios 6 a 9. Interrogatorio de parte: demandante. SAMAI: Expediente digital “ED_C01_29
AUDIENCIA INICIAL(.pdf) NroActua 2”.
26 Al respecto, señaló: “(…) aunque en el interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Fernando Acevedo
Supelano se evidenció la existencia de un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito
de Bucaramanga, mediante el cual se solicitó el pago de honorarios correspondientes a los mismos servicios que
reclama el demandante en este proceso, dicho trámite judicial no obstaculiza el estudio del presente caso, en
razón de que se trata de pretensiones distintas, una relacionada con acreencias laborales y otra orientada al
reconocimiento de perjuicios derivados de un presunto daño antijurídico”. (se resalta).
27 Argumento que plasmó en el penúltimo inciso de las consideraciones de la sentencia, así: “Además, es preciso
señalar que el presente proceso no constituye el medio idóneo para impugnar tales decisiones, dado que el
legislador estableció expresamente en el artículo 382 del CGP un mecanismo específico para controvertirlas”.
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Demandante: Édgar Portilla Fuentes
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los asociados de la CBE incurrieran en conductas contrarias a la ley ni que la decisión
de disolución haya causado un daño antijurídico al demandante”28.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
26.La parte demandante cuestionó la decisión del Tribunal, al considerar que incurrió
en una indebida valoración probatoria y en un entendimiento equivocado del caso. En
relación con el daño, sostuvo que se encuentra acreditado el daño emergente,
derivado de los gastos e inversiones asumidas y los honorarios causados en
desarrollo de los contratos de prestación de servicios, como el lucro cesante,
correspondiente a los honorarios dejados de percibir, incluidos aquellos sujetos a
pacto de cuota litis. Afirmó que el Tribunal desconoció las pruebas que dan cuenta de
su gestión profesional y de las acciones judiciales adelantadas en favor de la
corporación, así como la existencia de reclamaciones y procesos que habrían
permitido incrementar el patrimonio de la CBE y, por ende, hacer efectiva la
remuneración pactada.
27.Sostuvo que el análisis no debía limitarse a la legalidad formal de la decisión de
disolución, sino que debía examinar la conducta de los corporados, quienes actuaron
con dolo o culpa grave al adoptar dicha decisión con el propósito de evitar el pago de
acreencias y frustrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, omitiendo
informar a la asamblea sobre la existencia de activos y expectativas económicas
relevantes que desvirtuaban la supuesta inviabilidad financiera, por lo que se acreditó
también la responsabilidad de los demandados, quienes concurrieron en una
actuación dirigida a defraudar a los acreedores de la corporación29.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
28.Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, y
analizados los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a resolver
el recurso de apelación.
El objeto de la apelación
29.El marco del recurso interpuesto impone determinar si el Tribunal incurrió en una
indebida valoración probatoria, por cuanto se alega que el a quo no observó la
demostración de que la decisión de disolver y liquidar la CBE generó un daño cierto,
actual y antijurídico al demandante.
La prueba del daño en el caso concreto
30.La Sala anuncia que confirmará la sentencia apelada, dada no solo la ausencia de
prueba de un daño antijurídico, sino principalmente por la falta de legitimación del
actor para cuestionar la decisión de dar fin a la personalidad jurídica del ente con el
cual sostenía relaciones de naturaleza contractual.
28 SAMAI: Tribunal, índice 177.
29 Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión
en los términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. El Ministerio Público guardó
silencio. SAMAI: índice 12.
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31.El actor sostiene en su recurso que está acreditado el daño a partir de la prueba
de la terminación los contratos de prestación de servicios profesionales que había
celebrado con la CBE, como consecuencia de la decisión de disolver y liquidar dicha
entidad, la cual calificó de ilegal. En ese contexto, estructuró el daño en una afectación
patrimonial representada en los honorarios que afirma le eran adeudados, así como
en aquellos que dejó de percibir, como consecuencia de la terminación de los
referidos contratos.
32.Las pruebas allegadas al expediente muestran que la extinta CBE, a través del
director ejecutivo de la época, celebró con el señor Édgar Portilla Fuentes diversos
contratos de prestación de servicios profesionales, para la representación judicial y
extrajudicial de la entidad en distintos asuntos.
33.En particular, obra en el expediente el contrato suscrito el 8 de junio de 2004, en
virtud del cual el demandante se obligó a representar a la CBE ante diversas
entidades públicas y jurisdicciones en relación con el convenio celebrado con la UIS.
En dicho instrumento se pactó como remuneración un esquema mixto, consistente en
un anticipo equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales y un porcentaje
del veinte por ciento (20%) del resultado económico obtenido, pagadero a la
culminación de los respectivos procesos o actuaciones.
34.Además, se estipuló que en caso de terminación anticipada del contrato sin justa
causa o por disposición de autoridad competente, el apoderado quedaba facultado
para estimar en dinero el valor de sus honorarios, con posibilidad de objeción
únicamente cuando dicha estimación resultara notoriamente injusta o se fundara en
fraude o colusión. Asimismo, se acordó que el contrato prestaba mérito ejecutivo,
habilitando la exigibilidad directa de las obligaciones allí contenidas. Así se extrae de
su contenido:
“Objeto: El apoderado se obliga, en nombre y representación judicial del
PODERDANTE, a representarlo ante el Departamento de Santander, Contraloría
Departamental de Santander, Contraloría General de la Nación, Universidad
Industrial de Santander, y demás entidades públicas que tengan que ver con el
convenio de cooperación suscrito entre la CBE y la UIS el 1 de agosto del 2001, así
como a citar para audiencia de conciliación prejudicial y a demandar la existencia y
demás declaraciones judiciales que sean pertinentes para hacer valer sus derechos
dentro del citado convenio y ante las distintas jurisdicciones que corresponda. […]
SEGUNDA: Remuneración. Los honorarios profesionales para el APODERADO se
fijan, según los términos. generales de la propuesta que recibió oportunamente el
PODERDANTE y que para todos los efectos legales forma parte integrante del
presente contrato, y de manera especial en suma equivalente el veinte por ciento
(20%) del resultado económico judicial. […] TERCERA… PARAGRAFO 3o.- En caso
que el PODERDANTE termine el presente contrato y de poder a otro abogado, sin
justa causa comprobada, o por disposición de alguna autoridad, antes de la
terminación normal o anormal de los procedimientos y procesos, según voces del C.
