Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-00730-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Demandado: ESE Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu) Hospital Local
del Norte
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 17 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Pedro José Castañeda Castillo, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio 0518
del 25 de enero de 2017, expedido por la ESE Isabu, Hospital Local del Norte, a
través del cual le negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales derivados de ella.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que entre las partes existió una relación de carácter laboral entre
el 6 de julio de 2010 y el 31 de octubre de 2016; ii) ordenar el reintegro al cargo de
conductor de los vehículos al servicio del hospital; iii) pagar los sueldos, cesantías,
intereses a las cesantías, primas de servicios y extralegales, vacaciones y
bonificaciones correspondientes al cargo que venía ocupando junto con los
incrementos legales, desde cuando se produjo la desvinculación hasta el reintegro;
iv) reconocer y pagar las sumas de dinero correspondientes al trabajo
suplementario, en tanto que cumplía un horario de 12 horas diarias; v) ordenar la
devolución de los aportes realizados a seguridad social; vi) condenar al pago de la
indemnización por despido injusto; vii) dar cumplimiento a la sentencia en el
«término establecido en el artículo 176 del CCA»; y viii) condenar en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Pedro José Castañeda Castillo prestó sus servicios como conductor de
los vehículos de la ESE Isabu, Hospital Local del Norte, desde el 6 de julio de 2010
hasta el 31 de octubre de 2016, a través de contratos de prestación de servicios y
órdenes de trabajo.
ii) Mientras se encontraba al servicio de la entidad, realizó funciones propias y
permanentes de la entidad, bajo la continua subordinación y dependencia de los
jefes de enfermería y del coordinador de urgencias, cumplía horario y desarrollaba
el objeto contractual en las instalaciones del hospital y con elementos de su
propiedad.
iii) Por lo anterior, solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de los conceptos
salariales y prestacionales, así como las indemnizaciones a que hubiere lugar,
causados durante el tiempo en que trabajó para el hospital. Sin embargo, la entidad
2
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
negó tal petición a través del acto demandando.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política;
22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo; 59 de la Ley 1438 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) En el presente caso se configuraron los tres requisitos que se exigen para
entender que la relación era laboral, estos son, la prestación personal del servicio,
la continua subordinación y un salario como retribución de la prestación del servicio,
con lo cual se desnaturalizó el contrato de prestación de servicios.
ii) Además, el señor Castañeda Castillo prestó sus servicios por espacio de 6 años
sin solución de continuidad; y por este periodo ejerció funciones permanentes y
propias de la entidad demandada.
1.2. Contestación de la demanda
La ESE Isabu, Hospital Local del Norte, por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación: 2
i) Entre las partes se celebraron sendos contratos de prestación de servicios en
razón a que la ESE Isabu no contaba con el personal con el conocimiento para la
conducción de los vehículos a su cargo y la ejecución de las obligaciones
contractuales fueron realizadas de manera independiente por el demandante y
coordinadas por la entidad.
ii) Además, durante el tiempo en que el señor Castañeda Castillo estuvo vinculado
1
Folios 25 a 33.
2
Folios 64 a 68.
3
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
a la entidad, realizó actividades ajenas al objeto misional de la demandada, en
forma autónoma e independiente, por lo que en realidad ejecutó un verdadero
contrato de prestación de servicios.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 17 de
octubre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:3
i) Está demostrado que el demandante prestó sus servicios como conductor en la
entidad demandada del 6 de julio de 2010 hasta el 31 de octubre de 2016, de
acuerdo con los contratos de prestación de servicios que se encuentran certificados
por aquella, cuyo objeto común fue «la prestación de servicios personales como
conductor de ambulancia, móviles rurales, carros de servicios y apoyo en eventos
de la ESE Isabu», con lo cual se acredita la prestación personal del servicio.
Además, la entidad también certificó el valor estipulado en los contratos, con lo que
se demuestra la remuneración por el servicio prestado.
ii) Sin embargo, de las pruebas aportadas al proceso, no es posible acreditar el
elemento de subordinación o dependencia, toda vez que si bien dentro de las
obligaciones del contratista «en uno de los contratos allegados» figuraba el
cumplimiento de turnos, no existe evidencia de que estos hayan sido impuestos por
la entidad. Además, el hecho de que se hayan suscrito 28 contratos, resulta
insuficiente para probar el requisito, pues ello no muestra que aquel haya estado
sometido al cumplimiento de órdenes emitidas por la administración.
iii) El demandante no cumplió con la carga de la prueba en cuanto a la acreditación
del requisito, pues además de lo expuesto, no se demostró que la duración de los
turnos generara exclusividad de aquel frente a la entidad, lo que permite inferir que
lo que existió fue una situación de coordinación para la ejecución de los contratos.