de P. C., el PODERDANTE autoriza al APODERADO, de conformidad con los
artículos 211 y 495 del Código de Procedimiento Civil, para estimar en dinero el valor
de los honorarios, sin que el PODERDANTE pueda objetar tal cuantía, salvo cuando
esta estimación sea notoriamente injusta o de sospecha de fraude o colusión […]
QUINTA: Mérito ejecutivo. - El presente documento presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea
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necesario solicitar o efectuar previamente el reconocimiento de firmas, los
requerimientos privados o judiciales y la constitución en mora del deudor de cumplir
sus obligaciones o la notificación de la cesión del crédito, trámites a los cuales
renuncian expresamente y por anticipado las partes […]”30. (se destaca).
35.Posteriormente, en los años 2010, 2014 y 2015, se celebraron otros contratos de
prestación de servicios profesionales entre la CBE y el demandante, bajo la modalidad
de mandato en procuración, cada uno con objetos específicos. El 14 de mayo de 2010
se suscribió contrato que tenía por objeto la atención de un proceso ejecutivo de
menor cuantía promovido por la UIS31; el 26 de mayo de 2010, otro dirigido a la
defensa de la corporación en un proceso de restitución de inmueble arrendado32; y el
16 de julio de 2014, suscribieron un contrato cuyo objeto era adelantar actuaciones
administrativas y judiciales relacionadas con la ejecución y liquidación de un convenio
suscrito con el INCODER33.
36.El 25 de julio de 2014 suscribieron un nuevo contrato de prestación de servicios
profesionales cuyo objeto consistía en adelantar actuaciones administrativas y
eventuales procesos judiciales relacionados con una posible sanción administrativa
por parte de Colciencias34. El 18 de febrero de 2015 contrataron la prestación de
servicios para la representación de la CBE en actuaciones administrativas y
eventuales procesos judiciales derivados de un convenio celebrado con el municipio
de Barrancabermeja35. Finalmente, mediante otrosí del 27 de marzo de 2015, se
amplió el alcance de la gestión profesional del demandante para comprender la
atención de asuntos relacionados con los convenios suscritos con la UIS, incluyendo
actuaciones administrativas, de control y judiciales en curso o por iniciarse36.
37.En estos contratos se estipuló, como elemento común que una parte de la
remuneración del apoderado se encontraba condicionada al resultado económico
favorable para la entidad, mediante porcentajes variables, sin perjuicio de la previsión
de anticipos, viáticos u honorarios mínimos en algunos casos. De igual forma, en
dichos instrumentos se incluyeron cláusulas que facultaban al apoderado para
estimar el valor de sus honorarios en eventos de terminación anticipada del vínculo
sin justa causa, así como estipulaciones en virtud de las cuales los contratos
prestaban mérito ejecutivo, habilitando la exigibilidad de las obligaciones allí
contenidas.
38.Asimismo, en el expediente obran diversos documentos que dan cuenta de las
gestiones adelantadas por el demandante en cumplimiento de los contratos referidos,
tales como actuaciones dentro de procesos judiciales, intervenciones en trámites
administrativos, reclamaciones ante distintas entidades públicas y participación en
audiencias de conciliación como apoderado de la CBE, entre las que se destacan:
30 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 101 y 102.
31 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 186 a 187.
32 Ibidem, páginas 189 y 190.
33 Ibidem, páginas 105 a 108.
34 Ibidem, páginas 145 a 147.
35 Ibidem, páginas 183 a 185.
36 Ibidem, páginas 65 a 66.
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1) El 20 de febrero de 2015, la CBE solicitó a la UIS el cumplimiento del convenio
marco vigente y requirió el reconocimiento y pago de la suma de $4.589.000.000;
además, advirtió que, si se mantenía el cobro judicial de cánones de arrendamiento,
dichos valores debían descontarse del monto adeudado a la corporación37
2) Interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra las decisiones
contenidas en el oficio OIS 03767 del 13 de marzo de 2015 (que negó la solicitud de
pago de 4.589.000.000)38 y notificación al apoderado Édgar Portillade de la decisión
adoptada por la UIS que confirmó lo decidido en el anterior oficio39.
3) El 11 de junio de 2015, el señor Édgar Portilla Fuentes asistió a la diligencia de
conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para
asuntos administrativos, adelantada como requisito previo para formular demanda de
controversias contractuales contra el Incoder40.
4) Solicitud de copias presentada el 19 de octubre de 2016 al liquidador del Incoder,
en la que resaltó que su representada —CBE— resultó favorecida en la calificación
de reclamaciones dentro del proceso liquidatorio41, acompañada de la Resolución
00880 del 23 de septiembre de 2016, expedida por dicha entidad, mediante la cual se
reconoció parcialmente la reclamación de acreencias presentada por la CBE42.
5) Respuestas a peticiones elevadas por el señor Edgar Portilla Fuentes, como
apoderado de la CBE, ante Colciencias43.
6) El 21 de julio de 2023, el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga certificó
que, dentro del proceso ejecutivo singular radicado 2010-00338-00, actuó como
apoderado de la CBE el señor Édgar Portilla Fuentes, quien sustituyó poder al
abogado Alfonso Rivera Páez y posteriormente lo reasumió para solicitar la entrega
del título de depósito correspondiente a las costas del proceso, lo cual fue aprobado
mediante auto del 6 de septiembre de 201344.
7) El 24 de julio de 2023, la jefe de la oficina asesora jurídica de Colciencias certificó
que la solicitud de fecha 28 de julio de 2014, mediante la cual se adelantó cuenta de
reclamación administrativa por parte de la CBE, fue presentada por el señor Humberto
Pradilla Ardila en calidad de representante legal de la corporación y que,
posteriormente, en 2015, el señor Portilla Fuentes presentó copia de cuadros de
cálculo con la finalidad de mostrar la cuantía por perjuicios45.
8) El 3 de agosto de 2023, mediante oficio, el despacho 08 del Tribunal Administrativo
de Santander certificó que el proceso radicado 680012333000-2016-00634-00 se
encuentra en etapa de pruebas y que dentro del mismo funge como apoderado de la
CBE el señor Édgar Portilla Fuentes46.
9) El 11 de agosto de 2023, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander
certificó que el proceso radicado 680012333000-2017-00621-00 se encontraba para
correr traslado de alegatos y que en el mismo fungía como apoderado de la CBE el
señor Edgar Portilla Fuentes47.
37 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 67 a 79.
38 Ibidem, páginas 80 a 89.
39 Ibidem, página 100.
40 Ibidem, páginas 109 a 118.
41 Ibidem, página 127.
42 Ibidem, páginas 129 a 144.
43 Ibidem, páginas 148 a 156.
44 SAMAI: Tribunal 141.
45 SAMAI: Tribunal 142.
46 SAMAI: Tribunal 157.
47 SAMAI: Tribunal 159.
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39.En esa misma línea, obran certificaciones expedidas por la CBE en el año 2015 48,
mediante las cuales se reconocen a favor del señor Édgar Portilla Fuentes sumas
determinadas por concepto de viáticos, gastos asociados a su gestión profesional y
honorarios derivados de contratos específicos, así como de la liquidación de uno de
ellos, las cuales se relacionan a continuación:
1) El 16 de junio de 2015, la CBE certificó adeudar al demandante la suma de
$881.470, por concepto de viáticos por asistencia a Barrancabermeja, gastos de
transporte, autenticaciones y fotocopias.
2) El 13 de julio de 2015, la CBE certificó adeudar al demandante la suma de
$286.000, por concepto de viáticos por asistencia a Barrancabermeja y gastos de
transporte.
3) El 14 de julio de 2015, la CBE certificó adeudar al demandante suma de
$352.900, por concepto de viáticos por asistencia a Colciencias en Bogotá, así como
gastos de transporte y correo.
4) El 24 de julio de 2015, la CBE certificó adeudar al demandante la suma de
$6’293.019, correspondiente al saldo a su favor derivado de la liquidación del contrato
de prestación de servicios profesionales como abogado (mandato en procuración
núm. 011 de 2010).
5) El 27 de julio de 2015, la CBE certificó adeudar al demandante la suma de
$4’510.450, por concepto de honorarios derivados del contrato de prestación de
servicios profesionales suscrito el 26 de mayo de 2014.
40.El 12 de diciembre de 2016, la CBE celebró Asamblea Extraordinaria, cuya decisión
quedó consignada en el Acta No. 2849, en la cual, previa verificación del quórum y con
la participación de los corporados convocados, se aprobó por unanimidad la
disolución y liquidación de la entidad50.
41.Conforme se dejó consignado, la determinación estuvo precedida de la
presentación de los estados financieros51 y de un concepto sobre la situación de la
48 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 177, 179, 181, 188, 192.
49 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 206 a 211.
50 Se transcribe conforme obra “VERIFICACION DEL QUÓRUM.
Asisten 7 de 10 Corporados. Se verifica que sí hay Quórum al inicio de la reunión con 6 Corporados conforme el
artículo 28 de los estatutos de la CBE. La delegada de Metrogas ingresa a la Asamblea 30 minutos después de la
iniciación de la reunión. • Unidades Tecnológicas de Santander (UTS): Omar Lengerke Pérez, Rector. •
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): Monseñor Primitivo Sierra C. – Rector. • Universidad Autónoma de
Bucaramanga (UNAB): Juan Carlos Acuña Gutiérrez, Delegado con Poder. • Universidad Industrial de Santander
(UIS): Jaime Alberto Camacho Pico, Delegado con Poder. • Sena: Diana María Flórez Díaz, delegada con poder.
• Fundeuis: Jairo Hernández Ortiz, Director. • Metrogas de Colombia S.A ESP: Laura Juliana Torres Ortiz,
Delegada con Poder. Invitados: • Guillermo Mauricio Pabón Cadena, Universidad Pontificia Bolivariana, Asesor
Jurídico. • Gladys Rocío Ramírez Jurado, Universidad Pontificia Bolivariana, Decana Escuela Economía,
Administración y Negocios. • Diego Hernando Hernández Velásquez, Universidad Industrial de Santander, Asesor
Jurídico. • Diana Margarita Trillos Jaimes, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Asesora de Asuntos Jurídicos.
• Carlos Femando Acevedo Supelano, Universidad Pontificia Bolivariana, Asesor Jurídico • Blanca Jeanneth
Jaimes Carvajal, Revisora Fiscal CBE. 2. Lectura y aprobación del Orden del día. El Dr. Acevedo, asesor jurídico
de la Universidad Pontificia Bolivariana propone incluir en el orden del día la elección del Presidente y Secretario
de la Asamblea y en el punto 4 incluir disolución y liquidación. 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación
del orden del día. 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea y Elección de la Comisión para la
Revisión del Acta de la presente Asamblea. 4. Presentación del Informe de la Comisión Verificadora del Acta de
la asamblea anterior. 5. Aprobación de los Estados Financieros 2015. 6. Propuesta de Disolución y Liquidación.
La modificación del orden del día se aprueba manera unánime, se continúa con la reunión”.
51 De la revisión del estado de resultado integral de la CBE a 31 de diciembre de 2016, se observa una reducción
sustancial de la actividad financiera frente a 2015, reflejada en la caída de los ingresos operacionales de
$2.393.484.000 a $425.938.000 (variación del -82%). No obstante, la entidad registró un excedente neto del
ejercicio de $226.614.000, inferior en un 85% respecto del año anterior, explicado principalmente por la
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corporación52, en el que se advirtió, entre otros aspectos, la ausencia de ingresos, la
existencia de múltiples procesos judiciales en su contra y la imposibilidad de continuar
desarrollando su objeto social. Asimismo, se designó liquidador53 y se definieron
aspectos operativos del proceso liquidatorio.