3
Folios 107 a 114.
4
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
1.4. El recurso de apelación
El señor Pedro José Castañeda Castillo, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación4 y lo sustentó así:
i) El a quo adoptó una decisión rigorista, puesto que «a través de los cargos
expuestos en la demanda y demostrados mediante las pruebas allegadas» se
evidenció la existencia de la relación laboral. Lo anterior, por cuanto el demandante
ejercía funciones tales como realizar referencia y contra referencia de los pacientes
que el servicio demandaba, apoyaba el área de urgencias inherentes a la actividad
del hospital, los eventos que demandara el servicio de ambulancia requeridos por
la institución y cumplía con los turnos asignados, con lo cual se evidencia la
subordinación.
ii) Además, con los contratos de prestación del servicio y las obligaciones allí
plasmadas se demuestra que «siempre existió el elemento de la dependencia, que
en palabras de la sección segunda del Consejo de Estado no es más que demostrar
por parte del demandante la PERMANENCIA EN EL SERVICIO, es decir, que la labor sea
inherente a la entidad, como lo es el de manejar las ambulancias de la ESE ISABU»,
con lo que también se desvirtúa el carácter temporal del servicio que se extendió
por más de 6 años.
iii) La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL 1334 del 2018, al referirse a
la naturaleza jurídica de las empresas sociales del Estado, señaló que es obligatorio
contratar «como empleados oficiales y no como trabajadores oficiales» a los
conductores de ambulancias, por cuanto sus funciones están ligadas con la misión
de esas entidades.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
4
Folios 118 a 121.
5
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
1.5.1. El demandante
El señor Pedro José Castañeda Castillo guardó silencio según se desprende de la
constancia secretarial del 26 de julio de 2021.5
1.5.2. La demandada
La ESE Isabu, Hospital Local del Norte, por intermedio de su apoderado, solicitó
confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la
contestación de la demanda.6
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto. 7
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación,8 se
circunscribe a establecer si es posible declarar la existencia de una verdadera
relación laboral entre el señor Pedro José Castañeda Castillo y la ESE Instituto de
Salud de Bucaramanga (Isabu) Hospital Local del Norte que tenga como
consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.
2.2. Marco normativo
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
5
Folio 133.
6
Folio 134 a 137.
7
Según se desprende de la constancia secretarial del 26 de julio de 2021.
8
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
6
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad
y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del
9
Aprobada el 11 de abril de 1919.
7
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización10, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo.
En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los
convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.
10
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
8
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 11 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no
cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes
de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos,
la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12
11
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
10
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales». 13
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
13
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es
posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de
realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada
del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del
numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la
existencia de una relación laboral subordinada».
11
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política. 14
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un
mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos
forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios
previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos
contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al
momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la
subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-
23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
12
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del
servicio.15
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad,
de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones
en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento
por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de
coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
16
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
13
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;17 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.18
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
17
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».19
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.20
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
15
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato
anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la
ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de
los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario,
el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de
los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento
de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos
habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados
a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
16
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.21
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
El 15 de noviembre de 2016, el subdirector administrativo de la ESE Isabu, Hospital
Local del Norte, certificó que el señor Pedro José Castañeda Castillo celebró con
esa entidad los siguientes contratos para prestar labores como conductor:22
Contrato Fecha inicio Fecha terminación Duración Objeto
21
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos
establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una
relación laboral cuya duración deba ser examinada.
22
Folios 4 y 5.