42.En desarrollo de lo anterior, en el acta se dejó sentado que la liquidación permitiría
convocar a los acreedores para que presentaran sus reclamaciones, con el fin de
verificar las acreencias a cargo de la corporación y proceder a su pago conforme a
las reglas legales aplicables54.
43.Asimismo, se allegó el Acta No. 29 de la Asamblea Extraordinaria de la CBE,
celebrada el 3 de marzo de 2017, en la cual se procedió a la lectura, aprobación y
ratificación del contenido y de las decisiones adoptadas en el Acta No. 28 del 12 de
diciembre de 2016. En dicha sesión, los corporados reiteraron su aprobación de la
disolución y liquidación de la entidad, incorporando algunas precisiones formales55.
44.En los estatutos vigentes56 para la época en que se adoptó la decisión que el actor
califica de ilegal, se establecía que la CBE era una corporación de naturaleza privada,
sin ánimo de lucro, organizada como asociación civil, en cuya conformación
participaban entidades de naturaleza pública y privada, constituida en el marco de la
Ley 29 de 199057. Asimismo, consagraban que su disolución podía ser adoptada por
decisión de la Asamblea General, con el voto favorable del setenta y cinco por ciento
(75%) de sus miembros con derecho a voto, y que, una vez decretada, el proceso de
liquidación se regiría por lo previsto en los estatutos, por las decisiones de la
disminución de ingresos y la correlativa reducción de los gastos totales (SAMAI: Expediente digital,
23EscritoContestación, páginas 102 a 115).
52 Presentado por la revisora fiscal sobre los estados financieros de 2015, en el que advirtió inconsistencias
relevantes en la información contable y financiera de la entidad. En particular, se señaló la ausencia de soporte
para el registro de cuentas por cobrar por más de $1.075.046.000, la falta de reconocimiento de provisiones por
contingencias judiciales, la omisión en el registro de deterioros de activos y la imposibilidad de determinar el valor
del patrimonio por ausencia de información contable y fiscal. Tales circunstancias evidenciaban, según su
experticia, no solo debilidades en la gestión financiera, sino también un alto grado de incertidumbre sobre la
situación real de la entidad. (SAMAI: Expediente digital, 42EscritoContestación, páginas 41 a 45).
53 “Propuesta del Liquidador (Anexa). Se nombra como liquidador al Dr. CARLOS FERNANDO ACEVEDO
SUPELANO, con unos honorarios de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000, oo) por mes, los cuales
serán asumidos de la \ siguiente manera (…)”.
54 Quedó consignada la siguiente información: “El Dr. Acevedo manifiesta que lo indicado en el concepto de la
Directora Ejecutiva es importante en relación con la ausencia de ingresos futuros y la gran cantidad de problemas
jurídicos y la única posibilidad que existe es la negociación de dichos procesos. No hay en el momento recursos
para poder negociar. Él freno o cese de posibilidades de ampliar las dificultades con más demandas y sin tener
ingresos, hace que la liquidación desde todo punto de vista sea recomendable; se convoca los presuntos
acreedores y que ellos presenten las acreencias para verificar cuales tienen o no soportes ciertos, para ver quien
tiene interés en recuperar la obligación y así se podrán identificar los verdaderos acreedores de la CBE (…) Los
Corporados toman la decisión sustentados en la inviabilidad de la Corporación para seguir explotando su objeto
social por la carencia de ingresos y múltiples procesos jurídicos en contra sin contar con los recursos para
atenderlos: con ello se evita contraer más pasivos, se pone en venta los activos y se puede negociar con los
acreedores. Legalmente se soporta por la voluntad de los socios por su inviabilidad y para proteger a los
Corporados (…)”, SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 208 y 209.
55 SAMAI: Expediente digital, 23EscritoContestación, páginas 51 a 55.
56 SAMAI: Expediente digital, 18 EscritoContestación, páginas 36 a 52.
57 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se
otorgan facultades extraordinarias”.
14
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Demandante: Édgar Portilla Fuentes
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Medio de control: Reparación directa
Asamblea y, en lo no contemplado, por las normas del Código Civil58 y de Comercio59,
en lo pertinente.
45.En ese sentido, la disolución daba lugar a la apertura del proceso de liquidación,
trámite en el cual correspondía al liquidador adelantar las actuaciones tendientes a
identificar y verificar las obligaciones a cargo de la corporación, para lo cual los
interesados debían acudir al proceso liquidatorio a efectos de hacer valer sus
acreencias. Recibidas las reclamaciones, correspondía al liquidador verificarlas,
proceder a su calificación y graduación conforme a las reglas legales, y definir su
reconocimiento dentro del proceso liquidatorio, con miras a su pago en la medida de
la disponibilidad de activos.
46.En suma, de conformidad con las reglas propias de la liquidación y la remisión
normativa antes referida, la determinación de las acreencias, su reconocimiento y
eventual pago se debía surtir en el marco de dicho trámite, con base en las
reclamaciones presentadas y los soportes allegados por los acreedores.
47.Está acreditado que, el 19 de diciembre de 2016, el liquidador designado, Carlos
Fernando Acevedo Supelano, radicó ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga
el correspondiente trámite de liquidación de la CBA, con lo que se dio inicio formal al
proceso liquidatorio en los términos previstos en los estatutos y la normativa
aplicable60.
48.El 2 de febrero de 2017, el señor Édgar Portilla Fuentes elevó solicitud dirigida al
liquidador de la CBE -en liquidación-, mediante la cual allegó unos poderes para
actuar ante autoridades administrativas y judiciales, con el propósito de adelantar
reclamaciones en favor de la corporación. En dicha solicitud, el demandante hizo
referencia expresa a la “reactivación del mandato en procuración judicial” y requirió la
suscripción y devolución de los referidos poderes, a fin de iniciar o continuar los
respectivos trámites y procesos61. No obra prueba sobre respuesta dada a dicha
solicitud.
Posteriormente, el 1° de marzo de 2017, el señor Édgar Portilla Fuentes presentó
49.
ante el liquidador una reclamación formal de pago “de honorarios por servicios de
abogado causado y no pagados”, con cargo al patrimonio de la entidad en liquidación.
En particular, incluyó:
58 El Código Civil no regula de manera directa el proceso de liquidación de sociedades comerciales, pues su
enfoque está en personas y obligaciones civiles; sin embargo, sirve como marco supletorio en aspectos generales
como el pago de obligaciones, prelación de créditos y reglas sobre responsabilidad, cuando no exista disposición
comercial específica.
59 Las reglas sobre liquidación están ubicadas en el Libro Segundo (De las Sociedades Comerciales), Título I (De
las sociedades comerciales), Capítulo X (De la disolución y liquidación de la sociedad), donde se encuentran,
entre otros, los artículos 218 a 232 que regulan tanto la disolución como la liquidación.
60 SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 204 y 205.
61 En la referida solicitud, el señor Édgar Portilla Fuentes allegó proyectos de poderes con el fin de adelantar las
siguientes actuaciones: (i) ante el Colciencias y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para promover
reclamación de indemnización por valor de $1.131’545.000, con fundamento en justipreciación pericial de 8 de
agosto de 2014; y (ii) ante la UIS y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para reclamar el
reconocimiento y pago de servicios prestados por valor de USD 6.163.417, con fundamento en una prueba pericial
de 9 de septiembre de 2013. SAMAI: Expediente digital: 03Demanda, páginas 264 y 265.
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i) Reclamación frente a la UIS: solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados de la
gestión de cobro adelantada, estimando un “daño emergente” de $11’065.755 y un
“lucro cesante” por valor de $2.224’500.000, este último calculado sobre el eventual
resultado favorable de la reclamación.
ii) Actuaciones relacionadas con el Incoder: a) en sede administrativa, un “daño
emergente” de $140’000.000; y b) en el proceso de liquidación de dicha entidad, un
“daño emergente” por el mismo valor y un “lucro cesante” estimado en
$2.916’223.121,68, asociado a expectativas económicas derivadas de lo reclamado.
iii) Reclamación ante Colciencias: incluyó un “daño emergente” de $5’516.919 y un
“lucro cesante” de $334’037.481, calculado como porcentaje del valor reclamado ante
esa entidad.
iv) Asistencia legal ante el municipio de Barrancabermeja: cuantificó un “daño
emergente” de $1’167.470 y un “lucro cesante” de $2’213.151.
v) Representación judicial en proceso ejecutivo radicado 68001-40-03-013-2010-
00338-00: reclamó un “daño emergente” de $6’293.019, junto con intereses
moratorios.
vi) Representación judicial en proceso radicado 68001-40-03-011-2014-00076-00:
solicitó un “daño emergente” de $4’510.450, más intereses.
50.
Con fundamento en lo anterior, el actor concretó su reclamación así: $308’553.613
por concepto de daño emergente y $5.476’973.753,68 por lucro cesante, para un total
de $5.785’527.366,68, suma que coincide plenamente con los perjuicios solicitados
en el presente proceso (pretensiones 3 y 462), y se soporta en las mismas gestiones
profesionales y en estimaciones económicas fundadas, en gran parte, en resultados
eventuales o expectativas de éxito por reclamaciones administrativas y procesos
judiciales. No obstante, en el expediente no obra prueba de que dicha reclamación
hubiese sido objeto de una decisión expresa de reconocimiento (total o parcial) o
rechazo por parte del liquidador.
También obra en el proceso el interrogatorio de parte practicado en la audiencia
51.
de pruebas del 30 de agosto de 202363 al señor Carlos Fernando Acevedo Supelano,
en calidad de liquidador de dicha corporación.
52.En su declaración hizo alusión a la crítica situación financiera que atravesaba la
CBE en el 2016, para lo cual señaló que a partir del levantamiento de información
contable realizado, se evidenció la inexistencia de ingresos suficientes, la magnitud
de los pasivos y la imposibilidad de atender las obligaciones a cargo. Indicó que si
bien algunos corporados intentaron solventar la situación mediante aportes, estos
resultaron insuficientes frente al nivel de endeudamiento.
53.En relación con el trámite de liquidación, explicó que este no había concluido
debido a la existencia de activos pendientes de definición. Precisó que con
posterioridad a la decisión de disolver y liquidar la corporación, se efectuó un
reconocimiento económico por parte del Incoder por valor de $700’000.000, el cual
62 Pie de página 3.
63 SAMAI: índice 3 (link audiencias).
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fue objeto de embargo por el aquí demandante, señor Édgar Portilla, medida que se
decretó en el marco de un proceso laboral tramitado ante el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Bucaramanga, en el que se reclama el pago de honorarios por los
mismos procesos y conceptos que se discuten en el presente medio de control.
Agregó que la referida demanda laboral fue presentada en el 2022 y que actualmente
se encuentra en trámite de apelación (promovido por el demandante). En ese
contexto, señaló que existían activos que se encontraban afectados por medidas
cautelares, lo que impedía avanzar en la culminación del proceso de liquidación.
54. De otra parte, manifestó que en el acta de asamblea ordinaria de 2015 se impartió
la instrucción al entonces director ejecutivo (Humberto Pradilla Ardila) de abstenerse
de promover reclamaciones o demandas contra entidades que integraban la
corporación; no obstante, dicha directriz no habría sido atendida por él y por su asesor
jurídico (Edgar Portilla). Finalmente, se refirió al estado de varios de los procesos
judiciales relacionados con los perjuicios que reclama en este proceso el demandante,
precisando que en algunos no se registraban avances, mientras que en otros la
representación de la entidad había sido asumida por él cómo liquidador o por la
apoderada Claudia Orjuela.
55.Bajo estas condiciones probatorias, la Sala advierte que constituye un hecho no
controvertido la terminación de la personalidad jurídica de la CBE y que, con ocasión
de ello, la entidad únicamente conserva facultades para adelantar las actuaciones
tendientes a su liquidación. A partir de esta premisa, se observa que el actor traslapa
la terminación de los contratos de prestación de servicios con la causa que
presuntamente la motivó, con el propósito de desplazar la imputación de la
responsabilidad hacia un hecho ajeno a la relación contractual, que solo lo afectó en
cuanto dio lugar a la finalización de dichos vínculos negociales.