17
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
la prestación de servicios
personales como
CPS 1235 6 de julio de 2010 31 de julio de 2010 25 días
conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
30 de septiembre de 1 mes 28 personales como
CPS 1616 2 de agosto de 2010
2010 días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 2090 1 de octubre de 2010 31 de octubre de 2010 1 mes
conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
2 de noviembre de 20 de noviembre de personales como
CPS 2423 18 días
2010 2010 conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
13 de diciembre de personales como
CPS 2606 31 de diciembre de 2010 18 días
2010 conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
1 mes 24 personales como
CPS 214 4 de enero de 2011 28 de febrero de 2011
días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
1 mes 29 personales como
CPS 328 1 de marzo de 2011 30 de abril de 2011
días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 644 1 de mayo de 2011 31 de mayo de 2011 30 días
conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
30 de noviembre de 5 meses 29 personales como
CPS 926 1 de junio de 2011
2011 días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 1162 1 de diciembre de 2011 30 de diciembre de 2011 1 mes
conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 101 1 de enero de 2012 31 de enero de 2012 1 mes
conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
1 mes 30 personales como
CPS 248 1 de febrero de 2012 31 de marzo de 2012
días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
la prestación de servicios
2 meses 28 personales como
CPS 646 2 de abril de 2012 30 de junio de 2012
días conductor de ambulancia
para la ESE ISABU
18
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
la prestación de servicios
personales como
30 de septiembre de 2 meses 27 conductor de ambulancia,
CPS 829 3 de julio de 2012
2012 días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
2 meses 30 conductor de ambulancia,
CPS 1248 1 de octubre de 2012 31 de diciembre de 2012
días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
2 meses 29 conductor de ambulancia,
CPS 140 2 de enero de 2013 31 de marzo de 2013
días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
2 meses 29 conductor de ambulancia,
CPS 490 1 de abril de 2013 30 de junio de 2013
días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
30 de septiembre de 2 meses 28 conductor de ambulancia,
CPS 945 2 de julio de 2013
2013 días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
30 de noviembre de 1 mes 29 conductor de ambulancia,
CPS 1114 1 de octubre de 2013
2013 días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
conductor de ambulancia,
CPS 1311 2 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2013 29 días
móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
1 mes 26 conductor de ambulancia,
CPS 52 2 de enero de 2014 28 de febrero de 2014
días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
3 meses 29 conductor de ambulancia,
CPS 379 1 de marzo de 2014 30 de junio de 2014
días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
19
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
la prestación de servicios
personales como
CPS 749
5 meses 30 conductor de ambulancia,
Adicional 1 de julio de 2014 31 de diciembre de 2014
días móviles rurales, carros de
1,2,3
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 42 2 meses 29 conductor de ambulancia,
2 de enero de 2015 31 de marzo de 2015
Adicional 1 días móviles rurales, carros de
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
la prestación de servicios
personales como
CPS 316
conductor de ambulancia,
Adicional 31 de marzo de 2015 31 de diciembre de 2015 9 meses
móviles rurales, carros de
1,2,3
servicios y apoyo de
eventos de la ESE ISABU
prestación de los
servicios personales
3 meses 23
CPS 74 7 de enero de 2016 30 de abril de 2016 como conductor de
días
ambulancia y vehículo, al
servicio de la ESE ISABU
prestación de los
servicios personales
1 mes 28
CPS 338 2 de mayo de 2016 30 de junio de 2016 como conductor de
días
ambulancia y vehículo, al
servicio de la ESE ISABU
prestación de los
servicios personales
3 meses 30
CPS 578 1 de julio de 2016 31 de octubre de 2016 como conductor de
días
ambulancia y vehículo, al
servicio de la ESE ISABU
El 20 de enero de 2017, el señor Pedro José Castañeda Castillo solicitó al gerente
del Instituto de Salud de Bucaramanga, el reconocimiento de una relación laboral
y, como consecuencia de ello, el pago de los conceptos salariales, prestacionales
e indemnizatorios causados durante ese periodo.23
El 25 de enero de 2017, mediante el Oficio 00000518, el gerente de la ESE Isabu
Hospital Local del Norte negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de
las prestaciones sociales derivados de ella,24 con fundamento en que entre las
partes celebraron contratos de prestación de servicios que no generan derecho al
23
Folios 6 a 12.
24
Folio 3.
20
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
pago de prestaciones sociales. Esta decisión fue confirmada mediante el Oficio
00000977 del 13 de febrero de 2017. 25
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que los motivos de inconformidad se contraen a señalar que, contrario a lo afirmado
en la sentencia, en el expediente sí están acreditados los elementos que
caracterizan las relaciones laborales, luego esta debe declararse. Así las cosas,
para resolver la alzada se deben resolver los siguientes interrogantes.
2.4.1. ¿Existió entre el señor Pedro José Castañeda Castillo y la ESE Isabu,
Hospital Local del Norte una relación laboral encubierta que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante
el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente?
2.4.1.1. Prestación personal del servicio. Este requisito se acredita a través de
los distintos contratos que el actor suscribió con la parte demandada, cuyo objeto
era prestación de los servicios personales como conductor de la ambulancia del
hospital.
En ese sentido, el señor Castañeda Castillo tuvo dentro de sus funciones las de
conducir la ambulancia, realizar referencia y contrareferencia de pacientes, apoyar
los eventos que demande el servicio de ambulancia y que fueran requeridos por la
institución «en el área de urgencias inherentes al servicio del hospital local del
norte», «cumplir con los turnos asignados», elaborar el informe de gestión
contractual y entregarlo al supervisor, entre otras; las cuales fueron desarrolladas
personalmente por el demandante.
2.4.1.2. Remuneración. Conforme a los valores pactados en los contratos de
prestación de servicios, lo afirmado en la demanda y lo certificado por la entidad, al
25
Folio 16.
21
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
contratista se le entregó, por sus servicios profesionales, una suma monetaria de
manera periódica.
2.4.1.3. Subordinación continuada. Siguiendo los lineamientos consolidados en
la mencionada sentencia de unificación, son indicios de la subordinación
continuada los siguientes: i) el lugar de trabajo, ii) el horario de labores, iii) la
dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, y iv) que las actividades o
tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de
planta. A continuación, la Sala abordará el análisis de estos elementos a efectos de
establecer si se demostró la existencia de la relación laboral.
Al respecto, debe señalarse que en cuanto a la autonomía e independencia en la
ejecución de la labor de conductor, esta Sala en sentencia del 17 de mayo de
2018,26 señaló que «El artículo 1º de la Ley 769 de 2002 27, define la acepción
conductor de la siguiente manera: “Es la persona habilitada y capacitada técnica y
teóricamente para operar un vehículo”. La referida ley no determina si la labor de
conducción de vehículo implica per se el desarrollo de una actividad subordinada,
por lo que en cada caso particular y específico habrá de examinarse el
cumplimiento de este requisito para, de esa manera, establecer la existencia o
no de una relación laboral». [Resalta la Sala].
En efecto, las actividades realizadas por un conductor corresponden a aquellas
propias del área operativa, destinadas a producir bienes o servicios para el buen
funcionamiento de la ESE, pero no son asistenciales y por ello no puede concluirse
que fueran propias de la actividad misional de la entidad contratante aunque sí
permita el desarrollo normal de la labor; de manera que a efectos de demostrar que
la labor desempeñada estaba desprovista de autonomía e independencia,
correspondía al demandante aportar los elementos probatorios que le dieran
al juez la certeza de que este requisito se había acreditado.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018, radicado
15001 23 33 000 2013 00331 01 (2003-14), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
27
"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
22
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Así, el escaso acervo probatorio allegado al plenario solo consigue demostrar la
prestación personal del servicio del demandante, como conductor para la ESE Isabu,
mas no es posible establecer con total certeza si existió subordinación continuada,
que se constituye en un elemento determinante para reconocer el derecho
reclamado, a partir del cual se pone en evidencia el uso de la facultad del empleador
de imponer órdenes, jornadas, horarios, modo y cantidad de trabajo e incluso
someterlo a su poder disciplinario.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que además de la certificación expedida el 15 de
noviembre de 2016, por el subdirector administrativo de la ESE Isabu, Hospital Local
del Norte, sobre los contratos que celebró esa entidad con el señor Pedro José
Castañeda Castillo, así como los negocios jurídicos que lo corroboran, no obra otra
prueba que permita a la Sala analizar el elemento de la subordinación a efectos de
llegar a la certeza requerida para reconocer la relación laboral.
En efecto, tal y como lo concluyó el a quo, el cumplimiento de un horario o el hecho
de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes per se no permite al fallador encontrar acreditado el requisito, pues puede
tratarse del ejercicio de una relación de coordinación de actividades entre las partes
del contrato.
A partir de la lectura de las obligaciones contractuales no se puede concluir que el
demandante prestara el servicio con ausencia de dirección y control efectivo de las
actividades que debía ejecutar o que se llevara a cabo en estricta atención a los
lineamientos establecidos por algún superior, que se le hicieran llamados de
atención, que se le impidiera abandonar las instalaciones del hospital, o que el
ejercicio de su labor estuviera sometido a los reglamentos de la institución.
Por otro lado, no se demostró que las actividades que desarrollaba correspondieran
a las que tienen asignadas los servidores de planta. Estas circunstancias de modo,
23
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
de acredirse, permiten establecer si la relación contractual se desdibujó por haber
mutado a una laboral.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso28 los supuestos fácticos alegados por el demandante, con los cuales
pretendía demostrar la existencia de una relación de orden laboral, implicaba
necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos probatorios que le
generasen al fallador la certeza de lo afirmado, de tal forma que al no cumplirse con
la carga probatoria que le correspondía asumir, es forzoso concluir que no se
encuentran acreditados los supuestos en que se funda la demanda, de manera que
corresponde denegar las pretensiones.
En consecuencia, al no encontrar plenamente acreditados los elementos esenciales
de una relación laboral (subyacente) entre la parte demandante y la entidad
demandada, esta Sala considera que la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander debe ser confirmada.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,29 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
28
«Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.
24
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 30 la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de
apelación que interpuso fue resuelto en forma desfavorable y que la entidad
presentó alegatos.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que entre la parte demandante y la demandada
no existió una relación laboral subyacente, razón por la cual hay lugar a confirmar
la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
30
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
25
Radicado: 68001 23 33 000 2017 00730 01 (0710-2020)
Demandante: Pedro José Castañeda Castillo
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Pedro José Castañeda Castillo, contra la ESE
Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu) Hospital Local del Norte, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de Santander.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
26
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