56.La anterior precisión resulta de capital importancia, pues la Sala dudaría en
considerar que los hechos que sustentan la demanda puedan enmarcarse en un
régimen de responsabilidad extracontractual, cuando el único interés jurídico cuya
protección reclama el actor deriva precisamente de los contratos de prestación de
servicios en relación con los cuales surgieron derechos y obligaciones.
57.La consideración anterior permitiría entender que el medio de control que
correspondía promover al actor era el de controversias contractuales o, en términos
generales, pretensiones dirigidas a cuestionar las consecuencias derivadas de la
terminación de los contratos que el demandante califica como “injustificada”.
58.No obstante lo anterior, tal adecuación implicaría una variación de la causa petendi
planteada por el actor, quien ha sido enfático en cuestionar la decisión de liquidar la
CBE a partir de reproches puntualmente dirigidos al actuar de los asociados, sus
representantes, funcionarios y revisora fiscal, centrando en dicha liquidación la causa
de los daños cuya indemnización reclama. En ese contexto, sostiene haberse visto
afectado por la falta de continuidad de los contratos -y, con ello, por la frustración de
la expectativa de percibir honorarios sujetos al resultado o éxito de las gestiones
adelantadas-, así como por el impago de honorarios que considera ya causados.
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En ese orden, no se trata de cuestionar la causa de terminación de los contratos,
59.
pues es claro que, conforme a la ley, la finalización de la personalidad jurídica de un
ente conduce a la terminación de aquellos contratos que no resulten necesarios para
adelantar su liquidación, sino de controvertir la decisión misma de liquidar la
personalidad jurídica de su cocontratante.
60. De acuerdo con lo anterior, la Sala reflexiona acerca del daño reclamado a partir
del interés que el actor estima le asistía para demandar. Dicho de otro modo,
únicamente la lesión de un interés jurídicamente tutelado podría erigirse como daño
indemnizable, de manera que la ausencia de dicho interés impide también tener por
acreditado el daño cuya reparación se pretende. Esta premisa obliga entonces a
considerar si el asunto corresponde en realidad a una falta de prueba del daño o, más
técnicamente, a un problema de falta de legitimación para reclamar su reparación, en
tanto solo la afectación de un interés jurídicamente protegido puede adquirir
relevancia resarcitoria.
61.Bajo esa perspectiva, se estima necesario corregir el rumbo definitorio del litigio
para declarar la falta de legitimación material del actor, en tanto esgrime un interés
distinto de aquel que se deriva de los derechos y obligaciones surgidos de los
contratos que suscribió con la CBE. De no ser así, la responsabilidad cuya
declaratoria pretende sería de naturaleza contractual, de ahí que la ausencia de un
interés jurídico autónomo frente a la decisión de liquidación de la persona jurídica
impida tener por configurado el daño antijurídico alegado.
62.La Sala insiste en que el interés invocado por el actor no corresponde al de un
contratista que reclama las consecuencias derivadas de la ejecución o terminación de
los contratos celebrados con la CBE, sino de quien cuestiona que estuvieran dadas
las condiciones para adoptar la decisión de disolución y liquidación de dicha persona
jurídica.
63.En este punto, la Sala repara en que el aquí demandante no ostenta un interés
jurídico legítimo para cuestionar la decisión de disolver y liquidar la CBE, pues se trata
de una determinación adoptada por los órganos competentes de una persona jurídica,
conforme al régimen legal y estatutario que gobierna su creación, funcionamiento y
extinción. Ciertamente, de conformidad con las disposiciones del Código de
Comercio64 , Civil y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia65 relativas a la disolución y liquidación de las personas jurídicas, la decisión
de poner fin a la existencia del ente corresponde al ámbito interno de la voluntad
64 Artículos 191, 218, 219, 222 y 223.
65
Que ha precisado que la voluntad social se expresa a través de los órganos de dirección y administración de
la persona jurídica, conforme a la ley y a sus estatutos, y que las decisiones adoptadas por estos corresponden
al ámbito interno de organización y funcionamiento de la persona jurídica, sometido a mecanismos específicos
de control e impugnación. CSJ SC2749-2021, Rad. 11001-31-03-040-2013-00309-01, sentencia del 7 de julio
de 2021. Por otra parte, en sentencia del 4 de septiembre de 2024, la Sala Civil de la CSJ señaló “(…) la Sala
considera lo contrario, pues el acaecimiento de una condición resolutoria parece tener que ver con la vigencia
actual de una prestación, pero no con la validez de su fuente obligacional, que es el tema que se debate en
este tipo de procesos. La posibilidad de impugnar decisiones de la asamblea o la junta de socios de una
sociedad depende de que estas «no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos» (art. 196, Código
de Comercio), cuestión que atañe a la validez o eficacia del acto jurídico, y que, por lo mismo, es completamente
independiente de la extinción de las obligaciones que emergieron de dicho acto”. SC2159-2024, rad. 11001-
31-03-036-2013-00150-01.
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societaria o corporativa, expresada a través de sus órganos de dirección y
administración, de manera que el interés jurídicamente tutelado frente a tales
determinaciones radica en cabeza de los asociados, miembros o partícipes de la
persona jurídica, así como de quienes, por disposición legal o estatutaria, se
encuentran habilitados para controvertirlas.
64.Bajo esa comprensión, las decisiones relacionadas con la disolución y liquidación
de las personas jurídicas pertenecen al ámbito de organización y funcionamiento
interno del ente societario o corporativo, razón por la cual, en términos generales, a
los terceros ajenos a dicha estructura no les asiste un interés autónomo para
cuestionarlas judicialmente. El interés que eventualmente podía asistirle al actor era
únicamente aquel derivado de las relaciones contractuales que sostenía con la CBE
y de los derechos de contenido económico que de ellas pudieran surgir, esto es, un
interés estrictamente patrimonial vinculado a los contratos celebrados con la
corporación, mas no uno independiente para controvertir la decisión de liquidación de
la persona jurídica, que es precisamente el que pretende hacer valer mediante el
presente medio de control.
65.Al respecto, se recuerda que el medio de control de reparación directa no se
encuentra instituido para desconocer los procedimientos o mecanismos de discusión
previstos por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, no resulta procedente acudir
a la acción indemnizatoria con el propósito de desplazar o sustituir los instrumentos
específicamente establecidos para controvertir determinaciones societarias o
corporativas, ni para habilitar el examen de intereses que cuentan con competencia,
regulación, trámite y cauces procesales propios dentro del ordenamiento jurídico66.
66.
Precisado lo anterior, también se estima necesario distinguir entre el daño y los
perjuicios cuya reparación pretende el actor, pues mientras el primero corresponde a
la supuesta afectación patrimonial por la terminación “implícita y unilateral” de los
contratos de prestación de servicios que suscribió con la CBE, cuya causa vincula a
la decisión de disolución y liquidación de dicha corporación; los segundos constituyen
las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que de aquel se derivan,
particularmente los honorarios causados, los emolumentos dejados de percibir y los
perjuicios morales reclamados. Tal diferenciación resulta relevante, en tanto si bien el
actor identifica como fuente del daño la decisión de disolver y liquidar la CBE, lo cierto
es que los perjuicios no se derivan realmente de la extinción de la personalidad
jurídica de la corporación, sino de la terminación de las relaciones contractuales que
sostenía con dicha entidad y la consecuente frustración de las expectativas
económicas asociadas a tales vínculos negociales.
66 CGP. “Artículo 382. Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. La demanda de
impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano
directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si se tratare de
acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción.
En la demanda podrá pedirse la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado por violación de las
disposiciones invocadas por el solicitante, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado, su
confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio
de las pruebas allegadas con la solicitud. El demandante prestará caución en la cuantía que el juez señale”.
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67.En estas condiciones, la Sala se aparta tanto del entendimiento propuesto por el
Tribunal como del sostenido por el apelante. Del primero, porque el daño alegado no
puede identificarse, en estricto sentido, con la sola decisión de disolver y liquidar la
persona jurídica; y del segundo, porque los perjuicios que reclama no se estructuran
a partir de un interés autónomo frente a la “muerte jurídica” de la CBE, sino respecto
de las consecuencias económicas derivadas de la finalización de los contratos
celebrados con dicha corporación. De ahí que el interés cuya protección pretende el
actor conserve una naturaleza contractual, aun cuando haya intentado articularlo
alrededor de la ilegalidad de la decisión societaria de liquidación; en ese sentido, al
accionante no le asiste un interés jurídico en las pretensiones que formuló y, por tanto,
carece de la legitimación material en la causa por activa para obtener una decisión
favorable a sus pretensiones.
68.Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, la Sala advierte que, aun si el
análisis se abordara desde la perspectiva propuesta por el demandante, esto es, bajo
el supuesto de la ilegalidad de la decisión adoptada por los corporados de poner fin a
la persona jurídica, la conclusión sería igualmente la de negar las pretensiones, ante
la ausencia de prueba de un daño cierto, por las siguientes razones:
69.En el sub examine, contrario a lo afirmado por el demandante, no se encuentra
acreditado que la totalidad de los contratos de prestación de servicios profesionales
se hubiesen terminado. En efecto, las certificaciones allegadas por el Tribunal
Administrativo de Santander dan cuenta de que, con posterioridad a la decisión de
disolución de la CBE en el año 2016, el señor Édgar Portilla Fuentes continuó
actuando como apoderado de dicha entidad en dos procesos, pues, el 3 de agosto
de 2023, ese Tribunal certificó que en el expediente con radicado 680012333000-
2016-00634-00 el mencionado profesional fungía como apoderado de la corporación,
encontrándose el asunto en etapa probatoria; igualmente, el 11 de agosto de 2023,
esa misma corporación informó que en el proceso radicado 680012333000-2017-
00621-00, que se encontraba en traslado para alegatos, también actuaba en dicha
calidad (ver párrafo 42).
70.Si bien estas certificaciones no permiten afirmar, de manera concluyente, la
subsistencia del vínculo contractual, sí evidencian que no se produjo una interrupción
material y definitiva de la gestión profesional del demandante como consecuencia de
la decisión de disolver la entidad, en tanto que la continuidad de su actuación como
apoderado desvirtúa la premisa según la cual la decisión cuestionada comportó, por
sí misma, la cesación inmediata de su actividad profesional y, por ende, una
afectación patrimonial en los términos alegados.
71.
Ahora, en lo atinente a los honorarios supuestamente causados y adeudados, se
advierte que, si bien en el expediente obran elementos que dan cuenta de la
existencia de relaciones contractuales entre el demandante y la CBE, así como de
ciertas sumas certificadas a su favor en el año 2015 por concepto de gastos, viáticos
y honorarios derivados de contratos específicos, lo cierto es que:
(i) existe una evidente desproporción entre los valores certificados —que
ascienden a $12’323.839 (ver párrafo 43)— y los montos reclamados por
20
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ese mismo concepto en el presente proceso, cuantificados en
$308’553.613;
(ii) en los referidos contratos se incorporaron cláusulas que facultaban al
apoderado para estimar el valor de sus honorarios en eventos de
terminación anticipada sin justa causa, así como estipulaciones que les
atribuían mérito ejecutivo, habilitando la exigibilidad de las obligaciones
derivadas de los mismos por las vías judiciales correspondientes;
(iii) no obra prueba que permita establecer si dichas obligaciones se
encontraban o no satisfechas para la fecha en que se adoptó la decisión de
disolver la corporación en diciembre de 201667;
(iv) en todo caso, a partir de dicho momento, la CBE entró en trámite de
liquidación, el cual, de conformidad con los estatutos de la entidad y la
normativa aplicable, constituía el escenario jurídico idóneo para la
presentación, verificación, calificación y pago de las acreencias a su cargo.
En ese contexto, el reconocimiento de los créditos invocados por el actor —esto
72.
es, los honorarios causados y no pagados— se encuentra supeditado al agotamiento
del procedimiento liquidatorio, dentro del cual corresponde a los acreedores presentar
sus reclamaciones y someterlas a calificación y graduación. Si bien en el presente
asunto está acreditado que el demandante presentó reclamación ante el liquidador
por concepto de honorarios y perjuicios derivados de su gestión profesional, no obra
en el expediente prueba de que dicha solicitud hubiese sido objeto de una decisión
de definitiva, ni de que el trámite liquidatorio hubiese concluido.
73.De hecho, conforme a la declaración del liquidador, no ha sido posible culminar el
proceso de liquidación debido, entre otras razones, a la existencia de activos de la
CBE embargados con ocasión de medidas cautelares decretadas en el marco de un
proceso laboral promovido por el señor Portilla Fuentes, en el que persigue el pago
de honorarios con fundamento en los mismos contratos, reclamaciones y montos que
sustentan las pretensiones de la presente demanda. Esta circunstancia evidencia que
el derecho patrimonial cuya afectación se alega se encuentra actualmente sometido
a discusión y exigibilidad a través de los mecanismos judiciales previstos para tal fin.
74.En tales condiciones, no es posible establecer si las acreencias reclamadas tanto
en el proceso liquidatorio como en el proceso laboral en curso serán o no reconocidas,
en qué cuantía ni bajo qué supuestos, de manera que la falta de acreditación de su
pago no puede tenerse como un hecho cierto y consolidado, sino como una
contingencia propia de procedimientos aún en curso y sujeta a definición. Por
consiguiente, no se configura un daño cierto y actual en los términos exigidos por el
ordenamiento jurídico.
67 Al respecto, se destaca que, según certificación del 21 de julio de 2023 del Juzgado Trece Civil Municipal de
Bucaramanga, el demandante no solo había actuado como apoderado dentro del proceso ejecutivo singular
radicado 2010-00338-00, sino que incluso reasumió el poder con posterioridad para gestionar la entrega de un
título de depósito judicial (párrafo 42, numeral
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75.De otra parte, en lo que respecta a los ingresos que el demandante afirma haber
“dejado de percibir” como consecuencia de la terminación implícita de los contratos,
la Sala advierte que tales sumas se encuentran fundadas en esquemas de
remuneración condicionados al resultado económico favorable de las gestiones
encomendadas, particularmente mediante pactos de cuota litis.
76.Revisados los contratos allegados como prueba, se observa que una parte
significativa de la remuneración del actor —que es la que reclama a título de lucro
cesante— dependía del éxito de los procesos judiciales y administrativos adelantados
en favor de la corporación, así como de la efectiva recuperación de recursos y de la
disponibilidad patrimonial de la entidad.
77.En ese sentido, los ingresos cuya indemnización pretende el demandante no
corresponden a honorarios ciertos ni causados, sino a expectativas económicas
sujetas a la concurrencia de circunstancias futuras e inciertas, tales como la
prosperidad de las pretensiones formuladas, la obtención de decisiones favorables y
la efectiva recuperación de los recursos reclamados. A ello se suma que no obra en
el expediente prueba que permita establecer si tales procesos o reclamaciones
culminaron, cuál fue su resultado, ni si la totalidad de las gestiones fueron adelantadas
por el demandante, máxime cuando el liquidador indicó que, en varios de esos
asuntos, la representación judicial fue asumida por él o continuada por otra
apoderada.
78.En estas condiciones, tales ingresos constituyen meras expectativas y no revisten
el carácter de certeza exigido para la configuración de un daño indemnizable en el
marco de la responsabilidad extracontractual del Estado, en tanto no se encuentran
consolidados ni son susceptibles de determinación objetiva al momento en que se
alega su ocurrencia.
79.Así las cosas, se impone confirmar la sentencia apelada, que negó las súplicas de
la demanda.
La condena en costas de segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
80.
adicionado por la Ley 2080 de 202168, en la sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General del
Proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP 69, la Sala
condenará en costas de la segunda instancia a la parte demandante, pues su recurso
se resuelve desfavorablemente.
81.El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa con
cuantía que implicó que los demandados tuvieran que designar abogado que ejerciera
la defensa judicial de sus intereses en ambas instancias, gestión que genera agencias
68 Aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación -25 de junio de 2025-.
69 “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
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en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso y aún en el evento de que se
tratara de apoderados vinculados a su planta de personal, conforme lo ha señalado
de manera reiterada esta Sala70 y, por tanto, la condena en costas resulta procedente.
82.En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo
vigente para la fecha en que se presentó la demanda, esto es, el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, la Sala fijará las agencias en derecho, para la
segunda instancia, en el valor equivalente a dos (2) SMLMV a cargo del demandante
(recurrente), y en favor de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos
Galán Sarmiento, Incubadora de Empresas —en liquidación—; el Servicio Nacional
de Aprendizaje; la Universidad Industrial de Santander; las Unidades Tecnológicas de
Santander; Metrogas Colombia S.A. E.S.P.; la Universidad Autónoma de
Bucaramanga; la Universidad Pontificia Bolivariana y los señores Blanca Jeanneth
Jaimes Carvajal, Ana María Peña González y Carlos Femando Acevedo Supelano,
suma que será reconocida por partes iguales.
Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada
83.
por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso71.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia al señor Édgar Portilla
Fuentes y en favor de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán
Sarmiento, Incubadora de Empresas —en liquidación—; el Servicio Nacional de
70 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023,
exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021,
C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del
artículo 366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya
litigado, incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el
monto de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene
derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios
de un apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los
que un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal,
pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las
agencias en derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp:
68.199.
71 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00621-01 (73.763)
Demandante: Édgar Portilla Fuentes
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otros
Medio de control: Reparación directa
Aprendizaje; la Universidad Industrial de Santander; las Unidades Tecnológicas de
Santander; Metrogas Colombia S.A. E.S.P.; la Universidad Autónoma de
Bucaramanga; la Universidad Pontificia Bolivariana y los señores Blanca Jeanneth
Jaimes Carvajal, Ana María Peña González y Carlos Femando Acevedo Supelano,
para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma de dos (2) SMLMV
a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual será reconocida por partes
iguales. La liquidación de las costas se realizará de manera concentrada por parte del
Tribunal de origen.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y remitir
copia al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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